¿Por qué el Gobierno no quiere hacer cumplir la Ley?

24 de Septiembre de 2007 - 12:35:17 - Regina Otaola

Los últimos acontecimientos vividos en Lizarza demuestran que no estamos acostumbrados a ver cómo se cumple la Ley en el País Vasco, y ello por la constante deslegitimación a la que ha sido sometida desde el nacionalismo gobernante. Pero en las circunstancias actuales es el propio Gobierno el que no parece dispuesto a hacerla cumplir, ya sea la Ley de Partidos o la de Banderas, y en esta última materia pese a la reciente sentencia en firme del Tribunal Supremo.

Por una parte, respecto a la izada de la bandera española en el municipio guipuzcoano de Lizarza y sus consecuencias, de nada vale ahora escudarse en lo que ha ocurrido durante décadas, porque si ése es el baremo para acatar y hacer cumplir la Ley, lo más probable es que esta actitud acabe extendiéndose por la sociedad y cada cual haga de su capa un sayo con la excusa de que “hasta ahora nunca nos lo habían impuesto”, trátese de la bandera nacional o de la obligación de abrocharse el cinturón en carretera.

Por otra parte, queda por ver cuándo se va a hacer cumplir la Ley de Partidos, ya que, pese a anunciar medidas en caso de reconocer en ANV a ETA-Batasuna, ni el ministro del Interior ni el de Justicia parecen dispuestos a cumplir su palabra, cuando hay indicios más que de sobra de los vínculos entre una y otra organización, como saben todos los miembros de los partidos políticos vascos, que reconocen abiertamente, de palabra y por escrito, que ANV es Batasuna, luego es ETA, y sirve a sus fines con otros medios, pero dentro de la estrategia compartida de sembrar el terror para hacerse con más y mayores parcelas de poder.

A los nacionalistas, evidentemente, nunca les ha gustado la Ley de Partidos, pero es al Gobierno a quien toca aplicarla, y en esta como en tantas otras cuestiones ha decidido inhibirse hasta que soplen de nuevo vientos favorables para continuar la negociación política con ETA. Por eso no parece dispuesto el Gobierno a investigar quiénes son los responsables de toda una campaña de presión, acoso y derribo a los cargos electos de distintos partidos para que renuncien a los escaños que consideran que son suyos.

Las mismas amenazas de muerte verbales también sirven a esta estrategia de terror, como el terrorismo callejero y las dianas, porque todos estos actos están ordenados y dirigidos por ETA-Batasuna, que ahora en los ayuntamientos vascos con la máscara de ANV se puede servir de los recursos municipales –desde el censo hasta los presupuestos- para coordinarlos mejor, como siempre ha sido desde que ETA creara HB para este mismo fin. En este sentido, si la lista de ANV fue ilegalizada en Lizarza es porque quedaba claro, a ojos del fiscal general del Estado y del Tribunal Supremo, que no era otra cosa que Batasuna, organización terrorista según la propia Unión Europea.

Pese a todo, ni el ministro de Justicia ni el de Interior han sido capaces de encontrar aún suficientes motivos e indicios para ilegalizar a ANV, pero, ¿qué se puede esperar de un partido que pactó con ETA los municipios en los que la nueva marca de Batasuna podía presentar sus candidaturas? Y mientras eso sucede, los cargos electos del PP y del propio Partido Socialista continuamos en una situación de libertad vigilada que no ha cesado en ningún momento del llamado “proceso de paz”, y que ahora incluso empeora con una Batasuna crecida ante la indecisión o la connivencia del Gobierno.