24 de Agosto de 2010 - 14:36:21 - Luis del Pino - 213 comentarios
Una frase engañosa
Fijémonos detenidamente en esa frase de la sentencia del juez Walker:
"los derechos fundamentales no pueden estar sujetos a votación, ni pueden depender del resultado de ninguna elección"
La primera reacción de casi todo el mundo, al leer esa frase, es de asentimiento: "¡Claro! ¿Cómo van a depender los derechos de las personas del resultado de una votación? ¡Nadie tiene derecho a negarle a otro sus derechos!".
Y, sin embargo, esa frase del juez Walker, tomada aisladamente, no sólo no es cierta, sino que encierra una peligrosa falacia.
¡Por supuesto que nadie tiene derecho a negar a otra persona un "derecho fundamental", una vez que éste ha sido reconocido como tal! Pero es que la cuestión no es esa. La cuestión es que, para que un derecho fundamental "exista", es preciso que alguien lo "reconozca" previamente.
De hecho, el propio juez Walker se apoya, para "reconocer" el derecho al matrimonio homosexual, en su personal interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, enmienda constitucional que fue aprobada en su día por el Congreso americano. Es decir, el juez Walker utiliza, para reconocer la existencia de un derecho fundamental, una enmienda constitucional que en su día "estuvo sujeta a votación" y que dependió, por supuesto, del "resultado de una elección" (la que determinó la composición del Congreso). Es decir, justo lo contrario de lo que se deduce de una interpretación literal de su frase.
En el caso que nos ocupa, el del matrimonio homosexual, todas las partes están de acuerdo en que el matrimonio es un derecho fundamental, pero discrepan en la definición de matrimonio. Mientras que el lobby religioso sostiene que el matrimonio es "la unión entre un hombre y una mujer", el lobby homosexual sostiene que es "la unión entre dos personas". Con lo cual, el lobby homosexual afirma tener un derecho y dice que se lo están negando, mientras que el lobby religioso niega que ese derecho exista y niega, por tanto, que se esté negando a nadie ningún derecho.
En consecuencia, alguien tendrá que decidir quién de los dos tiene razón. Alguien tendrá que "reconocer la existencia" del derecho de los homosexuales a casarse o no reconocerla.
Pongamos otro ejemplo para entender mejor el problema. Si un musulmán afirmara que el matrimonio es también la "unión entre un hombre y una o más mujeres", ¿cómo dictaminamos si tiene o no razón? ¿Quién lo dictamina?
Algunos lectores se sentirán tentados de dar la razón al lobby homosexual en sus pretensiones, otros podrían pensar que también los musulmanes tienen derecho a "su" concepto de matrimonio, mientras que otros pensarán, con el lobby religioso, que el matrimonio es exclusivamente la unión entre un hombre y una mujer. Pero lo importante no es lo que uno opine personalmente, sino el hecho de que es preciso que alguien decida, cada vez que una persona afirma tener un derecho, si esa persona tiene razón en sus pretensiones o no.
Y aquí es donde aparece la peligrosidad implícita en la frase del juez Walker.
Si interpretáramos la frase del juez Walker en sentido literal, lo que estaríamos diciendo, ni más ni menos, es que hay "principios no negociables" que están "por encima" incluso de la voluntad de los electores. Y que uno de esos "principios no negociables" es, precisamente, el derecho a contraer matrimonio, independientemente de la orientación sexual.
Se trata, exactamente, de la misma postura que mantienen algunas personas en otros muchos temas. Hay personas, por ejemplo, que sostienen que ninguna mayoría de electores está legitimada para aprobar una ley del aborto, porque el derecho a la vida es un "principio no negociable" que está por encima incluso de lo que una mayoría coyuntural pueda decidir.
El problema de los principios no negociables
Obviamente, el admitir la existencia de "principios no negociables", situados por encima de la Constitución, no parece aceptable desde el punto de vista democrático, porque querría decir que se está hurtando a los electores la posibilidad de decidir sobre ciertos asuntos.
Si no son los electores los que deciden quién goza de un derecho, ¿quién lo decide? ¿Alguna minoría ilustrada que se crea más capacitada o con más derechos que los demás para decidir?
¿Y cuáles serían los "principios no negociables" que tendríamos que aplicar? ¿Los del Derecho Natural? ¿Los que se deducen de los Diez Mandamientos? ¿Los derivados de la Declaración de los Derechos Humanos? ¿Lo que determine lo "políticamente correcto"? ¿Lo que decidan las cúpulas de los partidos? ¿Lo que dictaminen unos señores que han aprobado una oposición a juez?
Lo lógica nos dice que, en un régimen democrático, son precisamente los electores los que deciden qué cosas son aceptables y cuáles no. Y que esas decisiones de los electores se plasman, precisamente, en una Constitución: es esa Constitución la que fija los "principios no negociables" en los que se basa la convivencia, principios que no están "por encima" de la Constitución, sino que la conforman.
De hecho, la frase del juez Walker no hay que interpretarla en sentido literal, sino dentro del contexto del resto de afirmaciones que realiza en su sentencia. Lo que el juez Walker está diciendo, realmente, es:
"los derechos fundamentales [reconocidos en la Constitución de los Estados Unidos] no pueden estar sujetos a votación, ni pueden depender del resultado de ninguna elección [excepción hecha de las propias reformas constitucionales que pudieran aprobarse en el futuro]"
Y sin embargo...
De acuerdo con la mera lógica democrática, parece, por tanto, que son los electores los que deciden, bien directamente (mediante referéndum de reforma constitucional), bien indirectamente (mediante una reforma constitucional aprobada por el Congreso), cuáles son los derechos fundamentales y cómo se definen.
Pero esa postura plenamente democrática plantea inquietantes escenarios. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se aprobara una reforma constitucional que prohibiera los matrimonios entre personas de distinta raza? ¿Tendría "derecho" una mayoría de electores a hacer eso? De hecho, los matrimonios entre personas de distinta raza estuvieron prohibidos por ley en California... ¡hasta 1948!
Más difícil todavía: ¿tendrían los electores de un determinado país "derecho" a aprobar una Constitución que consagrara la supremacía de una raza sobre otra? ¿Tendrían "derecho" a aprobar una Constitución en la que se negara el derecho al voto a las mujeres, o a los ancianos, o a los negros, o a los judíos? ¿Tendrían "derecho" a aprobar una Constitución en la que se legalizara la tortura?
Ésta es, precisamente, la pregunta de fondo que ese debate mantenido en California ha terminado poniendo sobre la mesa: ¿cuáles son los límites de la voluntad popular? ¿Hay cosas que son inherentemente "inaceptables", por mucho que los electores digan lo contrario? ¿Y cuáles serían esas cosas "inherentemente" inaceptables? ¿Lo sería el racismo? ¿Lo sería el aborto? ¿Lo sería la tortura? ¿Lo sería la discriminación por razón de sexo? ¿Y lo sería la discriminación en función de la orientación sexual?
Llevar la lógica democrática a sus últimas consecuencias nos conduce a un escenario en el que estaríamos obligados a aceptar cualquier cosa que los electores decidieran, por muy execrable que nos pareciese. Si la voluntad democrática es la máxima fuente de derechos, entonces estamos aceptando que los electores tienen en su mano otorgar o quitar cualquier derecho, o incluso discriminar a determinadas personas o grupos.
Por el contrario, negar la aplicabilidad estricta de la lógica democrática implica aceptar que hay asuntos sobre los que los electores no tienen derecho a decidir y que existen, por tanto, minorías ilustradas (supuestamente bienintencionadas) que son las que deciden "en nombre de los demás" lo que es aceptable y lo que no.
Como ven, no se trata de un debate sencillo, en absoluto. Y, para ilustrarlo, permítanme los lectores que les plantee dos preguntas delicadas:
- ¿Tendría un juez francés derecho (utilizando un argumento similar al empleado por el juez Walker) a decretar por su cuenta y riesgo la validez de los matrimonios poligámicos, afirmando que prohibir esos matrimonios equivaldría a discriminar a las personas por razón de su religión, cosa que la Constitución francesa prohíbe?
- ¿Tendrían los electores italianos derecho (aplicando la estricta lógica democrática) a aprobar una enmienda constitucional que decretara la eutanasia obligatoria para todos aquellos que fueran considerados enfermos terminales por un comité médico adecuadamente constituido?
Trate el lector de responder a esas preguntas argumentadamente e intente después aplicar esos argumentos al caso del matrimonio homosexual. Si lo hace, verá que las líneas entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo aceptable y lo inaceptable, son extraordinariamente sutiles. Y muy, muy personales.
Finale... ma non troppo
El estado actual de la cuestión del matrimonio homosexual en California es el siguiente: una vez que el juez Walker emitió su sentencia, ésta fue inmediatamente recurrida por el lobby religioso ante la correspondiente corte federal de apelaciones. El tribunal decidió inmediatamente suspender de forma cautelar la sentencia del juez, a la espera de que se celebre una primera vista de apelación, que tendrá lugar en diciembre.
Hasta entonces, los matrimonios homosexuales siguen siendo ilegales en California. Y lo que pase después se verá enormemente influido por el resultado de las próximas elecciones parlamentarias de noviembre (que determinarán el "clima político") y por el resultado de la batalla de opinión pública que se está produciendo en California y en el resto de los Estados Unidos.
Es probable que el asunto termine llegando, de una forma o de otra, al Tribunal Supremo, el cual puede tardar varios años en dictaminar si revierte su decisión de 1972 o si la mantiene.
Si la mantuviera, entonces cada estado de los Estados Unidos seguiría siendo soberano para decidir cómo define el matrimonio. Si esa decisión de 1972 fuera revertida, sin embargo, eso afectaría a la Constitución de 30 estados, a la legislación de otros 15 y a las leyes del propio gobierno federal. Y la sentencia tendría unas consecuencias de calado tan profundo como la famosa sentencia Roe vs Wade, que legalizó el aborto en los Estados Unidos.
Sea como sea, el debate está servido. Y hay que reconocer que es un debate apasionante.
Aunque sería deseable que ese debate se acometiera con mucha menor carga de emotividad. Ni los defensores del matrimonio homosexual son locas peligrosas empeñadas en destruir la moral de Occidente, ni los detractores del matrimonio homosexual son católicos casposos empeñados en imponer su moral a los demás. Lo que son, tanto unos como otros, es personas que están luchando por lo que ellos creen, equivocados o no, que son sus derechos y por lo que ellos piensan, acertada o equivocadamente, que es justo.
Tanto unos como otros actúan con lo que ellos piensan que son las mejores intenciones. Y tanto unos como otros han puesto sobre la mesa argumentos de peso, que merecen un análisis detenido.
Argumentos, además, que tocan de lleno a la propia naturaleza de los sistemas democráticos. Y, teniendo en cuenta el tipo de desafíos a los que los regímenes democráticos se van a tener que enfrentar a corto plazo, merece la pena que aprovechemos la ocasión para intentar determinar, de forma desapasionada, qué entendemos por "derechos" y cuál debe ser la forma de fijar esos derechos.
Porque, si no lo hacemos, es la fuerza de los hechos consumados la que se terminará imponiendo. Como tantas veces en el pasado.
19 de Agosto de 2010 - 11:08:17 - Luis del Pino - 82 comentarios
El 5 de noviembre de 2008, por tanto, se aprobó en referéndum incorporar a la Constitución californiana la prohibición de celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo.
Lejos de tirar la toalla, el lobby homosexual anunció de inmediato que la batalla continuaba. Y puso en marcha tres líneas de contraataque, una de las cuales nos terminará llevando, como veremos, al auténtico fondo de la cuestión.
En primer lugar, se anunció que se iba a iniciar de inmediato la campaña para recoger las firmas necesarias para realizar un nuevo referéndum en 2012, con el que revertir la decisión anterior e introducir en la Constitución el derecho al matrimonio homosexual. Obviamente, esta línea de contraataque es perfectamente legítima: una mayoría de ciudadanos puede introducir un precepto en la Constitución, pero, de la misma manera, otra mayoría de ciudadanos puede, en el futuro, adoptar la decisión contraria.
En segundo lugar, el lobby homosexual presentó ante los tribunales una primera impugnación del resultado del referéndum de reforma constitucional. Aducía, en esa impugnación, que el cambio que se había realizado no era una simple "enmienda constitucional", sino que, al afectar a derechos fundamentales, era una "revisión constitucional" en toda regla, la cual, de acuerdo con la Ley, hubiera debido requerir una previa aprobación por mayoría de dos tercios en el Congreso californiano.
Esta segunda línea de contraataque también era perfectamente legítima: el lobby homosexual tenía todo el derecho del mundo a invocar las leyes vigentes para tratar de anular una reforma constitucional que le era desfavorable. Pero la aprobación de la Proposición 8 cumplía escrupulosamente los procedimientos de reforma constitucional establecidos, así que el Tribunal Supremo de California desestimó esta impugnación unos meses después, ratificando la plena validez del referéndum realizado.
La tercera línea de contraataque era de mucho más calado: el lobby homosexual presentó una segunda demanda judicial solicitando que se anulara la Proposición 8, porque, según ellos, la prohibición de los matrimonios entre personas del mismo sexo vulneraba la Constitución de los Estados Unidos.
El lobby religioso puso el grito en el cielo: la Proposición 8, una vez aprobada en referéndum, había pasado a convertirse en parte de la Ley suprema californiana, así que ¿cómo demonios podía ser "inconstitucional" un artículo de la propia Constitución del estado? Aquello era inaceptable, una auténtica afrenta a la voluntad de los electores.
Posiblemente el lector se sienta tentado de compartir esta valoración, pero le aconsejo que no se precipite a condenar ese movimiento del lobby homosexual sin antes pensar un poco en el tema, porque el asunto es mucho más complejo de lo que parece.
Básicamente, lo que se abría con esa demanda era un conflicto constitucional en toda regla entre la Constitución federal y la Constitución del estado de California. Y lo cierto es que a ninguna de las dos partes le faltaba razones para sustentar su postura.
Vamos a tratar de resumir los argumentos recurriendo, de nuevo, a un diálogo ficticio.
(Argumento del lobby religioso)
- Según las leyes americanas, son los estados los que regulan las uniones matrimoniales. De hecho, en 30 estados de los Estados Unidos, la constitución define expresamente el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. En otros quince, el matrimonio homosexual no está permitido, aunque esa prohibición se sustenta en leyes de rango inferior (y no en la propia constitución del estado). Sólo en cinco estados (New Hampshire, Massachusetts, Vermont, Iowa y Connecticut) es posible el matrimonio homosexual. Cada estado hace pues lo que le place. Por tanto, la única conclusión correcta es: "los electores de California tienen todo el derecho del mundo a regular el matrimonio como les apetezca".
(Contra-argumento del lobby homosexual)
- Un momento. No tan rápido. Es cierto que los estados pueden regular el matrimonio, pero las leyes federales tienen prioridad sobre las estatales. Y ya ha habido antes otras ocasiones en que el Congreso americano o los tribunales federales han obligado a ciertos estados a modificar la legislación matrimonial.
Así, por ejemplo, la Ley Federal anti-bigamia de 1862 prohibió la práctica de la poligamia en todo el territorio de los Estados Unidos (afectando especialmente a Utah, donde los mormones la practicaban). Asimismo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos (el equivalente a nuestro Tribunal Constitucional) anuló en 1967 la ley del estado de Virginia que prohibía los matrimonios inter-raciales, por no ajustarse a la Constitución federal. Por tanto, la conclusión correcta sería: "los electores de California tienen derecho a regular el matrimonio como les apetezca, siempre y cuando no se viole la Constitución de los Estados Unidos".
(Contra-contra-argumento del lobby religioso)
- Es verdad que la Constitución de los Estados Unidos puede imponer límites a la capacidad de cada estado para regular el matrimonio. Pero lo cierto es que ninguna de las enmiendas constitucionales aprobadas por otros 29 estados prohibiendo el matrimonio homosexual ha sido declarada inconstitucional por los tribunales federales.
Es más: el Tribunal Supremo ya dictaminó en 1972 la constitucionalidad de la ley que prohíbe los matrimonios homosexuales en Minessota (caso Baker v. Nelson, año 1972) y, asimismo, otros tribunales federales de rango inferior han confirmado la constitucionalidad de otras leyes similares en Florida (caso Wilson v. Ake, año 2005) y Nebraska (caso Citizens for Equal Protection v. Bruning, año 2006).
No sólo eso, sino que, aunque la Constitución de los Estados Unidos no prohíbe ni autoriza expresamente los matrimonios homosexuales, existe una Ley de rango inferior (la Ley de Defensa del Matrimonio, aprobada por el Congreso y el Senado en 1996) que sí define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, en todo lo que al estado federal respecta. Debido a esa ley, por ejemplo, una pareja homosexual válidamente casada en Iowa no puede presentar una declaración conjunta de impuestos federales.
Por tanto, la conclusión correcta es: "los electores de California tienen derecho a regular el matrimonio como les apetezca, siempre y cuando no se viole la Constitución de los Estados Unidos, pero los tribunales federales ya han dictaminado que la prohibición del matrimonio homosexual no la viola".
El penúltimo episodio
A la vista de estos argumentos, parece que la invocación de las leyes federales era una medida a la desesperada del lobby homosexual. Sin embargo, en el terreno judicial no se puede dar nunca por ganado un caso y esa medida aparentemente desesperada terminaría demostrando ser fructífera.
La demanda le tocó en suerte al juez Vaughn Walker, del cual merece la pena hacer una breve semblanza.
Walker fue propuesto en su día para el cargo por Ronald Reagan, aunque su nombramiento fue bloqueado por el Partido Demócrata, que acusaba a Walker de no tener sensibilidad para con los homosexuales. Lo cual no deja de tener su gracia, porque resulta que el juez Walker... es abiertamente homosexual. Al final, Walker fue nombrado juez federal bajo el mandato de George Bush padre, y es un juez que goza de gran prestigio profesional.
El pasado 4 de agosto de 2010, el juez Walker emitió su sentencia y, en contra de todos los precedentes existentes, declaró inconstitucional la Proposición 8, alegando que la prohibición de los matrimonios homosexuales viola el derecho a la no discriminación establecido en la Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos.
Básicamente, el argumento del juez Walker para ir en contra de todos los precedentes era que:
a) aunque es verdad que existe una sentencia de 1972 del Tribunal Supremo declarando que prohibir los matrimonios homosexuales no viola la Constitución, la consideración social acerca del tema de los matrimonios homosexuales ha variado mucho a lo largo de los casi 40 años transcurridos desde entonces. En consecuencia, no se puede aplicar ciegamente el criterio establecido en aquella sentencia.
b) el matrimonio es un derecho fundamental, como todos reconocen.
c) el matrimonio homosexual no es un "nuevo derecho" (que se pueda conceder o no conceder), sino una nueva forma de ejercer ese derecho, ya existente, al matrimonio.
d) la Constitución americana garantiza un trato no discriminatorio a todos los ciudadanos, por lo que no se puede negar a los homosexuales el acceso al matrimonio por el simple hecho de ser homosexuales.
Y, finalmente, el argumento de más calado político: con respecto al hecho de que la Proposición 8 hubiera sido aprobada en referéndum por los ciudadanos de California, el juez Walker dictaminó que
e) "los derechos fundamentales no pueden estar sujetos a votación, ni pueden depender del resultado de ninguna elección".
He aquí el verdadero núcleo de la cuestión, expresado con meridiana claridad. En el próximo (y último) hilo de esta serie veremos cómo este último argumento nos va a llevar muy lejos en el debate sobre lo que es un régimen democrático, sobre cómo se definen los derechos fundamentales y sobre cuáles son los límites a la voluntad popular.
16 de Agosto de 2010 - 08:09:44 - Luis del Pino - 98 comentarios
Editorial del programa Sin Complejos del domingo 15 de agosto de 2010
Lo que les voy a contar parece el argumento de una película, y de hecho, esta historia daría pie para elaborar un extraordinario guión cinematográfico, pero les aseguro que se trata de un suceso completamente verídico.
El pasado 8 de junio se celebraban las elecciones primarias para elegir al aspirante demócrata al senado estadounidense por el estado de Carolina del Sur.
Lo natural es que en esas elecciones primarias fuera elegido Vic Rawl, que era el candidato oficial del partido. Licenciado en derecho, oficial de la Guardia Nacional, irreprochable padre de familia y con esa cara de niño bueno que sólo los verdaderos profesionales de la política saben componer, Vic Rawl ha pasado casi toda su vida dedicado a la cosa pública.
Fue durante ocho años diputado en el Congreso Estatal de Carolina del Sur, fue juez electo durante otros doce años y desde 2008 ocupaba el cargo de concejal en el ayuntamiento de Charleston. En definitiva: un político de carrera, con la gran experiencia que le dan sus casi sesenta años y perfectamente integrado en el aparato del Partido Demócrata.
Este año, Vic Rawl se había propuesto participar en las elecciones al Senado, para disputarle el puesto al republicano Jim de Mint, que ostenta el cargo de senador por Carolina del Sur desde el año 2005.
La campaña de Vic Rawl para las primarias del Partido Demócrata no fue especialmente intensa. Rawl tenía un brillante currículum que mostrar a los electores, contaba con el apoyo de los grandes popes del partido a nivel estatal y no tenía enfrente a ningún candidato digno de mención, sólo los típicos frikis que se presentan por libre a este tipo de comicios. No hacía falta, por tanto, invertir grandes sumas de dinero en publicidad.
Pero, de todos modos, Vic Rawl hizo una campaña digna y tradicional, formando su equipo de voluntarios, solicitando contribuciones monetarias a los simpatizantes con las que sufragar los anuncios electorales, y montando un sitio web muy profesional, en el que simpatizantes, contribuyentes y prensa pudieran estar informados, minuto a minuto, del desarrollo de las primarias.
Sin embargo, llegado el día de las votaciones, el amigo Vic Rawl ‑el candidato oficial del partido, el único candidato medianamente serio que se presentaba a esas elecciones- se quedó compuesto y sin nominación, cuando saltó la sorpresa y un perfecto desconocido, Alvin Greene, ganó inesperadamente las primarias del partido demócrata, barriendo a Rawl con un abrumador 59% de los votos.
Lo gracioso del caso no es que un perfecto desconocido derrotara al candidato oficial del partido. Lo verdaderamente hilarante es que ese desconocido, Alvin Greene, arrasó en las primarias a Rawl sin tener ningún padrino en el partido, sin contar con ningún equipo de voluntarios, sin disponer de página web, sin poner ni un solo anuncio publicitario, sin haber dado un solo mítin y sin haber invertido un centavo en la campaña.
Imaginen la cara que se le quedaría a Rawl el día de las votaciones. Y más al enterarse de que su oponente, Alvin Greene, era un negro de 33 años, que no solo no tenía ni la más mínima experiencia política, sino que carece de trabajo desde que dejó el ejército hace un año y que encima está pendiente de juicio, acusado de escándalo público por enseñar hace tiempo una revista pornográfica a una compañera de estudios.
O sea, que el brillante abogado, congresista estatal y concejal, respaldado por el aparato del partido, fue derrotado de manera apabullante por un joven negro desempleado y tal vez delincuente, al que nadie conocía y que no había hecho ninguna campaña en absoluto.
Y ahí tienen ustedes a Alvin Greene, que surgiendo de la nada ha conseguido ser nominado por el Partido Demócrata para enfrentarse en las elecciones al Senado del próximo mes de noviembre al republicano Jim de Mint. Y, teniendo en cuenta que es la primera vez en la Historia que uno de los dos grandes partidos americanos presenta a un negro para las elecciones al Senado en Carolina del Sur, es incluso posible que nuestro antihéroe termine siendo elegido senador.
¿Verdad que se trata de una preciosa lección de democracia?
Viene todo esto a cuento de que se ha estado hablando mucho, en las últimas semanas, de esas primarias del Partido Socialista de Madrid, en las que Tomás Gómez tendrá que disputarle el puesto a la candidata apoyada por el aparato político y mediático del partido, en una lucha que parece, en principio, bastante desigual. Pero lo que esta historia americana nos enseña es que Tomás Gómez no debe en absoluto desesperar.
Don Tomás: si un negro desempleado y presunto delincuente de Carolina del Sur ha sido capaz de derrotar al candidato oficial del partido sin ni siquiera hacer campaña, ¿cómo no va a poder usted con Trinidad Jiménez?
¡Ánimo, hombre!
15 de Agosto de 2010 - 06:14:52 - Luis del Pino - 23 comentarios
Editorial del programa Sin Complejos del sábado 14 de agosto de 2010
Esta semana, la agencia Europa Press ha difundido una entrevista con el mediador internacional sudafricano Brian Currin, uno de los impulsores de la declaración de Bruselas y que está interviniendo activamente en las negociaciones entre el Gobierno y ETA.
En esa entrevista, Brian Currin defiende el proceso de acercamiento de presos al País Vasco, reconoce su labor de interlocución con el Gobierno de Zapatero, se manifiesta optimista con respecto al proceso de negociación y anuncia que probablemente asistamos, a no mucho tardar, a algún tipo declaración de ETA o del entorno batasuno. "La situación está en un punto muy delicado - dijo - pero estoy confiado en que se están haciendo progresos".
Preguntado por los plazos, Currin afirmó que uno de los hitos temporales son las próximas elecciones en el País Vasco y se declaró convencido de que el entorno batasuno "habrá hecho lo que tiene que hacer" para estar presente en las elecciones municipales del próximo año. Por último, valoró positivamente la formación del frente nacionalista entre Batasuna y partidos como Eusko Alkartasuna y Aralar, de cara a una posible alianza electoral.
Lo venimos advirtiendo desde estos micrófonos desde hace muchos meses: que hay un proceso en marcha que en realidad no es sino la continuación del proceso iniciado en la anterior legislatura, tal como han denunciado en repetidas ocasiones Jaime Mayor Oreja o Francisco José Alcaraz; que ese proceso busca consolidar el acuerdo que la rebelión cívica hizo imposible en la fase anterior; que ese proceso se iba a acelerar ahora que el Estatuto catalán (modelo del futuro estatuto vasco) ha terminado por derogar la Constitución española y que, al final, ETA va a terminar por conseguir casi todos los objetivos por los que lleva matando desde hace 40 años, demostrando así que la violencia es rentable.
En realidad, no es que los que denunciamos la existencia de ese proceso seamos pitonisos o más listos que el resto del mundo. Basta con saber leer los propios medios de comunicación de la izquierda proetarra, que llevan mucho tiempo describiendo los pasos que se van dando en esa negociación y presentándolos como lo que son: un triunfo de sus tesis y una claudicación de lo que ellos llaman "el estado español", que al final, según ellos, no ha tenido otro remedio que apostar por la negociación.
Leyendo esos medios, por ejemplo, nos enteramos de que en octubre de 2009 - es decir, hace casi un año - Brian Currin daba una conferencia en San Sebastián para hablar del "proceso de negociación" con ETA. Entre el público se encontraban Juan José Ibarretxe o Joseba Egibar, además de otros políticos del entorno batasuno.
En aquella conferencia, Currin criticó las entonces recientes detenciones de los batasunos Otegui y Díez Usabiaga efectuadas por la Audiencia Nacional, manifestó que le parecía contraproducente que se pidiera al entorno batasuno que condenara a ETA y explicó que, en su opinión, se tenían que dar dos condiciones para que el proceso avanzara. Esas dos condiciones eran crear un espacio político para que el entorno batasuno pudiera operar de forma legal y conseguir lo que él denominó "el fin de la violencia".
También pudimos conocer, gracias a esa conferencia de octubre de 2009, algún otro detalle interesante. Por ejemplo, que Currin llevaba interviniendo en el proceso dieciséis meses en aquel momento. Es decir: que la segunda fase del proceso, esta vez con abierta mediación internacional, se había iniciado tres meses escasos después de las últimas elecciones generales.
En marzo de 2010, los medios de comunicación proetarras daban cuenta asimismo de la presentación de la denominada Declaración de Bruselas en favor de un proceso de paz en el País Vasco, declaración impulsada por Currin y firmada por distintas personalidades políticas, como el ex presidente sudafricano Frederick de Klerk, el arzobispo Desmond Tutu, la fundación Nelson Mandela, la ex presidenta irlandesa Mary Robinson o el ex primer ministro irlandés Albert Reynolds.
Se trataba, ni más ni menos, que de la presentación en sociedad del proceso de negociación, con lo que no hacía falta ser muy lince para deducir que ese proceso no sólo contaba con el beneplácito del actual Gobierno, sino también de la actual Oposición, puesto que ese tipo de negociación con abierta implicación de personalidades internacionales no puede ponerse en marcha si no se cuenta con la garantía de que los pasos dados son irreversibles, es decir, si no se cuenta con la garantía de que un cambio de gobierno en España no va a dar al traste con lo avanzado hasta la fecha.
De hecho, la defenestración en el PP de casi todos aquellos que más se han significado por su oposición a las negociaciones en la anterior legislatura (María San Gil, Ángel Acebes, Ignacio Astarloa, Regina Otaola...) no se explica salvo por la necesidad de quitar de en medio a todos aquellos que pudieran obstaculizar la nueva fase del "proceso". El único que se salvó de la quema fue, en su momento, Jaime Mayor Oreja, a quien Rajoy tuvo que recurrir para evitar una derrota en las últimas elecciones europeas, derrota que habría significado el final de la carrera política de Rajoy y de los intentos por incorporar al PP al proceso de negociación con ETA.
Por supuesto, a lo largo de todo este tiempo, tanto el Gobierno como la Oposición han estado negando la existencia de esos contactos y de ese proceso de negociación. Sólo algunas voces aisladas del PP, como la de Mayor Oreja o la de Carlos Iturgáiz, que van por libre, se han alzado para denunciar ese proceso que su propio partido está avalando bajo la mesa.
Pero la entrevista de Currin publicada por Europa Press no deja lugar a dudas. El mediador sudafricano reconoce su interlocución con el Gobierno socialista y da a entender que el entorno batasuno estará en las próximas elecciones municipales, probablemente integrado en ese frente común nacionalista que Currin ve como algo muy positivo.
Y el Gobierno no se ha dignado a desmentir esas negociaciones, ni la actual cúpula del PP ha tenido a bien exigirle que las desmienta. Lejos de ello, desde la C/ Génova se ha vuelto a reafirmar la confianza en la política antiterrorista del Gobierno. Así, Cristóbal Montoro declaró, después de conocerse el contenido de la entrevista con Currin, que no sabía qué sentido podían tener las palabras de mediador sudafricano y que "no parece que estemos ante un cambio de política" del Gobierno.
¿Creen ustedes que soy muy suspicaz, que estoy siendo demasiado duro con la actual cúpula del PP? Pues, como hoy es sábado, que es un día que me gusta especialmente, les manifiesto desde ya mi predisposición a desdecirme. Bastaría para ello que, vistas las declaraciones del mediador sudafricano, Mariano Rajoy haga una cosa muy simple: comprometerse solemne y públicamente a no respetar, en caso de llegar a La Moncloa, ninguno de los acuerdos que este Gobierno pudiera alcanzar con ETA a través de esos mediadores internacionales.
¿Verdad que una declaración en ese sentido de Rajoy nos tranquilizaría mucho a todos?
Pero algo me dice que esa declaración de Mariano Rajoy no se va a producir nunca.
12 de Agosto de 2010 - 12:34:56 - Luis del Pino - 51 comentarios
Llegados al punto descrito en el hilo anterior, comenzaban ya a perfilarse los principales problemas de naturaleza jurídica y política que subyacían al debate sobre el matrimonio homosexual, aunque no todavía con la suficiente claridad.
Si prescindimos de los argumentos de carácter más emotivo, podríamos resumir las dos posiciones con el siguiente diálogo ficticio:
- Es que no veo por qué tienen que negarme a mí el derecho a casarme, simplemente por ser homosexual. La Proposición 22 viola mis derechos, así que debería ser declarada inconstitucional.
- La Proposición 22 no viola ningún derecho, porque ese supuesto derecho tuyo a casarte no existe. El derecho a casarse sólo lo tienen las parejas heterosexuales. El matrimonio es y siempre ha sido, por definición, la unión entre un hombre y una mujer. Además, el referéndum ha demostrado claramente que eso es lo que los californianos piensan. Resulta escandaloso que se esté recurriendo a la vía jurídica y a la vía política para hacer caso omiso de la opinión de los ciudadanos.
- Pero es que la cuestión de los derechos está por encima de lo que los electores piensen. Todo ciudadano americano tiene derecho a no ser esclavizado, por ejemplo, aunque los electores puedan pensar o decir lo contrario. Por tanto, el hecho de que los californianos voten que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer es irrelevante. Si una votación cercena un derecho constitucional, entonces esa votación es nula.
- La Constitución californiana no dice en ningún sitio que los homosexuales puedan contraer matrimonio, así que el matrimonio homosexual no es un derecho constitucional.
- Perdona, pero la Constitución californiana sí que dice expresamente que no pueden existir discriminaciones en función de la orientación sexual. Y cuando a mí me niegan un derecho por ser homosexual, me están discriminando, porque me están tratando de forma diferente a como se trata a las personas heterosexuales.
- Te estarían discriminando, efectivamente, si te estuvieran negando un derecho, pero te repito que ese derecho de los homosexuales a casarse no existe en nuestras leyes. Y los ciudadanos han ratificado que ese supuesto derecho no existe. Y como no existe, nadie te lo está negando. El hecho de que tú afirmes tener un derecho no implica necesariamente que lo tengas.
Invito al lector a que se olvide de sus propios prejuicios y analice desapasionadamente los argumentos que se comenzaban a barajar. A cada persona le podrán parecer más o menos correctos - o más o menos coherentes, o completos - los argumentos utilizados por uno u otro bando, pero de lo que no cabe duda es de que esos argumentos eran, cuando menos, "razonables". Ambos bandos sostenían posturas que trataban de apoyarse en argumentos jurídicos y lógicos, aunque luego la pelea fuera a cara de perro.
Pero lo más importante es que aquel debate comenzaba a poner sobre la mesa cuestiones de profundo calado sobre los propios conceptos de democracia, de derechos y de estructura constitucional. Como en el diálogo se apunta, el problema se reducía a dos cuestiones fundamentales: cómo definir qué es un matrimonio y cómo decidir quién goza de un derecho. ¿Es el matrimonio una "relación entre un hombre y una mujer" o es una "relación entre dos personas"? ¿Cabe considerar el matrimonio como un "derecho" de los homosexuales, que por tanto no podría negarse? ¿O ese "derecho" sólo lo tienen los heterosexuales? Y sobre todo: ¿a quién le corresponde decidir cuál es la definición de matrimonio o los derechos que tiene cada ciudadano?
En cuanto a la correlación de fuerzas, cada vez iba quedando más claro que el lobby religioso contaba con una mayoría entre los electores, mientras que el lobby homosexual tenía mucha más influencia que sus oponentes sobre la clase política, como los acontecimientos posteriores se encargarían de demostrar.
Con eso, parecía que la cuestión estaba resuelta: los electores habían respondido a las dos preguntas que planteábamos anteriormente ("¿cuál es la definición de matrimonio?" y "¿tienen las parejas homosexuales el derecho de casarse?"), expresando su voluntad de que el matrimonio homosexual no fuera considerado un derecho constitucional y de que el matrimonio se definiera, constitucionalmente, como la unión entre un hombre y una mujer.
Sin embargo, la batalla tampoco terminó aquí, como veremos.
10 de Agosto de 2010 - 14:12:03 - Luis del Pino - 66 comentarios
En el estado de California está teniendo lugar, desde hace ya varios años, una enconada batalla en torno a la cuestión del matrimonio homosexual, que está dividiendo a la sociedad californiana como nunca se había visto.
La batalla resulta apasionante, tanto por el desarrollo en sí de los hechos, como porque está suscitando debates de enorme profundidad sobre los derechos constitucionales, sobre el propio concepto de democracia y sobre cuáles son los límites de la voluntad popular.
Los actores principales en esa batalla son dos poderosos sectores sociales: el lobby homosexual y el lobby religioso, y utilizo aquí el término "lobby" sin ningún sentido peyorativo, sino como simple abreviatura para referirme a aquellas personas y organizaciones que más a fondo se han involucrado en el activismo social a favor de uno u otro de los bandos en conflicto.
La historia de los hechos es la siguiente:
(Nota: con el fin de no liar al lector, he sustituido los términos legales del Derecho estadounidense por sus equivalentes aproximados en el Derecho español)
4 de Agosto de 2010 - 13:38:40 - Luis del Pino - 97 comentarios
"Es incompatible con la democracia colaborar con la violencia y no tener la sensibilidad suficiente para estar del lado de las víctimas y de los demócratas"
Hoy se cumplen 8 años del asesinato de la niña de seis años Silvia Martínez y de Cecilio Gállego en Santa Pola, cuando ETA colocó un coche bomba al lado del cuartel de la Guardia Civil. Además de matar a Silvia y a Cecilio, el coche bomba hirió a otras veinticinco personas.
"Es incompatible con la democracia colaborar con la violencia y no tener la sensibilidad suficiente para estar del lado de las víctimas y de los demócratas"
Arnaldo Otegui, líder de Batasuna, no sólo se negó a condenar el atentado, ese doble asesinato, sino que responsabilizó al presidente del Gobierno, José María Aznar, de ese atentado y "de lo que pudiera ocurrir en el futuro".
"Es incompatible con la democracia colaborar con la violencia y no tener la sensibilidad suficiente para estar del lado de las víctimas y de los demócratas"
Aznar, por su parte, sólo dijo: "Hasta aquí hemos llegado". Aquella nueva bestialidad de ETA precipitó el que se recurriera a la Ley de Partidos, impulsada por el PP, para ilegalizar a Batasuna, lo que permitió expulsar por fin al brazo político de ETA de las instituciones.
El entonces jefe de la Oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró, en referencia al atentado, que "es incompatible con la democracia colaborar con la violencia y no tener la sensibilidad suficiente para estar del lado de las víctimas y de los demócratas"
Ocho años después, ese mismo José Luis Rodríguez Zapatero que aquello declaraba ha conseguido que los proetarras vuelvan a las instituciones de las que se les había conseguido expulsar, ha conseguido otorgar a ETA carta de interlocutor político a nivel internacional y describe la negociación con la banda terrorista como "su mejor decisión".
"Es incompatible con la democracia colaborar con la violencia y no tener la sensibilidad suficiente para estar del lado de las víctimas y de los demócratas"
José Luis Rodríguez Zapatero colabora a que ETA continúe presente en las instituciones, ha colaborado a legitimarla como interlocutor político y ha demostrado sobradamente carecer de cualquier tipo de sensibilidad para con las víctimas.
De donde supongo que debemos concluir, utilizando sus propias palabras, que tenemos un presidente del Gobierno que es "incompatible con la democracia".
1 de Agosto de 2010 - 07:13:28 - Luis del Pino - 97 comentarios
Editorial del programa Sin Complejos del sábado 31 de julio de 2010
El 16 de noviembre de 1984 es asesinado en un restaurante de Irún el empresario vasco-francés Joseph Couchot, a quien las revistas Tiempo, Enbata y Punto y Hora habían relacionado poco antes con las actividades de los GAL. El día anterior a su asesinato, la revista Punto y Hora publicaba una réplica del propio Couchot, en la que desmentía su relación con la trama del GAL y responsabilizaba al director de la revista de cuanto pudiera sucederle a sus familiares, a sus negocios o a su persona como consecuencia del artículo publicado por la revista. Una de las participantes en el atentado fue la etarra Idoia López Riaño, en lo que constituiría su primer asesinato.
El 26 de febrero de 1985 es asesinado en San Sebastián, de un tiro en la nuca, el empresario Angel Facal Soto, propietario de una empresa de remolcadores. Una de las participantes en el atentado fue la etarra Idoia López Riaño.
El 12 de mayo de 1985 es asesinado, también en San Sebastián, de tres tiros en la cabeza, el policía nacional Máximo Antonio García. Una de las participantes en el atentado fue la etarra Idoia López Riaño.
El 25 de abril de 1986, a las 7:15 de la mañana, mueren cinco guardias civiles y otros cuatro resultan heridos de gravedad, cuando ETA hace estallar un coche bomba con 20 kilos de Goma2 al paso del Land Rover en el que viajaban, en la esquina de las calles Juan Bravo y Príncipe de Vergara en Madrid. La explosión acabó con la vida de Juan Carlos González Rentero, Juan Mateo Pulido, Juan Catón Vázquez, Javier Domínguez González y Alberto Alonso Gómez. La explosión destrozó la fachada de la maternidad de Nuestra Señora del Rosario, donde estaban ingresadas en ese momento 55 mujeres y 60 niños. Tres horas después de aquel atentado, PNV y Herri Batasuna iniciaban una ronda de conversaciones. Entre los componentes del comando que perpetró el atentado se encontraban Ignacio De Juana Chaos e Idoia López Riaño.
El 17 de junio de 1986, un comando terrorista compuesto por dos hombres y una mujer ametralla en su coche al comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas, al teniente coronel Carlos Vesteiro y al soldado-conductor Francisco Casillas, cinco días antes de las elecciones generales. Según uno de los testigos presenciales, "uno de los terroristas metió la metralleta por la ventanilla del coche para rematar a Ynestrillas". Se da la circunstancia de que, cuatro días antes del atentado, la revista Cambio 16 publicaba un artículo acusando al comandante Sáenz de Ynestrillas de formar parte de una trama golpista de extrema derecha. Entre los componentes del comando que perpetró el atentado se encontraban Ignacio De Juana Chaos e Idoia López Riaño.
Un mes después, el 14 de julio de 1986, ETA hacía estallar una furgoneta cargada con explosivos y con cinco ollas a presión llenas de tornillería al paso de un autobús de la Guardia Civil, en la plaza de la República Dominicana de Madrid. En el autobús viajaban 54 agentes en prácticas de la Agrupación de Tráfico, de entre 25 y 19 años de edad. Doce guardias civiles fueron asesinados en aquella masacre: Jesús María Freixes, Santiago Iglesias Rodino, Carmelo Álamo, Miguel Cornejo Ros, José Calvo Gutiérrez, Andrés José Fernández Pertierra, Antonio Lancharro Reyes, José Joaquín García Ruiz, Jesús Gimeno Gimeno, Juan Ignacio Calvo Guerrero, Javier Esteban y Ángel de la Higuera López. Entre los componentes del comando que perpetró el atentado se encontraban Ignacio De Juana Chaos e Idoia López Riaño.
Veintitrés asesinatos cuenta, por tanto, en su haber Idoia López Riaño, apodada "La tigresa", una de las etarras con más sangriento historial de una banda terrorista plagada de asesinos sangrientos.
Y a esta terrorista es a la que el ministro Rubalcaba ha decidido acercar al País Vasco, alegando que la buena mujer se ha desmarcado por carta de la estrategia de ETA y que esos beneficios penitenciarios contribuyen a fomentar las divisiones en la banda terrorista. Por supuesto, el ministro no se ha dignado a pedir su opinión a los familiares de esos veintitrés asesinados.
Si estuviéramos ante otro Gobierno, tal vez los españoles podríamos tratar de valorar seriamente esas explicaciones del ministro.
Pero estamos ante un Gobierno que ha protagonizado el intento de imponer a la sociedad española una auténtica rendición ante ETA; un Gobierno cuyo presidente no ha tenido reparos en calificar de "trágico accidente" la voladura de una terminal del aeropuerto de Barajas, con dos muertos incluidos; un Gobierno cuyo presidente se ha atrevido a jactarse, hace apenas una semana, de que su mejor decisión ha sido ese proceso de negociación con ETA; un Gobierno que ha reintegrado al brazo político de ETA a las instituciones; un Gobierno que continúa manteniendo en cuarenta alcaldías a ese brazo político de la banda etarra; un Gobierno que ha tenido la desvergüenza de calificar de "hombre de paz" al jefe de ese brazo político; un Gobierno que ha llevado al Parlamento Europeo una moción de apoyo a las negociaciones con ETA; un Gobierno que ha hecho lo posible y lo imposible por controlar y desactivar a las asociaciones de víctimas y movimientos cívicos opuestos a la negociación; un Gobierno que continúa negándose a derogar la moción parlamentaria que autoriza a negociar con ETA...
Estamos, en suma, ante un Gobierno que ha hecho todo cuanto estaba en su mano por alcanzar un acuerdo con ETA, con lo que esa banda terrorista está hoy más cerca que nunca de conseguir los objetivos por los que lleva ya asesinados a casi mil españoles.
Así que sólo cabe deducir que el acercamiento de la etarra Idoia López Riaño es sólo un paso más, un gesto más, una cesión más, dentro de ese proceso de negociación que se acerca imparable a su consumación definitiva.
Con la particularidad de que, esta vez, el gesto no puede ser más siniestro.
Porque tenemos un Gobierno que no es que se esté manchando la toga con el polvo del camino - según la gráfica expresión que en su día utilizara el Fiscal General del Estado -, sino que está directamente chapoteando, con sus zapatos de Armani, en el inmenso charco de sangre que ETA ha ido dejando en ese camino.
28 de Julio de 2010 - 21:49:58 - Luis del Pino - 87 comentarios
Cuando un periodista le preguntó a El Espartero, un torero particularmente temerario, que si merecía la pena arriesgar de esa manera, su respuesta fue: "Más cornás da el hambre". Y de una corná moriría, no mucho tiempo después, en la plaza de Madrid.
No he podido evitar acordarme de aquella anécdota al conocer, hoy, la decisión del Parlamento catalán de prohibir las corridas de toros y ver las indignadas reacciones que dicha decisión ha suscitado.
Me van a permitir ustedes que me desmarque del fervorín general de indignación. Cierto es que dicha decisión del Parlamento es una cacicada más, propia de quien está convencido de que el poder sólo puede demostrarse prohibiendo. Cierto también que las razones que han impulsado dicha prohibición no tienen nada que ver con la defensa de los animales, sino con el deseo de eliminar cualquier vínculo simbólico con España.
Pero la prohibición de las corridas de toros tiene, más allá de las intenciones de quienes han adoptado esa decisión, una importancia a mi juicio menor.
No estamos hablando de una negación de derechos fundamentales. Me causa bastante estupor - ¡qué quieren que les diga! - ver la indignación de ciertas personas que, sin embargo, no han levantado su voz en ningún momento para denunciar lo que sí son atropellos de derechos fundamentales en Cataluña, como por ejemplo el derecho de los padres a educar a sus hijos en castellano. Comparado con eso, la prohibición de los toros en el territorio catalán es una simple anécdota.
La prohibición de celebrar corridas de toros no es sino una restricción más al libre mercado, impuesta desde los poderes públicos. Grave y rechazable, pero no más grave y rechazable, por ejemplo, que las restricciones al consumo de tabaco en los restaurantes (¿quién es el Estado para decirle a un restaurador lo que debe hacer en su propiedad?), que las limitaciones a los horarios comerciales (¿por qué el Estado puede dictaminar cuándo compramos o vendemos?) o que la afiliación obligatoria a las cámaras de comercio (¿a santo de qué se mantienen esas antiguallas?).
Puestos a criticar lo que hoy ha hecho el Parlamento de Cataluña, hay algo que me parece mucho más preocupante que el afán prohibicionista, que los deseos de abofetear simbólicamente a España en cada ocasión que se presenta o que las restricciones a la libre iniciativa privada. Lo que verdaderamente es para echarse a temblar es que Cataluña es una comunidad con más de 600.000 parados (uno de cada seis catalanes en disposición de trabajar), de los cuales una quinta parte (más de 100.000) no cuenta ya con ningún tipo de cobertura social. Sólo en el último año, se han perdido en Cataluña 300.000 puestos de trabajo.
A pesar de lo cual, el Parlamento catalán se dedica a perder el tiempo, haciéndose pajas mentales a cuenta de las corridas de toros. Y a los problemas reales de los ciudadanos, de aquéllos que si que saben lo que es el hambre y lo que son las cornás, pues que les vayan dando.
Hace falta ser cornúpeta, verdaderamente.
27 de Julio de 2010 - 13:47:40 - Luis del Pino - 49 comentarios
Pues no me podía yo imaginar, cuando escribí el anterior artículo del blog, que todo el mundo se empeñara en darme la razón con tanta rapidez.
Publicaba anteayer Felipe González un artículo al alimón con Carmen Chacón hablando de Cataluña como "nación sin estado" y afirmando que la inmersión lingüística "cohesiona a Cataluña" (¿la inmersión lingüística en español cohesionaría por tanto a España?), lo que viene a confirmar que el proyecto de confederalización de Zapatero es cualquier cosa menos de Zapatero: se trata de un proyecto compartido por todo aquél que en el PSOE tiene la posibilidad de fijar el rumbo del partido. No existe en el partido gobernante ningún sector que no esté comprometido con el proyecto de desbordamiento de la Constitución.
Pero es que, en el otro extremo del espectro político, Rajoy se descolgaba este domingo en ABC defendiendo los pactos con los nacionalistas, mientras que uno de los institutos dependientes de la Consejería de Cultura de la Junta de Galicia abogaba, en un manifiesto publicado el mismo domingo, por "la necesidad de poner al día nuestro autogobierno, a la par del resto de Nacionalidades Históricas. De abordar, por fin, la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía". Todo apunta a que veremos, por tanto, a corto plazo, como decía en el artículo anterior, una nueva arremetida contra la Constitución, esta vez desde Galicia, como forma de abrir paso al nuevo estatuto vasco con el que habrá de culminarse el proceso.
Y, por si fuera poco, ya ETA anda anunciando que el País Vasco "está a las puertas de vivir un período de cambio, para poder recuperar su propia voz". Así lo hacían tres encapuchados en su nombre, en un homenaje a un etarra, celebrado el pasado sábado en Francia.
Al menos, a los etarras cabe agradecerles que sus análisis son coherentes. El comunicado de la banda se felicitaba de lo bien que les han salido las cosas: "Sabemos lo que ha costado llegar hasta aquí, pero ahí está el resultado fructífero de la lucha llevada a cabo hasta ahora". Vamos, que no puedo estar más de acuerdo con ese análisis: asesinar a casi mil españoles les ha salido rentabilísimo.
De la coherencia de nuestra clase política no cabe decir lo mismo, por la sencilla razón de que sus acciones y sus palabras no pueden cuadrar nunca: nuestra clase política depende, para subsistir, de los votos de esos mismos ciudadanos contra cuyos intereses actúa de manera sistemática. Lo cual obliga a nuestros dirigentes, de todos los partidos, a disfrazar sus acciones de manera vendible: así, por ejemplo, a "trabajar de forma activa para destruir la Constitución" se le llama "lograr el encaje de las distintas autonomías en el marco de una España plural".
Marketing, se llama eso. Y lo malo es que una buena parte del electorado les compra la mercancía.
Lo cual es la razón, por supuesto, de que ETA vaya a ganar la partida: entre una clase política dispuesta a engañar a los ciudadanos y actuar contra sus intereses, y una ciudadanía dispuesta a dejarse engañar y robar la cartera, España en su conjunto no tiene ni media bofetada.
España está bizcochable, como diría ese otro gran impostor llamado Alfonso Guerra.
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