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ETA asesina al conde de Aresti y al policía Ramón Martínez

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Un día después de los asesinatos de Dámaso Sánchez Soto y José Artero Quiles, en torno a las 8:30 del 25 de marzo de 1980, ETA asesinaba en Bilbao al subdirector de La Unión y El Fénix y conde de Aresti, ENRIQUE ARESTI URIEN. Enrique subía en esos momentos las escaleras que conducían a las oficinas de las dos empresas en las que trabajaba.

Enrique Aresti hacía una vida muy regular, por lo que no era difícil saber en qué lugar estaría a una hora determinada. Todos los días hacía el mismo recorrido entre su domicilio, en la Gran Vía bilbaína, y la sede de la compañía de seguros La Unión y el Fénix, situada en el paseo de El Arenal. Cada mañana  a las ocho y media entraba en el portal del viejo edificio de la compañía de seguros, donde también se encontraba la sede de la consignataria de buques Maura y Aresti, de la que era director gerente.

El atentado contra Enrique Aresti se produjo en el primer tramo de la escalera que conducía a las oficinas de la compañía de seguros. En ese momento, un etarra lo abordó por la espalda y efectuó un único disparo en la nuca, con trayectoria de abajo hacia arriba. El proyectil, tras atravesar la cabeza de la víctima -que falleció en el acto- quedó incrustado en la pared frontal del edificio, a una altura de unos dos metros. El asesino huyó a pie, perdiéndose por las calles del casco viejo de Bilbao.

Varios empleados de la empresa Maura y Aresti encontraron a Enrique semiarrodillado en los últimos escalones anteriores al rellano, con la cabeza caída hacia adelante y un agujero en la nuca del que manaba un hilo de sangre. Aunque no presentaba signo alguno de vida, fue inmediatamente trasladado al servicio de urgencia del Hospital Civil de Basurto, donde sólo pudo certificarse su muerte.

El portero del inmueble se encontraba en el momento del asesinato cargando las calderas de la calefacción, por lo que nada pudo ver. Tampoco observaron nada anormal los dos guardias municipales que, a unos seis u ocho metros del portal, regulaban la circulación en el cruce situado frente al teatro Arriaga.

En su comunicado de reivindicación, la banda asesina dio dos motivos que justificaban el asesinato de Enrique: ser "representante cualificado del gran capital" y negarse a pagar el denominado "impuesto revolucionario". El conde de Aresti fue la segunda persona asesinada por ETA por negarse a ceder al chantaje económico. La primera fue José Luis Legasa Ubiria, asesinado por el mismo motivo el 2 de noviembre de 1978.

Enrique Aresti Urien tenía 62 años de edad. Era natural de Gordejuela (Vizcaya). Tenía cinco hijos de entre 19 y 27 años, y estaba viudo desde 1962. Además de subdirector de La Unión y El Fénix y director gerente de Maura y Aresti, Enrique era presidente del Patronato de Protección de la Mujer y miembro de la Asociación Vizcaína de Caridad.

El apellido Aresti aparece ligado, desde comienzos de siglo, a las familias más representativas del empresariado minero-siderúrgico vasco. El abuelo de la víctima, Enrique de Aresti y de la Torre, fue presidente de la Diputación Foral de Vizcaya entre 1898 y 1902 y gobernador civil de la provincia entre 1907 y 1909, puesto para el que fue nombrado por el entonces presidente del Consejo, Antonio Maura. El título nobiliario de conde le fue concedido a Enrique de Aresti por el rey Alfonso XIII en 1908 y, desde 1950, una plaza bilbaína lleva su nombre. Se da la circunstancia de que José María Maura, socio del padre de la víctima y fundador de Maura y Aresti, había sido asesinado 45 años antes en el mismo edificio donde se produjo el atentado contra Enrique Aresti. El asesinato de 1935 fue protagonizado por un individuo que se hizo pasar por paralítico. Una vez en presencia de José María, sacó de debajo de la manta, con la que cubría sus rodillas, un arma con la que disparó repetidamente contra la víctima antes de levantarse de la silla de ruedas y darse a la fuga.

A las 07:45 horas del 25 de marzo de 1983 un convoy compuesto por cuatro vehículos de la Policía Nacional que regresaba al cuartel de Fuenterrabía, después de haber realizado el servicio de protección en la cárcel de Martutene de San Sebastián, fue atacado por dos terroristas que dispararon con fusiles y armas automáticas desde lo alto de una colina situada junto a la autopista Bilbao, a la altura de Rentería.

A consecuencia de los disparos resultaron heridos cinco policías nacionales, uno de los cuales, el cabo RAMÓN EZEQUIEL MARTÍNEZ GARCÍA, fallecería tres horas después en el quirófano de la residencia sanitaria de San Sebastián. Los otros cuatro policías que resultaron heridos fueron José María Elbol Martínez, Enrique Oliveros Pequeño, José Micol García y Ramón Nieva Marín.

Las lesiones de todos ellos, incluidas las de Ramón Martínez, se consideraron en un principio leves. El comandante de la Policía Nacional en Guipúzcoa, Taulino Martínez, declaró que, durante su visita a la residencia sanitaria donde se encontraban los heridos, había podido saludar al fallecido mientras esperaba en la camilla la entrada al quirófano. En este encuentro, Ramón Ezequiel Martínez le había comentado la suerte que habían tenido de poder salir con vida del atentado. Sin embargo, cuando se procedía a extraerle el proyectil alojado en su costado izquierdo, sufrió una gran hemorragia que tuvo como consecuencia una parada cardiorrespiratoria. No pudo salir de ella a pesar de las maniobras de reanimación llevadas a cabo por los médicos.

La quinta Compañía de la Reserva de Murcia, a la que pertenecía el fallecido, había llegado a Guipúzcoa el 4 de marzo de 1983, tres semanas antes del atentado. Tenía proyectado volver a su destino aproximadamente el 4 de abril, tras cumplir con el mes de servicios rotatorios que las compañías de la Policía Nacional venían realizando en el País Vasco.

El 26 de marzo se celebró el funeral por el alma de Ramón Ezequiel en la parroquia del Buen Pastor. El entonces ministro de Interior, José Barrionuevo, y el consejero de Interior del Gobierno vasco, Luis María Retolaza, asistieron junto con el delegado del Gobierno en el País Vasco, Ramón Jáuregui, y las primeras autoridades provinciales, como el diputado foral, el gobernador civil, el alcalde de San Sebastián y el general inspector de la Policía Nacional, Félix Alcalá Galiano.

En la homilía, el párroco del Buen Pastor habló de la crueldad de la violencia y aclaró que "no basta tener una Policía Nacional y una Ertzaintza, sino que es imprescindible prestar una colaboración especial de todos y singularmente de los que se manifiestan creyentes, para terminar con esta violencia que ensangrienta nuestro pueblo". Finalizó haciendo una llamada a la responsabilidad de los padres, educadores e instituciones de nuestra sociedad, "y en especial a los partidos políticos, para que se dejen de protagonismos y partidismos y miren más por el bien común".

Tras la misa-funeral, la banda militar, que se encontraba en la entrada del templo, despidió el féretro con un toque de oración solemne. La viuda, a quien rodeaban las autoridades presentes, expresó en voz alta su deseo de que Ramón fuera la última víctima.

José Barrionuevo lanzó vivas a España, a la democracia, al pueblo vasco, al Rey, a la Constitución, a las Fuerzas de Seguridad y a la Policía Nacional que fueron coreados por los asistentes, entre algunos gritos aislados de "ETA asesina". Tras estos actos, el ministro de  Interior recorrió andando los trescientos metros que separan la parroquia y el cuartel. Una vez en Aldapeta visitó a los policías heridos y se dirigió posteriormente al lugar en el que se produjo el atentado, donde depositó un ramo de flores.

Por la tarde, los restos mortales del cabo Ramón Martínez fueron trasladados a Ceutí (Murcia), donde por la noche quedó instalada la capilla ardiente.

El atentado fue reivindicado por un Comando Autónomo Anticapitalista escindido de ETA. En 1983 fue condenado por este atentado Francisco Javier Taberna Arruti. No pudo probarse su participación material en el atentado, pero sí su pertenencia al grupo que lo preparó, por lo que la condena fue a una pena de 26 años por el asesinato de Ramón y 17 años por cada uno de los asesinatos frustrados. En 1988 fue condenado a idénticas penas el etarra Francisco Imaz Martiarena. 

Ramón Ezequiel Martínez García estaba casado y tenía dos hijos, de 5 y 2 años. Tenía 33 años y era natural de Ceutí (Murcia), aunque residente en Molina del Segura. Ramón había ingresado en el cuerpo de la Policía Nacional el 1 de abril de 1971, por lo que habría cumplido doce años de servicio la semana siguiente a la de su asesinato.

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