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La masacre de la plaza de la República Dominicana y cuatro víctimas más

14 de Julio de 2011 - 09:10:12 - M.J. Grech

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A las 7:45 horas del 14 de julio de 1986, tres semanas después de que el PSOE ganara las elecciones generales por mayoría absoluta, la banda terrorista ETA provocó una masacre de guardias civiles en la plaza de la República Dominicana de Madrid. Una furgoneta-bomba, que estalló al paso de un convoy de vehículos de la Guardia Civil procedente de la Escuela de Tráfico de la calle Príncipe de Vergara, mató en el acto a cinco guardias civiles: CARMELO BELLA ÁLAMO, natural de Badajoz; JOSÉ CALVO GUTIÉRREZ, de Barcelona; MIGUEL ÁNGEL CORNEJO ROS, de Valencia; JESÚS MARÍA FREIXES MONTES, de Lérida, y JESÚS JIMÉNEZ JIMENO, de Teruel. Otros cuatro guardias civiles murieron en las horas posteriores al atentado: ANDRÉS JOSÉ FERNÁNDEZ PERTIERRA, natural de Gijón; JOSÉ JOAQUÍN GARCÍA RUIZ, de Burgos; SANTIAGO IGLESIAS GODINO, de Alicante, y ANTONIO LANCHARRO REYES, de Badajoz. Tres más lo hicieron en los siguientes días: Javier Esteban Plaza, que falleció cuatro días después, el 18 de julio; Miguel Ángel de la Higuera López, que falleció el 31 de julio; y Juan Ignacio Calvo Guerrero, que lo hizo el 5 de agosto, convirtiéndose en la víctima número doce del brutal atentado.

El atentado de ETA que mayor número de víctimas mortales se había cobrado desde el inicio del proceso democrático se produjo un día después de la deportación a Gabón del dirigente etarra Txomin Iturbe y veinticuatro horas antes de la constitución del nuevo Parlamento. Fuentes de la lucha antiterrorista relacionaron, en un principio, el atentado con la deportación de Iturbe a Gabón. Sin embargo, el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, desvinculó ambos hechos, señalando que la acción criminal estaba preparada antes de que se conociera la expulsión.

Con estas doce víctimas mortales, el atentado de la plaza de la República Dominicana pasa a ocupar el tercer lugar entre los atentados múltiples cometidos por la banda, después del coche-bomba en el Hipercor de Barcelona (con veintiuna víctimas mortales) y el atentado de la Cafetería Rolando en Madrid el 13 de septiembre de 1974 (con trece, todas ellas civiles, menos el policía Félix Ayuso Pinel, que murió más de dos años después, el 11 de enero de 1977).

Otras setenta y ocho personas, entre agentes de la Benemérita y civiles, sufrieron heridas de diversa consideración. Siete guardias civiles fueron heridos de gravedad: Jesús García Rangel, con secuelas físicas y psíquicas irreversibles e incompatibles con el desempeño de su profesión; Miguel Ángel Martínez Díaz, al que los trastornos neuróticos y postraumáticos provocados por el sufrimiento padecido le obligaron también a abandonar su profesión; Jacinto López Martínez, que también tuvo que pedir la baja laboral permanente por las heridas sufridas; Juan Izquierdo Sánchez, que perdió el ojo derecho y el 60% de la audición del oído izquierdo; Miguel Ángel Dorado Castellanos, obligado asimismo a abandonar su profesión a causa de las secuelas en ambos oídos y en el ojo izquierdo y las alteraciones epilépticas provocadas por el atentado; Gabriel Aranda Sánchez, que también tuvo que abandonar definitivamente la Guardia Civil por las secuelas del atentado, y José Manuel Jiménez Sánchez, que sufrió la pérdida del ojo derecho y otras heridas que le imposibilitaron seguir ejerciendo como guardia civil. Muchos más guardias civiles arrastraron secuelas durante años, viéndose obligados a dejar la Guardia Civil por causa del estrés postraumático, ansiedad, pesadillas y miedos. "Después del miedo a morir, te queda el miedo a vivir", dijo uno de ellos a El Mundo (25/06/2006). Muchos de ellos ni han sido reconocidos como víctimas del terrorismo ni han recibido ayudas para sufragar las costosas terapias psicológicas que han tenido que realizar.

El convoy atacado estaba formado por un autobús, un microbús y un todoterreno, en funciones de coche-escolta, que había salido de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil en el número 250 de la calle Príncipe de Vergara y se dirigía hacia la Venta de la Rubia, a las afueras de Madrid, donde los guardias iban a realizar prácticas de conducción en motocicleta. En el convoy viajaban setenta guardias civiles alumnos de la Agrupación de Tráfico. Los mayores de la promoción tenían veinticinco años. Los más jóvenes, diecinueve. El convoy no variaba su horario y recorrido, al menos en los días anteriores al atentado: dejaba Príncipe de Vergara para girar a la derecha en la plaza y dirigirse a la carretera de circunvalación M-30 por la calle de Costa Rica.

En el número 7 de la plaza de la República Dominicana los etarras Idoia López Riaño y Juan Manuel Soares Gamboa habían aparcado una furgoneta-bomba marca Sava cargada con 35 kilos de Goma 2 y cinco ollas a presión con varios kilos de metralla compuesta por tornillos, tuercas, varillas metálicas y eslabones de cadenas de acero. Anton Troitiño Arranz, situado en una parada de autobús cercana, accionó el mando a distancia cuando vio que el convoy se puso a la altura de la furgoneta-bomba. Muy cerca, José Ignacio de Juana Chaos esperaba en un vehículo en el que emprendieron la huida. En las labores de vigilancia y en la preparación del explosivo participaron también Esteban Esteban Nieto e Inés del Río Prada. Todos los asesinos formaban parte del grupo Madrid de ETA.

La explosión fue brutal. El vehículo más afectado fue el minibús, aunque también fue alcanzado el autobús. El vehículo escolta de la Guardia Civil quedó descolgado del convoy en el momento de la explosión, al detenerse en el semáforo previo al cruce con la plaza. Además, otros muchos vehículos, establecimientos e inmuebles de los alrededores sufrieron cuantiosos daños materiales. Especialmente afectado quedó el inmueble situado en el número 8 de la plaza de la República Dominicana, a cuya altura se encontraba aparcado el coche-bomba. Una agencia de viajes, una tienda de comestibles, una perfumería y un quiosco de prensa, entre otros, se vieron seriamente dañados. La mayoría de los cristales de los inmuebles vecinos, en un radio de cien metros, quedaron hechos añicos, así como los marcos de las ventanas más próximas al lugar del atentado. El acceso al metro de la estación de Colombia, situado a unos seis metros de donde se encontraba estacionado el coche-bomba, tuvo que ser cerrado porque "la onda expansiva provocó el desprendimiento de los falsos techos del vestíbulo de la estación y la mayor parte de las instalaciones fijas existentes en el mismo, con desprendimiento de las puertas de acceso y otros desperfectos en dependencias interiores", según señalaba un comunicado de la Compañía Metropolitana hecho público poco después del atentado.

La furgoneta-bomba, que quedó convertida en un amasijo de hierros deformes, se encontraba estacionada en la plaza desde unos días antes, según informaron desde la Delegación del Gobierno. Su matrícula era falsa y el artefacto, oculto en el maletero, estaba cubierto por papel higiénico. Por otra parte, fuentes policiales precisaron que la bomba fue accionada mediante un mando a distancia, por lo que los autores materiales se encontraban a una distancia de 150 o 200 metros.

Tras la explosión se desató una espesa humareda, que alcanzaba hasta el cuarto piso del inmueble más cercano. Chatarra de los vehículos afectados se podía observar en un radio de setenta metros. Los cuerpos de dos de los guardias civiles muertos quedaron tendidos en la calle. Otros dos fueron sacados del interior del vehículo. Uno de ellos tenía las piernas seccionadas y otro presentaba la cabeza prácticamente cortada, según personas que, en un primer momento, colaboraron en las tareas de rescate... Las escenas eran dantescas, muchos agentes estaban completamente desfigurados.

Fue una auténtica carnicería, justo lo que quería ETA que fuese. Su entonces dirigente, Santiago Arrospide Sarasola, alias Santi Potros, había ordenado "emprender una dura campaña de atentados". Algunos objetivos los fijaría la propia cúpula de la banda asesina, y otros los dejarían a elección de los propios ejecutores "siempre que tales objetivos se encarnaran en personas pertenecientes a la Guardia Civil" (sentencia de la Audiencia Nacional, 2003). El asesino Esteban Esteban Nieto dijo en el juicio que "cuando ETA hace sus acciones pretende causar el mayor número de bajas posibles. Estamos en guerra y es lógico que los que hicieron la acción lo supieran". Por su parte, el no menos asesino De Juana Chaos restó importancia a la masacre, considerando que no era ni más ni menos importante que cualquier otro atentado de la banda.

Tras el atentado, especialistas en explosivos de la Policía extrajeron muestras del artefacto para determinar la cantidad y el tipo de explosivo utilizado. Pasadas las 10:00 horas, los restos de la furgoneta utilizada como coche-bomba fueron trasladados a dependencias policiales con la intención de continuar el examen de la misma. Nada más producirse el atentado, la Policía y la Guardia Civil establecieron fuertes controles en las salidas de Madrid.

En el lugar del atentado -donde algunos ciudadanos colocaron enseguida ramos de flores- se congregaron un par de centenares de personas que se arremolinaron en torno a los vehículos siniestrados. Algunas personas gritaron consignas ultraderechistas, como las que pedían la libertad de Antonio Tejero, ex teniente coronel condenado por la intentona golpista del 23-F, y se corearon frases contra el Gobierno y a favor del restablecimiento de la pena de muerte. En el momento en que se extraían los cadáveres de dos de los guardias civiles del interior del vehículo, los gritos y consignas arreciaron, así como los insultos y provocaciones contra los informadores de diversos medios de comunicación.

El alcalde de Madrid, Juan Barranco, hizo un llamamiento a los madrileños para guardar, a las doce de la mañana del día siguiente, martes 15 de julio, tres minutos de silencio en solidaridad con las víctimas del atentado, sus familiares y los cuerpos de seguridad.

La capilla ardiente se instaló el mismo lunes al mediodía en la Dirección General de la Guardia Civil. Allí, junto a los familiares y compañeros -algunos de ellos heridos-, acudieron, entre otros, el secretario de la Casa Real, Sabino Fernández Campo; el jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante Ángel Liberal Lucini; el director general de la Guardia Civil, José Antonio Sáenz de Santamaría, y el presidente de Alianza Popular, Manuel Fraga. El ministro del Interior, José Barrionuevo, aguardó en el lugar la llegada de los féretros con los cuerpos de los fallecidos, que fueron recibidos con honores. Los ataúdes estaban cubiertos por la bandera nacional y con un tricornio encima.

El funeral se celebró en el mismo lugar al día siguiente, presidido por Barrionuevo. Un grupo de personas aguardó en el exterior de la Dirección General de la Guardia Civil e insultó a las autoridades políticas que accedían al recinto, llegando incluso a apedrear los vehículos de sus comitivas y las furgonetas de los medios de comunicación que cubrían la celebración del mismo.

En 2008 se inauguró en la plaza de la República Dominicana un monumento en homenaje a las víctimas del terrorismo sufragado íntegramente por donaciones de ciudadanos anónimos a iniciativa de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES).

En 1989 la Audiencia Nacional condenó a José Ignacio de Juana Chaos, Antonio Troitiño Arranz, como autores materiales, y Esteban Esteban Nieto e Inés del Río Prada, como colaboradores necesarios, a sendas penas de 2.232 años de cárcel, que resultan de sumar: 30 años por un delito de atentado con resultado de muerte; 29 años de reclusión mayor por cada uno de los once delitos consumados de asesinato; 24 años por cada uno de los setenta y ocho delitos de asesinato frustrado y 11 años más por un delito de estragos. El escrito de conclusiones de la Fiscalía fue elaborado por la fiscal Carmen Tagle González, asesinada por la banda terrorista el 12 de septiembre de 1989, un mes antes de la celebración del juicio. Troitiño Arranz salió de prisión en abril de 2011, cuando sólo había cumplido 24 años de prisión, al aplicársele una doctrina del Tribunal Constitucional sobre el cómputo de la prisión preventiva. En la actualidad, se encuentra en paradero desconocido, después de que la Audiencia Nacional rectificase su decisión y dictase orden de busca y captura contra él.

En el año 2000 se condenó a Juan Manuel Soares Gamboa a 1.401 años, que vio atenuada la pena por su arrepentimiento y colaboración con las autoridades. Durante el juicio pidió perdón a todas las víctimas de ETA, y dijo: "He visto una serie de testimonios, han pasado ante nosotros personas con graves secuelas y muchas de ellas agravadas por el paso del tiempo y son horrorosas de verdad (...) Nunca lo había visto tan de cerca y quiero solicitar el perdón de todas las víctimas por mi acción criminal, que hago extensiva a todas las víctimas de ETA, porque yo entiendo que en algún momento fui cómplice".

En 2003, finalmente, la Audiencia Nacional condenó a Santiago Arrospide Sarasola a 1.920 años de cárcel y a Idoia López Riaño a 1.472 años.

Carmelo Bella Álamo, de 22 años, era natural de Granja de Torrehermosa (Badajoz), donde fue enterrado. Había ingresado en la Guardia Civil un año antes de su asesinato y estaba destinado en el Destacamento de Tráfico de Arganda.

 

 

José Calvo Gutiérrez, de 19 años, era natural de Barcelona y había ingresado en la Guardia Civil en mayo de 1985. Estaba destinado en el Destacamento de Tráfico de Barajas.

 

 

Miguel Ángel Cornejo Ros, de 24 años, era natural de Burjasot (Valencia). Estaba casado y se había incorporado a la Guardia Civil en mayo de 1985.

 

 

 

Jesús María Freixes Montes, de 21 años, había ingresado en la Benemérita el 1 de marzo de 1986, por lo que llevaba sólo cuatro meses y medio. Fue enterrado en el cementerio municipal de Lérida. Su padre, Francisco Freixes, era concejal independiente en el Ayuntamiento de Lérida y corresponsal del diario ABC cuando su hijo fue asesinado. Su hermana Teresa, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, escribió una carta a ETA publicada en varios medios de comunicación en la que les calificaba de asesinos y de cobardes, y se mostraba incapaz de entender que se pudiera defender el nacionalismo a través de la violencia y el asesinato. En la misma añadía que a su hermano Chus sus compañeros le llamaban El Lleida por su defensa del catalán.

Jesús Jiménez Jimeno, de 20 años, y natural de Cascante del Río (Teruel), se había incorporado a la Guardia Civil el 1 de marzo de 1986, igual que Freixes Montes. Estaba destinado en el Destacamento de Tráfico de Teruel.

 

 

Andrés José Fernández Pertierra, de 20 años, era natural de Gijón (Asturias). Había ingresado en la Guardia Civil tres meses y medio antes de ser asesinado.

 

 

 

José Joaquín García Ruiz, de 21 años, era natural de Merindad de Valdivieso (Burgos). Igual que el agente Fernández Pertierra, llevaba apenas tres meses y medio en el Instituto Armado. Estaba soltero y destinado en el Destacamento de Tráfico de Briviesca-Autopista.

 

 

Santiago Iglesias Godino, de 20 años, nació en Hondón de las Nieves (Alicante). Igual que varios de sus compañeros asesinados, ingresó en la Guardia Civil tres meses y medio antes de ser asesinado. Su cuerpo no estuvo presente en el funeral oficial celebrado en la Dirección General de la Guardia Civil al día siguiente porque su familia decidió donar sus órganos.

 

Antonio Lancharro Reyes, de 21 años y soltero, había nacido en Monesterio (Badajoz), donde una calle lleva su nombre. Su hermana Manuela contó en 2007 que, cuando tenía 17 años y era una adolescente "desorientada", perdió a su "hermano, amigo y confidente" y, con él, el norte de su vida. "Con esa edad yo no salía a ninguna parte si no era con él. Íbamos siempre juntos y, si le gustaba alguna chica, recuerdo que me lo contaba para que le echara una mano". Manuela convertida ya en madre de familia, ha logrado levantar cabeza, después de largos años sin poder hablar con nadie de lo que le pasó a su hermano mayor. Eran los años de plomo. "En aquel entonces las cosas no eran como ahora. No teníamos psicólogos a nuestra disposición. No podía hablar con nadie, y menos con mis padres. Lo único que quería es que mi madre no llorara más". (El Comercio, 18/02/2007).

Justo un año después de la masacre de la plaza de la República Dominicana de Madrid, la mañana del 14 de julio de 1987 la banda terrorista ETA atacó un convoy de cuatro vehículos de los Grupos Antiterroristas Rurales (GAR), en el que viajaban catorce agentes del Cuerpo, en una carretera vecinal de Oñate (Guipúzcoa). La onda expansiva del artefacto explosivo, activado a distancia al paso del convoy, alcanzó de lleno al todoterreno que encabezaba la marcha, provocando la muerte en el acto del agente PEDRO GALNARES BARRERAS y del cabo primero ANTONIO ÁNGEL LÓPEZ MARTÍNEZ-COLMENERO.

Otros dos guardias civiles resultaron gravemente heridos: Andrés Castillejo Martín, de 31 años, natural de Villanueva del Rey (Córdoba), casado y padre de un niño de 8 años, y Antonio Grande Lozano, natural de León, de 32 años, soltero, sufrieron choque traumático, fracturas y heridas provocadas por la metralla de pronóstico grave. Otros diez agentes de la Benemérita resultaron heridos de diversa gravedad: José Martínez Rodríguez, Agustín Álvarez Belmonte, Francisco Montes Urbano, Benedicto Martín, Pedro Delicado Navarro, Manuel Tejeiro Méndez, Antonio Martínez Hernández, José Rodríguez Chacopino, José Antonio González García y Juan Barreal Fernández. Los heridos fueron trasladados inicialmente a un centro médico de Beasaín y después al Hospital Santiago de Vitoria.

La bomba, compuesta por veinte kilos de Goma 2 y diez de metralla, estaba camuflada entre las zarzas que recubren el pretil de piedra que bordea la carretera entre Oñate y Legazpia, y empotrada en el suelo. La explosión alcanzó de lleno al primero de los cuatro vehículos del convoy que periódicamente recorre esa carretera. El vehículo, que contaba con protección semiblindada, fue proyectado a más de ocho metros y quedó destrozado en el arcén contrario, envuelto en una densa columna de humo negro.

El artefacto adosado al pretil de la carretera era del tipo conocido como hornillo, confeccionado a partir de una caja de acero laminado en cuyo interior alojaron el explosivo y la metralla, y fue accionado con mando a distancia, sin cable. Este sistema permite explosionar una bomba desde una distancia superior incluso a los quinientos metros, siempre que las ondas de radio que emite el mando no encuentren a su paso ningún obstáculo físico.

En previsión de este tipo de atentados la Guardia Civil desarrollaba regularmente en el País Vasco un servicio denominado limpieza de itinerarios, que consiste precisamente en la inspección de los arcenes y taludes que bordean las carreteras de paso obligado para sus efectivos. El comandante Enrique Galindo, máximo responsable de la Guardia Civil de Guipúzcoa, indicó que el punto en el que se produjo el atentado, en el polígono de Olakue de Oñate, fue inspeccionado días atrás. A su juicio, los terroristas colocaron la bomba hacía muy pocos días, enterados de que las unidades antiterroristas rurales recorren ese lugar al menos una vez cada dos días.

Al día siguiente se celebraban los funerales por los guardias civiles asesinados, a los que acudió el ministro del Interior, José Barrionuevo. El titular de Interior mostró la solidaridad gubernamental con todos los que "dedican su trabajo, su esfuerzo y su profesión a la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y a defender los derechos humanos de todas las personas sin ninguna excepción". En declaraciones a los medios de comunicación, hizo un encendido elogio de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: "Yo creo que nos dan una lección. Cuando hay algunos que pretenden darnos lecciones de democracia, de ponerse como ejemplos de demócratas destacando solamente o dedicándose preferentemente, casi con exclusividad, a la defensa de los derechos de los delincuentes y de los terroristas. Yo creo que es oportuno poner de relieve cómo sin declaraciones, sin presumir, sin ponerse como ejemplo, hay hombres que dedican su esfuerzo, de verdad, a luchar por la democracia y por la convivencia y por las libertades". Por su parte, el PNV subrayó que los guardias civiles muertos son víctimas idénticas a las personas que habían perdido la vida en el centro comercial de Hipercor en Barcelona menos de un mes antes.

En 1999, la Audiencia Nacional condenó a los etarras Xabier Ugarte Villar, José Luis Erostegui Bidaguren (que fue quien activó la bomba al paso del convoy), Jesús María Uribetxeberria Bolinaga, José Miguel Gaztelu Ochandorena y Xabier Usandizaga Galarraga a un total de 145 años de cárcel cada uno como autores del atentado, doble asesinato consumado, dos asesinatos frustrados y diez delitos de lesiones.

Pedro Galnares Barrera, de 26 años, era natural de Potes (Cantabria). Estaba casado y su mujer se encontraba en avanzado estado de gestación. El agente Galnares era el conductor del vehículo que abría la marcha del convoy.

 

 

Antonio Ángel López Martínez-Colmenero, cabo primero de la Guardia Civil de 31 años, era natural de Cabreiroa (Orense). Estaba casado y era padre de una hija de 9 años. El padre de Antonio también era guardia civil.

 

 

Cuatro días después del asesinato del policía nacional Luis Ortiz de la Rosa, el 14 de julio de 2001 la banda terrorista ETA cometía dos atentados con una diferencia de pocas horas y que provocaron la muerte del concejal de Unión del Pueblo Navarro en el Ayuntamiento de Leiza, JOSÉ JAVIER MÚGICA ASTIBIA, y del jefe de la Inspección General de Guipúzcoa de la Ertzaintza, Mikel María Uribe Aurkia.

A primera hora de la mañana del sábado 14 de julio, una bomba-lapa colocada por ETA en los bajos de su furgoneta acababa con la vida de José Javier Múgica, concejal de UPN en Leiza, una localidad gobernada con mayoría absoluta por Euskal Herritarrok.

Su asesinato se produjo horas antes de que Juan José Ibarretxe jurara en Guernica su cargo como presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma vasca. Aquella mañana, Múgica Astibia se había comprometido a realizar un reportaje fotográfico a una pareja de novios, por lo que, tras desayunar junto a su familia, salió del domicilio y se dirigió a la furgoneta, aparcada frente a su vivienda. Cuando encendió el motor del vehículo, la bomba-lapa se activó provocándole la muerte en el acto. La víctima acababa de comprar esa furgoneta porque la anterior se la habían quemado terroristas callejeros. "No siento rabia ni odio. Me amenazan con dianas, me insultan. Ahora nos dejan sin poder ir de vacaciones. Y todo esto, ¿por qué? Voy a seguir trabajando por Leiza, por los vecinos, y defendiendo mis ideas sin hacer mal a nadie", comentó el concejal.

La semana anterior al atentado decidió irse unos días para "quitarse de en medio" según comentó un vecino. Estuvo tres días en Fitero y regresó el viernes porque debía realizar el reportaje fotográfico a una pareja de novios. Alguien debió avisar a los terroristas de que había vuelto, por lo que aprovecharon la noche para colocar la bomba-lapa en los bajos de su furgoneta, entre el bastidor y la caja de cambios. La bomba estaba compuesta por tres kilos de explosivo Titadine. La fuerte explosión, que calcinó por completo la furgoneta marca Volkswagen, lanzó el cuerpo del edil al asfalto, donde quedó tendido. La explosión provocó numerosos daños materiales en varios vehículos estacionados en la zona e importantes destrozos en la fachada y las ventanas del inmueble vecino.

El concejal asesinado había recibido el 3 de diciembre de 2000 de manos del presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, el diploma acreditativo de la concesión de la Medalla de Oro de Navarra, máximo galardón de la Comunidad Foral, concedido a las víctimas del terrorismo. El motivo por el que se le concedió era las numerosas amenazas de muerte recibidas y por el incendio, en agosto de ese año 2000, de su furgoneta de trabajo por parte de los proetarras.

Jaime Ignacio del Burgo, por entonces portavoz de UPN en el Congreso de los Diputados, señaló a los medios de comunicación que el atentado contra su compañero de partido suponía la culminación de las amenazas que habían aparecido en los diarios Gara y Egunkaria. Un mes antes, el 7 de junio, se publicó una larga entrevista a tres etarras en esos diarios en la que dejaron claro que los miembros de UPN eran objetivos potenciales de la banda.

El equipo de Gobierno de Euskal Herritarrok recibió duros insultos de la población en un tenso pleno municipal. El Ayuntamiento optó por "lamentar profundamente lo sucedido" con los votos de EH y la abstención de Eusko Alkartasuna. Algunos de los asistentes calificaron de "cobardes" a los concejales proetarras. El funeral se celebró a las 18:00 horas, en la iglesia parroquial de Leiza, con presencia del arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Fernando Sebastián, y con la asistencia del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, y todos sus compañeros de partido.

La banda asesina ETA reivindicó el atentado en un comunicado del que se hacía eco el diario Gara el 26 de julio de 2001. Los presuntos autores materiales de la muerte del concejal fueron los integrantes del grupo Argala 2 de ETA Andoni Otegi, jefe del grupo; Oscar Celarain y Juan Carlos Besance Zugasti, alias Fenómeno, cuyo testimonio en octubre de 2010, tras su detención en septiembre, resultó clave tanto para la imputación de sus dos compañeros como para desvelar el grado de implicación del exjefe militar de la banda en el caso, Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote. Este último compareció ante la Audiencia Nacional el 15 de abril de 2011, a pesar de que la orden de extradición de Francia no incluía la causa del edil de UPN. Txapote alegó en su defensa que ya estaba detenido en Francia cuando se asesinó Múgica Astibia. Sin embargo, en un informe elaborado por los Servicios de Información de la Guardia Civil se certifica la implicación del etarra en el atentado, pues en la agenda que le fue intervenida figuraban varios encuentros con los tres terroristas que finalmente ejecutaron el asesinato.

Por otra parte, el etarra Ibon Urrestarazu, detenido en noviembre de 2004, confesó a la Policía su participación en el asesinato de José Javier Múgica.

José Javier Múgica Astibia, de 49 años, había nacido en un caserío del municipio navarro de Leiza, una localidad de 3.500 habitantes encerrada entre montañas, donde todo el mundo se conoce. De origen humilde, estaba casado con Reyes Zubeldia y tenía tres hijos: Javier, Daniel y Raquel. El segundo hijo del matrimonio, Daniel Múgica Zubeldia, fue elegido concejal por UPN en Leiza en mayo de 2003, aunque renunció en noviembre de 2006 por no poder compatibilizar su ocupación profesional con el trabajo de concejal en la corporación local, siendo sustituido por Juan José Larralde Cerezales.

Múgica Astibia era vascoparlante, euskaldún de raza, pero se sentía español y era contrario a una posible adhesión de Navarra a una virtual Euskalherria independiente. El que se sintiese vasco y español era algo que la banda asesina y su entorno, guardianes de las esencias de lo vasco, nunca han tolerado. La decisión de encabezar las listas de UPN de su pueblo en 1999 le costó padecer el acoso violento de la izquierda proetarra. Leiza es uno de los feudos batasunos en Navarra, las casas del pueblo están llenas de grafitis independentistas, contra la Guardia Civil, contra España o contra el PP y a favor de la reunificación de presos de la banda asesina... José Javier salió elegido junto a María Flora Michelena que, antes de que José Javier fuese asesinado, había dimitido incapaz de soportar las presiones ejercidas por el entorno de la banda terrorista. El testigo de María Flora lo recogió Gerardo Caballero. En esas elecciones de 1999 Euskal Herritarrok ganó por mayoría absoluta en Leiza. Pese al acoso de los proetarras, Múgica Astibia no llevaba escolta, aunque tomaba precauciones.

La víctima compaginaba su cargo como concejal en el Ayuntamiento con su profesión de fotógrafo y la conducción de autobuses escolares. Alguna vez tuvo que soportar que los escolares a los que transportaba le llamaran fascista. "Alumnos batasunos lo vejaban en el autobús que conducía sin que ni la dirección del colegio público de Leiza ni el consejo escolar lo amparasen" (Jaime Ignacio del Burgo, Diario de Navarra, 15/07/2001). Desde muy joven manifestó una gran vocación por la fotografía que acabó convirtiéndose en su medio de vida. Con gran esfuerzo, consiguió abrir un pequeño local desde el que, con su entrega y amabilidad, retrató a varias generaciones de sus paisanos. En 2009, la sociedad Larrea de Leiza convocó el I Concurso de Fotografía José Javier Múgica en honor del concejal asesinado. Además, era un gran aficionado a la música y formaba parte de la coral Jeiki de Leiza, integrada por cuarenta vecinos de la localidad. Tal y como se recogía en la página web de UPN, José Javier y su familia estaban muy volcados con la causa saharaui, no sólo promocionando las estancias de niños en la localidad, sino acogiendo ellos mismos a uno de ellos durante las vacaciones de verano.

Unas diez horas después del asesinato de José Javier Múgica Astibia, la banda terrorista ETA acribillaba en Leaburu (Guipúzcoa) con dos ráfagas de subfusil a MIKEL MARÍA URIBE AURKIA, jefe de la Inspección General de Guipúzcoa de la Ertzaintza. Eran aproximadamente las 20:00 horas y el ertzaina estaba aparcando su todoterreno en una calle de la localidad guipuzcoana. Se disponía a cenar con su cuadrilla de amigos en la sociedad gastronómica Zazpi Bide, algo que hacía casi todos los fines de semana. Unas horas antes, Juan José Ibarretxe había leído su discurso en la toma de posesión como presidente del Gobierno autonómico, en el que había dicho, entre otras cosas, que iba a "combatir a ETA con todas las fuerzas". "Dicen los analistas que ETA mata a ertzainas cada vez que quiere advertir de algo al PNV. Horas antes de que la banda matara al ertzaina con dos ráfagas de subfusil, Ibarretxe leía su discurso de toma de posesión del sillón presidencial. Los analistas no saben qué mensaje quiso enviar ETA esta vez al lehendakari" (Crónica de El Mundo, 22/07/2001)

El atentado fue cometido por miembros del grupo Erezuma de ETA y ordenado por el dirigente etarra Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote. Siguiendo las instrucciones de Txapote, los etarras Ibon Etxezarreta, Luis María Carrasco y Santiago Vicente Aragón se trasladaron a Leaburu en un vehículo robado previamente. Aguardaron en una explanada detrás del Ayuntamiento a que Patxi Xavier Makazaga les avisara de que el ertzaina estaba llegando a la sociedad gastronómica donde iba a cenar. Etxezarreta condujo el vehículo hasta el todoterreno de Mikel Uribe, facilitando que Aragón lo ametrallara con un subfusil. A continuación, Carrasco se apeó del vehículo y disparó varias veces, vaciando el cargador de su pistola contra el policía malherido. La víctima fue trasladada gravemente herida al Hospital Donostia, donde falleció poco después.

ETA culminaba así una jornada terrible. Si por la mañana eran los miembros del PNV los que transmitían su solidaridad a los del Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro, por la noche era el vicepresidente primero y ministro de Interior, Mariano Rajoy, el que telefoneaba a Ibarretxe y a Javier Balza, consejero de Interior del Gobierno vasco, para lamentar el asesinato de Uribe. Juan José Ibarretxe se desplazó al Hospital Donostia en el que falleció el ertzaina y Mariano Rajoy hizo lo propio en Leiza, donde apuntó que los inductores del asesinato se encontraban probablemente en la localidad navarra.

La localidad de Leaburu en la fecha del asesinato de Uribe Aurkia estaba gobernada por Euskal Herritarrok. Al día siguiente del crimen

los vecinos de Leaburu dieron muestras de los efectos del miedo en el Territorio Udalbiltza: ni uno sólo salió a la calle para expresar su rechazo al atentado (...) Un grupo de compañeros de Mikel Uribe, entre los que se encontraba su hermano, también ertzaina, se concentró a mediodía en la plaza del ayuntamiento para repudiar el asesinato. Los policías estuvieron con sus banderas durante quince minutos sin que se les sumara ni un solo vecino. Fueron los propios agentes los que tuvieron que entrar en el ayuntamiento gobernado por Batasuna sin oposición para colocar la ikurriña a media asta y ponerle un crespón negro" (Domínguez, Florencio, Las Raíces del Miedo. Euskadi, una sociedad atemorizada, Aguilar, 2003).

En el mismo libro, Domínguez señala que el "Territorio Udalbiltza" lo forman

una serie de pequeños municipios del centro de Guipúzcoa en los que la presencia de Batasuna es dominante y asfixiante para quienes no comulgan con las imposiciones de esta formación.

En el mismo sentido, Antonio Elorza habla de "una situación que recuerda la de Sicilia bajo la Mafia y también a la Alemania nazi. El imperio de ETA se basa en la generalización del miedo" (El País, 20/07/2001).

En abril de 2004 la Audiencia Nacional condenó a Ibon Etxezarreta Etxaniz, Luis María Carrasco Aseginolaza, Santiago Vicente Aragón y Patxi Xabier Makazaga Azurmendi a sendas penas de 30 años de prisión mayor. En el mismo fallo fue condenada Oskarbi Jauregi Amundarain a 20 años de cárcel en concepto de cómplice del asesinato del ertzaina. La misma sentencia establece que Ainhoa García Montero, entonces presa en Francia, y el fallecido Hodei Galarraga habían colaborado en la grabación de un vídeo del lugar donde tendría lugar el asesinato y de sus alrededores "para facilitar las diversas vías de huida para cometerlo". En 2005 el Tribunal Supremo le rebajó la condena a Oskarbi Jauregi de 20 a 13 años y 6 meses, por no haberse motivado en forma alguna la decisión de imponerle la pena máxima como cómplice "cosa que, de modo evidente, vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva".

Mikel María Uribe Aurkia, tenía 44 años y residía con su familia desde cinco años antes de su asesinato en Legorreta, adonde llegaron desde Irún. Estaba casado con Maite y tenía un hijo, Ibai, de 13 años. Era gran aficionado al fútbol y al atletismo. "Vinieron a Legorreta buscando un poco de tranquilidad, eso sí, pero de ahí a que se sintieran amenazados, no sé", dijo tras el asesinato Izaskun Zubeldia concejal de PNV-EA en el Ayuntamiento de Legorreta y amiga de Maite y Mikel. En el mismo reportaje de El Mundo se contaba que Ibai acudió al entierro de su padre con "la boina del ertzaina y una ikurriña que defendió hasta su muerte de manos de aquellos que dicen luchar por la misma tierra y por la misma bandera" (El Mundo, 22/07/2001).

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