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Begoña Urroz, la primera víctima de ETA, Portell y nueve víctimas más

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El 28 de junio de 1960 fallece en la clínica del Perpetuo Socorro la niña BEGOÑA URROZ IBARROLA a consecuencia de las graves quemaduras en las piernas, los brazos y la cara que le provocó la bomba incendiaria colocada en uno de los armarios de la consigna en la estación de Amara, en San Sebastián. El artefacto estalló a las 19:10 horas del día anterior, 27 de junio de 1960. Begoña, de apenas veintidós meses, era la primogénita de un matrimonio residente en Lasarte: Juan Urroz y Jesusa Ibarrola. El padre, fallecido hace pocos años, era un hombre de caserío, un vasco-navarro que sólo hablaba euskera y estaba empleado en la fábrica de electrodomésticos Moulinex.

La bomba causó, además, heridas a otras seis personas: Valeriano Bakaikoa Azurmendi, de 15 años, estudiante que regresaba a San Sebastián tras pasar unos días de vacaciones con unos familiares de Rentería; la encargada de la consigna, Soledad Arruti, de 60, tía de Jesusa, con la que había dejado a Begoña mientras iba a comprarle unos zapatos; Pascual Ibáñez Martín, de 29 años; Francisco Sánchez Bravo, de 42, y María García Moras, de 49. "Una tía mía, Soledad Arruti Etxegoyen, trabajaba en la consigna de la estación de Amara, en San Sebastián. Yo solía ir a ayudarla para ganarme unas pesetillas. Aquel día dejé a mi niña con ella mientras yo iba a un comercio cercano a comprarle unos zapatitos para ir a Navarra. Cuando volví, había un lío tremendo. ¡Había estallado una bomba! Mi hija estaba abrasada y otras personas, entre ellas mi tía, heridas. Fue horrible" contó Jesusa a El País (31/01/2010), ya con 83 años, pero sin poder reprimir el llanto por el recuerdo de su hija. 

El 29 de junio se celebró en Lasarte el funeral por la niña, en el que estuvieron presentes el gobernador civil, José María del Moral, el general gobernador militar de la provincia, el teniente coronel jefe de la 143 Comandancia de la Guardia Civil, autoridades locales y prácticamente todo el pueblo, en un ambiente de gran emoción. Un día después, el 30 de junio, José María del Moral recibió a Emeterio Ríos Gómez, mozo del servicio exterior de la estación de Amara, para felicitarle por el riesgo que corrió para rescatar a Begoña de las llamas, aunque finalmente su acción no sirvió para salvar la vida de la niña.

La autoría de este atentado fue polémica desde el principio, y sigue siéndolo. Si al principio se atribuyó, sin ninguna prueba fehaciente, al Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL) o, incluso, a la propia Policía franquista, desde la década de los noventa se fue afianzando la tesis de la autoría etarra. Para intentar encuadrar esta autoría, hay que hacer una breve referencia histórica sobre el momento en el que se iniciaron las acciones violentas de la banda, puesto que estamos hablando del primer atentado que provocó una víctima mortal, adelantando en ocho años el bautismo de sangre de la banda que, durante muchos años, se situó el 7 de junio de 1968, con el asesinato del guardia civil José Pardines Arcay.

El paso a la violencia por parte de la banda terrorista ETA se produjo, según Florencio Domínguez, aproximadamente un año después de su fundación. Esta, a su vez, tuvo lugar en las navidades de 1958, como grupo disidente de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco (PNV), grupo decepcionado por la pasividad de estos ante el franquismo. Hay que destacar que la ruptura con el PNV fue, sorprendentemente, poco traumática, por no decir amistosa. Este grupo disidente del PNV se organizó en varias ramas. Una de ellas era la "rama de acción", que enseguida pasó a ejercer la violencia. En diciembre de 1959 los terroristas colocaron sus tres primeras bombas contra objetivos simbólicos en Vitoria, Bilbao y Santander. Como veremos más adelante, uno de los fundadores de ETA, Julen Madariaga, retrotrae varios años la decisión de pasar a la acción. Unos meses después de esas primeras bombas, se suceden una serie de atentados con explosiones en instalaciones ferroviarias entre los días 27 y 29 de junio de 1960. En San Sebastián, además del artefacto que mató a Begoña Urroz, estalló otro en la estación del Norte.

Todos los atentados de aquellos días, incluido el que acabó con la vida de Begoña, fueron atribuidos al grupo anarquista Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL) por la agencia United Press Internacional. Curiosamente, la Oficina Prensa Euzkadi (OPE) del Gobierno vasco en el exilio, en su nº 3.189 de 1 de julio de 1960, comenta que "es difícil pronunciarse sobre su autenticidad", en relación a la autoría del DRIL, organización, por otra parte, de existencia confusa y difusa. La Policía y el Ministerio de Gobernación, atribuyeron en ese momento el atentado, de forma muy genérica, a "elementos extranjeros en cooperación con separatistas y comunistas españoles". Y el PNV lo achacó, directamente, a la propia Policía franquista.

ETA nunca asumió, al menos públicamente, la autoría de la colocación de la bomba en la estación de Amara. Pero que ETA no asuma públicamente un atentado no es garantía de nada. Los expertos que han estudiado el terrorismo de ETA, y así lo hemos puesto de manifiesto a lo largo de estos meses, han documentado muchos casos de asesinatos y atentados que la banda no ha reivindicado, bien porque eran crímenes tan espantosos que ni siquiera una banda asesina era capaz de asumir, bien porque se habían equivocado en el objetivo, bien porque reconocerlo podía tener un coste social que menoscabaría el "prestigio" que, desgraciadamente, ha tenido ETA en amplísimos sectores del País Vasco, y fuera de él. Normalmente, en esos casos la banda asesina (y sectores próximos a ella) ha intentado desviar la atención culpando a otros grupos de extrema derecha, policiales, parapoliciales, nacionales o internacionales. Por citar sólo algunos casos ya reseñados de asesinatos no reivindicados por ETA: aquí, aquí, aquí y aquí.

Uno de los primeros indicios de que la bomba en la estación de Amara la había colocado la banda terrorista ETA se produjo a raíz de la detención de su cúpula en Bidart, el 29 de marzo de 1992. En el ordenador del jefe del Aparato Político, José Luis Álvarez Santacristina, alias Txelis, aparece una cronología de hechos relevantes y un listado de acciones que incluye la bomba de la estación de Amara, aunque hay que puntualizar dos cosas: una, que sitúa esa explosión en diciembre de 1959, un error evidente, y otra que no dice expresamente que haya sido la propia banda la autora del atentado. Simplemente aparece citado el atentado entre un listado de hechos relevantes en relación con la banda terrorista.

No obstante, conviene hacer una precisión. Unaprueba de que ese documento incautado a Txelis incluye acciones en las que, de algún modo, participaron miembros de ETA o activistas influenciados por la banda, la tenemos en la trágica muerte de un guardia civil ocurrida junto el pantano de Irabia, Orbaiceta (Navarra) el 9 de agosto de 1961 en lo que se consideró la última acción del maquis en Navarra, con amplio eco en la prensa española y francesa de la épica. Aquella noche una partida de republicanos, organizados y armados por el veterano republicano Valentín González El Campesino, se infiltró en territorio español. Allí tuvieron un encontronazo con una patrulla de la Guardia Civil de resultas de la cual falleció un guardia civil y otro resultó herido. Este suceso, en el que no participó nadie relacionado con ETA, no figura en el completo listado de Txelis. Si tal como pretenden los voceros de ETA, el DRIL no tenía relación o ayuda por parte de la banda criminal ¿cómo es posible que ese listado sí incluya sus bombas mientras ignora una acción tan importante como un tiroteo en el que los republicanos provocaron la muerte del primer agente en Euskal Herria desde hacía una veintena de años? 

El primero en afirmar de forma expresa que la primera víctima de ETA habría sido Begoña Urroz fue el vicario general de San Sebastián, José Antonio Pagola (Una ética para la paz. Los obispos del País Vasco 1968-1992, Idatz, 1992). Ernest Lluch, exministro y catedrático de la Universidad de Barcelona, siguió esta pista y llegó a la misma conclusión que Pagola tres meses antes de ser asesinado por la banda. En un artículo publicado en El Correo el 19 de septiembre de 2000, Ernest Lluch escribía:

"No hemos encontrado ni en Lazkao ni en publicaciones que ETA se atribuyera la colocación de bombas en 1960. El esperable resultado de una muerte especialmente repugnante debió conducir a una discreción absoluta. La fuente en que se basó el vicario general Pagola era impecable y a partir de ella he podido obtener informaciones comprobatorias y adicionales. La familia recibió versión oficial de la autoría de ETA y en su entorno vecinal no hay duda de ello. Los detalles son estremecedores y absolutamente previsibles para quien utiliza material incendiario. Una muerte terrible".

Sin embargo, recientemente Iñaki Egaña ha vuelto a abrir la polémica, intentando desvincular a la banda terrorista ETA del asesinato de Begoña en el diario proetarra y ultranacionalista Gara (12/02/2010), en lo que es una descarada campaña de lavado de cara, de "blanqueamiento de los sepulcros de ETA". Que el bautismo de sangre de una sanguinaria banda fuese el asesinato de un bebé de veintidós meses es algo muy poco heroico, y parece ser que, en algunos sectores, molesta especialmente que se atribuya a ETA la muerte de Begoña Urroz. El que moleste sólo puede ser, evidentemente, por el carácter simbólico que tiene ese primer asesinato, porque después de Begoña la banda ha asesinado a muchos niños y ha atentado en muchas ocasiones sabiendo positivamente que podían morir niños.

Una de las líneas argumentales que utiliza Egaña es presentar a los miembros de la banda en esa época como a un grupo de inocentes novatos, incapaces técnica y materialmente de cometer atentados. Afirma, además, con una total falta de rigor histórico, que en aquella época la banda sólo tenía dos militantes ("los activistas de ETA en el tiempo de las explosiones del DRIL eran dos: Juan José Etxabe y Jon Ozaeta", dice Egaña), que fueron detenidos en septiembre y que, para más inri, desconocían cómo poner bombas.

Siguiendo esta línea argumental, el autor afirma rotundamente que ETA puso su primera bomba el 15 de febrero de 1964. Pues bien: esa afirmación tan rotunda es mentira. Es precisamente uno de los fundadores de ETA, Julen Madariaga, quien pone en evidencia la falsedad de ese dato aportado por Egaña. En una entrevista concedida a La Vanguardia el 28 de diciembre de 1989, Madariaga hace un balance de los, por entonces, treinta años de historia de ETA, y dice:

"Estos seis lustros no se podrían entender ni explicar sin los 6 ó 7 años de introducción bajo el apelativo EKI. La decisión histórica de no circunscribirnos a una actividad puramente política y cultural es también de esa época [nótese que se está poniendo en 1952-1953 para fijar el momento en el que se decide pasar a la acción]. Hacia 1957 se tomaron las primeras medidas conducentes a la acción directa. Las primeras pintadas y las primeras ikurriñas surgen en el 58. A finales de éste y principios del 59, si no recuerdo mal, comienzan los primeros ataques a monumentos del invasor y se pega fuego a algunos de sus más representativos centros. Las primeras cargas explosivas estallan asimismo en el transcurso de 1959".

Es decir, uno de los fundadores de la banda adelanta cinco años el momento en que ETA pone las primeras bombas.

Respecto a la falta de medios humanos, habría que recordarle a Iñaki Egaña que, tras el intento de masacre de unos excombatientes nacionales en la estación de Amara el 18 de julio de 1961, fueron detenidos y encarcelados más de un centenar de miembros de la banda. ¿Cómo explica Egaña que entre septiembre de 1960 y agosto de 1961 ETA pasara de tener cero militantes [los dos con los que contaba la banda en esa época fueron, según este autor, detenidos en septiembre] a controlar más de 200 personas entre los detenidos y las decenas de exiliados que se produjeron a raíz de aquel intento criminal? Por otra parte, todos los estudiosos de ETA cifran el nacimiento de la banda por la escisión de un grupo de jóvenes desencantados con "sus mayores", el PNV. Nadie habla de una escisión de dos personas, sino de un grupo. El argumento de la falta de medios humanos se cae por su propio peso.

En cuanto a su capacidad de actuación, puesta también en duda por Egaña, tenemos el testimonio de Anthony Cave Brown en su libro Wild Bill Donovan: The last hero (citado por José Díaz Herrera en Los mitos del nacionalismo vasco) donde nos cuenta cómo espías de los servicios secretos vascos, que habían trabajado activamente para el OSS y su sucesora, la CIA, en numerosas operaciones de cloacas, entrenaron militarmente a los primeros miembros de ETA en los años sesenta. Por tanto, no puede sostenerse, como hace Iñaki Egaña, que fueran poco menos que unos pardillos incapaces de cometer atentados.

Además, y como señala Ernest Lluch en el artículo citado en relación a esos inicios de la banda asesina:

"Cierto es que desde el mismo momento inicial, el día de San Ignacio de 1959, todos los estudiosos indican que la sexta rama de ETA tenía como responsabilidad emprender ‘acciones militares’. Uno de ellos, Francisco Letamendia, añade ‘aunque su actividad en los primeros años es bastante parca’. Ser parca no es ser nula por lo que deja el rastro de que algo pasó inmediatamente. El texto anónimo De Santoña, 1937, a Burgos, 1970, que se considera autoridad sobre la primera etapa violenta de ETA, no da prácticamente pista alguna [sobre el atentado en Amara] aunque afirma que desde el mismo 1960, retengan la fecha, ‘miembros destacados de la primera ETA pasaron a residir permanentemente en Euskadi Norte’" (El Correo, 19/09/2000).

Es decir: ya desde muy pronto los integrantes de la banda ("miembros destacados de la misma") cruzaron la frontera, y no precisamente para hacer turismo en el sur de Francia.

Finalmente, la última línea de defensa que utiliza Egaña es el reconocimiento que en 1977 hizo José Fernández Vázquez (alias Jorge Soutomaior), perteneciente al DRIL, de su responsabilidad en la muerte de Begoña Urroz. Es indudable que el bárbaro asesinato de la niña se produjo en el curso de una campaña indiscriminada de bombas que se centró en tres puntos: Madrid, Barcelona y San Sebastián (la bomba que explotó en la estación de Achuri de Bilbao era una maleta remitida desde la capital guipuzcoana). Sobre la responsabilidad del DRIL en la misma, la mejor pista sobre lo que pudo ocurrir la tenemos en el libro de un conocido autor antifranquista, Eliseo Bayo. En Los atentados contra Franco (Plaza y Janés, 1977) narra con todo lujo de detalles el intento de asesinar a Franco por parte de un grupo de anarquistas en el mes de agosto de 1962, mediante una bomba enterrada en una carretera que debía explotar al paso de su vehículo. Según Eliseo Bayo, que por razones obvias (escribe en 1976) oculta los nombres de los implicados, para actuar en el territorio vasco el grupo anarquista contactó con ETA. Inicialmente, en dichos contactos no se le explicaría a la banda el objetivo del atentado, llegando al acuerdo de que ésta realizaría el traslado de los 25 kilos de explosivo plástico, así como del resto de material necesario. El acuerdo también incluía la colaboración, por parte de ETA, en la protección del grupo que iba a realizar el magnicidio. De este modo, la banda terrorista realizaría el traslado de ese material mediante uno de los barcos de la flotilla con la que contaba ETA para eludir los controles fronterizos. Eliseo Bayo ofrece, además, una pista muy importante que apuntaría a que los terroristas sabinianos tuvieron un papel más importante del que inicialmente se les había adjudicado, cuando más adelante utiliza el significativo término de "comando conjunto" para definir al grupo que iba a realizar el atentado. Todos los datos del relato de Bayo apuntan, por lo tanto, a que la entonces novata, pero ya de por sí peligrosa ETA, colaboró en la campaña criminal del DRIL, ya sea como mano de obra u ofreciendo el apoyo informativo, logístico y de protección a los autores. Y es que resulta poco menos que impensable que el DRIL, que nace de un núcleo importante de nacionalistas gallegos, actuara en "territorio de la hermana nación vasca" sin, como mínimo, consultar con el grupo terrorista que actuaba allí. Ni en 1962 ni en 1960. Por lo tanto es normal que Soutomaior reconociera estar involucrado en unos hechos en los cuales había participado, muy posiblemente, en su planificación. Sobre esta colaboración de ETA con los anarquistas que desveló Eliseo Bayo, cabe hacer un apunte, y es que no deja de ser sorprendente que un grupo que entonces se proclamaba sabiniano puro, sin ningún tipo de barniz o adjetivo, con lo que eso supone de pensamiento arcaico, reaccionario, racista y xenófobo, obtuviera con tanta facilidad la simpatía de personas de izquierdas y anarquistas, cuyos principios teóricos estaban en las antípodas del discurso de la ETA sabiniana.

Pero lo fundamental para desechar las tesis de Egaña es que los datos que aporta para exculpar a ETA del atentado en la estación de Amara no son ciertos, como queda claro por las declaraciones de Julen Madariaga en La Vanguardia, y por las fechas en la que todos los estudiosos del terrorismo etarra datan el inicio de la actividad violenta de la banda. Además, hay que sumar las fuentes que consultaron Pagola y el propio Ernest Lluch. Si el diario Gara, a través de Iñaki Egaña, pretende lavar la cara de ETA, al menos debería hacerlo con un poco más de rigor histórico, no utilizando argumentos falsos como que el primer artefacto explosivo que colocó la banda fue el 15 de febrero de 1964.

ETA se estrenó matando a una niña, y siguió haciéndolo durante las décadas siguientes. A ETA no le importó nunca que sus acciones pudiesen conllevar la muerte de niños o que éstos resultasen heridos gravemente. No le importó con José María Piris, ni con Alfredo Aguirre , ni en Hipercor, ni en la casa cuartel de Zaragoza, ni en la de Vic, ni con Alberto Muñagorri o con Irene Villa y tantos y tantos niños mutilados y heridos de gravedad, ni con la última niña asesinada por la banda, Silvia Martínez Santiago, que hace el número veintitrés en esta macabra lista. Tampoco le importó cuando colocó una maleta llena de explosivos en la abarrotada estación de Amara de San Sebastián. "Indigno inicio en el pecado original de ETA" (Ernest Lluch).

En abril de 2012 el Consejo de Ministros aprobó conceder, a petición de su madre, la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a título póstumo a Begoña Urroz considerada por la Ley de Víctimas del terrorismo como la primera víctima de la banda terrorista. Dos años antes, en 2010, el Congreso declaró de forma unánime Día de las Víctimas del Terrorismo el 27 de junio, como forma de conmemorar el día en el que tuvo lugar el atentado de la estación de Amara que provocó la muerte de la niña Begoña.

A las nueve menos cuarto de la mañana del 28 de junio de 1978, la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Portugalete (Vizcaya) al periodista JOSÉ MARÍA PORTELL MANSO, cuando no habían pasado ni veinticuatro horas del asesinato en San Sebastián del policía Francisco Martín González. Dos etarras le dispararon varios tiros de pistola a bocajarro cuando se disponía a arrancar su coche, aparcado frente a su casa de la calle Muelle de Churruca.

Como todos los días a la misma hora José María había salido de su domicilio para dirigirse a la sede del periódico La Gaceta del Norte. Tras cruzar la calle abrió la puerta del coche, que tenía aparcado en la acera de enfrente, encendió la radio y, cuando se disponía a arrancar el vehículo, dos individuos se acercaron a paso rápido, situándose uno en la parte trasera y otro junto a la ventanilla del conductor. Sin mediar palabra ambos hicieron fuego de pistola sobre el periodista, corriendo a continuación hacia un coche con el motor en marcha, donde les esperaba una tercera persona. El vehículo, un Seat 127 de color rojo con matrícula de Murcia, huyó en dirección a Santurce, y en su fuga estuvo a punto de estrellarse en una curva muy pronunciada existente al final de la calle Muelle de Churruca. La Guardia Civil encontró en el lugar del atentado siete casquillos de calibre 9 milímetros parabellum, marca Geco. El coche del periodista presentaba dos impactos en la luneta posterior y un tercero en la puerta del maletero. La ventana del lado del conductor aparecía bajada, por lo que se supone que uno de los terroristas pudo introducir por allí su arma para hacer algún disparo.

Asistido por dos testigos presenciales del atentado y un médico, que lo acompañó en la ambulancia, Portell fue trasladado a la Residencia Sanitaria de Cruces en Baracaldo, donde ingresó cadáver. Presentaba tres heridas de bala, una con entrada por el omóplato izquierdo y salida por el abdomen, que le atravesó el corazón; una segunda, en la axila izquierda, y una tercera en un glúteo. El cadáver del periodista fue trasladado a las doce menos cuarto del mediodía al depósito del Hospital de Bilbao. El forense confirmó las características de las heridas: "El disparo que entró por el omóplato le rompió el corazón. Era una herida mortal".

A la hora que asesinaron a Portell había muchos transeúntes en la calle y un buen número de jóvenes que se disponían a entrar en las piscinas municipales, situadas frente al domicilio del periodista, por lo que el crimen fue visto por muchos testigos. Algunos afirmaron haber visto el coche utilizado por los terroristas aparcado junto a la casa del periodista desde la noche anterior. Las mismas personas señalaron que vieron merodeando por la zona a dos jóvenes vestidos con chándal deportivo de color rojo y que portaban bolsas de deporte. Este dato coincidió con el testimonio de Francisco Carante, encargado de las piscinas municipales, quien declaró tras el atentado que, cuando entraba a trabajar, hacia las seis y media de la mañana, vio sentados en el muelle de la ría del Nervión a dos jóvenes vestidos con chándal rojo. "No le di importancia porque a partir de esa hora son muchos los jóvenes que vienen a las instalaciones. Cuando oí los disparos, salí del edificio y pude ver cómo se alejaba a toda velocidad un coche rojo matrícula de Murcia".

La primera persona en acudir junto al vehículo de José María fue el portero del número 56 de la calle Muelle de Churruca. Este testigo de excepción manifestó lo siguiente: "El señor Portell tenía la cabeza apoyada contra el volante. La camisa estaba empapada de sangre y su cara tenía un color amarillento. '¡Señor Portell!' -le dije-. Se incorporó un poco y se dejó caer sobre el respaldo de su asiento. No hablaba, sólo alcanzó a murmurar algunas palabras que no entendí".

En el momento en que el periodista era sacado del coche llegó junto al mismo su mujer, Carmen Torres Ripa, también periodista, produciéndose una escena de una emoción impresionante. A las once de la mañana los compañeros de José María se reunieron en su domicilio para darle el pésame a la viuda. Carmen acababa de llegar del hospital donde había fallecido su marido y estaba profundamente afectada. "Ha sido horrible. No nos lo esperábamos. Mi marido fue amenazado en el pasado pero últimamente, que yo sepa, no había recibido amenazas. No sé quién le ha podido matar. Yo estaba tomando café con mis hijos cuando oí los disparos. Bajé a la calle y encontré a mi marido ya agonizante. No puedo creerlo". Cuando los informadores despedían a la viuda ésta resumía así el sentido último de esta profesión: "Los periodistas tienen derecho a vivir y morir tranquilos". La esposa de José María Portell contó a los informadores que su marido llegó el martes algo tarde a casa. Por la noche había tenido una reunión con otros compañeros de La Hoja del Lunes de Bilbao para la que preparaban un amplio trabajo sobre ETA. "Antes de despedirse de mí esta mañana me lo había contado todo".

La noticia, difundida a los pocos minutos por todas las agencias, produjo una gran impresión en los medios informativos bilbaínos. En este ambiente se comentaba durante la mañana del asesinato que José María Portell había recibido en octubre una llamada anónima de alguien que no quiso identificarse, quien le comunicó que tenía noticias de que ETA pensaba atentar contra él. Al parecer, Portell aparecía en una lista de la banda terrorista.

La capilla ardiente quedó instalada a las 18:30 horas de la tarde en la sede de la Asociación de la Prensa de Bilbao por deseo expreso de la familia. El funeral se celebró al día siguiente, 29 de junio, a las ocho de la noche en la Iglesia de San José, de Baracaldo, de donde era natural el periodista. Acompañando a la familia asistieron varios miles de personas, en una gran manifestación de duelo, y la totalidad de la profesión periodística vizcaína, representantes de casi todas las Asociaciones de la Prensa de España y un buen número de directores de periódicos de toda España, entre los que destacaban los de los principales periódicos nacionales. También estuvieron presentes representantes de todos los partidos políticos parlamentarios y de varias fuerzas políticas y sociales más. Por parte de las autoridades, asistieron el ministro de Cultura, Pío Cabanillas, y el presidente del Consejo General vasco, Ramón Rubial, junto a los consejeros vascos de Interior y de Obras Públicas, José María Benegas y Jesús María Viana. Tras la misa, que se celebró sin que se produjera ningún incidente, los restos mortales de José María Portell fueron conducidos al cementerio de La Arboleda, de Baracaldo, donde recibieron sepultura.

José María Portell era "un periodista muy conocido, que se había distinguido en los enfrentamientos contra la oligarquía vasca, especializado en temas municipales hasta mediados de los años setenta, que se inclinó al tema de ETA escribiendo un par de libros, desde su perspectiva de hombre moderado" (Gregorio Morán, Los españoles que dejaron de serlo, Tirant lo Blanch, 2003).

Había cubierto para su periódico las sesiones del Consejo de Guerra de Burgos (1970) contra varios miembros de la banda terrorista. Su conocimiento del mundo etarra hizo que el ministro del Interior, Martín Villa, lo eligiera como intermediario entre el Gobierno y ETA en 1977. Desde ese momento, "trabajaron en paralelo dos intermediarios para poder sentar a la mesa a ETA militar y al Gobierno; uno era José María Portell y el otro el responsable de Interior del Consejo General Vasco, Txiki Benegas. Desde febrero de 1977 Portell había concebido la idea de servir de puente entre ETA y el Gobierno. 'Había saltado — escribió él mismo— los límites del periodismo para entrar en los vidriosos caminos de la diplomacia política, sin saber si debajo de mi trapecio había siquiera una red que me parara el golpe'" (Gregorio Morán, Los españoles que dejaron de serlo, Tirant lo Blanch, 2003).

El asesinato del periodista no sólo provocó un enorme impacto en la opinión pública, sino que las causas del mismo han dado lugar a múltiples interpretaciones y a una fractura entre las dos ramas de ETA. Mientras ETA político-militar hizo pública una declaración condenando el asesinato, ETA militar difundió un inusitado, por largo y reiterativo, comunicado de reivindicación en el que acusaba a Portell de ser un agente del Gobierno español. En el mismo se explicaba que a algunas personas podía parecerles extraño el atentado contra el periodista, si bien ETA militar ejecutó a José María Portell, "porque existen pruebas suficientes para demostrar el papel que, como agente del Gobierno español, jugaba y su misión a cumplir estaba bien definida: dedicar por entero su prestigiosa carrera, así como sus privilegiados resortes, a desprestigiar, calumniar y, en definitiva, a atacar a ETA". El mismo comunicado acusaba a Portell de intoxicar a sus lectores contra la lucha de ETA, tanto a través de sus artículos periodísticos como en los dos libros que el fallecido escribió sobre la banda asesina, al tiempo que señalaban su amistad con el inspector José Sainz González y le atribuían la autoría del diario de José Miguel Beñarán, Argala, publicado años antes en una revista española. Igualmente indicaba el comunicado que Portell tuvo una participación relevante en las negociaciones Gobierno-ETA, y finalizaba acusando a la totalidad de la prensa de tratar a la organización de un modo arbitrario e irresponsable, señalando expresamente a Cambio 16, Diario 16, Gaceta del Norte y Pensamiento Navarro, amenazando con posibles nuevas acciones contra los mismos.

Por su parte, Juan Félix Eriz, militante del Partido Carlista, amigo y compañero de Portell en la labor mediadora encomendada por el gobierno de Adolfo Suárez, sostiene la tesis de que el asesinato se debió a una estratagema de personas relacionadas con los servicios de información. La estratagema habría consistido en hacer creer a la banda terrorista que el periodista estaba relacionado con algunos atentados cometidos en territorio francés contra miembros de la propia ETA (Yo he sido mediador de ETA, Arnao Ediciones, 1986). Juan Félix Eriz, una semana después del asesinato de José María, hizo unas declaraciones en El País indignado porque el ministro Martín Villa había negado que hubiese negociaciones con ETA: "Martín Villa miente. Sí ha habido negociaciones con ETA. El ministro habló de este asunto con Portell en febrero, concretamente el día de San Valentín (...) En un primer momento, pensé callarme, porque había una especie de pacto de silencio. Pero al leer la nota del Ministerio, que negaba categóricamente que hubiera habido ningún contacto, me indigné. Por eso hablo". Señaló, además, que recibió el día 2 de junio una llamada del periodista para preparar un nuevo contacto con ETA. "Ese contacto iba a producirse en los últimos días de junio", precisó Eriz. En su opinión "es evidente que ETA sabía que Portell tenía carta blanca de Martín Villa", aunque "es absolutamente falso que actuara como agente del Gobierno, y desafío a ETA a demostrar sus acusaciones".

Su viuda Carmen seguramente sabe o sospecha el motivo por el que asesinaron a su marido, pero ha preferido mantenerse callada todos estos años. Con motivo del asesinato de José Luis López de Lacalle, escribió en El Mundo:

"Está aún sin escribir lo que no he dicho. No descansaré hasta hablar, aunque siento que las letras del ordenador no quieren unirse para contar la historia. Ha sido inquietante callar. José María Portell no fue nada de lo que la gente creyó -o quiso creer- que era. La única verdad era su periodismo y la fuerza arrolladora de su idealismo. Por estos dos ideales murió asesinado".

A diferencia de tantas y tantas víctimas, que ni olvidan ni perdonan, y que han pedido una y otra vez que no se dialogue con los asesinos de ETA, Carmen sí ha perdonado, y lo hizo desde el mismo día del asesinato de su marido:

"¿Por qué yo perdoné a los asesinos de mi marido? No tengo ni idea. Pero ocurrió. Fue un incomprensible destello que me ayudó a vivir y sigue guiando mi vida. Comprendo a quien permanece enredado en el odio. Lo comprendo porque, humanamente, el perdón es una fuerza imposible de sentir si no te la regalan. Recibí ese don un día 28 de junio de 1978. Yo tenía 33 años y 5 hijos. A primera hora de ese día de junio asesinaron a mi marido. Era periodista y su único delito había sido intentar un diálogo de paz" (El Periódico de Cataluña, 05/03/2006).

Por esos mismos motivos, Carmen está a favor de dialogar con ETA como única forma de terminar con el terrorismo.

El asesinato de José María Portell ha quedado impune y, a día de hoy, sigue sin saberse quiénes acabaron con su vida. Su hija Verónica, autora de Y sin embargo te entiendo (Ed. Hiria, 2006) libro en el que aborda el fenómeno de la violencia y el terrorismo, señaló en una entrevista en RTVE en relación a los asesinos de su padre que para ella "ETA es algo muy abstracto y no quiero pensar que los asesinos de mi padre tengan cara, ni nombre, ni apellidos". Ella explica que en su libro pretende, a través de veintisiete personajes que representan la vida diaria de la sociedad vasca, "entender, que no es lo mismo que justificar, ni que juzgar... Fue un esfuerzo muy grande meterme en la piel de un terrorista para escribir en primera persona". Verónica Portell es muy consciente de que muchas víctimas del terrorismo no comprenderán su libro, pero ella, que no ha conocido más que la violencia en su tierra, tiene "dos hijos y querría que ellos supieran de ETA por los libros de historia".

José María Portell Manso nació en Baracaldo en 1933, por lo que tenía 45 años cuando fue asesinado. Estaba casado con la también periodista Carmen Torres Ripa, que quedó viuda con 33 años. El matrimonio tenía cinco hijos: Gabriel, de 11 años, Míriam de 9, Verónica de 8, Susana, de 7 y Jesús, de 4. Carmen estaba esperando al sexto hijo y tenían planeado salir de vacaciones de verano el sábado siguiente al del asesinato. Verónica y Míriam siguieron los pasos de sus padres y se dedicaron también al periodismo. Primer periodista asesinado por la banda terrorista ETA, Portell inició su carrera en el diario Hierro. En el momento de su asesinato, ejercía como redactor jefe de La Gaceta del Norte, trabajo que compatibilizaba con la dirección de La Hoja del Lunes. Además, llevaba las corresponsalías de La Vanguardia, ABC y la agencia Associated Press. Profesional de reconocido prestigio como informador independiente, era un gran conocedor del mundo de ETA, sobre el que escribió dos libros: Los hombres de ETA (Dopesa, 1974) y Euskadi: la amnistía arrancada (Dopesa, 1977). Cuando asumió la dirección de La Hoja del Lunes dijo que la noticia que le gustaría dar es "Por fin hay paz en Euskadi". Cuando presentó su segundo libro, explicó los motivos por los que se había especializado en la banda terrorista: "Me especialicé en el tema de ETA por razones morales y por casualidad, a sabiendas de que era un tema complejo, arriesgado y poco agradecido, ya que al estar ahora en una fase de ‘efervescencia y calor’, la frialdad de la objetividad suele despertar controversias entre los beligerantes". El problema de la objetividad era algo que preocupaba a Portell en un tema que, tanto antes como ahora, polarizaba a la sociedad. En julio de 1977, once meses antes de ser asesinado, había escrito algo en cierto modo profético: "Yo sólo soy un periodista que es consciente de que ha de esforzarse por acercarse a la objetividad, a sabiendas de que la objetividad es ingrata a corto plazo" (Euskadi: la amnistía arrancada, Dopesa, 1977). Gregorio Morán escribió de él: "tenía la ambición de servir de pacificador cuando ninguna de las partes estaba muy dispuesta a ser pacificada" (Los españoles que dejaron de serlo, Tirant lo Blanch, 2003).

 

A las 20:15 horas del sábado 28 de junio de 1980, cuatro miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas asesinaban a tiros en Azcoitia (Guipúzcoa) al mecánico ELIO LÓPEZ CAMARON, al funcionario del Ayuntamiento JULIO MUÑOZ GRAU y al guardia civil retirado JUSTINO QUINDOS LÓPEZ, cuando se encontraban charlando en la calle Mayor de la localidad tras tomar unos chatos en el Bar Alejandro.

En ese momento, un vehículo frenó bruscamente frente a ellos y cuatro terroristas abrieron fuego contra el grupo de amigos. Justino y Elio murieron en el acto, mientras que Julio Muñoz, herido gravemente por cuatro disparos, falleció mientras era trasladado a la residencia sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián. También resultó herido leve en una pierna el policía municipal Manuel Pérez Zarzo, que se encontraba dentro del bar, pues una de las balas entró en el establecimiento. El coche utilizado por los terroristas fue robado en torno a las 17:30 horas, dejando a su propietario atado en el Alto de Elosúa. Allí permaneció hasta que fue liberado por un vecino hacia las 20:30 horas.

Los tres amigos, según vecinos de la localidad, eran considerados políticamente de derechas, motivo suficiente para que la banda terrorista decidiese acabar con sus vidas. Dos días después, el atentado fue reivindicado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas a través de llamadas telefónicas a varios medios de comunicación del País Vasco. Un miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas fue detenido el mismo 30 de junio en el barrio de Gros de San Sebastián, cuando iba a entregar un comunicado para un periódico. Además, llevaba en su poder el arma con la que disparó a Elio, Julio y Justino. Se trataba de Jesús María Larzabal Bastarrika, condenado en 1982 por la Audiencia Nacional a 25 años de prisión. Ocho años después, en 1990, fue condenado también a 25 años, como autor material de triple asesinato, Juan Carlos Arruti Azpitarte.

Elio López Camaron, de 60 años, estaba viudo desde unos meses antes de ser asesinado y tenía tres hijos. Trabajaba como mecánico en un taller de Azcoitia. Era conocido en el pueblo como El Zamorano, pues era natural de Castronuevo (Zamora).

 

 

Julio Muñoz Grau, de 60 años, era natural de Valladolid. Estaba casado y tenía tres hijos. Contable de formación, trabajaba como funcionario en el Ayuntamiento de Azcoitia.

 

 

Justino Quindos López, de 60 años, estaba casado con Arcadia Izquierdo y tenía un hijo y una hija, esta última casada con el conocido pelotari Anduela III. Era natural de Ampudia (Palencia). La víctima había abandonado la Guardia Civil veinticuatro años antes de ser asesinado, y desde entonces trabajaba en la empresa Beltia. Casualmente, vivía en el mismo edificio que Ramón Baglietto Martínez, asesinado por ETA dos meses antes.

 

El 28 de junio de 1986, la banda terrorista ETA asesinó en Zarauz (Guipúzcoa) al guardia civil FRANCISCO MURIEL MUÑOZ, e hirió a varias personas más, todas ellas miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, salvo un civil. Ese día hubo una oleada de atentados en un período de tiempo de seis horas que se inició poco antes de las tres de la madrugada en Bilbao y finalizó sobre las 8:45 horas en las proximidades de la localidad guipuzcoana de Zarauz. Las bombas iban dirigidas contra los equipos urbanos y rurales de la lucha antiterrorista desplegados por toda la comunidad autónoma vasca.

La oleada de atentados tuvo lugar seis días después de que el PSOE hubiese ganado las elecciones generales, elecciones en las que se produjo un aumento considerable de los votos obtenidos por Herri Batasuna. La formación proetarra advirtió al Gobierno de que los resultados le obligaban a negociar con ETA. Algunos analistas señalaron que la oleada de atentados del 28 de junio podía formar parte de una estrategia para que el Gobierno accediera a la negociación. Todos los artefactos fueron accionados a distancia por terroristas apostados estratégicamente en puntos que les permitieron controlar el paso de las patrullas de las fuerzas de seguridad.

La primera bomba estallaba a las 2:40 horas en la calle de Cortes de Bilbao al paso de dos coches de la Policía Nacional. Estaba compuesta por veinticinco kilos de Goma 2 y treinta más de metralla. Escondida en una papelera, la bomba fue detonada antes de que ambos coches estuvieran a su alcance, lo que salvó la vida a los agentes de Policía Nacional. Cuatro agentes y un transeúnte resultaron heridos leves en la cara y los brazos. La explosión fue brutal y desconchó las paredes de los edificios inmediatos y rompió los cristales de manzanas enteras hasta el quinto piso. Los tornillos de grueso tamaño, dispuestos para actuar como metralla, perforaron las persianas metálicas de acero de garajes y establecimientos y ocasionaron desperfectos en vehículos y comercios.

Unas horas después, a las 7:05 horas del 28 de junio, en el Alto de Orio, otro artefacto colocado en el talud de la carretera estallaba al paso de un Land Rover de la Guardia Civil, que quedó destrozado, y causó heridas leves al agente José Luis Jiménez Barba.

Una hora más tarde, hacia las 8:30 horas, y en respuesta a la explosión en el Alto de Orio, se puso en marcha un dispositivo de rastreo por parte de los Grupos Antiterroristas Rurales (GAR), que se desplazaron por la misma carretera que une Orio con Zaráuz hasta el Alto de Meagas, ya en el término municipal de esta segunda localidad. En ese momento, una tercera bomba de considerable potencia alcanzaba de lleno a la furgoneta Nissan en la que viajaban los siete guardias civiles. Francisco Muriel Muñoz falleció prácticamente en el acto y cinco de sus compañeros quedaron gravemente heridos, con los cuerpos doblados y atrapados entre el amasijo de chatarra en que quedó convertida la furgoneta blindada. Otro guardia civil salió despedido del vehículo y cayó a varios metros de la furgoneta. La bomba, que arrasó los matorrales y arrancó de cuajo ramas enteras, había sido colocada en un talud pegado a un precipicio, con el objetivo evidente de provocar que la furgoneta se despeñase. Los guardias civiles heridos fueron José María Baltasar Gil, natural de Algeciras (Cádiz), de 26 años de edad; Manuel Ángel Arenal Linares, natural de Marbella (Málaga), de 21 años de edad; Ramón Perona Sánchez, natural de Montiel (Ciudad Real), de 21 años de edad; Luis Pérez Bao, natural de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), de 24 años de edad; Juan Carlos Carballo Gañan, natural de Olivenza (Badajoz), de 23 años de edad y José Carlos Marrero Sanabria, que sufrió una insuficiencia respiratoria y un shock traumático. Todo ello le provocó una grave lesión cerebral. Tuvo que ser ingresado en un centro psiquiátrico de Las Palmas de Gran Canaria a causa de las secuelas que le dejó la misma. Diecinueve meses después, el 10 de enero de 1988, aprovechando la visita que le hacía un compañero guardia civil, le arrebató la pistola reglamentaria y se suicidó de un tiro en la boca.

La serie de atentados de ese día terminó con una cuarta bomba que explotó quince minutos más tarde a unos metros de la anterior, cuando efectivos de la Guardia Civil rastreaban el terreno en las inmediaciones del atentado. A consecuencia de la explosión, varios guardias civiles sufrieron perforación timpánica.

En 1989 la Audiencia Nacional condenó a José María Pérez Díaz y a José Antonio López Ruiz, alias Kubati, a sendas penas de 197 años como autores materiales del atentado. En el mismo fallo fue condenada Begoña Uzcudun Echenagusia, como autora en grado de encubrimiento. En 1993 fue condenado José Ignacio Urdiain Ciriza y en 1999 Miguel Azcue Berasaluce, ambos como autores materiales y a las mismas penas que Pérez Díaz y López Ruiz. Begoña Uzcudun quedó libre en enero de 2006, cuando su excarcelación estaba prevista para 2008, beneficiada por la redención de condenas unos meses antes de que se empezase a aplicar la llamada doctrina Parot. A José Antonio López Ruiz, Kubati, y José Ignacio Urdiain Ciriza sí se les ha aplicado la doctrina Parot, y no saldrán de prisión hasta 2017 y 2019 respectivamente.

Francisco Muriel Muñoz, de 30 años, estaba soltero. Era natural de Archidona (Málaga). Ingresó en 1979 en la Guardia Civil, y fue el primer miembro de los GAR muerto en acto de servicio desde que se creó esta unidad de élite en 1982.

 

El 28 de junio de 1990 miembros de la banda terrorista ETA asestaron un tiro en la nuca al capitán del Ejército de Tierra retirado IGNACIO URRUTIA BILBAO. El atentado se produjo poco antes de las diez de la mañana en el barrio del Antiguo de San Sebastián y el militar murió en el acto. Urrutia acababa de abandonar su domicilio y fue abordado por dos terroristas en la confluencia de la calle Escolta Real y el paseo de los Mikeletes. Tras dispararle, los asesinos huyeron por el paseo de Pío Baroja. Minutos después acudieron al lugar una hija del capitán, visiblemente emocionada, y el marido de ésta.

El gobernador civil de Guipúzcoa, José María Gurruchaga, calificó de "canallada y cobardía" esta acción terrorista, y pidió la colaboración a los ciudadanos para detener a los asesinos. La noticia del asesinato de Ignacio Urrutia fue acogida con estupor por los vecinos del barrio del Antiguo, dado que el militar era muy conocido en el mismo. Su familia regentaba una administración de lotería en la calle de Matía.

En el lugar de los hechos la Policía encontró un casquillo del calibre 9 milímetros parabellum del año 1974, la misma munición hallada en el atentado que costó la vida al coronel de Infantería retirado José Lasanta Martínez el 13 de junio. Con Urrutia Bilbao y Lasanta Martínez, eran ya tres los militares retirados asesinados en San Sebastián en el primer semestre del año 1990, pues el 1 de marzo fue tiroteado el teniente de navío Aureliano Rodríguez Arenas. Los tres fueron asesinados por el grupo Donosti de ETA.

La capilla ardiente fue instalada en el Gobierno Militar de Guipúzcoa y los funerales se celebraron a las doce de la mañana del día siguiente en la Iglesia de San Sebastián Mártir, en el barrio de El Antiguo.

En 1993 la Audiencia Nacional condenó a Francisco Javier Balerdi Ibarguren a 19 años de reclusión menor como cómplice en el atentado que acabó con la vida de Ignacio Urrutia. Balerdi Ibarguren era empleado del grupo municipal de Herri Batasuna en el Ayuntamiento de San Sebastián.

Ignacio Urrutia Bilbao, de 74 años, estaba casado y tenía dos hijas. Nació el 31 de julio de 1915 en Bilbao e ingresó en el Ejército en 1938. La mayor parte de su carrera militar estuvo destinado en San Sebastián, en la Compañía de Ingenieros de Armamento y Construcción (CIAC) donde desempeñaba el cargo de especialista en construcción y electricidad. En el momento de su asesinato regentaba con su familia una administración de loterías en el barrio donostiarra de El Antiguo. En marzo de 2005 el Consejo de Ministros le ascendió al grado de comandante con carácter honorífico y a título póstumo.

A las 11:20 horas del jueves 28 de junio de 1991, un paquete-bomba enviado por la banda terrorista ETA causaba la muerte en la cárcel de Sevilla-1 a cuatro personas: el funcionario de prisiones MANUEL PÉREZ ORTEGA; los reclusos JESÚS SÁNCHEZ LOZANO y DONATO CALZADO GARCÍA; y un familiar que había ido a visitar a otro interno en la prisión, RAIMUNDO PÉREZ CRESPO. La explosión, que destrozó varias salas del centro penitenciario, hirió a otras treinta personas, cuatro de las cuales fueron hospitalizadas en estado grave.

El artefacto estalló cuando era examinado por el funcionario fallecido y en el momento en que unos cincuenta familiares, en su mayoría mujeres y niños, esperaban en una zona contigua para visitar a los reclusos. La sala de seguridad, la de espera de familiares y la de comunicación quedaron prácticamente destrozadas. También sufrieron importantes daños el despacho del director y las oficinas de administración. La evacuación de los heridos se produjo con rapidez, gracias a la intervención de las dotaciones policiales presentes en la cárcel. Por la noche, permanecían ingresadas en diversos centros hospitalarios cuatro personas heridas graves, entre ellas dos mujeres, y otras cuatro leves, entre ellas tres niños.

El director de la cárcel y el sargento primero de la Guardia Civil que había recibido al transportista, señalaron que el paquete-bomba estaba envuelto en papel de color marrón y cinta adhesiva. El guardia civil explicó que le había comentado al transportista que el paquete le parecía "sospechoso" y que debía entregarlo al funcionario Manuel Pérez Ortega para su inspección. "Pesaba mucho y estaba muy protegido con tiras adhesivas, de esas de cinta aislante". El transportista pasó a la oficina de comunicación y entregó el paquete al funcionario Manuel Pérez Ortega. El director de la prisión, Javier Romero Pastor, acudió para la inspección y, tras anotar los datos de procedencia del paquete, comunicó al funcionario que lo metiera en el escáner y esperase. Vieron que el paquete era opaco y llamaron a los Tedax, mientras dejaban el artefacto en la sección de paquetería. "No me dio tiempo siquiera a llegar a mi despacho cuando se produjo la explosión", comentó el director de la prisión. Según Romero Pastor, el albarán entregado con el paquete indicaba que éste pesaba siete kilos, e iba dirigido a él mismo, con la inicial de su nombre y sus apellidos. El paquete procedía de Valladolid, donde había sido entregado el día 25 de junio en la sede de la empresa Transportes Castilla, filial en la ciudad castellana de Transportes Acha. El remite figuraba a nombre de Suministros AHA. Ésta es la primera vez que fallecían reclusos por la explosión de un paquete-bomba enviado a una prisión. Javier Romero Pastor había dirigido anteriormente la prisión de máxima seguridad de Herrera de la Mancha (Ciudad Real).

Un grupo de reclusos del módulo 2 llegó a amotinarse en el tejado de la cárcel, pidiendo información sobre sus familiares, actitud que depusieron tras recibir explicaciones. Se sucedieron escenas de desesperación, ataques de histeria y lipotimias entre reclusos y familiares que esperaban para verlos en el momento en que se produjo la explosión. Luis Vargas Torres, un interno de 43 años que estaba limpiando la sala de espera, comentaba, llorando, lo ocurrido. "Son unos criminales, han pagado las criaturitas que venían con sus madres. No hay derecho. Yo estaba limpiando y me ha salvado la columna. Me he quedado ciego con la explosión y luego todos, también los presos, hemos ayudado a los heridos".

Posteriormente, presos y familiares quisieron linchar a los seis reclusos de ETA que estaban en la prisión, cuatro internos y dos en tránsito para asistir a un juicio. La dirección de la cárcel decidió de inmediato el traslado de los seis etarras y de dos presos de los GRAPO a la prisión de Sevilla-2, una cárcel más moderna y con mejores instalaciones. En este último centro se encontraban en ese momento internados otros cinco etarras.

Internos comunes de otras cárceles, como la de Burgos, amenazaron también a los presos etarras:

"Si para el Gobierno resulta difícil acabar con vuestros comandos asesinos, para nosotros, los presos, no lo es tanto el terminar con los vuestros que se encuentren en prisión (...) Habéis encendido una mecha que os puede estallar en la cara, ya que medio millar de presos de ETA no son nada para los más de treinta mil comunes. [No vamos] a pedir justicia, sino que nos la vamos a tomar por nuestra cuenta si seguís acabando con nuestras familias". En otro escrito de los presos, bajo el título "Advertencia a Artapalo", los presos comunes se dirigían a los dirigentes de ETA así: "Vas a conseguir que reunifiquen a tus compañeros, pero no en una prisión, sino en un cementerio. Esto no es una amenaza, sino una advertencia".

El mismo día del atentado, el diario Egin publicó una larga carta, fechada el 15 de junio de 1991, firmada por trece etarras recluidos en la cárcel de Salto del Negro (Las Palmas de Gran Canaria). Entre los firmantes se encontraba Iñaki de Juana Chaos, y en ella denunciaban "la actitud de constante acoso, provocación y vejación de la dirección de esta cárcel". Era parte de una campaña que tanto ETA como Herri Batasuna estaban realizando para denunciar la supuesta represión de los asesinos de la banda en las cárceles españolas por parte de los funcionarios de prisiones. José María Olarra, miembro de HB, había acusado, pocas horas antes del atentado, a los directores y funcionarios de prisiones de estar "tratando de crear una especie de GAL dentro de las cárceles". El secretario general de Asuntos Penitenciarios, Antoni Asunción, que viajó a Sevilla nada más tener noticia del atentado, aseguró que el Gobierno no iba a cambiar en absoluto su política penitenciaria respecto a los presos de ETA.

Al día siguiente, convocadas por Gestoras Pro Amnistía, miles de personas se manifestaron en Bilbao bajo el lema "A favor de los derechos humanos, los presos a Euskadi". El mismo día, Gesto por la Paz convocó manifestaciones silenciosas en el País Vasco como muestra de condena por el atentado. El 2 de julio más de treinta mil personas recorrieron las calles de Sevilla bajo el lema "Por la paz y la libertad", para protestar pacíficamente contra el atentado.

Donato Calzado García, de 27 años y natural de Gilena (Sevilla), estaba interno en la cárcel Sevilla-1 en régimen de tercer grado. Desde 1990 cumplía condena de dos años por un delito de lesiones y estaba a punto de obtener la libertad. Ayudaba en la sección de paquetería de la cárcel. Anteriormente había trabajado como albañil. Donato cumplía condena por una pelea que había mantenido años antes. El pueblo de Gilena se volcó con el fallecido, como ya había sucedido antes al ser condenado a prisión.

 

Raimundo Pérez Crespo, de 27 años y natural de Santander, esperaba para ver a su hermano preso en la cárcel de Sevilla-1. Estaba en el control de acceso para entrar al centro penitenciario cuando la onda expansiva del paquete-bomba le produjo graves heridas que le causaron la muerte pocas horas después en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. En Santander regentaba una papelería junto a otro socio. Fue enterrado en la intimidad en el cementerio de Ciriego de la capital cántabra.

 

Manuel Pérez Ortega, de 39 años y soltero, era natural de Olivares (Sevilla). Funcionario del Cuerpo de Prisiones desde 1986 y licenciado en Ciencias Económicas, anteriormente había ejercido como maestro. Llevaba tres años destinado en el servicio de paquetería de la prisión. Fue enterrado en su ciudad natal. Tras el funeral, los cuatro hermanos de Manuel portaron el féretro con sus restos mortales hasta el cementerio de Olivares, donde fue enterrado.

 

Jesús Sánchez Lozano, de 37 años y natural de Sevilla, estaba interno en la prisión de Sevilla-1, clasificado en tercer grado. Igual que Donato Calzado, ayudaba en la sección de paquetería del centro penitenciario. Su cuerpo quedó sepultado bajo los escombros y su cadáver no fue encontrado por los bomberos hasta después de las 15:00 horas. Jesús era taxista, estaba casado y tenía dos hijos de 14 y 5 años. Sus restos mortales fueron enterrados en el cementerio de San Fernando (Sevilla). En el acto no hubo ningún representante oficial, algo de lo que se quejaron sus compañeros de prisión, señalando que los presos eran ciudadanos de quinta clase.

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