La transición y sus problemas

18 de Noviembre de 2009 - 10:04:36 - Pío Moa

La transición desde una dictadura presentaba peligros, bien reflejados por la de 1930-31, que habían conducido a un caos. Como entonces, era posible construir sobre lo mucho avanzado en la dictadura, con la ventaja, además, de que el entorno europeo era mucho más estable que en los años 30. Pero también era posible un desencadenamiento de los odios y la demagogia, que lo echase todo a perder.

Inevitablemente, iban a adquirir bastante protagonismo las fuerzas de la oposición a Franco, siendo las más destacadas y activas de ellas el PCE y la ETA, descartables por principio. El primero, con todo, intentó ganar la iniciativa creando, ya en 1974, una Junta Democrática con diversos grupúsculos y personajes, y fue distanciándose de algunas posturas soviéticas en lo que desde 1977 sería llamado eurocomunismo. Pero seguía siendo un partido marxista-leninista, es decir, stalinista. A la muerte de Franco, la ETA (o las ETAs, pues había dos ramas) se hallaba malparada por los golpes recibidos, pero iba a aprovechar la transición para recomponerse.

Neutralizar esas dos fuerzas exigía oponerles opciones más moderadas, y los partidos más adecuados serían el socialista y el PNV. Este había renunciado, en apariencia, a su antiguo racismo, integrándose en la Democracia cristiana. Los dos partidos, así como el nacionalismo catalán, tenían la ventaja de no haber luchado apenas contra el franquismo y sufrido, por tanto, escasa represión de él, lo que en principio debía hacerlos menos radicales. Pero eran grupos virtualmente inexistentes, por lo que recibieron un trato de favor. Desde principios de los años 70 se reorganizaban con permiso tácito de la Guardia Civil. El partido decisivo era el PSOE, con la ventaja añadida de estar muy infiltrado por la policía. Fue preciso sustituir a la vieja guardia procedente de la guerra por nuevos líderes surgidos del interior, acaudillados por Felipe González. El modo como se hizo es ilustrativo: los del interior recibían ayuda externa, sobre todo de Alemania, con la que "pagaban" cuotas de militantes imaginarios, cuyos votos fantasmas sirvieron para desbancar a los viejos dirigentes. Desde ahí, cayó sobre el PSOE una lluvia de dinero propiciado por la Internacional Socialista y hasta por la extrema derecha alemana, y unas facilidades mediáticas en la prensa española, gracias a las cuales el PSOE salió con una imagen ajena a su historial y como demócratas perseguidos por el franquismo (no había ningún o casi ningún socialista en las cárceles). El PSOE cumplió las expectativas al rehusar integrarse en la Junta del PCE y rivalizar con ella mediante una Plataforma de Convergencia Democrática. Y se proclamó partido "de clase, de masas, marxista y democrático". "Clase" muy mayoritariamente burguesa en sus círculos directivos, sin masa alguna en aquellos momentos, y nada demócrata a fuer de marxista. Empleó una retórica bastante más extremista que la del PCE, incluyendo la "autodeterminación" de varias regiones, pero nadie la tomaba en serio, juzgándola una táctica para arrebatar clientela a los comunistas.

También el PNV, deploraban varios dirigentes, había desaparecido prácticamente de las Vascongadas, aunque en este caso hay pocos datos sobre el origen de sus fondos. El nacionalismo catalán se integraba en la Asamblea de Cataluña, montada por los comunistas y que aglutinaba asimismo a grupúsculos terroristas, pacifistas y cristianos progresistas. Los catalanistas disponían de dinero gracias a la Banca Catalana orientada por Jordi Pujol, con fondos parcialmente originarios del tesoro del Vita, expoliado durante la guerra por Negrín, a quien Prieto lo había quitado limpiamente en Méjico. 

Dato poco tranquilizante fue que toda esta oposición ostentase un antifranquismo radical, descartase a Juan Carlos, el rey designado por Franco, diera por negativos e ilegítimos los casi cuarenta años del franquismo y exigiera una ruptura política para enlazar el régimen en gestación con el Frente Popular. Ello auguraba una repetición del proceso de 1930-31. Y, como entonces, el desenlace iba a depender más que nada de los políticos en el poder o cercanos a él, algunos de los cuales daban, como los de 1930, signos de propiciar la descomposición interna del régimen.

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Dentro del franquismo había existido vacilación entre considerar al régimen la superación de la democracia liberal y el socialismo --posición prevaleciente en la Falange--, o bien una dictadura transitoria, impuesta por la necesidad de afrontar la histórica de los años 30. La primera posición, llamada el búnker por sus adversarios, rechazaba cualquier cambio sustancial, temiendo una repetición de pasado, mientras que la segunda creía inexistente ese peligro y pensaba en una democracia homologable a las de la CEE, en la cual el propio franquismo había pedido ingresar, de modo incongruente y en balde, por más que había alcanzado un acuerdo económico muy ventajoso para España. Conforme se había estrechado el contacto con CEE y no aparecía un sucesor a la altura de Franco, la segunda posición tomó vuelo.

Fallecido Franco, siguió gobernando Arias Navarro, quien creaba confusión política con sus pasos adelante y atrás, por lo que Juan Carlos buscó otro jefe de gobierno. En la última década los políticos más reformistas en política y economía habían sido varios ligados al Opus Dei, que parecían lo más adecuados para orientar el pos posfranquismo; pero quedaron desplazados por dos ministros de Arias, Manuel Fraga Iribarne, procedente de la Falange y hombre fuerte del régimen, y José María de Areilza, franquista de primera hora y luego monárquico de Don Juan, que se había distanciado de Franco y colaborado con los comunistas, postura reminiscente de la de los conservadores que habían conspirado con los anarquistas contra Primo de Rivera.

Juan Carlos aceptó la dimisión de Arias el 1 de julio de 1976. Mas, para sorpresa general, no contó para sucederle con Fraga ni con Areilza, sino con un gris Adolfo Suárez, ex secretario general del Movimiento Nacional, de base falangista. Se interpretó como un paso atrás en la reforma y la oposición se alarmó, pero Suárez iba a dirigir la transición con políticos de la Falange, muchos de los cuales evolucionaban con rapidez, y con sectores democristianos y liberales del régimen, o próximos a él.

Quedaba por superar la resistencia de los franquistas conservadores y la de una oposición ansiosa de ruptura. La primera fue vencida en la sesión Cortes del 18 de noviembre, para votar la Ley de Reforma Política. El procurador Blas Piñar denunció que se iba a liquidar la obra de Franco y crear un estado liberal, lo cual era cierto en el plano de las instituciones, pero no en todos. Fernández de la Vega censuró a una "misérrima oposición que con su resentimiento a cuestas ha recorrido (...) el camino de las cancillerías europeas denunciando el pecado de la paz y el progreso de España". El ex ministro Fernando Suárez replicó: "No vamos a intentar disimular con piruetas de última hora nuestras ejecutorias en el Régimen. Pero hemos pensado siempre (...) que los orígenes dramáticos del actual Estado estaban abocados desde sus comienzos germinales a alumbrar una situación definitiva de concordia nacional (...) [rebajando] el concepto de enemigo irreconciliable al más civilizado y cristiano concepto de adversario político, pacífico". Votaron la ley 425 procuradores, contra 59 y 13 abstenciones. El franquismo cedía voluntariamente su poder en pro de una concordia nacional, suceso con escasos precedentes históricos.

El núcleo significativo de la reforma era que se producía "de la ley a la ley", como expresó uno de sus diseñadores, Fernández Miranda, sin dejar vacíos que pudieran causar un derrumbe. Lo que suponía asumir como régimen legítimo el de Franco y transmitir esa legitimidad al nuevo.

Contra la reforma y por la ruptura hicieron campaña la Junta de Carrillo y la Plataforma de González. El carácter de aquella oposición y su ruptura había vuelto a suscitar inquietud cuando, en marzo, Solzhenitsin había contrastado en Madrid el sistema soviético con el español. La respuesta casi general de la oposición, comunistas, cristianos dialogantes, intelectuales como Cela, consistió en andanadas de insultos al premio Nobel ruso: la URSS era para ellos un mito reverenciado.

A lo largo de ese año 1976, la oposición hizo llover libremente su propaganda sobre el país y convocó manifestaciones por la amnistía, libertad en abstracto y estatutos de autonomía, aspirando a desbordar el reformismo del gobierno. Algunas manifestaciones se tornaron violentas y ocasionaron muertos. Forzando la mano, la oposición llamó para el 12 de noviembre a la huelga general, acción por naturaleza revolucionaria. La huelga fracasó, prueba de que el país no comulgaba con esa orientación. Ello daba buenas posibilidades al referéndum que debía decidir sobre la ley el 15 de diciembre.

Había dentro del régimen, sobre todo entre los militares, resistencia a legalizar a un PCE cuyo líder, Santiago Carrillo, había sido responsable del acto de terror más brutal de la guerra civil, la matanza de Paracuellos. Felipe González dio a entender que no pensaba unir su destino al del PCE, y Carrillo, temiendo quedar descolgado (el Partido Comunista estaba prohibido en Alemania Occidental, por ejemplo) multiplicó los gestos de moderación para demostrar que el peligro comunista era agua pasada: entró en el país secretamente y el 10 de diciembre garantizó ante la prensa la aceptación de la monarquía, la bandera nacional, la economía de mercado...la reforma, en suma. Días después fue arrestado, lo que resultó un trámite para su legalización al poco tiempo.

La transición parecía marchar viento en popa hasta que, el 11 de diciembre, cuatro días antes del referéndum sobre la reforma, el PCE (r)-GRAPO que secuestró a Antonio María de Oriol, ex ministro de Franco y cabeza de la mayor familia económica del país, exigiendo su canje por presos de varios grupos terroristas. Al revés que casi todo el resto de la oposición, el GRAPO no estaba infiltrado entonces por la policía. El propósito de fondo era arruinar el referéndum y todo su proceso, considerado simple cambio de fachada "fascista". No obstante, la votación transcurrió con normalidad y un alto porcentaje, el 77,4 %, con un 94% de síes: el franquismo reformista ganaba la batalla política y concluía el régimen instaurado cuarenta años antes.

Con todo, el secuestro de Oriol alteró la vida política. El GRAPO secuestró el 24 de enero al general Emilio Villaescusa, y ese mismo día la extrema derecha asesinó a cinco abogados en un bufete comunista de Madrid. El PCE volvió a exhibir moderación en una multitudinaria manifestación silenciosa, pero el GRAPO asesinó el día 28 a tres policías. Estas y otras violencias habrían dado al traste con la reforma si el gobierno hubiera cedido a las exigencias del GRAPO y la opinión se hubiera polarizado. No fue así, el pueblo permaneció tranquilo, verdadero respaldo al proceso, y la policía terminó por capturar a los secuestradores directos y a los secuestrados, ya en febrero*.

El camino quedó despejado para elegir unas Cortes constituyentes. Suárez había creado el partido UCD (Unión de Centro Democrático), y Fraga AP (Alianza Popular), considerada más derechista. En la izquierda competían el PSOE y el PCE; el segundo seguía despertando recelos pese a su circunspección, y más aún al cargar no solo con sus responsabilidades históricas, sino también con las del PSOE, cuyo pasado todos mostraban interés en blanquear. Pero el PCE disponía de una organización más amplia y bregada, y cierto prestigio por haber luchado contra Franco, al revés que el PSOE. Contendían, por tanto, cuatro grandes partidos y otros de menores expectativas.

Las elecciones se celebraron el 15 de junio de 1977. Por efecto de potentes campañas de imagen y del deseo casi general de un sistema no convulso, el partido más votado fue UCD, con 34,75% de los votos, seguido del PSOE, con 29,30. AP alcanzó el 8,21, y el PCE el 9,24. Los catalanistas de Pujol (futura CiU) ganaban en Lérida y Gerona, el PNV en Vizcaya y Guipúzcoa, el PSOE en Barcelona, Valencia, Alicante, Asturias y cinco de las ocho provincias andaluzas, y la UCD en las 37 provincias restantes. Republicanos y falangistas quedaban marginados, y el anarquismo no despegaba. El paisaje político difería mucho del de los años 30, y con ello se disolvía el temor de las derechas a una radicalización social como la de entonces. Pero había otros peligros.

Uno de ellos era el paro y la inflación galopantes, reflejo de la crisis internacional desatada en 1973 después de la guerra de Yom Kippur, y que ofrecían a la izquierda la posibilidad de una agitación social demagógica. El deterioro se contuvo un par de años gracias a las reservas y la inercia de la prosperidad anterior, pero no podía seguir igual. La izquierda, consciente de que el sistema, aún poco consolidado, podía derrumbarse sobre las cabezas de todos, aceptó los Pactos de la Moncloa propuestos por Suárez: contención de salarios, facilidad a los despidos --muy difíciles bajo el franquismo--, devaluación de la peseta, mayor control del gobierno sobre el sistema bancario, etc. Eran precisas reformas de mayor calado, pero se evitó así una posible desestabilización. 

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La oposición había insistido en la amnistía por descalificar al franquismo como represor de las libertades. Al morir Franco había unos 400 presos políticos (770, en otras versiones), cantidad baja para un país con 36 millones de habitantes y después de las recientes ofensivas terroristas. El indulto al subir al trono Juan Carlos, en noviembre de 1975, los había disminuido, si bien aumentaron por las violencias posteriores. Los últimos 300 fueron liberados en tres amnistías. Ninguno era demócrata, ni socialista, pese a lo cual nadie desmintió el bulo de que antifranquismo equivalía a democracia.

El gobierno se había resistido a liberar a los presos con delitos de sangre, pero una semana de frenética agitación en Vizcaya y Guipúzcoa, previa a las elecciones del 77, le obligó a soltarlos. Fue una primera claudicación. La ETA había alcanzado popularidad en las Vascongadas y menor, pero real, en el resto de España, debido a los nueve años de adulación propagandística por parte de la oposición a Franco y de periódicos legales. Tal colaboración partía de un cálculo: los etarras servirían de fuerza de choque y, una vez desaparecido el régimen, se contentarían y dejarían las pistolas. También creyó la UCD que las concesiones calmarían sus exigencias o bien los aislarían socialmente. Sin embargo, la ETA nunca había pensado servir de carne de cañón a sus aduladores, a quienes despreciaba. Y, como el GRAPO y otros, repudiaba la reforma que el resto de la oposición se había visto obligada a aceptar en vez de la deseada ruptura.

Las dos ETAs habían salido malparadas del franquismo, pero la subsiguiente tregua de hecho les permitió rehacerse y rodearse de asociaciones paralegales que el gobierno aceptó, esperando presionasen contra la violencia. Se hizo casi general la idea de que el conflicto se arreglaría mediante negociaciones, posición abanderada por el diario El País, el ejemplo más destacado de un nuevo periodismo, junto con la revista porno-política Interviú. Nada podía satisfacer más a los etarras, por cuanto mostraba debilidad de los políticos, les daba esperanzas de alcanzar sus fines a base de golpes y justificaba el asesinato como forma de hacer política. Al mismo tiempo dio a los nacionalistas del PNV e, indirectamente, a los catalanes, la oportunidad de utilizar la acción etarra para obtener más y más concesiones del estado y debilitarlo progresivamente.

Todo ello conectaba con la tendencia de Suárez y la UCD, tras haber desbaratado la ruptura, a distanciarse o denigrar al franquismo, cuya legitimidad heredaba. Esto era difícil --no imposible-- de evitar, debido a la presión de Europa occidental, que no debía su democracia a sí misma y creía el mito de una república española derrocada por el "fascismo". La izquierda percibió ese punto débil y pinchó en él, aludiendo al pasado de los líderes de derecha y arrojando dudas sobre su sinceridad democrática. También muchos jefes del PSOE venían del franquismo, alguno había sido confidente policial, pero la falsificación biográfica y autobiográfica empezó a generalizarse. Las veladas acusaciones a los "demócratas de toda la vida" de UCD y de AP expulsaron a estos de lo que los marxistas llamaban "lucha ideológica", esperando que una buena gestión económica "mirando al futuro", les ganara los votos. Ya Suárez había engañado a los generales legalizando al PCE a sus espaldas después de haberles prometido lo contrario, y creando la imagen de una resistencia militar al cambio, "ruido de sables" en realidad débil, con el que intentó aparecer más progresista e impresionar a la izquierda.

La Constitución reflejaría esas debilidades. A diferencia de las anteriores, se elaboró por consenso de los principales partidos, lo que le daría mayor autoridad y vigencia, pero salió confusa, larga (169 artículos), con toques socialdemócratas y la contradicción de proclamar la unidad nacional y mencionar "nacionalidades" dentro de ella. Las competencias otorgadas a las autonomías, que venían a sustituir a las regiones tradicionales, eran más amplias que en la república, abarcarían la enseñanza, y abrían la puerta a un progresivo vaciamiento del estado. Muchos vieron ahí una bomba de relojería destinada a hacer estallas la unidad de España. La prédica separatista no halló obstáculo, explotando el terrorismo y la renuncia derechista a la lucha por las ideas. La unidad del país pasaba en ámbitos crecientes por consigna "franquista" o "fascista", y se afirmaba la inexistencia histórica de España o su reciente, superficial e indeseable realidad. En ese despego coincidían el grueso de la izquierda y los nacionalistas. Dato relevante fue la exaltación de Blas Infante a "padre de la patria andaluza" por parte del PSOE y la UCD, en una región donde no existía nacionalismo. Infante había querido una Andalucía arábiga y hasta musulmana, y la bandera adoptada fue una mezcla de la omeya y la almohade; bandera similar se inventaría en Extremadura.

El refrendo popular a la Constitución, el 6 de diciembre de 1978, fue menos lucido del esperado, con votación del 67%, diez puntos menos que la ley de la reforma dos años antes. El porcentaje de síes fue de un 87%, equivalente al 59% del cuerpo electoral. El PNV, en cuyo obsequio se habían hecho fuertes cesiones constitucionales, llamó en las Vascongadas a la abstención, donde esta llegó al 54,5%, solo superada en Galicia. Aunque abstención no era rechazo, como luego pretendió el PNV, y la abstención política no pasó de un 25%, descontando la abstención técnica. En solo el año y medio entre las elecciones del 77 y la Constitución se perpetraron 65 asesinatos terroristas, frente a 48 en los últimos diez años del franquismo.

Así la transición, comenzada de modo tan esperanzador, culminaba con debilidades y contradicciones de mal agüero.