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Intento de secuestro y muerte de Juan Caballero y asesinato del general Hernández

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El domingo 1 de junio de 1986 muere a manos de la banda terrorista ETA en su domicilio de San Sebastián JUAN CABALLERO PORRAL. El caso de este prestigioso abogado es un ejemplo de la indefensión judicial en la que se han encontrado muchos familiares de víctimas de la banda asesina.

Lo que a todas luces fue un intento de secuestro por parte de la banda terrorista, que acabó con el fallecimiento de la víctima, intentó taparse por no se sabe muy bien qué motivos, lo que fue aprovechado por el entorno proetarra para lanzar todo tipo de insidias sobre la familia Caballero, haciendo incluso correr el rumor de que había sido asesinado por sus propios hijos.

El acoso de la banda terrorista contra la familia Caballero se inició años antes. Un hijo de Caballero Porral, el también abogado Francisco Javier Caballero Dotres, tuvo que abandonar el País Vasco en octubre de 1982 al sufrir un intento de atentado. Previamente se había resistido al chantaje económico llamado "impuesto revolucionario", negándose a pagar lo que le exigía la banda. Los miembros de la familia decidieron que si alguno de ellos llegaba a ser secuestrado por la banda no se pagaría rescate alguno "para no alimentar las arcas de los terroristas". Cuando se tuvo que marchar fuera del País Vasco, Francisco Javier Caballero acudió a un notario para dejar constancia de las razones que le obligaban a abandonar su tierra. En 2003, el testimonio de este abogado fue uno de los que se aportó al sumario sobre la limpieza étnica en el País Vasco abierto por el juez Baltasar Garzón a instancias de la AVT. Francisco Javier Caballero ha señalado a Libertad Digital que "a los españoles que hemos abandonado el País Vasco nos han robado el alma".

El cadáver de Juan Caballero Porral fue encontrado a media mañana del domingo 1 de junio en el dormitorio de su domicilio por la enfermera que le atendía periódicamente. Estaba vestido con un pijama y tenía las manos fuertemente esposadas con unas cadenas de bicicleta.

Al parecer la banda terrorista ETA pretendía secuestrar a uno de los dos hijos de Juan Caballero, Ignacio María Caballero Dotres. Para ello se habían hecho con las llaves de la puerta de entrada al despacho de abogados de Juan, con las que podrían acceder al domicilio, toda vez que ambos inmuebles estaban comunicados por una escalera de acceso interior. Sin embargo, la ausencia de Ignacio, que estaba fuera de San Sebastián ese día, trastocó los planes de ETA.

Los terroristas sorprendieron a Juan Caballero en el cuarto de baño. El abogado, de 84 años pero de complexión fuerte, opuso resistencia, pero no pudo impedir que lo amarrasen fuertemente con una cadena. Juan ofreció tanta resistencia que dobló el candado que cerraba la cadena. La víctima, que llevaba un marcapasos, falleció probablemente durante el forcejeo con los secuestradores. Posteriormente, estos le colocaron encima de la cama e intentaron quitarle las cadenas, pero el candado doblado lo impidió.

La banda asesina ETA no reivindicó el atentado, como había ocurrido tantas veces antes. Además, y como hemos señalado, el entorno proetarra difundió rumores para mancillar a la familia de la víctima. Sin embargo, Javier Caballero ha dedicado parte de su vida a demostrar que su padre murió víctima de la banda terrorista.

Una semana después del crimen, Rafael Pastor Ridruejo, marido de una prima carnal de los hijos de Juan Caballero, y por entonces director general del Ministerio de Asuntos Exteriores, llamó a Javier para decirle que en el informe semanal del CESID, del que se hacen ocho copias, en el balance de la actividad terrorista figuraba el asesinato de Juan Caballero a manos de ETA.

Por otra parte, y según la nota informativa de la Brigada de Información de la Comisaría de Policía de San Sebastián "(...) Nada más descubiertas las cadenas, así como el hecho de que el finado tenía las manos atadas con una, fue comunicado tal hecho a la Brigada Provincial de Información, y en concreto al Grupo I, dirigiéndose varios funcionarios adscritos a la misma, al lugar del suceso, toda vez que ciertas circunstancias que rodean los hechos permiten suponer y por ello no descartar, la participación de la Organización Revolucionaria Socialista Vasca de Revolución Nacional ETA, rama militar, en el hecho, habida cuenta de que debido a la personalidad del finado, su profesión y sus inclinaciones políticas, así como sus medios económicos, permiten presupuestar que la víctima podía haber sido objeto de un intento de secuestro. Como puntilla a esta hipótesis es hecho relevante a destacar la remisión de una carta en la que se solicitaba el pago del 'impuesto revolucionario' a un miembro de la familia, y concretamente al hijo del fallecido, llamado Javier Caballero Dotres, quien por dicha circunstancia se vio abocado a trasladar su residencia de esta ciudad, a Alicante (...) Que vista la metodología utilizada y el formato de las cadenas empleadas en este caso, corresponden a los habitualmente empleados por la ya citada banda armada en hechos similares (...)".

Además, y pese a que la Guardia Civil nunca hizo investigación alguna durante la instrucción del sumario, la 513 Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa, en su informe de 1 de octubre de 1986 remitido al juzgado, señala que "teniendo en cuenta extremos como la metodología de entrada, la ausencia de otras lesiones secundarias en el cadáver, así como la no falta de ningún objeto de valor, que hacen descartar la atribución del mismo a delincuentes comunes, haya sido cometido, posiblemente, por individuos pertenecientes a la banda armada y terrorista ETA(M)".

En el diario ABC de 18 de septiembre de 1986 apareció una reseña del ministro del Interior, José Barrionuevo, reconociendo que "... como consecuencia de todos estos atentados han muerto treinta y cuatro personas y ha sido la banda terrorista ETA la que se ha atribuido su autoría en treinta y tres casos. En el que queda se trató, probablemente, según el ministro del Interior, de un intento de secuestro por parte de ETA, que acabó con el fallecimiento de la víctima".

Pese a todo ello, la falta de diligencia y el desinterés de los jueces y la fiscalía han tenido como resultado que el crimen haya quedado impune. Tras el intento de secuestro y fallecimiento de Juan Caballero, se abrió el Sumario nº 7/1986 del Juzgado de Instrucción nº 3 de San Sebastián en el que compareció como abogado, ejerciendo la acusación particular, su hijo Francisco Javier Caballero Dotres. Dicho Juzgado, con independencia de unas primeras declaraciones, no practicó prueba alguna, obstaculizando junto al Ministerio Fiscal la averiguación de los autores del crimen. El sumario se extravió varias veces, los escritos de prueba no se unían a los autos e, incluso, las pruebas se tuvieron que solicitar por telegrama, pero nunca se practicaron, con lo cual el crimen quedó impune por prescripción del delito.  

Tras luchar muchos años, el 14 de noviembre de 2000 los hijos de Juan Caballero Porral consiguieron que se les hiciese cierta justicia con el reconocimiento por parte del Ministerio del Interior de que su padre había fallecido víctima de un atentado terrorista en San Sebastián. En la misma resolución nº 2.260 se les reconoce el derecho a ser indemnizados como víctimas del terrorismo.

Juan Caballero Porral había nacido en Gibraltar en 1901, por lo que tenía 84 años cuando fue asesinado por ETA. Era hijo del capitán de navío José María Caballero, profesor de táctica naval en Marín y gobernador civil de Asturias durante la dictadura de Primo de Rivera, y de María Porral, ciudadana británica. Participó como voluntario en la guerra civil española y estuvo a punto de ser "paseado" en San Sebastián. Le salvó el chivatazo de un guardia de asalto que prestaba servicio en la Audiencia de San Sebastián. Juan Caballero estaba viudo desde dos años antes de su fallecimiento, tenía dos hijos y vivía solo en el barrio donostiarra de Gros. Era un abogado muy conocido en San Sebastián, debido a su larga trayectoria jurídica, especialmente en el campo del derecho civil y procesal. Fue, además, fundador de El Diario Vasco, colaborando asiduamente en sus páginas. Fue enterrado la tarde del 2 de junio, y sus funerales tuvieron lugar el día 3.

El abogado Juan Caballero siempre se opuso públicamente a la banda terrorista ETA y aconsejaba a su numerosa clientela que no pagaran el chantaje económico, pues pagar suponía "apagar un incendio con una lata de gasolina". Como solía decir, aludiendo a Napoleón, las guerras se ganaban a base de dinero y negarse a pagar a la banda era la única forma de asfixiarla económicamente. Además, según él, ETA no podía matar a todo el mundo. Tras su muerte, el despacho -uno de los más prestigiosos de San Sebastián, donde se habían formado los mejores abogados de Guipúzcoa- se cerró y sus hijos se exiliaron.

En torno a las 8:40 horas del 1 de junio de 1994, días antes de la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo, la banda terrorista ETA asesinaba en Madrid al general de Brigada del Ejército de Tierra JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ROVIRA. Minutos antes el militar había salido de su domicilio, cerca de El Retiro, con su hija Lourdes, de 25 años. Tras despedirse de ella, se dirigió a la calle Ibiza donde le esperaba su chófer a bordo de un coche blindado para dirigirse a su puesto de trabajo en el Ministerio de Defensa. Cuando se disponía a subir al vehículo, un etarra lo asaltó por la espalda y le disparó varios tiros con una pistola. Una vez que el militar cayó al suelo, el pistolero de ETA lo remató "con total tranquilidad" con dos disparos más, según testigos presenciales. Después disparó al conductor del vehículo oficial, un joven que realizaba el Servicio Militar, pero las balas no le alcanzaron.

El pistolero de la banda terrorista actuó con total impunidad mientras una etarra le cubría en la acción. Ambos emprendieron la huida en un vehículo donde les esperaba un tercer terrorista.

El general, que iba de paisano, fue atendido inmediatamente por una empleada del Hospital Gregorio Marañón que pasaba por esa calle para llegar al trabajo. La empleada declaró que cuando ella llegó hasta la víctima todavía vivía. Después se acercó un médico del mismo hospital que ordenó el inmediato traslado del herido al Gregorio Marañón. Sin embargo, pese a la cercanía del centro médico, el militar ingresó ya cadáver. Había recibido cinco impactos de bala, cuatro en el tórax y uno en el cuello.

El vehículo utilizado por los terroristas para huir fue abandonado cargado de explosivos en la calle Walia, frente a dos guarderías. Explotó a las 9:40 horas, media hora después de la llamada de ETA avisando de su ubicación. Sólo dio tiempo de evacuar a los niños del Centro de Educación Infantil, pero no a los cuarenta menores de seis años de la guardería Miriam. Ante la inminencia de la explosión, los niños fueron trasladados a la parte trasera de la guardería, donde los profesores simularon hacer una fiesta y les hicieron creer que la explosión era un cohete de feria del Parque de El Retiro.

En el año 2000 la Audiencia Nacional condenó a Mikel Azurmendi Peñagaricano a 52 años de reclusión por el asesinato de Juan José Hernández. Azurmendi fue quien condujo el coche empleado en la comisión del atentado. En 2003 fue absuelto el supuesto autor material del asesinato, José Luis Aguirre Lete. Pese a que el Ministerio Fiscal había solicitado una pena de 84 años de prisión por encontrarle autor de los disparos que acabaron con la vida del militar, el tribunal consideró insuficientes las pruebas aportadas. La etarra que participó dando cobertura al autor material no ha sido juzgada.

Juan José Hernández Rovira, de 58 años y natural de Madrid, estaba viudo, pues su mujer había fallecido de un cáncer fulminante un años antes de que fuese asesinado. El asesinato del militar dejaba huérfanos de padre y madre a siete hijos, el más pequeño de 11 años y con síndrome de Down. Era general de Brigada de Infantería desde 1991 y subdirector de Centros y Servicios de Defensa. Su nombre había aparecido en una lista de 400 objetivos de la banda terrorista ETA incautada en 1992.

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