La verdad es que, después del panorama de gozos y sombras legales que os contamos en Tirando a Fallar, confirmado en sus líneas generales por los informes que la ACB encargó a dos prestigiosos despachos, nadie se esperaba que la asamblea del día 31 terminara como terminó. Sin un mal "como ya adelanté" que echarse a la boca (salvo, quizá, el de nuestro insigne presidente federativo que, unas horas antes, había publicado el calendario de la “elástica” LEB Oro… incluyendo al COB entre sus integrantes) la opinión pública y mediática, que oscilaba entre una admisión del Ourense en una liga de 18 y una ampliación de la competición a 19 equipos, solución de compromiso para evitar un enfrentamiento con Quintana desencadenado, se vio sorprendida con un acuerdo que suponía no ya un revés para los gallegos, sino un auténtico órdago de la Liga al Consejo Superior de Deportes.

Nadie se esperaba ese desenlace, sobre todo después de que se conociera el contenido de los informes de Clifford Chance y Pinto Ruiz&Del Valle que, como indicó el Presidente Roca en su rueda de prensa y confirmó la información revelada por Iusport, efectivamente contemplaban varios escenarios, entre ellos el que final y unánimemente votaron los clubs, aunque en este útimo caso fuera para indicar que el mismo solo podía dar lugar a una ejecución forzosa de la resolución del CSD de 11 de agosto y a la apertura de un expediente sancionador a la ACB, que podria llevar aparejadas sanciones pecuniarias. Vamos, como si su asesor fiscal le dice que en caso de desgravarse determinado cantidad Hacienda le va a meter un buen "puro", y usted justifica meter dicho gasto en su declaración de la renta diciendo que, claro, el asesor contemplaba ese escenario…

Y no es esa la única incongruencia en la que incurren tanto el comunicado oficial de la ACB como la posterior explicación de su Presidente, que se ven obligados a hacer verdaderas piruetas lógicas para conciliar extremos irreconciliables, la razón de sus argumentos con la sinrazón de su postura. Así, por una parte se indica que el único punto de la resolución del CSD que no ofrece duda es que según dicho organismo no puede considerarse al Ourense en causa de disolución, reconociéndose además -al menos implícitamente- que dicho pronunciamiento es inmediatamente ejecutivo (¿por qué, si no, se va a solicitar la suspensión cautelar? si se tratara de un acuerdo sin efecto directo, no habría nada que suspender), pero por otra se adopta un acuerdo que infringe su contenido de forma flagrante, tanto en su fundamentación (la causa declarada existente por el Consejo) como en sus consecuencias (publicación del calendario excluyendo al COB, sin esperar a la suspensión solicitada).

Esas dicotomías y contradicciones, a mi juicio (confirmado después por el presidente del Fuenlabrada) derivan de la tensión que existe en el acuerdo adoptado por la Asamblea entre lo que es la postura razonablemente legal de la ACB (estar en desacuerdo con la resolución, recurrirla y pedir su suspensión cautelar), con la política, que es la guerra en la que Ourense (y todos los aficionados, de paso) se ve como rehén: el control administrativo de la actividad de la ACB, su sometimiento a las autoridades. El acuerdo de 31 de agosto, en este sentido, refleja esa tensión, y casi puede uno entreverla tanto a través de su texto como del avance de la reunión, que el periodista José Huguet nos fue narrando en su cuenta de Twitter. Miedos, titubeos, discusiones, un "no puede ser", confianza creciente y, al final, una unánime autopalmada en la espalda reafirmando la propia opinión; ya no bastaba con defenderse, era una afrenta. Casi podemos imaginar a unos directivos exultantes gritando al unísono eso tan castizo de “y ahora, si tienen h…, que vengan y suspendan la liga”.

Lo malo de tomar la decisión de invadir Polonia, es que tienes que estar preparado para que Francia e Inglaterra te declaren la guerra, y ese es el punto que, humildemente, creo que los clubs no midieron bien cuando votaron. La soberbia del momento les hizo quizá olvidar la inteligencia de la estrategia, lo que hubiera sido mejor para la defensa de sus intereses. Como ya dijimos en "Los gozos y las sombras", la postura de la ACB no es en absoluto descabellada; tienen todo el derecho a recurrir la decisión del CSD (por otra parte muy deficiente, como también expusimos), pues tienen un informe de auditoría, varias veces ratificado, que considera que la cesión del Pazo no debe ser tenida en cuenta a fecha 30 de junio. Lo que no puede hacer la ACB, por mucha razón que tenga, es realizar arbitrariamente su derecho fuera de los cauces jurídicos establecidos y, simplemente, acordar que no van a cumplir una decisión administrativa porque no están de acuerdo con ella. ¿Se imagina usted diciéndole a Montoro en el caso que exponíamos antes “me da igual lo que diga su liquidación paralela, señor Ministro, como no estoy de acuerdo con ella yo recurro pero no pago”? Evidentemente no, usted tendría que pagar, recurrir y, si gana, solicitar la devolución de lo abonado indebidamente (con sus respectivos intereses). O un caso más cercano al baloncesto, y además gallego: ¿imaginan que en su momento el Obradoiro, como no estaba de acuerdo con su exclusión de la ACB, se hubiera presentado a jugar en las distintas canchas, sin esperar (durante largos años) a la correspondiente sentencia?

Si quieres derribar al todopoderoso de su trono, la soberbia es una mala consejera. En vez de ser como Lucifer, que acabó pateado hasta el infierno, es mucho mejor seguir la tradición griega. Ser cauto, esconderte, coger a Cronos por la espalda y cortarle los genitales con una hoz de piedra; vale, no es lo más deportivo, pero al final ¿quién discute la legitimidad de Zeus? En el mismo sentido, la soberbia de imponerse al CSD pudo en la asamblea ACB más que la inteligencia. Con una resolución tan deficiente como la del 11 de agosto, tan difícil de ejecutar, la mejor estrategia hubiera sido simplemente mantener la parte razonable, manifestar el desacuerdo y anunciar recurso y solicitud de suspensión, pero sin ir más allá. A falta de un acto evidente de desobediencia, CSD y Ourense hubieran tenido serias dificultades en poder forzar nada, viéndose con bastante probabilidad obligados a esperar al pronunciamiento de la Audiencia sobre la suspensión cautelar. Claro, esto supondría dejar en suspenso el calendario, pero lo que no se puede es (volviendo a la metáfora bélica) iniciar una guerra sin arriesgarse a tener bajas. Si lo quieres con esquinas, no puede ser redondo (tomemos como ejemplo la NBA, cuyos propietarios para defender lo que consideraban justo arriesgaron con un cierre patronal).

El acuerdo de la ACB, dictado al calor del "no pasarán", puede haber devuelto la iniciativa al Ourense. Ahora tienen un nuevo acto, distinto del anterior, que puede ser objeto de un nuevo recurso. Ya no tiene por qué, si opta por esta vía, verse constreñido a las limitaciones que le imponía el deficiente trabajo del CSD del 11 de agosto. En vez de pedir la ejecución forzosa, de difícil implantación, una nueva impugnación a un nuevo acuerdo de contenido distinto, que afecta a sus derechos, le daría a los chicos del señor Cardenal la posibilidad de realizar el trabajo que no hicieron en su día y dictar un nuevo pronunciamiento, contundente que, esta vez sí fuera directamente ejecutable sin problemas. Y los tiempos de este procedimiento serían mucho más cortos que los del recurso de la ACB a la Audiencia.

En un Estado de Derecho no se trata solo de tener la razón, sino de hacerla valer a través de los mecanismos legalmente habilitados para ello. Al prescindir de los mismos la ACB podría de pronto darse cuenta que, en este periodo de entreguerras, en vez de estar invadiendo Polonia, en realidad ha quedado cercada en Stalingrado.

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Theobald Philips en twitter: @TheobaldPhilips