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ETA asesina a tres guardias civiles y a un jubilado afiliado al Partido Comunista

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El miércoles 2 de mayo de 1979 ETA asesinaba en Villafranca de Ordicia (Guipúzcoa) a los guardias civiles ANTONIO PEÑA SOLÍS y JOSÉ MIGUEL MAESTRE RODRÍGUEZ.

A las once y media de la mañana, como hacían diariamente, Antonio y José Miguel se dirigieron a la estafeta de Correos para recoger la correspondencia del cuartel. Iban vestidos de paisano en un coche particular. Era miércoles, día de mercado en la localidad, lo que obligaba a los coches a circular muy despacio. Cuando el vehículo se encontraba en la calle Mayor, dos etarras le salieron al paso. Uno de ellos, con una metralleta, se colocó delante del turismo y disparó una primera ráfaga. Después disparó una segunda ráfaga desde el costado derecho. A continuación se montaron en un vehículo donde les esperaba un tercer terrorista y huyeron del lugar.

El coche utilizado por los etarras había sido robado a punta de pistola en Beasain a las ocho de la mañana. Al propietario lo dejaron maniatado con una cadena en el cementerio de la localidad. Un vecino oyó sus gritos pidiendo socorro y avisó a la Guardia Civil, que procedió a liberarle.

Antonio y José Miguel fueron trasladados a la Clínica de San Miguel en Beasain, donde ingresaron cadáveres. Tenían más de una docena de impactos de bala en el cuerpo.

Al día siguiente, jueves 3 de mayo, se celebró en el Hospital Militar de San Sebastián el funeral  por sus almas. A la ceremonia religiosa, que fue oficiada por el capellán castrense, asistieron los padres de ambos guardias civiles, así como el gobernador civil de Guipúzcoa, Antonio Oyarzabal, el presidente de la Diputación, Javier Cinzarna, y autoridades civiles y militares.

El mismo día el Ayuntamiento de Ordicia acordó expresar su profundo sentimiento de condena por el atentado perpetrado contra los guardias civiles. En la votación se abstuvieron los concejales de Euskadiko Ezkerra, mientras que los cuatro de Herri Batasuna abandonaron la sala.

Tras el funeral, compañeros de las víctimas llevaron a hombros los féretros, cubiertos por una bandera nacional, hasta el patio del hospital, donde se encontraban los furgones para trasladarlos hasta sus localidades natales.

Antonio Peña Solís era de Valor (Granada). Tenía 26 años y estaba soltero.






José Miguel Maestre Rodríguez tenía 27 años. Era de Arroche (Huelva) y estaba casado sin hijos.

 

 

 

A las diez menos cuarto de la mañana del domingo 2 de mayo de 1982 la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad vizcaína de Ondárroa al guardia civil PABLO FERNÁNDEZ RICO cuando custodiaba la casa cuartel de esa localidad vizcaína. Un terrorista se aproximó caminando y, cuando estuvo suficientemente cerca del guardia civil, le disparó tres tiros que le alcanzaron en el hombro, el brazo derecho y la región abdominal. En las inmediaciones del lugar del atentado la Guardia Civil encontró tres casquillos 9 milímetros parabellum marca FN Geco.

Pablo quedó recostado en el suelo, junto a un árbol, mortalmente herido. Trasladado en una ambulancia del cuerpo a la ciudad sanitaria de Cruces en Baracaldo, falleció cuando los médicos se preparaban para intervenirle quirúrgicamente.

Un comunicado de ETA militar había declarado "blancos privilegiados" los cuarteles, comisarías y casas cuartel. Los exteriores de esos edificios reforzaron su vigilancia en previsión de que se produjeran ataques con lanzagranadas. El guardia civil asesinado ejercía precisamente estas funciones de vigilancia cuando fue sorprendido y asesinado por la banda terrorista ETA.

El director de la Guardia Civil, teniente general Aramburu Topete, y el general jefe de la V Zona, el general Cereceda, se trasladaron por la tarde de ese mismo domingo 2 de mayo a Bilbao para asistir al funeral que se celebró al día siguiente en el Gobierno Civil de Vizcaya. Al funeral presidido por el ministro del Interior, Juan José Rosón, asistió su viuda, María Ángeles Carretero, que estaba embarazada de su tercer hijo. Posteriormente, el cadáver de Pablo fue trasladado a Badajoz por vía aérea, y de ahí fue llevado por carretera a Santa Marta de los Barros, localidad natal de su viuda donde fue enterrado.

Por este asesinato sólo fue condenado en 1984 José Ramón Larrinaga Celaya, alias Cristo, como encubridor de los autores materiales del asesinato, a 12 años de prisión mayor. De aquellos se sabe que pertenecían al grupo Gorrochategui de ETA, que en esa época lo formaban Larrinaga, Carmen Guisasola Solozábal, alias Lourdes, y José Francisco Rementería Barruetabeña, alias Patxi Rementería. El Gorrochategui actuó en las comarcas del Duranguesado y Guernica con ataques constantes a la Guardia Civil, hasta su desarticulación en 1983 con la detención de Larrinaga. Rementería fue uno de los deportados por Francia a Cabo Verde en 1989, tras el fracaso de las conversaciones de Argel y al no ser solicitada su extradición a España. Tras siete años en la isla, huyó a Cuba en enero de 1996 y de ahí se reintegró en la banda terrorista. En 1997, dentro del grupo Donosti, fue responsable de varios asesinatos, como el de los concejales del PP José Luis Caso y Miguel Ángel Blanco. Rementería falleció el 7 de agosto de 2000 al explotar el artefacto explosivo que transportaba en un coche con el que iban a cometer un atentado. Consecuencia de la explosión también murieron los etarras Ekain Ruiz Ibarguren, Zigor Aranbarri Garamendi y Urko Gerrikagoitia.

La viuda y la hermana de Pablo, Rosario, hicieron declaraciones al diario Hoy.es en abril de 2006. Reconocían que la situación de las víctimas había mejorado en los últimos años, pues ahora existía más apoyo y más reconocimiento social. "Antes morían como bichitos, y los enterraban sin ningún honor" expresaba gráficamente Rosario. María Ángeles declaró que ni perdonaba ni olvidaba: "No he educado a mis hijos en el rencor, pero no puedo perdonar", señalaba, al tiempo que mostraba su estupor porque las madres de los presos etarras se quejasen de que no podían ver a sus hijos más que una vez al mes y no se diesen cuenta de que los familiares de las víctimas de ETA ya no los van a ver nunca más. "Mis hijos ni siquiera han conocido a su padre".

Pablo Fernández Rico tenía 29 años y estaba casado con María Ángeles Carretero. Natural de Villar del Rey (Badajoz) tenía dos hijos, Pablo y José Ángel, de tres y un año. Su mujer estaba embarazada del tercero. Pertenecía a la 222 Comandancia de la Guardia Civil con sede en Badajoz. Era el séptimo hijo de una familia con ocho hermanos, cuyo padre también era guardia civil. Hacía ya algún tiempo había sido destinado, con carácter temporal, al cuartel de Ondárroa, perteneciente a la Comandancia de Vizcaya, para reforzar su vigilancia. Su hijo Pablo también se hizo guardia civil. Ingresó en el Instituto Armado y se casó en 2006 vistiendo el uniforme y el tricornio de gala de su padre. Tanto en Villar del Rey como en Santa Marta de los Barros hay sendas calles con el nombre del guardia civil asesinado. Su viuda tardó diecinueve años en recibir la indemnización como víctima del terrorismo.

En torno a las 16:00 horas de la tarde del 2 de mayo de 1986, dos miembros de ETA asesinaban en la calle Moraza de San Sebastián a ENRIQUE MORENO ARGUILEA. Se acababa de bajar del autobús en el barrio donostiarra de Amara y le dispararon un tiro en la nuca cuando se dirigía al Bar Esnaola a jugar una partida de cartas con varios amigos. A continuación, los terroristas huyeron a pie.

El cuerpo de Enrique quedó tendido en el paso de cebra en medio de un gran charco de sangre. Pasadas las 15:30 horas, el juez ordenó el levantamiento del cadáver. Una brigada de bomberos de San Sebastián limpió con una manguera los restos de sangre que habían quedado en el asfalto. En el lugar de los hechos, la Policía recogió dos casquillos de bala del calibre 9 milímetros SS parabellum.

María Moreno Arguilea, hermana de Enrique que residía en la misma calle donde se produjo el atentado, había pasado cinco minutos antes por el lugar de los hechos y vio a dos jóvenes que, según sus palabras, le dieron "mala espina". "Uno de ellos era bajito, y el otro, más alto y con gafas oscuras. Estaban apostados en la tienda de bisutería". María Moreno Arguilea se encontraba ya en su casa cuando una vecina le dio la noticia del atentado. "Sin saber quién era, bajé a la calle y estuve mirando. Como la calle estaba acordonada, pregunté a un policía si sabía el nombre de la persona que estaba tendida en el suelo. Cuando me dijo que se apellidaba Moreno, pensé que era uno de mis hermanos. Salté el cordón y le vi allí, en un gran charco de sangre".

Personas que conocían al fallecido coincidieron en señalar que no se sabía que tuviera vinculación política alguna en la actualidad. Su hermana María indicó que su muerte se ha debido a un error: "Ahora dirán que se han equivocado, después de que le han matado". Su hermano Joaquín, de 67 años de edad coincidió en que era una equivocación.

Efectivamente, unos días después ETA emitía un comunicado en el que admitía que se había equivocado de objetivo. En un comunicado dictado cinco días después a la redacción del diario Egin la banda asesina reconocía "su dramático error". ETA había confundido a un jubilado con un policía. Hasta en cuatro ocasiones habían intentado asesinarle, pero siempre falló algo.

El funeral por Enrique Moreno se celebró al día siguiente, 3 de mayo, por la mañana. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) condenó "con toda energía" el asesinato y, en el correspondiente comunicado, señaló que "este nuevo hecho de sangre viene a crispar aún más la situación social y política de Euskadi". El PNV añadió que "la vía de la negociación y del diálogo se debe consolidar para terminar con la violencia". Todos los partidos políticos vascos, excepto Herri Batasuna, condenaron el asesinato.

Por el atentado contra Enrique Moreno fueron condenados en 1987 Francisco Javier Sagarzazu Mendibe y Juan Andrés Urquizu Ormazábal a sendas penas de 29 años de reclusión mayor como autores materiales de un asesinato con premeditación y alevosía. Por la misma sentencia, fue condenado a 6 años de prisión mayor, por complicidad en el asesinato, Juan Francisco Franco Argibay.

Enrique Moreno Arguilea tenía 71 años y estaba jubilado. Enrique fue condenado a muerte por Franco por haber querido pasar en dos ocasiones durante la guerra civil del bando nacional al republicano. La pena fue conmutada gracias a la intervención de las monjas de las Escuelas de San José. Estaba afiliado al Partido Comunista de los Pueblos de España y era vocal de la Asociación de Jubilados de Amara. Había trabajado como dependiente de una tienda de zapatos, de cobrador de autobuses en la Compañía del Tranvía de San Sebastián y, antes de jubilarse, había sido viajante de comercio. Era natural de Pamplona, aunque residía en el barrio de Intxaurrondo de San Sebastián. Casado con Carmen Ortúzar, tenía tres hijos.

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