El 11 de diciembre de 1980, sobre las 20:30 horas, ETA militar asesinaba en un bar de Éibar (Guipúzcoa), y en presencia de su novia, Beatriz Aranzábal, al inspector de Policía JOSÉ JAVIER MORENO CASTRO, disparándole por la espalda dos tiros en la cabeza.

Aquel día José Javier Moreno había quedado con su novia en el Bar Bikini, situado en la calle Bidebarrieta de la localidad guipuzcoana, tal y como la pareja acostumbraba a hacer habitualmente. Tras dirigirse a la barra, donde estaba Beatriz, el policía se sentó en un taburete sin ser consciente de que su llegada había llamado la atención de Fidel González García, miembro de ETA que, acto seguido, se levantó y salió del bar en busca de otros terroristas. El etarra decidió, sobre la marcha, asesinar al policía, por lo que se dirigió a su propia vivienda, donde alojaba a otros dos miembros de la banda: Ángel María Recalde Goicoechea y Fermín Ancizar Tellechea. Una vez allí los tres acordaron ir en coche hasta el Bar Bikini y, en caso de que el inspector Moreno Castro siguiera aún ahí, acabar con su vida. Uno de los tres se quedó en el coche, para facilitar la huida de sus compañeros, mientras los otros dos entraron en el local y fueron directamente hasta el lugar donde estaban José Javier Moreno y su novia. Uno de ellos, por la espalda y a corta distancia, descerrajó dos tiros en la nuca de José Javier, provocándole la muerte instantánea, tras lo cual volvieron al coche y se dieron a la fuga. El Bar Bikini había sido muy frecuentado por miembros de la Policía, pero últimamente la asistencia de éstos había disminuido de manera notable al haber sido trasladada la comisaría tres meses antes de la muerte de José Javier. Éste, sin embargo, seguía acudiendo al local porque su novia residía en las proximidades.

Al llegar a la escena del crimen, las Fuerzas de Seguridad recogieron dos casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF. Una ambulancia trasladó el cuerpo sin vida de José Javier Moreno a la comisaría de Policía de Éibar, donde fue instalada la capilla ardiente. ETA militar reivindicaría el crimen dos días más tarde, el 13 de diciembre, mediante una llamada telefónica al diario Deia.

El 12 de diciembre, a la una y media del mediodía, se celebró el funeral por el alma del inspector Moreno Castro, en la Iglesia de San Andrés, en Éibar, al que acudieron diversas autoridades civiles y militares. Ese mismo día a las nueve de la mañana, poco más de veinticuatro horas después del atentado, el Ayuntamiento de Éibar convocó un pleno extraordinario con carácter de urgencia para consensuar un comunicado de condena. Todos los concejales, excepto los cuatro ediles de Herri Batasuna, respaldaron el texto.

Tras ser detenidos en 1981, los etarras Fidel González García, Ángel María Recalde Goicoechea y Fermín Ancizar Tellechea fueron condenados por la Audiencia Nacional a sendas penas de 28 años de reclusión mayor por el asesinato de José Javier Moreno.

José Javier Moreno Castro, de 27 años, era natural de Puentes de García Rodríguez (La Coruña), estaba soltero y no tenía hijos. José Javier Moreno estaba destinado en la comisaría de Policía de Éibar desde un año y medio antes de su asesinato. Tras el atentado que le costó la vida, amigas de su novia, Beatriz Aranzábal, declararon que el joven inspector no quería comprometerse formalmente con su pareja porque estaba convencido de que iban a asesinarlo (ABC 12/12/1980). En marzo de 2005, José Javier Moreno fue ascendido con carácter honorífico y a título póstumo al cargo de Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía. Moreno Castro fue la última víctima mortal del año 1980, año que ostenta el triste récord de víctimas mortales, con 98.

Pocos minutos después de las 6:00 horas del día 11 de diciembre de 1987, ETA hacía estallar un coche-bomba en las proximidades de la puerta principal de la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, segando la vida de once personas, entre las que se encontraban cinco niños y un adolescente y de los que ocho eran civiles y tres miembros del Instituto Armado. Los asesinados en el brutal atentado, que pertenecían a cuatro familias distintas, fueron el joven PEDRO ÁNGEL ALCARAZ MARTOS y sus sobrinas ESTHER BARRERA ALCARAZ y MIRIAM BARRERA ALCARAZ; el cabo primero de la Guardia Civil JOSÉ IGNACIO BALLARÍN CAZAÑA y su hija SILVIA BALLARÍN GAY; el matrimonio formado por el guardia civil EMILIO CAPILLA TOCADO y MARÍA DOLORES FRANCO MUÑOZ, y la hija de ambos, ROCÍO CAPILLA FRANCO; y el matrimonio formado por el sargento de la Guardia Civil JOSÉ JULIÁN PINO ARRIERO y MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ MUÑOZ, y la hija de ambos SILVIA PINO FERNÁNDEZ. Los heridos, que ascendían a ochenta y ocho, presentaban lesiones de diversa consideración, y un gran número de ellos no logró recuperarse hasta varios meses después. Dos mujeres, embarazadas en el momento del atentado, perdieron a sus hijos a consecuencia de la explosión.

A la hora en la que se cometió el atentado tenía lugar habitualmente el cambio de guardia de los agentes que custodiaban la entrada a la casa cuartel de Zaragoza, situada en el popular barrio del Arrabal. Un Renault 18 de color gris se dirigió hacia la puerta lateral del cuartel de la Benemérita desde la avenida de Cataluña. La sustracción del vehículo, cometida días atrás, había sido denunciada en el puesto de la Guardia Civil de Tolosa. Al llegar al cuartel, el coche se detuvo. El sargento José Julián Pino Arriero, que custodiaba la entrada y que estaba sustituyendo a un compañero enfermo, se dirigió hacia el vehículo con intención de señalar al conductor que no estaba permitido estacionar en aquel lugar. En ese momento, el conductor del Renault arrancó de nuevo en dirección al fondo de la calle, donde le estaban esperando varios compañeros en un segundo coche, un Peugeot 205 blanco. El conductor del Renault 18 abandonó el mismo y subió al otro vehículo, que se alejó a gran velocidad. Pocos segundos después tenía lugar la terrible explosión del coche abandonado, cargado como estaba con una bomba compuesta por 250 kilos de amonal. La onda expansiva derribó los muros laterales del cuartel, dejando un agujero de más de diez metros de largo, lo que provocó el derrumbamiento de las cuatro plantas del edificio. El sargento que estaba de guardia recibió de lleno el impacto de la explosión, que le destrozó ambas piernas, prácticamente amputándoselas en el acto. Desde el primer momento se sucedieron escenas de gran angustia entre los guardias y las familias de éstos que vivían en la casa cuartel y que luchaban por salir de los escombros, mientras los vecinos de los alrededores, despertados por el estruendo, veían con incredulidad el estado en que había quedado el edificio y las empresas y casas próximas. Muchos de los edificios cercanos tuvieron que ser demolidos debido a los daños estructurales causados por la explosión.

Las familias más perjudicadas fueron, sin duda, las de las plantas inferiores, cuyos miembros quedaron sepultados bajo las ruinas y los escombros. Numerosos efectivos del cuerpo de bomberos, Cruz Roja y fuerzas de seguridad no tardaron en presentarse en la escena. Familias enteras habían desaparecido bajo las toneladas de vigas, polvo y restos de todo tipo. Las labores de rescate eran lentas y dificultosas debido a la falta de luz y al riesgo de que se produjeran nuevos derrumbamientos que pudieran acabar con la vida de algunos de los supervivientes todavía sepultados. Se formó una cadena humana de más de cien personas que fue peinando la gran montaña de escombros de más de tres metros de alto en la que se había convertido el edificio. Los guardias civiles heridos que eran dados de alta en los centros hospitalarios regresaban a la casa cuartel para ayudar en las labores de rescate.

De entre los más de setenta heridos, muchos lo fueron de gravedad. En Vidas Rotas (Alonso, R., Florencio Domínguez, F. y García Rey, M., Espasa, 2010) se enumera una relación de afectados por la explosión, detallando los días que tardaron en recuperarse de sus lesiones. Los más graves tardaron varios años en recuperarse y, al igual que había sucedido entre los fallecidos, muchos de los heridos eran niños.

Varios años después de la matanza, el terrorista francés Henri Parot diría acerca de la bomba utilizada en Zaragoza que "para montar la carga utilizamos tres botellas de acero del tipo de las usadas para nitrógeno, que estaban seccionadas [...] La orientación de los tubos con la boca abierta hacia el objetivo junto con el cordón detonante y los reforzadores en sus bases provocó que la explosión fuera dirigida como si se tratara de auténticos cañones."

Poco antes del atentado había sido detenido en Cuenca el etarra Javier Lertxundi. Según publicó El País el 13 de diciembre de 1987, Lertxundi había declarado ante la Policía el día 20 de noviembre de ese mismo año que ETA planeaba un atentado selectivo contra varios oficiales y agentes de la casa cuartel de Zaragoza. En el libro Vidas rotas, anteriormente citado, los autores se hacen eco de crónicas periodísticas según las cuales en la tarde del día anterior al atentado, el 10 de diciembre, habría llegado un télex urgente a la Jefatura de Policía de Zaragoza, enviado desde la Brigada Central de Información del Cuerpo Nacional de Policía, en el que se advertía de una acción terrorista inminente que ETA iba a perpetrar en la capital aragonesa. Según se recoge en Vidas rotas, los datos del télex no habrían llegado a tiempo a todos los cuerpos de seguridad que operaban en dicha ciudad.

El 12 de diciembre, día siguiente al atentado, se celebró en la Basílica del Pilar de Zaragoza un multitudinario funeral por el alma de los once asesinados. A las 10:30 horas, familiares de los fallecidos, guardias civiles y policías uniformados portaron los féretros, cubiertos cada uno de ellos con la bandera nacional. Los correspondientes a las hermanas gemelas Esther y Míriam Barrera Alcaraz, de tan sólo tres años, eran de color blanco.

Durante el acto se vivieron momentos de especial tensión cuando algunos fotógrafos y cámaras de televisión intentaron tomar imágenes del interior de la basílica. Algunos familiares de las víctimas trataron de impedírselo y llegaron a amenazar en voz alta con levantarse y marcharse si aparecía algún periodista. A la salida de la basílica, mientras sonaba la marcha fúnebre, numerosas personas reclamaron a gritos la pena de muerte para los terroristas, pero fueron acallados por las notas del himno de la Benemérita. Los políticos que habían acudido al acto tuvieron que escuchar insultos, como "buitres" o "tragones" y recriminaciones por parte de algunas de las personas presentes, como por ejemplo "sólo venís a los funerales" o "vosotros sois los asesinos".

El domingo 13 de diciembre, dos días después de la masacre, doscientas mil personas salieron a las calles de Zaragoza, en un día frío y lluvioso, para condenar el atentado y mostrar su solidaridad con los familiares de las víctimas y con la Guardia Civil, bajo el lema "Zaragoza, por la paz y contra el terrorismo".

Las reacciones a la espantosa matanza causada por ETA llegaron desde todos los estamentos sociales, instituciones, personalidades y partidos políticos. Todas ellas trataban de encontrar calificativos que describiesen la masacre. El Partido Nacionalista Vasco, PNV, se refirió al atentado como un "acto de barbarie" y dijo de él que venía "a confirmar que lo de Hipercor, en Barcelona, no fue ningún error de ETA". Desde el Parlamento vasco se redactó un documento en el que extendía su rechazo "a quienes justifican este tipo de actos, convirtiéndose en cómplices de la barbarie". El rey Juan Carlos se desplazó hasta Zaragoza el día el atentado, pilotando él mismo un avión Mystère, para interesarse por los heridos y afectados. El Rey señaló que "el Gobierno, las demás autoridades y yo al frente del Estado, estamos haciendo lo posible para acabar con este terrorismo que a todos nos disgusta y que odiamos [...] hay que seguir adelante". El alcalde de Zaragoza, Antonio González Triviño, se refirió a la atroz masacre de ETA como una "monstruosidad propia de aves carroñeras". Uno de los representantes públicos más visiblemente afectados fue Ricardo García Damborenea, el entonces secretario general del PSE-PSOE en Vizcaya. Damborenea, que años más tarde sería condenado como uno de los responsables de las acciones terroristas de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y que manifestó no arrepentirse de haber tomado aquellas decisiones, dijo tras el atentado de la casa cuartel de Zaragoza que "los etarras y los que les apoyan son igual de salvajes y de asesinos (...) No puede haber amnistía, perdón ni indulto alguno para los autores o promotores" de delitos de sangre como el de la casa cuartel.

Especialmente desafortunadas fueron las palabras recogidas por los obispos vascos en una pastoral redactada en los días anteriores al atentado de Zaragoza, de manera que el texto había sido publicado inmediatamente después de la matanza, con lo que el mensaje que pretendían lanzar, de por sí polémico, resultó en extremo desafortunado. La pastoral de los obispos vascos recogía las reivindicaciones habituales de los etarras, sus acusaciones a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sus duras críticas a las políticas de extradición de Francia, sus propuestas de solución a través de las negociaciones y se equiparaba sin tapujos a la banda asesina con el Estado español, como si de dos entidades paralelas se tratase.

En 1994 la Audiencia Nacional condenaba al sanguinario etarra Henri Parot, alias Unai, que había sido detenido en Sevilla en 1990, a una pena de 1.802 años de prisión por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, tras encontrarle culpable de la autoría del mismo, pues fue quien estacionó el coche-bomba. Los otros miembros de ETA que participaron en la acción fueron condenados a cadena perpetua en 1997 por un tribunal de París. Se trataba del hermano de Henri, Jean Parot, así como de Jacques Esnal (quien accionó el mecanismo iniciador de la explosión) y Frédéric Haramboure. La autoría intelectual del atentado correspondería a Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito (el que hizo el croquis del lugar y quien dio la orden directa de cometer el atentado) y a José María Arregi Erostarbe, alias Fiti y Fitipaldi, encargado de confeccionar la bomba. Tanto Múgica Garmendia como Arregi Erostarbe fueron detenidos junto con José Luis Álvarez Santacristina, alias Txelis, en 1992, gracias a la colaboración de la Policía española y la francesa, en Bidart, en el País Vasco francés. En 1993 Múgica Garmendia y Arregi Erostarbe fueron juzgados por el Tribunal Correccional de París por los delitos cometidos en suelo francés y condenados a cumplir diez años de prisión. A su salida, fueron extraditados a España para ser juzgados por la justicia española. Ambos miembros de ETA fueron condenados en 2003 por la Audiencia Nacional a sendas penas de 2.354 años de reclusión por haber ordenado al llamado "Comando Francés" cometer el atentado contra la casa cuartel en Zaragoza, habiéndoles facilitado toda la información y el material necesarios para cometer la terrible acción. En el momento del atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, otro de los máximos responsables de ETA era José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera. Desde 2002 José Antonio Urrutikoetxea se encuentra en paradero desconocido. En enero de 2003, durante una vista celebrada en el Tribunal Supremo, el etarra arrepentido Juan Manuel Soares Gamboa confirmó que en el momento de atentar contra la casa cuartel Josu Ternera formaba parte del "comité ejecutivo" de ETA.

Pedro Ángel Alcaraz Martos, natural de Torredonjimeno (Jaén), tenía 17 años cuando fue asesinado. Pedro Ángel vivía en la casa cuartel junto con su hermana Rosa María y el esposo de ésta, Juan José Barrera Anguita, así como con las dos hijas del matrimonio, las gemelas Esther y Miriam. La explosión de la casa cuartel destrozó la familia por completo. Pedro Ángel y sus dos sobrinas, de tres años de edad, fallecieron en el atentado mientras los padres de las niñas, Rosa María y Juan José, resultaron heridos de gravedad. Los tres fueron enterrados en Torredonjimeno (Jaén).

Las dos sobrinas de Pedro Ángel, Esther y Miriam Barrera Alcaraz, de tan sólo 3 años de edad, habían nacido en Zaragoza. Esther y Miriam eran gemelas. Su padre, Juan José Barrera Anguita, llevaba cinco años destinado en un equipo de desactivación de explosivos de la Guardia Civil en Zaragoza. Los padres de las niñas tardaron cuatro y cinco meses en recuperarse, respectivamente. Juan José Barrera, que sigue en activo en la Guardia Civil, no había hablado prácticamente con ningún medio de comunicación desde que mataron a sus hijas, pero no pudo guardar silencio por más tiempo cuando, en noviembre de 2010, el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, afirmaba: "hice la hoja de ruta con Josu Ternera. Me entendía bien porque sabía exactamente cómo era. Comimos bastantes veces juntos, eso da pie a hablar de muchas cosas [...] somos de la misma edad más o menos, tiene hijos, enseguida conectas con ciertas reflexiones". Las palabras de Eguiguren, el tono de colegueo con el que se refería al sanguinario líder de ETA prófugo de la justicia, produjeron "vergüenza, bochorno y rabia" en Juan José. Su esposa, Rosa María, hizo un llamamiento público al presidente Rodríguez Zapatero para que destituyera a Eguiguren, mientras que Juan José, tal y como recogió el diario La Gaceta, manifestó entre sollozos:

Viendo la entrevista, daba la sensación de que Eguiguren y Ternera son buenos amigos [...] Esto es bochornoso, nunca he confiado en el Gobierno de Zapatero y ahora menos que nunca [...] Lo único que faltó en la entrevista es que preguntasen a Eguiguren si iría a comer con Ternera si le hubiera matado a dos hijos... No habría ido y de ir, ¿qué hubiera llevado en el bolsillo? [...] Hablan de nuestro dolor, pero sólo queremos justicia, porque en un Estado de derecho civilizado a Eguiguren, al que yo considero colaborador de ETA, le hubieran detenido [...] ¿Se imagina usted que el presidente Obama se reuniera con Bin Laden? ¿Por qué las autoridades no se sientan a negociar con los maltratadores o con los que provocan muertes en accidentes de tráfico?.

El hermano de Pedro Ángel y de Rosa María, Francisco José Alcaraz Martos, tío de Miriam y Esther, fue presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) durante cuatro años, entre 2004 y 2008. Francisco José Alcaraz, desde la AVT, se opuso frontalmente al proceso de negociación con ETA, convirtiéndose en uno de los máximos defensores de la justicia que demandan las víctimas, de su memoria y de su dignidad, labor que continúa realizando desde la asociación Voces Contra el Terrorismo (VCT).

José Ignacio Ballarín Cazaña tenía treinta y un años en el momento de su fallecimiento. Natural de Zaragoza, José Ignacio era cabo primero de la Guardia Civil y hacía tan sólo dos meses que había llegado al acuartelamiento. José Ignacio Ballarín estaba casado con Teresa Esther Gay Escribano, con la que tenía una hija, Silvia Ballarín Gay. Teresa Esther Gay tardó tres meses en recuperarse de sus lesiones físicas. No pudo asistir, por tanto, al entierro de ambos, que tuvo lugar en el cementerio de Pinseque (Zaragoza), de donde era natural Teresa. Dieciocho años después de ser asesinado, en marzo de 2005, José Ignacio Ballarín era ascendido con carácter honorífico y a título póstumo al puesto de cabo mayor.

Silvia Ballarín Gay, la hija de José Ignacio Ballarín Cazaña y Teresa Esther Gay Escribano, tenía solamente seis años cuando fue asesinada junto a su padre. La tía de Silvia y hermana de su difunto padre, María Pilar Ballarín, envió una carta dirigida al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en octubre de 2006 en la que decía: "Mi hermano era muy especial. Y no sólo fue eso, sino que también hizo de padre para mí, puesto que al nuestro Dios se lo llevó demasiado joven y solo lo recordamos por las fotografías. Además, era mi amigo y mi confesor. Mi sobrina era única, la mejor. Ellos tenían treinta y uno y seis años, respectivamente, y junto con mi madre y mi hermana política eran toda mi familia. Como ve, no le puedo pedir que se ponga en mi lugar: ¡Yo perdí a media familia! Mi cuñada perdió a su marido y a su única hija, o sea, todo. Y mi madre, a su hijo y su nieta. Llevamos casi diecinueve años echándole sal a nuestras heridas, con el cáncer que produce escuchar lo que nos cuentan los medios de comunicación y los políticos, todos los días y a todas horas: que si han excarcelado a etarras, solicitud de rebaja de penas, tratos de favor, aguantar insultos, amenazas y un largo etcétera".

Emilio Capilla Tocado, de 39 años y natural de Valsequillo (Córdoba) fue otro de los tres miembros de la Guardia Civil asesinados en el atentado contra la casa cuartel. Como agente de la Benemérita, Emilio había trabajado en el País Vasco y en Madrid. En el momento de su muerte estaba destinado en el aeropuerto de Zaragoza. Estaba casado con María Dolores Franco Muñoz. El matrimonio tenía dos hijos: Rocío y Emilio José. De los cuatro miembros de la familia, sólo el muchacho logró sobrevivir, sufriendo, además, graves lesiones. Por Real Decreto 319/2005 de 18 de marzo, Emilio Capilla era ascendido con carácter honorífico y a título póstumo al puesto de Cabo.

María Dolores Franco Muñoz tenía 36 años en el momento que la banda terrorista ETA la asesinó a ella, junto a su hija Rocío y a su marido Emilio. María Dolores había nacido en Sevilla y era ama de casa. El hijo pequeño de María Dolores Franco y Emilio Capilla, Emilio José Capilla Franco, tenía tan sólo 9 años cuando murieron sus padres y su hermana mayor, Rocío. Según se recoge en Vidas rotas (Alonso, R., Florencio Domínguez, F. y García Rey, M., Espasa, 2010), a pesar de haber perdido a toda su familia y de arrastrar desde entonces una minusvalía del 50%, Emilio José no fue reconocido como víctima ni en la primera sentencia ni tampoco en la de 2003.

Rocío Capilla Franco, de 14 años, era la hija mayor del agente de la Guardia Civil Emilio Capilla y de la esposa de éste, María Dolores Franco. Rocío jugaba en el equipo de balonmano del colegio y, según relataron sus compañeros, era muy buena estudiante. El 11 de diciembre de 2008, en el vigésimo primer aniversario de la muerte de sus padres y hermana, Emilio José asistió al homenaje que el pueblo de Valsequillo, donde fueron enterrados los tres miembros de la familia, quiso rendir a sus tres vecinos asesinados.

José Julián Pino Arriero tenía 39 años y era sargento de la Guardia Civil cuando fue asesinado por ETA. Llevaba diez años destinado en Zaragoza y tenía ya solicitado su traslado a Madrid. José Julián estaba casado con María del Carmen Fernández Muñoz y junto a ella era padre de tres niños: Silvia, de 7 años; Víctor, de 11 y José María, de 13 años de edad. En 2005, por Real Decreto 319/2005, José Julián Pino era ascendido, con carácter honorífico y a título póstumo, al puesto de sargento primero.

María del Carmen Fernández Muñoz, ama de casa de 38 años y natural de Talavera de la Reina (Toledo), estaba casada con José Julián Pino y era madre de Silvia, Víctor y José María Pino Fernández. Tanto ella como su hija y esposo fallecieron en el atentado, por lo que sus dos hijos, Víctor y José María, fueron a vivir con su abuela, que se hizo cargo de los dos niños hasta su fallecimiento, poco tiempo después. Los dos muchachos, habiendo perdido a toda su familia al completo, crecieron en el Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil y siguieron los pasos de su difunto padre hasta convertirse también ellos en miembros del Instituto Armado.

Silvia Pino Fernández, hija de José Julián Pino Arriero y María del Carmen Fernández Muñoz, tenía sólo 7 años cuando fue asesinada. Silvia había nacido y se había criado en Zaragoza junto con sus padres y hermanos. En diciembre de 2010 la ciudad de Talavera de la Reina (Toledo), donde los tres miembros de la familia fueron enterrados, rindió homenaje a los vecinos de la localidad asesinados en atentados terroristas de la banda ETA, inaugurándose un monumento donado por el médico José Blas. José María Pino Fernández, el mayor de los dos hermanos que sobrevivieron, estuvo presente en el acto y fue uno de los encargados de realizar una ofrenda floral a los pies del monumento.

El mismo día 11 de diciembre de 1987, pasadas las 23:00 horas, mientras las imágenes de la casa cuartel de Zaragoza ocupaban los informativos, la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad guipuzcoana de Placencia de las Armas al sargento de Intervención de la Guardia Civil JOSÉ LUIS GÓMEZ SOLÍS acribillándolo a tiros en presencia de su esposa. Horas antes, ETA hería gravemente en Basauri (Vizcaya) al policía de la escala básica Rafael Ribas, de 29 años, mediante una carta-bomba que le provocó amputaciones de varios dedos y heridas por incrustación de metralla en la cara y los ojos.

Consternados aún por el terrible atentado cometido por ETA en Zaragoza, José Luis Gómez y su esposa decidieron salir a tomar algo con algunos de sus amigos de Placencia que, a lo largo del día, le habían llamado para darle muestras de apoyo y afecto y para condenar el atentado contra la casa cuartel y sus habitantes (La negociación de ETA que sí funcionó, José Ramón Goñi Tirapu, Espasa Calpe 2005, citado en Vidas Rotas). José Luis Gómez y su esposa abandonaron el Bar Gila poco después, sobre la medianoche, y se dirigieron juntos a su coche, un Talbot Solara aparcado en el puente de Gila, sobre el río Deba. Según declararon testigos presenciales, el sargento montó primero y, en el momento en que se disponía a abrir la puerta derecha, tres miembros de ETA arrojaron a la mujer al suelo y dispararon sus armas contra él, que falleció en el acto al ser alcanzado por catorce impactos de bala, varios de ellos en la cabeza. Las Fuerzas de Seguridad recogieron al menos diez casquillos de bala en el lugar de los hechos.

El día 12 de diciembre tuvo lugar en la parroquia de Elgóibar el funeral por el alma de José Luis Gómez, al que acudieron el ministro del Interior, José Barrionuevo; el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán; el delegado del Gobierno en el País Vasco, Julen Elorriaga; el vicepresidente del Gobierno autónomo vasco, Ramón Jáuregui, y el Gobernador Civil de Guipúzcoa, José Ramón Goñi Tirapu.

En 1990 la Audiencia Nacional condenó a Pedro José Echevarría Lete, Fermín Javier Urdiain Ciriza, alias Txiki y Xabin, Jesús María Ciganda Sarretea, alias Eneko, y Juan Carlos Balerdi Iturralde a penas de 29 años de reclusión mayor por el asesinato del sargento Gómez Solís. Pedro José Echevarría Lete, que acumulaba condenas de 220 años, fue el último de los 21 presos de ETA acercados a cárceles de la península desde prisiones de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, durante la tregua trampa decretada por ETA en 1998. En 2005 la Audiencia Nacional rechazó aplicar redenciones extraordinarias a Echevarría Lete por los estudios cursados en la Universidad del País Vasco (UPV), tras encontrar irregularidades en los mismos.

José Luis Gómez Solís, de 44 años y natural de Aldea del Obispo (Cáceres), estaba destinado como sargento interventor de armas en el cuartel de la Guardia Civil en Elgóibar y vivía en Guipúzcoa desde cuatro años antes de su asesinato. Estaba casado y tenía cuatro hijos de edades comprendidas entre los 16 y los 4 años, de los que dos han seguido los pasos de su padre, ingresando en la Guardia Civil. El Ayuntamiento de Aldea del Obispo decidió dedicar una calle con el nombre de José Luis, en honor al sargento asesinado, mientras que un ejemplar del diario Hoy, luce en las vitrinas del consistorio recordando el día en que se le rindió el homenaje. En marzo de 2005, según Real Decreto 319/2005, José Luis Gómez Solís era ascendido con carácter honorífico y a título póstumo al puesto de Sargento Primero.

Aproximadamente cinco minutos antes de las 15:00 horas del lunes 11 de diciembre de 1995, la banda terrorista ETA hacía estallar un coche-bomba en el madrileño barrio de Vallecas al paso de una furgoneta camuflada de la Marina, hiriendo a casi medio centenar de personas y segando la vida de seis trabajadores civiles de la Armada: MANUEL CARRASCO ALMANSA, conductor de la Administración Militar; FLORENTINO LÓPEZ DEL CASTILLO, conductor mecánico; MARTÍN ROSA VALERA, chófer oficial; JOSÉ RAMÓN INTRIAGO ESTEBAN, mecánico; SANTIAGO ESTEBAN JUNQUER, funcionario administrativo y FÉLIX RAMOS BAILÓN, oficial de arsenales en el Parque de Automóviles de la Armada. 

El lunes 11 de diciembre de 1995, como cada día laborable, ocho trabajadores civiles volvían a sus domicilios, en unas viviendas militares de la calle Peña Prieta, a bordo de una furgoneta blanca de la Armada. En torno a las 14:55 horas, en la confluencia de las calles Peña Prieta y Francisco Iglesias del barrio de Vallecas, en Madrid, a muy pocos metros de una de las vías de salida a la M-30, hizo explosión un coche-bomba colocado por miembros del grupo Madrid de la banda terrorista ETA. El coche-bomba había sido cargado con unos cincuenta y cinco kilos de amonal y entre dos y tres kilos de dinamita o exógeno, y aparcado en un punto en el que los vehículos se veían obligados a reducir la velocidad.

En total, los asesinados dejaban seis viudas y veintiocho huérfanos. Los otros tres ocupantes del vehículo -Pedro Díaz, Fidel Rico y Manuel García-, sufrieron gravísimas heridas. Manuel García Muñoz, de 40 años y tornero de profesión, fue ingresado en el Hospital de Getafe con pronóstico muy grave, presentando traumatismo craneoencefálico severo, contusión pulmonar, lesión pulmonar por inhalación de gases, quemaduras en la cara y en el 30% del tronco superior, quemadura de la vía aérea superior y fractura del antebrazo derecho y también de la tibia derecha. Fidel Rico Moreno fue ingresado en el Hospital Gregorio Marañón en estado muy grave, con erosiones múltiples, contusión pulmonar, quemaduras de primer y segundo grado, traumatismo craneoencefálico, estallido del globo ocular izquierdo y fractura del tobillo izquierdo. Al Hospital Clínico fue llevado el oficial de arsenales y conductor Pedro Díaz Bustabat, también muy grave al igual que los otros supervivientes del vehículo. Pedro Díaz, de 49 años, fue ingresado con quemaduras en la cara, insuficiencia respiratoria y fractura abierta de la pierna izquierda, así como otras fracturas en el hombro izquierdo y la pierna derecha. Entre los vecinos y viandantes que sufrieron heridas de más gravedad estaban María Antonia Rosa Estruch,  Basilea Vargas, de 20 años y embarazada de seis meses, Miguel Ángel Puerta, de 36 años, Aurora Bailén, de 61 años, y Araceli Campos, de 52 años.

Las descripciones efectuadas por los testigos presenciales hablaban de cuerpos destrozados y de vehículos calcinados por las llamas. Muy cerca del lugar del atentado se encuentran un ambulatorio, una parada de autobús y el colegio Divina Pastora. La explosión causó también numerosos daños materiales, haciendo saltar por los aires escaparates, cornisas y ventanas de edificios en un diámetro de cincuenta metros. Además, se originó un incendio que acabó devorando muchos de los vehículos aparcados en los alrededores. Las imágenes eran dantescas. Uno de los primeros vecinos que acudió al lugar para ayudar en las labores de rescate explicó que "a una de las personas que estaba en el suelo la tibia le salía por el talón, otra tenía las tripas fuera... más allá, otra con las piernas amputadas". En similares términos se manifestaba otra de las víctimas: "Comenzaron a llover cristales y pedazos de metal. Salí del coche velozmente. Sobre la calzada vi un brazo ensangrentado arrancado de cuajo. Me encontraba a unos metros del lugar de la explosión".

En medios de la lucha antiterrorista, el atentado fue interpretado como el apoyo expreso de la banda terrorista ETA a los cabecillas de la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS), coincidiendo con un momento en el que el Partido Nacionalista Vasco y sectores de los socialistas vascos, habían redoblado sus esfuerzos por iniciar nuevos procesos de negociación y diálogo con ETA y Herri Batasuna. El clima político en el que tuvo lugar la matanza de Vallecas se había visto enrarecido, semanas antes, por unas manifestaciones del presidente del PNV, Xabier Arzalluz, en las que calificaba a los pistoleros de ETA como "patriotas vascos", mientras que días después el portavoz del mismo partido, Joseba Eguíbar, se había referido a los etarras recluidos en las cárceles como "presos políticos". Los grandes atentados de la banda, según la coordinadora KAS y tal y como se recogía en el documento "Kalamarro", servían para fortalecer a la banda. En el texto, los proetarras se felicitaban, por ejemplo, de cómo el asesinato de Gregorio Ordóñez había servido para frenar disidencias internas en la propia ETA.

El día 12 de diciembre, a las nueve de la mañana, se instaló la capilla ardiente, en la Agrupación de Infantería de Marina, situada en la calle de Arturo Soria. El mismo día tuvo lugar el funeral por el alma de los seis trabajadores asesinados, en medio de escenas de tensión, dolor y gritos de indignación en contra de ETA y del Gobierno, por parte de familiares y compañeros de los fallecidos. El funeral, que se celebró en el Cuartel General de Infantería de Marina, fue presidido por el ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, con la asistencia de un millar de personas entre las que se encontraban representantes de todos los partidos políticos.

A las 11:45 horas de la mañana, los seis féretros, cubiertos con la enseña nacional, fueron transportados a hombros de militares y civiles hacia el altar instalado en la capilla del acuartelamiento. En las primeras filas, a poco más de un metro de los ataúdes, se situaban las seis viudas, los veintiocho huérfanos y los hermanos y padres de las víctimas. La ceremonia terminó con los acordes de la marcha fúnebre, que sonaron después de que se cantara la Salve Marinera. Mientras los seis féretros eran transportados hacia los coches por treinta y seis voluntarios, tuvieron lugar los momentos de mayor tensión. Los múltiples aplausos no pudieron silenciar las voces de dos o tres de los familiares de las víctimas, que profirieron gritos pidiendo la dimisión del Gobierno y la muerte "para los hijos de puta de la ETA". Uno se dirigió a los políticos diciendo "sois todos basura, hay que matar a los criminales".

Tal y como ocurriera tras otras masacres de la banda asesina ETA, fueron numerosas las reacciones desde todos los ámbitos de la sociedad: instituciones y partidos políticos manifestaron su repulsa y desde la Casa Real se enviaron condolencias a los familiares de las víctimas. La Asociación Nacional de Policía Uniformada, ANPU, se dirigió expresamente al portavoz del PNV, Joseba Eguíbar, por sus recientes palabras en las que calificaba a los etarras encarcelados como presos políticos, para que "ante la nueva manifestación de los futuros ‘presos políticos’, que tarde o temprano las Fuerzas de Seguridad pondrán en manos de la Justicia, dé una respuesta que pueda devolver a los familiares de las víctimas a los seres queridos, que tan vilmente les han sido arrebatados".

Una de las voces más contundentes contra los responsables de la matanza de Vallecas fue la del entonces coordinador de Izquierda Unida, Julio Anguita, que se refirió a los etarras como "mugre" y "basura", afirmando que "no estamos ante unos patriotas, sino ante una jauría de auténticos hijos de perra". El líder de IU manifestó que "con los terroristas no se negocia, lo decimos ahora que hay sangre y cuando no hay sangre". José Barrionuevo, que en ese momento estaba siendo juzgado por su responsabilidad en el terrorismo del GAL, afirmó que para combatir el terrorismo "hay que utilizar todas las armas que la ley otorga, sin exclusiones".

En octubre de 2007 la Audiencia Nacional condenaba a dos de los etarras responsables de la masacre de Vallecas. Así, la Audiencia condenaba al dirigente etarra Juan Antonio Olarra Guridi, alias Jokin y a Ainhoa Múgica Goñi, alias Olga, a cumplir un máximo de 30 años de reclusión mayor, sumando condenas por 1.243 años, al considerarlos responsables de seis delitos de asesinato y cuarenta y cuatro delitos de tentativa de asesinato, además de los delitos de integración en banda armada y estragos. Según la sentencia, ambos terroristas fueron quienes recogieron la información sobre los movimientos de la furgoneta de la Armada en la que viajaban las víctimas, sin la cual no se habría llevado a cabo el atentado.

Manuel Carrasco Almansa, de 56 años y natural de Almadén (Ciudad Real), estaba casado y tenía cuatro hijos. Manuel había ingresado como conductor de la Administración militar veintitrés años antes de su asesinato, en 1972. Los restos mortales de Manuel Carrasco fueron enterrados en el cementerio de Carabanchel.

 

 

Florentino López del Castillo, de 55 años y originario del barrio de  Aravaca (Madrid), estaba casado y tenía siete hijos. Era conductor mecánico de la Armada y en el momento del atentado que acabó su vida conducía la furgoneta en la que viajaban, junto a él, los otros cinco fallecidos. Florentino López llevaba trabajando en la Administración militar desde 1969. Fue enterrado en el cementerio de Aravaca.

 

Martín Rosa Valera, de 61 años, era natural de Mancha Real (Jaén), donde fue enterrado. Estaba casado y tenía tres hijos. Al igual que Florentino López, Martín era conductor mecánico de la Armada en el Parque de Automóviles número 1. Ingresó en la Administración militar en 1975, por lo que llevaba veinte años de servicio cuando ETA le arrebató la vida. En mayo de 2006 el diario El Mundo recogió testimonios de algunas de las víctimas del atentado de Vallecas. En el artículo, María Dolores Rosa, hija de Martín, decía sobre su padre: "Pese a que han pasado 10 años, mi madre no se ha recuperado todavía; ni creo que lo haga nunca. Sigue tomando antidepresivos. Nos tuvimos que marchar de Madrid a Jaén para estar con ella [...] Pero quizá la parte más dura es saber que mi padre tardó casi una hora en morirse. Falleció en el 12 de Octubre. La obsesión de mi madre era y es conocer cómo pasó esa última hora; si era consciente, si tuvo muchos dolores, si se dio cuenta de lo que ocurrió [...] Yo quitaría el mes de diciembre del calendario. Aquel día, mi madre perdió la ilusión por todo. Ni siquiera con sus seis nietos ha recuperado las ganas de vivir [...] Él, que tenía 61 años, quería jubilarse y venirse a vivir al pueblo a los 64 años. Todo lo que ahorraba lo invertía en la casa del pueblo, en la que ahora estamos nosotros. Soñaba con regresar y disfrutar de la jubilación [...] Él decía: ya verás, en tres añitos me jubilo y a disfrutar. Era el típico de los años 50 y 60: emigró a Madrid y trabajó toda su vida. Cuando murió, trabajaba hasta 12 horas diarias".

José Ramón Intriago Esteban, de 43 años, natural de Madrid y mecánico de la Armada, estaba casado con Concepción Sáez y tenía tres hijos de 19, 17 y 8 años en el momento de su fallecimiento. Según se recoge en "La Cosecha del Odio", un artículo de ABC dedicado a las víctimas del atentado de Vallecas (ABC, 17/12/1995), José Ramón era hijo de un trabajador de la Armada y había abandonado los estudios en el instituto debido a la estrechez económica en la que vivía su familia, empezando a trabajar desde muy joven como aprendiz de mecánico en la Armada. Su gran pasión era el fútbol. Los restos mortales de José Ramón Intriago fueron enterrados en el madrileño cementerio de La Almudena.

Santiago Esteban Junquer era funcionario administrativo de la Armada y tenía 58 años cuando fue asesinado. Fue enterrado en el cementerio de Colmenar Viejo. Estaba casado con Isabel Rodríguez y tenía ocho hijos, cinco de un matrimonio anterior y tres con Isabel. Santiago, natural de Collado-Mediano (Madrid), era un gran aficionado a la caza. Su hijo Santiago se refirió al asesinato de su padre a través de la emisora de radio M-80, el mismo día del atentado por la noche, diciendo que "estos asesinos que me expliquen por qué han matado a mi padre. Que me digan, cuando he ido a ver a mi padre, a reconocerle hecho pedazos, el porqué. Necesito una explicación, y que me digan estas Navidades, quién va a traer a mi padre. ¿Quién me lo va a decir? ¿Estos presos políticos que viven como reyes en las cárceles? ¿Ellos, que están sentados cómodamente allí o toda ese serie de políticos que no hacen nada?". En el citado artículo de ABC, "La Cosecha del Odio", publicado seis días después del atentado, se recogen testimonios de su viuda, Isabel, que explicaba cómo ella y los chicos le dieron la terrible noticia a la madre del difunto, de 91 años: "Perder un esposo es duro, pero mucho más cruel tiene que ser perder un hijo [...] Se alegró tanto de vernos... enseguida intuyó algo: ¿Le ha pasado algo a mi hijo? –Sí, abuela, está malo. –¿Pero muy malo? –Sí, abuela, malo, malo. -¿Está muerto? –Sí, abuela, está muerto". Según se recoge en Vidas rotas (Alonso, R., Florencio Domínguez, F. y García Rey, M., Espasa, 2010) durante el juicio por el atentado de Vallecas, en 2007, Santiago Esteban Rodríguez declaró que "aquel día entró en mi casa la oscuridad, el silencio, el dolor, la desesperanza. No sólo mataron a mi padre, mataron a mi mejor amigo, a mi confidente, a la persona que más queríamos" y explicó cómo a raíz del atentado su familia sufrió "una fuerte desestructuración", hasta el punto de que uno de los hermanos llegó a sufrir esquizofrenia paranoide, teniendo que ser recluido en un hospital psiquiátrico. En octubre de 2008, en unas jornadas organizadas por Gesto por la Paz, habló Paloma Esteban, también hija de Santiago Esteban Junquer y aprovechó para explicar cómo su padre, en el momento de su muerte, estaba ilusionado con la boda de su hija, en la que "iba a ser el padrino". Paloma contrajo matrimonio, pero una vela encendida ocupó el asiento vacío de su padre.

Félix Ramos Bailón, natural de Madrid y de 55 años, estaba casado y tenía tres hijos cuando fue asesinado. Félix era chapista de la Armada, cuerpo en el que había ingresado en 1980. Allí desempeñaba la labor de oficial de arsenales en el Parque de Automóviles número 1. Años después de su asesinato, en 2005, el novio de una de sus hijas le recordaba, a través de las páginas del diario El Mundo, como "un buen tipo, muy buen hombre. Le gustaba su casa. Era muy hogareño". Félix Ramos fue enterrado en el cementerio de Carabanchel.

Durante el funeral por el alma de los seis trabajadores se les impuso a cada uno de ellos, a título póstumo, la Cruz al Mérito Naval con distintivo amarillo. Posteriormente, en febrero de 2000, por Real Decreto 310/2000, recibían, también a título póstumo y con carácter honorífico, la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo.

El jueves 11 de diciembre de 1997, a las 22:57 horas, ETA asesinaba en un bar de Irún (Guipúzcoa) al concejal del Partido Popular en Rentería JOSÉ LUIS CASO CORTINES, disparándole un tiro en la cabeza a bocajarro. Una semana antes de asesinar a José Luis Caso, la banda terrorista atentó contra su compañera de partido Elena Azpiroz, concejal en la capital guipuzcoana, hiriendo de un disparo en la cabeza a su escolta, José María Lobato, provocándole pérdida completa de visión en el ojo izquierdo.

Tres minutos antes de las once de la noche un hombre de complexión fuerte y de unos treinta años, oculto bajo la capucha del chubasquero, entró en el Bar Trantxe, en la calle Juan Arana de Irún, y se dirigió sin dudarlo hasta José Luis Caso, que se encontraba cenando con media docena de amigos al fondo, alejado de la puerta. Cuando se hubo acercado lo suficiente, el terrorista le disparó en la sien y salió corriendo del bar. En su huida amenazó con disparar a varios de los testigos que presenciaron el crimen, si éstos lo seguían o trataban de impedirle el paso. José Luis Caso fue alcanzado por un único disparo, con orificio de entrada en la zona parietal derecha y de salida en la región parieto-occipital izquierda con pérdida de masa encefálica, falleciendo prácticamente en el acto. Según relataron testigos presenciales, un segundo terrorista cubría al asesino desde la puerta y, tras salir del bar, emprendió la fuga junto a él. Ambos corrieron por la calle Juan Arana hasta alcanzar un vehículo, en el que les esperaba una tercera persona. Una vez dentro del coche los tres continuaron la huida por la zona de la avenida de Guipúzcoa.

El atentado contra el concejal popular tuvo lugar en un momento en el que los principales partidos, PP y PSOE, estaban inmersos en una refriega dialéctica suscitada a raíz de la propuesta realizada por el líder socialista Joaquín Almunia acerca del indulto de etarras arrepentidos. Además, el asesinato se producía sólo cuatro días después de que el Ministerio de Interior anunciase el acercamiento de quince presos a cárceles vascas y el traslado de varios presos desde prisiones de Canarias y Baleares.

Un día después del asesinato de José Luis Caso, los concejales en Rentería de todos los partidos, con la excepción habitual de Herri Batasuna, se reunieron para condenar el crimen. Mientras tanto, los cinco ediles batasunos no dejaron de mascar chicle, ni siquiera cuando Concepción Gironza, la otra concejal del Partido Popular en la localidad, le preguntó abiertamente a uno de ellos, Ángel María Etxebeste: "¿Por qué, Ángel Mari? ¿Por qué José Luis está muerto? ¿Seré yo la siguiente?" Tampoco se dignaron a mirar a la portavoz de Izquierda Unida, Isabel López, cuando se dirigió a ellos diciendo "Os pido, os suplico, que manifestéis vuestro dolor, un gesto, algo; tenéis en vuestra mano que esta locura pare alguna vez" (El País, 13/12/1997).

Polémicas fueron las palabras de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el presidente de Extremadura, quien propuso "en nombre propio" un Gobierno de coalición entre PP y PSOE "para acabar con el terrorismo, ya que ése es un problema en el que todos estamos dando palos de ciego". Según él, sólo un ejecutivo fuerte, con un 80% de respaldo electoral, podría "negociar" con ETA, llegando a afirmar que "si quieren autodeterminación, se la damos, pero a ver lo que decide el pueblo vasco". Por su parte, el Consejo Europeo condenó duramente el atentado desde Luxemburgo, en una declaración sin precedentes aprobada por unanimidad en la que dejaron atrás pasadas ambigüedades.

José Luis Caso, pese estar amenazado por ETA, había rechazado la escolta hasta el mismo día de su muerte y se había negado reiteradamente a abandonar el País Vasco. Tras la muerte de Miguel Ángel Blanco, las calles de Rentería fueron testigo de las amenazas que, en forma de pintadas, recayeron sobre José Luis. "Tú serás el próximo", decían algunas, mientras se le representaba en el interior de una diana y con una flecha clavada en la cabeza. Ante estas y otras amenazas, el concejal siempre había manifestado su negativa a llevar escolta: "No quiero preocuparme en exceso, porque sé que defender determinadas ideas en Euskadi conlleva un riesgo [...] miedo no tengo, tengo cierto temor, el temor que puede tener cualquiera de una amenaza que se puede realizar o que no se puede realizar (...) Yo no me voy a marchar", manifestó en una entrevista a la Cadena SER poco después del asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Las amenazas que sufrían los ediles populares provenían en ocasiones del entorno proetarra en las calles, la llamada kale borroka, pero también desde dentro de las propias instituciones. Un día antes del asesinato de José Luis, el representante de Herri Batasuna en las Juntas Generales de Guipúzcoa, Xabier Alegría, había colocado papeles en los escaños de los populares con el texto "El que la hace la paga", palabras que también pronunciaría la líder de Jarrai, Ana Lizarralde, mientras que diez días antes del asesinato, el portavoz de HB Floren Aoiz se refirió a la condena de los veintitrés miembros de la Mesa Nacional de Batasuna a siete años de cárcel, asegurando que ésta tendría "consecuencias graves" para el Partido Popular. Arnaldo Otegi Mondragón, el que era nuevo máximo responsable de dicha Mesa Nacional, dijo también una semana antes del atentado que "Mayor, el Partido Popular y el Gobierno tendrán la contestación que se merecen".

Dos días después de asesinar a José Luis Caso, el periodista Pablo Ordaz publicaba en el diario El País una entrevista al que sería sustituto de José Luis en el cargo de concejal, Manuel Zamarreño, sin poder saber que estaba entrevistando a quien un año después también yacería muerto víctima del fanatismo etarra:

Desde, la tercera fila de bancos, sentado y cabizbajo, mezclado entre el público, un hombre de baja estatura, barba poblada y grandes entradas miraba lo que estaba pasando. El periodista, que lo tenía al lado, no reparó en él hasta que le sobresaltó el temblor de sus rodillas. El hombre, de 42 años y cuatro hijos, el mayor de 24 y el más pequeño de 12, era Manuel Zamarreño, calderero de profesión, parado desde 1992 por culpa de la reconversión de Astilleros. "Usted es...". "Sí", contestó con un suspiro y los ojos nublados, "yo iba el tercero en la lista, detrás de José Luis, a mí me toca ahora ser su sustituto" (El País, 13/12/1997).

Entre los miembros de ETA que integraban el grupo Donosti en el momento del asesinato de José Luis Caso Cortines estaban Javier García Gaztelu, alias Txapote, su compañera Irantzu Gallastegui, Sergio Polo y José Luis Geresta Múgica. En junio de 2006 la Audiencia Nacional decidió absolver por falta de pruebas a García Gaztelu y a Gallastegui, acusados ambos del asesinato del concejal popular, pese a que las huellas dactilares de los dos habían aparecido en un piso en el que la Policía había encontrado el revólver con el que José Luis Caso fue asesinado.

José Luis Caso Cortines, de 64 años y natural de Comillas (Cantabria), estaba casado y tenía dos hijos y un nieto. José Luis vivía en el País Vasco desde los 22 años, habiendo llegado a Irún en la década de los 50. En esta localidad recibieron sepultura sus restos mortales. José Luis se había jubilado recientemente de su profesión de soldador, tras trabajar durante treinta años en los astilleros Luzuriaga en Pasajes de San Juan. Allí se había ganado el aprecio de sus compañeros y había sido enlace sindical del comité de empresa bajo el régimen franquista. En una ocasión se presentó como independiente por el sindicato nacionalista ELA. Pertenecía al Partido Popular desde su fundación, habiendo formado parte previamente de Alianza Popular. En el País Vasco había sido presidente del Partido Popular en Irún y concejal en dicha localidad. En el momento de su asesinato era concejal del Partido Popular en Rentería, localidad guipuzcoana gobernada por el PSOE y en la que Herri Batasuna contaba con cinco ediles. Llevaba en ese puesto dos legislaturas. Juana, la esposa de José Luis Caso, solía decir en presencia de amigos y conocidos que la valentía de José Luis rozaba la inconsciencia y afirmaba con frecuencia que "me lo van a matar, cualquier día de éstos me lo matan", tal y como finalmente sucedió. Según las personas que lo conocieron, José Luis era "un buen hombre que se hacía con todos", "apreciado y querido por los vecinos". José Luis Caso, ante las amenazas que se veía obligado a soportar, había manifestado: "Si vienen, ya saben dónde me encontrarán. No tengo miedo".