Considera el primer funcionario del Estado en la CAV, Juan José Ibarretxe, que ese mismo Estado del que emanan las instituciones vascas que controla férreamente el PNV viola la Convención Europea sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en al menos 5 artículos: Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (artículo 9); Libertad de expresión (art. 10); Libertad de reunión y asociación (art. 11); Derecho a un recurso efectivo (art. 13), que en el caso que nos ocupa no ha sido agotado por los demandantes; y Prohibición de discriminación (art. 14).

Con su habitual cinismo, pretende Ibarretxe que el hecho de no poder imponer la voluntad de su Gobierno a toda la sociedad vasca, y por extensión a todos los españoles, constituye una violación de los derechos humanos de los vascos, pero en el recurso no apela a ningún artículo que reconozca el derecho inexcusable de autodeterminación para aquellos pueblos o regiones con movimientos separatistas, sencillamente porque no existe tal derecho. Los tratados internacionales reconocen tan solo a países sometidos después de la descolonización, como Sahara Occidental y Tíbet, y, de manera excepcional y polémica, a Palestina o Kosovo por las circunstancias de extrema violencia que han rodeado la creación de ambos Estados.

Pero en lo que respecta a los vascos, y más concretamente a los vascos nacionalistas, ninguno de ellos puede sostener seriamente -esto es, con pruebas- que el Estado español ha violado sus derechos a pensar en la independencia del País Vasco, a expresar libremente este sentimiento y la voluntad política de lograr la secesión, a reunirse para este fin y no sufrir persecución o discriminación por ello, etc. Ahí están precisamente PNV, EA, EB y Aralar para demostrarlo, con programas políticos que abarcan además la anexión a la CAV de Navarra y parte del territorio francés. Además, estos partidos se presentan a las elecciones con este programa (el PNV lo disimula bastante, pero no del todo) y los vascos son libres para votarlos, mucho más libres de lo que lo son para votar otras opciones, las que no son nacionalistas, como PP y PSE.

Porque todos los vascos sabemos lo que pasa a aquellos que pretenden expresar en voz alta su pensamiento político, su intención de voto o su adhesión o afiliación a estas fuerzas políticas: amenazas de muerte, palizas, chantaje e incluso asesinato. O lo que es lo mismo: una auténtica violación de los derechos humanos de los vascos, de cada vasco, porque los derechos o son iguales para todos o no son sino privilegios; humanos, desde luego, pero privilegios al cabo. Como los que disfrutan los nacionalistas vascos que copan desde hace décadas las instituciones que emanan del ordenamiento jurídico español y que protege el Estado de Derecho, también español.

Ojalá tuviéramos los vascos un lehendakari que verdaderamente defendiera sin ambages los derechos humanos ante ETA, con la Ley en la mano y de manera igual para todos, sin practicar la discriminación, la censura, el desprecio hacia la oposición y a las víctimas del terrorismo de que hacen gala todos los miembros del tripartito, de Ibarretxe a Azkarraga, de Azkarate a Madrazo. Pero tenemos todo lo contrario: un frío y calculador burócrata sin compasión, aprendiz de brujo o proyecto de caudillo por la gracia de Sabino Arana que sólo pretende crear un Estado euskaldún reservado para las elites nacionalistas.

Ibarretxe "el Empecinado" irá a Estrasburgo, faltaría más, y los que creemos que el derecho a la vida y a la libertad son inalienables esperamos que Europa le dé una lección sobre el principio de legalidad y le ponga los puntos sobre las íes a un gobernante que es capaz de hacer pasar blanco por negro, gimoteando que sus derechos humanos son violados por el Estado mientras en el Parlamento en que tiene mayoría todos los miembros de la oposición van escoltados por no ser nacionalistas.