Los hechos vuelven a desmentir la versión socialista de la agenda de los españoles. La inaccesibilidad de la vivienda se ha convertido, junto con la Guerra de Irak, en el más productivo foco de consignas electorales del aspirante ZP. La última contabilidad del crédito hipotecario en España, correspondiente a 2003, echa por tierra la patraña socialista de una vivienda prohibitiva. La financiación de bancos y cajas a la compra de viviendas creció un 24,1%, la tasa más alta desde que comenzara, en 1996, el ciclo expansivo del sector. Algo tendrán que ver con este récord la moderación de los tipos de interés, la prosperidad de la sociedad española y la falta de incentivos de un mercado financiero inestable. Cuando el ministro Álvarez Cascos dijo que el precio al alza de los pisos tiene una de sus explicaciones en que los consumidores disponen de más dinero que nunca para comprarlos, fue objeto de todo tipo de desautorizaciones y caricaturas por parte de la propaganda izquierdista. Pero las evidencias acaban imponiéndose, tozudas, al ruido de la demagogia: los españoles, en efecto, disponen de más capacidad que en ningún otro momento de su historia reciente para acceder a una vivienda. Lo demuestra, además, el hecho de que el 70% del parque de viviendas principales ya ha sido pagado por sus propietarios.

 

Pese a estos datos, Zapatero insiste en presentar la España del PP como un paraíso de los especuladores. Oculta a los electores otro incómodo hecho: la única tentativa razonable de liberalizar el suelo y acabar con el cabildeo en su gestión ha sido la Ley Nacional aprobada por el Gobierno del PP; si ese proyecto se frustró fue por el recurso promovido por PSOE y CiU y amparado por el Constitucional en uno de sus fallos más desafortunados. Mientras los españoles tengan ingresos estables y dispongan de financiación, el acceso a la vivienda no será el problema que pregonan los socialistas. Pero los auténticos problemas, la presión política y administrativa sobre el suelo y la desprotección de los propietarios frente a los abusos de los inquilinos, siguen a la espera de soluciones que ninguno de los dos grandes partidos ofrece de manera clara en sus programas.