Por JUAN GOTI ORDEÑANA

Francamente resulta extraño que nos quieran meter ahora una nueva sala de los Derecho Humanos en el edificio que utiliza la ONU en Ginebra, y que fue en otro tiempo de la Sociedad de Naciones, porque ya en dicho edificio existe una Sala con este título, y decorado por un pintor español.  Por mediación de Salvador de Madariaga, el pintor español José María Sert y Badía se encargó de la ornamentación de la gran Sala del Consejo del Palacio de la Sociedad de Naciones en Ginebra (1935-1936), desarrollando una serie de alegorías de la Guerra y la Paz, del Progreso de la Humanidad, de la Justicia y del Derecho Internacional. ¿Qué pretende el Gobierno español con la nueva Sala de Barceló? ¿Ignorar y olvidar la obra de Sert? Más bien parece por una gran incultura, impericia e ignorancia de lo que tenemos en Ginebra, o a lo mejor se pretende matar la auténtica idea de los Derechos Humanos y de la Alianza de Civilizaciones que plasmó nuestro gran pintor Sert con un gran simbolismo.

Por las fotografías que se han publicado en los diversos medios, la nueva sala que se ha embadurnado de pintura y la antigua del pintor Sert no tienen ni punto de comparación. Difícilmente en los montones de pintura de Barceló se puede ver el simbolismo de los Derechos Humanos y menos una Alianza de Civilizaciones. Entonces ¿a qué responde ese gasto de 20 millones de Euros, que no quiero traducirlo en pesetas porque supone una barbaridad, cuando tenemos ya en Ginebra una magnífica creación artística sobre el mismo tema, y que no se va superar? ¿Gastos políticos de un Gobierno megalómano? No es el momento para tales gastos cuando los centros de Cáritas se llenan de gente que solicita lo elemental para comer. No es cierto que el arte no tiene valor, como decía el Ministro Moratinos. Tiene el que el público comprador quiera darle, pues el pintor puede valorar su trabajo en el precio que quiera, pero tendrá que guardarla en su propiedad o darla al precio que se le dé el comprador. Por tanto tiene el valor que la sociedad le dé. En este caso ¿de donde procede que la picardía, la ineptitud y la incultura califiquen esta obra como la Capilla Sixtina del siglo XXI? ¿Quién iba a soñar, como les ha pasado a algunos artistas, que el apoyar ciertas políticas era un oficio tan rentable? Es evidente que cuando no se alcanzan los fines pretendidos y no se simboliza la realidad, hay tapar y calificar con rimbombante epítetos.

Si nuestros políticos han estado en Ginebra ¿cómo no han visto la Sala dedicada a los Derechos Humanos decorada por José María Sert? Pintada en reconocimiento de la labor de la Escuela de Salamanca a favor de la paz mundial y los Derechos Humanos, parece que nadie ha advertido cómo éste pintor plasmó en el techo de la Sala del Consejo del Palacio de la Sociedad de Naciones en Ginebra, hoy Sede de la ONU, una gran alegoría utilizando, como era propio en él,  colores monócromos, sepias y dorados, y con  figuras colosales en las que los volúmenes se muestran con progresiva desnudez.

El plafón central es una alegoría de los continentes, donde cinco colosos  simbolizan las cinco partes del mundo, unidos con sus manos en un amplio espacio.  Esas cinco gigantescas figuras que destruyen un arco -símbolo de la guerra- representan  las consecuencias de las guerras, con su doble versión de vencedores y vencidos, mientras en los extremos avanzan las alegorías de la paz muerta y la paz resucitada.  En los laterales se representan los éxitos de la humanidad y las virtudes que los guían. En el centro del  plafón el Derecho Internacional de Francisco de Vitoria. Éste personaje forma la unión de la clave de la bóveda  alegórica de la sala, que como describe L. Pereña: «A sus pies, sabios españoles discuten, rodeados de alumnos, en la famosa Universidad de Salamanca, donde  enseñaban en el siglo XVI, los principios de la paz y fraternidad. El artista representa al maestro Francisco de Vitoria mostrando el camino a los juristas que, inspirados en su doctrina, formularon las normas de Derecho Internacional….  El objeto de exaltación tenía por fin honrar la figura del gran maestro Francisco de Vitoria desde su cátedra de Salamanca, fue el primero que formuló la noción del Orbis concibiendo el mundo como una unidad política que tiene el poder de hacer leyes aplicables a todas las naciones y a todos los hombres. En una época tan atormentada por los conflictos religiosos y las guerras de conquista, Vitoria afirmaba que “la diversidad de religión no era causa justa de guerra”, ni lo es tampoco “el deseo de ensanchar el imperio”, ni “la gloria o cualquier otra ventaja del príncipe”; que no existirán la paz y la concordia  entre los pueblos, hasta que la violencia no quede eliminada como arma de razón».

Es la Sala de la paz, donde la declaración de Vitoria sobre los derechos del hombre y de los pueblos aún resuena como en aquellas lecciones de Salamanca. Se recuerdan los principios jurídicos de su doctrina, que merecen ser contemplados despacio, pues dieron lugar al Derecho Internacional y a algo que no se ha afirmado tan claramente, a las bases y a la estructura de los Derechos  Humanos, hoy tan en boga. Cuando el maestro dictaba las Relecciones sobre el problema indiano, como ejercicio de las lecciones magistrales que los catedráticos tenían que dar cada año en la Universidad de Salamanca del siglo XVI, se enfrentaba con unos sucesos nuevos: el descubrimiento de un continente y el encuentro con otras culturas y unos pueblos desconocidos hasta entonces. Ante estos hechos presenta una pregunta fundamental: ¿Qué consideración jurídica hay que dar a todos los hombres y a todos pueblos?  Su respuesta que fue la vía clara para  llegar a los Derecho Humanos está plasmada en la Sala del Palacio de Ginebra.

Según dicen las crónicas, el martes se ha inaugurado otra sala en el mismo palacio de Ginebra que pomposamente califican de Sala de los Derechos Humanos y de la Alianza de Civilizaciones. A los que hayan asistido a esa inauguración les rogaría sencillamente que visiten la sala de los Derechos Humanos de José María Sert, y que hagan una reflexión y un estudio comparativo entre una y otra pintura, con independencia del gasto que cada una haya tenido, examinando el simbolismo que han sabido plasmar uno y otro pintor.

Hay en la realidad social de estos tiempos muchas cosas difíciles de comprender, pero ninguna como la sin par salida del juez Garzón. Hablo de la providencia de 28 de agosto de 2008, por la que oficia a innumerables entidades públicas y privadas, para que informen a las personas que él envíe de las muertes violentas, desapariciones, enterramientos anónimos y exhumaciones presuntamente incontroladas hasta ahora, por lo que el jurista Horacio de la Oliva extrañado exclama: «Escribo porque, como ciudadano y como jurista, me parece que no debo pasar en silencio un episodio judicial de grave ilegalidad y de aún más grave tolerancia del abuso de poder».

 Pero parece que se ha propuesto llevar esta acción utilizando el derecho procesal, lo que constituye tal incoherencia que hace dudar del juez. Y por si fuera poco, a quien primero dirige el requerimiento es a la Conferencia Episcopal. Pero parece que se ha propuesto llevar esta acción utilizando el derecho procesal, lo que constituye tal incoherencia que hace dudar del juez. Y por si fuera poco, a quien primero dirige el requerimiento es a la Conferencia Episcopal Española, para que comunique a las parroquias que permitan el acceso a la Policía Judicial que él designe, con la finalidad de identificar las posibles víctimas desaparecidas a partir de cierta fecha, y lo hace en virtud de lo que el Centro Documental de la Memoria Historia informa en fecha 14 de agosto de 2008. Se ha dirigido a quien debe saber que por sus estatutos no tiene poder sobre las diócesis, que son independientes en sus actuaciones y mucho más en la administración de las parroquias. ¿Cómo esta ignorancia de un juez? ¿Es que no sabe que la Conferencia Episcopal Española no tiene facultades en esta materia? Item más, ¿es que no sabe que los registros de las parroquias no llevan libros de desaparecidos, sino sólo de las personas que se han enterrado en su cementerio? Y lógicamente éstos, los enterrados en el cementerio, no son los que le interesa requerir a las parroquias porque ya las tienen sus familias. ¿Qué puede buscar con esta petición de muertes violentas, desapariciones, enterramientos anónimos y exhumaciones presuntamente incontroladas, sino acusar a la Iglesia?

En tercer lugar, a esto hay que añadir, que no puede ser objeto de instrucción este proceso, porque en 1978 hubo una amnistía general, que, según los técnicos, incluía todos los delitos anteriores, también los que se citan en esta providencia, y que fue para poder alcanzar el consenso que dio paso al actual sistema democrático, lo que imposibilita entrar en el estudio procesal de este tema.

Todavía hay algo más, la falta de competencia de la Audiencia Nacional en este tipo de asuntos. Su competencia es extraordinaria y por tanto tiene unos límites muy determinados entre los que no se incluye esta materia. Y si alguien quiere hablar de genocidio, que ningún buen jurista lo haría, es un tema que se sale de su competencia, y tendría que pasar a un tribunal muy especial que no existe en España.

Por JUAN GOTI ORDEÑANA

Aunque no es extraño por toda la trayectoria que ha recorrido el profesor Peces-Barba, causa estupefacción la interpretación que hace de las relaciones Iglesia-Estado, uno de los Padres de la Constitución. Le aconsejaría que lea y estudie la magnífica lección que sobre esta materia ha tenido estos días el Cardenal Rouco Varela al entrar como Miembro en la Real Academia de Doctores. Sin afirmaciones extemporáneas y ateniéndose a la historia y al significado de los términos de la legislación ha hecho una brillante exposición de toda la problemática de las relaciones Iglesia-Estado, poniendo las bases para dialogar y tratar el tema.

Muy de otra forma es como se ha expresado el profesor y exrector de la Carlos III. Da la impresión que no domina el tema, y que recita lo que le prepara el equipo que tiene en la cátedra Fernando de los Ríos, que sí defiende, aunque con poca lógica, eso de que los acuerdos con la Iglesia católica son preconstitucionales porque fueron estudiados y acordados antes la Constitución. Pretende acusar ahora una irreal inconstitucionalidad de los acuerdos, lo que no hizo en su momento, cuando fueron aprobados, con Peces-Barba como uno de sus fautores, por el Parlamento con todos los requisitos de los tratados internacionales. ¿Y qué es lo que se acusa? La formalidad o la materia de fundo, pues es irrelevante cuándo se estudia y prepara un tema, lo decisivo será su aprobación. Si la formalidad, qué es lo que hay acusar, si se aprobó por el Parlamento con todos los requisitos para ese tipo de acuerdos. Y si se trata de la materia de fondo, que parece que es a lo que se refieren sus impugnadores, ¿por qué en 1992 elaboró Dionisio Llamazares, brazo derecho de Peces-Barba en esta materia y entonces director General de Asuntos Religiosos, los acuerdos con Evangélicos, Judíos y Musulmanes que son una reproducción de los acuerdos con la Iglesia Católica, y se aprobaron. ¿Y por qué no impugnan también estos acuerdos?

Tuve la oportunidad en otro artículo (LNE. 29/10/2007) de mostrar cómo Peces-Barba no sabía interpretar la objeción de conciencia del artículo 30 de la Constitución, objeción al servicio militar que se había introducido por expresa propuesta suya, pues bien, en esta ocasión también tengo que decir, por la interpretación que ha hecho estos días en el Seminario «Laicidad y Democracia» en su ponencia de «Laicidad, libertad de conciencia, pluralismo y pacto para la convivencia», que no conoce el contenido del artículo 16,3 CE a pesar de haber intervenido en su elaboración como Padre de la Constitución. Este artículo en ningún momento habla de un Estado laico, y mucho menos de la laicidad. La Constitución tiene que decir expresamente las cosas no sobreentenderlas para una interpretación tergiversada de algunas ideologías.

Si el profesor Peces Barba hace su interpretación diciendo que la Constitución afirma la laicidad, hay que concluir que no supo lo que copiaba cuando colaboró en la redacción de nuestra Carta Magna, pues la expresión: «ninguna confesión tendrá carácter estatal» (art. 16,3 CE), es una traducción literal de la Constitución alemana de Weimar, y en Alemania nadie cree que se afirme una laicidad. Esta expresión tenía justificación en aquel país porque las religiones admitidas eran del Estado, para las que tenía su Departamento de donde dependían, y con esta norma lo que se hizo fue dar libertad a las confesiones, para que en el futuro no dependieran de la Administración del Estado. En España no había tal problema y se debería haber encontrado otra fórmula que respondiera a su tradición, porque aquí nunca hubo Iglesias del Estado. Por tanto, lo que dice la Constitución en esta materia es que las confesiones son libres y que se rigen por sus propias normas sin ninguna dependencia del Estado. Y nada más.

¿Se puede dar mayor independencia a las confesiones? Si se hace una nueva ley de Libertad Religiosa, lo único que se puede intentar es filtrar limitaciones en su texto, sino se pretende llegar a que las confesiones dependan del Estado, o lo que parece más probable hacer de la laicidad una confesión que se imponga a todos los ciudadanos, desde donde el Partido del Gobierno domine la ideología de la sociedad. Lo que se intenta, ¿no será que se pretende imponer una ideología? En cuyo caso ¿cómo se puede negar o prohibir la objeción de conciencia?

Acusa además a la Iglesia de no aceptar al Estado como educador de la ciudadanía, y que «la única beligerancia que ve es la de la Iglesia católica contra el Estado». En verdad muestra una vista miope y unilateral que le incapacita para realizar tantas funciones como se le han encomendado. Antes se le confió aquel Comisariado de las Víctimas del terrorismo, y ahora llevar a cabo la laicización de la sociedad. Todos conocemos el fiasco que fue aquella misión, con una visión tan parcial de la realidad, a nadie se puede extrañar que el tiempo nos llevara a contemplar el fracaso a donde le condujo su escorada postura. Ahora ha emprendido la batalla para poner en manos del partido del Gobierno la enseñanza, no para ordenarla con una legislación adecuada, sino para adoctrinar en una laicidad inventada. Pero no puede ser que, a pesar de toda la fuerza con que cuenta, pueda llegar a imponerse en uno de los derechos humanos originarios, el derecho de las personas y en caso de menores de sus padres a elegir el sistema de educación que esté de acuerdo con sus convicciones (art. 27,3 CE).

A esta actitud de Peces-Barba y de su equipo, que quieren justificar la sinrazón del Gobierno de construir una sociedad laicista, sin duda se puede oponer una persona con toda razón. Una objeción de conciencia, que en otro tiempo tanto le gustó defender cuando se refería al servicio militar, ahora la niega cuando se refiere a la secularización de la sociedad mediante la enseñanza unilateral de un partido. ¿Quién puede dudar que cuando el Gobierno y su equipo transgreden una norma como la del artículo 27,3 de la Constitución necesariamente tiene que admitirse la objeción de conciencia?

Debería saber el exretor de la Carlos III y el Gobierno, que lo que define a un Estado como democrático es la posibilidad de objetar ante una tropelía de las autoridades. Si se niega la objeción de conciencia se niega la democracia. Si contra una ley que contradice una norma enunciada y protegida por la Constitución se impide la objeción de conciencia estamos ante un Estado no democrático sino autoritario, ya que la nota más radical que define a un Estado como democrático es la existencia de la objeción de conciencia.

POR JUAN GOTI ORDEÑANA

Todavía recuerdo a don José Jiménez Lozano, viniendo con frecuencia a la librería Sandoval que estaba debajo de mi casa en la plaza San Salvador de Valladolid. Llegaba despacio y con tranquilidad para ver y examinar los libros de las novedades que llegaban. En aquellos tiempos era el director de El Norte de Castilla, y entonces  empecé a escribir en su periódico. Siempre he admirado sus libros en un perfecto castellano, con una gran profundidad y con una visión de la actualidad que cincela en sus numerosas publicaciones. Ha ganado un montón de premios literarios: el Premio de Castilla y León (1988), el Premio Nacional de las Letras (1992), el Premio Luca de Tena de Periodismo (1994), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1998), el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes (2000) y, finalmente, el prestigioso Premio Cervantes (2002), que obtuvo después de una reñida – y polémica, debido a motivos más políticos que literarios – votación. Publica una media de dos libros por año, amén de las colaboraciones en periódicos y revistas.

Huye de la vorágine política, pero medita y contempla la sociedad desde su retiro castellano de Alcazarén, a pocos quilómetros de Valladolid. Y no deja nunca de sorprender con sus atinadas observaciones de la realidad que se mueve a su alrededor. Quiero glosar aquí un pensamiento suyo que se ha publicado en la Razón y que muestra como vive y da su criterio sobre la realidad de los problemas que vivimos.

 No deja de sorprender, para empezar, el comentario que hace con estupor: «Este país es un país donde siempre ocurre lo mismo». Y, dada la precisión que tiene en sus expresiones, afirma como con cierta incredulidad: «No pensé que estas cosas todavía estuvieran de actualidad». Por lo que se ha animado a reeditar un ensayo de 1978: «Los cementerios civiles», con algunas modificaciones para acomodarlo a las cuestiones de hogaño. Era una reflexión sobre la libertad de cultos, que en aquellos tiempos era de gran actualidad, y, cuando creía superada aquella mentalidad, resulta que con las manifestaciones de la Vicepresidenta viene a ser, con estos disparatados anuncios del Gobierno, un tema de máxima actualidad. De modo que, con unas correcciones oportunas, vuelve a ser una novedad, un libro actual, con objeto de participar en el debate Iglesia-Estado. Y claro, al introducirse en la discusión política el problema religioso, no puede menos de manifestar: «que está fuera de época ser antirreligioso».

Encuentra motivo para avisar y prevenir el mar de fondo que asoma en las declaraciones del Gobierno, que están alterando y trastornando la sociedad española: «Parece que se olvida lo dramático que ha sido en el pasado. Volvemos otra vez por esas esquinas, a los encontronazos entre Iglesia y Estado. Habría que recordar que la democracia no tiene ideología. Sólo tiene que resolver los problemas materiales».

Pero no parece entenderlo así el Gobierno, ya que anhela volver atrás con su Memoria histórica, y en esta materia Zapatero pretende ir por sus propios atajos. ¿Quien no le oyó gritar hace pocos meses en un mitin en plena campaña: «Yo soy laico»? Supongo que no sabía lo que decía, pues de diccionario no suele andar muy bien, por lo que no creo que quisiera decir que era laico, sino, más bien, lo que querría decir es que él era laicista, que son cosa muy distintas. Como ya va advirtiendo mucha gente últimamente, vamos a necesitar un diccionario de traducciones para entender a nuestro Gobierno. Laico, en sentido original y primario, significa: Fiel cristiano que cumple con sus obligaciones religiosas.

Y si se le quiere usar con un sentido profano, pero teniendo en cuenta que es un significado derivado e indebidamente usado, se ha de entender como lo hace Jiménez Lozano cuando dice que: «Laico es algo neutro, no está tintado por ninguna ideología; el laicismo es lo que está impregnado por cierto tinte antirreligioso. Por eso, cuando un Estado es laicista, no es laico, y es lógico que los cristianos, como cualquier confesión, quieran defenderse».

Y abundando en la indebida derivación que se ha hecho del término laico, insiste: «Ojalá fuera un país laico. Un Estado no debe meterse en lo que piensa la gente. Eso es lo que hacen las dictaduras. Se ve a través de la historia. No se puede imponer el laicismo, porque el Estado no será laicista, sino totalitario. España no es laica. Ahora mismo existe una confrontación con las cofradías. El Estado no puede tener una filosofía, porque esa es una realidad que no le compete. Francia, por ejemplo, nunca ha sido laicista, sino laica. Hay que distinguir el acuerdo religioso de las manifestaciones religiosas. La política debe ser neutral y no caer en un confesionalismo ateo».

Además, el laicismo que se propone el Gobierno meter en la sociedad, va contra los derechos fundamentales, porque como dice Jiménez Lozano: «Las personas deben tener su propia voluntad para elegir que le dejen el espacio. No es necesaria ninguna filosofía con tal o cual nombre, bien por intereses o por dominio, porque puede ser un foco de conflictos. Si se vive en paz, en calma, nunca habrá problemas, porque se conoce al otro, se le entiende, se ven sus costumbres, y eso evita los conflictos. España, en este aspecto, ha sido históricamente un país católico».

En conclusión, no se puede olvidar que ésta es una batalla en toda regla, que el objetivo inmediato del Gobierno se dirige contra el ámbito católico porque es el más visible, pero que no se va a parar ahí, se va a intentar barrer todo sentido religioso de la vida, y para ello se habla de crear una sociedad laica, y se va camino de ello con  enseñanzas de adoctrinamiento. Los que creen que esto es algo pasajero se equivocan, será mejor que pierdan toda esperanza de volver atrás los que entren por este sistema, como Dante al entrar en el infierno en su Divina Comedia. Una vez que se ponga en marcha ya se apunta la limitación de la libertad frente al Estado, para ello ya se ha empezado a conformar las conciencias de los jóvenes, aunque sea con cierta hipocresía, y con violencia de los mismos pensamientos. Hoy día el único escudo que se puede blandir frente a este Estado es la lucha con decisión por la libertad.

                  Por JUAN GOTI ORDEÑANA

Estamos oyendo a altos cargos socialitas levantar la voz hasta límites insospechados. Por una parte, la Vicepresidenta del Gobierno, públicamente, ha pedido al Fiscal General y a los Abogados del Estado que inicien un expediente para expulsar a los capellanes de los Comités de Ética de los Hospitales, para ello se ha servido del último acuerdo del convenio del Arzobispado y la Comunidad de Madrid. El cual no es más que, simplemente, el cumplimiento de la ley que hizo Ernest Luch allá por la década de los ochenta.

Por otra parte, al socaire de esta salida desacompasada, Álvaro Cuesta dice tener «repugnancia» frente a un acuerdo que tilda de «inquisitorial, fundamentalista e inconstitucional», y que tacha de «mentes podridas por el dogmatismo». ¡Para estos exabruptos no le hacía falta haber estudiado  Derecho! A un político le conviene argumentar no insultar. Da muestras de conocer el derecho por la explicación de dos horas en una tarde. Por respeto a quienes estimábamos a Álvaro Cuesta, cuando estudiaba en la Universidad, debería reflexionar lo que dice, porque nos avergüenza que no sepa lo que fue la Inquisición, menos lo que es el fundamentalismo. Fundamentalista es quien defiende sus ideas con denuestos no con razones. Y es fácil serlo desde el poder. Y no digamos lo de inconstitucional, que no es lanzar invectivas al aire, pues si tuviera que probar lo que ha dicho, vería que se ha dejado llevar por algún inconfesado prejuicio u odio.

Allá por los últimos años de la década de los ochenta, no recuerdo exactamente el año, vino invitado a la clausura de un curso de verano de la Universidad de Oviedo, en la Granda (Avilés), el recordado Ernest LLuch. Era una semana sobre derechos humanos que dirigió Peces Barba. Ernest Lluch, había cesado como Ministro de Sanidad y en aquel momento era Rector de la Universidad Menéndez y Pelayo de Santander. No estuvieron ni María Teresa de la Vega ni Álvaro Cuesta, fue una pena. Los estudios de aquella semana no habían sido de sanidad, sino de derechos humanos en general, pero Ernest Lluch, se sentía tan satisfecho y orgulloso de la Ley de Sanidad que había sacado, y en especial de la materia de la asistencia religiosa en los hospitales, que dedicó toda su alocución a elogiar la labor de la Iglesia en la atención de los enfermos y necesitados. Hizo tal glosa de la labor de los capellanes en los hospitales y de la Iglesia en la atención de los enfermos, que en verdad uno se pregunta ¿Estamos ante el mismo socialismo o esta tercera generación de socialistas es otra cosa?

Recuerdo cómo consideraba que una política social sanitaria avanzada, debía dedicarse a favorecer un modelo integral de asistencia sanitaria, y progresar en el método de ayuda clínica pastoral. ¡Cómo hablaba de una política de integración de la asistencia religiosa, y no de expulsión, de quienes representan la más alta humanización de la salud y del hombre desde su naturaleza trascendente!

Cada día que pasa se encuentra este Gobierno socialista más lejos de sus propias normas y antecedentes. El convenio de la Comunidad de Madrid no ha tenido otro referente que el firmado por los Ministros de Justicia y Sanidad y Consumo y el Presidente de la Conferencia Episcopal Española el 24 de julio de 1985. Un acuerdo sobre asistencia religiosa católica en centros hospitalarios públicos, publicado en el BOE de 21 de diciembre de 1985. El primer convenio del que el de ahora es una mera repetición fue firmado por el presidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, dato que los socialistas de la tercera generación no sólo han olvidado, sino que parece que quieren culpar a otros y, aun más, quieren por esa alienación freudiana que padecen acabar con sus antecedentes, y encauzar sus actuaciones contra los derechos humanos. Pues cada enfermo que sea cristiano no sólo tiene derecho a recibir asistencia de un sacerdote de su propia religión, sino, también, a que en las decisiones de la Comisión de Ética se tengan en cuenta sus creencias cuando se refieran a una decisión que afecte a su vida.

Esta actitud del partido socialista muestra bien a las claras, cuál es el camino que se quiere seguir propiciando con su propaganda: la muerte legal, la eutanasia que se avecina. Con la expulsión de los sacerdotes de los hospitales consideran que ya queda el terreno expedito para llegar sin limitación alguna a la cultura de la muerte. Hemos lamentado el holocausto de los judíos del siglo pasado, y conocen bien éstos lo que sucede el día después de que la eutanasia se convierta en práctica común.

Con este talante tenga todo ciudadano la convicción, que éstos políticos nos quieren notificar la claudicación de la ética de la medicina frente al materialismo, pragmatismo y utilitarismo de las políticas sanitarias que nos proponen para el futuro.

Por JUAN GOTI ORDEÑANA

Los cristianos, aunque sean del PSOE, no tomen esta invectiva del Gobierno a la Iglesia católica ligera, a pesar de la visita del Presidente al Nuncio. La ofensiva de Z va en serio, quiere emular las fiebres dictatoriales de los gobiernos de izquierda del siglo pasado. Su actitud no es nueva, sino una repetición de tantos políticos marxistas que han querido alcanzar una dominación del cuerpo y de la mente de las personas. A un dictador no le basta tener el poder político, tiene, también, necesidad de dominar las conciencias de los ciudadanos.

Ya lo ha dicho en sus diarios sermones el predicador don José Blanco, adverado por el Presidente: «que si ganan las elecciones nada será igual». No hay duda que hay muchos que viven pensando que son exasperaciones de un momento de irritación, porque se les ha torcido algo el camino hacia las elecciones. Eso es sólo el motivo para estos alardes, debajo hay unas declaraciones formales no sólo contra la Iglesia sino contra la razón más acreditada de la sociedad española. No hay ninguna duda que durante este Gobierno se ha expandido la moral pública del relativismo, y no sólo se ha introducido a través de los medios de publicidad sino que se quiere imponer como asignatura en los estudios. Se ha propiciado, por tanto, una confusión de lo moral con la norma política, y una identificación de la ley con lo moral, siendo una peligrosa arma de manipulación de las conciencias.

Y que sucederá si ganan las elecciones, lo están diciendo: nos llegará el frente nacional-socialista, con la pretensión ya iniciada de conquistar la totalidad de la ideología política que bulle en los entresijos del Gobierno. Pero nada de esto es nuevo, pondrá en orden de batalla a todas sus huestes laicistas para hacer realidad las ínfulas salvadoras de Z. Volverá a la tradición pagana de la unión de lo político y lo religioso en manos del poder político, intento que se ha repetido innumerables veces en la historia, con ello podrá configurar las formas de vida en la que los resortes del poder estén presentes en cada una de las acciones del español, aparentemente libre y liberado de toda esclavitud del pasado, pero privado de su pensar y actuar libre en la sociedad presente.

Las pretensiones de este Gobierno no es acallar a los obispos, esto es accidental, simplemente para que sirva de advertencia, pues bien sabe Z que tienen el legítimo derecho a hablar y que, además, han dicho algo muy coherente con su estilo de manifestarse durante muchos años. Lo que pretende es, algo que han hecho muchos gobiernos socialistas en Europa y en la actualidad en China, establecer una iglesia nacional al servicio del poder socialista y bajo su férrea mano, sirviéndose para imponer una religión socialista. No es extraño que sueñe con el islamismo porque éstos están ciegamente sometidos al poder político, y a lo mejor, hasta piensa en un Sultanato donde puede imponer un poder absoluto.

No puede soportar el ejercicio del realismo al que nos han invitado los obispos, y su propuesta como un ejercicio de autenticidad. Z y sus corifeos socialistas no perdonarán a los obispos que hayan denunciado el riesgo de una religión sustitutoria, civil, positivista, que tenga como cabeza visible a un señor que con sonreír cree imponer su ideología.

¿Es que todavía no sabe esta sociedad que bajo la Z quienes salen más perjudicados son los trabajadores, y las personas más débiles? ¿Cómo no se sabe que está destruyendo la libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad bajo la acción de un partido tomado por una pandilla de arribistas y pre-totalitarios?