Made in USA

Diciembre 2010


Dictadores, Controladores, Piratas y Puentes

12 de Diciembre de 2010 - 12:10:06 - Gary Stewart - 9 comentarios

¡Qué bien se vive en España!

Mientras que el empleado estadounidense común tiene 24 días de descanso (10 días festivos oficiales más 14 días naturales de vacaciones), su homólogo español disfruta de casi el doble de días libres (14 días oficiales más un mínimo de 30 días naturales de vacaciones), sin mencionar las pausas para desayunar y fumar. En este mar de puentes y privilegios españoles, la imagen de turistas secuestrados en supuesta defensa de los “derechos laborales” de algunos controladores ricos y acomodados me indignó.

 

No obstante, al tranquilizarme me di cuenta de que el precio de perder un puente es nada en comparación con el coste de apoyar la peligrosa tendencia putinesca del Gobierno español de camuflar un sistema autoritario con la ilusión de una democracia verdadera. Entre sus “reales decretos” (que a mí me suena a edictos de un rey) y sus estados de alarma a lo Franco, el Gobierno tiende a centralizar el poder en un Ejecutivo poco valorado, mostrando una falta de respeto a las otras ramas del Gobierno, el Estado de derecho y los ciudadanos que representa.

 

Wikileaks ha avergonzado a mi país, pero justifica la desconfianza global en los políticos, ya que muchos son charlatanes mediocres que roban y engañan sin piedad, protegidos por protocolos diplomáticos y doctrinas de “secretos de Estado”.

 

En España, la gran revelación era que los EEUU impulsaron la Ley Sinde. No es muy noticiable que el Gobierno estadounidense proteja a través de sus embajadores los intereses de los ciudadanos que lo elije. Más problemática es la proclividad del Gobierno español a priorizar los intereses extranjeros sobre los derechos de los españoles. Enrique Dans explica que la Ley Sinde representa “una ley absurda, peligrosa, la consagración de una auténtica ‘justicia paralela’ que amenazaba con retirar a los jueces la potestad para tomar decisiones sobre los casos relacionados con propiedad intelectual y entregársela a un siniestro organismo administrativo dependiente del propio Ministerio de Cultura, convertido además en ‘Ministerio de la Industria Cultural.’”

 

Aunque se trata de una democracia joven, los intentos del Gobierno español de obviar el sistema de separación de poderes son impresionantes. Las dictaduras son más eficaces, precisamente porque no tienen que analizar, debatir, negociar, convencer o liderar. Solo tienen que dictar. Según los cables, el Gobierno quería apropiarse del poder de los jueces, porque dudaba de su capacidad de llegar a las decisiones “correctas”. Asimismo, empaquetaron la medida en La Ley de Economía Sostenible, porque les preocupaba que “llevar una ley al congreso podría llevar años y provocar agrio debate de oposición a la medida.” Demonizaron a los oponentes de la Ley, llamándoles una banda de piratas ilegales, cuando fue la propia ministra quien días antes de anunciar la Ley había convocado a algunos de ellos. Y aprobaron la ley el 19 de marzo, en pleno puente de San José.

 

Nueve meses. Otro puente. Otra controversia, pero esta vez más al estilo de las repúblicas bananeras que critica Vargas Llosa.  El primer “decretazo” del 5 de febrero de 2010 demonizó a los controladores a cambio de regalar al Ministro de Fomento el poder de imponer nuevas condiciones sin tener que molestarse con las inconveniencias del convenio vigente. Expansión concluyó en su momento que el decreto “puede ser discutible desde el punto de vista constitucional, pero los controladores tienen complicado llevar su problema al Tribunal Constitucional. Además, una eventual sentencia se eternizaría.” E incluso una victoria legal ante los tribunales podría haber sido susceptible a las prácticas autoritarias del Ejecutivo. El día 3 de diciembre, el Gobierno agravó la situación, unilateralmente reformulando la computación de las horas laborales de los controladores. Cuando estos protestaron, el Gobierno les obligó a trabajar a punta de pistola.

 

Sin duda, los controladores fueron tontos al subestimar las habilidades demagógicas de Zapatero, quien entiende muy bien que en España el puente es un derecho fundamental. Además, como cualquier empleado que cabrea y contradice a su jefe, los controladores asumieron el riesgo de estar despedidos.


No obstante, ¿no te fastidiaría un poco si tu jefe te obligara unilateralmente a trabajar el 50% más de horas por el 60% de tu sueldo sin tener ningún posibilidad real de recurrir a los tribunales?

 

Los derechos de algunos son los privilegios de otros, y llamarlos “privilegios” no justifica la abrogación del estado de derecho. Hay muchos que piensan que los derechos laborales en España son privilegios injustificables. Por eso, los inversores extranjeros reclaman un cambio radical del sistema de “privilegios” laborales que todos los empleados españoles disfrutan. Y el día antes del drama de los controladores, The New York Times señalaba que, dada la baja productividad y las rígidas leyes fiscales y laborales, los PIIGS deberían contemplar una política de “deflación interna” - es decir, bajar los precios y sueldos de los empleados en general, quizás hasta un 30%.

 

No son solo los "especuladores" que piden la reforma de los privilegios españoles. En un discurso la semana pasada ante el 2º Congreso del PP en EE.UU, Jose María Aznar concluyó que “[u]na de las consecuencias circunstanciales y económicas de esta crisis es que los Estados de bienestar no son sostenibles. Uno no puede vivir en el espíritu de trabajar lo mínimo posible, ganar lo máximo posible y jubilarse lo antes posible y empezar a trabajar lo más tarde posible. No puede ser. Eso no es mantenible, no es financiable.”

 

En fin, tanto la Ley Sinde como los decretazos de Blanco son intentos de atraer y retener a los inversores internacionales que cada vez más exigen que España recorte sus “privilegios” o se arriesgue al abandono de los inversores extranjeros que los financian.

 

Por el momento, el Gobierno ha marginado exitosamente a sus targets (piratas y controladores), y a muchos ciudadanos les da igual la existencia de leyes chapuzas de dudosa legalidad constitucional cuando no se trata de sus derechos en concreto.


Pero mis tres grandes dudas son:

  • ¿Cuál será el próximo grupo que pierda sus “privilegios” para tranquilizar a los inversores internacionales?

  • ¿Qué protecciones legales tendrá este grupo cuando el Gobierno intente demonizarlo y acallarlo?

  • ¿Y ahora que los controladores están controlados, estarán los demás españoles dispuestos a renunciar a sus “privilegios” laborales - incluido sus finiquitos generosos y puentes sacrosantos - para rescatar España del rescate previsto?

Gary Stewart

Gary Stewart es Director Ejecutivo del Venture Lab de IE Business School. Además, es consejero, co-fundador y antiguo CEO de nuroa.es, un buscador inmobiliario líder en Europa. Recibió su licenciatura en la Universidad de Yale (magna cum laude, Phi Beta Kappa) y su juris doctor en la Facultad de Derecho de Yale. Colabora como consultor legal y estratégico a varias empresas start-ups españolas en búsqueda de financiación.

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