Un ejército contra la democracia

25 de Julio de 2006 - 09:47:42 - Pío Moa

Está pasando inadvertido el alcance del proyecto de reestructuración del ejército. El criterio básico descarta "una agresión en gran escala contra el territorio nacional", lo cual implica, entre otras cosas, la decisión de entregar Ceuta y Melilla, en plazo previsiblemente no lejano, al civilizado aliado del ilegal gobierno español, Mohamed VI. De hecho, el criterio elimina las razones de ser del propio ejército, encubriéndolo con un abundante bla-bla-bla de despiste sobre despliegues, capacidades operativas, tecnología, profesionalización, etc.

La clave está en la creación, por lo menos aconstitucional, de una unidad militar peculiar, "de emergencia", a la cual se supeditaría el resto de las fuerzas armadas, y "que tiene como misión la intervención en cualquier lugar del territorio nacional cuando lo decida el Presidente del Gobierno". Cuando lo decida Zapo el "rojo". El pretexto es una vaga referencia a amenazas terroristas y a la ayuda "a la seguridad y bienestar" de los ciudadanos.

Sólo los ciegos voluntarios (hay muchos) pueden dejar de ver el designio. El ejército preocupa al ilegal gobierno, debido a su función constitucional de defensa de la democracia e integridad nacional de España. Se trata, por tanto, de reducirlo a la impotencia, sustituyéndolo por unas fuerzas mínimas a las órdenes del iluminado de la Moncloa. Obviamente, su objetivo no pueden ser unos terroristas, ya sean la ETA o los islámicos, a quienes tanto ha beneficiado el gobierno, y de quienes éste ha demostrado ser el mejor aliado. Su objetivo consiste en impedir, precisamente, cualquier posibilidad de resistencia a esa política. Consiste en transformar el ejército de la democracia en un ejército contra los demócratas, contra los ciudadanos. Un paso más en la traición generalizada a España.

Y el PP, en "bajo perfil". Rajoy, para variar, con sus alfilerazos inanes.

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Insistiendo:

A la dirección del PP.

El que suscribe votante (o militante) del PP, constata que nos hallamos ante una ofensiva general para destruir la Constitución española en beneficio del extremismo separatista y terrorista. La ofensiva, perversamente encubierta como "proceso de paz", ataca la ley que nos permite vivir en paz y en libertad, ataca los fundamentos mismos de nuestra convivencia: la unidad de España y la democracia. Legitima el asesinato y solo puede traer más violencia y descomposición social.

La unidad nacional, las libertades, el respeto a la ley, no son valores de derecha ni izquierda, sino un interés general y básico, y sobre ellos no debiera haber cuestión entre los grandes partidos nacionales. Por desgracia uno de éstos, el PSOE, bajo su actual dirección, es, precisamente, el director de esa ofensiva contra la ley.

Ello deja al PP, en principio, como único defensor de tales valores, cuyo vigor desea la inmensa mayoría de los españoles, como ha venido a reconocer el señor Rajoy. Por lo tanto, la denuncia clara e inteligente de la ofensiva anticonstitucional y la firme defensa de la ley y las libertades debieran permitir al PP ganar la iniciativa política y la voluntad de casi todo el país frente a los extremistas.

Sin embargo constatamos también que el PP practica una política confusa, vacilante y contradictoria, a remolque de las iniciativas anti constitucionales. Finge ignorar que los nuevos estatutos secesionistas son el principal pago político a los asesinos; critica el ilegal estatuto catalán y luego elabora otros semejantes; se somete en Cataluña a los políticos secesionistas, reduciéndose a la irrelevancia en esa región; admite que un alto cargo del partido intente desacreditar, en sintonía con el gobierno, a las víctimas más directas del terrorismo, o que otro presida una "boda" homosexual; rompe estrepitosamente las relaciones con el gobierno para, a continuación, mendigar un encuentro con éste. Y así podríamos seguir largamente.