Me llena de ilusión la actuación del juez Pablo Ruz y su determinación de llegar hasta el final en el caso del chivatazo policial del 4 de mayo de 2006 al propietario del bar Faisán de Irún donde ETA cobraba la extorsión a los empresarios (emisario del PNV mediante, dígase de paso). Los hechos parecen indicar la existencia de un delito de alta traición y por tanto sus responsables deberán apechar con las consecuencias.

Digo esto porque como el Gobierno, sobre todo en la persona de Rubalcaba, ha querido echar tierra al asunto, la loable decisión del juez de la Audiencia Nacional ha puesto nervioso a este sumo sacerdote de la izquierda relativista y así, lo que para el común de los mortales es un delito de alta traición, el ministro de Interior lo califica de "incidente". Es decir, de hecho sin ninguna importancia.

Este Gobierno en conjunto, todo él, es responsable de que se haya impuesto en España la consigna del "como sea", del todo vale en beneficio exclusivo de "los nuestros". Pero no olvidemos que aquí los que pretenden salirse con la suya son los miembros y allegados de la banda asesina ETA, aquellos que ayudan a cobrar el dinero de la extorsión para comprar armas, mantener "el entorno" adicto y la propaganda constante.

Las consecuencias de esta actitud relativista, aviesa y desleal para con el Estado de Derecho y los ciudadanos españoles las hemos apreciado durante todo el "proceso" con excarcelaciones de sanguinarios etarras, legalización de facto de ANV y otros hitos de la infame rendición ante los terroristas con el visto bueno de todos los partidos nacionalistas de España.

Pero, en este caso, se trata de caza mayor. Al menos, Rubalcaba debería dimitir y llevarse con él al presidente del Gobierno. Pero sobre todo, la verdad del "caso Faisán" debe prevalecer en la mente de los españoles para que no olvidemos fácilmente hasta qué punto este Gobierno ha corrompido con su sectarismo relativista las instituciones que son primera línea de defensa de nuestros derechos y libertades.