In Memoriam

José Luis Vicente Cantón y José Txiki Larrañaga Arenas, militante de UCD

31 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El 31 de diciembre de 1978 la banda terrorista ETA asesinaba en Llodio (Álava) a JOSÉ LUIS VICENTE CANTÓN que se convertía en la víctima mortal número 68 de un año en el que se había aprobado la Constitución española, lo que llevó a diversos ministros a afirmar que, con la aprobación de la Carta Magna, el terrorismo sería cortado de raíz. Incluso, el ministro de Defensa, Gutiérrez Mellado, manifestó que "la ETA está en el cepo". Un día antes miembros del grupo Kioto de ETA habían asesinado en Yurre (Vizcaya) al taxista Lisardo Sampil Belmonte.

José Luis salió a las 11:20 horas del portal de su casa en la calle Marqués de Urquijo 8, en Llodio. Según el único testigo del crimen, tres individuos jóvenes pararon junto a la víctima el vehículo en el que iban, un Seat 131, y uno de ellos le disparó a corta distancia con una metralleta. Inmediatamente se asomaron a la ventana su esposa, Gregoria Molinuevo Díez, y una de sus hijas. Junto a la persona que presenció el crimen lo trasladaron al consultorio de la Seguridad Social en el que el médico de guardia sólo pudo certificar su muerte. Había recibido dos impactos de bala en el tórax.

En el lugar de los hechos se recogieron cinco casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, cuatro de la marca FN y uno marca Geco. El coche utilizado había sido robado a punta de pistola a las 10:30 horas a Felipe Barriuso cuando iba a comprar el periódico. Le hicieron pasar a la parte posterior y, tras dar varias vueltas por Llodio, lo dejaron atado a un árbol en la carretera de Oquendo, localidad situada a nueve kilómetros de la anterior. Su mujer, extrañada por la tardanza, fue la que dio aviso a la Guardia Civil.

El funeral se celebró al día siguiente en la Iglesia de San Pedro de Lamuza, en un templo abarrotado pero con una mínima presencia de autoridades: apenas el gobernador civil, Rafael García González, y algunos representantes del Ayuntamiento de Llodio, con el alcalde a la cabeza. Durante la breve homilía el oficiante señaló en nombre de la familia que no guardaban rencor y perdonaban al asesino. Finalizado el acto religioso, el féretro fue llevado al cementerio de Llodio en medio de un impresionante silencio y sin que se produjera ningún incidente.

Entre los círculos de apoyo a los criminales de ETA se había extendido el rumor de que José Luis Vicente era amigo de guardias civiles con los que tomaba frecuentemente chiquitos. Como tantas veces en el País Vasco, una simple anécdota, unas normales relaciones de vecindad mantenidas con los agentes, del mismo tipo que las que mantenían con otros vecinos, se convertían en una excusa para la caza de brujas de aquellos vascos que no eran partidarios de la secesión. El 2 de enero de 1979 ETA militar reivindicó el crimen en el mismo comunicado en el que se responsabilizaba del asesinato de Lisardo Sampil. En ambos casos, la excusa fue la misma: que las víctimas tenían relación con las Fuerzas de Seguridad de las que eran confidentes.

Respecto a la autoría concreta, lo único que consta en relación a este atentado es que fuentes policiales informaron el 11 de enero de 1979 de la detención en Llodio de dos de los tres miembros de un grupo de información sospechoso de ofrecer, entre otros datos, los que permitieron el asesinato de José Luis Vicente Cantón. Los detenidos eran María Belén Urrechu Rebollo e Ignacio Julián Juaristi Echevarria (La Vanguardia, 12/01/1979).

José Luis Vicente Cantón, tenía 52 años. Era natural de Bóveda, concejo que pertenece al Ayuntamiento de Valdegovia (Álava), aunque residía en Llodio desde hacía veintisiete años. Estaba casado con Gregoria Molinuevo Díez y tenía cinco hijos (tres varones y dos mujeres) con edades comprendidas entre los 27 y 20 años. José Luis Vicente había trabajado en Maderas Reunidas de donde se tuvo que retirar por una lesión en la columna vertebral que provocó su incapacidad total para su trabajo catorce años antes de ser asesinado. Desde entonces estaba empleado en una inmobiliaria dedicada al alquiler y compraventa de pisos, trabajo que no desempeñaba en un lugar fijo, por lo que se pasaba el día en la calle y en los bares de la localidad. Por este motivo la víctima era muy conocida en Llodio, y los vecinos solían recurrir a él para cualquier trámite relacionado con compra-venta y alquiler de inmuebles. Familiarmente y entre sus vecinos se referían a él como "el ministro de la vivienda". "Siempre que había algún problema de compra o alquiler de algún piso, ya sabías que podías recurrir a él" señaló un vecino tras el atentado (La Vanguardia, 03/01/1979).

A las nueve de la noche del 31 de diciembre de 1984 la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad guipuzcoana de Azcoitia al exconcejal y militante de Unión de Centro Democrático (UCD) JOSÉ TOMÁS LARRAÑAGA ARENAS, al que todos conocían como Txiki o José Txiki.

Era la tercera vez que ETA intentaba asesinar a Larrañaga Arenas. El primer atentado tuvo lugar el 13 de abril de 1978, cuando fue ametrallado por miembros de la banda que iban a bordo de un automóvil Chrysler, previamente robado, tras salir de un bar en torno a las 22:30 horas para dirigirse a su domicilio. José Txiki fue alcanzado por tres disparos en la pierna derecha. Dos años después, el 11 de abril de 1980, volvió a sufrir un atentado muy parecido: la víctima salía de un bar cuando fue ametrallado por miembros de la banda terrorista también desde otro Chrysler. Esta vez resultó gravemente herido por varias balas que le alcanzaron en el pecho. Un mes después, el 12 de mayo de 1980, ETA asesinaba a su amigo Ramón Baglietto.

Presionado por su familia, abandonó su localidad natal y se trasladó a vivir a Logroño, pero solía ir de vez en cuando a Azcoitia. El 31 de diciembre de 1984 llegó a su localidad natal hacia las seis de la tarde. Tras permanecer en casa de unos familiares durante una hora, salió a tomar vinos con un grupo de amigos. A las 21:20 horas, cuando Larrañaga se encontraba cerca del Bar Alameda, miembros del grupo Goyerri de ETA, a cara descubierta, lo acribillaron a balazos. Una vez que la víctima cayó al suelo mortalmente herida con cuatro tiros en la cara, fue rematada con otro disparo en la cabeza.

Sus acompañantes, "amigos de toda la vida", nada pudieron hacer por José Larrañaga, que quedó tendido en el suelo en pleno centro de la localidad. Según declaró la encargada del Bar Alameda, las calles del pueblo no estaban muy concurridas a la hora en que se produjo el atentado, puesto que la mayoría de los vecinos ya había finalizado su ronda de chiquiteo y se había retirado a sus hogares con el fin de celebrar la Nochevieja.

Media hora antes de que se produjera el atentado, dos individuos robaron a punta de pistola un vehículo Seat 131 en la misma localidad de Azcoitia. Los agresores obligaron al dueño del automóvil a que les acompañara hasta las proximidades del Bar Alameda, en donde se incorporó un tercer terrorista que permaneció en el interior del coche, vigilando a su dueño, mientras los otros dos etarras acribillaban a balazos a Larrañaga. Inmediatamente después los terroristas liberaron al dueño del automóvil para darse a la fuga en su vehículo en dirección a Azpeitia.

Román Sudupe, alcalde de Azcoitia y presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), se trasladó inmediatamente al domicilio de la víctima para expresar su condolencia a los familiares de José Larrañaga. Tras la visita declaró que era "terrible" que hubiese ocurrido "esto con un hombre que se ha visto obligado a refugiarse fuera de su pueblo". El Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana celebró en la tarde del día siguiente 1 de enero de 1985, un pleno extraordinario para manifestar su repulsa por el asesinato de José Larrañaga. Ese mismo día, a las 19:30 horas, se celebró un multitudinario funeral por el alma de la víctima en la parroquia de Santa María la Real de Azcoitia. Entre las personalidades asistentes estaban el delegado del Gobierno en el País Vasco, Ramón Jáuregui, el presidente de las Juntas Generales de Guipúzcoa, Xabier Aizarna, el vicepresidente del Parlamento Vasco y dirigente del Partido Socialista de Euskadi, José Antonio Maturana, y el portavoz de Coalición Popular en el Parlamento Vasco, Jaime Mayor Oreja.

El atentado fue reivindicado por la banda terrorista ETA el 3 de enero de 1985, mediante un comunicado enviado al diario Egin. En el año 1989 la Audiencia Nacional condenó a José Antonio López Ruiz, alias Kubati, a 30 años de prisión por el asesinato de José Larrañaga. En el mismo fallo se condenaba a Begoña Uzcudun Echenagusia a 18 años de prisión mayor por complicidad en el mismo. En el año 2001 la misma audiencia condenó a Ignacio Bilbao Beaskoetxea, alias Iñaki de Lemona, y a Miguel Ángel Gil Cervera, alias Kurika, a sendas penas de 30 años de reclusión mayor como autores del mismo asesinato.

José Larrañaga Arenas tenía 58 años y era natural de Azcoitia (Guipúzcoa). Estaba casado y tenía tres hijos, un joven de 22 años y dos chicas de 19 y 17 años. Trabajaba como secretario judicial, compatibilizándolo con actividades empresariales en el negocio de la construcción. Fue jefe provincial del Movimiento en Guipúzcoa y ostentó el cargo de concejal del Ayuntamiento de su localidad natal en los últimos años de la etapa franquista. Durante la Transición se acercó a Unión de Centro Democrático (UCD), como muchos otros políticos. Desde 1980, José Larrañaga se vio obligado a abandonar el País Vasco y se trasladó con su familia a Logroño, aunque solía acudir al pueblo especialmente con motivo de fin de año, para celebrar la Nochevieja junto a su familia y amigos. En octubre de 2011, su hija Eva, que tenía 17 años cuando asesinaron a José Larrañaga, rememoró el momento del atentado:

"Estábamos esperándole para cenar y nos llamaron para decirnos que le habían matado". El recuerdo de aquello es "atroz, porque nosotros creíamos que mi padre ya había cumplido y nos habían echado del pueblo ¿qué suponía mi padre para ellos?" Desde entonces asegura que se quedaron "sin guía y sin luz, muertos todos también con él (...) Lo que realmente le pasaba a mi padre es que era militante de la derecha, español y un valiente (...) Siempre me ha parecido una idiotez eso de perdonar. Perdonar es un problema moral mío con Dios, pero no tiene nada que ver con lo que pedimos, que es justicia. Si yo perdono o dejo de perdonar será un problema mío, íntimo (...) Sé que ahí [en Azcoitia] tenían mucho cariño a mi padre, pero ahora me doy cuenta de que había una cobardía enorme por parte de todos" (larioja.com 22/11/2011). 

Lisardo Sampil, taxista, Alejandro Sáenz, vigilante, y el atentado de la T-4

30 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A las seis menos diez de la tarde del 30 de diciembre de 1978 miembros de la banda terrorista ETA asesinaban a tiros en Yurre (Vizcaya) al taxista LISARDO SAMPIL BELMONTE mientras esperaba la llegada de algún cliente dentro de su taxi junto a la puerta del Bar Eguzki en el barrio de Elejalde de la localidad vizcaína. Los terroristas llegaron al lugar de los hechos en un automóvil. Uno de ellos, con la cara cubierta por un pasamontañas, se apeó del vehículo y se acercó por detrás hasta el taxi de Lisardo, conocido en la localidad como El Gallego, que estaba sentado en el asiento del conductor con la ventanilla bajada. La víctima no se percató de la llegada del pistolero que, sin mediar palabra y a través de la ventanilla, le disparó cuatro tiros a bocajarro. Aunque testigos presenciales llamaron a un médico del puesto de la Cruz Roja, que llegó inmediatamente, no pudo hacerse nada por salvarle la vida. Lisardo Sampil había sido alcanzado por dos disparos en la cabeza y tres en el corazón y el costado, muriendo prácticamente en el acto.

Los tres terroristas, miembros del grupo Kioto de ETA, emprendieron rápidamente la huida en el vehículo en el que se habían desplazado hasta Yurre, que habían robado poco antes cuando su propietario los confundió con autoestopistas y paró el coche para recogerlos. Como se supo posteriormente, los terroristas sometieron a vigilancia a su víctima para conocer sus costumbres y decidir la forma más segura de cometer el asesinato.

Aunque personas que lo conocían habían descrito a Lisardo Sampil como un hombre de ideología de extrema derecha muy amigo de miembros de la Guardia Civil, su hijo Javier Sampil, que llegó al lugar del crimen momentos después del asesinato, afirmó que su padre no estaba implicado en ningún tipo de actividad política y que jamás había recibido amenazas. ETA militar reivindicó el asesinato en un comunicado enviado a los medios de comunicación el 2 de enero, en el que también asumían el asesinato de José Luis Vicente Cantón cometido un día después en Llodio (Álava). La banda acusaba a Lisardo de ser "colaborador y confidente de las fuerzas de ocupación de Euskadi" y "puente entre el pueblo y la Guardia Civil, Policía Armada y Cuerpo General de Policía". ETA añadía que gracias a esa colaboración se habían producido muchas detenciones de miembros de la banda en los últimos tiempos.

En 1982 la Audiencia Nacional condenó a Juan José Larrinaga Echevarría y Ernesto María Alberdi Olano a sendas penas de 24 años de cárcel por el asesinato de Lisardo Sampil. Los terroristas fueron detenidos en noviembre de 1980 junto a Juan Antonio Urrutia Aurteneche, Roberto Zabala Zamayoa y Fernando Iraculis Albizu. Según informaba el diario El País en su edición de 29 de noviembre de 1980, los cinco se reconocieron autores del asesinato del taxista Lisardo Sampil y de otros cuatro más. Sin embargo, durante el juicio el fiscal dio por probado que Larrinaga y un etarra huido fueron los que robaron un vehículo a punta de pistola en el cruce de la N-240 con la carretera que va a Castillo-Elejabeitia, dejando a su dueño atado a un árbol. A continuación recogieron a Alberdi Olano y fueron a Yurre para asesinar a Lisardo Sampil.

Entre abril y mayo de 1996 el diario ABC publicó varios artículos en los que se daba la localización de varios etarras que vivían en Venezuela. Entre ellos estaba Miguel Ángel Aldana Barrena, alias Askatu, que presuntamente era el tercer autor material del asesinato de Lisardo Sampil. A partir de esas informaciones de prensa la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) presentó varias querellas contra esos etarras. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, admitió a trámite la querella de la AVT y en abril de 1996 dictó una orden internacional de detención contra Aldana Barrena, previa a su solicitud de extradición (El País, 20/04/1996). El gobierno venezolano se ha negado a detenerlo y extraditarlo, archivando el caso en marzo de 2006. 

Por otra parte, en enero de 2006 la AVT denunció que Larrinaga, que se había declarado insolvente y no había hecho frente a las indemnizaciones fijadas en la sentencia que lo condenó en el año 1982, era propietario de una casa en Amorebieta, lo que motivó una investigación de la Audiencia Nacional.

Lisardo Sampil Belmonte, de 49 años, estaba casado y tenía una hija de 22 años y un hijo de 17. Era natural de Lanoa (Orense), pero residía en Yurre desde veintidós años antes de ser asesinado. Llevaba diez años dedicado al negocio del taxi, trabajo que compatibilizaba con la prestación de servicios de transporte de mercancías con un camión que tenía en propiedad con otros socios.

Minutos antes de las ocho de la mañana del 30 diciembre de 1985 la banda terrorista ETA asesinaba en Lasarte (Guipúzcoa), al ex guardia civil y jefe de vigilancia de la factoría Michelín de esa localidad ALEJANDRO SÁENZ SÁNCHEZ cuando se dirigía a pie a su trabajo en la que iba a ser su última jornada laboral tras haberse acogido, con otros noventa y tres empleados, a la propuesta de jubilación anticipada. Sus compañeros de la sección de vigilantes le preparaban un ágape de despedida para pocas horas después.

La víctima, como hacía habitualmente, iba caminando a su puesto de trabajo desde su domicilio, que estaba a apenas doscientos metros de la factoría. Cuando se encontraba a la altura del estacionamiento de dicha factoría fue interceptado por dos o tres terroristas, que, tras descender de un taxi robado una hora antes en la localidad guipuzcoana de Hernani, lo tirotearon a muy corta distancia. Alejandro Sáenz cayó de bruces en la acera con la cabeza destrozada por varios impactos. Aunque no hubo testigos, los terroristas debieron de rematarlo en el suelo, porque "al ser levantado el cadáver del lugar del atentado, fue hallado debajo de la cabeza, entre la sangre, un proyectil de bala totalmente aplastado" (El Diario Vasco, 31/12/1985). La Guardia Civil recogió posteriormente un total de cinco casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum en las pequeñas áreas de césped que separan el estacionamiento de la acera. El cadáver permaneció en el lugar del atentado hasta la llegada del juez, pasadas las 9:30 horas de la mañana.

Hacia las 8:30 horas fue liberado en las proximidades de un desguace de coches situado junto al frontón Galarreta, cerca de Hernani, Manuel Garayar Otegui, propietario del taxi utilizado por los pistoleros de la banda en el atentado. Los terroristas lo habían maniatado a un árbol con cuerdas de nailon y lo amenazaron de muerte para que no diera aviso a la Policía hasta una hora después. "Eran las siete de la mañana y yo estaba en la parada; se metieron en el taxi y me dijeron que estuviera tranquilo, que eran de ETA y que necesitaban el coche durante una hora. Me ordenaron que me dirigiera al frontón de Galarreta y cerca de allí me dejaron atado a un árbol" contó el taxista tras su liberación. Señaló que los terroristas no le mostraron sus armas en ningún momento, pero que le amenazaron con tomar represalias contra él en el caso de que no obedeciera puntualmente sus instrucciones. "Hablaban conmigo en euskera, insistían en que no me pasaría nada si yo les obedecía en todo. En realidad yo casi no les vi las caras porque, cuando llegaron a la parada, estaba oscuro y la calle está mal iluminada y, además, ellos se cubrían las caras con los periódicos".

Alejandro Sáenz Sánchez, de 58 años, era natural de Garranzo (La Rioja). Estaba casado y tenía un hijo. Había sido guardia civil durante trece años, con destino en las Comandancias de Barcelona y Guipúzcoa (Behovia, Irún y Lasarte). Había abandonado el Instituto Armado con el grado de sargento veintidós años antes de ser asesinado. El 1 de febrero de 1963 ingresó en la empresa Michelín. Tras su asesinato un miembro del comité de empresa señaló que "Alejandro Sáenz fue guardia civil hace veintidós años y a él no le importaba hablar con los policías o con los guardias; eso es a lo único que podrán agarrarse los que han hecho esto". En febrero de 2010 el Ayuntamiento de Lasarte rindió un homenaje a las víctimas de ETA originarias o residentes en esa localidad, entre ellos Alejandro Sáenz Sánchez. Durante el mismo Jesusa Ibarrola, la madre de la primera víctima de ETA, la niña Begoña Urroz, fue la encargada de descubrir una placa conmemorativa de las víctimas del terrorismo a la entrada de la Casa Consistorial.

Alejandro Sáenz fue la última víctima mortal de las treinta y siete asesinadas por ETA en el año 1985.

A las nueve de la mañana del sábado 30 de diciembre de 2006 la banda terrorista ETA hizo estallar una furgoneta-bomba en la terminal 4 (T-4) del aeropuerto de Barajas en Madrid. Según el auto de procesamiento de noviembre de 2008 la carga explosiva estaba compuesta por ciclonita, también conocida como exógeno o RDX, que constituye la base de explosivos de uso militar como C-4 o Semtex. La potente explosión destrozó prácticamente el módulo D del aparcamiento y mató a dos inmigrantes ecuatorianos, DIEGO ARMANDO ESTACIO SIVISAPA y CARLOS ALONSO PALATE SAILEMA, que se encontraban durmiendo dentro de sus respectivos vehículos esperando la llegada de familiares al aeropuerto. Además provocó heridas de diversa consideración a más de cuarenta personas, entre ellas miembros de las Fuerzas de Seguridad que trabajaban en el desalojo de la terminal.

Hacía tres años y siete meses –desde el 30 de mayo de 2003, cuando la banda terrorista ETA asesinó en Sangüesa (Navarra) a los policías nacionales Julián Embid Luna y Bonifacio Martín Hernández– que la banda terrorista no había provocado víctimas mortales, pero sí había cometido atentados con la intención de causar muertes durante esos años. Apenas veinte horas antes del brutal atentado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, había lanzado un optimista mensaje sobre la marcha del llamado proceso de paz –"dentro de un año estaremos mejor que hoy para el fin de ETA", había señalado el presidente en rueda de prensa– proceso que se puso en marcha, oficialmente, a raíz del comunicado de ETA del 22 de marzo de 2006 en el que la banda asesina anunciaba el inicio de un "alto el fuego permanente".

La misma tarde en la que Rodríguez Zapatero pronunciaba esas palabras, el etarra Mattin Sarasola estacionó en el módulo D del aparcamiento de la T-4 de Barajas una furgoneta-bomba. Eran las 18:51 horas del 29 de diciembre. A las 7:55 horas del 30 de diciembre, un comunicante anónimo que dijo hablar en nombre de la banda terrorista, alertó a la asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda (DYA) de la ubicación exacta del vehículo cargado de explosivos y de que la hora fijada para la explosión serían las 9:30 horas según se informó en los primeros momentos. Sin embargo, en la sentencia de la Audiencia Nacional se señala que Igor Portu, el etarra que efectuó la llamada, avisó de que la explosión sería a las 9:00 horas. "No intenten desactivarla, sería un error", dijo el comunicante, que añadió que la bomba era "muy potente". Minutos después, el mismo comunicante llamó al teléfono de los bomberos de Madrid y al número de emergencias 112 de Guipúzcoa, repitiendo la misma información.

Los servicios policiales y de emergencia se pusieron inmediatamente en marcha. Mientras llegaban a la T-4, el comunicante hizo una nueva llamada desde una cabina de San Sebastián, posiblemente al creer que no se le había tomado en serio. La llamada fue al SOS Deiak de la capital donostiarra, dependiente del Departamento de Interior vasco. El terrorista repitió los mismos datos de lugar, tipo de vehículo y matrícula y que no se intentase desactivar. Finalmente, la furgoneta-bomba fue localizada a las 8:45 horas, por lo que las Fuerzas de Seguridad iniciaron el desalojo de la terminal. Cuando estaban efectuando dicho desalojo, a las 8:59 horas estalló el potente artefacto explosivo. En el aeropuerto madrileño de Barajas se encontraban en ese momento unas veinte mil personas y, aunque se había desalojado casi completamente el aparcamiento y casi todas las personas que estaban en ese momento en el aeropuerto habían sido llevadas a las pistas de servicio y rodadura, Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate no se percataron de la orden de desalojo, quedando sepultados dentro de sus respectivos vehículos bajo la montaña de escombros en la que quedaron convertidos los cinco pisos del módulo D del aparcamiento de la T-4.

El estallido hirió a dos policías que participaban en el desalojo y a un taxista que pasaba por la zona, todos de carácter leve. Varias personas más resultaron heridas por cortes y otras con afección de tímpanos. La zona del edificio más próxima a la terminal se vino abajo en su totalidad. "Se ha colapsado más del 60% del edificio, que está prácticamente derruido", declaró el vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Dentro, entre los forjados caídos de las cinco plantas, se veían decenas de vehículos aplastados, algunos con las luces de emergencia y las alarmas sonando.

Poco después de la brutal explosión, una mujer, Verónica Arequipa, se acercaba a la Policía para denunciar que su pareja, Diego Armando Estacio, había desaparecido. Diego la había acompañado al aeropuerto a recoger a unos familiares, pero, dado lo temprano de la hora, había preferido quedarse dentro del aparcamiento echando una cabezada. Horas después, otro ecuatoriano denunció que su amigo Carlos Alonso Palate, que le había acompañado al aeropuerto, también se había quedado en el aparcamiento mientras él iba a recoger a su mujer y que, tras la explosión, no contestaba al teléfono móvil. Los restos mortales de Carlos Alonso Palate no fueron recuperados hasta la madrugada del 4 de enero de 2007, mientras que los de Diego Armando Estacio consiguieron extraerse del estacionamiento de la T-4 dos días después, el 6 de enero.

El atentado de la T-4 se produjo quince días después del primer encuentro formal entre representantes del Gobierno y de la banda terrorista ETA en el que, pese a que no se produjeron avances, sí se llegó a la conclusión de que el proceso de paz seguía vivo. Era la primera vez en la historia de las treguas de la banda en la que ETA atentaba sin lanzar antes un comunicado de ruptura de la misma, por lo que la explosión de la furgoneta-bomba supuso una sorpresa para el Gobierno y para todas las fuerzas políticas. Sin embargo, el atentado se produjo tras varias señales de que la banda se estaba rearmando e iniciando una escalada de violencia a través de numerosos actos de terrorismo callejero. El 24 de octubre se había producido el robo de 350 pistolas en una armería de Vauvert (cerca de Nimes), y el 23 de diciembre se produjo el hallazgo de un zulo en construcción en Amorebieta, con 50 kilos de material para fabricar explosivos y varios detonadores. A todas estas circunstancias se refirió el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el primero en comparecer en rueda de prensa. El titular de Interior reconoció que su departamento "no tenía ningún indicio del atentado" y que tras el atentado, el proceso de paz quedaba "suspendido". Pérez Rubalcaba explicó que la actuación de ETA no había "seguido la pauta normal", en referencia a que en las anteriores treguas, las de 1989 y 1998, ETA había advertido de su ruptura con un comunicado. No obstante, y haciendo una rápida autocrítica, el ministro reconoció que era un error conceder que la actuación de ETA pudiese responder a pautas racionales.

El presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, suspendió sus vacaciones en Doñana (Cádiz), dio por "suspendido" el proceso de paz y manifestó desde el palacio de La Moncloa que "hoy estamos peor que ayer", rectificando su desafortunada afirmación de la víspera, y añadió: "la determinación del Gobierno es que en el futuro estemos mejor y terminemos con esta lacra". Recalcó que "nadie podrá lograr nunca nada con la violencia" y que "el atentado muestra la incapacidad de sus autores de vivir en paz y en libertad", para terminar afirmando que los autores del atentado serán "identificados, apresados y puestos a disposición judicial, como ha sucedido siempre". Diez días después, Zapatero se refirió al atentado como "un accidente terrorista" en una conversación con el presidente de La Rioja, Pedro Sanz. Aunque el lapsus fue corregido inmediatamente, era la segunda vez que se refería a los atentados terroristas como "accidentes". La primera fue el 29 de diciembre, la víspera del atentado, cuando, en respuesta a la pregunta de un periodista, habló de "accidentes mortales" en lugar de "atentados mortales". Tiempo después se supo que en febrero de 2007 la banda terrorista ETA envió una carta a Zapatero en la que, además de comunicarle que mantenían la oferta del alto el fuego, valoraba el asesinato de Estacio y Palate como un "accidente". La oferta de alto el fuego se rompió oficialmente por parte de ETA el 5 de junio de 2007, seis meses después del atentado de la T-4. En su comunicado al diario Berria la banda terrorista declaraba el fin del "alto el fuego permanente" y advertía de que quedaban "abiertos todos los frentes".

El 31 de diciembre miles de personas se concentraron convocadas por los ayuntamientos en las tres capitales vascas para expresar su repulsa por el atentado. En Bilbao, el acto estuvo encabezado por dos representantes del consulado de Ecuador con su bandera nacional. Entre los asistentes figuraban el alcalde, Iñaki Azkuna, y una nutrida delegación del PSE-EE liderada por Patxi López. En declaraciones a la prensa, Azkuna advirtió a ETA de que "a la tercera va la vencida" tras "engañar" en otras tantas ocasiones a la sociedad con declaraciones de tregua. Una hora después, en la plaza Moyua, se celebró la concentración organizada por el Foro Ermua, con la presencia de responsables del Partido Popular. En la plaza de España de Vitoria se congregaron varios centenares de personas. Entre ellas, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, y el diputado general de Álava, Ramón Rabanera. También acudieron los padres y la hermana de Miguel Ángel Blanco. El alcalde, Alfonso Alonso, declaró que "no es el momento de hacerse reproches", sino "de reconstruir la unidad y trabajar juntos".

Entre enero y febrero de 2008 fue desarticulado el grupo Elurra de ETA responsable del atentado de la terminal 4 de Barajas. El 6 de enero fueron detenidos por la Guardia Civil en Guipúzcoa Igor Portu Juanena y Mattin Sarasola Yarzabal. Poco después, el 15 de febrero, fueron detenidos en San Juan de Luz (Francia) Mikel San Sebastián Gaztelumendi, alias Pottoko, y Joseba Iturbide Otxoteko, alias Makara. Los dos primeros denunciaron torturas de la Guardia Civil durante su detención. En 2008 la Audiencia de Guipúzcoa condenó a cuatro guardias civiles implicados en los hechos que, sin embargo, fueron absueltos en noviembre de 2011 por el Tribunal Supremo. Previamente, en febrero de 2009 la juez francesa Le Vert remitió a España una carta incautada al exjefe de ETA, Garikoitz Azpiazu , alias Txeroki, en la que reconocía que la denuncia de torturas por parte de Igor Portu era falsa.

En noviembre 2008 el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, decretó la puesta en libertad de Joseba Iturbide por no constar "que el mismo interviniera en la planificación y ejecución del atentado" de la T-4.

En mayo de 2010 se celebró en la Audiencia Nacional el juicio contra Igor Portu, Mattin Sarasola y Mikel San Sebastián como autores materiales del atentado que costó la vida a Estacio Sivisapa y Palate Sailema. La Fiscalía solicitó un total de 900 años de cárcel para cada uno de ellos, acusados de dos delitos de asesinato, cuarenta y uno en grado de tentativa y uno de estragos. Durante el mismo declaró el dueño de la furgoneta utilizada por los terroristas para colocar los explosivos, que permaneció secuestrado desde el 27 de diciembre y hasta dos horas después del atentado. Según el testigo, durante esos tres días estuvo esposado y encapuchado dentro del maletero de otro vehículo, que hizo caso a todo lo que le dijeron, porque "estaba aterrado", que sólo uno de los terroristas le hablaba, y que entre ellos se comunicaban con silbidos.

Según el juez instructor, Santiago Pedraz, en el atentado participaron también Garikoitz Azpiazu, Txeroki, que fue quien ordenó y preparó el mismo, y Joseba Aranibar. Ninguno de los dos compareció ante la Audiencia Nacional por estar encarcelados en Francia. En su escrito de acusación la Fiscalía sostiene que a finales de septiembre de 2006 Txeroki se reunió en el monte Auza (Navarra) con Aranibar, San Sebastián, Sarasola y Portu para encargarles la ejecución del atentado. El 21 y 22 de octubre de ese año los tres últimos realizaron dos veces el trayecto entre Navarra y el aeropuerto de Barajas, para preparar el posterior desplazamiento de la furgoneta-bomba. La noche del 27 de diciembre los terroristas abordaron en un aparcamiento de Luz-Ardiden, en los Pirineos franceses, a un ciudadano español dueño de una furgoneta, al que, a punta de pistola e identificándose como miembros de ETA, sustrajeron el vehículo. Aranibar fue quien montó el explosivo en la furgoneta y la entregó la mañana del día 29 a Sarasola y San Sebastián. A unos 50 kilómetros del aeropuerto, los dos etarras recogieron a Portu. Antes de entrar a Barajas, Sarasola se colocó una peluca, una gorra y una máscara protectora de pintor para dificultar su identificación. Sobre las 19:00 horas, el etarra entró en el aparcamiento D de la terminal y estacionó la furgoneta en la plaza 307 de la segunda planta, con la bomba programada para explotar a las 9:00 horas del día siguiente. Tras dejar la mortífera carga en el aparcamiento, los tres etarras volvieron juntos a Lesaca (Navarra).

Por sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de mayo de 2010, Portu, Sarasola y San Sebastián fueron condenados a penas de más de 1.000 años de cárcel cada uno de ellos, que resultan de sumar 30 años por cada uno de los dos delitos de asesinato terrorista consumado, 20 años por delitos de estragos y 19 años, 11 meses y 29 días por cada uno de los 48 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa.

Diego Armando Estacio Sivisapa nació en 1987 en Machala (Ecuador) en el seno de una familia humilde, por lo que tenía 18 años cuando fue asesinado por la banda terrorista ETA. Su madre, Jacqueline Sivisapa, era una gran admiradora del futbolista argentino Diego Armando Maradona, por lo que decidió darle el mismo nombre a su hijo. En el año 2000 Diego Armando emigró a Milán, donde ya vivían desde 1994 su madre, su hermana y otros familiares. En la Escuela Ponti obtuvo el diploma de enseñanza media y aprobó dos cursos de mecánica. Viajaba con frecuencia a Madrid, donde vivía su padre, Winston Estacio. Aquí conoció a su novia, Verónica Arequipa, por lo que acabó fijando su residencia en la capital de España, trabajando en la construcción junto a su padre. En las vísperas de su asesinato, Diego Armando y Verónica habían dado la entrada para comprarse un piso. Gran aficionado al fútbol, era seguidor del Barça y del Milan, además de jugar en el equipo Gran América de la liga Integración Latina de Madrid. El día del atentado Estacio había ido a Barajas para acompañar a Verónica, que tenía que recoger a unos parientes que venían de Ecuador. Mientras la novia se dirigió a la terminal, Diego Armando optó por quedarse en el coche descansando. Su cuerpo no fue recuperado de entre los escombros hasta el 6 de enero. Los restos mortales de la víctima fueron repatriados a Ecuador en un avión del Ejército español y enterrados en el cementerio de Machala el 9 de enero. En abril de 2007 el Gobierno de la Comunidad de Madrid entregó en propiedad dos viviendas de setenta metros cuadrados a la familia de Diego Armando Estacio. Su madre y otros familiares habían abandonado previamente Milán y vinieron a residir a Madrid, donde ya vivía el padre.

Carlos Alonso Palate Sailema tenía 35 años y estaba soltero. Originario de San Luis de Picaihua (Ecuador) tras la muerte de su padre emigró a España en 2002 como forma de sacar de la miseria a su familia. Trabajó como albañil y en varios empleos eventuales. Cuando fue asesinado por ETA estaba empleado en una fábrica de plásticos en Valencia. Parte de su salario lo enviaba a Ecuador a su familia y esas remesas eran la principal fuente de ingresos de sus tres hermanos y su madre, María Basilia Sailema, que vivían en condiciones paupérrimas. El día del atentado Palate se había trasladado desde Valencia a Barajas para acompañar a su amigo Wilson Hernán, que tenía que recoger a su esposa procedente de Ecuador. Mientras Wilson fue a buscar a su mujer, Carlos Alonso se quedó en el interior del vehículo en el aparcamiento del aeropuerto, quedando sepultado por los escombros tras la explosión de la furgoneta-bomba. Su cuerpo fue recuperado en la madrugada del 4 de enero de 2007. Repatriado a Ecuador en un avión de la Fuerza Aérea Española, fue enterrado el día 6 en su localidad natal. Los tres hermanos y la madre de Carlos Alonso lograron la nacionalidad española por vía extraordinaria en marzo de 2007. El asesinato de Palate, que había actuado como un padre con sus hermanos, es algo que no han podido superar. Económicamente, la familia recibió ayuda de diferentes instituciones estatales y religiosas y de organizaciones no gubernamentales, lo que les permitió instalarse en el Levante español.

Tras la reconstrucción de la terminal 4 del aeropuerto se erigieron en dos plazas del aparcamiento (la 614 y la 403) dos monolitos en recuerdo de las dos víctimas asesinadas en el atentado. En ambos hay dos placas en las que pone, respectivamente, "En memoria de Carlos Alonso Palate" y "En memoria de Diego Armando Estacio", sin ninguna alusión a que fueron asesinados por ETA.

Juan Manuel García y Manuel López, guardias civiles acribillados a tiros en Irún

29 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

Sobre las 7:45 horas del 29 de diciembre de 1982 miembros de la banda terrorista ETA acribillaban a tiros a los guardias civiles JUAN MANUEL GARCÍA MENCÍA y MANUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ en la estación de ferrocarril de Irún (Guipúzcoa).

Los agentes de la Guardia Civil realizaban sus habituales labores de inspección en la zona de la frontera en la estación de ferrocarril de la localidad guipuzcoana. Se encontraban en el andén 8, separados unos diez metros el uno del otro, revisando un tren de mercancías que había llegado poco antes, listo para salir hacia Hendaya una vez cumplimentados los preceptivos trámites aduaneros. En ese momento el lugar estaba muy concurrido, pues acababan de descender muchos viajeros de un tren francés. De pronto de dos a cuatro jóvenes (en este punto las versiones de los testigos presenciales difieren), algunos con prendas militares, surgieron por uno de los pasos  subterráneos que comunican los andenes y, desde la misma boca del túnel, dispararon con dos metralletas. Juan Manuel García, que era el que estaba más cerca de los criminales, murió en el acto tras recibir tres impactos de bala en la cabeza. Manuel López caía entre la vía y el andén con tres impactos en el pecho. Ambos agentes recibieron las primeras atenciones de compañeros de la Benemérita que se encontraban en la propia estación. Manuel López fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja al Hospital Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián. Los médicos iban a iniciar una complicada operación quirúrgica para intentar salvarle la vida, pero el agente falleció cinco minutos después de su ingreso en el centro hospitalario, sin apenas poder decir más que "que me asfixio... que me muero", según comentó a los medios de comunicación el socorrista que acompañó al agente moribundo en la ambulancia.  

Los criminales huyeron por el mismo lugar desde donde tirotearon a los guardias civiles, aprovechando el pánico que se desató tras escucharse el tiroteo entre el numeroso público que esperaba en los andenes y que intentaba alcanzar la salida entre gritos y carreras. Luego subieron a un Ford Escort, robado una hora antes a punta de pistola en San Sebastián por dos individuos que dijeron ser de ETA, y huyeron en dirección desconocida, aunque se sospecha que cruzaron la frontera francesa. En el lugar de los hechos se recogieron 16 casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum marca FN. Una bala atravesó el cristal de la puerta de la consigna, sin que afortunadamente alcanzara a nadie.

Tras el atentado se puso en marcha una gran operación policial de rastreo en la que participó la Policía de Aire y Fronteras de Francia, ante la posibilidad de que hubieran cruzado al país vecino. La reivindicación del crimen por parte de ETA militar se produjo el 4 de enero.

El recién nombrado gobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elorriaga, comentó tras el atentado que "en estas circunstancias las medidas a adoptar (en relación a los miembros de las organizaciones armadas) no podrán ya ser las que podían haber sido". Se refería el gobernador a unas declaraciones que había realizado hacía una semana, el 22 de diciembre, el ministro de Interior José Barrionuevo: "Si hay algo más que puro gangsterismo detrás de estas organizaciones terroristas, tienen posibilidad, dentro del sistema democrático, de participar en la lucha política. Pero es que no vemos en ETA más que pura barbarie, una organización de malhechores. Sin embargo, estoy dispuesto a rectificar mi criterio: que estén seis meses sin llevar a cabo ningún atentado terrorista y luego veremos".

A las 13:00 horas del mismo 29 de diciembre se instaló la capilla ardiente en el Gobierno Civil de San Sebastián. Los partidos políticos emitieron sus habituales condenas, a las que en esta ocasión se unieron las Asociaciones de Vecinos de Bidasoa y San Miguel de Irún. El obispo Setién también condenó el doble asesinato pidiendo a los etarras que dejasen de matar y liberasen "a quien tenéis secuestrado", haciendo referencia también a la situación de Saturnino Orbegozo, industrial de 69 años secuestrado desde mediados de noviembre, y al que sus captores de ETA-pm VIII Asamblea habían anunciado que iban a "ejecutar" por la falta de acuerdo con la familia sobre la cuantía del rescate.

Al día siguiente, concelebrado por cuatro sacerdotes, se celebró en el Gobierno Civil el funeral por el alma de los dos guardias civiles asesinados, con la asistencia, entre otras autoridades, del ministro de Interior José Barrionuevo, el consejero de Interior del Gobierno Vasco, José María Retolaza, el diputado general de Guipúzcoa, Xabier Aizarna, y los alcaldes de San Sebastián e Irún, representantes de partidos políticos y la viuda del agente Juan Ramón Joya Lago asesinado el día 12 en Tolosa. Durante el acto religioso se leyó un mensaje enviado por el obispo. Al finalizar el acto religioso el ministro se dirigió al público y realizó un breve discurso que tuvo que empezar con un potente "¡Silencio!" para acallar algunos gritos que salían de entre el público asistente. Tras el funeral los féretros con los restos mortales de Juan Manuel García y Manuel López fueron trasladados a sus lugares de origen para ser enterrados.

Después del funeral, en un acto sin precedentes, las autoridades encabezadas por el ministro Barrionuevo acudieron al lugar del crimen, donde en presencia de casi un millar de personas se realizó un emotivo homenaje. El lugar donde cayeron los dos guardias civiles estaba cubierto por una gran bandera nacional y el suelo cuajado de claveles amarillos y rojos. Con una solemnidad nunca vista antes, el homenaje empezó con el toque de oración interpretado por la Banda de Cornetas y Tambores del Regimiento Sicilia. A continuación se hizo una ofrenda floral. El ministro hizo un emotivo discurso centrado en resaltar los "trabajos y desvelos de las Fuerzas de Seguridad en el País Vasco" y anunció que acababa de ser liberado por agentes del mismo cuerpo que enterraba a dos compañeros el secuestrado Saturnino Orbegozo, tras cuarenta y seis días de cautiverio. En el momento de la liberación fueron detenidos Gregorio Martija e Ignacio Odriozola, los dos individuos que vigilaban al industrial en una cabaña en Donamaría (Navarra).

El día 2 de enero de 1983, convocadas por el PSE-PSOE, EPK-PCE, UGT y CCOO unas dos mil personas se manifestaron en Irún. Partieron de la estación de ferrocarril, bajo el lema "no al terrorismo, sí a la paz". Era la primera vez que se celebraba una movilización ciudadana en condena del asesinato de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la provincia de Guipúzcoa. En la cabecera estuvo el alcalde de Irún, militante del PNV, que dijo desconocer la causa por la que su partido no se había sumado a la convocatoria.

Nunca se supo quienes habían sido los asesinos de los agentes García Mencía y López Fernández, que probablemente habían entrado desde Francia exclusivamente para realizar este atentado. No obstante, las Fuerzas de Seguridad sospecharon que el atentado fue cometido por miembros del grupo Ixkulin de ETA que, a partir de finales de 1983, pasó a denominarse Goyerri-Costa.

Juan Manuel García Mencía, de 48 años, había nacido en Gordalizo del Pino (León). Estaba casado con Aquilina Peña Crespo y tenía dos hijos. Era muy conocido entre el personal de la estación ya que anteriormente había pertenecido a la Brigada de Ferrocarriles. Antes de ser destinado a Irún estuvo prestando servicio en Behovia. A propósito del último anuncio de la banda terrorista en octubre de 2011, la viuda de García Mencía, como otras muchas víctimas de ETA, mostró su escepticismo sobre las intenciones de los etarras: "No lo creo, no me creo nada; será verdad pero no me fío ni un pelo", añadiendo que, en caso de que los asesinos de su marido pidiesen perdón, cosa que duda, ella no perdonaría, pues la tragedia que le provocó el asesinato de su marido le ha costado la salud (La Crónica de León, 22/10/2011). Una calle de Joarilla de las Matas (León) donde Juan Manuel y Aquilina contrajeron matrimonio, lleva desde 2009 el nombre del agente asesinado.

Manuel López Fernández tenía 22 años y estaba soltero. Era natural de Málaga y llevaba muy poco tiempo destinado en el puesto fronterizo de Irún. En abril de 2009 el alcalde de la localidad malagueña de Rincón de la Victoria, concejales de la corporación municipal y familiares de Manuel López participaron en un homenaje por el guardia asesinado en el transcurso del cual se dedicó una calle con su nombre en el rincón de Los Olivos.

Juan Manuel García Mencía y Manuel López Fernández son las dos últimas de las cuarenta víctimas mortales de la banda terrorista ETA en el año 1982.

José María Arrizabalaga, jefe provincial de la Juventud de la Comunión Tradicionalista

27 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El miércoles 27 de diciembre de 1978, sobre las 18:00 horas de la tarde, dos miembros de ETA militar asesinaban a tiros a JOSÉ MARÍA ARRIZABALAGA ARCOCHA en la biblioteca municipal de Ondárroa. Arrizabalaga, que recibió nueve impactos de bala, era jefe de la Juventud de la Comunión Tradicionalista de Vizcaya y trabajaba como bibliotecario en la Casa de la Cultura de Ondárroa, donde fue asesinado.

Desde hacía aproximadamente un año, José María Arrizabalaga había estado hospitalizado en un centro de rehabilitación en Archanda (Bilbao), debido a una lesión sufrida durante un salto en paracaídas. José María se había visto así forzado a solicitar la baja laboral en la biblioteca municipal en la que trabajaba. Al acercarse la Navidad, el hospital le dio un permiso para que acudiera a Ondárroa y así pudiera pasar las fechas con su familia, por lo que el joven aprovechó para acercarse a la biblioteca e ir adelantando algo del trabajo que había ido acumulando desde su lesión. El día 27 de diciembre, en torno a las seis de la tarde, Arrizabalaga se encontraba en dicho lugar, en el primer piso de la Casa de la Cultura, en compañía únicamente de dos niños que estaban leyendo sendos libros. En ese momento dos individuos se acercaron hasta el mostrador tras el cual estaba sentado el joven y le obligaron a identificarse. Inmediatamente ambos sacaron una pistola y dispararon hasta vaciar sus cargadores. José María Arrizabalaga fue acribillado a balazos, recibiendo once disparos: cuatro en el pecho, cerca del corazón y el resto en la cara y las piernas. Poco después, los asesinos bajaron las escaleras y, una vez en la calle, se dieron a la fuga en el vehículo en el que habían llegado, en el que les esperaba al volante un tercer terrorista. Los dos niños, únicos testigos del crimen, salieron gritando de la biblioteca. Cuando los primeros adultos en llegar al lugar descubrieron el cuerpo de José María eran ya las siete y cuarto de la tarde.

En el lugar del asesinato, las Fuerzas de Seguridad recogieron trece casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum. Cuando el juez hubo ordenado el levantamiento del cuerpo, los restos mortales de Arrizabalaga fueron trasladados a su domicilio, en el número 33 de la calle Primo de Rivera. Dos días después, el 29 de diciembre, ETA militar reivindicaba el atentado enviando un comunicado a distintos medios del País Vasco. En el escrito, la banda asesina acusaba a José María Arrizabalaga de ser un elemento represivo en Ondárroa, así como de haber participado junto al líder de la Comunión Tradicionalista, Sixto de Borbón-Parma, en los sucesos de Montejurra en el año 76, que se saldaron con el asesinato de dos personas y decenas de heridos.

Al día siguiente a la muerte de José María, el 28 de diciembre a las cinco de la tarde, se celebró el funeral por el alma del fallecido en la Iglesia parroquial de Santa María, en Ondárroa. Para evitar posibles incidentes, la Policía Armada desplegó varios de sus efectivos en la localidad, mientras que miembros de la Guardia Civil se encargaron de controlar los accesos para impedir la entrada de gentes que no pertenecieran a la población y que no fueran familiares de la víctima. Una de las personas que fue retenida en los controles era precisamente Sixto de Borbón-Parma, líder de la Comunión Tradicionalista, al que, tras impedirle el acceso al pueblo, le fue permitido abandonar el lugar. La misa de cuerpo presente fue presenciada por una multitud, con la iglesia abarrotada, pese a que sólo se había permitido la entrada a los parientes de José María y a sus vecinos de Ondárroa. Algunos de los asistentes portaban boinas rojas y pegatinas con la bandera de España. El cuerpo de José María Arrizabalaga, con un rosario entre las manos, había sido vestido con el uniforme Requeté y el féretro estaba cubierto con la enseña nacional. Al finalizar el acto, varios jóvenes transportaron éste a hombros hasta el cementerio municipal.

La Jefatura Nacional de Requetés y la Comunión Tradicionalista-Carlista difundieron un comunicado tras el asesinato de José María Arrizabalaga, llevado a cabo el mismo día en que el rey Don Juan Carlos firmaba la Constitución. En el texto, dichas organizaciones calificaban el atentado como "un acto gravísimo cometido contra todos los requetés" y afirmaban que "ante la ineficacia de un Gobierno que no puede garantizar la vida de los ciudadanos, la sociedad tiene el derecho de actuar en legítima defensa", asegurando que "la Comunión Tradicionalista-Carlista y los requetés en ella encuadrados no tolerarán ni una provocación más".

El 8 de junio de 1980 una operación policial condujo a la detención de varios terroristas de ETA, entre los que se encontraban miembros de los grupos Oiz y Bizkargi, algunos de los cuales eran responsables directos del asesinato de José María Arrizabalaga. De este modo, la Audiencia Nacional condenó por el asesinato del bibliotecario a Juan Carlos Gorrindo Echeandia y a José Antonio Echevarri Ayesta a 23 años, 4 meses y un día de reclusión mayor, mientras que José María Sagarduy Moja era condenado a catorce años, ocho meses y un día de prisión menor por el mismo atentado.

José Antonio Echevarri Ayesta salió de prisión en enero de 2002, habiendo cumplido 22 de los 94 años de condenas que acumulaba. Por su parte, Juan Carlos Gorrindo Echeandia obtuvo el tercer grado penitenciario en agosto de 1996, tras haber cumplido 16 de los 58 años a los que había sido condenado por los asesinatos de Juan Cruz Hurtado Fernández y José María Arrizabalaga Arcocha, ambos cometidos en 1978. En el caso de Gorrindo, el juez de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, José Luis Castro, le concedió el tercer grado contra los criterios de la Fiscalía y de la Junta de Tratamiento del centro en el que estaba recluido, en Palencia. Gorrindo Echeandia fue trasladado a la prisión de Nanclares de la Oca (Álava), dentro de la política de acercamiento de presos del Ministerio del Interior para los reclusos en tercer grado penitenciario. Por último, en abril de 2011 quedó en libertad José María Sagarduy Moja, alias Cachatua y Gatza, tras haber cumplido 31 años en prisión, siendo el preso de ETA que más tiempo estuvo en prisión. Sagarduy fue condenado por los mismos asesinatos que el resto de miembros de grupo Bizkargi, pero no se vio beneficiado por las medidas de reducción de penas debido a que protagonizó una agresión a un funcionario de prisiones en la prisión de Sevilla en 1990 y un intento de fuga en la cárcel de Granada en 1993.

José María Arrizabalaga Arcocha, natural de Ondárroa (Vizcaya), tenía 27 años en el momento de su asesinato. Soltero y sin hijos, José María vivía con su hermana y su cuñado, trabajando como responsable de la biblioteca municipal de Ondárroa, situada en la Casa de la Cultura de dicha localidad, siendo también jefe de la Juventud de la Comunión Tradicionalista de Vizcaya. En el momento de su muerte llevaba un año de baja, tras haber sufrido una fractura en la columna vertebral durante un salto en unos ejercicios de paracaidismo, su deporte favorito. Un hermano de José María, Miguel Ángel Arrizabalaga, que había sido alcalde de Ondárroa durante seis años, declaró entonces:

Que yo sepa, no había recibido amenazas de muerte. José María era un carlista de los de siempre, un hombre muy de derechas, pero que no ha tenido nunca un problema en el pueblo. Es más, era apreciado por la mayoría [...] Desconozco la intención de los autores, pero seguro que su muerte y el atentado que sufrimos en la droguería hace siete años se debe a creer en Dios y amar a España.

El hermano de la víctima, Miguel Ángel, se refería con sus palabras a un atentado cometido con un artefacto explosivo en diciembre de 1971 contra la perfumería de su propiedad, situada en la calle Primo de Rivera de Ondárroa.

Pedro Pardo, pariente de ‘El Lute’, asesinado y enterrado bajo una falsa identidad

26 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El miércoles 26 de diciembre de 1984, sobre las 19:30 horas, dos miembros de la banda terrorista ETA asesinaban a tiros en Bermeo al propietario del bar Gurea Da, PEDRO PARDO ROMERO, disparándole a bocajarro en su propio bar y delante de varios miembros de su familia, entre ellos su hija Remedios.

A última hora de la tarde de aquel miércoles 26 de diciembre, dos jóvenes de unos 30 y 28 años, respectivamente, entraron en el bar Gurea Da, situado en el número 28 de la calle Intxausti, en el casco viejo de Bermeo (Vizcaya). Pedro Pardo, que utilizaba la identidad falsa de Miguel Castellanos Escamilla, era en realidad un merchero apodado El Peleas. En el interior del bar se encontraban, únicamente, Pedro Pardo, su esposa y varios de sus hijos. Una vez dentro, los jóvenes pidieron una consumición y uno de ellos, el que aparentaba mayor edad, de complexión normal, barba, pelo rubio rizado y 1,70 metros de estatura, sacó una pistola y disparó dos veces en la cara a Pedro Pardo, alcanzándole en el maxilar inferior y el pómulo derecho. Inmediatamente, los terroristas huyeron del lugar y escaparon, presumiblemente, en un coche que les esperaba en el exterior.

Pedro Pardo Romero fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja de Bermeo a la residencia sanitaria de Cruces, en Baracaldo, en gravísimo estado, pero falleció durante el trayecto. En el lugar del crimen, las Fuerzas de Seguridad recogieron dos casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum.

Poco después de cometerse el atentado, la Guardia Civil montó controles de vigilancia en Bermeo y sus alrededores. El 28 de diciembre, el diario ABC publicaba que según fuentes de la Policía Municipal de Bermeo, el propietario del bar Gurea Da, conocido como Miguel Castellanos Escamilla y que acababa de ser asesinado por ETA, se dedicaba al tráfico de estupefacientes. ETA reivindicaría el asesinato acusando a la víctima de "trapichear" con droga y ser "soplón" de la Guardia Civil, falsa acusación que la banda solía utilizar para justificar muchos de sus crímenes. La hija de la víctima, Remedios García Grande, ha contado a Libertad Digital que su padre jamás fue un soplón: "mi padre, antes muerto que ser soplón". Bajo la falsa identidad de Miguel Castellanos el día siguiente al atentado, 27 de diciembre, fue enterrado en el cementerio vizcaíno de Derio el cuerpo sin vida de Pedro Pardo Romero, después de que hubieran sido oficiadas las honras fúnebres.

El asesinato de Pedro Pardo, como el de tantos otros en los años de plomo, no generó numerosas reacciones políticas. Tan sólo el secretario general del Partido Socialista en Vizcaya, Ricardo García Damborenea, condenó públicamente el atentado. Damborenea hizo público un comunicado en el que, además de condenar el crimen, reclamaba a los ciudadanos "toda la colaboración que pueda contribuir a desenmascarar a los asesinos" y lamentaba que "en Navidad, cuando todos estamos intentando buscar soluciones a nuestros problemas, ETA sigue empeñada en recordarnos su existencia y en convencernos de lo que ya sabíamos: que sabe matar".

En 1987 la Audiencia Nacional condenaba al ex policía municipal de Bermeo Fernando Uriarte Elorduy a 17 años, 4 meses y un día de prisión por su complicidad en el asesinato de "Pedro García Suárez", identidad falsa atribuida a Pedro Pardo Romero tras descubrirse en 1985 que el nombre que utilizaba, Miguel Castellanos, no se correspondía con el verdadero. Así, de error en error durante años, la Fiscalía había solicitado 27 años de cárcel para Uriarte, por haber ofrecido su domicilio a miembros de ETA y por haberles dado datos sobre la persona que regentaba el bar Gurea Da, en Bermeo. Los asesinos se habrían refugiado en casa de Uriarte tras el crimen y al día siguiente se habrían dado a la fuga. En 1987, el diario ABC recogía la petición de la Fiscalía arrastrando los sucesivos errores en la identificación del fallecido: "La víctima fue identificada como Miguel Castellanos Escamilla, y así se procedió al entierro, pero la Guardia Civil aclaró después que se trataba de Pedro García Suárez, natural de Salamanca, de raza gitana". Ocho años después del atentado, en 1992, los medios todavía recogían noticias citando a Uriarte Elorduy como colaborador en el asesinato de "Pedro García Suárez" (ABC 3/7/1992) mientras que aún hoy, en los listados oficiales del Ministerio del Interior, la víctima figura bajo la identidad también falsa de "Miguel Castellanos Escamilla".

El ex policía municipal Fernando Uriarte Elorduy, que también sería condenado por su colaboración en otros atentados como el del teniente de Navío Antonio de Vicente Comesaña, vio cómo se le aplicaba el artículo 45 del Reglamento Penitenciario, disfrutando de régimen abierto –tercer grado– pocos años después de ser condenado. Uriarte, que fue encarcelado en 1986, cumplió solamente 4 años en prisión pese a que en 1995 ya acumulaba penas que sumaban más de 57 años (ABC, 15/8/1995).

Pedro Pardo Romero era natural de Cristóbal de la Sierra (Salamanca), aunque ni siquiera este dato es seguro, dado el error en la identificación de la víctima que se arrastró durante años. Estaba casado con Piedad Grande Blanco y tenía seis hijos, cinco chicos y una chica. Uno murió de meses por una pulmonía, otro fue atropellado por un coche cuando tenía 9 años, y otros tres murieron por las drogas. 

El número de noviembre de 1997 de la revista de la Guardia Civil arrojó algo de luz sobre la identidad de la víctima. En dicho número, el subteniente de la Guardia Civil José Luis Cervero Carrillo escribía que la verdadera identidad del fallecido ya había sido descubierta en 1985, tras cotejar sus huellas dactilares, por el entonces capitán Antonio Martínez-Herrera Escribano. Según Cervero Carrillo "el muerto era en realidad el huidizo quinqui Pedro Pardo Romero y no el inocente Miguel Castellanos".

Pedro Pardo Romero, pariente del célebre Eleuterio Sánchez, El Lute, era un peligroso delincuente conocido como El Peleas. En enero de 1966 estuvo involucrado en una reyerta ocurrida en El Payo (Salamanca), entre familias quinquis, en la que resultó muerto su cuñado y él acabó gravemente herido, hospitalizado en Ciudad Rodrigo bajo la identidad falsa de Pedro García Suárez, que años después figuraría en la sentencia por su asesinato. Diez años después de dicha reyerta, El Peleas fue detenido en Barcelona por varios atracos. Fue precisamente en esa ciudad donde en 1975 Pedro Pardo Romero había robado el permiso de conducir y el DNI de Miguel Castellanos Escamilla, identidad ésta bajo la que sería enterrado tras su asesinato.

En junio de 2009, la hija de Pedro Pardo, Remedios García Grande, decidió contar en las páginas del semanario Interviú sus vivencias en el seno de una familia de mercheros, relatando cómo fueron aquellos años envueltos en robos, abusos sexuales, tráfico de drogas y prostitución. Un año después, en junio de 2010 veía la luz la biografía de Remedios, titulada Ni una palabra más (Ed. Beatriz Celaya Barturen, 2010), en la que profundizaba en el relato de esa complicada vida nómada en la que su familia deambuló por Salamanca, Barcelona, San Baudilio de Llobregat, Bermeo... y en la que ella vio cómo la cárcel, la hepatitis, el alcohol, la heroína y el SIDA acababan con sus tres hermanos, hasta que finalmente la banda terrorista ETA asesinó a su padre disparándole dos tiros en la cara.

Según el testimonio de Remedios, desde niña vio cómo su padre se dedicaba al contrabando de tabaco, a atracar casas y joyerías, a recorrer España robando. Vio cómo pegaba a su madre cada vez que salía de prisión. Sufrió en carne propia los abusos de El Peleas y vio cómo éste convertía en camellos a sus propios hijos. Según declaró a Interviú la hija de Pedro Pardo, una vez estuvieron establecidos en Bermeo "cuando los periódicos hablaban de robos y violaciones en el monte de Artxanda, yo intuía que era él. Luego veía que llegaba a casa con joyas robadas". Allí, El Peleas comenzó montando timbas ilegales y rápidamente se hizo con el negocio de la heroína en el pueblo. Ocho años después de haber llegado a Bermeo, Pedro Pardo Romero recibió una carta de ETA: o se marchaba o le matarían, tal y como finalmente sucedió. Su hija resumía en Interviú cómo fueron los momentos siguientes, tras el funeral y el entierro de la víctima con la falsa identidad: "al día siguiente salimos a escondidas, como ratas".

A finales de los 90, Remedios decidió devolverle a su padre su verdadera identidad, lo que realmente conseguiría tras un calvario judicial que acabaría en 2002. Remedios, que conoce mejor que nadie quién era su padre y que lo sufrió en primera persona, afirmaba en 2010, en una entrevista recogida en El Correo a propósito de la publicación de su biografía, que "si un juez le hubiera metido veinte o treinta años en la cárcel, yo no habría tenido nada en contra. Pero, por malo que fuera, ETA no tenía derecho a matarle".

José Antonio Peña, guardia civil asesinado por una bomba en un centro comercial en Oyarzun

24 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El miércoles 24 de diciembre de 1986, a las 20:40 horas, una bomba colocada por miembros de la banda terrorista ETA en un Pryca del centro comercial Mamut de Oyarzun (Guipúzcoa) segaba la vida del guardia civil JOSÉ ANTONIO PEÑA MEDINA. La explosión provocó heridas leves a dos empleados del establecimiento, Simón Arasti y Calixto Sánchez. El atentado estaba encuadrado en la campaña que ETA había iniciado contra los intereses de empresas francesas en España.

A últimas horas de la tarde del día 24 de diciembre de 1986, el etarra Francisco Ramón Uribe, acompañado de un segundo miembro de la banda, robó un coche en la localidad de Lasarte tras amenazar a la propietaria del vehículo con una pistola. Los terroristas llevaron a la mujer al campo de fútbol de Zubieta y, una vez allí, la dejaron en libertad tras advertirle que no denunciara los hechos. Poco después se dirigieron al hipermercado del grupo francés Pryca en Oyarzun donde colocaron un artefacto explosivo. Minutos antes de las 20:00 horas, varias llamadas anónimas avisaban a los responsables del centro comercial y a la Asociación de Ayuda en Carretera Detente y Ayuda (DYA) de Guipúzcoa de la colocación de una bomba en el hipermercado. Según el anunciante, ésta haría explosión a las 20:30 horas. Rápidamente, un equipo de especialistas en desactivación de explosivos de la Guardia Civil de Oyarzun se desplazó hasta el lugar. Una vez allí, los guardias ordenaron que el hipermercado, que ya había cerrado sus puertas al público, fuera desalojado y la zona acordonada. Sin embargo, a la hora indicada en las llamadas telefónicas, las 20:30, no se produjo ninguna explosión. Los guardias civiles, ayudados por un vigilante de seguridad y por un empleado de limpieza del propio centro, continuaron buscando el artefacto entre los bolsos y paquetes de los clientes, en la zona de la consigna. Diez minutos después de la supuesta hora límite, mientras José Antonio Peña inspeccionaba un bolso, tuvo lugar la explosión. Peña Medina recibió de lleno el impacto de la onda expansiva, falleciendo en el acto y quedando su cuerpo completamente destrozado, mientras que los empleados Simón Arasti y Calixto Sánchez sufrieron contusiones, así como heridas leves en la cara y el cuero cabelludo, respectivamente. Uno de los testigos presenciales relató los momentos previos a la explosión:
Uno de los guardas del establecimiento estaba dejando un bolso en el mostrador de consigna, junto a un guardia civil, que le pidió una linterna y le dijo que se alejase por si había dentro alguna bomba. No le dio tiempo a alejarse, porque inmediatamente se produjo una fuerte explosión, que provocó la caída de ladrillos y maderas y mucho polvo, e inmediatamente después vi al guarda caído en el suelo y sentí dolor en la cabeza y la pierna (…) ha sido un milagro que no nos pasase casi nada.
La bomba, compuesta por entre 2 y 3 kilos de explosivo, 2 de metralla y un temporizador, estaba oculta en una bolsa de deportes, a unos setenta centímetros del suelo. Tras la explosión, los dos heridos precisaron curas de urgencia y fueron posteriormente trasladados a centros hospitalarios, sin que se pudiera hacer nada por la vida del guardia civil Peña Medina. La zona de la consigna, situada cerca de la puerta principal del hipermercado, sufrió considerables daños materiales. Como en tantas otras ocasiones, la fortuna quiso que el atentado de ETA no acabase convirtiéndose en una auténtica masacre: el horario habitual de cierre del hipermercado eran las 22:00 horas, pero con motivo de la Nochebuena ese día la hora de cierre se había adelantado dos horas, facilitando notablemente el desalojo del local por parte de los agentes de la Benemérita. 
 
Dos días después del atentado, el 26 de diciembre, ETA militar se responsabilizaba del asesinato del guardia civil José Antonio Peña Medina en comunicados enviados a distintos medios de comunicación vascos. Asimismo, la banda terrorista reivindicaba otros atentados contra empresas de capital francés, como el cometido el día de Navidad contra un hotel de la cadena Novotel, en Madrid. Según los asesinos de la banda, la cooperación del Gobierno francés con el español “debilita el movimiento nacionalista vasco y trata de internacionalizar la represión contra los vascos implicando a otros gobiernos en su política antivasca”. El hipermercado de Pryca, uno de los más importantes de Guipúzcoa, había sufrido anteriormente otro atentado con explosivos y formaba parte de la lista de empresas de capital francés a las que Gestoras pro Amnistía recomendaba no acudir, en su “campaña a favor de los refugiados”, lo que en la práctica significaba señalarlas como objetivos de ETA, debido a la colaboración que Francia estaba prestando a España en materia de extradiciones. A consecuencia de los dos atentados y las numerosas amenazas anónimas recibidas, los responsables del hipermercado decidieron instalar un sofisticado sistema de seguridad que incluía numerosas videocámaras. Ocho meses después del atentado que le costó la vida al guardia civil José Antonio Peña Medina, en agosto de 1987, esas mismas cámaras de seguridad servirían para identificar a un sargento y a un cabo primero de la Guardia Civil, detenidos tras haber colocado, en el mismo centro comercial de Oyarzun, una bomba compuesta por 250 gramos de goma-2. Según confesaron ellos mismos, el objetivo de la colocación de la bomba era extorsionar a los responsables del centro, exigiéndoles entregas de dinero a cambio de no colocar más artefactos explosivos. El cabo primero pertenecía al Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Guardia Civil en Guipúzcoa.
 
Al día siguiente del atentado, el 25 de diciembre, se celebraron en el Salón del Trono del Gobierno Civil de Guipúzcoa, en San Sebastián, los funerales por el guardia civil asesinado. Al acto asistieron el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, los gobernadores civiles de Guipúzcoa y Vizcaya, Julen Elorriaga e Iñaki López, respectivamente, y el capitán general de los Pirineos Occidentales. Desde la noche anterior la viuda del guardia civil se negó a separarse del féretro. Durante la ceremonia, apoyada en dos guardias civiles y sin separarse en ningún momento del ataúd, no dejó de repetir una y otra vez “te quiero”, protagonizando escenas de gran dolor, conmoción y nerviosismo, llegando a gritar a los asistentes “iros, iros todos de aquí”. Tras el oficio una compañía de los Grupos Antiterroristas Rurales (GAR) y la banda de música de la Guardia Civil de Logroño rindieron honores a José Antonio Peña. Poco después, sus restos mortales fueron trasladados al aeropuerto de Fuenterrabía para viajar en avión hasta Granada desde donde, por carretera, fueron transportados hasta la localidad jienense de Castillo de Locubín. 
 
En Jaén, en la Comandancia de la Benemérita en dicha localidad, fue instalada una capilla ardiente. Desde allí, a mediodía del 26 de diciembre, miembros de la Guardia Civil condujeron a hombros el féretro hasta la Iglesia parroquial de San Félix de Valois, donde se ofició el funeral previo al entierro del agente asesinado. Más de una docena de coronas de flores, enviadas por amigos del fallecido, instituciones oficiales y la Asociación de Mujeres de Guardias Muertos por el Terrorismo, precedían al féretro a su llegada. Tras éste, cubierto con la bandera nacional y el tricornio, iban la viuda y la madre de José Antonio Peña. En la homilía, el capellán de la Guardia Civil que oficiaba el acto, Juan Bautista Monzón, señaló que “por desgracia, hechos como éste forman parte de nuestra cruz de cada día”, indicando que Peña Medina había sido “una víctima más del odio desenfrenado y de la violencia sin sentido”. El capellán aseguró que “asistimos prácticamente impotentes a situaciones que resultan insostenibles” ante la presencia de los cientos de guardias civiles y policías que acudieron a la ceremonia. Entre los asistentes estuvieron presentes el delegado del Gobierno en Andalucía, Tomás Azorín; el presidente de la Diputación, Cristóbal López Carvajal; el coronel jefe del Tercio de Granada, José García Mendoza; el gobernador civil, Francisco Rodríguez Caracuel y el alcalde de Jaén, José María de la Torre. En el momento en que los asistentes a la misa se daban la paz, la viuda, Josefa Melero, se abrazó al féretro de José Antonio Peña y besó el tricornio que había pertenecido a éste. Tanto durante el funeral como posteriormente, grupos de personas dieron vivas a la Guardia Civil y gritaron consignas de “muerte a ETA”, “granujas”, “bandidos”, “esto es lo que tenemos para rato”, “esto es la democracia” o “los de ETA no mueren, pero sí mueren los desgraciados”. Los dos hijos de José Antonio Peña, de corta edad, no asistieron al funeral, ya que su madre les había dicho que su padre se había marchado “con Papá Noel para entregar juguetes a niños en lugares muy lejanos”. Terminado el oficio, el cadáver de José Antonio Peña Medina fue finalmente inhumado en el cementerio de San Fernando, donde había sido previamente enterrado su padre, el también guardia civil Antonio Peña Aguayo.
 
El funeral por el alma de José Antonio Peña en San Sebastián había sido el primero al que asistiera Luis Roldán desde su toma de posesión como director de la Guardia Civil. Al término de aquél, Roldán manifestó que “los atentados terroristas se comentan y valoran por sí mismos, pues no son más que agresiones a la libertad del País Vasco y, consecuentemente, a la libertad de todos los españoles”, señalando que “en el resto de países, los odios y tensiones en el día de Navidad se aminoran y, sin embargo, quienes agreden permanentemente al pueblo vasco y al pueblo español ni siquiera respetan esa fecha entrañable”. Por su parte, Euskadiko Ezkerra hizo público un comunicado en el que la formación afirmaba que el asesinato de Peña Medina ponía de relieve “el total desprecio de ETA a la voluntad popular recientemente expresada en las urnas”. Pocos días después del atentado, el 29 de diciembre, altos cargos del Ministerio del Interior organizaron una visita a distintos acuartelamientos de las Fuerzas de Seguridad, para mostrar su solidaridad con los agentes en las fechas navideñas. El secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, y los directores generales de la Policía y la Guardia Civil, José María Rodríguez Colorado y Luis Roldán, acudieron a varios centros para mostrar su apoyo a los agentes destinados en el País Vasco y paliar, de algún modo, la desmoralización que se había puesto de manifiesto tras el fallecimiento de Peña Medina.
 
En abril de 1996, la Audiencia Nacional condenaba a Francisco Ramón Uribe Navarro a penas que sumaban 50 años y cuatro meses de cárcel por el atentado en el que perdió la vida el guardia civil Peña Medina. Uribe Navarro fue detenido en junio de 1994 durante una operación llevada a cabo por la Guardia Civil, en la que también fueron detenidos, entre otros, Eusebio María Lasarte Balerdi, Luis Gorriti Pagola, Javier Picabea Aizpurua y María Encarnación Martínez Fernández.
 
José Antonio Peña Medina, de veintiséis años y natural de Castillo de Locubín (Jaén), estaba casado con Josefa Melero García y tenía dos hijos de 4 y 2 años de edad. Siguiendo los pasos de su padre, Antonio Peña Aguayo, José Antonio había ingresado en el Instituto Armado en 1981 y llevaba viviendo en Oyarzun desde 1983. Su madre se encontraba en Madrid, compartiendo las fiestas navideñas con otros familiares, cuando recibió la noticia de la muerte de José Antonio, tras la cual se trasladó a Jaén para esperar la llegada del cuerpo y acompañar a la viuda. La muerte de José Antonio Peña causó una especial conmoción entre los guardias civiles de la provincia de Jaén, ya que la mayor parte de ellos eran conocidos del joven o lo habían sido de su padre.
 
En marzo de 2005, según Real Decreto 319/2005, “con el deseo de honrar la memoria de los militares y guardias civiles que fueron asesinados en atentado terrorista”, José Antonio Peña Medina fue ascendido con carácter honorífico y a título póstumo al puesto de Cabo.
 
José Antonio Peña fue la última de las cuarenta y dos víctimas mortales del año 1986.

Pedro Garrido Caro y el general Atarés, juzgado por enfrentarse a Gutiérrez Mellado

23 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A las 22:50 horas del 23 de diciembre de 1978 la banda terrorista ETA acribillaba a balazos en San Sebastián al comerciante PEDRO GARRIDO CARO, a su mujer, Filomena González Carrilero, y a su hija de 7 años, María Pilar. Los tres se encontraban en el interior de la tienda de ultramarinos Ana Mari, comercio que regentaba el matrimonio, situado en el paseo de Alza de la capital donostiarra.

Pedro había llegado esa noche a San Sebastián desde su pueblo natal, Miajadas (Cáceres) y, antes de dirigirse a su domicilio, pasó por la tienda de comestibles donde le esperaban su mujer y su hija. Pedro llegó a la tienda hacia las once menos diez, y su mujer, Filomena, le abrió las persianas. Miembros del grupo Txirrita de ETA, que estaban apostados en el exterior de la tienda, entraron en el establecimiento y abrieron fuego indiscriminadamente con una metralleta contra Pedro, su mujer y su hija. Garrido Caro, alcanzado por tres disparos en el estómago, abdomen y cuello (seccionándole la yugular) falleció en el acto. Su mujer recibió ocho impactos de bala (dos en el abdomen y seis en diversas partes del cuerpo) y fue operada de urgencia en el Hospital de la Cruz Roja, pudiendo salvar la vida milagrosamente. Tardó ochocientos diez días en curar sus heridas, de las que le quedaron secuelas de por vida, cicatrices y dificultades para andar. La niña recibió un balazo en el muslo derecho y otro en el abdomen y fue intervenida en el el Hospital de Nuestra Señora de Aránzazu. Tardó quince días en recuperarse de sus heridas.

El mismo día del asesinato de Pedro Garrido Caro, el cadáver de José Miguel Beñarán Ordeñana, Argala, uno de los etarras participantes en el magnicidio de Carrero Blanco, cruzó la frontera francesa y fue recibido por un centenar de personas. Una caravana de doscientos coches siguió el furgón fúnebre del asesino de la banda hasta Arrigorriaga, donde se instaló la capilla ardiente. Juan María Bandrés envió un telegrama de pésame a la familia y, por la tarde, se celebró un multitudinario funeral organizado por KAS.

En febrero de 1982 la Audiencia Nacional condenó a Manuel María Ostolaza Alcocer y Luis María de Marcos Olaizola a sendas penas de 29 años de cárcel por el asesinato, en colaboración con un tercer terrorista no identificado, de Pedro Garrido, y a 4 años, 3 meses y un día por las lesiones provocadas a la esposa e hija de la víctima. El grupo Txirrita de ETA fue desarticulado por la Policía a finales de enero de 1981. Además de Ostolaza Alcocer y De Marcos Olaizola, en la misma operación fueron detenidos otros miembros del grupo como el sacerdote capuchino Fernando Arburúa Iparraguirre, que sería condenado por otro asesinato cometido por Ostolaza y De Marcos Olaizola, el del guardia civil Félix de Diego Martínez el 31 de enero de 1979, pero no por el de Pedro Garrido Caro.

Pedro Garrido Caro tenía 58 años. Era natural de Miajadas (Cáceres). La banda terrorista justificó el asesinato acusándolo de estar relacionado con la Policía. Al parecer, Garrido Caro era militante falangista. Aunque fue enterrado en San Sebastián, mientras su mujer permanecía en el hospital, tiempo después sus restos mortales fueron trasladados a su localidad natal en Cáceres.

A las doce y cuarto de la mañana del 23 de diciembre de 1985, víspera de Nochebuena, la banda terrorista ETA asesinaba en Pamplona (Navarra) de tres tiros por la espalda al general de Brigada de la Guardia Civil JUAN ATARÉS PEÑA. La víctima se encontraba paseando por el parque de la Vuelta del Castillo, a escasos metros de su vivienda, algo que solía hacer de forma habitual. Dos etarras se apearon de un vehículo Renault 5, robado y con matrícula falsa, y cruzaron a la carrera el parque por el mismo camino por el que paseaba el general Atarés. Sin mediar palabra, la terrorista Mercedes Galdós Arsuaga disparó al militar a bocajarro y por la espalda. Dos de las balas le alcanzaron en la nuca, y una tercera, en la espalda. Tras comprobar que Atarés estaba muerto, abandonaron corriendo la zona. Un tercer miembro de la banda (Juan José Legorburu Guerediaga) les esperaba en el vehículo con el motor en marcha para emprender la huida. El turismo sería localizado dos horas después a un kilómetro de distancia del lugar en que se cometió el atentado. Artificieros de la Policía Nacional situaron una pequeña carga explosiva en el coche con el fin de comprobar que no había sido colocada ninguna bomba-trampa. La Policía recogió en el lugar del asesinato tres casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, de fabricación checa.

A los pocos minutos de cometerse el asesinato, la mujer del general, María Luisa Ayuso, y varios hijos del matrimonio, llegaron al lugar del crimen. Al día siguiente, los medios de comunicación recogieron la foto de la viuda arrodillada y abrazada al cadáver de su marido mientras una de las hijas sólo acertaba a decir, entre sollozos: "Papi, papi, qué bueno era".

Posteriormente acudieron al lugar del crimen el delegado del Gobierno en Navarra, Luis Roldán, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Pamplona, y un sacerdote, quien le administró los santos óleos. Sobre la una de la tarde, el juez ordenaba el levantamiento del cadáver, que había sido cubierto con una manta por miembros de la Cruz Roja y de la asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda (DYA). En el lugar en que se cometió el atentado, varias personas colocaron ramos de flores rojas y cintas con la bandera española.

Los restos mortales del general asesinado fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense del Hospital de Navarra, desde donde posteriormente el féretro fue llevado a la Comandancia de la Guardia Civil. Allí se instaló la capilla ardiente por deseo expreso de la viuda, que se negó a que se instalase en la sede del Gobierno Civil. El funeral se celebró a las once y media de la mañana del día siguiente, 24 de diciembre, en la citada Comandancia, en un ambiente de enorme tensión. Se produjeron abucheos, insultos e intentos de agresión al director general de la Guardia Civil, teniente general José Sáenz de Santamaría y a otras autoridades asistentes al mismo. Cuando las autoridades se dirigían a los vehículos que les trasladaron al cementerio se produjeron los mayores incidentes, ya que hasta entonces éstos no habían pasado de los insultos, silbidos y abucheos. En ese momento, varios grupos de personas intentaron abalanzarse sobre el general Sáenz de Santamaría, cuando éste se introducía en su automóvil. La rápida intervención de la Policía Nacional y de la Guardia Civil impidió que estos grupos pudiesen conseguir su objetivo, aunque no lograron evitar que esas personas golpeasen el vehículo y que cayese sobre el mismo una lluvia de monedas, algo que también ocurrió al paso de otros coches en los que iban diversas autoridades civiles y militares.

Era la quinta vez que la banda terrorista ETA intentaba asesinar al general de Brigada Juan Atarés. Pese a los intentos anteriores, Atarés se había negado a llevar escolta. El general Atarés estaba en la reserva activa desde 1979, tras un incidente de insubordinación ocurrido a mediados de noviembre de 1978 en Cartagena con el entonces ministro de Defensa y vicepresidente del Gobierno Manuel Gutiérrez Mellado y delante de un millar de oficiales del Ejército y la Guardia Civil. El incidente se produjo en mitad de un coloquio sobre la Constitución. Tras la intervención del capitán de corbeta Gonzalo Casado, se levantó Atarés, que era jefe de la III Zona de la Guardia Civil, y, en actitud muy excitada, pronunció frases contra el Gobierno y la Carta Magna. Un pequeño grupo de asistentes le aplaudió. Gutiérrez Mellado le ordenó que saliese de la sala y dos generales le acompañaron para cumplir la orden. Cuando ya iniciaba la salida, se volvió sobre sus pasos y, dirigiéndose al vicepresidente del Gobierno, lo llamó "embustero" y "traidor". A continuación, el teniente general Gutiérrez Mellado dijo que los que estuviesen de acuerdo con Juan Atarés se levantasen de sus asientos y saliesen de la sala. Nadie lo hizo, cerrándose el acto en medio de una gran tensión. Atarés fue juzgado en un consejo de guerra del que saldría absuelto, quedando en situación de reserva activa. Una de sus hijas, Matilde Atarés Ayuso, declaró en febrero de 2010 que el consejo de guerra "no fue más que por decir al entonces ministro de Defensa y vicepresidente del Gobierno que, frente a la opinión de que el fin de ETA estaba próximo, él estaba harto de enterrar guardias civiles y sin ánimos para seguir consolando a viudas y huérfanos".

En el año 1987 la Audiencia Nacional condenó a Juan José Legorburu Guerediaga y a Mercedes Galdós Arsuaga a sendas penas de 29 años de años de prisión por el asesinato de Juan Atarés Peña. En la misma sentencia fue condenada María Cruz Azcona Larreta como cómplice del asesinato a 10 años de prisión mayor.

Años después, en septiembre de 2011, la Audiencia Nacional absolvió a María Jesús Arriaga del asesinato del general de Brigada. El fiscal, que pedía 28 años para Arriaga, sostuvo en la vista oral que ésta alojó en su vivienda a los autores materiales del atentado, los dos ya condenados en 1987 y un tercero, Juan María Lizarralde, "ya fallecido" en los sucesos de la Foz de Lumbier en junio de 1990 en los que también falleció la etarra Susana Arregui Maiztegui y el sargento de la Guardia Civil José Luis Hervás Mañas. Para mantener la acusación contra María Jesús Arriaga, el fiscal se basó en la declaración de Galdós y Legorburu cuando fueron detenidos. Sin embargo, durante su declaración como testigos en la vista oral dijeron que habían acusado a Arriaga para permitir que otros miembros de ETA pudieran huir. Por su parte, la acusada admitió ante el tribunal que conocía a Galdós y a Legorburu, pero solo porque habían mantenido un par de citas con ellos en las que le solicitaron que colaborara con ETA, a lo que se negó. El tribunal en su sentencia declaró que no quedó acreditada la participación de la imputada en los hechos, porque la Fiscalía no aportó el acta de entrada y registro en el domicilio de Arriaga, en el que se encontraron tres pistolas y una metralleta, ni el mandamiento judicial que lo autorizaba. No obstante, hay que señalar que para el tribunal, presidido por el juez Gómez Bermúdez, las primeras declaraciones de los etarras "resultan más verosímiles", ya que "no parece posible que se hubiesen podido poner de acuerdo en involucrar a Arriaga de no ser cierta su participación en los hechos". Añade en la sentencia que "sorprende que actualmente, cuando han transcurrido casi 25 años de estos hechos, la versión que prestan Legorburu y Galdós sea absolutamente coincidente con la versión que hoy por primera vez da la acusada sobre la forma en que se conocieron. De tratarse simplemente de una persona que hace 25 años se negó a colaborar con ellos, sería un hecho tan irrelevante que difícilmente pudiese ser recordado por todos de forma tan coincidente", concluye la sentencia.

Juan Atarés Peña de 67 años, era natural de Huesca. Estaba casado con María Luisa Ayuso y tenía ocho hijos. Nada más ser asesinado su marido, María Luisa Ayuso manifestó a los medios de comunicación que lamentaba la situación por la que estaba atravesando España e insistió en que perdonaba "de todo corazón" a los autores del asesinato de su marido, a quien calificó de hombre estupendo, honrado, que había hecho de la dignidad, el amor a Dios y a España un culto. Cuando se le preguntó su opinión sobre las medidas de reinserción de miembros ETA, señaló que no estaba de acuerdo con ellas.

Perdonamos a todos, pero no podemos admitir que personas implicadas en delitos sangrientos salgan tranquilamente a la calle, mientras que otras, pobres que roban un racimo de uvas para poder comer, tengan que pagar la totalidad de la condena en la cárcel (ABC, 24/12/1985).

Los restos mortales del general de Brigada Juan Atarés recibieron sepultura en el cementerio de San José de Pamplona. 

Engraciano González Macho, empresario, y Luciano Cortizo, comandante de Artillería

22 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

En torno a las 20:00 horas del 22 de diciembre de 1988, la banda terrorista ETA asesina en Zarauz (Guipúzcoa) al empresario de hostelería ENGRACIANO GONZÁLEZ MACHO. Hacía apenas seis meses que Engraciano había abierto en Zarauz un pub, el Antxi, y ahí se encontraba cuando el etarra Juan Carlos Balerdi Iturralde entró y se pidió una consumición. Minutos después le descerrajó dos tiros en la cabeza que provocaron la muerte en el acto de Engraciano, que se encontraba en ese momento detrás de la barra del pub. Fuera del local aguardaba un segundo terrorista para cubrir la acción de Balerdi Iturralde, y un tercero esperaba a ambos en un vehículo en el que emprendieron la huida.

La misma noche del asesinato, el gobernador civil de Guipúzcoa, José Ramón Goñi Tirapu, acusó a ETA del mismo y señaló al mismo "comando que el pasado domingo colocó un coche-bomba en Éibar y mató a un policía", en referencia al agente José Antonio Barrado Recio. Asimismo, Goñi Tirapu señaló a los medios de comunicación que en el pub se habían encontrado tres casquillos de bala "de la misma munición que utiliza el comando Éibar".

Pocos meses después, en abril de 1989, la Guardia Civil desarticuló el grupo Éibar de ETA y detuvo a varios de sus miembros: Juan Carlos Balerdi Iturralde, alias Eneko, Jesús María Ciganda Sarratea y Fermín Urdiain Ciriza (hermano de Juan Ignacio, que había sido detenido por la Policía francesa cuatro días antes). El Gobierno Civil de Guipúzcoa indicó que, antes de ser reducido, Fermín Urdiain efectuó dos disparos con su pistola contra un guardia, que respondió con una ráfaga intimidatoria. Las mismas fuentes señalaron que Fermín Urdiain dejó de disparar porque se le encasquilló la pistola y que al ser reducido preguntó insistentemente al guardia que por qué no le había matado. Balerdi Iturralde, alias Eneko, Ciganda Sarratea y Urdiain Ciriza fueron condenados en 1990 por la Audiencia Nacional a sendas penas de 30 años de reclusión mayor por el asesinato de Engraciano. El mismo fallo encontró culpables del delito de asesinato por cooperación necesaria a José Cándido Zubicaray Badiola y José María Beristain Urbieta, por lo que fueron condenados a sendas penas de 27 años de reclusión mayor.

Engraciano González Macho, de 41 años, era natural de Ondárroa (Vizcaya). Estaba casado con Ester Bidasoro y tenía dos hijos, un muchacho de 15 años y una niña de 10. La banda terrorista ETA acusó a Engraciano de estar vinculado con el tráfico de drogas, acusación que utilizó como justificación del crimen. Su viuda rechazó categóricamente cualquier relación de su marido con las drogas, pues también se había especulado en los medios de comunicación con que el empresario había abandonado Ondárroa instalándose en Guetaria tras haber recibido amenazas por dedicarse, precisamente, al tráfico de estupefacientes. La madre de Engraciano González fue incluso a hablar con Goñi Tirapu, entonces gobernador civil de Guipúzcoa, para pedirle que limpiara el nombre de su hijo. Así lo contó el propio Goñi Tirapu en El confidente: la negociación ETA que sí funcionó (Espasa Calpe, 2005):

Era una mujer mayor, menuda, vestida de luto y con una profunda expresión de tristeza. Se sentó frente a mí y, sin más preámbulos, me pidió que limpiara públicamente el nombre de su hijo de las calumnias vertidas por los asesinos y sus cómplices (...) Conmovido, hablé con un periodista, le conté el drama de aquella mujer y le pedí que, por favor, y en aras de su mayor repercusión, desmintiera desde las páginas de su periódico cualquier relación de Engraciano con el narcotráfico. La media hora de conversación se resumió en una línea escondida entre las miles de líneas de un periódico perdido entre el montón de periódicos que se escriben todos los días" (citado por Alonso, R., Florencio Domínguez, F., y García Rey, M. Vidas Rotas, Espasa 2010, pág. 703).

Engraciano González Macho fue la última víctima mortal del año 1988 en el que la banda terrorista ETA asesinó a diecinueve personas.

El viernes 22 de diciembre de 1995 la banda terrorista ETA asesinaba en León mediante una bomba-lapa colocada en los bajos de su vehículo al comandante de Artillería del Ejército LUCIANO CORTIZO ALONSO, que falleció en el acto, hiriendo de gravedad a su hija de 18 años Beatriz Cortizo Ordóñez, con lesiones en el abdomen, las piernas y los brazos. La joven fue intervenida de urgencia por espacio de siete horas. En el curso de la operación, los médicos le extirparon el bazo y le reconstruyeron zonas de la pierna y el brazo izquierdos que habían quedado seriamente dañadas.

La explosión de la bomba también causó lesiones de menor consideración a tres transeúntes que pasaban por la avenida de Ramón y Cajal, una vía muy céntrica de la capital leonesa. Diego Fouces Martínez, de 25 años, sufrió lesiones en la pierna izquierda y traumatismo facial, quedando ingresado en un centro hospitalario de León. Los otros dos heridos –Aroa Castro Díez, de 16 años, herida en la cara, y José María Fernández González, de 56, con heridas leves en una pierna–, fueron dados de alta pocas horas después.

El militar había recogido momentos antes a su hija y comenzó a circular con el vehículo por las calles de León, sin ser consciente de que llevaba adosada una bomba en los bajos del mismo. La explosión del coche del comandante Cortizo se produjo a las 13:25 horas a la altura del número 6 de la avenida de Ramón y Cajal, justo en el momento en el que el vehículo se había parado en un semáforo en rojo, en el que también había detenidos otros siete u ocho coches. El vehículo del comandante, un Ford Orion color crema metalizado, quedó totalmente destrozado. Minutos después de la explosión dos hombres y una mujer salieron huyendo en un Peugeot de color gris con matrícula de Bilbao, circulando a gran velocidad por las calles céntricas de la ciudad, según indicaron varios testigos presenciales del atentado.

Pocos minutos antes de que el artefacto hiciera explosión, unos doscientos alumnos habían abandonado la Academia Cervantes, próxima al lugar de los hechos. Así lo confirmó el director de la misma que relató que en el momento del atentado sintieron "una explosión que hizo temblar el edificio; vimos una gran bola de humo y, cuando bajamos a la calle, nos encontramos con un cadáver destrozado junto a la acera, a una joven grave y a otros heridos". El centro escolar estaba en el primer piso del número 8 de la avenida de Ramón y Cajal, al lado del semáforo en el que en ese momento se encontraba detenido el vehículo del comandante Cortizo Alonso. También en los alrededores del lugar de la explosión se encuentran los institutos Legio VII (donde estudiaba Beatriz, la hija del comandante Cortizo) y Juan del Enzina. La tragedia podría haber sido mucho mayor, porque muchos estudiantes celebraban por los alrededores el inicio de las vacaciones navideñas.

Luciano Cortizo viajaba habitualmente en su coche particular como medida de seguridad recomendada por el Gobierno Militar, que había desaconsejado el uso de vehículos oficiales, especialmente desde el brutal atentado sufrido por el capitán Juan José Aliste en Salamanca en el mes de noviembre de ese mismo año cuando una bomba-lapa le seccionó ambas piernas. Ni los autores de este atentado, ni los del comandante Cortizo, fueron identificados, detenidos y juzgados.

La capilla ardiente con los restos mortales de Luciano Cortizo Alonso se instaló en la sede del Gobierno Militar de León. Al día siguiente tuvo lugar el funeral por su alma en la catedral de León.

Luciano Cortizo Alonso, de 44 años, estaba casado con Margarita Ordóñez, y tenía dos hijos: Beatriz, de 18 años, que resultó gravemente herida en el atentado, y un chaval de 17 años. Era natural de La Rúa (Orense), aunque llevaba varios años destinado en el cuartel general del Mando de Artillería de Campaña de León, con base en Ferral del Bernesga. Vivía a quinientos metros del lugar donde fue asesinado. Especialista en psicotecnia militar y en sistemas de dirección de tiro y localización de objetivos, el comandante Cortizo llevaba veinticuatro años en el Ejército. Ingresó en las Fuerzas Armadas en julio de 1971 y estuvo destinado en el Regimiento de Artillería de Campaña número 15 de Cádiz y en el CIR número 12 de León. El día que ETA segó su vida iniciaba sus vacaciones de Navidad. Unos días después del atentado, la hija del comandante asesinado declaraba desde el Hospital del Insalud de León que "los de ETA" eran "unos auténticos cobardes que no dan la cara" y que, cuando se recuperase, su vida tendría que continuar "aunque ahora, sólo somos tres y no cuatro, como cuando vivía mi padre" (Diario de León, 03/01/1996).

El de Luciano Cortizo Alonso fue el cuarto atentado cometido por ETA en Castilla y León en un mes y medio, y el último con víctimas mortales de 1995, sumando un total de dieciocho asesinados por la banda terrorista en ese año.

Las cloacas usan a ETA en el magnicidio de Carrero y el intento de asesinato de Luis del Olmo

20 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A las 9:28 horas del 20 de diciembre de 1973 miembros del grupo Txikia de ETA accionaron una potente carga explosiva colocada bajo la calle Claudio Coello de Madrid al paso del coche oficial en el que viajaban el presidente del Gobierno, almirante LUIS CARRERO BLANCO, el policía de escolta, JUAN ANTONIO BUENO FERNÁNDEZ, y el chófer oficial del almirante, JOSÉ LUIS PÉREZ MOGENA.

Aproximadamente una hora antes, Carrero Blanco había salido de su domicilio en la calle Hermanos Bécquer para oír misa en la Iglesia de San Francisco de Borja. Era su rutina desde hacía treinta años. En el exterior, tres policías, de los ocho que formaban su escolta personal, le esperaban desde hacía algunos minutos. Sus nombres eran Juan Antonio Bueno Fernández, Rafael Galiano del Río y Miguel Alfonso de la Fuente. Juan Antonio Bueno y el chófer Luis Pérez Mogena, entraron en el coche oficial, un Dodge Dart. Los otros dos policías se subieron a un coche de escolta en compañía de un tercero, Juan Franco. Tras finalizar la misa, hacia las nueve y veinte, salió de la iglesia, junto a su escolta, para ir a desayunar con su mujer. A las diez de la mañana, tenía una cita en su despacho de Castellana 3, con el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Fernández, y con el ministro de Trabajo, Licinio de la Fuente.

El Dodge Dart se dirigió por la calle Juan Bravo y giró hacia Claudio Coello. Cuando se encontraba a la altura del número 104 de esta calle se produjo la detonación de una gran carga explosiva. Miembros de la banda ETA habían excavado un túnel desde un semisótano del número 104 de la calle Claudio Coello y habían extendido un cable a través de la ventanilla del bajo. Cuando el vehículo blindado del presidente llegó a una señal roja pintada en la pared (que marcaba el punto exacto en el que estaba colocado el explosivo), uno de los terroristas (Argala, según unos, Kiskur, según otras versiones) accionó el mando y la explosión alcanzó de lleno el objetivo. El coche se elevó treinta y cinco metros y fue a caer al patio interior de la residencia de los jesuitas de la Iglesia de San Francisco de Borja. El coche de escolta, que viajaba a unos metros del Dodge Dart, perdió de vista el vehículo del presidente. Cuando el polvo y el humo provocado por la explosión empezaron a disiparse, contemplaron estupefactos un enorme cráter en la calle, pero ni rastro del coche de Carrero. Incluso uno de los agentes del coche de escolta fue corriendo al domicilio del almirante con la esperanza de que allí estuviese aparcado. Otro de los agentes miró hacia arriba y vio la cornisa rota del colegio de los Jesuitas.

Los etarras habían colocado otro vehículo cargado de explosivos y aparcado en la calle en doble fila, para incrementar los efectos del atentado, aunque no llegó a estallar. Además de las tres víctimas mortales, en el atentado resultaron heridas numerosas personas, entre ellas los tres policías del coche de escolta, un taxista, la portera del inmueble del número 104 de la calle de Claudio Coello y su hija de corta edad.

ETA acababa de dar el golpe que la lanzaría al estrellato, no sólo internamente sino de cara al exterior. La prensa internacional siempre ha presentado y presenta este crimen como "ejemplo de lucha antifranquista". El asesinato de Carrero, su escolta y su chófer es un hito para ETA y el atentado que más réditos propagandísticos proporcionó a la banda asesina. Hasta 1973, la banda había asesinado a ocho personas, aunque en realidad sólo habían reivindicado cuatro de esos asesinatos, de los que sólo uno (el de Melitón Manzanas en 1968) fue un atentado planeado por ETA. Los otros tres (el del guardia civil José Pardines Arcay, también en 1968, el del taxista Fermín Monasterio, en 1969, y el del policía municipal Eloy García Cambra en 1972) puede decirse que se debieron a circunstancias imprevistas en las que se vio envuelta la propia banda en el marco de su actividad criminal: un control de carreteras en el caso de José Pardines; la huida de un etarra herido y un taxista que rechazó continuar el viaje en el caso de Fermín Monasterio; y los movimientos sospechosos de unos individuos en Galdácano en el caso de Eloy García Cambra. En cuanto a los otros cuatro asesinatos cometidos con anterioridad al de Carrero Blanco, están la niña Begoña Urroz (1960) y los tres jóvenes gallegos secuestrados y torturados hasta la muerte en 1973, el mismo año del asesinato de Carrero. Ninguno de los cuatro ha sido asumido, a día de hoy, por la banda terrorista, que nunca ha reconocido la autoría de aquellos crímenes que podían tener un coste social y suponer un desprestigio en su aureola de gudaris luchadores por la libertad y la democracia.

Si embargo, con el asesinato de Carrero Blanco los etarras sacaron pecho. Aún hoy día se siguen jactando de "su hazaña", ellos y la gentuza que los apoyan. Casi cuarenta años después de haber asesinado brutalmente a tres personas y de haber destrozado a tres familias, se corea y se canta en las fiestas de los pueblos del País Vasco y Navarra, y en toda juerga que se precie, una canción denigrante que demuestra la catadura moral de los asesinos de ETA y sus simpatizantes. Porque, por encima de todo, estamos hablando del asesinato de tres personas, de tres víctimas de una banda terrorista. Un policía, un chófer y un militar y político. Sólo puede calificarse de gentuza y alimaña a aquellos que aprovechan los momentos de jolgorio para jalear el crimen con letras como la que sigue: "Ante, ante ¿quién hizo volar al almirante?/Jueves antes de almorzar,/Carrero tenía que ir a rezar, /pero no pudo ir a rezar,/porque tenía que volar./Un petardito hizo estallar, PUM/y hasta un tejado PUM,/le hizo saltar./ Así voló, Carrero voló, /así voló, muy alto llegó,/así voló, Carrero voló,/así voló, muy alto llegó".

Pero al margen de la catadura moral de los que cometieron el atentado y sus simpatizantes, el hecho es que ETA-Batasuna lleva años festejando un atentado que debería ser motivo de oprobio y vergüenza. Esas medallas que la banda se adjudica, considerándose poco menos que los artífices de la transición a la democracia, chocan frontalmente con la realidad de lo que fue este brutal crimen y lo que con ello se consiguió. Y esto es así por dos razones fundamentales.

La primera, porque no está en absoluto probado que Carrero hubiese sido un obstáculo ("el" obstáculo según creían, muy posiblemente de forma equivocada, algunos sectores del régimen) para la transición a la democracia tras la muerte de Franco. De Carrero Blanco se han hecho dos retratos completamente contrapuestos: los que dicen que era "un ultra entre los ultras a la derecha de Franco y los que le presentan como el tapado que preparaba una suerte de perestroika que serviría en bandeja al Príncipe haciendo mutis por el foro" (Ernesto Villar, Todos quieren matar a Carrero. La conspiración dentro del Régimen, Libros Libres, octubre 2011, pág. 187). Por otra parte, a Carrero lo sucede en la presidencia del Gobierno Carlos Arias Navarro que, además de que era el encargado de la seguridad del presidente, como todos sabían no era precisamente "un demócrata de toda la vida". Además, la gestión que hizo Arias Navarro en lo que al desarrollo hacia la transición se refiere fue, como mínimo, muy poco afortunada.

La segunda razón es aún más importante y, sobre todo, menos discutible. ETA y la gentuza que le apoya estarían mejor callados y no deberían sacar pecho por un atentado en el que su papel es cualquier cosa menos airoso. Todos los datos que han salido a la luz a lo largo de estas casi cuatro décadas ponen de manifiesto, sin ningún tipo de dudas, que la banda terrorista ETA fue utilizada, no se sabe a ciencia cierta por quien, para cometer un atentado contra el número dos del régimen franquista, a escasos metros de la embajada americana y el día después de la visita de Henry Kissinger a España. Es decir: los asesinos de la banda fueron simples sicarios de alguien que los utilizó para conseguir unos fines determinados. Ni el "alguien" ni los "fines" que se perseguían están claros, pero de lo que no hay ninguna duda es de que se movieron hilos y se removieron obstáculos para que los miembros del grupo Txikia pudiesen asesinar impunemente al presidente del Gobierno. Los hilos se movieron antes y después del atentado, en la preparación y ejecución, y en el encubrimiento posterior y la sospechosa "dejadez" con la que se actuó tras el magnicidio.

Los datos para descartar una actuación en solitario de ETA son absolutamente abrumadores. Pero a diferencia de lo ocurrido con otros atentados más recientes, como el 11M, donde los datos han sido igualmente abrumadores para demostrar la falsedad de una versión oficial judicialmente ratificada –de momento–, con el asesinato de Carrero existe una unanimidad casi absoluta en este punto: desde el Rey a Carrillo, pasando por la propia familia de Carrero, Felipe González, ministros de la época, historiadores y periodistas que han estudiado el atentado, espías y exespías, militares con importantes responsabilidades en la época, miembros de las fuerzas de seguridad... Prácticamente nadie ante la pregunta de quién asesinó a Carrero responde que fue ETA sola y sin ayuda. Asesinos a sueldo y sicarios, según algunos, peleles y tontos útiles, según otros: ese fue el papel de ETA en el atentado de Carrero. La imagen de unos "heroicos gudaris antifranquistas", que es la que nos han vendido durante tantos años, sin los que seguiríamos viviendo en una dictadura, es una imagen falsa. Los etarras fueron muy posiblemente unos peleles asesinos en manos de parte de las familias del Régimen que los utilizaron en sus luchas intestinas, que, además, no pusieron en peligro su integridad ni arriesgaron su vida, o su libertad, a la hora de cometer el atentado.

Esta unanimidad en descartar la actuación en solitario de ETA que, por cierto, sienta muy mal a la izquierda proetarra, ha sido contada y recontada en la multitud de libros y artículos que sobre el atentado se han escrito. La bibliografía es muy abundante, y este mismo año se han publicado varios libros que aportan multitud de datos que apuntan en la misma dirección. Todos ellos ponen de manifiesto dos cosas: por un lado, que existió una auténtica conspiración para asesinar a Carrero en la que los terroristas de ETA fueron utilizados y manipulados; por otro dejan también el mal sabor de boca de la ambigüedad a la hora de adjudicar responsabilidades claras sobre quién dio la orden de matar a Carrero, quién fue dirigiendo a los etarras, quién fue desactivando pistas que podrían haber evitado el atentado, quién hizo dejación de funciones, o algo más, a la hora de detener y poner a disposición de la justicia a los asesinos del presidente del Gobierno, etc.

A día de hoy, y como ha ocurrido con el 11M, no sabemos a ciencia cierta qué pasó en el atentado de Carrero, pero sí sabemos lo que no pasó. Y básicamente no pasó que ETA actuase sola.

¿Y quiénes fueron esos peleles, tontos útiles o sicarios a sueldo? El atentado fue ejecutado por el grupo Txikia de ETA, compuesto por Iñaki Múgica Arregi, Ezkerra; Pedro Ignacio (Iñaki) Pérez Beotegui, Wilson; Jesús María Zugarramurdi, Kiskur; Javier María Larreategui, Atxulo; y José Mikel Beñaran Ordeñana, Argala. Pero hubo muchos más peleles, que estaban en el ajo del atentado, como el monje benedictino Eustaquio Mendizábal, alias Txikia (de quien, tras su muerte en un enfrentamiento con la Policía, tomarían el nombre los etarras); José Manuel Pagoaga Gallastegui, alias Peixoto; José Antonio Urruticoetxea, Josu Ternera; Isidro María Garalde, Mamarru, o Domingo Iturbe Abasolo, Txomin, entre otros. En tareas logísticas, como el robo de documentos nacionales de identidad (DNI) en una comisaría de Policía de Madrid, participaron Juan Bautista Izaguirre, Zigor, y Ramón Echevarría, Okoz. En la falsificación de DNI participó José Ignacio Abaitua Gomeza, Marquin... Cuando Carlos Estévez y Francisco Mármol quisieron ponerse en contacto con aquellos que todavía estaban vivos para tener su versión de la "hazaña", se encontraron con la sorpresa de una férrea e inflexible "ley del silencio" por parte de los etarras, y eso a pesar de que, supuestamente, este atentado era el gran éxito de la banda terrorista (Carrero, las razones ocultas de un asesinato, Temas de Hoy, 1998, pág. 249)

En el libro ya citado del periodista y escritor Ernesto Villar se ofrece una recopilación exhaustiva de todos los datos e indicios anteriores y posteriores al atentado, que lleva directamente a la conclusión de una ETA manipulada y utilizada. También se recogen los testimonios de muchas personas que ponen de manifiesto la unanimidad en la calificación del atentado como extraño (los más prudentes) y como de conspiración clara, la mayoría. Es, a día de hoy, el libro más completo y que más claves aporta para concluir que detrás del asesinato del presidente del Gobierno hubo una auténtica conspiración, aunque el autor, lógicamente, deja abiertas todas las puertas sobre quién pudo estar detrás de esa conspiración.

"A cualquiera con un mínimo de experiencia en la clandestinidad le resultaba evidente que sin protecciones importantes y muy altas los etarras hubieran sido arrestados mucho antes de realizar sus propósitos". Quien así se manifiesta es el secretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, que lo dejó escrito en sus memorias, "para indignación del mundo abertzale" (Ernesto Villar, pág. 77). El propio Carrillo se preguntaba extrañado: "¿Cómo es posible que ese grupo de hombres pudiera trasladarse de piso varias veces en una época en la que era obligatorio informar a la comisaría más cercana de cualquier cambio de domicilio, sin que a nadie se les ocurriera pedirles la menor explicación? (...) Es indudable que ETA fue el brazo ejecutor, pero los interesados en que Carrero muriera, los protectores de ETA, por llamarlos de alguna manera, eran otros" (Ernesto Villar, pág. 263).

Otra opinión a tener en cuenta, por ser una de las personas más informadas de la época, es la de José Mario Armero, presidente de Europa Press, con trato regular con ministros de la época y habitual en las comidas secretas organizadas por el SECED para, supuestamente, preparar la transición. Tras descartar la "conspiración internacional" y apostar por una operación interna, dice: "La mano ejecutora fue, sin duda alguna, ETA. Pero, ¿quién manipuló a ETA? Porque yo estoy convencido de que no actuó en solitario (...) El día que nos enteremos de la verdad, si es que nos enteramos, nos llevaremos grandes sorpresas". Pero más importante es que Armero descarta a la izquierda como inductora del atentado ("No, no lo creo, ni lo he creído nunca") y señala a la extrema derecha: "Hay indicios de que pudiera ser la extrema derecha la que manipuló a ETA" (Ernesto Villar, págs 261-262). Seguramente si la opinión de Carrillo indigna al "mundo abertzale", la de que sus gudaris fueron manipulados por la extrema derecha aumentará esa indignación.

José Luis de Villalonga recoge los testimonios de dos personas cualificadas. Por un lado el rey Juan Carlos y por otro el expresidente del Gobierno, Felipe González. De ambos se hace eco en su epílogo Ernesto Villar (págs 261-267). En cuanto al Rey, es inducido por el propio Villalonga, que le pregunta a bocajarro: "¿Se supo por fin quiénes fueron los asesinos de Carrero?". Primera respuesta del Rey: "Pero... ETA, naturalmente. ¿No lo sabías?". Insiste Villalonga: "ETA fue el brazo ejecutor. ¿Pero quién estaba detrás de los vascos?". "No lo sé", responde con el tono de quien se ha planteado cien veces la misma pregunta. Y repite: "No lo sé", a lo que comenta Villalonga: "No dejó de ser un extraño crimen". Y responde el Rey: "Y que lo digas". También prestado a Villalonga en 2004 es el testimonio de Felipe González: "De verdad que sigo sin creerme que aquellos vascos, con sus boinas y su acento podían haber llegado a sus fines sin contar con una ayuda hasta ahora ignorada".

Especialmente significativas son las opiniones del juez Luis de la Torre Arredondo, el fiscal Fernando Herrero Tejedor y Luis González-Mata, exespía de Franco. En cuanto al juez, el sumario llegó a sus manos después de que, tras tres años de instrucción, la investigación no avanzase. En 1983 el juez especial se despachó en una entrevista en la revista Interviú en la que cuenta cómo intentó llegar, indagando no sólo de forma oficial, sino también confidencialmente, a los que dieron la orden a ETA de matar a Carrero y a quiénes les pusieron sobre la pista. Con todo ello saca tres conclusiones: que la investigación llegó hasta los autores materiales y "de ahí no pasó", pese a que "había elementos" para hacerlo; que Carrero fue víctima de una lucha interna dentro del franquismo (de la que le llegaron retazos de forma confidencial) que se resume en que su desaparición beneficiaba a muchos; y la última conclusión es que "los inspiradores del atentado han quedado en la sombra" (Villar, págs 240-241).

Fernando Herrero Tejedor, fiscal del Tribunal Supremo y posteriormente ministro secretario general del Movimiento, envió a Franco un informe secreto sobre el magnicidio del que nunca más se supo. Sin embargo, el 17 de septiembre de 1974, el diario ABC se hacía eco de una frase pronunciada por Herrero Tejedor en el discurso de apertura del año judicial: "No sólo ETA es responsable de la muerte de Carrero". Al tiempo que confirmaba la participación de la banda en el magnicidio, dejó caer que "no se descarta la participación de organizaciones distintas a ETA en el asesinato de Carrero Blanco". La repentina, y para algunos misteriosa, muerte de Herrero Tejedor en accidente de tráfico en junio de 1975 sólo nos permite aventurar que el informe jurídico secreto que envió a Franco, al parecer muy extenso y detallado, debía ir en esa línea de no creerse la versión oficial que se estaba dando sobre el atentado.

Por último, y para cerrar los testimonios más relevantes recogidos por Ernesto Villar, hay que hablar del exagente de los servicios secretos Luis González-Mata, un testimonio que durante años ha sido denigrado y desacreditado, pero que hoy adquiere más importancia por varios motivos. En primer lugar, por la propia personalidad de González-Mata. En segundo lugar, y más importante, por la referencia que Ricardo de la Cierva hace del mismo, citando una conversación con José María de Areilza.

Empezando por la personalidad de Luis González-Mata, hay que señalar que no era un agente secreto cualquiera. Como explica el coronel del Ejército del aire y oficial de inteligencia Manuel Rey Jimena "era una persona brillantísima y tenía la confianza plena de Carrero Blanco". Carrero y el director general de Seguridad, Eduardo Blanco, le encargaron algunos de los "marrones" más complicados y comprometidos del régimen en los años 40, 50 y 60. Además, y al tiempo que trabajaba para la inteligencia española, lo hizo de forma simultánea o alternativa para los servicios americanos. Unos meses antes del asesinato de Carrero, González-Mata se desligó de todos los servicios secretos harto de tantas "asquerosas complicidades entre fascistas y comunistas". Para él, un ejemplo de ello sería el propio atentado de Carrero. El exespía sostiene que al menos dos equipos de inteligencia, "uno español y otro extranjero" (que no nombra, pero que es claramente la inteligencia estadounidense) conocían los preparativos de los etarras (unos "desgraciados" que "fueron manipulados", según sus propias palabras) y fueron "corrigiendo" los errores que cometían. Pero va más allá: aportando todo tipo de datos muy concretos, afirma que no sólo corrigieron errores y dejaron hacer, sino que se inmiscuyeron directamente en los propios planes del atentado, señalando que en la madrugada del propio día 20 de diciembre un equipo de americanos penetró en el sótano de la calle Claudio Coello y "deposita dos artefactos envueltos en materia plástica, similares a las minas antitanques, dotados de un sistema de encendido radio-eléctrico". Al día siguiente, dos equipos distintos aprietan el detonador. "Todo hace pensar que, de no haber sido así, la Operación Ogro hubiera fracasado" (Ernesto Villar, págs. 78-83, 108-109, 135-137). Dos equipos y, se supone, dos explosivos distintos se utilizaron en el atentado. Pero sólo podemos suponer, porque no se realizó un análisis oficial del explosivo utilizado.

Es difícil de valorar hasta qué punto lo que cuenta González-Mata es cierto. Su aportación ha sido calificada por algunos de fantasiosa. Sin embargo el historiador Ricardo de la Cierva aportó en su libro ¿Dónde está el sumario de Carrero Blanco? (ARC Editores, 1996) un dato revelador protagonizado por José María de Areilza, conde de Motrico, ministro de Asuntos Exteriores en el primer Gobierno de la Monarquía y uno de los políticos más destacados y mejor relacionado de los años 70. La escena tuvo lugar en la recepción ofrecida por el Rey con motivo de su onomástica el 24 de junio de 1978. En un momento determinado, Areilza se acercó a Ricardo de la Cierva y le preguntó: "¿Has leído el libro de González-Mata? No el primero, Cisne, sino el que acaba de aparecer, que se titula Terrorismo internacional", a lo que De la Cierva contestó que lo tenía, pero aún sin leer. José María de Areilza le dijo: "Pues míralo esta misma noche, porque te puedo garantizar que su versión sobre el atentado de Carrero es la exacta".

Más recientemente, la participación directa de la CIA en el atentado es la que defiende Pilar Urbano en su libro El precio del trono (Planeta, 2011), del que el diario El Mundo ofreció una prepublicación en el suplemento Crónica de su edición del 20 de noviembre de 2011. No obstante, la escritora no aporta en qué fuentes se basa para afirmar que el Seced tomó muestras del cráter que provocó la explosión y se encontraron rastros de explosivo "C4, de uso exclusivo militar y que entonces sólo se producía en EEUU" y no la Goma-2 que los etarras dijeron utilizar y que habían robado en el polvorín de Hernani (Eva Forest, Operación Ogro. Cómo y por qué ejecutamos a Carrero Blanco, Argitaletxe Hiru, 1993). Tampoco, según el juez instructor De la Torre, el túnel era como lo describieron los etarras en la rueda de prensa que dieron en Burdeos reivindicando el atentado, ni como aparece descrito en el libro Operación Ogro. "No se correspondía con el informe de la Policía Judicial en la inspección ocular del subterráneo, hecha el mismo día del asesinato. Con prosa carpintera de atestado, el informe desmentía la versión de ETA. ¿Se trataba de dos túneles distintos? ¿O de un mismo túnel, pero muy reformado? En tal caso, eran dos descripciones del mismo túnel, una hecha ‘antes’ y otra ‘después’. En algún momento, el túnel fue alterado. Y ETA no lo supo".

Recapitulando, es realmente imposible señalar fehacientemente al inductor o inductores del atentado: servicios secretos de un país, de dos, el KGB, la CIA, la masonería, la extrema derecha, alguna de las familias del régimen, los comunistas... Sobre estos últimos, es indudable que los etarras tuvieron apoyo de la comunista Eva Forest, con un papel muy turbio y pieza clave de todo el engranaje no sólo del atentado contra Carrero sino también del que, nueve meses después, se cometería en la cafetería Rolando de Madrid. Como reconoce Lidia Falcón, una de las detenidas tras la masacre de la cafetería, percibió "indicios de un progresivo y desconcertante trato de favor" hacia Eva Forest por parte de la Policía. Y no sólo eso. Como cuenta Anna Grau, Forest "consiguió evitar no sólo la pena capital sino incluso el ir a juicio. Pasó tres años en la cárcel pero salió inmaculada (...). El misterio más profundo de todos quizá sea este: ¿cómo consigue Eva Forest salir tan bien librada, no ya del atentado de la calle Correo, sino del atentado contra Carrero?" (Anna Grau, De cómo la CIA eliminó a Carrero Blanco y nos metió en Irak, Destino, 2011, pág. 86).

La casi completa unanimidad de las opiniones apuntan en la misma dirección: una ETA utilizada y manipulada para conseguir no se sabe muy bien qué objetivos. Y a esa conclusión se llega porque son abrumadores los datos de antes y después del atentado que, ni con la mejor buena fe del mundo, pueden atribuirse en su totalidad a negligencia de todos aquellos de los que dependía la seguridad del presidente del Gobierno o a la falta de coordinación y los celos entre los diversos servicios de información y las fuerzas de seguridad. Tampoco tiene sentido la tesis que han mantenido algunos, como Eduardo Blanco, director general de Seguridad, de que Carrero era poco menos que un inconsciente que desoyó los avisos y se negó a reforzar su seguridad, una opinión que indigna especialmente, y con razón, a la familia del almirante que aceptó todas aquellas modificaciones de seguridad que le impusierona sin poner nunca ninguna pega a las mismas. Además, y en el supuesto de que el presidente hubiese puesto pegas a su seguridad, eso no era una excusa para no haberle garantizado la misma. Tampoco es posible llegar a la autoría intelectual del atentado por la vía del qui prodest porque, para desgracia de Carrero Blanco, había demasiada gente interesada en que muriera. Eso no quiere decir, evidentemente, que aquellos que pudieron beneficiarse del asesinato estuviesen detrás del mismo.

Entre esos datos anteriores al atentado, está ese primer y rocambolesco intento de secuestro organizado en 1971, dos años antes de su asesinato, por un grupo heterogéneo de antifranquistas liderado por un exguerrillero venezolano, y que fue tapado por un pez gordo de las fuerzas de seguridad (Fuente, I., García, J. y Prieto, J. Golpe mortal, Prisa, 1983, págs. 95 y ss.). Un plan calcado al que después pretendió realizar ETA, y del que desistió cuando en junio de 1973 Carrero fue nombrado presidente y se aumentaron las medidas de seguridad. Ernesto Villar se pregunta si ambos planes pudieran estar relacionados y responde que "lo fácil es pensar que sí". "Si ambos planes están conectados, alguien que organizó el primer intento o que lo conoció desde la otra acera, es decir, desde los servicios de seguridad del Régimen" pudo ser quien proporcionó esa información (la Iglesia, el mismo recorrido, la misma hora...) a Argala en 1972 (Villar, págs. 65-69).

Otro dato inquietante: "prácticamente la totalidad de los etarras que participaron en la preparación del atentado contra Luis Carrero Blanco eran ‘ilegales’, es decir, estaban fichados por la Policía. Algunos de ellos estuvieron en la capital más de un año. Otros cometieron todo tipo de imprudencias" (Ernesto Villar, pág. 103). La impunidad con la que los etarras actuaron en Madrid sigue maravillando hoy día a todo aquel que se acerca a la historia del magnicidio. Alquilaron y compraron numerosos pisos, construyeron zulos para esconder a Carrero tras el secuestro que idearon en primer término, alquilaron vehículos con su nombre real, dejaron huellas dactilares y tuvieron varios incidentes y encontronazos con las Fuerzas de Seguridad: atraco a una armería, robo de DNI en una comisaría de Madrid que, por otra parte, indicaba planificación a medio o largo plazo, compra de esposas al lado de la DGS, ejercicios de tiro cerca de la central nuclear de Zorita... En todos ellos, la detención de los etarras fue convenientemente parada por un "ángel de la guarda", del que tampoco sabemos si era siempre el mismo. Con los años han aparecido innumerables datos que apuntan a que posiblemente por parte de "miembros de los servicios de información" los etarras tuvieron protección e, incluso, apoyo directo para "retirar los obstáculos" que hubieran impedido ejecutar el atentado. A eso hay que añadir los avisos y todo tipo de informes alarmantes de las fuerzas de seguridad (como los de José Sáinz, Pepe el Secreta, jefe de Policía de Bilbao), notas, soplos de confidentes etc., que o bien eran guardados en un cajón o bien no llegaban a quien tenían que llegar porque alguien los "paraba" en algún nivel de algún Ministerio (Ernesto Villar, págs. 57 y ss.).

Entre las operaciones más llamativas, por su importancia, está la anulación de la operación de entrada en el piso que los etarras tenían en la calle Mirlo (que estaba convenientemente "sonorizado") de la que dio cuenta el entonces teniente coronel y luego general Aguado, responsable de la 111ª Comandancia en aquella fecha, en el libro Carrero, las razones ocultas de un asesinato (Estévez, C. y Mármol, F. Temas de Hoy, 1998, págs. 105-106). De la misma se hace eco Pilar Urbano en el libro citado El precio del trono, aportando, además, el dato de la persona que paralizó el dispositivo (Eduardo Blanco, director general de Seguridad):

La noche en cuestión, Aguado se reunió en la comandancia de Guzmán el Bueno con el capitán Puertas y los tenientes Pinto y Santamaría. Estudiaron el operativo, la distribución de los agentes: calle, portal, ascensor, planta 12 y azotea:
-Hay un comando de la ETA en Madrid. Pero ni lo hemos olido. ¿Pueden ser éstos de Mirlo? No lo sabemos. Por tanto, armas quietas y nada de tiros.
Aguado llevaba un rato en el despacho del coronel Manuel González tomando café y haciendo tiempo para salir con sus guardias, cuando sonó el teléfono interior.
-Aquí el cuerpo de guardia, soy el comandante de servicio. Mi coronel, un mensaje urgente para usted del director general de Seguridad.
-¿Está al habla? Páseme con él.
-No, mi coronel, no está al habla. Me ha dictado el mensaje para que se lo transmita y ha colgado.
-Ah... Bien... léame el mensaje.
-Al coronel jefe de la 111ª Comandancia de la Guardia Civil: suspéndase entrada prevista en piso 12 letra C del nº 1 de la calle Mirlo.
Después de colgar, el coronel González mantuvo unos instantes su mano sobre el auricular, como si así asimilara mejor la contraorden. Luego miró a Aguado, que aguardaba con cara de desconcierto al otro lado de la mesa:
-Despide a tus hombres, Paco, y vámonos a dormir: se suspende la operación.
-¿Quién lo manda?
-Puerta del Sol. Eduardo Blanco. Y en plan ordeno y mando, dictándole la orden al comandantillo de servicio como si yo fuera un mindundi (prepublicación de El precio del trono, suplemento Crónica de El Mundo, 20/11/2011).

También resulta muy extraña, por no decir escandalosa, la retirada, poco antes del magnicidio, de un operativo de seguridad del Alto Estado Mayor (AEM), al frente del cual estaba Manuel Díez-Alegría, un militar considerado aperturista y muy alejado del búnker, y cuyo nombre es el único que aparece en las dos quinielas conocidas de los servicios secretos estadounidenses para suceder a Carrero Blanco (Villar, pág. 172). El dispositivo de seguridad en la zona donde se produjo el atentado estaba dirigido por José Luis Cortina, conocido por sus hombres como El Pelao. "Aquellos hechos han sido narrados a Crónica por uno de sus autores, un agente de información del Estado Mayor que hacía guardia en la parada de autobús de Serrano-Hermanos Bécquer y que cubría y vigilaba las entradas y salidas de una empresa rusa, Mar Negro, que era una cobertura de la antigua URSS en Madrid y que estaba en la calle Serrano, justo enfrente de la parada de autobús" cuenta el periodista del diario El Mundo Antonio Rubio en su edición del 27 de noviembre de 2011. El 19 de diciembre, el día anterior al atentado, este dispositivo de los servicios secretos del AEM detectó y fotografió a Argala en la parada del autobús de la calle Serrano, muy cerca de la embajada americana y a unos doscientos metros de Claudio Coello 104. El 20 de diciembre de 1973 "a las siete de la mañana, uno de los equipos que dirigía el capitán José Luis Cortina volvió a montar su operativo para controlar a los rusos de la empresa Mar Negro. Sobre las ocho horas recibieron una contraorden: regresar a la base". Hora y media después el presidente Carrero, su chófer y su escolta eran asesinados. Cuando al sargento de la Guardia Civil que habló con Antonio Rubio se le plantea qué conocimiento tenía el capitán Cortina, jefe operativo de aquellos grupos de contraespionaje, sobre los etarras que estaban en la misma zona en la que ellos venían trabajando desde hacía meses, responde defensivamente: "Yo no sé si Cortina sabía o no sabía, pero los operativos no estábamos al corriente de nada" (El Mundo, 27/11/2011).

En el mismo artículo, el periodista se hace eco de otra información publicada en el mismo diario El Mundo el 21 de febrero de 2011 donde se narra un hecho ocurrido durante el juicio por el golpe de Estado del 23-F: "el día en que el comandante José Luis Cortina declaró como imputado en la vista oral del 23-F (22 de marzo de 1982), y durante el receso de la comida, amenazó, según la versión del abogado de Antonio Tejero, Ángel López Montero, a un interlocutor telefónico con la siguiente frase: ‘Como me jodan, saco hasta lo de Carrero Blanco’". Cortina resultó absuelto en ese juicio.

También reseñable en el premagnicidio las dos reuniones en el Hotel Mindanao de Madrid con un misterioso hombre de traje gris: en la primera (octubre de 1972) se les da a Argala y Wilson un papel en el que se les señala el objetivo, el lugar para actuar (en un principio se planteó el secuestro), la rutina diaria del almirante Carrero y sus horarios. En la segunda, más importante que la primera, dos meses antes del asesinato alguien le da a Ezkerra, uno de los cerebros del atentado, una dirección: Claudio Coello, 104. No fue, por tanto, un "golpe de suerte" encontrar ese local en el que excavarían el túnel para colocar el explosivo. De este segundo encuentro en el Mindanao se tuvo noticia precisamente por la declaración de Ezkerra ante la Policía tras ser detenido en septiembre de 1975, de la que se hizo eco en sus memorias un comisario de Policía que estuvo 30 años combatiendo a ETA en primera línea en el libro de Jorge Cabezas Yo maté a un etarra: secretos de un comisario en la lucha antiterrorista (Planeta, 2003, págs. 62-63):

"Fue una declaración espontánea hablando del atentado de Carrero. Nosotros ignorábamos ese hecho por lo cual difícilmente habíamos podido plantearle la cuestión. La cita se la había dado la organización (...) La descripción de esta persona siempre nos causó asombro. Era un hombre de unos 30 años, con el pelo moreno, echado para atrás.
Vestía traje gris y corbata. Elegante. Parecía un funcionario del Estado, con rango de subsecretario, es decir, con cierta jerarquía. No llegaba a ser un ministro, pero tampoco era un funcionario cualquiera. Fueron sus palabras. Nos causaron asombro y perplejidad. Podían provocar risas e incredulidad, pero allí quedaron, aunque creo recordar que se sacaron también fuera de las diligencias. Este hombre gris le entregó un sobre cerrado. Cuando Ezkerra lo abrió se encontró con la dirección de una casa, Claudio Coello, 104, semisótano, con la dirección del dueño y la indicación de que estaba en venta. Fue esa precisamente, la casa que a mediados de noviembre de 1973 compraría Javier María Larreategui Cuadra, Atxulo, haciéndose pasar por estudiante de Escultura. Y fue de esa casa de donde arrancaría el túnel que había de llegar hasta la mitad de la calle y donde los etarras colocaron la dinamita que haría volar el coche de Carrero Blanco. Una dinamita que, por cierto el propio Ezkerra se encargó de bajar hasta Burgos en el mes de diciembre y que procedía del robo de una cantera en el País Vasco realizado tiempo atrás por otro comando etarra. Aquella información no era investigable. Se hizo una tímida gestión, pero transcurridos dos años ya resultaba imposible. Allí en la Brigada se hacían apuestas sobre quién podía ser el hombre de traje gris. Salieron a relucir muchos nombres, pero evidentemente no eran más que conjeturas".

Ernesto Villar aventura una hipótesis sobre quién pudo ser este hombre "con cierta jerarquía" y señala a uno de los participantes en las reuniones que miembros del SECED tuvieron con personajes de la oposición para preparar la transición a la democracia, reuniones que, al parecer, se celebraban con el visto bueno del propio Carrero Blanco. "Quizás de una de ellas salió el embajador que se citó con Argala" (Villar, págs. 23-24, 166-170 y 188).

Pero si llamativo es todo lo que ocurrió antes del atentado, no menos lo es lo que ocurrió después. De entrada, no hubo una "operación jaula" para detener a los autores del atentado, como tampoco se decretó el estado de excepción, algo que sí se hizo tras el asesinato de Melitón Manzanas. Una testigo cualificada fue Pilar Careaga, alcaldesa de Bilbao y, por tanto, perfecta conocedora de los desproporcionados operativos que solía practicar la policía franquista ante el menor incidente terrorista. Comentó a la viuda del almirante, Carmen Pichot, que aquel día regresaba a su ciudad por carretera desde Madrid y pudo constatar asombrada la absoluta falta de controles y vigilancia policial. El abogado socialista Fernando Múgica, posteriormente asesinado por la banda, explicó como hizo el viaje a San Sebastián y comprobó también que parecía "como si hubieran ordenado retirar todos los controles". Juan María Bandrés narró cómo, en contra de lo que se escribió en prensa, muchas personas cogieron el camino de Francia y cruzaron la frontera sin dificultad porque no había vigilancia especial y recuerda cómo mientras con la muerte de Manzanas –"un simple inspector de Policía de Irún" – hubo un durísimo estado de excepción, con la muerte "nada menos que de un almirante que además es jefe, presidente del Gobierno" no pasó nada (Estévez, C., Mármol, F., Carrero:Las razones ocultas de un asesinato, pág. 171).

Como también sorprende la actuación del embajador en Francia Pedro Cortina Mauri, al que los servicios secretos franceses le pusieron en bandeja al día siguiente del atentado la detención de Ezkerra y Wilson –casualmente dos de los que vieron al misterioso hombre del Hotel Mindanao–, y de un tercero, José María Ezkubi, alias Bitxor, y que se negó a hacerlo pese a la insistencia de José María Álvarez de Sotomayor, el número dos de la embajada. El relato fue también detallado por Carlos Estévez y Francisco Mármol en la obra citada. "¿Por qué se negó a detener a los terroristas? ¿Actuaba por decisión propia o recibía órdenes de alguien? En este caso, ¿de quién? ¿Quién desaprovechó la oportunidad más clara de arrestar a los verdugos del presidente del Gobierno? Sea como fuere, su perseverancia no le pasó factura política, sino todo lo contrario: días después, el nuevo presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, le concedía el premio con el que todo embajador puede soñar: ser ministro de Asuntos Exteriores. Ver para creer" (Ernesto Villar, pág. 230).

Juan Antonio Bueno Fernández, inspector del Cuerpo General de Policía, en el que entró por oposición en 1944, formaba parte del dispositivo de escolta del almirante Carrero Blanco desde 1957. Antes estuvo destinado en Soria, Zaragoza y Barcelona. Era natural de Maranchón (Guadalajara) y tenía 52 años cuando fue asesinado. Juan Antonio estaba casado y tenía un hijo de 15 años.

Luis Carrero Blanco era natural de Santoña (Cantabria) y tenía 69 años cuando fue asesinado. Estaba casado con Carmen Pichot y tenía cinco hijos, tres de ellos marinos, como su padre. Se formó en la Escuela Naval de la Armada, en la que entró con sólo 14 años (al parecer su padre modificó la partida de nacimiento para que pudiera entrar antes en la Escuela Naval, y figura como fecha oficial de nacimiento 4 de marzo de 1903), estudiando primero en Madrid y después en París. El inicio de la Guerra Civil le sorprende en Madrid, de donde consigue huir en 1937 para unirse al bando de los sublevados con Franco. En 1940, tras finalizar la guerra, entró como subsecretario de la Presidencia del Gobierno, ocupando diversos cargos hasta que, en 1967, fue nombrado vicepresidente primero, un año después de ser ascendido a almirante. El 6 de junio de 1973, seis meses antes de su asesinato, fue nombrado presidente del Gobierno, lo que implicó un refuerzo de las medidas de seguridad sobre él. Este fue el motivo por el que se descartó el plan inicial (secuestrarlo) y se optó por el asesinato, mucho más factible. Pero, y este es otro motivo que hace pensar en que los que idearon el atentado querían algo espectacular, no optaron por un atentado discreto, mucho más fácil de ejecutar (podrían haber asesinado a Carrero de un simple disparo, pues lo tuvieron a tiro muchas veces en la propia iglesia a la que acudía todos los días), sino por una acción mucho más complicada de ejecutar, pero mucho más espectacular, para conseguir así uno de los objetivos que pretendía el atentado: la propaganda.

José Luis Pérez Mogena, chófer del presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco, era natural de Madrid. Tenía 33 años, estaba casado y el matrimonio tenía un hijo de 7 años y una niña de 4. Ingresó en 1966 como conductor del Parque Móvil de Ministerios y los tres últimos años estuvo destinado en Presidencia del Gobierno. Cuando se produjo el atentado, la madre de José Luis estaba en la ciudad sanitaria Francisco Franco visitando a una amiga. Allí oyó la noticia del atentado, por lo que llamó a su nuera que le notificó que su hijo había sido trasladado al mismo hospital en el que ella estaba. José Luis falleció a las 13:00 horas (Alonso, R., Florencio Domínguez, F., y García Rey, M. Vidas Rotas, Espasa 2010, pág. 35).

A las ocho menos diez de la mañana del miércoles 20 de diciembre de 2000 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Barcelona al agente de la Guardia Urbana JUAN MIGUEL GERVILLA VALLADOLID.

El agente se encontraba regulando el tráfico en la confluencia de la calle Numancia con la avenida Diagonal de la capital catalana. A esa hora un Fiat Uno de color rojo se había averiado e interrumpía el tráfico en el lateral de la Diagonal. El agente se dirigió a los dos individuos, los etarras del grupo Barcelona Fernando García Jodrá y José Ignacio Krutxaga, que empujaban el coche y colaboró empujándolo para que no obstaculizara el paso de vehículos que, en un momento de gran afluencia de tráfico en plena hora punta, había provocado una larga cola de coches. Algunos conductores, incluso, hicieron sonar el claxon nerviosamente al sortear el vehículo de los etarras, que tenía puestas las cuatro luces de emergencia. Juan Miguel Gervilla se percató, entonces, de que el automóvil se había bloqueado porque no tenía puesta la llave de contacto, sino un destornillador colocado ad hoc por los terroristas. En ese momento García Jodrá intentó sacar una pistola y se inició un forcejeo con el agente, que provocó la caída de ambos al suelo. El otro asesino de la banda, José Ignacio Krutxaga, no dudó un instante y disparó a Gervilla en la cabeza. A continuación García Jodrá se levantó y lo remató a sangre fría con un segundo disparo. El agente recibió dos impactos de bala en la cabeza y el pecho y falleció en el acto mientras los terroristas emprendían la huida a pie en dirección a una boca de metro cercana al lugar de los hechos. Atemorizados, algunos de los conductores atrapados en el atasco que fueron testigos de los hechos dejaron abandonados en plena calle sus vehículos durante varios minutos.

Con su acción, Juan Miguel Gervilla Valladolid impidió el asesinato de una personalidad, pues el vehículo de los terroristas, robado unos días antes, llevaba una bomba compuesta por trece kilos y medio de explosivo dentro de una olla a presión que iban a ser utilizados en un atentado inminente. Hacia las 10:30 horas, una vez que el juez de guardia ordenó el levantamiento del cadáver del agente asesinado, los artificieros de la Policía procedieron a desactivar el artefacto, previo desalojo de los edificios de la zona. A la bomba sólo le faltaba una última conexión para ser accionada a distancia. La carga estaba situada en el lado derecho del maletero y para su desactivación tuvieron que volar controladamente la cerradura del portón. El coche había sido robado el domingo 17 de diciembre en Esplugas de Llobregat y llevaba matrículas de otro vehículo de idénticas características de un vecino de la población de Tarrasa. La bomba estaba preparada para "ser utilizada el mismo miércoles 20 de diciembre casi con toda probabilidad", según informaron fuentes policiales.

En un primer momento se desconocía cuál era el objetivo de la banda. Por ello la delegada del Gobierno, Julia García Valdecasas, declaró que los terroristas pretendían asesinar a "alguna autoridad que debía pasar por la zona" y que el asesinato de Gervilla Valladolid había "salvado la vida de varias personas" al interponerse en los planes de los etarras. El lugar donde se averió el vehículo de los terroristas está situado en la zona alta de Barcelona, donde se encuentran numerosas sedes de importantes empresas y entidades financieras como La Caixa, Retevisión o Catalana Occidente, además de una residencia de oficiales del Ejército y un cuartel de Infantería. También hay viviendas de lujo que suelen ocupar importantes empresarios. Cualquiera de ellos podía ser en principio objetivo del atentado que Gervilla evitó con su actuación. Ese mismo día, por la noche, el alcalde de Barcelona, Joan Clos, le otorgó la Medalla de Honor al sufrimiento, categoría de oro, a título póstumo.

Posteriormente se supo que el objetivo de la banda era el periodista Luis del Olmo, que vivía a escasos metros de donde se había averiado el coche. Era el sexto intento del grupo Barcelona de asesinar al periodista en poco más de medio año.

Unas ciento cincuenta mil personas asistieron a una manifestación convocada por el alcalde de Barcelona, la Generalidad y otras instituciones al día siguiente del asesinato de Gervilla con el lema: "Catalunya per la llibertat. ETA no".

En 2002 la Audiencia Nacional condenó a José Ignacio Krutxaga Elezcano y a Fernando García Jodrá a sendas penas de 54 años de prisión por el asesinato de Juan Miguel Gervilla Valladolid. En el mismo proceso se juzgó a Lierni Armendaritz, compañera de los dos anteriores, que resultó absuelta del asesinato del agente, pero que fue condenada a 24 años de cárcel por el intento de asesinato del periodista Luis del Olmo. Durante el juicio, el asesino Krutxaga aprovechó el derecho a la última palabra para amedrentar a los ciudadanos que colaboraban con las fuerzas de seguridad en la lucha contra ETA diciendo: "El Estado y los medios de comunicación llevan un tiempo haciendo una campaña excesiva para que la gente participe en una lucha que no es la suya, la lucha antiterrorista. Les dicen que tienen que denunciar a los terroristas, que les sigan con sus coches, pero no les advierten de las consecuencias de esas acciones". La viuda y un hermano asistieron al juicio manteniendo, en todo momento, una actitud ejemplar (ABC, 22/11/2002).

Juan Miguel Gervilla Valladolid tenía 39 años. Nació en Nuremberg (Alemania), ciudad a la que sus padres habían emigrado. Estaba casado con Gemma, y tenía dos hijos, Óscar y Carlos. Pertenecía a la Guardia Urbana desde 1986, y durante ocho años se había ocupado de la regulación del tráfico en Esplugas de Llobregat, donde residía con su familia. Cuando fue asesinado, estaba adscrito al distrito barcelonés de Les Corts. Juan Miguel era una apasionado de la bicicleta, aunque una operación de hernia discal le había apartado dos años antes del la práctica del ciclismo. En memoria del agente asesinado, el Ayuntamiento de Fuenlabrada instauró una Carrera Policial que adoptó el nombre de Juan Miguel Gervilla y que se celebra anualmente con motivo del día de la Policía Local.

Juan Miguel Gervilla Valladolid fue la última víctima mortal de ETA en el año 2000. Ese año la banda terrorista asesinó a veintitrés personas tras romper en diciembre de 1999 la tregua que se inició en septiembre de 1998.

Azaola, exmiembro de ETA que evitó el secuestro y asesinato del príncipe Juan Carlos

19 de Diciembre de 2011 - 09:10:02 - M.J. Grech

El martes 19 de diciembre de 1978, sobre las ocho de la mañana, tres miembros de ETA asesinaban en Guecho (Vizcaya) al delineante JOAQUÍN MARÍA AZAOLA MARTÍNEZ, disparándole tres tiros a bocajarro en la puerta de su garaje, en presencia de dos compañeros de trabajo. Joaquín María Azaola había pertenecido, años atrás, a la propia ETA, habiendo participado en la planificación de la Operación Pesca, en la que ETA pretendía secuestrar al entonces príncipe Juan Carlos junto con otros miembros de la Familia Real. En el momento de su asesinato, la víctima se había acogido a la amnistía y se había desvinculado completamente de la banda terrorista.

Pasadas las 7:30 horas Joaquín María abandonó su vivienda, situada en el número 15 de la calle Hispanidad, en el barrio de Algorta de la vizcaína localidad de Guecho y se encaminó a la calle Areneazpi, donde se encontraba su garaje. Allí se reunía cada día a la misma hora con dos compañeros, Gonzalo Olano Gorbea y Vicente Lorenzo Chasco, para acudir juntos a la empresa en la que trabajaban, Mecánica de la Peña de Urduliz. Como cada día, se dirigían en el  coche de Gonzalo Olano, un Seat 124 blanco, hasta la empresa donde Joaquín María Azaola desempeñaba el puesto de delineante proyectista. 
 
Cuando Azaola llegó al garaje se reunió con Gonzalo y juntos entraron en el mismo. En ese momento, dos jóvenes armados con pistolas se acercaron a ellos diciéndoles que no tuvieran miedo, ya que únicamente querían el coche. Uno de ellos encañonó a Gonzalo mientras el segundo terrorista montó en el vehículo y se colocó al volante. Los terroristas llevaban la cara descubierta, pero la falta de luz impedía que los testigos pudieran verles con claridad. Vicente Lorenzo llegó después de que el segundo etarra hubiese subido al vehículo y rápidamente sintió cómo un tercer terrorista, que se había quedado vigilando, le ponía una pistola en la nuca. El que había montado en el coche lo puso en marcha y, en ese momento, uno de los que apuntaban a los tres compañeros, a unos tres metros de distancia de Azaola, le descerrajó tres tiros con su pistola, alcanzándole en el vientre y el pecho. Las dos balas que impactaron en su pecho lo atravesaron, incrustándose en una columna del garaje, pero la tercera quedó alojada en su cuerpo. Los asesinos gritaron “Gora Euskadi Askatuta” (País Vasco libre) y se dieron a la fuga en el coche de Gonzalo Olano. El propietario del vehículo se dirigió hasta el puesto de Policía Municipal más cercano y regresó al lugar del atentado junto con varios agentes. Joaquín María Azaola fue trasladado en una ambulancia del Cuerpo de Socorro de Guecho al Hospital Civil de Basurto, donde falleció poco después. En el lugar de los hechos, la Policía encontró dos casquillos de bala, marca Geco, y uno de la marca FN, todos ellos del calibre 9 milímetros parabellum. 
 
Alrededor de las 12:00 horas el vehículo robado por los etarras y utilizado en la huida fue encontrado junto a la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, en la calle Barria de Las Arenas, en Guecho. El coche tenía las puertas abiertas y la llave de contacto puesta. Tras realizar la inspección pertinente y sin encontrar nada anormal, la Policía se lo devolvió a su propietario.
 
Al día siguiente del asesinato de Joaquín María Azaola, el diario ABC publicaba que, según fuentes próximas al entorno etarra en el sur de Francia, Azaola había sido asesinado bajo acusaciones de ser un “chivato”. Según esas mismas fuentes, Azaola había sido simpatizante de ETA desde hacía muchos años, pero “en ningún momento miembro” de la banda terrorista. Ese mismo día, 20 de diciembre, ETA militar reivindicaba el atentado contra Azaola Martínez, afirmando que había sido “ejecutado por trabajar para la Policía española durante los últimos años, primero desde Euskadi Norte y, después, desde Euskadi Sur”.
 
Dos días después del asesinato de Joaquín María Azaola, el que era máximo responsable del “aparato militar” de ETA José Miguel Beñarán Ordeñana, alias Argala, era asesinado en un atentado terrorista cometido mediante la colocación de un artefacto explosivo en una rueda de su coche. Argala, que vivía en Anglet (Francia), a dos kilómetros de Bayona, era el supuesto responsable del atentado que costó la vida al almirante Carrero Blanco y su asesinato fue reivindicado inicialmente por la OAS y, posteriormente, por el Batallón Vasco Español. En 2003 el diario El Mundo publicó una entrevista con uno de los militares que aseguraba haber participado en el atentado. Sin embargo, el día siguiente de la muerte del dirigente etarra, fuentes próximas a la organización terrorista ETA informaban al diario ABC, desde el sur de Francia, que la autoría no estaba clara y que, pese a la evidencia de la reivindicación, no se debían descartar luchas intestinas en el seno de la banda, ya que “podría ser el principio del enfrentamiento total entre los ‘milis’, autoencumbrados por el éxito de sus acciones, y los ‘polis-milis’, contrarios a la línea seguida por José Miguel y sus muchachos […] podría ser un ‘ajuste de cuentas’ por la muerte del señor Azaola, vasco de pura cepa”.
 
Joaquín María Azaola se había exiliado por primera vez en Francia en 1947, huyendo del franquismo, permaneciendo en el país vecino durante tres años. En 1957 volvería a exiliarse, esta vez durante nueve años, hasta 1966, debido a sus actividades nacionalistas. Tras su segundo regreso al País Vasco, Azaola ingresó en las filas de ETA, lo que le llevó a pasar nueve meses en prisión por su implicación en el secuestro del industrial Lorenzo Zabala en 1972. Poco después de salir de prisión, en el primer trimestre de 1973, Joaquín María Azaola, conocido en las filas de ETA como Jokin, se exiliaba por tercera y última vez, recalando en el País Vasco francés. El 15 de diciembre de 1977 Joaquín María Azaola Martínez regresaba a España con un pasaporte nuevo, tras acogerse a la amnistía política y laboral que le permitiría reintegrarse a su antiguo puesto como delineante en la empresa Mecánica de la Peña. Una hija de Joaquín declaró después del asesinato de su padre que éste no había recibido amenazas de ningún grupo y que su vinculación con ETA había quedado atrás en una etapa anterior de su vida. 
 
Sin embargo, las causas de su muerte muy probablemente se encontraban precisamente en esa etapa que Azaola creía enterrada. A su regreso del último exilio en Francia, en 1977, Joaquín María Azaola, bajo el seudónimo de Odei Erreka, había publicado un libro titulado Los elegidos de Euskadi. Un atentado al futuro. En la obra, el exmiembro de ETA detallaba con pelos y señales un plan, conocido como 'Operación Pesca', que la banda había diseñado en 1974 para secuestrar en Mónaco al entonces príncipe Juan Carlos de Borbón, junto con otros miembros de la Familia Real. También contaba cómo fue él, personalmente, quien facilitó a las autoridades y a las Fuerzas de Seguridad los datos necesarios para abortar el secuestro. Poco después, en mayo de 1978, Jokin relataba todos los pormenores de la historia en las páginas del semanario Interviú. Joaquín María de Azaola, el hijo de la víctima, se mostraba convencido de que la muerte de su padre, así como las acusaciones que ETA había vertido sobre él en la reivindicación del crimen, eran una venganza por la actuación de éste en aquella operación y por haberlo contado todo en el semanario: “Puede ser una venganza. La única explicación que encuentro para que hayan matado a mi padre es que él fue quien evitó el secuestro del Rey”.
 
Tal y como lo explicó Joaquín María Azaola en el artículo de Interviú, la 'Operación Pesca' tenía como finalidad el secuestro de varios miembros de la casa real, entre los que estaban el conde de Barcelona, don Juan de Borbón; su hijo don Juan Carlos, Príncipe de España; la esposa de éste, doña Sofía; sus tres hijos, Felipe, Elena y Cristina; don Alfonso de Borbón y Dampierre, duque de Cádiz y la esposa de éste, Carmen Martínez Bordiú. La idea de la banda era pedir, a cambio de la libertad de los secuestrados, entre 200 y 300 millones de pesetas y la liberación de un centenar de presos. Entre los etarras que participarían en la planificación y la ejecución del atentado estaban, entre otros, Domingo Txomin Iturbe Abasolo; Isidro María Garalde, alias Mamarru; Miguel Ángel Apalategui Ayerbe, alias Apala; José Luis Arrieta, alias Azkoiti; José María Arruebarrena Esnaola, alias Tanke; José Antonio Garmendia Artola, alias El Tupa, y Jesús María Muñoa Galarraga, alias Txaflis.
 
ETA había tenido conocimiento a principios de 1974 de que el príncipe Rainiero de Mónaco había invitado a la Familia Real española con motivo de la inauguración de un casino en el Principado. El plan de la banda consistiría en que un grupo de etarras abordaría en alta mar el yate de la Familia Real, otro los recogería en la orilla y los trasladaría a una cárcel del pueblo construida en Niza. Allí, un tercer grupo se haría cargo del resto de la operación. Para llevarlo a cabo, los terroristas pretendían alquilar un yate de gran potencia, el Stolvezen. El papel de Joaquín María Azaola era presentarse como secretario de un profesor belga, con documentación falsa a nombre de “Van Pout”. Pero Azaola, Jokin, estaba convencido de que Franco no cedería al chantaje, con lo que el único desenlace posible sería el asesinato de los rehenes. 
 
Sus dudas sobre la utilidad de la operación fueron aumentando. Así, aprovechando un viaje a Bayona para formalizar la renovación de sus papeles de exiliado, acudió al cónsul español y le hizo entrega de un sobre cerrado dirigido al comisario general de investigaciones de la Dirección General de Seguridad, José Sáinz. Ese primer contacto escrito dio pie a otros personales, en los que Azaola le contó a Sáinz los detalles de la operación para que abortara la acción terrorista. Sáinz, que había sido jefe superior de la Policía de Bilbao, puso los hechos en conocimiento del entonces príncipe Juan Carlos y prometió a Azaola que no se detendría a ninguno de sus compañeros en ETA ni se les imputaría, en el futuro, ningún cargo por la participación en el intento de secuestro.  Además, Azaola decidió informar al presidente del Gobierno vasco en el exilio, Jesús María Leizaola, que le pidió que obrara “en conciencia”.
 
Como resultado de la colaboración de Jokin con la Policía, la Familia Real no acudió a Mónaco, frustrándose así el intento de secuestro. El conde de Barcelona, que no recibió la información a tiempo, se desplazó con su yate “Giralda” hasta Cannes, donde fue informado por el comisario Roberto Conesa, tras lo cual fue llevado de nuevo a España en un avión Mystère. Tras darse por cancelada la operación, los miembros de ETA de los tres grupos que se habían organizado regresaron desde Niza y Cannes a sus respectivos puntos de origen en el País Vasco francés. En las páginas de Interviú, Jokin explicaba por qué decidió sabotear la operación terrorista: 
 
Yo estaba seguro de que Franco no iba a ceder y que hubiéramos tenido que matarlos a todos; una vez comenzada la acción no podíamos echarnos atrás. ¿Qué hubiera ocurrido? Pues se cortaba toda posibilidad de evolución hacia la democracia, hubiera habido un cambio radical a la derecha y una represión horrible contra el pueblo vasco. Si nuestro objetivo hubiera sido Franco, como al principio pensé, no habría dudado, pero Juan Carlos... Contando aquellos hechos yo sólo pretendo que el Rey sepa que no fue secuestrado, que debe a un vasco probablemente la vida y que toda una serie de señores policías que se apuntaron el tanto nada hubieran podido hacer por su cuenta […] No pedí dinero ni nada a cambio, y mis condiciones –que no se detuviera a nadie y nunca se les achacara su participación en la acción– fueron cumplidas por José Sáinz. […] Yo no sé lo que pensará la gente, pero yo he vivido muchas noches sin dormir dándole vueltas a mi actuación. En las Navidades de 1974 pude hablar con Jesús María Leizaola, presidente del Gobierno vasco en el exilio, en San Juan de Luz. Sin entrar mucho en detalles le conté las cosas y le pedí su opinión. Sólo me contestó: "No te preocupes, has hecho muy bien".
 
Según el diario La Vanguardia (20/12/1978) cuando hablaba de "señores policías que se apuntaron el tanto" Azaola se refería al comisario general de investigaciones de la Dirección General de Seguridad, José Sáinz; al comisario general de Información, Roberto Conesa, y al jefe de la brigada de Operaciones de la Dirección General de Seguridad, Andrés Gómez Margarida.
 
Joaquín María Azaola Martínez, técnico industrial de 55 años, era natural de Bilbao. Estaba viudo desde un mes antes de su asesinato y tenía tres hijos, dos chicas y un chico, de 26, 28 y 31 años. Azaola era también abuelo, ya que una de sus hijas estaba casada y había tenido un hijo. Joaquín María vivía con sus dos hijos solteros y llevaba un año y medio, desde la vuelta de su último exilio, trabajando en Mecánica de la Peña de Urduliz como delineante proyectista. Sus compañeros de trabajo afirmaban que era un hombre con una conducta normal y que no desarrollaba ningún tipo de actividad política, aunque era considerado por sus amigos como de ideología nacionalista.
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