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José Luis Vicente Cantón y José Txiki Larrañaga Arenas, militante de UCD

El 31 de diciembre de 1978 la banda terrorista ETA asesinaba en Llodio (Álava) a JOSÉ LUIS VICENTE CANTÓN que se convertía en la víctima mortal número 68 de un año en el que se había aprobado la Constitución española, lo que llevó a diversos ministros a afirmar que, con la aprobación de la Carta Magna, el terrorismo sería cortado de raíz. Incluso, el ministro de Defensa, Gutiérrez Mellado, manifestó que "la ETA está en el cepo". Un día antes miembros del grupo Kioto de ETA habían asesinado en Yurre (Vizcaya) al taxista Lisardo Sampil Belmonte.

José Luis salió a las 11:20 horas del portal de su casa en la calle Marqués de Urquijo 8, en Llodio. Según el único testigo del crimen, tres individuos jóvenes pararon junto a la víctima el vehículo en el que iban, un Seat 131, y uno de ellos le disparó a corta distancia con una metralleta. Inmediatamente se asomaron a la ventana su esposa, Gregoria Molinuevo Díez, y una de sus hijas. Junto a la persona que presenció el crimen lo trasladaron al consultorio de la Seguridad Social en el que el médico de guardia sólo pudo certificar su muerte. Había recibido dos impactos de bala en el tórax.

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Lisardo Sampil, taxista, Alejandro Sáenz, vigilante, y el atentado de la T4

A las seis menos diez de la tarde del 30 de diciembre de 1978 miembros de la banda terrorista ETA asesinaban a tiros en Yurre (Vizcaya) al taxista LISARDO SAMPIL BELMONTE mientras esperaba la llegada de algún cliente dentro de su taxi junto a la puerta del Bar Eguzki en el barrio de Elejalde de la localidad vizcaína. Los terroristas llegaron al lugar de los hechos en un automóvil. Uno de ellos, con la cara cubierta por un pasamontañas, se apeó del vehículo y se acercó por detrás hasta el taxi de Lisardo, conocido en la localidad como El Gallego, que estaba sentado en el asiento del conductor con la ventanilla bajada. La víctima no se percató de la llegada del pistolero que, sin mediar palabra y a través de la ventanilla, le disparó cuatro tiros a bocajarro. Aunque testigos presenciales llamaron a un médico del puesto de la Cruz Roja, que llegó inmediatamente, no pudo hacerse nada por salvarle la vida. Lisardo Sampil había sido alcanzado por dos disparos en la cabeza y tres en el corazón y el costado, muriendo prácticamente en el acto.

Los tres terroristas, miembros del grupo Kioto de ETA, emprendieron rápidamente la huida en el vehículo en el que se habían desplazado hasta Yurre, que habían robado poco antes cuando su propietario los confundió con autoestopistas y paró el coche para recogerlos. Como se supo posteriormente, los terroristas sometieron a vigilancia a su víctima para conocer sus costumbres y decidir la forma más segura de cometer el asesinato.

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Juan Manuel García y Manuel López, guardias civiles acribillados a tiros en Irún

Sobre las 7:45 horas del 29 de diciembre de 1982 miembros de la banda terrorista ETA acribillaban a tiros a los guardias civiles JUAN MANUEL GARCÍA MENCÍA y MANUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ en la estación de ferrocarril de Irún (Guipúzcoa).

Los agentes de la Guardia Civil realizaban sus habituales labores de inspección en la zona de la frontera en la estación de ferrocarril de la localidad guipuzcoana. Se encontraban en el andén 8, separados unos diez metros el uno del otro, revisando un tren de mercancías que había llegado poco antes, listo para salir hacia Hendaya una vez cumplimentados los preceptivos trámites aduaneros. En ese momento el lugar estaba muy concurrido, pues acababan de descender muchos viajeros de un tren francés. De pronto de dos a cuatro jóvenes (en este punto las versiones de los testigos presenciales difieren), algunos con prendas militares, surgieron por uno de los pasos  subterráneos que comunican los andenes y, desde la misma boca del túnel, dispararon con dos metralletas. Juan Manuel García, que era el que estaba más cerca de los criminales, murió en el acto tras recibir tres impactos de bala en la cabeza. Manuel López caía entre la vía y el andén con tres impactos en el pecho. Ambos agentes recibieron las primeras atenciones de compañeros de la Benemérita que se encontraban en la propia estación. Manuel López fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja al Hospital Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián. Los médicos iban a iniciar una complicada operación quirúrgica para intentar salvarle la vida, pero el agente falleció cinco minutos después de su ingreso en el centro hospitalario, sin apenas poder decir más que "que me asfixio... que me muero", según comentó a los medios de comunicación el socorrista que acompañó al agente moribundo en la ambulancia.  

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José María Arrizabalaga, jefe provincial de la Juventud de la Comunión Tradicionalista

El miércoles 27 de diciembre de 1978, sobre las 18:00 horas de la tarde, dos miembros de ETA militar asesinaban a tiros a JOSÉ MARÍA ARRIZABALAGA ARCOCHA en la biblioteca municipal de Ondárroa. Arrizabalaga, que recibió nueve impactos de bala, era jefe de la Juventud de la Comunión Tradicionalista de Vizcaya y trabajaba como bibliotecario en la Casa de la Cultura de Ondárroa, donde fue asesinado.

Desde hacía aproximadamente un año, José María Arrizabalaga había estado hospitalizado en un centro de rehabilitación en Archanda (Bilbao), debido a una lesión sufrida durante un salto en paracaídas. José María se había visto así forzado a solicitar la baja laboral en la biblioteca municipal en la que trabajaba. Al acercarse la Navidad, el hospital le dio un permiso para que acudiera a Ondárroa y así pudiera pasar las fechas con su familia, por lo que el joven aprovechó para acercarse a la biblioteca e ir adelantando algo del trabajo que había ido acumulando desde su lesión. El día 27 de diciembre, en torno a las seis de la tarde, Arrizabalaga se encontraba en dicho lugar, en el primer piso de la Casa de la Cultura, en compañía únicamente de dos niños que estaban leyendo sendos libros. En ese momento dos individuos se acercaron hasta el mostrador tras el cual estaba sentado el joven y le obligaron a identificarse. Inmediatamente ambos sacaron una pistola y dispararon hasta vaciar sus cargadores. José María Arrizabalaga fue acribillado a balazos, recibiendo once disparos: cuatro en el pecho, cerca del corazón y el resto en la cara y las piernas. Poco después, los asesinos bajaron las escaleras y, una vez en la calle, se dieron a la fuga en el vehículo en el que habían llegado, en el que les esperaba al volante un tercer terrorista. Los dos niños, únicos testigos del crimen, salieron gritando de la biblioteca. Cuando los primeros adultos en llegar al lugar descubrieron el cuerpo de José María eran ya las siete y cuarto de la tarde.

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Pedro Pardo, pariente de ‘El Lute’, asesinado y enterrado bajo una falsa identidad

El miércoles 26 de diciembre de 1984, sobre las 19:30 horas, dos miembros de la banda terrorista ETA asesinaban a tiros en Bermeo al propietario del bar Gurea Da, PEDRO PARDO ROMERO, disparándole a bocajarro en su propio bar y delante de varios miembros de su familia, entre ellos su hija Remedios.

A última hora de la tarde de aquel miércoles 26 de diciembre, dos jóvenes de unos 30 y 28 años, respectivamente, entraron en el bar Gurea Da, situado en el número 28 de la calle Intxausti, en el casco viejo de Bermeo (Vizcaya). Pedro Pardo, que utilizaba la identidad falsa de Miguel Castellanos Escamilla, era en realidad un merchero apodado El Peleas. En el interior del bar se encontraban, únicamente, Pedro Pardo, su esposa y varios de sus hijos. Una vez dentro, los jóvenes pidieron una consumición y uno de ellos, el que aparentaba mayor edad, de complexión normal, barba, pelo rubio rizado y 1,70 metros de estatura, sacó una pistola y disparó dos veces en la cara a Pedro Pardo, alcanzándole en el maxilar inferior y el pómulo derecho. Inmediatamente, los terroristas huyeron del lugar y escaparon, presumiblemente, en un coche que les esperaba en el exterior.

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José Antonio Peña, guardia civil asesinado por una bomba en un centro comercial en Oyarzun

El miércoles 24 de diciembre de 1986, a las 20:40 horas, una bomba colocada por miembros de la banda terrorista ETA en un Pryca del centro comercial Mamut de Oyarzun (Guipúzcoa) segaba la vida del guardia civil JOSÉ ANTONIO PEÑA MEDINA. La explosión provocó heridas leves a dos empleados del establecimiento, Simón Arasti y Calixto Sánchez. El atentado estaba encuadrado en la campaña que ETA había iniciado contra los intereses de empresas francesas en España.

A últimas horas de la tarde del día 24 de diciembre de 1986, el etarra Francisco Ramón Uribe, acompañado de un segundo miembro de la banda, robó un coche en la localidad de Lasarte tras amenazar a la propietaria del vehículo con una pistola. Los terroristas llevaron a la mujer al campo de fútbol de Zubieta y, una vez allí, la dejaron en libertad tras advertirle que no denunciara los hechos. Poco después se dirigieron al hipermercado del grupo francés Pryca en Oyarzun donde colocaron un artefacto explosivo. Minutos antes de las 20:00 horas, varias llamadas anónimas avisaban a los responsables del centro comercial y a la Asociación de Ayuda en Carretera Detente y Ayuda (DYA) de Guipúzcoa de la colocación de una bomba en el hipermercado. Según el anunciante, ésta haría explosión a las 20:30 horas. Rápidamente, un equipo de especialistas en desactivación de explosivos de la Guardia Civil de Oyarzun se desplazó hasta el lugar. Una vez allí, los guardias ordenaron que el hipermercado, que ya había cerrado sus puertas al público, fuera desalojado y la zona acordonada. Sin embargo, a la hora indicada en las llamadas telefónicas, las 20:30, no se produjo ninguna explosión. Los guardias civiles, ayudados por un vigilante de seguridad y por un empleado de limpieza del propio centro, continuaron buscando el artefacto entre los bolsos y paquetes de los clientes, en la zona de la consigna. Diez minutos después de la supuesta hora límite, mientras José Antonio Peña inspeccionaba un bolso, tuvo lugar la explosión. Peña Medina recibió de lleno el impacto de la onda expansiva, falleciendo en el acto y quedando su cuerpo completamente destrozado, mientras que los empleados Simón Arasti y Calixto Sánchez sufrieron contusiones, así como heridas leves en la cara y el cuero cabelludo, respectivamente. Uno de los testigos presenciales relató los momentos previos a la explosión:
Uno de los guardas del establecimiento estaba dejando un bolso en el mostrador de consigna, junto a un guardia civil, que le pidió una linterna y le dijo que se alejase por si había dentro alguna bomba. No le dio tiempo a alejarse, porque inmediatamente se produjo una fuerte explosión, que provocó la caída de ladrillos y maderas y mucho polvo, e inmediatamente después vi al guarda caído en el suelo y sentí dolor en la cabeza y la pierna (…) ha sido un milagro que no nos pasase casi nada.
La bomba, compuesta por entre 2 y 3 kilos de explosivo, 2 de metralla y un temporizador, estaba oculta en una bolsa de deportes, a unos setenta centímetros del suelo. Tras la explosión, los dos heridos precisaron curas de urgencia y fueron posteriormente trasladados a centros hospitalarios, sin que se pudiera hacer nada por la vida del guardia civil Peña Medina. La zona de la consigna, situada cerca de la puerta principal del hipermercado, sufrió considerables daños materiales. Como en tantas otras ocasiones, la fortuna quiso que el atentado de ETA no acabase convirtiéndose en una auténtica masacre: el horario habitual de cierre del hipermercado eran las 22:00 horas, pero con motivo de la Nochebuena ese día la hora de cierre se había adelantado dos horas, facilitando notablemente el desalojo del local por parte de los agentes de la Benemérita. 
 
Dos días después del atentado, el 26 de diciembre, ETA militar se responsabilizaba del asesinato del guardia civil José Antonio Peña Medina en comunicados enviados a distintos medios de comunicación vascos. Asimismo, la banda terrorista reivindicaba otros atentados contra empresas de capital francés, como el cometido el día de Navidad contra un hotel de la cadena Novotel, en Madrid. Según los asesinos de la banda, la cooperación del Gobierno francés con el español “debilita el movimiento nacionalista vasco y trata de internacionalizar la represión contra los vascos implicando a otros gobiernos en su política antivasca”. El hipermercado de Pryca, uno de los más importantes de Guipúzcoa, había sufrido anteriormente otro atentado con explosivos y formaba parte de la lista de empresas de capital francés a las que Gestoras pro Amnistía recomendaba no acudir, en su “campaña a favor de los refugiados”, lo que en la práctica significaba señalarlas como objetivos de ETA, debido a la colaboración que Francia estaba prestando a España en materia de extradiciones. A consecuencia de los dos atentados y las numerosas amenazas anónimas recibidas, los responsables del hipermercado decidieron instalar un sofisticado sistema de seguridad que incluía numerosas videocámaras. Ocho meses después del atentado que le costó la vida al guardia civil José Antonio Peña Medina, en agosto de 1987, esas mismas cámaras de seguridad servirían para identificar a un sargento y a un cabo primero de la Guardia Civil, detenidos tras haber colocado, en el mismo centro comercial de Oyarzun, una bomba compuesta por 250 gramos de goma-2. Según confesaron ellos mismos, el objetivo de la colocación de la bomba era extorsionar a los responsables del centro, exigiéndoles entregas de dinero a cambio de no colocar más artefactos explosivos. El cabo primero pertenecía al Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Guardia Civil en Guipúzcoa.
 
Al día siguiente del atentado, el 25 de diciembre, se celebraron en el Salón del Trono del Gobierno Civil de Guipúzcoa, en San Sebastián, los funerales por el guardia civil asesinado. Al acto asistieron el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, los gobernadores civiles de Guipúzcoa y Vizcaya, Julen Elorriaga e Iñaki López, respectivamente, y el capitán general de los Pirineos Occidentales. Desde la noche anterior la viuda del guardia civil se negó a separarse del féretro. Durante la ceremonia, apoyada en dos guardias civiles y sin separarse en ningún momento del ataúd, no dejó de repetir una y otra vez “te quiero”, protagonizando escenas de gran dolor, conmoción y nerviosismo, llegando a gritar a los asistentes “iros, iros todos de aquí”. Tras el oficio una compañía de los Grupos Antiterroristas Rurales (GAR) y la banda de música de la Guardia Civil de Logroño rindieron honores a José Antonio Peña. Poco después, sus restos mortales fueron trasladados al aeropuerto de Fuenterrabía para viajar en avión hasta Granada desde donde, por carretera, fueron transportados hasta la localidad jienense de Castillo de Locubín. 
 
En Jaén, en la Comandancia de la Benemérita en dicha localidad, fue instalada una capilla ardiente. Desde allí, a mediodía del 26 de diciembre, miembros de la Guardia Civil condujeron a hombros el féretro hasta la Iglesia parroquial de San Félix de Valois, donde se ofició el funeral previo al entierro del agente asesinado. Más de una docena de coronas de flores, enviadas por amigos del fallecido, instituciones oficiales y la Asociación de Mujeres de Guardias Muertos por el Terrorismo, precedían al féretro a su llegada. Tras éste, cubierto con la bandera nacional y el tricornio, iban la viuda y la madre de José Antonio Peña. En la homilía, el capellán de la Guardia Civil que oficiaba el acto, Juan Bautista Monzón, señaló que “por desgracia, hechos como éste forman parte de nuestra cruz de cada día”, indicando que Peña Medina había sido “una víctima más del odio desenfrenado y de la violencia sin sentido”. El capellán aseguró que “asistimos prácticamente impotentes a situaciones que resultan insostenibles” ante la presencia de los cientos de guardias civiles y policías que acudieron a la ceremonia. Entre los asistentes estuvieron presentes el delegado del Gobierno en Andalucía, Tomás Azorín; el presidente de la Diputación, Cristóbal López Carvajal; el coronel jefe del Tercio de Granada, José García Mendoza; el gobernador civil, Francisco Rodríguez Caracuel y el alcalde de Jaén, José María de la Torre. En el momento en que los asistentes a la misa se daban la paz, la viuda, Josefa Melero, se abrazó al féretro de José Antonio Peña y besó el tricornio que había pertenecido a éste. Tanto durante el funeral como posteriormente, grupos de personas dieron vivas a la Guardia Civil y gritaron consignas de “muerte a ETA”, “granujas”, “bandidos”, “esto es lo que tenemos para rato”, “esto es la democracia” o “los de ETA no mueren, pero sí mueren los desgraciados”. Los dos hijos de José Antonio Peña, de corta edad, no asistieron al funeral, ya que su madre les había dicho que su padre se había marchado “con Papá Noel para entregar juguetes a niños en lugares muy lejanos”. Terminado el oficio, el cadáver de José Antonio Peña Medina fue finalmente inhumado en el cementerio de San Fernando, donde había sido previamente enterrado su padre, el también guardia civil Antonio Peña Aguayo.
 
El funeral por el alma de José Antonio Peña en San Sebastián había sido el primero al que asistiera Luis Roldán desde su toma de posesión como director de la Guardia Civil. Al término de aquél, Roldán manifestó que “los atentados terroristas se comentan y valoran por sí mismos, pues no son más que agresiones a la libertad del País Vasco y, consecuentemente, a la libertad de todos los españoles”, señalando que “en el resto de países, los odios y tensiones en el día de Navidad se aminoran y, sin embargo, quienes agreden permanentemente al pueblo vasco y al pueblo español ni siquiera respetan esa fecha entrañable”. Por su parte, Euskadiko Ezkerra hizo público un comunicado en el que la formación afirmaba que el asesinato de Peña Medina ponía de relieve “el total desprecio de ETA a la voluntad popular recientemente expresada en las urnas”. Pocos días después del atentado, el 29 de diciembre, altos cargos del Ministerio del Interior organizaron una visita a distintos acuartelamientos de las Fuerzas de Seguridad, para mostrar su solidaridad con los agentes en las fechas navideñas. El secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, y los directores generales de la Policía y la Guardia Civil, José María Rodríguez Colorado y Luis Roldán, acudieron a varios centros para mostrar su apoyo a los agentes destinados en el País Vasco y paliar, de algún modo, la desmoralización que se había puesto de manifiesto tras el fallecimiento de Peña Medina.
 
En abril de 1996, la Audiencia Nacional condenaba a Francisco Ramón Uribe Navarro a penas que sumaban 50 años y cuatro meses de cárcel por el atentado en el que perdió la vida el guardia civil Peña Medina. Uribe Navarro fue detenido en junio de 1994 durante una operación llevada a cabo por la Guardia Civil, en la que también fueron detenidos, entre otros, Eusebio María Lasarte Balerdi, Luis Gorriti Pagola, Javier Picabea Aizpurua y María Encarnación Martínez Fernández.
 
José Antonio Peña Medina, de veintiséis años y natural de Castillo de Locubín (Jaén), estaba casado con Josefa Melero García y tenía dos hijos de 4 y 2 años de edad. Siguiendo los pasos de su padre, Antonio Peña Aguayo, José Antonio había ingresado en el Instituto Armado en 1981 y llevaba viviendo en Oyarzun desde 1983. Su madre se encontraba en Madrid, compartiendo las fiestas navideñas con otros familiares, cuando recibió la noticia de la muerte de José Antonio, tras la cual se trasladó a Jaén para esperar la llegada del cuerpo y acompañar a la viuda. La muerte de José Antonio Peña causó una especial conmoción entre los guardias civiles de la provincia de Jaén, ya que la mayor parte de ellos eran conocidos del joven o lo habían sido de su padre.
 
En marzo de 2005, según Real Decreto 319/2005, “con el deseo de honrar la memoria de los militares y guardias civiles que fueron asesinados en atentado terrorista”, José Antonio Peña Medina fue ascendido con carácter honorífico y a título póstumo al puesto de Cabo.
 
José Antonio Peña fue la última de las cuarenta y dos víctimas mortales del año 1986.

Pedro Garrido Caro y el general Atarés, juzgado por enfrentarse a Gutiérrez Mellado

A las 22:50 horas del 23 de diciembre de 1978 la banda terrorista ETA acribillaba a balazos en San Sebastián al comerciante PEDRO GARRIDO CARO, a su mujer, Filomena González Carrilero, y a su hija de 7 años, María Pilar. Los tres se encontraban en el interior de la tienda de ultramarinos Ana Mari, comercio que regentaba el matrimonio, situado en el paseo de Alza de la capital donostiarra.

Pedro había llegado esa noche a San Sebastián desde su pueblo natal, Miajadas (Cáceres) y, antes de dirigirse a su domicilio, pasó por la tienda de comestibles donde le esperaban su mujer y su hija. Pedro llegó a la tienda hacia las once menos diez, y su mujer, Filomena, le abrió las persianas. Miembros del grupo Txirrita de ETA, que estaban apostados en el exterior de la tienda, entraron en el establecimiento y abrieron fuego indiscriminadamente con una metralleta contra Pedro, su mujer y su hija. Garrido Caro, alcanzado por tres disparos en el estómago, abdomen y cuello (seccionándole la yugular) falleció en el acto. Su mujer recibió ocho impactos de bala (dos en el abdomen y seis en diversas partes del cuerpo) y fue operada de urgencia en el Hospital de la Cruz Roja, pudiendo salvar la vida milagrosamente. Tardó ochocientos diez días en curar sus heridas, de las que le quedaron secuelas de por vida, cicatrices y dificultades para andar. La niña recibió un balazo en el muslo derecho y otro en el abdomen y fue intervenida en el el Hospital de Nuestra Señora de Aránzazu. Tardó quince días en recuperarse de sus heridas.

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Engraciano González Macho, empresario, y Luciano Cortizo, comandante de Artillería

En torno a las 20:00 horas del 22 de diciembre de 1988, la banda terrorista ETA asesina en Zarauz (Guipúzcoa) al empresario de hostelería ENGRACIANO GONZÁLEZ MACHO. Hacía apenas seis meses que Engraciano había abierto en Zarauz un pub, el Antxi, y ahí se encontraba cuando el etarra Juan Carlos Balerdi Iturralde entró y se pidió una consumición. Minutos después le descerrajó dos tiros en la cabeza que provocaron la muerte en el acto de Engraciano, que se encontraba en ese momento detrás de la barra del pub. Fuera del local aguardaba un segundo terrorista para cubrir la acción de Balerdi Iturralde, y un tercero esperaba a ambos en un vehículo en el que emprendieron la huida.

La misma noche del asesinato, el gobernador civil de Guipúzcoa, José Ramón Goñi Tirapu, acusó a ETA del mismo y señaló al mismo "comando que el pasado domingo colocó un coche-bomba en Éibar y mató a un policía", en referencia al agente José Antonio Barrado Recio. Asimismo, Goñi Tirapu señaló a los medios de comunicación que en el pub se habían encontrado tres casquillos de bala "de la misma munición que utiliza el comando Éibar".

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Las cloacas usan a ETA en el magnicidio de Carrero y el intento de asesinato de Luis del Olmo

A las 9:28 horas del 20 de diciembre de 1973 miembros del grupo Txikia de ETA accionaron una potente carga explosiva colocada bajo la calle Claudio Coello de Madrid al paso del coche oficial en el que viajaban el presidente del Gobierno, almirante LUIS CARRERO BLANCO, el policía de escolta, JUAN ANTONIO BUENO FERNÁNDEZ, y el chófer oficial del almirante, JOSÉ LUIS PÉREZ MOGENA.

Aproximadamente una hora antes, Carrero Blanco había salido de su domicilio en la calle Hermanos Bécquer para oír misa en la Iglesia de San Francisco de Borja. Era su rutina desde hacía treinta años. En el exterior, tres policías, de los ocho que formaban su escolta personal, le esperaban desde hacía algunos minutos. Sus nombres eran Juan Antonio Bueno Fernández, Rafael Galiano del Río y Miguel Alfonso de la Fuente. Juan Antonio Bueno y el chófer Luis Pérez Mogena, entraron en el coche oficial, un Dodge Dart. Los otros dos policías se subieron a un coche de escolta en compañía de un tercero, Juan Franco. Tras finalizar la misa, hacia las nueve y veinte, salió de la iglesia, junto a su escolta, para ir a desayunar con su mujer. A las diez de la mañana, tenía una cita en su despacho de Castellana 3, con el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Fernández, y con el ministro de Trabajo, Licinio de la Fuente.

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Azaola, exmiembro de ETA que evitó el secuestro y asesinato del príncipe Juan Carlos

El martes 19 de diciembre de 1978, sobre las ocho de la mañana, tres miembros de ETA asesinaban en Guecho (Vizcaya) al delineante JOAQUÍN MARÍA AZAOLA MARTÍNEZ, disparándole tres tiros a bocajarro en la puerta de su garaje, en presencia de dos compañeros de trabajo. Joaquín María Azaola había pertenecido, años atrás, a la propia ETA, habiendo participado en la planificación de la Operación Pesca, en la que ETA pretendía secuestrar al entonces príncipe Juan Carlos junto con otros miembros de la Familia Real. En el momento de su asesinato, la víctima se había acogido a la amnistía y se había desvinculado completamente de la banda terrorista.

Pasadas las 7:30 horas Joaquín María abandonó su vivienda, situada en el número 15 de la calle Hispanidad, en el barrio de Algorta de la vizcaína localidad de Guecho y se encaminó a la calle Areneazpi, donde se encontraba su garaje. Allí se reunía cada día a la misma hora con dos compañeros, Gonzalo Olano Gorbea y Vicente Lorenzo Chasco, para acudir juntos a la empresa en la que trabajaban, Mecánica de la Peña de Urduliz. Como cada día, se dirigían en el  coche de Gonzalo Olano, un Seat 124 blanco, hasta la empresa donde Joaquín María Azaola desempeñaba el puesto de delineante proyectista. 
 
Cuando Azaola llegó al garaje se reunió con Gonzalo y juntos entraron en el mismo. En ese momento, dos jóvenes armados con pistolas se acercaron a ellos diciéndoles que no tuvieran miedo, ya que únicamente querían el coche. Uno de ellos encañonó a Gonzalo mientras el segundo terrorista montó en el vehículo y se colocó al volante. Los terroristas llevaban la cara descubierta, pero la falta de luz impedía que los testigos pudieran verles con claridad. Vicente Lorenzo llegó después de que el segundo etarra hubiese subido al vehículo y rápidamente sintió cómo un tercer terrorista, que se había quedado vigilando, le ponía una pistola en la nuca. El que había montado en el coche lo puso en marcha y, en ese momento, uno de los que apuntaban a los tres compañeros, a unos tres metros de distancia de Azaola, le descerrajó tres tiros con su pistola, alcanzándole en el vientre y el pecho. Las dos balas que impactaron en su pecho lo atravesaron, incrustándose en una columna del garaje, pero la tercera quedó alojada en su cuerpo. Los asesinos gritaron “Gora Euskadi Askatuta” (País Vasco libre) y se dieron a la fuga en el coche de Gonzalo Olano. El propietario del vehículo se dirigió hasta el puesto de Policía Municipal más cercano y regresó al lugar del atentado junto con varios agentes. Joaquín María Azaola fue trasladado en una ambulancia del Cuerpo de Socorro de Guecho al Hospital Civil de Basurto, donde falleció poco después. En el lugar de los hechos, la Policía encontró dos casquillos de bala, marca Geco, y uno de la marca FN, todos ellos del calibre 9 milímetros parabellum. 
 
Alrededor de las 12:00 horas el vehículo robado por los etarras y utilizado en la huida fue encontrado junto a la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, en la calle Barria de Las Arenas, en Guecho. El coche tenía las puertas abiertas y la llave de contacto puesta. Tras realizar la inspección pertinente y sin encontrar nada anormal, la Policía se lo devolvió a su propietario.
 
Al día siguiente del asesinato de Joaquín María Azaola, el diario ABC publicaba que, según fuentes próximas al entorno etarra en el sur de Francia, Azaola había sido asesinado bajo acusaciones de ser un “chivato”. Según esas mismas fuentes, Azaola había sido simpatizante de ETA desde hacía muchos años, pero “en ningún momento miembro” de la banda terrorista. Ese mismo día, 20 de diciembre, ETA militar reivindicaba el atentado contra Azaola Martínez, afirmando que había sido “ejecutado por trabajar para la Policía española durante los últimos años, primero desde Euskadi Norte y, después, desde Euskadi Sur”.
 
Dos días después del asesinato de Joaquín María Azaola, el que era máximo responsable del “aparato militar” de ETA José Miguel Beñarán Ordeñana, alias Argala, era asesinado en un atentado terrorista cometido mediante la colocación de un artefacto explosivo en una rueda de su coche. Argala, que vivía en Anglet (Francia), a dos kilómetros de Bayona, era el supuesto responsable del atentado que costó la vida al almirante Carrero Blanco y su asesinato fue reivindicado inicialmente por la OAS y, posteriormente, por el Batallón Vasco Español. En 2003 el diario El Mundo publicó una entrevista con uno de los militares que aseguraba haber participado en el atentado. Sin embargo, el día siguiente de la muerte del dirigente etarra, fuentes próximas a la organización terrorista ETA informaban al diario ABC, desde el sur de Francia, que la autoría no estaba clara y que, pese a la evidencia de la reivindicación, no se debían descartar luchas intestinas en el seno de la banda, ya que “podría ser el principio del enfrentamiento total entre los ‘milis’, autoencumbrados por el éxito de sus acciones, y los ‘polis-milis’, contrarios a la línea seguida por José Miguel y sus muchachos […] podría ser un ‘ajuste de cuentas’ por la muerte del señor Azaola, vasco de pura cepa”.
 
Joaquín María Azaola se había exiliado por primera vez en Francia en 1947, huyendo del franquismo, permaneciendo en el país vecino durante tres años. En 1957 volvería a exiliarse, esta vez durante nueve años, hasta 1966, debido a sus actividades nacionalistas. Tras su segundo regreso al País Vasco, Azaola ingresó en las filas de ETA, lo que le llevó a pasar nueve meses en prisión por su implicación en el secuestro del industrial Lorenzo Zabala en 1972. Poco después de salir de prisión, en el primer trimestre de 1973, Joaquín María Azaola, conocido en las filas de ETA como Jokin, se exiliaba por tercera y última vez, recalando en el País Vasco francés. El 15 de diciembre de 1977 Joaquín María Azaola Martínez regresaba a España con un pasaporte nuevo, tras acogerse a la amnistía política y laboral que le permitiría reintegrarse a su antiguo puesto como delineante en la empresa Mecánica de la Peña. Una hija de Joaquín declaró después del asesinato de su padre que éste no había recibido amenazas de ningún grupo y que su vinculación con ETA había quedado atrás en una etapa anterior de su vida. 
 
Sin embargo, las causas de su muerte muy probablemente se encontraban precisamente en esa etapa que Azaola creía enterrada. A su regreso del último exilio en Francia, en 1977, Joaquín María Azaola, bajo el seudónimo de Odei Erreka, había publicado un libro titulado Los elegidos de Euskadi. Un atentado al futuro. En la obra, el exmiembro de ETA detallaba con pelos y señales un plan, conocido como 'Operación Pesca', que la banda había diseñado en 1974 para secuestrar en Mónaco al entonces príncipe Juan Carlos de Borbón, junto con otros miembros de la Familia Real. También contaba cómo fue él, personalmente, quien facilitó a las autoridades y a las Fuerzas de Seguridad los datos necesarios para abortar el secuestro. Poco después, en mayo de 1978, Jokin relataba todos los pormenores de la historia en las páginas del semanario Interviú. Joaquín María de Azaola, el hijo de la víctima, se mostraba convencido de que la muerte de su padre, así como las acusaciones que ETA había vertido sobre él en la reivindicación del crimen, eran una venganza por la actuación de éste en aquella operación y por haberlo contado todo en el semanario: “Puede ser una venganza. La única explicación que encuentro para que hayan matado a mi padre es que él fue quien evitó el secuestro del Rey”.
 
Tal y como lo explicó Joaquín María Azaola en el artículo de Interviú, la 'Operación Pesca' tenía como finalidad el secuestro de varios miembros de la casa real, entre los que estaban el conde de Barcelona, don Juan de Borbón; su hijo don Juan Carlos, Príncipe de España; la esposa de éste, doña Sofía; sus tres hijos, Felipe, Elena y Cristina; don Alfonso de Borbón y Dampierre, duque de Cádiz y la esposa de éste, Carmen Martínez Bordiú. La idea de la banda era pedir, a cambio de la libertad de los secuestrados, entre 200 y 300 millones de pesetas y la liberación de un centenar de presos. Entre los etarras que participarían en la planificación y la ejecución del atentado estaban, entre otros, Domingo Txomin Iturbe Abasolo; Isidro María Garalde, alias Mamarru; Miguel Ángel Apalategui Ayerbe, alias Apala; José Luis Arrieta, alias Azkoiti; José María Arruebarrena Esnaola, alias Tanke; José Antonio Garmendia Artola, alias El Tupa, y Jesús María Muñoa Galarraga, alias Txaflis.
 
ETA había tenido conocimiento a principios de 1974 de que el príncipe Rainiero de Mónaco había invitado a la Familia Real española con motivo de la inauguración de un casino en el Principado. El plan de la banda consistiría en que un grupo de etarras abordaría en alta mar el yate de la Familia Real, otro los recogería en la orilla y los trasladaría a una cárcel del pueblo construida en Niza. Allí, un tercer grupo se haría cargo del resto de la operación. Para llevarlo a cabo, los terroristas pretendían alquilar un yate de gran potencia, el Stolvezen. El papel de Joaquín María Azaola era presentarse como secretario de un profesor belga, con documentación falsa a nombre de “Van Pout”. Pero Azaola, Jokin, estaba convencido de que Franco no cedería al chantaje, con lo que el único desenlace posible sería el asesinato de los rehenes. 
 
Sus dudas sobre la utilidad de la operación fueron aumentando. Así, aprovechando un viaje a Bayona para formalizar la renovación de sus papeles de exiliado, acudió al cónsul español y le hizo entrega de un sobre cerrado dirigido al comisario general de investigaciones de la Dirección General de Seguridad, José Sáinz. Ese primer contacto escrito dio pie a otros personales, en los que Azaola le contó a Sáinz los detalles de la operación para que abortara la acción terrorista. Sáinz, que había sido jefe superior de la Policía de Bilbao, puso los hechos en conocimiento del entonces príncipe Juan Carlos y prometió a Azaola que no se detendría a ninguno de sus compañeros en ETA ni se les imputaría, en el futuro, ningún cargo por la participación en el intento de secuestro.  Además, Azaola decidió informar al presidente del Gobierno vasco en el exilio, Jesús María Leizaola, que le pidió que obrara “en conciencia”.
 
Como resultado de la colaboración de Jokin con la Policía, la Familia Real no acudió a Mónaco, frustrándose así el intento de secuestro. El conde de Barcelona, que no recibió la información a tiempo, se desplazó con su yate “Giralda” hasta Cannes, donde fue informado por el comisario Roberto Conesa, tras lo cual fue llevado de nuevo a España en un avión Mystère. Tras darse por cancelada la operación, los miembros de ETA de los tres grupos que se habían organizado regresaron desde Niza y Cannes a sus respectivos puntos de origen en el País Vasco francés. En las páginas de Interviú, Jokin explicaba por qué decidió sabotear la operación terrorista: 
 
Yo estaba seguro de que Franco no iba a ceder y que hubiéramos tenido que matarlos a todos; una vez comenzada la acción no podíamos echarnos atrás. ¿Qué hubiera ocurrido? Pues se cortaba toda posibilidad de evolución hacia la democracia, hubiera habido un cambio radical a la derecha y una represión horrible contra el pueblo vasco. Si nuestro objetivo hubiera sido Franco, como al principio pensé, no habría dudado, pero Juan Carlos... Contando aquellos hechos yo sólo pretendo que el Rey sepa que no fue secuestrado, que debe a un vasco probablemente la vida y que toda una serie de señores policías que se apuntaron el tanto nada hubieran podido hacer por su cuenta […] No pedí dinero ni nada a cambio, y mis condiciones –que no se detuviera a nadie y nunca se les achacara su participación en la acción– fueron cumplidas por José Sáinz. […] Yo no sé lo que pensará la gente, pero yo he vivido muchas noches sin dormir dándole vueltas a mi actuación. En las Navidades de 1974 pude hablar con Jesús María Leizaola, presidente del Gobierno vasco en el exilio, en San Juan de Luz. Sin entrar mucho en detalles le conté las cosas y le pedí su opinión. Sólo me contestó: "No te preocupes, has hecho muy bien".
 
Según el diario La Vanguardia (20/12/1978) cuando hablaba de "señores policías que se apuntaron el tanto" Azaola se refería al comisario general de investigaciones de la Dirección General de Seguridad, José Sáinz; al comisario general de Información, Roberto Conesa, y al jefe de la brigada de Operaciones de la Dirección General de Seguridad, Andrés Gómez Margarida.
 
Joaquín María Azaola Martínez, técnico industrial de 55 años, era natural de Bilbao. Estaba viudo desde un mes antes de su asesinato y tenía tres hijos, dos chicas y un chico, de 26, 28 y 31 años. Azaola era también abuelo, ya que una de sus hijas estaba casada y había tenido un hijo. Joaquín María vivía con sus dos hijos solteros y llevaba un año y medio, desde la vuelta de su último exilio, trabajando en Mecánica de la Peña de Urduliz como delineante proyectista. Sus compañeros de trabajo afirmaban que era un hombre con una conducta normal y que no desarrollaba ningún tipo de actividad política, aunque era considerado por sus amigos como de ideología nacionalista.

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