Un tal Oriol Malló escribió en el diario Avui del 30 de junio pasado esta inequívoca amenaza contra Boadella, Espada, Azúa y los demás promotores de la Plataforma Ciutadans per Catalunya:

“Boicoteémoslos, marquémosles a fuego ardiente hagámosles la vida imposible para que sufran en campo propio aquello que ellos hicieron cuando mandaban realmente… Queréis que los catalanes, si todavía quedan, se suiciden en grupo o abracen la fe española. Perfecto. Pero yo os pido coherencia. Haberlo dicho durante la Segunda República y haberos expuesto a que gente como yo, gente mejor que yo, perdón, os metiera el tiro de gracia antes que vosotros, sin cojones para disparar, delegaseis en la chusma las órdenes de asesinarnos. (...) Decidlo claro, amigos de afables conversaciones y visiones magistrales, nos queréis exterminar, ahora que sabéis que somos pocos, cobardes y frágiles, y que todos os escuchan con temor reverencial. Pues nosotros también queremos exterminaros, qué caray. Divirtámonos hasta morir que la guerra, a cara descubierta, tal vez ya ha empezado”.

Ahora, un juez de Barcelona lo cita como imputado. Podrá defenderse del posible delito que se le atribuya. Podrá disponer de la completa red de garantías con que un Estado democrático protege a sus ciudadanos. Aun a los presuntos infractores de la ley.


El CAC – esa cacofonía tras la cual un solemne Consejo Audiovisual de Cataluña ejerce su fea tarea de Gran Inquisidor del tripartito – no ha juzgado que el tal Malló mereciese ser reprendido por haber “ultrapasado los límites a que está sometida la libertad de expresión”. Ni que el diario Avui fuera, por haberlo publicado, reo de “sobrepasar los límites constitucionales” y candidato a sanción o cierre. Eso queda para los "españoles" de la COPE.


Al menos, las garantías constitucionales (juzga el juez, no otro) son respetadas para alguien. En Cataluña. Enhorabuena.