El concepto socialista de la Justicia
Por si quedaba alguna duda después de las recientes evidencias, el secretario general del PSE guipuzcoano, Iñaki Arriola, ha decidido recordarnos pública y expresamente que "la defensa del interés público la representa siempre el Ministerio Fiscal", como cuando el fiscal general Conde Pumpido decidió inhibirse para permitir a ANV participar en las elecciones municipales y apoderarse de decenas de municipios sometidos durante décadas al Terror.
Siguiendo este razonamiento de forma aparentemente lógica, Arriola añade que "el interés jurídico (sic) no es algo privatizable y mucho menos cuando esa teórica defensa del interés público desde lo privado se hace para conseguir rentabilidades políticas, como ha sido este caso", en referencia al proceso contra Ibarretxe, López, Ares, Otegui y demás batasunos. Por ello, ahora espera el dirigente socialista que "esta doctrina, que tiene toda la lógica desde el punto de vista del Derecho, sea algo que quede patente" y "quede establecida en la Justicia española".
En primer lugar, es falso que la defensa del interés público la represente siempre el Ministerio Fiscal, motivo por el cual existe la acusación popular, porque es evidente que en ocasiones el interés público se ve enfrentado al Poder, como por ejemplo cuando en una democracia hay derechos humanos básicos que se ven vulnerados sistemáticamente por un Gobierno, por ejemplo en casos como el de los GAL o el de la negociación con criminales. Cuando eso sucede, ¿acaso el ministro de Justicia de un Gobierno es el mejor representante del "interés público" contra dicho Gobierno?
En segundo lugar, aquí no se trata de privatizaciones, y el recurso al lenguaje economicista sólo trata de confundir términos sacándolos de contexto para intentar hacer ver que la acusación popular (Foro de Ermua, Dignidad y Justicia) responde a una especie de intereses ocultos e inconfesables, "privados" para mayor escarnio, mientras que los fiscales controlados por Conde Pumpido y Fernández Bermejo, que se han vuelto a inhibir a la hora de actuar contra los que violan la Ley de Partidos, serían los legítimos y eficacísimos defensores del "interés público".
En realidad, el "interés público", como el "bien común" o el "bien general" son expresiones que atañen siempre a la sociedad, o, si se prefiere, al ámbito público de los intereses privados de los ciudadanos. Otra cosa es que sean también expresiones que los políticos utilizan a menudo para justificar sus decisiones aunque éstas sólo favorezcan a los poderes públicos, más que al interés general de la sociedad. En el caso de los socialistas, es evidente que sólo creen en la "Justicia social", una Justicia (jueces, fiscales y abogados del Estado) puesta al servicio del Poder omnímodo socialista, en muchos casos en contra del bien común de la sociedad y de sus más vitales intereses, como la derrota del terrorismo de ETA.
Pero al señor Arriola, como al resto de los socialistas, le importa muy poco que se haga Justicia y mucho que se archive la causa contra Ibarretxe (para que no haga la consabida campaña del victimismo), López y Ares (para que no queden inhabilitados dos de los suyos, ni siquiera para volver a negociar), Otegui y los otros cuatro batasunos (para que no ofrezcan demasiadas imágenes a la televisión de su habitual y repugnante comportamiento de sicarios políticos de ETA) con los que han negociado los socialistas.
Al menos, que Arriola deje de propinar patadas a la "lógica del Derecho" y no llame a eso "interés público", porque se trata más bien del interés particularísimo del partido de Rodríguez Zapatero y Eguiguren, cosa que es lo que precisamente el Derecho pretende limitar y controlar: los abusos del Poder público y de los particulares poderosos sobre los ciudadanos de a pie. De ahí la propia separación de poderes, de poco "interés público" para el Ministerio Fiscal socialista, y el reconocimiento constitucional expreso de la "acusación popular".
Para mi es evidente la estrategia de los separatistas. Por un lado esta ETA matando y echando del Pais Vasco a los españoles para que no voten. Por otro, el PNV, que desde la legalidad la ampara y protege, dificultando todo lo que puede las acciones contra ella. Luego estan los infiltrados en el PSOE, que bajo esas siglas hacen la misma labor que el PNV, intentando reconducir a su partido en la direccion que a ellos les interesa. Y finalmente los idiotas del PSOE y del PP, gente con buenas intenciones pero que expuesta a la continua propaganda de los separatistas, y sin apoyo de sus compañeros del resto de España (que mas bien estan en su misma situacion) entran en una confusion "pop", que frente a toda esta gente (etarras, PNV) les hace empezar a preocuparse por su forma de actuar, sobre si les caen simpaticos o no a la gente. ¡Es evidente que frente a ETA y el PNV lo tienen muy dificil!.
En principio es inmoral aunque sea legal que el Fiscal General del Estado lo nombre el partido mayoritario, lo cual es como todos los ciudadanos hemos visto, un apendice del ejecutivo, si de verdad fuera un Fiscal General del Estado deberia contar con los votos de al menos los 2/3 del Congreso, con lo cual representaria de verdad el cargo, como se hace hasta ahora, no voy a referirme, lo hemos comprobado. La segunda cuestion es la recusacion hasta encontrar unos jueces "bizcochables", ¿ porque a los ciudadanos ciudadanos normales no tenemos esa prerrogativas?. En tercer lugar a los dirigentes politicos, con esta actuacion judicial, se les da carta blanca para reunirse con terroristas. Hasta que de verdad no tengamos una independencia de poderes las cosas iran de mal en peor. Como dice el refran "entre todos la mataron y ella sola se murio" - en ese "todos" metamos a la casta politica-.
No lo podía decir Ud. mejor. Además añadiría que la naturaleza pública o privada de un interés no viene dada por el carácter público o privado de quien ejercita la acción, sino que parte de la naturaleza pública o privada de lo que es objeto de la petición ante un Tribunal, y, para ser más exactos, del bien jurídico que se pretende proteger, reparar, indemnizar etc. al instar la incoación del proceso.
... y finalizando el comentario anterior, señalaría que el interés público (la cosa pública, la res pública, el bien común, el interés general) no es más que el bien, la cosa o el interés coincidente (no necesariamente pretendido) de al menos la mayor parte de los particulares. Partiendo de que mediante el voto en las urnas el común (el general, el público, el soberano) de los particulares elige a sus representantes(pura teoría hoy en España opino yo)bajo cuyas órdenes van a estar los fiscales (defensores de la legalidad, no de lo público) y de que mediante la acción popular los particulares se personan en juicio para ejercitar la acción para la persecución de delitos públicos (el Derecho penal es además Derecho público) y, hallándose los fiscales subordinados jerárquicamente a los representantes de aquéllos, ¿cómo narices el órgano inferior pretende hacer avocación de lo que es decisión del superior? Dicho de otro modo, ¿cómo el representante (subordinado de quien le designa en tal cargo) avoca lo que es decisión de su representado? Imagínense que el cliente de un abogado quiere hacer una petición de condena contra alguien y que el abogado, no estando de acuerdo con su cliente, en lugar de dimitir, engaña a su representado dejando pasar el plazo para presentar el escrito correspondiente. Ya se que no es el caso, pero a eso vamos. Y ahora pregunto ¿realmente es hoy en día el político verdadero representante de sus electores? No lo digo a título particular de ningún político, sino partiendo del sistema de elección que parte desde la elección de los candidatos en el seno de los partidos políticos. Ne refiero al sistema feudovasallático de la elección mediante compromisarios. De aquellos polvos vienen estos lodos.