El cambio de régimen sigue en marcha. El Tribunal Constitucional acaba de avalar la inconstitucional prórroga del mandato de su presidenta, María Emilia Casas. Se vence así el penúltimo obstáculo para la aprobación del también inconstitucional estatuto catalán, ya que la prorrogada presidenta contará con el voto de calidad que servirá para dirimir el teórico empate entre los dos sectores en que el Tribunal Constitucional está dividido.

Y digo teórico empate porque el análisis de todo lo que ha sucedido hasta llegar a este punto deja un inevitable regusto a tomadura de pelo. Echando la vista atrás, podemos observar que hubiera sido imposible que llegáramos a donde hemos llegado de no mediar tres hechos que hubieran sido perfectamente evitables:

1. El PP hubiera podido nombrar a dos miembros del Tribunal Constitucional antes del 11-M, y no lo hizo. Hubiera podido nombrarlos también después del 11-M, mientras era un gobierno en funciones, porque la Ley lo autoriza y porque ya existía el precedente de unos nombramientos similares efectuados por el gobierno de Felipe González. Pero tampoco lo hizo. De haberlo hecho, la legislatura anterior se hubiera encarado con una mayoría de miembros del sector conservador y el estatuto catalán se hubiera tenido que retrasar, para no correr el riesgo de que el Tribunal Constitucional lo desautorizara antes de concluir la legislatura. Supongo que el que fuera último ministro de Justicia con el PP nos explicará algún día quién fue el que decidió que no se procediera a nombrar a aquellos dos miembros del Tribunal Constitucional a los que se tenía derecho y que hubieran evitado todo lo que ha venido después.
2. El segundo hecho fue la sorprendente conducta de dos magistrados del sector conservador a la hora de elegir al presidente del Tribunal Constitucional. Uno de ellos votó a la candidata del sector "progresista", mientras que el otro efectuó una serie de tachaduras en la papeleta de voto, lo que hizo que ésta fuera considerada nula. De no haber mediado ese comportamiento de dos magistrados, María Emilia Casas no habría sido nombrada presidenta, sino que el cargo habría recaído en el candidato del sector conservador, Vicente Conde.
3. El tercer hecho fueron las dos cartas que esos mismos dos miembros del sector conservador dirigieron a María Emilia Casas, criticando que aceptara la inconstitucional prórroga de su mandato. Gracias a esas cartas, el Gobierno presentó una recusación contra esos dos magistrados y éstos quedaron apartados de la deliberación sobre si la prórroga de Casas era legal o ilegal. Como resultado, el Tribunal Constitucional acaba de convalidar esa prórroga del mandato de su presidenta.

Es decir, que una concatenación de tres curiosos errores ha propiciado que lleguemos a una situación que hubiera podido evitarse con tal de que uno cualquiera de esos errores no se hubiera cometido.

Que son el PSOE y sus aliados nacionalistas los principales responsables de la muerte definitiva del Tribunal Constitucional es indudable. Pero también lo es que el PSOE no hubiera podido llevar a cabo sus designios sin la sorprendente ayuda que esos errores en cadena le proporcionaron.

Y yo, a estas alturas, cada vez creo menos en las casualidades, qué quieren que les diga.