Objeción y desobediencia

23 de Julio de 2006 - 13:11:17 - Pío Moa

«OBJECIÓN PEDAGÓGICA»

José Luis Hernández Huerta

Una buena parte de los profesores de todos los grados y niveles mejor preparados y con dilatada experiencia docente intuyeron lo que acarrearía la reforma del sistema estatal de enseñanza de 1990. Sin embargo, a ojos de los Padrinos de la Gran Reforma, aquéllos nada tenían que aportar, sus criterios no eran válidos por haber sido fraguados en una escuela tradicional, rancia y autoritaria, motivo por el cual sus voces fueron acalladas. Y los primeros informes internacionales sobre educación provenientes de los países donde desde hacía años se practicaba la nueva educación fueron simplemente ignorados, pues ponían en tela de juicio la idoneidad de ésta. Al tiempo, se puso en marcha una intensa labor propagandística a favor de la Gran Reforma; por la justicia social y el progreso fue la gran consigna lanzada. Sin duda, los Padrinos contaban con amigos y con recursos. Así, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) nació con enorme alboroto y publicidad en medio del mutismo profesional o crítico más absoluto.

Dieciséis años después se ha demostrado que el esnobismo pedagógico no es un buen guía para acometer las reformas del sistema estatal de enseñanza, que las innovaciones educativas introducidas por la Gran Reforma son absurdas y que ésta no ha hecho otra cosa que extender la red de clientelas y afianzar las ya existentes.

La lógica y la razón llevan a pensar que los desafíos lanzados a la realidad tienen un límite, sobrepasado el cual ésta se clarifica, aparece en todo su esplendor, acabando por imponerse. Sin embargo, por alguna extraña razón, la actualidad de la educación española invita a pensar, si no lo radicalmente opuesto, sí que dicho límite aún no se conoce, ni siquiera se intuye.

La recientemente promulgada Ley Orgánica de Educación (LOE) es claro ejemplo de esto último, en la cual, una vez más, como en otras cuestiones de Estado, han primado, por encima de cualquier otra cosa, el populismo, la demagogia, el clientelismo y los intereses de partido o «tendencia». Parece ser que las alarmantes cifras, reveladoras de la miseria intelectual y espiritual en la que progresivamente se está sumiendo a las jóvenes generaciones, ofrecidas por los últimos informes que hacen referencia al estado del sistema estatal de enseñanza, son poca cosa para la secta pedagógica. La nueva Ley, lejos de solventar los problemas que la han motivado y, hasta cierto punto, legitimado, reincide en los errores de la Gran Reforma, potencia los destrozos que ésta ha provocado e introduce nuevos elementos que la convierten, posiblemente, en el mayor fraude de los últimos tiempos.

Asentadas desde hace tiempo en Europa las democracias liberales, y perdido el impulso inicial de las mismas, era preciso que los gobiernos de los estados miembros tomasen medidas encaminadas a perpetuarlas y refinarlas. Así lo han hecho saber las diferentes comisiones y organismos encargados de dirigir el proceso de unificación de Europa. Tal empeño es loable y necesario, ya que ningún sistema se sostiene por sí mismo, y menos aún el democrático, porque, debido a las amplias posibilidades de libertad que ofrece, requiere de una mayor y mejor preparación de los ciudadanos y de un más alto grado de civilización. En estos planes se ha otorgado a la escuela un papel protagonista, pues las autoridades son conscientes de que, en buena medida, al ser ésta el principal medio de socialización sistemática, el futuro de aquéllas se juega en las aulas. Por ello, para conseguir este objetivo parece apropiado proporcionar una formación sólida en materias de peso a las jóvenes generaciones y fomentar en éstas la responsabilidad, la disciplina y el esfuerzo, que son los pilares sobre los que se sustenta cualquier intento de convivir democráticamente, sin los cuales todo ensayo de libertad está abocado al fracaso.

El actual gobierno español se ha hecho eco de estas recomendaciones, y se ha tomado el asunto muy en serio, convirtiéndolo casi en una cuestión personal. Y decididamente ha adoptado medidas drásticas para garantizar la perdurabilidad del pacto constitucional de 1978. Desafortunadamente, el rumbo tomado ha sido el radicalmente opuesto. Así lo pone de manifiesto la LOE. Algunas de las disciplinas fundamentales han sido relegadas a un segundo plano, y las que aún disfrutan de tal status se han visto reducidas considerablemente, en beneficio de materias de escaso o nulo valor formativo real y de menor trascendencia. Las Humanidades han sido las más afectadas en las nuevas rebajas académicas, a pesar de su relevancia en el porvenir. Quizás la razón para cometer tal imprudencia haya sido que éstas carecen de visible aplicación práctica, que sólo responden a los intereses de una minoría. Nada más alejado de la realidad. Las Humanidades son la quintaesencia del Hombre, lo genuinamente humano, sin las cuales cualquier técnica o avance científico o tecnológico pierde su razón de ser, pues los medios se convierten en fines y éstos en nada; son las herramientas que los individuos requieren para generar pensamiento, para explorar los confines de la libertad, descubrir los límites efectivos de ésta y hacer un uso responsable de la misma; son el abono indispensable para que brote la tan ansiada creatividad y regrese la extrañada genialidad; son la lente de aumento necesaria para mantener una actitud crítica ante la realidad —discernir la verdad de la mentira— y valorar las cosas en su justa medida —estimar la bondad o maldad de algo—; son, en definitiva, el trampolín que permite a los individuos atreverse a utilizar su propia inteligencia. Pero el mayor valor de la Humanidades reside en que son las únicas que posibilitan que el individuo tome conciencia de dónde viene, entienda el presente, se proyecte hacia el futuro y se atreva con éste. Y erradicarlas de los planes de estudio significa ceder ante la comodidad proporcionada por el suicidio asistido.

Para hacer frente a las lagunas formativas generadas por el extrañamiento de las Humanidades en la formación de los muchachos, el gobierno, consciente de los riesgos que entraña tal vacío, ha decidido, a instancias de los adalides de lo politically correct, introducir en los currículos, bajo diversas denominaciones, la materia educación para la ciudadanía, que permitirá, según reza el Preámbulo de la LOE, profundizar en algunos aspectos relativos a nuestra vida en común, contribuyendo a formar a los nuevos ciudadanos. Esta materia se impartirá en la enseñanza primaria y en los dos grados de la media, con la finalidad de ofrecer a todos los estudiantes un espacio de reflexión, análisis y estudio acerca de las características fundamentales y funcionamiento de un régimen democrático, de los principios y derechos establecidos en la Constitución española y en los tratados y las declaraciones universales de los derechos humanos, así como de los valores comunes que constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática en un contexto global (Ibid.), prestándose especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres (Idem., arts. 18.3, 24.3, 25.4, 33.c).

Obviamente, a primera vista, nadie puede no adherirse a este conglomerado de consignas y dudar de la inocencia con que se ha planteado esta propuesta y de las buenas intenciones que la han alumbrado. Pero la cosa cambia sobremanera cuando se reflexiona someramente sobre el asunto. Esta innovación educativa, además de ser un sutil insulto a los tres mil años de cultura occidental y a la inteligencia de los individuos, representa una seria amenaza para las generaciones futuras, pues se las precipitará, como consecuencia de la suplantación de la filosofía por la educación para la ciudadanía, en un estado de hemiplejía moral y ética seguramente irreversible, ya que básicamente los únicos referentes de que dispondrán, para enjuiciar la bondad o maldad de las cosas, serán la Carta Magna, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros documentos de tipo similar que puedan ir apareciendo. Pero así no es posible comprender el funcionamiento de la Democracia, aprehender lo que ésta verdaderamente significa y estimar su valor real, muy por encima de constituciones, tratados y declaraciones, por muy universales que sean. Y es que estos documentos, a pesar de su inestimable valor y necesidad, son sencillamente la materialización del humanismo griego, del derecho romano, del derecho consuetudinario, de la filosofía del derecho moderna y del pensamiento político contemporáneo, adaptados a las circunstancias del momento; ¿cómo es posible, sin el más mínimo aditamento de estos ingredientes, que una persona juzgue algo si carece de cualquier referente con el que establecer comparación alguna o si desconoce las raíces éticas, cívicas y morales sobre las que se sustenta Occidente y, por ende, España? Tal concepción materialista de la democracia impide siquiera atisbar en la lejanía la utopía perseguida, sobre todo, por la filosofía del derecho moderna, que encierra un pensamiento mucho más rico, más variado, de horizontes más amplios y posibilidades casi infinitas. Una vez más, al perderse esto, los medios se convierten en fines y éstos en nada, y la nada terminará por demoler la civilización, lograda tras largos siglos de encuentros y encontronazos.

Asimismo, conviene recordar, de nuevo, algunos peligros que encierra tal propuesta. En primer lugar, existe la posibilidad de oficializar la idea de democracia, pues las directrices que guiarán la nueva área estarán dictadas por el propio gobierno, por el partido en el poder. En segundo término, se corre el riesgo de propiciar la aparición de dos categorías de ciudadano: de primera clase, que sería la que comulga, defiende y extiende la idea de democracia transmitida en la escuela, y de segunda, que englobaría al resto, que no la comparte. Estas ideas no resultan en absoluto descabelladas si se echa un vistazo a la Historia reciente: recuérdese que tanto en las dictaduras personales como en las denominadas democracias de nuevo cuño –léase repúblicas democráticas socialistas- del siglo XX la formación de nuevos ciudadanos ocupaba un lugar preeminente en los planes revolucionarios y de modernización del territorio geográfico y espiritual bajo su dominio. Quizás pronto se vean en quioscos y librerías, especializadas o no, un nuevo libro rojo, adaptado a nuestras circunstancias, que bien podría titularse Manual básico del buen ciudadano demócrata español del siglo XXI.

Esta medida se complementa con otra genial ocurrencia, que evidencia, entre otras cosas, que aún se confunde, interesadamente, educar para la democracia con educar democráticamente, cuando son cosas diametralmente opuestas. La primera significa preparar a los muchachos para la futura participación social como ciudadanos de pleno derecho y responsables para con los deberes que tendrán. La segunda implica trasplantar el mecanismo social de la democracia a las aulas; así, como sostiene Mercedes Ruiz Paz, el colegio deja de ser una institución que capacita a los chicos para participar en el futuro en una sociedad democrática, y pasa a ser una «democracia en sí misma». Recóndito en la Ley, quizás por vergüenza, el punto número cinco de la Disposición final primera establece que: (…) En los términos que establezcan las Administraciones educativas, las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro. De este modo, la educación obligatoria se convierte, en buena medida, en algo optativo, siempre y cuando una mayoría que aún no está preparada para ejercer la libertad sin tutelaje decrete que así deba ser, sin más incomodidades que un simple trámite burocrático. De seguir así el asunto, quizás los muchachos gocen en breve del derecho de sindicación y de los privilegios que otorga el ejercicio de liberado sindical, o que como contraprestación a los servicios prestados a la comunidad escolar se les concedan exenciones académicas aún mayores de las que ya disfrutan de por sí.

Tales medidas no han de producir absoluta extrañeza si se atiende al proceso seguido para poner en marcha esta particular y sigilosa Revolución Cultural y Educativa, reflejo de la robusta idea de democracia que se maneja en España. Al igual que durante la Gran Reforma, han prevalecido el sectarismo y la censura por omisión. Recién formado el actual gobierno, se indujo a la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) a un estado de coma irreversible mediante un procedimiento cuanto menos poco apropiado. Todo hacía pensar que la secta pedagógica tenía una nueva y clara idea de lo que debía ser el sistema estatal de enseñanza. Y así se ha demostrado, aunque con dos años de retraso. Muy pronto, el gobierno, guiado por un encomiable afán de diálogo y consenso, abrió un período de debate, durante el cual los diferentes grupos parlamentarios y de presión podrían manifestar su parecer para de este modo enriquecer la propuesta del primero. Para tal fin, los expertos contratados por el Ministerio de Educación y Ciencia se aprestaron para recabar información, y establecieron los cauces e instrumentos necesarios para que todas las voces, sin exclusión, fuesen oídas. Sin embargo, como otras tantas cosas, sin exclusión fue sometido a los procesos del relativismo, y, por ejemplo, algunas facultades de Pedagogía, pertenecientes al sector privado, no fueron invitadas a participar en dicho proceso, quizás debido a que la tarjeta de invitación se extravió por el camino. Fue el primer indicio de que el gobierno sólo estaba dispuesto a entablar diálogo y a negociar con su álter ego y con los grupos parlamentarios que se sentían solidarios con su causa. Los indicios pronto se convirtieron en certezas. Bajo el cínico y populista título Una educación de calidad para todos y entre todos. Propuestas para el debate, apareció el documento base para la reforma, para cuya redacción resultó que se habían omitido en gran medida las propuestas de un sector de la población en absoluto desdeñable. El diálogo se convirtió en monólogo, y el consenso en un pacto al estilo orwelliano. Los argumentos aducidos por las voces discrepantes de los postulados de la pedagogía liberticida fueron demolidos mediante una inteligente y brillante maniobra mediática, en la cual las descalificaciones fueron las sustitutas de las razones y las ocurrencias las de los criterios. Todo lo cual se ha podido ir comprobando fácilmente a través de la prensa, la radio y la televisión y de los sucesivos documentos y borradores de la LOE que han ido apareciendo. Parejo a esto se produjo un consciente apagón mediático generalizado acerca de las cuestiones sustantivas de la educación: en momento alguno la tribuna pública desvió su atención hacia los fundamentos, principios y fines de aquélla, es decir, se eludió la ardua y comprometida, pero imprescindible, tarea de dar razón de ser a la educación. Finalmente, la LOE, en sentido inverso al seguido con la Gran Reforma, ha sido aprobada el pasado 3 de mayo de 2006 con absoluto mutismo en medio de la algarabía montada por la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de la embriaguez debida a la euforia provocada por el alto el fuego permanente anunciado por la banda terrorista ETA.

Sin duda, las prácticas aquí reseñadas son sumamente beneficiosas para los grupos políticos y sociales que pugnan por dejar su impronta en las nuevas generaciones. Y es que, mediante este proceder, la propaganda, la demagogia, el populismo y el proselitismo dogmático, sean del signo que fueren y respondan a las clientelas que respondan, hallan el terreno perfectamente dispuesto para colarse en el imaginario colectivo y realizar su función tranquila y pacientemente. En este caso, la secta pedagógica ha sido, una vez más, la gran beneficiaria de lo lucrativo de este asunto.

Ante tal cúmulo de despropósitos, quizás fuese conveniente retomar el ejemplo proporcionado por Lorenzo Milani en su famosa Carta a los jueces. Quizás, en definitiva, sea menester practicar responsable y consecuentemente la objeción pedagógica y la desobediencia educativa.