El sentido histórico de la involución

23 de Noviembre de 2009 - 08:37:32 - Pío Moa

En la situación electoral descrita ocurrió el “atentado de Atocha”, el 11 de marzo de 2004, justo tres días antes de las elecciones. Fue el mayor atentado de la historia de España y de Europa, con 191 muertos y 1.900 heridos y mutilados. Atribuido por todos a  la ETA en un primer momento, pronto las sospechas recayeron sobre el terrorismo islámico, de lo cual sacó partido el PSOE para sugerir la culpabilidad de Aznar, por haberse alineado con Bush en Irak: el atentado sería una reacción musulmana implícitamente justificada. Asombrosamente, los socialistas lograron encauzar contra el PP la furia de millones de personas, desviándola de los autores de la matanza, lo que aseguró a Rodríguez una victoria que ya rondaba antes del atentado.

  
Lo que puede decirse hoy del atentado es que la instrucción judicial fue irregular, y no menos el juicio, que no aclaró el objetivo ni los autores intelectuales. En todo caso, el nuevo gobierno obró como si hubieran sido los islámicos, e inmediatamente retiró de Irak las tropas españolas que defendían a los  irakíes de terroristas que causaban allí masacres como la de Madrid, lo que equivale a premiar la masacre.

   
Son ya demasiado inmediatos los sucesos posteriores  para que entren en la historia más que de un modo muy provisional. La política del gobierno de Rodríguez puede describirse como la inversión total de la de Aznar e incluso de la transición. Excepto en economía, que se mantuvo con notable éxito, pero sin corregir distorsiones cada vez más acentuadas hasta desembocar en una crisis, ciertamente internacional pero que en España ha tomado caracteres particularmente agudos: el desempleo escaló cotas incluso superiores a las de los primeros años 80 hasta cuatro millones en 2009.

   
  La política internacional cambió a favor de las dictaduras de izquierda, empezando por la de Castro, y de gobiernos populistas antidemocráticos latinoamericanos, de Rabat, de  Irán, del terrorismo que amenaza a Israel, etc., bajo el título de “Alianza de civilizaciones”. En Europa, el PSOE apoyó el proyecto de Constitución europea de Giscard d´Estaing, político francés acusado de corrupción y extrañas connivencias con déspotas africanos, y que había mantenido el santuario etarra en Francia en plena democracia española. El proyecto anulaba el peso político de España conseguido por Aznar en Niza, y  fracasó ante la opinión pública europea. Pero la burocracia de Bruselas lo sustituyó por un Tratado de Lisboa, muy parecido, obligando a Irlanda a repetir, bajo fuertes presiones, el referéndum que lo había rechazado. Aznar había vuelto a reclamar Gibraltar, pero Rodríguez concedió aún más ventajas a la colonia y redujo la protección de Ceuta y Melilla.

 
  En el interior, la reforma educativa del PP fue sustituida por un recrudecimiento de la enseñanza populista anterior y la implantación de una instrucción ideológica de tipo socialista llamada “educación para la ciudadanía”.  Se instrumentaron medidas de promoción de la homosexualidad, el aborto y concepciones tendentes a socavar aún más la familia (matrimonio homosexual, etc.), con resultado de un mayor impulso a todos los índices de mala salud social ya mencionados. El ataque a la Iglesia tampoco ha conocido tregua, y entre sus métodos están las facilidades a la inmigración musulmana, vista por el gobierno como un instrumento contra el cristianismo, y que llega a menudo con la convicción de que España puede o debe transformarse de nuevo en Al Ándalus.

  
Quedó de relieve el designio global de la nueva política con  la llamada popularmente memoria histórica,  imponiendo el gobierno por ley –es decir, totalitariamente—su versión de la historia, según la cual el Frente Popular representaba la república y la democracia. Esa ley establecía indemnizaciones en dinero a las “víctimas” y a sus familiares, lo que sin duda estimulaba recuerdos de sucesos difíciles de documentar. Igualaba, en calidad de víctimas demócratas, a inocentes fusilados en la posguerra con los numerosos chekistas caídos en poder de los nacionales al verse abandonados por sus jefes, así como con los etarras detenidos o muertos bajo el franquismo. Y olvidaba a las muchas víctimas causadas por el terror entre las propias izquierdas. Pero la verdadera trascendencia política de esa ley consistía en anular de raíz el espíritu de la transición y de la reconciliación lograda bajo el franquismo. Como se recordará, la reforma “de la ley a la ley” suponía aceptar la legitimidad del franquismo, traspasada así a la democracia, un hecho paradójico solo en apariencia; y negaba la legitimidad del Frente Popular. La “memoria histórica” pretendía exactamente lo contrario, es decir, volvía al espíritu de la ruptura, con lo cual quedaban deslegitimadas la democracia y la monarquía salidas de la transición, que de este modo quedaban como una etapa provisional y de futuro incierto. Tal orientación satisfacía a la  ETA, a los separatistas y a los comunistas, aunque muchos pedían más todavía

   
 No menos caracterizaría al nuevo gobierno su actitud hacia la ETA: del acoso a que la había sometido Aznar volvió a las negociaciones, incrementadas como nunca y presentadas como “proceso de paz” y “diálogo”. Sus  concreciones fueron, entre otras, la legalización de las terminales terroristas, a las que afluyó, además, una corriente de dinero público; la reducción a mínimos de la persecución policial y obstrucción a algunos jueces; la consideración de los etarras como víctimas del franquismo, o la proyección internacional otorgada a la ETA en el Parlamento europeo. Estas y otras acciones se completaron con el intento de silenciar, mediante amenazas, a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la cual sufrió campañas de descrédito desde los medios de comunicación próximos al gobierno.

  
 Todo ello volvía a justificar el asesinato como forma incluso privilegiada de hacer política, mucho más que bajo Felipe González. Nunca se habían concedido a la ETA tales ventajas ni hecho promesas tan inauditas, condensadas en un nuevo estatuto de Cataluña, que ampliaba las competencias autonómicas hasta dejar en residual la presencia del estado español, según resumió alegremente el socialista catalán Pasqual Maragall. El estatuto no respondía a ninguna exigencia social, fue aprobado con un corto número de votos populares y era abiertamente anticonstitucional al instaurar una nación catalana (la nación es la base de la soberanía); pero respondía al interés del PSOE: su oferta a la ETA consistía igualmente en rebajar a niveles residuales la unidad nacional de España en el País Vasco y probablemente Navarra. Comenzaba así un proceso disgregador o balcanizante, y el PP denunció el estatuto ante el Tribunal  Constitucional, presidido por una juez política próxima al PSOE y al separatismo vasco.

  Tal “diálogo” solo puede llamarse, en términos realistas, colaboración con la ETA, y colaboración en un grado que jamás había alcanzado el clero separatista vasco, ni el PNV, ni ningún gobierno francés o argelino. Si fracasó, de momento, se ha debido a que los etarras no se conformaban con tan exorbitantes concesiones y rechazaban incluso el barniz de unidad  de España que necesitaba el PSOE para mantenerse en el poder. Pero el proceso, junto con la “memoria histórica”, ha dejado en ruinas el estado de derecho y los avances de la transición. La Constitución ha sido anulada en gran medida por la vía de los hechos consumados y en alianza con el terrorismo y el separatismo. Y ha propiciado nuevos pasos en la “liquidación de Montesquieu” querida por el PSOE, así como ataques a la libertad de expresión para acallar a comunicadores opuestos a tales hechos, vigilancias ilegales, etc.  

  
 Estas políticas, que la ex diputada socialista Cristina Alberdi calificó en su día de “estafa” y “alta traición”, dan forma a una verdadera involución antidemocrática, bien visible a los treinta y cinco años de la muerte de Franco. La deriva chocará a un observador imparcial, pero no tanto si conoce el historial del PSOE, que Rodríguez ha reivindicado íntegramente, sin excluir a figuras como  Largo Caballero o Negrín. Ese partido comparte con la ETA hasta un 90% de ideología: ambos se declaran socialistas, antiimperialistas, antifranquistas incondicionales (y retrospectivos en el caso del PSOE),  progresistas... La ETA es visceralmente antiespañola, y la unidad e historia de España  nunca han suscitado fervor en el internacionalista PSOE. Sobre esas bases comunes, el “diálogo” no resulta difícil, como tampoco con las “civilizaciones”. Pesa igualmente en todo ello la personalidad de Rodríguez, clásico profesional de la política con ideas muy sumarias y cierto iluminismo, convencido, además, de ser un salvador de la mujer. Una grave carencia de la izquierda española y el separatismo ha sido su precariedad intelectual. Como quedó indicado, no han  producido un solo pensador de alguna enjundia, limitándose a convertir en tópicos fanatizantes sus teorías importadas.

   
La facilidad con que esta involución destrozó la política de Aznar y el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que corregía defectos graves de la  transición, se debe al práctico desvanecimiento de la oposición. En una democracia, la inclinación de los gobiernos a abusar de su poder es frenada por la división de poderes, por la prensa libre y por los partidos de oposición. Hoy, la separación de poderes está muy  deteriorada, la prensa crítica acosada y el PP de Rajoy no ejerce como oposición, sino que también ha seguido una política bastante contraria a la de Aznar y siempre detrás de la iniciativa del PSOE. No se opone a la ley de “memoria histórica”, sino que la cumple; tampoco a la degradación del poder judicial, cuyo control quizá espera heredar si llega al poder; sus críticas al “diálogo” con la ETA fueron insignificantes, y a su denuncia del Estatuto catalán le siguió la imitación de él en regiones como Valencia y Baleares, con gobierno PP,  y el apoyo a los socialistas para crear un nuevo “hecho nacional” en Andalucía; ha contribuido a hostigar a medios de comunicación independientes, y se ha visto afectado seriamente por la  corrupción. La resistencia al involucionismo ha provenido de algunos medios de comunicación, de parte del Episcopado y de asociaciones diversas, y se ha manifestado en varias de las manifestaciones más multitudinarias y pacíficas registradas en España. Hasta que el PP se puso a la cabeza de ellas y las condujo al marasmo.

  
  Rajoy, que intelectualmente se parece mucho a Rodríguez, amplió la renuncia de la UCD a la batalla por las ideas, clave de las averías posteriores del sistema, pues la pretendida legitimidad del Frente Popular e ilegitimidad de Franco ha sido la justificación moral y política tanto del terrorismo como de los separatismos y de la involución. Los lemas orientadores del nuevo PP como “mirar al futuro” o “la economía lo es todo”, rebajan la calidad del debate político a niveles  inferiores a los del mismo PSOE. De ahí la falta de frenos a la política rodriguista y un retroceso aún mayor de la democracia, causado en este caso por el nuevo PP.

   
Vistos los hechos con perspectiva histórica, ofrecen una reveladora continuidad. El PSOE, los separatistas y los terroristas actuaron como verdaderos torpedos contra la Restauración y la II República, y parecen dispuestos a repetir suerte en la actual democracia, con métodos en apariencia menos violentos (solo en apariencia, porque se han apoyado sobre la explotación política de los cientos de asesinatos etarras, y han logrado el control de la violencia del estado). Algo ha cambiado, no obstante: el anarquismo y el republicanismo de antaño se han casi evaporado, y los viejos ideales revolucionarios han acabado de derrumbarse junto con el Muro de Berlín. Si en los primeros cuarenta años del siglo XX el mayor reto  para la sociedad española fue el revolucionario de izquierda, siempre acompañado de terrorismo,  desde la transición el desafío principal pasó a ser el separatista, también acompañado y hasta sostenido por el terrorismo. Las fuerzas centrífugas existentes en toda sociedad han adquirido mayor fuerza que nunca, alentadas por unos partidos nacionales que han perdido la visión histórica al respecto.

 
  La perspectiva actual para España, su unidad y su democracia, es harto  oscura. Aunque seguramente no la más oscura que haya logrado superar en su historia.

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****A la chita callando, la banda de Rajoy está depurando el PP de cuantos podrían oponerse a su  política de colaboración con los colaboradores del terrorismo y con los falsificadores de la historia. Lo que revela que los futuristas están organizados y tienen claras las ideas o  ideúchas. Y los otros no tienen claridad ni organización, en un partido cuyo funcionamiento interno no es democrático.

****Cataluña, paraíso okupa. ¿Por qué ocurre esto? Porque los políticos, con excepciones, como es natural, son delincuentes. Y porque la gente no se dedica a okupar las casas de los politicastros. Los responsables tienen así doble ventaja.

****Zapo detesta a los empresarios, les hacen culpables de la crisis y en su “educación para la ciudadanía” los pone a caer de un burro. Y es natural: los empresarios crean empleo y él solo crea crea funcionariado inútil y parasitario, que le proporciona una gran bolsa de votos. Lógicamente, la actitud del empresariado le parece un insulto.