In Memoriam

Diciembre 2011


José Luis Vicente Cantón y José Txiki Larrañaga Arenas, militante de UCD

31 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El 31 de diciembre de 1978 la banda terrorista ETA asesinaba en Llodio (Álava) a JOSÉ LUIS VICENTE CANTÓN que se convertía en la víctima mortal número 68 de un año en el que se había aprobado la Constitución española, lo que llevó a diversos ministros a afirmar que, con la aprobación de la Carta Magna, el terrorismo sería cortado de raíz. Incluso, el ministro de Defensa, Gutiérrez Mellado, manifestó que "la ETA está en el cepo". Un día antes miembros del grupo Kioto de ETA habían asesinado en Yurre (Vizcaya) al taxista Lisardo Sampil Belmonte.

José Luis salió a las 11:20 horas del portal de su casa en la calle Marqués de Urquijo 8, en Llodio. Según el único testigo del crimen, tres individuos jóvenes pararon junto a la víctima el vehículo en el que iban, un Seat 131, y uno de ellos le disparó a corta distancia con una metralleta. Inmediatamente se asomaron a la ventana su esposa, Gregoria Molinuevo Díez, y una de sus hijas. Junto a la persona que presenció el crimen lo trasladaron al consultorio de la Seguridad Social en el que el médico de guardia sólo pudo certificar su muerte. Había recibido dos impactos de bala en el tórax.

En el lugar de los hechos se recogieron cinco casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, cuatro de la marca FN y uno marca Geco. El coche utilizado había sido robado a punta de pistola a las 10:30 horas a Felipe Barriuso cuando iba a comprar el periódico. Le hicieron pasar a la parte posterior y, tras dar varias vueltas por Llodio, lo dejaron atado a un árbol en la carretera de Oquendo, localidad situada a nueve kilómetros de la anterior. Su mujer, extrañada por la tardanza, fue la que dio aviso a la Guardia Civil.

El funeral se celebró al día siguiente en la Iglesia de San Pedro de Lamuza, en un templo abarrotado pero con una mínima presencia de autoridades: apenas el gobernador civil, Rafael García González, y algunos representantes del Ayuntamiento de Llodio, con el alcalde a la cabeza. Durante la breve homilía el oficiante señaló en nombre de la familia que no guardaban rencor y perdonaban al asesino. Finalizado el acto religioso, el féretro fue llevado al cementerio de Llodio en medio de un impresionante silencio y sin que se produjera ningún incidente.

Entre los círculos de apoyo a los criminales de ETA se había extendido el rumor de que José Luis Vicente era amigo de guardias civiles con los que tomaba frecuentemente chiquitos. Como tantas veces en el País Vasco, una simple anécdota, unas normales relaciones de vecindad mantenidas con los agentes, del mismo tipo que las que mantenían con otros vecinos, se convertían en una excusa para la caza de brujas de aquellos vascos que no eran partidarios de la secesión. El 2 de enero de 1979 ETA militar reivindicó el crimen en el mismo comunicado en el que se responsabilizaba del asesinato de Lisardo Sampil. En ambos casos, la excusa fue la misma: que las víctimas tenían relación con las Fuerzas de Seguridad de las que eran confidentes.

Respecto a la autoría concreta, lo único que consta en relación a este atentado es que fuentes policiales informaron el 11 de enero de 1979 de la detención en Llodio de dos de los tres miembros de un grupo de información sospechoso de ofrecer, entre otros datos, los que permitieron el asesinato de José Luis Vicente Cantón. Los detenidos eran María Belén Urrechu Rebollo e Ignacio Julián Juaristi Echevarria (La Vanguardia, 12/01/1979).

José Luis Vicente Cantón, tenía 52 años. Era natural de Bóveda, concejo que pertenece al Ayuntamiento de Valdegovia (Álava), aunque residía en Llodio desde hacía veintisiete años. Estaba casado con Gregoria Molinuevo Díez y tenía cinco hijos (tres varones y dos mujeres) con edades comprendidas entre los 27 y 20 años. José Luis Vicente había trabajado en Maderas Reunidas de donde se tuvo que retirar por una lesión en la columna vertebral que provocó su incapacidad total para su trabajo catorce años antes de ser asesinado. Desde entonces estaba empleado en una inmobiliaria dedicada al alquiler y compraventa de pisos, trabajo que no desempeñaba en un lugar fijo, por lo que se pasaba el día en la calle y en los bares de la localidad. Por este motivo la víctima era muy conocida en Llodio, y los vecinos solían recurrir a él para cualquier trámite relacionado con compra-venta y alquiler de inmuebles. Familiarmente y entre sus vecinos se referían a él como "el ministro de la vivienda". "Siempre que había algún problema de compra o alquiler de algún piso, ya sabías que podías recurrir a él" señaló un vecino tras el atentado (La Vanguardia, 03/01/1979).

A las nueve de la noche del 31 de diciembre de 1984 la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad guipuzcoana de Azcoitia al exconcejal y militante de Unión de Centro Democrático (UCD) JOSÉ TOMÁS LARRAÑAGA ARENAS, al que todos conocían como Txiki o José Txiki.

Era la tercera vez que ETA intentaba asesinar a Larrañaga Arenas. El primer atentado tuvo lugar el 13 de abril de 1978, cuando fue ametrallado por miembros de la banda que iban a bordo de un automóvil Chrysler, previamente robado, tras salir de un bar en torno a las 22:30 horas para dirigirse a su domicilio. José Txiki fue alcanzado por tres disparos en la pierna derecha. Dos años después, el 11 de abril de 1980, volvió a sufrir un atentado muy parecido: la víctima salía de un bar cuando fue ametrallado por miembros de la banda terrorista también desde otro Chrysler. Esta vez resultó gravemente herido por varias balas que le alcanzaron en el pecho. Un mes después, el 12 de mayo de 1980, ETA asesinaba a su amigo Ramón Baglietto.

Presionado por su familia, abandonó su localidad natal y se trasladó a vivir a Logroño, pero solía ir de vez en cuando a Azcoitia. El 31 de diciembre de 1984 llegó a su localidad natal hacia las seis de la tarde. Tras permanecer en casa de unos familiares durante una hora, salió a tomar vinos con un grupo de amigos. A las 21:20 horas, cuando Larrañaga se encontraba cerca del Bar Alameda, miembros del grupo Goyerri de ETA, a cara descubierta, lo acribillaron a balazos. Una vez que la víctima cayó al suelo mortalmente herida con cuatro tiros en la cara, fue rematada con otro disparo en la cabeza.

Sus acompañantes, "amigos de toda la vida", nada pudieron hacer por José Larrañaga, que quedó tendido en el suelo en pleno centro de la localidad. Según declaró la encargada del Bar Alameda, las calles del pueblo no estaban muy concurridas a la hora en que se produjo el atentado, puesto que la mayoría de los vecinos ya había finalizado su ronda de chiquiteo y se había retirado a sus hogares con el fin de celebrar la Nochevieja.

Media hora antes de que se produjera el atentado, dos individuos robaron a punta de pistola un vehículo Seat 131 en la misma localidad de Azcoitia. Los agresores obligaron al dueño del automóvil a que les acompañara hasta las proximidades del Bar Alameda, en donde se incorporó un tercer terrorista que permaneció en el interior del coche, vigilando a su dueño, mientras los otros dos etarras acribillaban a balazos a Larrañaga. Inmediatamente después los terroristas liberaron al dueño del automóvil para darse a la fuga en su vehículo en dirección a Azpeitia.

Román Sudupe, alcalde de Azcoitia y presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), se trasladó inmediatamente al domicilio de la víctima para expresar su condolencia a los familiares de José Larrañaga. Tras la visita declaró que era "terrible" que hubiese ocurrido "esto con un hombre que se ha visto obligado a refugiarse fuera de su pueblo". El Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana celebró en la tarde del día siguiente 1 de enero de 1985, un pleno extraordinario para manifestar su repulsa por el asesinato de José Larrañaga. Ese mismo día, a las 19:30 horas, se celebró un multitudinario funeral por el alma de la víctima en la parroquia de Santa María la Real de Azcoitia. Entre las personalidades asistentes estaban el delegado del Gobierno en el País Vasco, Ramón Jáuregui, el presidente de las Juntas Generales de Guipúzcoa, Xabier Aizarna, el vicepresidente del Parlamento Vasco y dirigente del Partido Socialista de Euskadi, José Antonio Maturana, y el portavoz de Coalición Popular en el Parlamento Vasco, Jaime Mayor Oreja.

El atentado fue reivindicado por la banda terrorista ETA el 3 de enero de 1985, mediante un comunicado enviado al diario Egin. En el año 1989 la Audiencia Nacional condenó a José Antonio López Ruiz, alias Kubati, a 30 años de prisión por el asesinato de José Larrañaga. En el mismo fallo se condenaba a Begoña Uzcudun Echenagusia a 18 años de prisión mayor por complicidad en el mismo. En el año 2001 la misma audiencia condenó a Ignacio Bilbao Beaskoetxea, alias Iñaki de Lemona, y a Miguel Ángel Gil Cervera, alias Kurika, a sendas penas de 30 años de reclusión mayor como autores del mismo asesinato.

José Larrañaga Arenas tenía 58 años y era natural de Azcoitia (Guipúzcoa). Estaba casado y tenía tres hijos, un joven de 22 años y dos chicas de 19 y 17 años. Trabajaba como secretario judicial, compatibilizándolo con actividades empresariales en el negocio de la construcción. Fue jefe provincial del Movimiento en Guipúzcoa y ostentó el cargo de concejal del Ayuntamiento de su localidad natal en los últimos años de la etapa franquista. Durante la Transición se acercó a Unión de Centro Democrático (UCD), como muchos otros políticos. Desde 1980, José Larrañaga se vio obligado a abandonar el País Vasco y se trasladó con su familia a Logroño, aunque solía acudir al pueblo especialmente con motivo de fin de año, para celebrar la Nochevieja junto a su familia y amigos. En octubre de 2011, su hija Eva, que tenía 17 años cuando asesinaron a José Larrañaga, rememoró el momento del atentado:

"Estábamos esperándole para cenar y nos llamaron para decirnos que le habían matado". El recuerdo de aquello es "atroz, porque nosotros creíamos que mi padre ya había cumplido y nos habían echado del pueblo ¿qué suponía mi padre para ellos?" Desde entonces asegura que se quedaron "sin guía y sin luz, muertos todos también con él (...) Lo que realmente le pasaba a mi padre es que era militante de la derecha, español y un valiente (...) Siempre me ha parecido una idiotez eso de perdonar. Perdonar es un problema moral mío con Dios, pero no tiene nada que ver con lo que pedimos, que es justicia. Si yo perdono o dejo de perdonar será un problema mío, íntimo (...) Sé que ahí [en Azcoitia] tenían mucho cariño a mi padre, pero ahora me doy cuenta de que había una cobardía enorme por parte de todos" (larioja.com 22/11/2011). 

Lisardo Sampil, taxista, Alejandro Sáenz, vigilante, y el atentado de la T-4

30 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A las seis menos diez de la tarde del 30 de diciembre de 1978 miembros de la banda terrorista ETA asesinaban a tiros en Yurre (Vizcaya) al taxista LISARDO SAMPIL BELMONTE mientras esperaba la llegada de algún cliente dentro de su taxi junto a la puerta del Bar Eguzki en el barrio de Elejalde de la localidad vizcaína. Los terroristas llegaron al lugar de los hechos en un automóvil. Uno de ellos, con la cara cubierta por un pasamontañas, se apeó del vehículo y se acercó por detrás hasta el taxi de Lisardo, conocido en la localidad como El Gallego, que estaba sentado en el asiento del conductor con la ventanilla bajada. La víctima no se percató de la llegada del pistolero que, sin mediar palabra y a través de la ventanilla, le disparó cuatro tiros a bocajarro. Aunque testigos presenciales llamaron a un médico del puesto de la Cruz Roja, que llegó inmediatamente, no pudo hacerse nada por salvarle la vida. Lisardo Sampil había sido alcanzado por dos disparos en la cabeza y tres en el corazón y el costado, muriendo prácticamente en el acto.

Los tres terroristas, miembros del grupo Kioto de ETA, emprendieron rápidamente la huida en el vehículo en el que se habían desplazado hasta Yurre, que habían robado poco antes cuando su propietario los confundió con autoestopistas y paró el coche para recogerlos. Como se supo posteriormente, los terroristas sometieron a vigilancia a su víctima para conocer sus costumbres y decidir la forma más segura de cometer el asesinato.

Aunque personas que lo conocían habían descrito a Lisardo Sampil como un hombre de ideología de extrema derecha muy amigo de miembros de la Guardia Civil, su hijo Javier Sampil, que llegó al lugar del crimen momentos después del asesinato, afirmó que su padre no estaba implicado en ningún tipo de actividad política y que jamás había recibido amenazas. ETA militar reivindicó el asesinato en un comunicado enviado a los medios de comunicación el 2 de enero, en el que también asumían el asesinato de José Luis Vicente Cantón cometido un día después en Llodio (Álava). La banda acusaba a Lisardo de ser "colaborador y confidente de las fuerzas de ocupación de Euskadi" y "puente entre el pueblo y la Guardia Civil, Policía Armada y Cuerpo General de Policía". ETA añadía que gracias a esa colaboración se habían producido muchas detenciones de miembros de la banda en los últimos tiempos.

En 1982 la Audiencia Nacional condenó a Juan José Larrinaga Echevarría y Ernesto María Alberdi Olano a sendas penas de 24 años de cárcel por el asesinato de Lisardo Sampil. Los terroristas fueron detenidos en noviembre de 1980 junto a Juan Antonio Urrutia Aurteneche, Roberto Zabala Zamayoa y Fernando Iraculis Albizu. Según informaba el diario El País en su edición de 29 de noviembre de 1980, los cinco se reconocieron autores del asesinato del taxista Lisardo Sampil y de otros cuatro más. Sin embargo, durante el juicio el fiscal dio por probado que Larrinaga y un etarra huido fueron los que robaron un vehículo a punta de pistola en el cruce de la N-240 con la carretera que va a Castillo-Elejabeitia, dejando a su dueño atado a un árbol. A continuación recogieron a Alberdi Olano y fueron a Yurre para asesinar a Lisardo Sampil.

Entre abril y mayo de 1996 el diario ABC publicó varios artículos en los que se daba la localización de varios etarras que vivían en Venezuela. Entre ellos estaba Miguel Ángel Aldana Barrena, alias Askatu, que presuntamente era el tercer autor material del asesinato de Lisardo Sampil. A partir de esas informaciones de prensa la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) presentó varias querellas contra esos etarras. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, admitió a trámite la querella de la AVT y en abril de 1996 dictó una orden internacional de detención contra Aldana Barrena, previa a su solicitud de extradición (El País, 20/04/1996). El gobierno venezolano se ha negado a detenerlo y extraditarlo, archivando el caso en marzo de 2006. 

Por otra parte, en enero de 2006 la AVT denunció que Larrinaga, que se había declarado insolvente y no había hecho frente a las indemnizaciones fijadas en la sentencia que lo condenó en el año 1982, era propietario de una casa en Amorebieta, lo que motivó una investigación de la Audiencia Nacional.

Lisardo Sampil Belmonte, de 49 años, estaba casado y tenía una hija de 22 años y un hijo de 17. Era natural de Lanoa (Orense), pero residía en Yurre desde veintidós años antes de ser asesinado. Llevaba diez años dedicado al negocio del taxi, trabajo que compatibilizaba con la prestación de servicios de transporte de mercancías con un camión que tenía en propiedad con otros socios.

Minutos antes de las ocho de la mañana del 30 diciembre de 1985 la banda terrorista ETA asesinaba en Lasarte (Guipúzcoa), al ex guardia civil y jefe de vigilancia de la factoría Michelín de esa localidad ALEJANDRO SÁENZ SÁNCHEZ cuando se dirigía a pie a su trabajo en la que iba a ser su última jornada laboral tras haberse acogido, con otros noventa y tres empleados, a la propuesta de jubilación anticipada. Sus compañeros de la sección de vigilantes le preparaban un ágape de despedida para pocas horas después.

La víctima, como hacía habitualmente, iba caminando a su puesto de trabajo desde su domicilio, que estaba a apenas doscientos metros de la factoría. Cuando se encontraba a la altura del estacionamiento de dicha factoría fue interceptado por dos o tres terroristas, que, tras descender de un taxi robado una hora antes en la localidad guipuzcoana de Hernani, lo tirotearon a muy corta distancia. Alejandro Sáenz cayó de bruces en la acera con la cabeza destrozada por varios impactos. Aunque no hubo testigos, los terroristas debieron de rematarlo en el suelo, porque "al ser levantado el cadáver del lugar del atentado, fue hallado debajo de la cabeza, entre la sangre, un proyectil de bala totalmente aplastado" (El Diario Vasco, 31/12/1985). La Guardia Civil recogió posteriormente un total de cinco casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum en las pequeñas áreas de césped que separan el estacionamiento de la acera. El cadáver permaneció en el lugar del atentado hasta la llegada del juez, pasadas las 9:30 horas de la mañana.

Hacia las 8:30 horas fue liberado en las proximidades de un desguace de coches situado junto al frontón Galarreta, cerca de Hernani, Manuel Garayar Otegui, propietario del taxi utilizado por los pistoleros de la banda en el atentado. Los terroristas lo habían maniatado a un árbol con cuerdas de nailon y lo amenazaron de muerte para que no diera aviso a la Policía hasta una hora después. "Eran las siete de la mañana y yo estaba en la parada; se metieron en el taxi y me dijeron que estuviera tranquilo, que eran de ETA y que necesitaban el coche durante una hora. Me ordenaron que me dirigiera al frontón de Galarreta y cerca de allí me dejaron atado a un árbol" contó el taxista tras su liberación. Señaló que los terroristas no le mostraron sus armas en ningún momento, pero que le amenazaron con tomar represalias contra él en el caso de que no obedeciera puntualmente sus instrucciones. "Hablaban conmigo en euskera, insistían en que no me pasaría nada si yo les obedecía en todo. En realidad yo casi no les vi las caras porque, cuando llegaron a la parada, estaba oscuro y la calle está mal iluminada y, además, ellos se cubrían las caras con los periódicos".

Alejandro Sáenz Sánchez, de 58 años, era natural de Garranzo (La Rioja). Estaba casado y tenía un hijo. Había sido guardia civil durante trece años, con destino en las Comandancias de Barcelona y Guipúzcoa (Behovia, Irún y Lasarte). Había abandonado el Instituto Armado con el grado de sargento veintidós años antes de ser asesinado. El 1 de febrero de 1963 ingresó en la empresa Michelín. Tras su asesinato un miembro del comité de empresa señaló que "Alejandro Sáenz fue guardia civil hace veintidós años y a él no le importaba hablar con los policías o con los guardias; eso es a lo único que podrán agarrarse los que han hecho esto". En febrero de 2010 el Ayuntamiento de Lasarte rindió un homenaje a las víctimas de ETA originarias o residentes en esa localidad, entre ellos Alejandro Sáenz Sánchez. Durante el mismo Jesusa Ibarrola, la madre de la primera víctima de ETA, la niña Begoña Urroz, fue la encargada de descubrir una placa conmemorativa de las víctimas del terrorismo a la entrada de la Casa Consistorial.

Alejandro Sáenz fue la última víctima mortal de las treinta y siete asesinadas por ETA en el año 1985.

A las nueve de la mañana del sábado 30 de diciembre de 2006 la banda terrorista ETA hizo estallar una furgoneta-bomba en la terminal 4 (T-4) del aeropuerto de Barajas en Madrid. Según el auto de procesamiento de noviembre de 2008 la carga explosiva estaba compuesta por ciclonita, también conocida como exógeno o RDX, que constituye la base de explosivos de uso militar como C-4 o Semtex. La potente explosión destrozó prácticamente el módulo D del aparcamiento y mató a dos inmigrantes ecuatorianos, DIEGO ARMANDO ESTACIO SIVISAPA y CARLOS ALONSO PALATE SAILEMA, que se encontraban durmiendo dentro de sus respectivos vehículos esperando la llegada de familiares al aeropuerto. Además provocó heridas de diversa consideración a más de cuarenta personas, entre ellas miembros de las Fuerzas de Seguridad que trabajaban en el desalojo de la terminal.

Hacía tres años y siete meses –desde el 30 de mayo de 2003, cuando la banda terrorista ETA asesinó en Sangüesa (Navarra) a los policías nacionales Julián Embid Luna y Bonifacio Martín Hernández– que la banda terrorista no había provocado víctimas mortales, pero sí había cometido atentados con la intención de causar muertes durante esos años. Apenas veinte horas antes del brutal atentado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, había lanzado un optimista mensaje sobre la marcha del llamado proceso de paz –"dentro de un año estaremos mejor que hoy para el fin de ETA", había señalado el presidente en rueda de prensa– proceso que se puso en marcha, oficialmente, a raíz del comunicado de ETA del 22 de marzo de 2006 en el que la banda asesina anunciaba el inicio de un "alto el fuego permanente".

La misma tarde en la que Rodríguez Zapatero pronunciaba esas palabras, el etarra Mattin Sarasola estacionó en el módulo D del aparcamiento de la T-4 de Barajas una furgoneta-bomba. Eran las 18:51 horas del 29 de diciembre. A las 7:55 horas del 30 de diciembre, un comunicante anónimo que dijo hablar en nombre de la banda terrorista, alertó a la asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda (DYA) de la ubicación exacta del vehículo cargado de explosivos y de que la hora fijada para la explosión serían las 9:30 horas según se informó en los primeros momentos. Sin embargo, en la sentencia de la Audiencia Nacional se señala que Igor Portu, el etarra que efectuó la llamada, avisó de que la explosión sería a las 9:00 horas. "No intenten desactivarla, sería un error", dijo el comunicante, que añadió que la bomba era "muy potente". Minutos después, el mismo comunicante llamó al teléfono de los bomberos de Madrid y al número de emergencias 112 de Guipúzcoa, repitiendo la misma información.

Los servicios policiales y de emergencia se pusieron inmediatamente en marcha. Mientras llegaban a la T-4, el comunicante hizo una nueva llamada desde una cabina de San Sebastián, posiblemente al creer que no se le había tomado en serio. La llamada fue al SOS Deiak de la capital donostiarra, dependiente del Departamento de Interior vasco. El terrorista repitió los mismos datos de lugar, tipo de vehículo y matrícula y que no se intentase desactivar. Finalmente, la furgoneta-bomba fue localizada a las 8:45 horas, por lo que las Fuerzas de Seguridad iniciaron el desalojo de la terminal. Cuando estaban efectuando dicho desalojo, a las 8:59 horas estalló el potente artefacto explosivo. En el aeropuerto madrileño de Barajas se encontraban en ese momento unas veinte mil personas y, aunque se había desalojado casi completamente el aparcamiento y casi todas las personas que estaban en ese momento en el aeropuerto habían sido llevadas a las pistas de servicio y rodadura, Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate no se percataron de la orden de desalojo, quedando sepultados dentro de sus respectivos vehículos bajo la montaña de escombros en la que quedaron convertidos los cinco pisos del módulo D del aparcamiento de la T-4.

El estallido hirió a dos policías que participaban en el desalojo y a un taxista que pasaba por la zona, todos de carácter leve. Varias personas más resultaron heridas por cortes y otras con afección de tímpanos. La zona del edificio más próxima a la terminal se vino abajo en su totalidad. "Se ha colapsado más del 60% del edificio, que está prácticamente derruido", declaró el vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Dentro, entre los forjados caídos de las cinco plantas, se veían decenas de vehículos aplastados, algunos con las luces de emergencia y las alarmas sonando.

Poco después de la brutal explosión, una mujer, Verónica Arequipa, se acercaba a la Policía para denunciar que su pareja, Diego Armando Estacio, había desaparecido. Diego la había acompañado al aeropuerto a recoger a unos familiares, pero, dado lo temprano de la hora, había preferido quedarse dentro del aparcamiento echando una cabezada. Horas después, otro ecuatoriano denunció que su amigo Carlos Alonso Palate, que le había acompañado al aeropuerto, también se había quedado en el aparcamiento mientras él iba a recoger a su mujer y que, tras la explosión, no contestaba al teléfono móvil. Los restos mortales de Carlos Alonso Palate no fueron recuperados hasta la madrugada del 4 de enero de 2007, mientras que los de Diego Armando Estacio consiguieron extraerse del estacionamiento de la T-4 dos días después, el 6 de enero.

El atentado de la T-4 se produjo quince días después del primer encuentro formal entre representantes del Gobierno y de la banda terrorista ETA en el que, pese a que no se produjeron avances, sí se llegó a la conclusión de que el proceso de paz seguía vivo. Era la primera vez en la historia de las treguas de la banda en la que ETA atentaba sin lanzar antes un comunicado de ruptura de la misma, por lo que la explosión de la furgoneta-bomba supuso una sorpresa para el Gobierno y para todas las fuerzas políticas. Sin embargo, el atentado se produjo tras varias señales de que la banda se estaba rearmando e iniciando una escalada de violencia a través de numerosos actos de terrorismo callejero. El 24 de octubre se había producido el robo de 350 pistolas en una armería de Vauvert (cerca de Nimes), y el 23 de diciembre se produjo el hallazgo de un zulo en construcción en Amorebieta, con 50 kilos de material para fabricar explosivos y varios detonadores. A todas estas circunstancias se refirió el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el primero en comparecer en rueda de prensa. El titular de Interior reconoció que su departamento "no tenía ningún indicio del atentado" y que tras el atentado, el proceso de paz quedaba "suspendido". Pérez Rubalcaba explicó que la actuación de ETA no había "seguido la pauta normal", en referencia a que en las anteriores treguas, las de 1989 y 1998, ETA había advertido de su ruptura con un comunicado. No obstante, y haciendo una rápida autocrítica, el ministro reconoció que era un error conceder que la actuación de ETA pudiese responder a pautas racionales.

El presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, suspendió sus vacaciones en Doñana (Cádiz), dio por "suspendido" el proceso de paz y manifestó desde el palacio de La Moncloa que "hoy estamos peor que ayer", rectificando su desafortunada afirmación de la víspera, y añadió: "la determinación del Gobierno es que en el futuro estemos mejor y terminemos con esta lacra". Recalcó que "nadie podrá lograr nunca nada con la violencia" y que "el atentado muestra la incapacidad de sus autores de vivir en paz y en libertad", para terminar afirmando que los autores del atentado serán "identificados, apresados y puestos a disposición judicial, como ha sucedido siempre". Diez días después, Zapatero se refirió al atentado como "un accidente terrorista" en una conversación con el presidente de La Rioja, Pedro Sanz. Aunque el lapsus fue corregido inmediatamente, era la segunda vez que se refería a los atentados terroristas como "accidentes". La primera fue el 29 de diciembre, la víspera del atentado, cuando, en respuesta a la pregunta de un periodista, habló de "accidentes mortales" en lugar de "atentados mortales". Tiempo después se supo que en febrero de 2007 la banda terrorista ETA envió una carta a Zapatero en la que, además de comunicarle que mantenían la oferta del alto el fuego, valoraba el asesinato de Estacio y Palate como un "accidente". La oferta de alto el fuego se rompió oficialmente por parte de ETA el 5 de junio de 2007, seis meses después del atentado de la T-4. En su comunicado al diario Berria la banda terrorista declaraba el fin del "alto el fuego permanente" y advertía de que quedaban "abiertos todos los frentes".

El 31 de diciembre miles de personas se concentraron convocadas por los ayuntamientos en las tres capitales vascas para expresar su repulsa por el atentado. En Bilbao, el acto estuvo encabezado por dos representantes del consulado de Ecuador con su bandera nacional. Entre los asistentes figuraban el alcalde, Iñaki Azkuna, y una nutrida delegación del PSE-EE liderada por Patxi López. En declaraciones a la prensa, Azkuna advirtió a ETA de que "a la tercera va la vencida" tras "engañar" en otras tantas ocasiones a la sociedad con declaraciones de tregua. Una hora después, en la plaza Moyua, se celebró la concentración organizada por el Foro Ermua, con la presencia de responsables del Partido Popular. En la plaza de España de Vitoria se congregaron varios centenares de personas. Entre ellas, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, y el diputado general de Álava, Ramón Rabanera. También acudieron los padres y la hermana de Miguel Ángel Blanco. El alcalde, Alfonso Alonso, declaró que "no es el momento de hacerse reproches", sino "de reconstruir la unidad y trabajar juntos".

Entre enero y febrero de 2008 fue desarticulado el grupo Elurra de ETA responsable del atentado de la terminal 4 de Barajas. El 6 de enero fueron detenidos por la Guardia Civil en Guipúzcoa Igor Portu Juanena y Mattin Sarasola Yarzabal. Poco después, el 15 de febrero, fueron detenidos en San Juan de Luz (Francia) Mikel San Sebastián Gaztelumendi, alias Pottoko, y Joseba Iturbide Otxoteko, alias Makara. Los dos primeros denunciaron torturas de la Guardia Civil durante su detención. En 2008 la Audiencia de Guipúzcoa condenó a cuatro guardias civiles implicados en los hechos que, sin embargo, fueron absueltos en noviembre de 2011 por el Tribunal Supremo. Previamente, en febrero de 2009 la juez francesa Le Vert remitió a España una carta incautada al exjefe de ETA, Garikoitz Azpiazu , alias Txeroki, en la que reconocía que la denuncia de torturas por parte de Igor Portu era falsa.

En noviembre 2008 el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, decretó la puesta en libertad de Joseba Iturbide por no constar "que el mismo interviniera en la planificación y ejecución del atentado" de la T-4.

En mayo de 2010 se celebró en la Audiencia Nacional el juicio contra Igor Portu, Mattin Sarasola y Mikel San Sebastián como autores materiales del atentado que costó la vida a Estacio Sivisapa y Palate Sailema. La Fiscalía solicitó un total de 900 años de cárcel para cada uno de ellos, acusados de dos delitos de asesinato, cuarenta y uno en grado de tentativa y uno de estragos. Durante el mismo declaró el dueño de la furgoneta utilizada por los terroristas para colocar los explosivos, que permaneció secuestrado desde el 27 de diciembre y hasta dos horas después del atentado. Según el testigo, durante esos tres días estuvo esposado y encapuchado dentro del maletero de otro vehículo, que hizo caso a todo lo que le dijeron, porque "estaba aterrado", que sólo uno de los terroristas le hablaba, y que entre ellos se comunicaban con silbidos.

Según el juez instructor, Santiago Pedraz, en el atentado participaron también Garikoitz Azpiazu, Txeroki, que fue quien ordenó y preparó el mismo, y Joseba Aranibar. Ninguno de los dos compareció ante la Audiencia Nacional por estar encarcelados en Francia. En su escrito de acusación la Fiscalía sostiene que a finales de septiembre de 2006 Txeroki se reunió en el monte Auza (Navarra) con Aranibar, San Sebastián, Sarasola y Portu para encargarles la ejecución del atentado. El 21 y 22 de octubre de ese año los tres últimos realizaron dos veces el trayecto entre Navarra y el aeropuerto de Barajas, para preparar el posterior desplazamiento de la furgoneta-bomba. La noche del 27 de diciembre los terroristas abordaron en un aparcamiento de Luz-Ardiden, en los Pirineos franceses, a un ciudadano español dueño de una furgoneta, al que, a punta de pistola e identificándose como miembros de ETA, sustrajeron el vehículo. Aranibar fue quien montó el explosivo en la furgoneta y la entregó la mañana del día 29 a Sarasola y San Sebastián. A unos 50 kilómetros del aeropuerto, los dos etarras recogieron a Portu. Antes de entrar a Barajas, Sarasola se colocó una peluca, una gorra y una máscara protectora de pintor para dificultar su identificación. Sobre las 19:00 horas, el etarra entró en el aparcamiento D de la terminal y estacionó la furgoneta en la plaza 307 de la segunda planta, con la bomba programada para explotar a las 9:00 horas del día siguiente. Tras dejar la mortífera carga en el aparcamiento, los tres etarras volvieron juntos a Lesaca (Navarra).

Por sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de mayo de 2010, Portu, Sarasola y San Sebastián fueron condenados a penas de más de 1.000 años de cárcel cada uno de ellos, que resultan de sumar 30 años por cada uno de los dos delitos de asesinato terrorista consumado, 20 años por delitos de estragos y 19 años, 11 meses y 29 días por cada uno de los 48 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa.

Diego Armando Estacio Sivisapa nació en 1987 en Machala (Ecuador) en el seno de una familia humilde, por lo que tenía 18 años cuando fue asesinado por la banda terrorista ETA. Su madre, Jacqueline Sivisapa, era una gran admiradora del futbolista argentino Diego Armando Maradona, por lo que decidió darle el mismo nombre a su hijo. En el año 2000 Diego Armando emigró a Milán, donde ya vivían desde 1994 su madre, su hermana y otros familiares. En la Escuela Ponti obtuvo el diploma de enseñanza media y aprobó dos cursos de mecánica. Viajaba con frecuencia a Madrid, donde vivía su padre, Winston Estacio. Aquí conoció a su novia, Verónica Arequipa, por lo que acabó fijando su residencia en la capital de España, trabajando en la construcción junto a su padre. En las vísperas de su asesinato, Diego Armando y Verónica habían dado la entrada para comprarse un piso. Gran aficionado al fútbol, era seguidor del Barça y del Milan, además de jugar en el equipo Gran América de la liga Integración Latina de Madrid. El día del atentado Estacio había ido a Barajas para acompañar a Verónica, que tenía que recoger a unos parientes que venían de Ecuador. Mientras la novia se dirigió a la terminal, Diego Armando optó por quedarse en el coche descansando. Su cuerpo no fue recuperado de entre los escombros hasta el 6 de enero. Los restos mortales de la víctima fueron repatriados a Ecuador en un avión del Ejército español y enterrados en el cementerio de Machala el 9 de enero. En abril de 2007 el Gobierno de la Comunidad de Madrid entregó en propiedad dos viviendas de setenta metros cuadrados a la familia de Diego Armando Estacio. Su madre y otros familiares habían abandonado previamente Milán y vinieron a residir a Madrid, donde ya vivía el padre.

Carlos Alonso Palate Sailema tenía 35 años y estaba soltero. Originario de San Luis de Picaihua (Ecuador) tras la muerte de su padre emigró a España en 2002 como forma de sacar de la miseria a su familia. Trabajó como albañil y en varios empleos eventuales. Cuando fue asesinado por ETA estaba empleado en una fábrica de plásticos en Valencia. Parte de su salario lo enviaba a Ecuador a su familia y esas remesas eran la principal fuente de ingresos de sus tres hermanos y su madre, María Basilia Sailema, que vivían en condiciones paupérrimas. El día del atentado Palate se había trasladado desde Valencia a Barajas para acompañar a su amigo Wilson Hernán, que tenía que recoger a su esposa procedente de Ecuador. Mientras Wilson fue a buscar a su mujer, Carlos Alonso se quedó en el interior del vehículo en el aparcamiento del aeropuerto, quedando sepultado por los escombros tras la explosión de la furgoneta-bomba. Su cuerpo fue recuperado en la madrugada del 4 de enero de 2007. Repatriado a Ecuador en un avión de la Fuerza Aérea Española, fue enterrado el día 6 en su localidad natal. Los tres hermanos y la madre de Carlos Alonso lograron la nacionalidad española por vía extraordinaria en marzo de 2007. El asesinato de Palate, que había actuado como un padre con sus hermanos, es algo que no han podido superar. Económicamente, la familia recibió ayuda de diferentes instituciones estatales y religiosas y de organizaciones no gubernamentales, lo que les permitió instalarse en el Levante español.

Tras la reconstrucción de la terminal 4 del aeropuerto se erigieron en dos plazas del aparcamiento (la 614 y la 403) dos monolitos en recuerdo de las dos víctimas asesinadas en el atentado. En ambos hay dos placas en las que pone, respectivamente, "En memoria de Carlos Alonso Palate" y "En memoria de Diego Armando Estacio", sin ninguna alusión a que fueron asesinados por ETA.

Juan Manuel García y Manuel López, guardias civiles acribillados a tiros en Irún

29 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

Sobre las 7:45 horas del 29 de diciembre de 1982 miembros de la banda terrorista ETA acribillaban a tiros a los guardias civiles JUAN MANUEL GARCÍA MENCÍA y MANUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ en la estación de ferrocarril de Irún (Guipúzcoa).

Los agentes de la Guardia Civil realizaban sus habituales labores de inspección en la zona de la frontera en la estación de ferrocarril de la localidad guipuzcoana. Se encontraban en el andén 8, separados unos diez metros el uno del otro, revisando un tren de mercancías que había llegado poco antes, listo para salir hacia Hendaya una vez cumplimentados los preceptivos trámites aduaneros. En ese momento el lugar estaba muy concurrido, pues acababan de descender muchos viajeros de un tren francés. De pronto de dos a cuatro jóvenes (en este punto las versiones de los testigos presenciales difieren), algunos con prendas militares, surgieron por uno de los pasos  subterráneos que comunican los andenes y, desde la misma boca del túnel, dispararon con dos metralletas. Juan Manuel García, que era el que estaba más cerca de los criminales, murió en el acto tras recibir tres impactos de bala en la cabeza. Manuel López caía entre la vía y el andén con tres impactos en el pecho. Ambos agentes recibieron las primeras atenciones de compañeros de la Benemérita que se encontraban en la propia estación. Manuel López fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja al Hospital Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián. Los médicos iban a iniciar una complicada operación quirúrgica para intentar salvarle la vida, pero el agente falleció cinco minutos después de su ingreso en el centro hospitalario, sin apenas poder decir más que "que me asfixio... que me muero", según comentó a los medios de comunicación el socorrista que acompañó al agente moribundo en la ambulancia.  

Los criminales huyeron por el mismo lugar desde donde tirotearon a los guardias civiles, aprovechando el pánico que se desató tras escucharse el tiroteo entre el numeroso público que esperaba en los andenes y que intentaba alcanzar la salida entre gritos y carreras. Luego subieron a un Ford Escort, robado una hora antes a punta de pistola en San Sebastián por dos individuos que dijeron ser de ETA, y huyeron en dirección desconocida, aunque se sospecha que cruzaron la frontera francesa. En el lugar de los hechos se recogieron 16 casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum marca FN. Una bala atravesó el cristal de la puerta de la consigna, sin que afortunadamente alcanzara a nadie.

Tras el atentado se puso en marcha una gran operación policial de rastreo en la que participó la Policía de Aire y Fronteras de Francia, ante la posibilidad de que hubieran cruzado al país vecino. La reivindicación del crimen por parte de ETA militar se produjo el 4 de enero.

El recién nombrado gobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elorriaga, comentó tras el atentado que "en estas circunstancias las medidas a adoptar (en relación a los miembros de las organizaciones armadas) no podrán ya ser las que podían haber sido". Se refería el gobernador a unas declaraciones que había realizado hacía una semana, el 22 de diciembre, el ministro de Interior José Barrionuevo: "Si hay algo más que puro gangsterismo detrás de estas organizaciones terroristas, tienen posibilidad, dentro del sistema democrático, de participar en la lucha política. Pero es que no vemos en ETA más que pura barbarie, una organización de malhechores. Sin embargo, estoy dispuesto a rectificar mi criterio: que estén seis meses sin llevar a cabo ningún atentado terrorista y luego veremos".

A las 13:00 horas del mismo 29 de diciembre se instaló la capilla ardiente en el Gobierno Civil de San Sebastián. Los partidos políticos emitieron sus habituales condenas, a las que en esta ocasión se unieron las Asociaciones de Vecinos de Bidasoa y San Miguel de Irún. El obispo Setién también condenó el doble asesinato pidiendo a los etarras que dejasen de matar y liberasen "a quien tenéis secuestrado", haciendo referencia también a la situación de Saturnino Orbegozo, industrial de 69 años secuestrado desde mediados de noviembre, y al que sus captores de ETA-pm VIII Asamblea habían anunciado que iban a "ejecutar" por la falta de acuerdo con la familia sobre la cuantía del rescate.

Al día siguiente, concelebrado por cuatro sacerdotes, se celebró en el Gobierno Civil el funeral por el alma de los dos guardias civiles asesinados, con la asistencia, entre otras autoridades, del ministro de Interior José Barrionuevo, el consejero de Interior del Gobierno Vasco, José María Retolaza, el diputado general de Guipúzcoa, Xabier Aizarna, y los alcaldes de San Sebastián e Irún, representantes de partidos políticos y la viuda del agente Juan Ramón Joya Lago asesinado el día 12 en Tolosa. Durante el acto religioso se leyó un mensaje enviado por el obispo. Al finalizar el acto religioso el ministro se dirigió al público y realizó un breve discurso que tuvo que empezar con un potente "¡Silencio!" para acallar algunos gritos que salían de entre el público asistente. Tras el funeral los féretros con los restos mortales de Juan Manuel García y Manuel López fueron trasladados a sus lugares de origen para ser enterrados.

Después del funeral, en un acto sin precedentes, las autoridades encabezadas por el ministro Barrionuevo acudieron al lugar del crimen, donde en presencia de casi un millar de personas se realizó un emotivo homenaje. El lugar donde cayeron los dos guardias civiles estaba cubierto por una gran bandera nacional y el suelo cuajado de claveles amarillos y rojos. Con una solemnidad nunca vista antes, el homenaje empezó con el toque de oración interpretado por la Banda de Cornetas y Tambores del Regimiento Sicilia. A continuación se hizo una ofrenda floral. El ministro hizo un emotivo discurso centrado en resaltar los "trabajos y desvelos de las Fuerzas de Seguridad en el País Vasco" y anunció que acababa de ser liberado por agentes del mismo cuerpo que enterraba a dos compañeros el secuestrado Saturnino Orbegozo, tras cuarenta y seis días de cautiverio. En el momento de la liberación fueron detenidos Gregorio Martija e Ignacio Odriozola, los dos individuos que vigilaban al industrial en una cabaña en Donamaría (Navarra).

El día 2 de enero de 1983, convocadas por el PSE-PSOE, EPK-PCE, UGT y CCOO unas dos mil personas se manifestaron en Irún. Partieron de la estación de ferrocarril, bajo el lema "no al terrorismo, sí a la paz". Era la primera vez que se celebraba una movilización ciudadana en condena del asesinato de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la provincia de Guipúzcoa. En la cabecera estuvo el alcalde de Irún, militante del PNV, que dijo desconocer la causa por la que su partido no se había sumado a la convocatoria.

Nunca se supo quienes habían sido los asesinos de los agentes García Mencía y López Fernández, que probablemente habían entrado desde Francia exclusivamente para realizar este atentado. No obstante, las Fuerzas de Seguridad sospecharon que el atentado fue cometido por miembros del grupo Ixkulin de ETA que, a partir de finales de 1983, pasó a denominarse Goyerri-Costa.

Juan Manuel García Mencía, de 48 años, había nacido en Gordalizo del Pino (León). Estaba casado con Aquilina Peña Crespo y tenía dos hijos. Era muy conocido entre el personal de la estación ya que anteriormente había pertenecido a la Brigada de Ferrocarriles. Antes de ser destinado a Irún estuvo prestando servicio en Behovia. A propósito del último anuncio de la banda terrorista en octubre de 2011, la viuda de García Mencía, como otras muchas víctimas de ETA, mostró su escepticismo sobre las intenciones de los etarras: "No lo creo, no me creo nada; será verdad pero no me fío ni un pelo", añadiendo que, en caso de que los asesinos de su marido pidiesen perdón, cosa que duda, ella no perdonaría, pues la tragedia que le provocó el asesinato de su marido le ha costado la salud (La Crónica de León, 22/10/2011). Una calle de Joarilla de las Matas (León) donde Juan Manuel y Aquilina contrajeron matrimonio, lleva desde 2009 el nombre del agente asesinado.

Manuel López Fernández tenía 22 años y estaba soltero. Era natural de Málaga y llevaba muy poco tiempo destinado en el puesto fronterizo de Irún. En abril de 2009 el alcalde de la localidad malagueña de Rincón de la Victoria, concejales de la corporación municipal y familiares de Manuel López participaron en un homenaje por el guardia asesinado en el transcurso del cual se dedicó una calle con su nombre en el rincón de Los Olivos.

Juan Manuel García Mencía y Manuel López Fernández son las dos últimas de las cuarenta víctimas mortales de la banda terrorista ETA en el año 1982.

José María Arrizabalaga, jefe provincial de la Juventud de la Comunión Tradicionalista

27 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El miércoles 27 de diciembre de 1978, sobre las 18:00 horas de la tarde, dos miembros de ETA militar asesinaban a tiros a JOSÉ MARÍA ARRIZABALAGA ARCOCHA en la biblioteca municipal de Ondárroa. Arrizabalaga, que recibió nueve impactos de bala, era jefe de la Juventud de la Comunión Tradicionalista de Vizcaya y trabajaba como bibliotecario en la Casa de la Cultura de Ondárroa, donde fue asesinado.

Desde hacía aproximadamente un año, José María Arrizabalaga había estado hospitalizado en un centro de rehabilitación en Archanda (Bilbao), debido a una lesión sufrida durante un salto en paracaídas. José María se había visto así forzado a solicitar la baja laboral en la biblioteca municipal en la que trabajaba. Al acercarse la Navidad, el hospital le dio un permiso para que acudiera a Ondárroa y así pudiera pasar las fechas con su familia, por lo que el joven aprovechó para acercarse a la biblioteca e ir adelantando algo del trabajo que había ido acumulando desde su lesión. El día 27 de diciembre, en torno a las seis de la tarde, Arrizabalaga se encontraba en dicho lugar, en el primer piso de la Casa de la Cultura, en compañía únicamente de dos niños que estaban leyendo sendos libros. En ese momento dos individuos se acercaron hasta el mostrador tras el cual estaba sentado el joven y le obligaron a identificarse. Inmediatamente ambos sacaron una pistola y dispararon hasta vaciar sus cargadores. José María Arrizabalaga fue acribillado a balazos, recibiendo once disparos: cuatro en el pecho, cerca del corazón y el resto en la cara y las piernas. Poco después, los asesinos bajaron las escaleras y, una vez en la calle, se dieron a la fuga en el vehículo en el que habían llegado, en el que les esperaba al volante un tercer terrorista. Los dos niños, únicos testigos del crimen, salieron gritando de la biblioteca. Cuando los primeros adultos en llegar al lugar descubrieron el cuerpo de José María eran ya las siete y cuarto de la tarde.

En el lugar del asesinato, las Fuerzas de Seguridad recogieron trece casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum. Cuando el juez hubo ordenado el levantamiento del cuerpo, los restos mortales de Arrizabalaga fueron trasladados a su domicilio, en el número 33 de la calle Primo de Rivera. Dos días después, el 29 de diciembre, ETA militar reivindicaba el atentado enviando un comunicado a distintos medios del País Vasco. En el escrito, la banda asesina acusaba a José María Arrizabalaga de ser un elemento represivo en Ondárroa, así como de haber participado junto al líder de la Comunión Tradicionalista, Sixto de Borbón-Parma, en los sucesos de Montejurra en el año 76, que se saldaron con el asesinato de dos personas y decenas de heridos.

Al día siguiente a la muerte de José María, el 28 de diciembre a las cinco de la tarde, se celebró el funeral por el alma del fallecido en la Iglesia parroquial de Santa María, en Ondárroa. Para evitar posibles incidentes, la Policía Armada desplegó varios de sus efectivos en la localidad, mientras que miembros de la Guardia Civil se encargaron de controlar los accesos para impedir la entrada de gentes que no pertenecieran a la población y que no fueran familiares de la víctima. Una de las personas que fue retenida en los controles era precisamente Sixto de Borbón-Parma, líder de la Comunión Tradicionalista, al que, tras impedirle el acceso al pueblo, le fue permitido abandonar el lugar. La misa de cuerpo presente fue presenciada por una multitud, con la iglesia abarrotada, pese a que sólo se había permitido la entrada a los parientes de José María y a sus vecinos de Ondárroa. Algunos de los asistentes portaban boinas rojas y pegatinas con la bandera de España. El cuerpo de José María Arrizabalaga, con un rosario entre las manos, había sido vestido con el uniforme Requeté y el féretro estaba cubierto con la enseña nacional. Al finalizar el acto, varios jóvenes transportaron éste a hombros hasta el cementerio municipal.

La Jefatura Nacional de Requetés y la Comunión Tradicionalista-Carlista difundieron un comunicado tras el asesinato de José María Arrizabalaga, llevado a cabo el mismo día en que el rey Don Juan Carlos firmaba la Constitución. En el texto, dichas organizaciones calificaban el atentado como "un acto gravísimo cometido contra todos los requetés" y afirmaban que "ante la ineficacia de un Gobierno que no puede garantizar la vida de los ciudadanos, la sociedad tiene el derecho de actuar en legítima defensa", asegurando que "la Comunión Tradicionalista-Carlista y los requetés en ella encuadrados no tolerarán ni una provocación más".

El 8 de junio de 1980 una operación policial condujo a la detención de varios terroristas de ETA, entre los que se encontraban miembros de los grupos Oiz y Bizkargi, algunos de los cuales eran responsables directos del asesinato de José María Arrizabalaga. De este modo, la Audiencia Nacional condenó por el asesinato del bibliotecario a Juan Carlos Gorrindo Echeandia y a José Antonio Echevarri Ayesta a 23 años, 4 meses y un día de reclusión mayor, mientras que José María Sagarduy Moja era condenado a catorce años, ocho meses y un día de prisión menor por el mismo atentado.

José Antonio Echevarri Ayesta salió de prisión en enero de 2002, habiendo cumplido 22 de los 94 años de condenas que acumulaba. Por su parte, Juan Carlos Gorrindo Echeandia obtuvo el tercer grado penitenciario en agosto de 1996, tras haber cumplido 16 de los 58 años a los que había sido condenado por los asesinatos de Juan Cruz Hurtado Fernández y José María Arrizabalaga Arcocha, ambos cometidos en 1978. En el caso de Gorrindo, el juez de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, José Luis Castro, le concedió el tercer grado contra los criterios de la Fiscalía y de la Junta de Tratamiento del centro en el que estaba recluido, en Palencia. Gorrindo Echeandia fue trasladado a la prisión de Nanclares de la Oca (Álava), dentro de la política de acercamiento de presos del Ministerio del Interior para los reclusos en tercer grado penitenciario. Por último, en abril de 2011 quedó en libertad José María Sagarduy Moja, alias Cachatua y Gatza, tras haber cumplido 31 años en prisión, siendo el preso de ETA que más tiempo estuvo en prisión. Sagarduy fue condenado por los mismos asesinatos que el resto de miembros de grupo Bizkargi, pero no se vio beneficiado por las medidas de reducción de penas debido a que protagonizó una agresión a un funcionario de prisiones en la prisión de Sevilla en 1990 y un intento de fuga en la cárcel de Granada en 1993.

José María Arrizabalaga Arcocha, natural de Ondárroa (Vizcaya), tenía 27 años en el momento de su asesinato. Soltero y sin hijos, José María vivía con su hermana y su cuñado, trabajando como responsable de la biblioteca municipal de Ondárroa, situada en la Casa de la Cultura de dicha localidad, siendo también jefe de la Juventud de la Comunión Tradicionalista de Vizcaya. En el momento de su muerte llevaba un año de baja, tras haber sufrido una fractura en la columna vertebral durante un salto en unos ejercicios de paracaidismo, su deporte favorito. Un hermano de José María, Miguel Ángel Arrizabalaga, que había sido alcalde de Ondárroa durante seis años, declaró entonces:

Que yo sepa, no había recibido amenazas de muerte. José María era un carlista de los de siempre, un hombre muy de derechas, pero que no ha tenido nunca un problema en el pueblo. Es más, era apreciado por la mayoría [...] Desconozco la intención de los autores, pero seguro que su muerte y el atentado que sufrimos en la droguería hace siete años se debe a creer en Dios y amar a España.

El hermano de la víctima, Miguel Ángel, se refería con sus palabras a un atentado cometido con un artefacto explosivo en diciembre de 1971 contra la perfumería de su propiedad, situada en la calle Primo de Rivera de Ondárroa.

Pedro Pardo, pariente de ‘El Lute’, asesinado y enterrado bajo una falsa identidad

26 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El miércoles 26 de diciembre de 1984, sobre las 19:30 horas, dos miembros de la banda terrorista ETA asesinaban a tiros en Bermeo al propietario del bar Gurea Da, PEDRO PARDO ROMERO, disparándole a bocajarro en su propio bar y delante de varios miembros de su familia, entre ellos su hija Remedios.

A última hora de la tarde de aquel miércoles 26 de diciembre, dos jóvenes de unos 30 y 28 años, respectivamente, entraron en el bar Gurea Da, situado en el número 28 de la calle Intxausti, en el casco viejo de Bermeo (Vizcaya). Pedro Pardo, que utilizaba la identidad falsa de Miguel Castellanos Escamilla, era en realidad un merchero apodado El Peleas. En el interior del bar se encontraban, únicamente, Pedro Pardo, su esposa y varios de sus hijos. Una vez dentro, los jóvenes pidieron una consumición y uno de ellos, el que aparentaba mayor edad, de complexión normal, barba, pelo rubio rizado y 1,70 metros de estatura, sacó una pistola y disparó dos veces en la cara a Pedro Pardo, alcanzándole en el maxilar inferior y el pómulo derecho. Inmediatamente, los terroristas huyeron del lugar y escaparon, presumiblemente, en un coche que les esperaba en el exterior.

Pedro Pardo Romero fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja de Bermeo a la residencia sanitaria de Cruces, en Baracaldo, en gravísimo estado, pero falleció durante el trayecto. En el lugar del crimen, las Fuerzas de Seguridad recogieron dos casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum.

Poco después de cometerse el atentado, la Guardia Civil montó controles de vigilancia en Bermeo y sus alrededores. El 28 de diciembre, el diario ABC publicaba que según fuentes de la Policía Municipal de Bermeo, el propietario del bar Gurea Da, conocido como Miguel Castellanos Escamilla y que acababa de ser asesinado por ETA, se dedicaba al tráfico de estupefacientes. ETA reivindicaría el asesinato acusando a la víctima de "trapichear" con droga y ser "soplón" de la Guardia Civil, falsa acusación que la banda solía utilizar para justificar muchos de sus crímenes. La hija de la víctima, Remedios García Grande, ha contado a Libertad Digital que su padre jamás fue un soplón: "mi padre, antes muerto que ser soplón". Bajo la falsa identidad de Miguel Castellanos el día siguiente al atentado, 27 de diciembre, fue enterrado en el cementerio vizcaíno de Derio el cuerpo sin vida de Pedro Pardo Romero, después de que hubieran sido oficiadas las honras fúnebres.

El asesinato de Pedro Pardo, como el de tantos otros en los años de plomo, no generó numerosas reacciones políticas. Tan sólo el secretario general del Partido Socialista en Vizcaya, Ricardo García Damborenea, condenó públicamente el atentado. Damborenea hizo público un comunicado en el que, además de condenar el crimen, reclamaba a los ciudadanos "toda la colaboración que pueda contribuir a desenmascarar a los asesinos" y lamentaba que "en Navidad, cuando todos estamos intentando buscar soluciones a nuestros problemas, ETA sigue empeñada en recordarnos su existencia y en convencernos de lo que ya sabíamos: que sabe matar".

En 1987 la Audiencia Nacional condenaba al ex policía municipal de Bermeo Fernando Uriarte Elorduy a 17 años, 4 meses y un día de prisión por su complicidad en el asesinato de "Pedro García Suárez", identidad falsa atribuida a Pedro Pardo Romero tras descubrirse en 1985 que el nombre que utilizaba, Miguel Castellanos, no se correspondía con el verdadero. Así, de error en error durante años, la Fiscalía había solicitado 27 años de cárcel para Uriarte, por haber ofrecido su domicilio a miembros de ETA y por haberles dado datos sobre la persona que regentaba el bar Gurea Da, en Bermeo. Los asesinos se habrían refugiado en casa de Uriarte tras el crimen y al día siguiente se habrían dado a la fuga. En 1987, el diario ABC recogía la petición de la Fiscalía arrastrando los sucesivos errores en la identificación del fallecido: "La víctima fue identificada como Miguel Castellanos Escamilla, y así se procedió al entierro, pero la Guardia Civil aclaró después que se trataba de Pedro García Suárez, natural de Salamanca, de raza gitana". Ocho años después del atentado, en 1992, los medios todavía recogían noticias citando a Uriarte Elorduy como colaborador en el asesinato de "Pedro García Suárez" (ABC 3/7/1992) mientras que aún hoy, en los listados oficiales del Ministerio del Interior, la víctima figura bajo la identidad también falsa de "Miguel Castellanos Escamilla".

El ex policía municipal Fernando Uriarte Elorduy, que también sería condenado por su colaboración en otros atentados como el del teniente de Navío Antonio de Vicente Comesaña, vio cómo se le aplicaba el artículo 45 del Reglamento Penitenciario, disfrutando de régimen abierto –tercer grado– pocos años después de ser condenado. Uriarte, que fue encarcelado en 1986, cumplió solamente 4 años en prisión pese a que en 1995 ya acumulaba penas que sumaban más de 57 años (ABC, 15/8/1995).

Pedro Pardo Romero era natural de Cristóbal de la Sierra (Salamanca), aunque ni siquiera este dato es seguro, dado el error en la identificación de la víctima que se arrastró durante años. Estaba casado con Piedad Grande Blanco y tenía seis hijos, cinco chicos y una chica. Uno murió de meses por una pulmonía, otro fue atropellado por un coche cuando tenía 9 años, y otros tres murieron por las drogas. 

El número de noviembre de 1997 de la revista de la Guardia Civil arrojó algo de luz sobre la identidad de la víctima. En dicho número, el subteniente de la Guardia Civil José Luis Cervero Carrillo escribía que la verdadera identidad del fallecido ya había sido descubierta en 1985, tras cotejar sus huellas dactilares, por el entonces capitán Antonio Martínez-Herrera Escribano. Según Cervero Carrillo "el muerto era en realidad el huidizo quinqui Pedro Pardo Romero y no el inocente Miguel Castellanos".

Pedro Pardo Romero, pariente del célebre Eleuterio Sánchez, El Lute, era un peligroso delincuente conocido como El Peleas. En enero de 1966 estuvo involucrado en una reyerta ocurrida en El Payo (Salamanca), entre familias quinquis, en la que resultó muerto su cuñado y él acabó gravemente herido, hospitalizado en Ciudad Rodrigo bajo la identidad falsa de Pedro García Suárez, que años después figuraría en la sentencia por su asesinato. Diez años después de dicha reyerta, El Peleas fue detenido en Barcelona por varios atracos. Fue precisamente en esa ciudad donde en 1975 Pedro Pardo Romero había robado el permiso de conducir y el DNI de Miguel Castellanos Escamilla, identidad ésta bajo la que sería enterrado tras su asesinato.

En junio de 2009, la hija de Pedro Pardo, Remedios García Grande, decidió contar en las páginas del semanario Interviú sus vivencias en el seno de una familia de mercheros, relatando cómo fueron aquellos años envueltos en robos, abusos sexuales, tráfico de drogas y prostitución. Un año después, en junio de 2010 veía la luz la biografía de Remedios, titulada Ni una palabra más (Ed. Beatriz Celaya Barturen, 2010), en la que profundizaba en el relato de esa complicada vida nómada en la que su familia deambuló por Salamanca, Barcelona, San Baudilio de Llobregat, Bermeo... y en la que ella vio cómo la cárcel, la hepatitis, el alcohol, la heroína y el SIDA acababan con sus tres hermanos, hasta que finalmente la banda terrorista ETA asesinó a su padre disparándole dos tiros en la cara.

Según el testimonio de Remedios, desde niña vio cómo su padre se dedicaba al contrabando de tabaco, a atracar casas y joyerías, a recorrer España robando. Vio cómo pegaba a su madre cada vez que salía de prisión. Sufrió en carne propia los abusos de El Peleas y vio cómo éste convertía en camellos a sus propios hijos. Según declaró a Interviú la hija de Pedro Pardo, una vez estuvieron establecidos en Bermeo "cuando los periódicos hablaban de robos y violaciones en el monte de Artxanda, yo intuía que era él. Luego veía que llegaba a casa con joyas robadas". Allí, El Peleas comenzó montando timbas ilegales y rápidamente se hizo con el negocio de la heroína en el pueblo. Ocho años después de haber llegado a Bermeo, Pedro Pardo Romero recibió una carta de ETA: o se marchaba o le matarían, tal y como finalmente sucedió. Su hija resumía en Interviú cómo fueron los momentos siguientes, tras el funeral y el entierro de la víctima con la falsa identidad: "al día siguiente salimos a escondidas, como ratas".

A finales de los 90, Remedios decidió devolverle a su padre su verdadera identidad, lo que realmente conseguiría tras un calvario judicial que acabaría en 2002. Remedios, que conoce mejor que nadie quién era su padre y que lo sufrió en primera persona, afirmaba en 2010, en una entrevista recogida en El Correo a propósito de la publicación de su biografía, que "si un juez le hubiera metido veinte o treinta años en la cárcel, yo no habría tenido nada en contra. Pero, por malo que fuera, ETA no tenía derecho a matarle".

José Antonio Peña, guardia civil asesinado por una bomba en un centro comercial en Oyarzun

24 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El miércoles 24 de diciembre de 1986, a las 20:40 horas, una bomba colocada por miembros de la banda terrorista ETA en un Pryca del centro comercial Mamut de Oyarzun (Guipúzcoa) segaba la vida del guardia civil JOSÉ ANTONIO PEÑA MEDINA. La explosión provocó heridas leves a dos empleados del establecimiento, Simón Arasti y Calixto Sánchez. El atentado estaba encuadrado en la campaña que ETA había iniciado contra los intereses de empresas francesas en España.

A últimas horas de la tarde del día 24 de diciembre de 1986, el etarra Francisco Ramón Uribe, acompañado de un segundo miembro de la banda, robó un coche en la localidad de Lasarte tras amenazar a la propietaria del vehículo con una pistola. Los terroristas llevaron a la mujer al campo de fútbol de Zubieta y, una vez allí, la dejaron en libertad tras advertirle que no denunciara los hechos. Poco después se dirigieron al hipermercado del grupo francés Pryca en Oyarzun donde colocaron un artefacto explosivo. Minutos antes de las 20:00 horas, varias llamadas anónimas avisaban a los responsables del centro comercial y a la Asociación de Ayuda en Carretera Detente y Ayuda (DYA) de Guipúzcoa de la colocación de una bomba en el hipermercado. Según el anunciante, ésta haría explosión a las 20:30 horas. Rápidamente, un equipo de especialistas en desactivación de explosivos de la Guardia Civil de Oyarzun se desplazó hasta el lugar. Una vez allí, los guardias ordenaron que el hipermercado, que ya había cerrado sus puertas al público, fuera desalojado y la zona acordonada. Sin embargo, a la hora indicada en las llamadas telefónicas, las 20:30, no se produjo ninguna explosión. Los guardias civiles, ayudados por un vigilante de seguridad y por un empleado de limpieza del propio centro, continuaron buscando el artefacto entre los bolsos y paquetes de los clientes, en la zona de la consigna. Diez minutos después de la supuesta hora límite, mientras José Antonio Peña inspeccionaba un bolso, tuvo lugar la explosión. Peña Medina recibió de lleno el impacto de la onda expansiva, falleciendo en el acto y quedando su cuerpo completamente destrozado, mientras que los empleados Simón Arasti y Calixto Sánchez sufrieron contusiones, así como heridas leves en la cara y el cuero cabelludo, respectivamente. Uno de los testigos presenciales relató los momentos previos a la explosión:
Uno de los guardas del establecimiento estaba dejando un bolso en el mostrador de consigna, junto a un guardia civil, que le pidió una linterna y le dijo que se alejase por si había dentro alguna bomba. No le dio tiempo a alejarse, porque inmediatamente se produjo una fuerte explosión, que provocó la caída de ladrillos y maderas y mucho polvo, e inmediatamente después vi al guarda caído en el suelo y sentí dolor en la cabeza y la pierna (…) ha sido un milagro que no nos pasase casi nada.
La bomba, compuesta por entre 2 y 3 kilos de explosivo, 2 de metralla y un temporizador, estaba oculta en una bolsa de deportes, a unos setenta centímetros del suelo. Tras la explosión, los dos heridos precisaron curas de urgencia y fueron posteriormente trasladados a centros hospitalarios, sin que se pudiera hacer nada por la vida del guardia civil Peña Medina. La zona de la consigna, situada cerca de la puerta principal del hipermercado, sufrió considerables daños materiales. Como en tantas otras ocasiones, la fortuna quiso que el atentado de ETA no acabase convirtiéndose en una auténtica masacre: el horario habitual de cierre del hipermercado eran las 22:00 horas, pero con motivo de la Nochebuena ese día la hora de cierre se había adelantado dos horas, facilitando notablemente el desalojo del local por parte de los agentes de la Benemérita. 
 
Dos días después del atentado, el 26 de diciembre, ETA militar se responsabilizaba del asesinato del guardia civil José Antonio Peña Medina en comunicados enviados a distintos medios de comunicación vascos. Asimismo, la banda terrorista reivindicaba otros atentados contra empresas de capital francés, como el cometido el día de Navidad contra un hotel de la cadena Novotel, en Madrid. Según los asesinos de la banda, la cooperación del Gobierno francés con el español “debilita el movimiento nacionalista vasco y trata de internacionalizar la represión contra los vascos implicando a otros gobiernos en su política antivasca”. El hipermercado de Pryca, uno de los más importantes de Guipúzcoa, había sufrido anteriormente otro atentado con explosivos y formaba parte de la lista de empresas de capital francés a las que Gestoras pro Amnistía recomendaba no acudir, en su “campaña a favor de los refugiados”, lo que en la práctica significaba señalarlas como objetivos de ETA, debido a la colaboración que Francia estaba prestando a España en materia de extradiciones. A consecuencia de los dos atentados y las numerosas amenazas anónimas recibidas, los responsables del hipermercado decidieron instalar un sofisticado sistema de seguridad que incluía numerosas videocámaras. Ocho meses después del atentado que le costó la vida al guardia civil José Antonio Peña Medina, en agosto de 1987, esas mismas cámaras de seguridad servirían para identificar a un sargento y a un cabo primero de la Guardia Civil, detenidos tras haber colocado, en el mismo centro comercial de Oyarzun, una bomba compuesta por 250 gramos de goma-2. Según confesaron ellos mismos, el objetivo de la colocación de la bomba era extorsionar a los responsables del centro, exigiéndoles entregas de dinero a cambio de no colocar más artefactos explosivos. El cabo primero pertenecía al Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Guardia Civil en Guipúzcoa.
 
Al día siguiente del atentado, el 25 de diciembre, se celebraron en el Salón del Trono del Gobierno Civil de Guipúzcoa, en San Sebastián, los funerales por el guardia civil asesinado. Al acto asistieron el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, los gobernadores civiles de Guipúzcoa y Vizcaya, Julen Elorriaga e Iñaki López, respectivamente, y el capitán general de los Pirineos Occidentales. Desde la noche anterior la viuda del guardia civil se negó a separarse del féretro. Durante la ceremonia, apoyada en dos guardias civiles y sin separarse en ningún momento del ataúd, no dejó de repetir una y otra vez “te quiero”, protagonizando escenas de gran dolor, conmoción y nerviosismo, llegando a gritar a los asistentes “iros, iros todos de aquí”. Tras el oficio una compañía de los Grupos Antiterroristas Rurales (GAR) y la banda de música de la Guardia Civil de Logroño rindieron honores a José Antonio Peña. Poco después, sus restos mortales fueron trasladados al aeropuerto de Fuenterrabía para viajar en avión hasta Granada desde donde, por carretera, fueron transportados hasta la localidad jienense de Castillo de Locubín. 
 
En Jaén, en la Comandancia de la Benemérita en dicha localidad, fue instalada una capilla ardiente. Desde allí, a mediodía del 26 de diciembre, miembros de la Guardia Civil condujeron a hombros el féretro hasta la Iglesia parroquial de San Félix de Valois, donde se ofició el funeral previo al entierro del agente asesinado. Más de una docena de coronas de flores, enviadas por amigos del fallecido, instituciones oficiales y la Asociación de Mujeres de Guardias Muertos por el Terrorismo, precedían al féretro a su llegada. Tras éste, cubierto con la bandera nacional y el tricornio, iban la viuda y la madre de José Antonio Peña. En la homilía, el capellán de la Guardia Civil que oficiaba el acto, Juan Bautista Monzón, señaló que “por desgracia, hechos como éste forman parte de nuestra cruz de cada día”, indicando que Peña Medina había sido “una víctima más del odio desenfrenado y de la violencia sin sentido”. El capellán aseguró que “asistimos prácticamente impotentes a situaciones que resultan insostenibles” ante la presencia de los cientos de guardias civiles y policías que acudieron a la ceremonia. Entre los asistentes estuvieron presentes el delegado del Gobierno en Andalucía, Tomás Azorín; el presidente de la Diputación, Cristóbal López Carvajal; el coronel jefe del Tercio de Granada, José García Mendoza; el gobernador civil, Francisco Rodríguez Caracuel y el alcalde de Jaén, José María de la Torre. En el momento en que los asistentes a la misa se daban la paz, la viuda, Josefa Melero, se abrazó al féretro de José Antonio Peña y besó el tricornio que había pertenecido a éste. Tanto durante el funeral como posteriormente, grupos de personas dieron vivas a la Guardia Civil y gritaron consignas de “muerte a ETA”, “granujas”, “bandidos”, “esto es lo que tenemos para rato”, “esto es la democracia” o “los de ETA no mueren, pero sí mueren los desgraciados”. Los dos hijos de José Antonio Peña, de corta edad, no asistieron al funeral, ya que su madre les había dicho que su padre se había marchado “con Papá Noel para entregar juguetes a niños en lugares muy lejanos”. Terminado el oficio, el cadáver de José Antonio Peña Medina fue finalmente inhumado en el cementerio de San Fernando, donde había sido previamente enterrado su padre, el también guardia civil Antonio Peña Aguayo.
 
El funeral por el alma de José Antonio Peña en San Sebastián había sido el primero al que asistiera Luis Roldán desde su toma de posesión como director de la Guardia Civil. Al término de aquél, Roldán manifestó que “los atentados terroristas se comentan y valoran por sí mismos, pues no son más que agresiones a la libertad del País Vasco y, consecuentemente, a la libertad de todos los españoles”, señalando que “en el resto de países, los odios y tensiones en el día de Navidad se aminoran y, sin embargo, quienes agreden permanentemente al pueblo vasco y al pueblo español ni siquiera respetan esa fecha entrañable”. Por su parte, Euskadiko Ezkerra hizo público un comunicado en el que la formación afirmaba que el asesinato de Peña Medina ponía de relieve “el total desprecio de ETA a la voluntad popular recientemente expresada en las urnas”. Pocos días después del atentado, el 29 de diciembre, altos cargos del Ministerio del Interior organizaron una visita a distintos acuartelamientos de las Fuerzas de Seguridad, para mostrar su solidaridad con los agentes en las fechas navideñas. El secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, y los directores generales de la Policía y la Guardia Civil, José María Rodríguez Colorado y Luis Roldán, acudieron a varios centros para mostrar su apoyo a los agentes destinados en el País Vasco y paliar, de algún modo, la desmoralización que se había puesto de manifiesto tras el fallecimiento de Peña Medina.
 
En abril de 1996, la Audiencia Nacional condenaba a Francisco Ramón Uribe Navarro a penas que sumaban 50 años y cuatro meses de cárcel por el atentado en el que perdió la vida el guardia civil Peña Medina. Uribe Navarro fue detenido en junio de 1994 durante una operación llevada a cabo por la Guardia Civil, en la que también fueron detenidos, entre otros, Eusebio María Lasarte Balerdi, Luis Gorriti Pagola, Javier Picabea Aizpurua y María Encarnación Martínez Fernández.
 
José Antonio Peña Medina, de veintiséis años y natural de Castillo de Locubín (Jaén), estaba casado con Josefa Melero García y tenía dos hijos de 4 y 2 años de edad. Siguiendo los pasos de su padre, Antonio Peña Aguayo, José Antonio había ingresado en el Instituto Armado en 1981 y llevaba viviendo en Oyarzun desde 1983. Su madre se encontraba en Madrid, compartiendo las fiestas navideñas con otros familiares, cuando recibió la noticia de la muerte de José Antonio, tras la cual se trasladó a Jaén para esperar la llegada del cuerpo y acompañar a la viuda. La muerte de José Antonio Peña causó una especial conmoción entre los guardias civiles de la provincia de Jaén, ya que la mayor parte de ellos eran conocidos del joven o lo habían sido de su padre.
 
En marzo de 2005, según Real Decreto 319/2005, “con el deseo de honrar la memoria de los militares y guardias civiles que fueron asesinados en atentado terrorista”, José Antonio Peña Medina fue ascendido con carácter honorífico y a título póstumo al puesto de Cabo.
 
José Antonio Peña fue la última de las cuarenta y dos víctimas mortales del año 1986.

Pedro Garrido Caro y el general Atarés, juzgado por enfrentarse a Gutiérrez Mellado

23 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A las 22:50 horas del 23 de diciembre de 1978 la banda terrorista ETA acribillaba a balazos en San Sebastián al comerciante PEDRO GARRIDO CARO, a su mujer, Filomena González Carrilero, y a su hija de 7 años, María Pilar. Los tres se encontraban en el interior de la tienda de ultramarinos Ana Mari, comercio que regentaba el matrimonio, situado en el paseo de Alza de la capital donostiarra.

Pedro había llegado esa noche a San Sebastián desde su pueblo natal, Miajadas (Cáceres) y, antes de dirigirse a su domicilio, pasó por la tienda de comestibles donde le esperaban su mujer y su hija. Pedro llegó a la tienda hacia las once menos diez, y su mujer, Filomena, le abrió las persianas. Miembros del grupo Txirrita de ETA, que estaban apostados en el exterior de la tienda, entraron en el establecimiento y abrieron fuego indiscriminadamente con una metralleta contra Pedro, su mujer y su hija. Garrido Caro, alcanzado por tres disparos en el estómago, abdomen y cuello (seccionándole la yugular) falleció en el acto. Su mujer recibió ocho impactos de bala (dos en el abdomen y seis en diversas partes del cuerpo) y fue operada de urgencia en el Hospital de la Cruz Roja, pudiendo salvar la vida milagrosamente. Tardó ochocientos diez días en curar sus heridas, de las que le quedaron secuelas de por vida, cicatrices y dificultades para andar. La niña recibió un balazo en el muslo derecho y otro en el abdomen y fue intervenida en el el Hospital de Nuestra Señora de Aránzazu. Tardó quince días en recuperarse de sus heridas.

El mismo día del asesinato de Pedro Garrido Caro, el cadáver de José Miguel Beñarán Ordeñana, Argala, uno de los etarras participantes en el magnicidio de Carrero Blanco, cruzó la frontera francesa y fue recibido por un centenar de personas. Una caravana de doscientos coches siguió el furgón fúnebre del asesino de la banda hasta Arrigorriaga, donde se instaló la capilla ardiente. Juan María Bandrés envió un telegrama de pésame a la familia y, por la tarde, se celebró un multitudinario funeral organizado por KAS.

En febrero de 1982 la Audiencia Nacional condenó a Manuel María Ostolaza Alcocer y Luis María de Marcos Olaizola a sendas penas de 29 años de cárcel por el asesinato, en colaboración con un tercer terrorista no identificado, de Pedro Garrido, y a 4 años, 3 meses y un día por las lesiones provocadas a la esposa e hija de la víctima. El grupo Txirrita de ETA fue desarticulado por la Policía a finales de enero de 1981. Además de Ostolaza Alcocer y De Marcos Olaizola, en la misma operación fueron detenidos otros miembros del grupo como el sacerdote capuchino Fernando Arburúa Iparraguirre, que sería condenado por otro asesinato cometido por Ostolaza y De Marcos Olaizola, el del guardia civil Félix de Diego Martínez el 31 de enero de 1979, pero no por el de Pedro Garrido Caro.

Pedro Garrido Caro tenía 58 años. Era natural de Miajadas (Cáceres). La banda terrorista justificó el asesinato acusándolo de estar relacionado con la Policía. Al parecer, Garrido Caro era militante falangista. Aunque fue enterrado en San Sebastián, mientras su mujer permanecía en el hospital, tiempo después sus restos mortales fueron trasladados a su localidad natal en Cáceres.

A las doce y cuarto de la mañana del 23 de diciembre de 1985, víspera de Nochebuena, la banda terrorista ETA asesinaba en Pamplona (Navarra) de tres tiros por la espalda al general de Brigada de la Guardia Civil JUAN ATARÉS PEÑA. La víctima se encontraba paseando por el parque de la Vuelta del Castillo, a escasos metros de su vivienda, algo que solía hacer de forma habitual. Dos etarras se apearon de un vehículo Renault 5, robado y con matrícula falsa, y cruzaron a la carrera el parque por el mismo camino por el que paseaba el general Atarés. Sin mediar palabra, la terrorista Mercedes Galdós Arsuaga disparó al militar a bocajarro y por la espalda. Dos de las balas le alcanzaron en la nuca, y una tercera, en la espalda. Tras comprobar que Atarés estaba muerto, abandonaron corriendo la zona. Un tercer miembro de la banda (Juan José Legorburu Guerediaga) les esperaba en el vehículo con el motor en marcha para emprender la huida. El turismo sería localizado dos horas después a un kilómetro de distancia del lugar en que se cometió el atentado. Artificieros de la Policía Nacional situaron una pequeña carga explosiva en el coche con el fin de comprobar que no había sido colocada ninguna bomba-trampa. La Policía recogió en el lugar del asesinato tres casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, de fabricación checa.

A los pocos minutos de cometerse el asesinato, la mujer del general, María Luisa Ayuso, y varios hijos del matrimonio, llegaron al lugar del crimen. Al día siguiente, los medios de comunicación recogieron la foto de la viuda arrodillada y abrazada al cadáver de su marido mientras una de las hijas sólo acertaba a decir, entre sollozos: "Papi, papi, qué bueno era".

Posteriormente acudieron al lugar del crimen el delegado del Gobierno en Navarra, Luis Roldán, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Pamplona, y un sacerdote, quien le administró los santos óleos. Sobre la una de la tarde, el juez ordenaba el levantamiento del cadáver, que había sido cubierto con una manta por miembros de la Cruz Roja y de la asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda (DYA). En el lugar en que se cometió el atentado, varias personas colocaron ramos de flores rojas y cintas con la bandera española.

Los restos mortales del general asesinado fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense del Hospital de Navarra, desde donde posteriormente el féretro fue llevado a la Comandancia de la Guardia Civil. Allí se instaló la capilla ardiente por deseo expreso de la viuda, que se negó a que se instalase en la sede del Gobierno Civil. El funeral se celebró a las once y media de la mañana del día siguiente, 24 de diciembre, en la citada Comandancia, en un ambiente de enorme tensión. Se produjeron abucheos, insultos e intentos de agresión al director general de la Guardia Civil, teniente general José Sáenz de Santamaría y a otras autoridades asistentes al mismo. Cuando las autoridades se dirigían a los vehículos que les trasladaron al cementerio se produjeron los mayores incidentes, ya que hasta entonces éstos no habían pasado de los insultos, silbidos y abucheos. En ese momento, varios grupos de personas intentaron abalanzarse sobre el general Sáenz de Santamaría, cuando éste se introducía en su automóvil. La rápida intervención de la Policía Nacional y de la Guardia Civil impidió que estos grupos pudiesen conseguir su objetivo, aunque no lograron evitar que esas personas golpeasen el vehículo y que cayese sobre el mismo una lluvia de monedas, algo que también ocurrió al paso de otros coches en los que iban diversas autoridades civiles y militares.

Era la quinta vez que la banda terrorista ETA intentaba asesinar al general de Brigada Juan Atarés. Pese a los intentos anteriores, Atarés se había negado a llevar escolta. El general Atarés estaba en la reserva activa desde 1979, tras un incidente de insubordinación ocurrido a mediados de noviembre de 1978 en Cartagena con el entonces ministro de Defensa y vicepresidente del Gobierno Manuel Gutiérrez Mellado y delante de un millar de oficiales del Ejército y la Guardia Civil. El incidente se produjo en mitad de un coloquio sobre la Constitución. Tras la intervención del capitán de corbeta Gonzalo Casado, se levantó Atarés, que era jefe de la III Zona de la Guardia Civil, y, en actitud muy excitada, pronunció frases contra el Gobierno y la Carta Magna. Un pequeño grupo de asistentes le aplaudió. Gutiérrez Mellado le ordenó que saliese de la sala y dos generales le acompañaron para cumplir la orden. Cuando ya iniciaba la salida, se volvió sobre sus pasos y, dirigiéndose al vicepresidente del Gobierno, lo llamó "embustero" y "traidor". A continuación, el teniente general Gutiérrez Mellado dijo que los que estuviesen de acuerdo con Juan Atarés se levantasen de sus asientos y saliesen de la sala. Nadie lo hizo, cerrándose el acto en medio de una gran tensión. Atarés fue juzgado en un consejo de guerra del que saldría absuelto, quedando en situación de reserva activa. Una de sus hijas, Matilde Atarés Ayuso, declaró en febrero de 2010 que el consejo de guerra "no fue más que por decir al entonces ministro de Defensa y vicepresidente del Gobierno que, frente a la opinión de que el fin de ETA estaba próximo, él estaba harto de enterrar guardias civiles y sin ánimos para seguir consolando a viudas y huérfanos".

En el año 1987 la Audiencia Nacional condenó a Juan José Legorburu Guerediaga y a Mercedes Galdós Arsuaga a sendas penas de 29 años de años de prisión por el asesinato de Juan Atarés Peña. En la misma sentencia fue condenada María Cruz Azcona Larreta como cómplice del asesinato a 10 años de prisión mayor.

Años después, en septiembre de 2011, la Audiencia Nacional absolvió a María Jesús Arriaga del asesinato del general de Brigada. El fiscal, que pedía 28 años para Arriaga, sostuvo en la vista oral que ésta alojó en su vivienda a los autores materiales del atentado, los dos ya condenados en 1987 y un tercero, Juan María Lizarralde, "ya fallecido" en los sucesos de la Foz de Lumbier en junio de 1990 en los que también falleció la etarra Susana Arregui Maiztegui y el sargento de la Guardia Civil José Luis Hervás Mañas. Para mantener la acusación contra María Jesús Arriaga, el fiscal se basó en la declaración de Galdós y Legorburu cuando fueron detenidos. Sin embargo, durante su declaración como testigos en la vista oral dijeron que habían acusado a Arriaga para permitir que otros miembros de ETA pudieran huir. Por su parte, la acusada admitió ante el tribunal que conocía a Galdós y a Legorburu, pero solo porque habían mantenido un par de citas con ellos en las que le solicitaron que colaborara con ETA, a lo que se negó. El tribunal en su sentencia declaró que no quedó acreditada la participación de la imputada en los hechos, porque la Fiscalía no aportó el acta de entrada y registro en el domicilio de Arriaga, en el que se encontraron tres pistolas y una metralleta, ni el mandamiento judicial que lo autorizaba. No obstante, hay que señalar que para el tribunal, presidido por el juez Gómez Bermúdez, las primeras declaraciones de los etarras "resultan más verosímiles", ya que "no parece posible que se hubiesen podido poner de acuerdo en involucrar a Arriaga de no ser cierta su participación en los hechos". Añade en la sentencia que "sorprende que actualmente, cuando han transcurrido casi 25 años de estos hechos, la versión que prestan Legorburu y Galdós sea absolutamente coincidente con la versión que hoy por primera vez da la acusada sobre la forma en que se conocieron. De tratarse simplemente de una persona que hace 25 años se negó a colaborar con ellos, sería un hecho tan irrelevante que difícilmente pudiese ser recordado por todos de forma tan coincidente", concluye la sentencia.

Juan Atarés Peña de 67 años, era natural de Huesca. Estaba casado con María Luisa Ayuso y tenía ocho hijos. Nada más ser asesinado su marido, María Luisa Ayuso manifestó a los medios de comunicación que lamentaba la situación por la que estaba atravesando España e insistió en que perdonaba "de todo corazón" a los autores del asesinato de su marido, a quien calificó de hombre estupendo, honrado, que había hecho de la dignidad, el amor a Dios y a España un culto. Cuando se le preguntó su opinión sobre las medidas de reinserción de miembros ETA, señaló que no estaba de acuerdo con ellas.

Perdonamos a todos, pero no podemos admitir que personas implicadas en delitos sangrientos salgan tranquilamente a la calle, mientras que otras, pobres que roban un racimo de uvas para poder comer, tengan que pagar la totalidad de la condena en la cárcel (ABC, 24/12/1985).

Los restos mortales del general de Brigada Juan Atarés recibieron sepultura en el cementerio de San José de Pamplona. 

Engraciano González Macho, empresario, y Luciano Cortizo, comandante de Artillería

22 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

En torno a las 20:00 horas del 22 de diciembre de 1988, la banda terrorista ETA asesina en Zarauz (Guipúzcoa) al empresario de hostelería ENGRACIANO GONZÁLEZ MACHO. Hacía apenas seis meses que Engraciano había abierto en Zarauz un pub, el Antxi, y ahí se encontraba cuando el etarra Juan Carlos Balerdi Iturralde entró y se pidió una consumición. Minutos después le descerrajó dos tiros en la cabeza que provocaron la muerte en el acto de Engraciano, que se encontraba en ese momento detrás de la barra del pub. Fuera del local aguardaba un segundo terrorista para cubrir la acción de Balerdi Iturralde, y un tercero esperaba a ambos en un vehículo en el que emprendieron la huida.

La misma noche del asesinato, el gobernador civil de Guipúzcoa, José Ramón Goñi Tirapu, acusó a ETA del mismo y señaló al mismo "comando que el pasado domingo colocó un coche-bomba en Éibar y mató a un policía", en referencia al agente José Antonio Barrado Recio. Asimismo, Goñi Tirapu señaló a los medios de comunicación que en el pub se habían encontrado tres casquillos de bala "de la misma munición que utiliza el comando Éibar".

Pocos meses después, en abril de 1989, la Guardia Civil desarticuló el grupo Éibar de ETA y detuvo a varios de sus miembros: Juan Carlos Balerdi Iturralde, alias Eneko, Jesús María Ciganda Sarratea y Fermín Urdiain Ciriza (hermano de Juan Ignacio, que había sido detenido por la Policía francesa cuatro días antes). El Gobierno Civil de Guipúzcoa indicó que, antes de ser reducido, Fermín Urdiain efectuó dos disparos con su pistola contra un guardia, que respondió con una ráfaga intimidatoria. Las mismas fuentes señalaron que Fermín Urdiain dejó de disparar porque se le encasquilló la pistola y que al ser reducido preguntó insistentemente al guardia que por qué no le había matado. Balerdi Iturralde, alias Eneko, Ciganda Sarratea y Urdiain Ciriza fueron condenados en 1990 por la Audiencia Nacional a sendas penas de 30 años de reclusión mayor por el asesinato de Engraciano. El mismo fallo encontró culpables del delito de asesinato por cooperación necesaria a José Cándido Zubicaray Badiola y José María Beristain Urbieta, por lo que fueron condenados a sendas penas de 27 años de reclusión mayor.

Engraciano González Macho, de 41 años, era natural de Ondárroa (Vizcaya). Estaba casado con Ester Bidasoro y tenía dos hijos, un muchacho de 15 años y una niña de 10. La banda terrorista ETA acusó a Engraciano de estar vinculado con el tráfico de drogas, acusación que utilizó como justificación del crimen. Su viuda rechazó categóricamente cualquier relación de su marido con las drogas, pues también se había especulado en los medios de comunicación con que el empresario había abandonado Ondárroa instalándose en Guetaria tras haber recibido amenazas por dedicarse, precisamente, al tráfico de estupefacientes. La madre de Engraciano González fue incluso a hablar con Goñi Tirapu, entonces gobernador civil de Guipúzcoa, para pedirle que limpiara el nombre de su hijo. Así lo contó el propio Goñi Tirapu en El confidente: la negociación ETA que sí funcionó (Espasa Calpe, 2005):

Era una mujer mayor, menuda, vestida de luto y con una profunda expresión de tristeza. Se sentó frente a mí y, sin más preámbulos, me pidió que limpiara públicamente el nombre de su hijo de las calumnias vertidas por los asesinos y sus cómplices (...) Conmovido, hablé con un periodista, le conté el drama de aquella mujer y le pedí que, por favor, y en aras de su mayor repercusión, desmintiera desde las páginas de su periódico cualquier relación de Engraciano con el narcotráfico. La media hora de conversación se resumió en una línea escondida entre las miles de líneas de un periódico perdido entre el montón de periódicos que se escriben todos los días" (citado por Alonso, R., Florencio Domínguez, F., y García Rey, M. Vidas Rotas, Espasa 2010, pág. 703).

Engraciano González Macho fue la última víctima mortal del año 1988 en el que la banda terrorista ETA asesinó a diecinueve personas.

El viernes 22 de diciembre de 1995 la banda terrorista ETA asesinaba en León mediante una bomba-lapa colocada en los bajos de su vehículo al comandante de Artillería del Ejército LUCIANO CORTIZO ALONSO, que falleció en el acto, hiriendo de gravedad a su hija de 18 años Beatriz Cortizo Ordóñez, con lesiones en el abdomen, las piernas y los brazos. La joven fue intervenida de urgencia por espacio de siete horas. En el curso de la operación, los médicos le extirparon el bazo y le reconstruyeron zonas de la pierna y el brazo izquierdos que habían quedado seriamente dañadas.

La explosión de la bomba también causó lesiones de menor consideración a tres transeúntes que pasaban por la avenida de Ramón y Cajal, una vía muy céntrica de la capital leonesa. Diego Fouces Martínez, de 25 años, sufrió lesiones en la pierna izquierda y traumatismo facial, quedando ingresado en un centro hospitalario de León. Los otros dos heridos –Aroa Castro Díez, de 16 años, herida en la cara, y José María Fernández González, de 56, con heridas leves en una pierna–, fueron dados de alta pocas horas después.

El militar había recogido momentos antes a su hija y comenzó a circular con el vehículo por las calles de León, sin ser consciente de que llevaba adosada una bomba en los bajos del mismo. La explosión del coche del comandante Cortizo se produjo a las 13:25 horas a la altura del número 6 de la avenida de Ramón y Cajal, justo en el momento en el que el vehículo se había parado en un semáforo en rojo, en el que también había detenidos otros siete u ocho coches. El vehículo del comandante, un Ford Orion color crema metalizado, quedó totalmente destrozado. Minutos después de la explosión dos hombres y una mujer salieron huyendo en un Peugeot de color gris con matrícula de Bilbao, circulando a gran velocidad por las calles céntricas de la ciudad, según indicaron varios testigos presenciales del atentado.

Pocos minutos antes de que el artefacto hiciera explosión, unos doscientos alumnos habían abandonado la Academia Cervantes, próxima al lugar de los hechos. Así lo confirmó el director de la misma que relató que en el momento del atentado sintieron "una explosión que hizo temblar el edificio; vimos una gran bola de humo y, cuando bajamos a la calle, nos encontramos con un cadáver destrozado junto a la acera, a una joven grave y a otros heridos". El centro escolar estaba en el primer piso del número 8 de la avenida de Ramón y Cajal, al lado del semáforo en el que en ese momento se encontraba detenido el vehículo del comandante Cortizo Alonso. También en los alrededores del lugar de la explosión se encuentran los institutos Legio VII (donde estudiaba Beatriz, la hija del comandante Cortizo) y Juan del Enzina. La tragedia podría haber sido mucho mayor, porque muchos estudiantes celebraban por los alrededores el inicio de las vacaciones navideñas.

Luciano Cortizo viajaba habitualmente en su coche particular como medida de seguridad recomendada por el Gobierno Militar, que había desaconsejado el uso de vehículos oficiales, especialmente desde el brutal atentado sufrido por el capitán Juan José Aliste en Salamanca en el mes de noviembre de ese mismo año cuando una bomba-lapa le seccionó ambas piernas. Ni los autores de este atentado, ni los del comandante Cortizo, fueron identificados, detenidos y juzgados.

La capilla ardiente con los restos mortales de Luciano Cortizo Alonso se instaló en la sede del Gobierno Militar de León. Al día siguiente tuvo lugar el funeral por su alma en la catedral de León.

Luciano Cortizo Alonso, de 44 años, estaba casado con Margarita Ordóñez, y tenía dos hijos: Beatriz, de 18 años, que resultó gravemente herida en el atentado, y un chaval de 17 años. Era natural de La Rúa (Orense), aunque llevaba varios años destinado en el cuartel general del Mando de Artillería de Campaña de León, con base en Ferral del Bernesga. Vivía a quinientos metros del lugar donde fue asesinado. Especialista en psicotecnia militar y en sistemas de dirección de tiro y localización de objetivos, el comandante Cortizo llevaba veinticuatro años en el Ejército. Ingresó en las Fuerzas Armadas en julio de 1971 y estuvo destinado en el Regimiento de Artillería de Campaña número 15 de Cádiz y en el CIR número 12 de León. El día que ETA segó su vida iniciaba sus vacaciones de Navidad. Unos días después del atentado, la hija del comandante asesinado declaraba desde el Hospital del Insalud de León que "los de ETA" eran "unos auténticos cobardes que no dan la cara" y que, cuando se recuperase, su vida tendría que continuar "aunque ahora, sólo somos tres y no cuatro, como cuando vivía mi padre" (Diario de León, 03/01/1996).

El de Luciano Cortizo Alonso fue el cuarto atentado cometido por ETA en Castilla y León en un mes y medio, y el último con víctimas mortales de 1995, sumando un total de dieciocho asesinados por la banda terrorista en ese año.

Las cloacas usan a ETA en el magnicidio de Carrero y el intento de asesinato de Luis del Olmo

20 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A las 9:28 horas del 20 de diciembre de 1973 miembros del grupo Txikia de ETA accionaron una potente carga explosiva colocada bajo la calle Claudio Coello de Madrid al paso del coche oficial en el que viajaban el presidente del Gobierno, almirante LUIS CARRERO BLANCO, el policía de escolta, JUAN ANTONIO BUENO FERNÁNDEZ, y el chófer oficial del almirante, JOSÉ LUIS PÉREZ MOGENA.

Aproximadamente una hora antes, Carrero Blanco había salido de su domicilio en la calle Hermanos Bécquer para oír misa en la Iglesia de San Francisco de Borja. Era su rutina desde hacía treinta años. En el exterior, tres policías, de los ocho que formaban su escolta personal, le esperaban desde hacía algunos minutos. Sus nombres eran Juan Antonio Bueno Fernández, Rafael Galiano del Río y Miguel Alfonso de la Fuente. Juan Antonio Bueno y el chófer Luis Pérez Mogena, entraron en el coche oficial, un Dodge Dart. Los otros dos policías se subieron a un coche de escolta en compañía de un tercero, Juan Franco. Tras finalizar la misa, hacia las nueve y veinte, salió de la iglesia, junto a su escolta, para ir a desayunar con su mujer. A las diez de la mañana, tenía una cita en su despacho de Castellana 3, con el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Fernández, y con el ministro de Trabajo, Licinio de la Fuente.

El Dodge Dart se dirigió por la calle Juan Bravo y giró hacia Claudio Coello. Cuando se encontraba a la altura del número 104 de esta calle se produjo la detonación de una gran carga explosiva. Miembros de la banda ETA habían excavado un túnel desde un semisótano del número 104 de la calle Claudio Coello y habían extendido un cable a través de la ventanilla del bajo. Cuando el vehículo blindado del presidente llegó a una señal roja pintada en la pared (que marcaba el punto exacto en el que estaba colocado el explosivo), uno de los terroristas (Argala, según unos, Kiskur, según otras versiones) accionó el mando y la explosión alcanzó de lleno el objetivo. El coche se elevó treinta y cinco metros y fue a caer al patio interior de la residencia de los jesuitas de la Iglesia de San Francisco de Borja. El coche de escolta, que viajaba a unos metros del Dodge Dart, perdió de vista el vehículo del presidente. Cuando el polvo y el humo provocado por la explosión empezaron a disiparse, contemplaron estupefactos un enorme cráter en la calle, pero ni rastro del coche de Carrero. Incluso uno de los agentes del coche de escolta fue corriendo al domicilio del almirante con la esperanza de que allí estuviese aparcado. Otro de los agentes miró hacia arriba y vio la cornisa rota del colegio de los Jesuitas.

Los etarras habían colocado otro vehículo cargado de explosivos y aparcado en la calle en doble fila, para incrementar los efectos del atentado, aunque no llegó a estallar. Además de las tres víctimas mortales, en el atentado resultaron heridas numerosas personas, entre ellas los tres policías del coche de escolta, un taxista, la portera del inmueble del número 104 de la calle de Claudio Coello y su hija de corta edad.

ETA acababa de dar el golpe que la lanzaría al estrellato, no sólo internamente sino de cara al exterior. La prensa internacional siempre ha presentado y presenta este crimen como "ejemplo de lucha antifranquista". El asesinato de Carrero, su escolta y su chófer es un hito para ETA y el atentado que más réditos propagandísticos proporcionó a la banda asesina. Hasta 1973, la banda había asesinado a ocho personas, aunque en realidad sólo habían reivindicado cuatro de esos asesinatos, de los que sólo uno (el de Melitón Manzanas en 1968) fue un atentado planeado por ETA. Los otros tres (el del guardia civil José Pardines Arcay, también en 1968, el del taxista Fermín Monasterio, en 1969, y el del policía municipal Eloy García Cambra en 1972) puede decirse que se debieron a circunstancias imprevistas en las que se vio envuelta la propia banda en el marco de su actividad criminal: un control de carreteras en el caso de José Pardines; la huida de un etarra herido y un taxista que rechazó continuar el viaje en el caso de Fermín Monasterio; y los movimientos sospechosos de unos individuos en Galdácano en el caso de Eloy García Cambra. En cuanto a los otros cuatro asesinatos cometidos con anterioridad al de Carrero Blanco, están la niña Begoña Urroz (1960) y los tres jóvenes gallegos secuestrados y torturados hasta la muerte en 1973, el mismo año del asesinato de Carrero. Ninguno de los cuatro ha sido asumido, a día de hoy, por la banda terrorista, que nunca ha reconocido la autoría de aquellos crímenes que podían tener un coste social y suponer un desprestigio en su aureola de gudaris luchadores por la libertad y la democracia.

Si embargo, con el asesinato de Carrero Blanco los etarras sacaron pecho. Aún hoy día se siguen jactando de "su hazaña", ellos y la gentuza que los apoyan. Casi cuarenta años después de haber asesinado brutalmente a tres personas y de haber destrozado a tres familias, se corea y se canta en las fiestas de los pueblos del País Vasco y Navarra, y en toda juerga que se precie, una canción denigrante que demuestra la catadura moral de los asesinos de ETA y sus simpatizantes. Porque, por encima de todo, estamos hablando del asesinato de tres personas, de tres víctimas de una banda terrorista. Un policía, un chófer y un militar y político. Sólo puede calificarse de gentuza y alimaña a aquellos que aprovechan los momentos de jolgorio para jalear el crimen con letras como la que sigue: "Ante, ante ¿quién hizo volar al almirante?/Jueves antes de almorzar,/Carrero tenía que ir a rezar, /pero no pudo ir a rezar,/porque tenía que volar./Un petardito hizo estallar, PUM/y hasta un tejado PUM,/le hizo saltar./ Así voló, Carrero voló, /así voló, muy alto llegó,/así voló, Carrero voló,/así voló, muy alto llegó".

Pero al margen de la catadura moral de los que cometieron el atentado y sus simpatizantes, el hecho es que ETA-Batasuna lleva años festejando un atentado que debería ser motivo de oprobio y vergüenza. Esas medallas que la banda se adjudica, considerándose poco menos que los artífices de la transición a la democracia, chocan frontalmente con la realidad de lo que fue este brutal crimen y lo que con ello se consiguió. Y esto es así por dos razones fundamentales.

La primera, porque no está en absoluto probado que Carrero hubiese sido un obstáculo ("el" obstáculo según creían, muy posiblemente de forma equivocada, algunos sectores del régimen) para la transición a la democracia tras la muerte de Franco. De Carrero Blanco se han hecho dos retratos completamente contrapuestos: los que dicen que era "un ultra entre los ultras a la derecha de Franco y los que le presentan como el tapado que preparaba una suerte de perestroika que serviría en bandeja al Príncipe haciendo mutis por el foro" (Ernesto Villar, Todos quieren matar a Carrero. La conspiración dentro del Régimen, Libros Libres, octubre 2011, pág. 187). Por otra parte, a Carrero lo sucede en la presidencia del Gobierno Carlos Arias Navarro que, además de que era el encargado de la seguridad del presidente, como todos sabían no era precisamente "un demócrata de toda la vida". Además, la gestión que hizo Arias Navarro en lo que al desarrollo hacia la transición se refiere fue, como mínimo, muy poco afortunada.

La segunda razón es aún más importante y, sobre todo, menos discutible. ETA y la gentuza que le apoya estarían mejor callados y no deberían sacar pecho por un atentado en el que su papel es cualquier cosa menos airoso. Todos los datos que han salido a la luz a lo largo de estas casi cuatro décadas ponen de manifiesto, sin ningún tipo de dudas, que la banda terrorista ETA fue utilizada, no se sabe a ciencia cierta por quien, para cometer un atentado contra el número dos del régimen franquista, a escasos metros de la embajada americana y el día después de la visita de Henry Kissinger a España. Es decir: los asesinos de la banda fueron simples sicarios de alguien que los utilizó para conseguir unos fines determinados. Ni el "alguien" ni los "fines" que se perseguían están claros, pero de lo que no hay ninguna duda es de que se movieron hilos y se removieron obstáculos para que los miembros del grupo Txikia pudiesen asesinar impunemente al presidente del Gobierno. Los hilos se movieron antes y después del atentado, en la preparación y ejecución, y en el encubrimiento posterior y la sospechosa "dejadez" con la que se actuó tras el magnicidio.

Los datos para descartar una actuación en solitario de ETA son absolutamente abrumadores. Pero a diferencia de lo ocurrido con otros atentados más recientes, como el 11M, donde los datos han sido igualmente abrumadores para demostrar la falsedad de una versión oficial judicialmente ratificada –de momento–, con el asesinato de Carrero existe una unanimidad casi absoluta en este punto: desde el Rey a Carrillo, pasando por la propia familia de Carrero, Felipe González, ministros de la época, historiadores y periodistas que han estudiado el atentado, espías y exespías, militares con importantes responsabilidades en la época, miembros de las fuerzas de seguridad... Prácticamente nadie ante la pregunta de quién asesinó a Carrero responde que fue ETA sola y sin ayuda. Asesinos a sueldo y sicarios, según algunos, peleles y tontos útiles, según otros: ese fue el papel de ETA en el atentado de Carrero. La imagen de unos "heroicos gudaris antifranquistas", que es la que nos han vendido durante tantos años, sin los que seguiríamos viviendo en una dictadura, es una imagen falsa. Los etarras fueron muy posiblemente unos peleles asesinos en manos de parte de las familias del Régimen que los utilizaron en sus luchas intestinas, que, además, no pusieron en peligro su integridad ni arriesgaron su vida, o su libertad, a la hora de cometer el atentado.

Esta unanimidad en descartar la actuación en solitario de ETA que, por cierto, sienta muy mal a la izquierda proetarra, ha sido contada y recontada en la multitud de libros y artículos que sobre el atentado se han escrito. La bibliografía es muy abundante, y este mismo año se han publicado varios libros que aportan multitud de datos que apuntan en la misma dirección. Todos ellos ponen de manifiesto dos cosas: por un lado, que existió una auténtica conspiración para asesinar a Carrero en la que los terroristas de ETA fueron utilizados y manipulados; por otro dejan también el mal sabor de boca de la ambigüedad a la hora de adjudicar responsabilidades claras sobre quién dio la orden de matar a Carrero, quién fue dirigiendo a los etarras, quién fue desactivando pistas que podrían haber evitado el atentado, quién hizo dejación de funciones, o algo más, a la hora de detener y poner a disposición de la justicia a los asesinos del presidente del Gobierno, etc.

A día de hoy, y como ha ocurrido con el 11M, no sabemos a ciencia cierta qué pasó en el atentado de Carrero, pero sí sabemos lo que no pasó. Y básicamente no pasó que ETA actuase sola.

¿Y quiénes fueron esos peleles, tontos útiles o sicarios a sueldo? El atentado fue ejecutado por el grupo Txikia de ETA, compuesto por Iñaki Múgica Arregi, Ezkerra; Pedro Ignacio (Iñaki) Pérez Beotegui, Wilson; Jesús María Zugarramurdi, Kiskur; Javier María Larreategui, Atxulo; y José Mikel Beñaran Ordeñana, Argala. Pero hubo muchos más peleles, que estaban en el ajo del atentado, como el monje benedictino Eustaquio Mendizábal, alias Txikia (de quien, tras su muerte en un enfrentamiento con la Policía, tomarían el nombre los etarras); José Manuel Pagoaga Gallastegui, alias Peixoto; José Antonio Urruticoetxea, Josu Ternera; Ignacio María Garalde, Mamarru, o Domingo Iturbe Abasolo, Txomin, entre otros. En tareas logísticas, como el robo de documentos nacionales de identidad (DNI) en una comisaría de Policía de Madrid, participaron Juan Bautista Izaguirre, Zigor, y Ramón Echevarría, Okoz. En la falsificación de DNI participó José Ignacio Abaitua Gomeza, Marquin... Cuando Carlos Estévez y Francisco Mármol quisieron ponerse en contacto con aquellos que todavía estaban vivos para tener su versión de la "hazaña", se encontraron con la sorpresa de una férrea e inflexible "ley del silencio" por parte de los etarras, y eso a pesar de que, supuestamente, este atentado era el gran éxito de la banda terrorista (Carrero, las razones ocultas de un asesinato, Temas de Hoy, 1998, pág. 249)

En el libro ya citado del periodista y escritor Ernesto Villar se ofrece una recopilación exhaustiva de todos los datos e indicios anteriores y posteriores al atentado, que lleva directamente a la conclusión de una ETA manipulada y utilizada. También se recogen los testimonios de muchas personas que ponen de manifiesto la unanimidad en la calificación del atentado como extraño (los más prudentes) y como de conspiración clara, la mayoría. Es, a día de hoy, el libro más completo y que más claves aporta para concluir que detrás del asesinato del presidente del Gobierno hubo una auténtica conspiración, aunque el autor, lógicamente, deja abiertas todas las puertas sobre quién pudo estar detrás de esa conspiración.

"A cualquiera con un mínimo de experiencia en la clandestinidad le resultaba evidente que sin protecciones importantes y muy altas los etarras hubieran sido arrestados mucho antes de realizar sus propósitos". Quien así se manifiesta es el secretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, que lo dejó escrito en sus memorias, "para indignación del mundo abertzale" (Ernesto Villar, pág. 77). El propio Carrillo se preguntaba extrañado: "¿Cómo es posible que ese grupo de hombres pudiera trasladarse de piso varias veces en una época en la que era obligatorio informar a la comisaría más cercana de cualquier cambio de domicilio, sin que a nadie se les ocurriera pedirles la menor explicación? (...) Es indudable que ETA fue el brazo ejecutor, pero los interesados en que Carrero muriera, los protectores de ETA, por llamarlos de alguna manera, eran otros" (Ernesto Villar, pág. 263).

Otra opinión a tener en cuenta, por ser una de las personas más informadas de la época, es la de José Mario Armero, presidente de Europa Press, con trato regular con ministros de la época y habitual en las comidas secretas organizadas por el SECED para, supuestamente, preparar la transición. Tras descartar la "conspiración internacional" y apostar por una operación interna, dice: "La mano ejecutora fue, sin duda alguna, ETA. Pero, ¿quién manipuló a ETA? Porque yo estoy convencido de que no actuó en solitario (...) El día que nos enteremos de la verdad, si es que nos enteramos, nos llevaremos grandes sorpresas". Pero más importante es que Armero descarta a la izquierda como inductora del atentado ("No, no lo creo, ni lo he creído nunca") y señala a la extrema derecha: "hay indicios de que pudiera ser la extrema derecha la que manipuló a ETA" (Ernesto Villar, págs 261-262). Seguramente si la opinión de Carrillo indigna al "mundo abertzale", la de que sus gudaris fueron manipulados por la extrema derecha aumentará esa indignación.

José Luis de Villalonga recoge los testimonios de dos personas cualificadas. Por un lado el rey Juan Carlos y por otro el expresidente del Gobierno, Felipe González. De ambos se hace eco en su epílogo Ernesto Villar (págs 261-267). En cuanto al Rey, es inducido por el propio Villalonga, que le pregunta a bocajarro: "¿Se supo por fin quiénes fueron los asesinos de Carrero?". Primera respuesta del Rey: "Pero... ETA, naturalmente. ¿No lo sabías?". Insiste Villalonga: "ETA fue el brazo ejecutor. ¿Pero quién estaba detrás de los vascos?". "No lo sé", responde con el tono de quien se ha planteado cien veces la misma pregunta. Y repite: "No lo sé", a lo que comenta Villalonga: "No dejó de ser un extraño crimen". Y responde el Rey: "Y que lo digas". También prestado a Villalonga en 2004 es el testimonio de Felipe González: "De verdad que sigo sin creerme que aquellos vascos, con sus boinas y su acento podían haber llegado a sus fines sin contar con una ayuda hasta ahora ignorada".

Especialmente significativas son las opiniones del juez Luis de la Torre Arredondo, el fiscal Fernando Herrero Tejedor y Luis González-Mata, exespía de Franco. En cuanto al juez, el sumario llegó a sus manos después de que, tras tres años de instrucción, la investigación no avanzase. En 1983 el juez especial se despachó en una entrevista en la revista Interviú en la que cuenta cómo intentó llegar, indagando no sólo de forma oficial, sino también confidencialmente, a los que dieron la orden a ETA de matar a Carrero y a quiénes les pusieron sobre la pista. Con todo ello saca tres conclusiones: que la investigación llegó hasta los autores materiales y "de ahí no pasó", pese a que "había elementos" para hacerlo; que Carrero fue víctima de una lucha interna dentro del franquismo (de la que le llegaron retazos de forma confidencial) que se resume en que su desaparición beneficiaba a muchos; y la última conclusión es que "los inspiradores del atentado han quedado en la sombra" (Villar, págs 240-241).

Fernando Herrero Tejedor, fiscal del Tribunal Supremo y posteriormente ministro secretario general del Movimiento, envió a Franco un informe secreto sobre el magnicidio del que nunca más se supo. Sin embargo, el 17 de septiembre de 1974, el diario ABC se hacía eco de una frase pronunciada por Herrero Tejedor en el discurso de apertura del año judicial: "No sólo ETA es responsable de la muerte de Carrero". Al tiempo que confirmaba la participación de la banda en el magnicidio, dejó caer que "no se descarta la participación de organizaciones distintas a ETA en el asesinato de Carrero Blanco". La repentina, y para algunos misteriosa, muerte de Herrero Tejedor en accidente de tráfico en junio de 1975 sólo nos permite aventurar que el informe jurídico secreto que envió a Franco, al parecer muy extenso y detallado, debía ir en esa línea de no creerse la versión oficial que se estaba dando sobre el atentado.

Por último, y para cerrar los testimonios más relevantes recogidos por Ernesto Villar, hay que hablar del exagente de los servicios secretos Luis González-Mata, un testimonio que durante años ha sido denigrado y desacreditado, pero que hoy adquiere más importancia por varios motivos. En primer lugar, por la propia personalidad de González-Mata. En segundo lugar, y más importante, por la referencia que Ricardo de la Cierva hace del mismo, citando una conversación con José María de Areilza.

Empezando por la personalidad de Luis González-Mata, hay que señalar que no era un agente secreto cualquiera. Como explica el coronel del Ejército del aire y oficial de inteligencia Manuel Rey Jimena "era una persona brillantísima y tenía la confianza plena de Carrero Blanco". Carrero y el director general de Seguridad, Eduardo Blanco, le encargaron algunos de los "marrones" más complicados y comprometidos del régimen en los años 40, 50 y 60. Además, y al tiempo que trabajaba para la inteligencia española, lo hizo de forma simultánea o alternativa para los servicios americanos. Unos meses antes del asesinato de Carrero, González-Mata se desligó de todos los servicios secretos harto de tantas "asquerosas complicidades entre fascistas y comunistas". Para él, un ejemplo de ello sería el propio atentado de Carrero. El exespía sostiene que al menos dos equipos de inteligencia, "uno español y otro extranjero" (que no nombra, pero que es claramente la inteligencia estadounidense) conocían los preparativos de los etarras (unos "desgraciados" que "fueron manipulados", según sus propias palabras) y fueron "corrigiendo" los errores que cometían. Pero va más allá: aportando todo tipo de datos muy concretos, afirma que no sólo corrigieron errores y dejaron hacer, sino que se inmiscuyeron directamente en los propios planes del atentado, señalando que en la madrugada del propio día 20 de diciembre un equipo de americanos penetró en el sótano de la calle Claudio Coello y "deposita dos artefactos envueltos en materia plástica, similares a las minas antitanques, dotados de un sistema de encendido radio-eléctrico". Al día siguiente, dos equipos distintos aprietan el detonador. "Todo hace pensar que, de no haber sido así, la Operación Ogro hubiera fracasado" (Ernesto Villar, págs. 78-83, 108-109, 135-137). Dos equipos y, se supone, dos explosivos distintos se utilizaron en el atentado. Pero sólo podemos suponer, porque no se realizó un análisis oficial del explosivo utilizado. 

Es difícil de valorar hasta qué punto lo que cuenta González-Mata es cierto. Su aportación ha sido calificada por algunos de fantasiosa. Sin embargo el historiador Ricardo de la Cierva aportó en su libro ¿Dónde está el sumario de Carrero Blanco? (ARC Editores, 1996) un dato revelador protagonizado por José María de Areilza, conde de Motrico, ministro de Asuntos Exteriores en el primer Gobierno de la Monarquía y uno de los políticos más destacados y mejor relacionado de los años 70. La escena tuvo lugar en la recepción ofrecida por el Rey con motivo de su onomástica el 24 de junio de 1978. En un momento determinado, Areilza se acercó a Ricardo de la Cierva y le preguntó: "¿Has leído el libro de González-Mata? No el primero, Cisne, sino el que acaba de aparecer, que se titula Terrorismo internacional", a lo que De la Cierva contestó que lo tenía, pero aún sin leer. José María de Areilza le dijo: "Pues míralo esta misma noche, porque te puedo garantizar que su versión sobre el atentado de Carrero es la exacta".

Más recientemente, la participación directa de la CIA en el atentado es la que defiende Pilar Urbano en su libro El precio del trono (Planeta, 2011), del que el diario El Mundo ofreció una prepublicación en el suplemento Crónica de su edición del 20 de noviembre de 2011. No obstante, la escritora no aporta en qué fuentes se basa para afirmar que el Seced tomó muestras del cráter que provocó la explosión y se encontraron rastros de explosivo "C4, de uso exclusivo militar y que entonces sólo se producía en EEUU" y no la Goma-2 que los etarras dijeron utilizar y que habían robado en el polvorín de Hernani (Eva Forest, Operación Ogro. Cómo y por qué ejecutamos a Carrero Blanco, Argitaletxe Hiru, 1993). Tampoco, según el juez instructor De la Torre, el túnel era como lo describieron los etarras en la rueda de prensa que dieron en Burdeos reivindicando el atentado, ni como aparece descrito en el libro Operación Ogro. "No se correspondía con el informe de la Policía Judicial en la inspección ocular del subterráneo, hecha el mismo día del asesinato. Con prosa carpintera de atestado, el informe desmentía la versión de ETA. ¿Se trataba de dos túneles distintos? ¿O de un mismo túnel, pero muy reformado? En tal caso, eran dos descripciones del mismo túnel, una hecha ‘antes’ y otra ‘después’. En algún momento, el túnel fue alterado. Y ETA no lo supo".

Recapitulando, es realmente imposible señalar fehacientemente al inductor o inductores del atentado: servicios secretos de un país, de dos, el KGB, la CIA, la masonería, la extrema derecha, alguna de las familias del régimen, los comunistas... Sobre estos últimos, es indudable que los etarras tuvieron apoyo de la comunista Eva Forest, con un papel muy turbio y pieza clave de todo el engranaje no sólo del atentado contra Carrero sino también del que, nueve meses después, se cometería en la cafetería Rolando de Madrid. Como reconoce Lidia Falcón, una de las detenidas tras la masacre de la cafetería, percibió "indicios de un progresivo y desconcertante trato de favor" hacia Eva Forest por parte de la Policía. Y no sólo eso. Como cuenta Anna Grau, Forest "consiguió evitar no sólo la pena capital sino incluso el ir a juicio. Pasó tres años en la cárcel pero salió inmaculada (...). El misterio más profundo de todos quizá sea este: ¿cómo consigue Eva Forest salir tan bien librada, no ya del atentado de la calle Correo, sino del atentado contra Carrero?" (Anna Grau, De cómo la CIA eliminó a Carrero Blanco y nos metió en Irak, Destino, 2011, pág. 86).

La casi completa unanimidad de las opiniones apuntan en la misma dirección: una ETA utilizada y manipulada para conseguir no se sabe muy bien qué objetivos. Y a esa conclusión se llega porque son abrumadores los datos de antes y después del atentado que, ni con la mejor buena fe del mundo, pueden atribuirse en su totalidad a negligencia de todos aquellos de los que dependía la seguridad del presidente del Gobierno o a la falta de coordinación y los celos entre los diversos servicios de información y las fuerzas de seguridad. Tampoco tiene sentido la tesis que han mantenido algunos, como Eduardo Blanco, director general de Seguridad, de que Carrero era poco menos que un inconsciente que desoyó los avisos y se negó a reforzar su seguridad, una opinión que indigna especialmente, y con razón, a la familia del almirante que aceptó todas aquellas modificaciones de seguridad que le impusierona sin poner nunca ninguna pega a las mismas. Además, y en el supuesto de que el presidente hubiese puesto pegas a su seguridad, eso no era una excusa para no haberle garantizado la misma. Tampoco es posible llegar a la autoría intelectual del atentado por la vía del qui prodest porque, para desgracia de Carrero Blanco, había demasiada gente interesada en que muriera. Eso no quiere decir, evidentemente, que aquellos que pudieron beneficiarse del asesinato estuviesen detrás del mismo.

Entre esos datos anteriores al atentado, está ese primer y rocambolesco intento de secuestro organizado en 1971, dos años antes de su asesinato, por un grupo heterogéneo de antifranquistas liderado por un exguerrillero venezolano, y que fue tapado por un pez gordo de las fuerzas de seguridad (Fuente, I., García, J. y Prieto, J. Golpe mortal, Prisa, 1983, págs. 95 y ss.). Un plan calcado al que después pretendió realizar ETA, y del que desistió cuando en junio de 1973 Carrero fue nombrado presidente y se aumentaron las medidas de seguridad. Ernesto Villar se pregunta si ambos planes pudieran estar relacionados y responde que "lo fácil es pensar que sí". "Si ambos planes están conectados, alguien que organizó el primer intento o que lo conoció desde la otra acera, es decir, desde los servicios de seguridad del Régimen" pudo ser quien proporcionó esa información (la Iglesia, el mismo recorrido, la misma hora...) a Argala en 1972 (Villar, págs. 65-69).

Otro dato inquietante: "prácticamente la totalidad de los etarras que participaron en la preparación del atentado contra Luis Carrero Blanco eran ‘ilegales’, es decir, estaban fichados por la Policía. Algunos de ellos estuvieron en la capital más de un año. Otros cometieron todo tipo de imprudencias" (Ernesto Villar, pág. 103). La impunidad con la que los etarras actuaron en Madrid sigue maravillando hoy día a todo aquel que se acerca a la historia del magnicidio. Alquilaron y compraron numerosos pisos, construyeron zulos para esconder a Carrero tras el secuestro que idearon en primer término, alquilaron vehículos con su nombre real, dejaron huellas dactilares y tuvieron varios incidentes y encontronazos con las Fuerzas de Seguridad: atraco a una armería, robo de DNI en una comisaría de Madrid que, por otra parte, indicaba planificación a medio o largo plazo, compra de esposas al lado de la DGS, ejercicios de tiro cerca de la central nuclear de Zorita... En todos ellos, la detención de los etarras fue convenientemente parada por un "ángel de la guarda", del que tampoco sabemos si era siempre el mismo. Con los años han aparecido innumerables datos que apuntan a que posiblemente por parte de "miembros de los servicios de información" los etarras tuvieron protección e, incluso, apoyo directo para "retirar los obstáculos" que hubieran impedido ejecutar el atentado. A eso hay que añadir los avisos y todo tipo de informes alarmantes de las fuerzas de seguridad (como los de José Sáinz, Pepe el Secreta, jefe de Policía de Bilbao), notas, soplos de confidentes etc., que o bien eran guardados en un cajón o bien no llegaban a quien tenían que llegar porque alguien los "paraba" en algún nivel de algún Ministerio (Ernesto Villar, págs. 57 y ss.).

Entre las operaciones más llamativas, por su importancia, está la anulación de la operación de entrada en el piso que los etarras tenían en la calle Mirlo (que estaba convenientemente "sonorizado") de la que dio cuenta el entonces teniente coronel y luego general Aguado, responsable de la 111ª Comandancia en aquella fecha, en el libro Carrero, las razones ocultas de un asesinato (Estévez, C. y Mármol, F. Temas de Hoy, 1998, págs. 105-106). De la misma se hace eco Pilar Urbano en el libro citado El precio del trono, aportando, además, el dato de la persona que paralizó el dispositivo (Eduardo Blanco, director general de Seguridad):

La noche en cuestión, Aguado se reunió en la comandancia de Guzmán el Bueno con el capitán Puertas y los tenientes Pinto y Santamaría. Estudiaron el operativo, la distribución de los agentes: calle, portal, ascensor, planta 12 y azotea:
-Hay un comando de la ETA en Madrid. Pero ni lo hemos olido. ¿Pueden ser éstos de Mirlo? No lo sabemos. Por tanto, armas quietas y nada de tiros.
Aguado llevaba un rato en el despacho del coronel Manuel González tomando café y haciendo tiempo para salir con sus guardias, cuando sonó el teléfono interior.
-Aquí el cuerpo de guardia, soy el comandante de servicio. Mi coronel, un mensaje urgente para usted del director general de Seguridad.
-¿Está al habla? Páseme con él.
-No, mi coronel, no está al habla. Me ha dictado el mensaje para que se lo transmita y ha colgado.
-Ah... Bien... léame el mensaje.
-Al coronel jefe de la 111ª Comandancia de la Guardia Civil: suspéndase entrada prevista en piso 12 letra C del nº 1 de la calle Mirlo.
Después de colgar, el coronel González mantuvo unos instantes su mano sobre el auricular, como si así asimilara mejor la contraorden. Luego miró a Aguado, que aguardaba con cara de desconcierto al otro lado de la mesa:
-Despide a tus hombres, Paco, y vámonos a dormir: se suspende la operación.
-¿Quién lo manda?
-Puerta del Sol. Eduardo Blanco. Y en plan ordeno y mando, dictándole la orden al comandantillo de servicio como si yo fuera un mindundi (prepublicación de El precio del trono, suplemento Crónica de El Mundo, 20/11/2011).

También resulta muy extraña, por no decir escandalosa, la retirada, poco antes del magnicidio, de un operativo de seguridad del Alto Estado Mayor (AEM), al frente del cual estaba Manuel Díez-Alegría, un militar considerado aperturista y muy alejado del búnker, y cuyo nombre es el único que aparece en las dos quinielas conocidas de los servicios secretos estadounidenses para suceder a Carrero Blanco (Villar, pág. 172). El dispositivo de seguridad en la zona donde se produjo el atentado estaba dirigido por José Luis Cortina, conocido por sus hombres como El Pelao. "Aquellos hechos han sido narrados a Crónica por uno de sus autores, un agente de información del Estado Mayor que hacía guardia en la parada de autobús de Serrano-Hermanos Bécquer y que cubría y vigilaba las entradas y salidas de una empresa rusa, Mar Negro, que era una cobertura de la antigua URSS en Madrid y que estaba en la calle Serrano, justo enfrente de la parada de autobús" cuenta el periodista del diario El Mundo Antonio Rubio en su edición del 27 de noviembre de 2011. El 19 de diciembre, el día anterior al atentado, este dispositivo de los servicios secretos del AEM detectó y fotografió a Argala en la parada del autobús de la calle Serrano, muy cerca de la embajada americana y a unos doscientos metros de Claudio Coello 104. El 20 de diciembre de 1973 "a las siete de la mañana, uno de los equipos que dirigía el capitán José Luis Cortina volvió a montar su operativo para controlar a los rusos de la empresa Mar Negro. Sobre las ocho horas recibieron una contraorden: regresar a la base". Hora y media después el presidente Carrero, su chófer y su escolta eran asesinados. Cuando al sargento de la Guardia Civil que habló con Antonio Rubio se le plantea qué conocimiento tenía el capitán Cortina, jefe operativo de aquellos grupos de contraespionaje, sobre los etarras que estaban en la misma zona en la que ellos venían trabajando desde hacía meses, responde defensivamente: "Yo no sé si Cortina sabía o no sabía, pero los operativos no estábamos al corriente de nada" (El Mundo, 27/11/2011).

En el mismo artículo, el periodista se hace eco de otra información publicada en el mismo diario El Mundo el 21 de febrero de 2011 donde se narra un hecho ocurrido durante el juicio por el golpe de Estado del 23-F: "el día en que el comandante José Luis Cortina declaró como imputado en la vista oral del 23-F (22 de marzo de 1982), y durante el receso de la comida, amenazó, según la versión del abogado de Antonio Tejero, Ángel López Montero, a un interlocutor telefónico con la siguiente frase: ‘Como me jodan, saco hasta lo de Carrero Blanco’". Cortina resultó absuelto en ese juicio.

También reseñable en el premagnicidio las dos reuniones en el Hotel Mindanao de Madrid con un misterioso hombre de traje gris: en la primera (octubre de 1972) se les da a Argala y Wilson un papel en el que se les señala el objetivo, el lugar para actuar (en un principio se planteó el secuestro), la rutina diaria del almirante Carrero y sus horarios. En la segunda, más importante que la primera, dos meses antes del asesinato alguien le da a Ezkerra, uno de los cerebros del atentado, una dirección: Claudio Coello, 104. No fue, por tanto, un "golpe de suerte" encontrar ese local en el que excavarían el túnel para colocar el explosivo. De este segundo encuentro en el Mindanao se tuvo noticia precisamente por la declaración de Ezkerra ante la Policía tras ser detenido en septiembre de 1975, de la que se hizo eco en sus memorias un comisario de Policía que estuvo 30 años combatiendo a ETA en primera línea en el libro de Jorge Cabezas Yo maté a un etarra: secretos de un comisario en la lucha antiterrorista (Planeta, 2003, págs. 62-63):

"Fue una declaración espontánea hablando del atentado de Carrero. Nosotros ignorábamos ese hecho por lo cual difícilmente habíamos podido plantearle la cuestión. La cita se la había dado la organización (...) La descripción de esta persona siempre nos causó asombro. Era un hombre de unos 30 años, con el pelo moreno, echado para atrás.
Vestía traje gris y corbata. Elegante. Parecía un funcionario del Estado, con rango de subsecretario, es decir, con cierta jerarquía. No llegaba a ser un ministro, pero tampoco era un funcionario cualquiera. Fueron sus palabras. Nos causaron asombro y perplejidad. Podían provocar risas e incredulidad, pero allí quedaron, aunque creo recordar que se sacaron también fuera de las diligencias. Este hombre gris le entregó un sobre cerrado. Cuando Ezkerra lo abrió se encontró con la dirección de una casa, Claudio Coello, 104, semisótano, con la dirección del dueño y la indicación de que estaba en venta. Fue esa precisamente, la casa que a mediados de noviembre de 1973 compraría Javier María Larreategui Cuadra, Atxulo, haciéndose pasar por estudiante de Escultura. Y fue de esa casa de donde arrancaría el túnel que había de llegar hasta la mitad de la calle y donde los etarras colocaron la dinamita que haría volar el coche de Carrero Blanco. Una dinamita que, por cierto el propio Ezkerra se encargó de bajar hasta Burgos en el mes de diciembre y que procedía del robo de una cantera en el País Vasco realizado tiempo atrás por otro comando etarra. Aquella información no era investigable. Se hizo una tímida gestión, pero transcurridos dos años ya resultaba imposible. Allí en la Brigada se hacían apuestas sobre quién podía ser el hombre de traje gris. Salieron a relucir muchos nombres, pero evidentemente no eran más que conjeturas".

Ernesto Villar aventura una hipótesis sobre quién pudo ser este hombre "con cierta jerarquía" y señala a uno de los participantes en las reuniones que miembros del SECED tuvieron con personajes de la oposición para preparar la transición a la democracia, reuniones que, al parecer, se celebraban con el visto bueno del propio Carrero Blanco. "Quizás de una de ellas salió el embajador que se citó con Argala" (Villar, págs. 23-24, 166-170 y 188).

Pero si llamativo es todo lo que ocurrió antes del atentado, no menos lo es lo que ocurrió después. De entrada, no hubo una "operación jaula" para detener a los autores del atentado, como tampoco se decretó el estado de excepción, algo que sí se hizo tras el asesinato de Melitón Manzanas. Una testigo cualificada fue Pilar Careaga, alcaldesa de Bilbao y, por tanto, perfecta conocedora de los desproporcionados operativos que solía practicar la policía franquista ante el menor incidente terrorista. Comentó a la viuda del almirante, Carmen Pichot, que aquel día regresaba a su ciudad por carretera desde Madrid y pudo constatar asombrada la absoluta falta de controles y vigilancia policial. El abogado socialista Fernando Múgica, posteriormente asesinado por la banda, explicó como hizo el viaje a San Sebastián y comprobó también que parecía "como si hubieran ordenado retirar todos los controles". Juan María Bandrés narró cómo, en contra de lo que se escribió en prensa, muchas personas cogieron el camino de Francia y cruzaron la frontera sin dificultad porque no había vigilancia especial y recuerda cómo mientras con la muerte de Manzanas –"un simple inspector de Policía de Irún" – hubo un durísimo estado de excepción, con la muerte "nada menos que de un almirante que además es jefe, presidente del Gobierno" no pasó nada (Estévez, C., Mármol, F., Carrero:Las razones ocultas de un asesinato, pág. 171).

Como también sorprende la actuación del embajador en Francia Pedro Cortina Mauri, al que los servicios secretos franceses le pusieron en bandeja al día siguiente del atentado la detención de Ezkerra y Wilson –casualmente dos de los que vieron al misterioso hombre del Hotel Mindanao–, y de un tercero, José María Ezkubi, alias Bitxor, y que se negó a hacerlo pese a la insistencia de José María Álvarez de Sotomayor, el número dos de la embajada. El relato fue también detallado por Carlos Estévez y Francisco Mármol en la obra citada. "¿Por qué se negó a detener a los terroristas? ¿Actuaba por decisión propia o recibía órdenes de alguien? En este caso, ¿de quién? ¿Quién desaprovechó la oportunidad más clara de arrestar a los verdugos del presidente del Gobierno? Sea como fuere, su perseverancia no le pasó factura política, sino todo lo contrario: días después, el nuevo presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, le concedía el premio con el que todo embajador puede soñar: ser ministro de Asuntos Exteriores. Ver para creer" (Ernesto Villar, pág. 230).

Juan Antonio Bueno Fernández, inspector del Cuerpo General de Policía, en el que entró por oposición en 1944, formaba parte del dispositivo de escolta del almirante Carrero Blanco desde 1957. Antes estuvo destinado en Soria, Zaragoza y Barcelona. Era natural de Maranchón (Guadalajara) y tenía 52 años cuando fue asesinado. Juan Antonio estaba casado y tenía un hijo de 15 años.

 

Luis Carrero Blanco era natural de Santoña (Cantabria) y tenía 69 años cuando fue asesinado. Estaba casado con Carmen Pichot y tenía cinco hijos, tres de ellos marinos, como su padre. Se formó en la Escuela Naval de la Armada, en la que entró con sólo 14 años (al parecer su padre modificó la partida de nacimiento para que pudiera entrar antes en la Escuela Naval, y figura como fecha oficial de nacimiento 4 de marzo de 1903), estudiando primero en Madrid y después en París. El inicio de la Guerra Civil le sorprende en Madrid, de donde consigue huir en 1937 para unirse al bando de los sublevados con Franco. En 1940, tras finalizar la guerra, entró como subsecretario de la Presidencia del Gobierno, ocupando diversos cargos hasta que, en 1967, fue nombrado vicepresidente primero, un año después de ser ascendido a almirante. El 6 de junio de 1973, seis meses antes de su asesinato, fue nombrado presidente del Gobierno, lo que implicó un refuerzo de las medidas de seguridad sobre él. Este fue el motivo por el que se descartó el plan inicial (secuestrarlo) y se optó por el asesinato, mucho más factible. Pero, y este es otro motivo que hace pensar en que los que idearon el atentado querían algo espectacular, no optaron por un atentado discreto, mucho más fácil de ejecutar (podrían haber asesinado a Carrero de un simple disparo, pues lo tuvieron a tiro muchas veces en la propia iglesia a la que acudía todos los días), sino por una acción mucho más complicada de ejecutar, pero mucho más espectacular, para conseguir así uno de los objetivos que pretendía el atentado: la propaganda.

José Luis Pérez Mogena, chófer del presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco, era natural de Madrid. Tenía 33 años, estaba casado y el matrimonio tenía un hijo de 7 años y una niña de 4. Ingresó en 1966 como conductor del Parque Móvil de Ministerios y los tres últimos años estuvo destinado en Presidencia del Gobierno. Cuando se produjo el atentado, la madre de José Luis estaba en la ciudad sanitaria Francisco Franco visitando a una amiga. Allí oyó la noticia del atentado, por lo que llamó a su nuera que le notificó que su hijo había sido trasladado al mismo hospital en el que ella estaba. José Luis falleció a las 13:00 horas (Alonso, R., Florencio Domínguez, F., y García Rey, M. Vidas Rotas, Espasa 2010, pág. 35).

 

A las ocho menos diez de la mañana del miércoles 20 de diciembre de 2000 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Barcelona al agente de la Guardia Urbana JUAN MIGUEL GERVILLA VALLADOLID.

El agente se encontraba regulando el tráfico en la confluencia de la calle Numancia con la avenida Diagonal de la capital catalana. A esa hora un Fiat Uno de color rojo se había averiado e interrumpía el tráfico en el lateral de la Diagonal. El agente se dirigió a los dos individuos, los etarras del grupo Barcelona Fernando García Jodrá y José Ignacio Krutxaga, que empujaban el coche y colaboró empujándolo para que no obstaculizara el paso de vehículos que, en un momento de gran afluencia de tráfico en plena hora punta, había provocado una larga cola de coches. Algunos conductores, incluso, hicieron sonar el claxon nerviosamente al sortear el vehículo de los etarras, que tenía puestas las cuatro luces de emergencia. Juan Miguel Gervilla se percató, entonces, de que el automóvil se había bloqueado porque no tenía puesta la llave de contacto, sino un destornillador colocado ad hoc por los terroristas. En ese momento García Jodrá intentó sacar una pistola y se inició un forcejeo con el agente, que provocó la caída de ambos al suelo. El otro asesino de la banda, José Ignacio Krutxaga, no dudó un instante y disparó a Gervilla en la cabeza. A continuación García Jodrá se levantó y lo remató a sangre fría con un segundo disparo. El agente recibió dos impactos de bala en la cabeza y el pecho y falleció en el acto mientras los terroristas emprendían la huida a pie en dirección a una boca de metro cercana al lugar de los hechos. Atemorizados, algunos de los conductores atrapados en el atasco que fueron testigos de los hechos dejaron abandonados en plena calle sus vehículos durante varios minutos.

Con su acción, Juan Miguel Gervilla Valladolid impidió el asesinato de una personalidad, pues el vehículo de los terroristas, robado unos días antes, llevaba una bomba compuesta por trece kilos y medio de explosivo dentro de una olla a presión que iban a ser utilizados en un atentado inminente. Hacia las 10:30 horas, una vez que el juez de guardia ordenó el levantamiento del cadáver del agente asesinado, los artificieros de la Policía procedieron a desactivar el artefacto, previo desalojo de los edificios de la zona. A la bomba sólo le faltaba una última conexión para ser accionada a distancia. La carga estaba situada en el lado derecho del maletero y para su desactivación tuvieron que volar controladamente la cerradura del portón. El coche había sido robado el domingo 17 de diciembre en Esplugas de Llobregat y llevaba matrículas de otro vehículo de idénticas características de un vecino de la población de Tarrasa. La bomba estaba preparada para "ser utilizada el mismo miércoles 20 de diciembre casi con toda probabilidad", según informaron fuentes policiales.

En un primer momento se desconocía cuál era el objetivo de la banda. Por ello la delegada del Gobierno, Julia García Valdecasas, declaró que los terroristas pretendían asesinar a "alguna autoridad que debía pasar por la zona" y que el asesinato de Gervilla Valladolid había "salvado la vida de varias personas" al interponerse en los planes de los etarras. El lugar donde se averió el vehículo de los terroristas está situado en la zona alta de Barcelona, donde se encuentran numerosas sedes de importantes empresas y entidades financieras como La Caixa, Retevisión o Catalana Occidente, además de una residencia de oficiales del Ejército y un cuartel de Infantería. También hay viviendas de lujo que suelen ocupar importantes empresarios. Cualquiera de ellos podía ser en principio objetivo del atentado que Gervilla evitó con su actuación. Ese mismo día, por la noche, el alcalde de Barcelona, Joan Clos, le otorgó la Medalla de Honor al sufrimiento, categoría de oro, a título póstumo.

Posteriormente se supo que el objetivo de la banda era el periodista Luis del Olmo, que vivía a escasos metros de donde se había averiado el coche. Era el sexto intento del grupo Barcelona de asesinar al periodista en poco más de medio año.

Unas ciento cincuenta mil personas asistieron a una manifestación convocada por el alcalde de Barcelona, la Generalidad y otras instituciones al día siguiente del asesinato de Gervilla con el lema: "Catalunya per la llibertat. ETA no".

En 2002 la Audiencia Nacional condenó a José Ignacio Krutxaga Elezcano y a Fernando García Jodrá a sendas penas de 54 años de prisión por el asesinato de Juan Miguel Gervilla Valladolid. En el mismo proceso se juzgó a Lierni Armendaritz, compañera de los dos anteriores, que resultó absuelta del asesinato del agente, pero que fue condenada a 24 años de cárcel por el intento de asesinato del periodista Luis del Olmo. Durante el juicio, el asesino Krutxaga aprovechó el derecho a la última palabra para amedrentar a los ciudadanos que colaboraban con las fuerzas de seguridad en la lucha contra ETA diciendo: "El Estado y los medios de comunicación llevan un tiempo haciendo una campaña excesiva para que la gente participe en una lucha que no es la suya, la lucha antiterrorista. Les dicen que tienen que denunciar a los terroristas, que les sigan con sus coches, pero no les advierten de las consecuencias de esas acciones". La viuda y un hermano asistieron al juicio manteniendo, en todo momento, una actitud ejemplar (ABC, 22/11/2002).

Juan Miguel Gervilla Valladolid tenía 39 años. Nació en Nuremberg (Alemania), ciudad a la que sus padres habían emigrado. Estaba casado con Gemma, y tenía dos hijos, Óscar y Carlos. Pertenecía a la Guardia Urbana desde 1986, y durante ocho años se había ocupado de la regulación del tráfico en Esplugas de Llobregat, donde residía con su familia. Cuando fue asesinado, estaba adscrito al distrito barcelonés de Les Corts. Juan Miguel era una apasionado de la bicicleta, aunque una operación de hernia discal le había apartado dos años antes del la práctica del ciclismo. En memoria del agente asesinado, el Ayuntamiento de Fuenlabrada instauró una Carrera Policial que adoptó el nombre de Juan Miguel Gervilla y que se celebra anualmente con motivo del día de la Policía Local.

Juan Miguel Gervilla Valladolid fue la última víctima mortal de ETA en el año 2000. Ese año la banda terrorista asesinó a veintitrés personas tras romper en diciembre de 1999 la tregua que se inició en septiembre de 1998. 

Azaola, exmiembro de ETA que evitó el secuestro y asesinato del príncipe Juan Carlos

19 de Diciembre de 2011 - 09:10:02 - M.J. Grech

El martes 19 de diciembre de 1978, sobre las ocho de la mañana, tres miembros de ETA asesinaban en Guecho (Vizcaya) al delineante JOAQUÍN MARÍA AZAOLA MARTÍNEZ, disparándole tres tiros a bocajarro en la puerta de su garaje, en presencia de dos compañeros de trabajo. Joaquín María Azaola había pertenecido, años atrás, a la propia ETA, habiendo participado en la planificación de la Operación Pesca, en la que ETA pretendía secuestrar al entonces príncipe Juan Carlos junto con otros miembros de la Familia Real. En el momento de su asesinato, la víctima se había acogido a la amnistía y se había desvinculado completamente de la banda terrorista.

Pasadas las 7:30 horas Joaquín María abandonó su vivienda, situada en el número 15 de la calle Hispanidad, en el barrio de Algorta de la vizcaína localidad de Guecho y se encaminó a la calle Areneazpi, donde se encontraba su garaje. Allí se reunía cada día a la misma hora con dos compañeros, Gonzalo Olano Gorbea y Vicente Lorenzo Chasco, para acudir juntos a la empresa en la que trabajaban, Mecánica de la Peña de Urduliz. Como cada día, se dirigían en el  coche de Gonzalo Olano, un Seat 124 blanco, hasta la empresa donde Joaquín María Azaola desempeñaba el puesto de delineante proyectista. 
 
Cuando Azaola llegó al garaje se reunió con Gonzalo y juntos entraron en el mismo. En ese momento, dos jóvenes armados con pistolas se acercaron a ellos diciéndoles que no tuvieran miedo, ya que únicamente querían el coche. Uno de ellos encañonó a Gonzalo mientras el segundo terrorista montó en el vehículo y se colocó al volante. Los terroristas llevaban la cara descubierta, pero la falta de luz impedía que los testigos pudieran verles con claridad. Vicente Lorenzo llegó después de que el segundo etarra hubiese subido al vehículo y rápidamente sintió cómo un tercer terrorista, que se había quedado vigilando, le ponía una pistola en la nuca. El que había montado en el coche lo puso en marcha y, en ese momento, uno de los que apuntaban a los tres compañeros, a unos tres metros de distancia de Azaola, le descerrajó tres tiros con su pistola, alcanzándole en el vientre y el pecho. Las dos balas que impactaron en su pecho lo atravesaron, incrustándose en una columna del garaje, pero la tercera quedó alojada en su cuerpo. Los asesinos gritaron “Gora Euskadi Askatuta” (País Vasco libre) y se dieron a la fuga en el coche de Gonzalo Olano. El propietario del vehículo se dirigió hasta el puesto de Policía Municipal más cercano y regresó al lugar del atentado junto con varios agentes. Joaquín María Azaola fue trasladado en una ambulancia del Cuerpo de Socorro de Guecho al Hospital Civil de Basurto, donde falleció poco después. En el lugar de los hechos, la Policía encontró dos casquillos de bala, marca Geco, y uno de la marca FN, todos ellos del calibre 9 milímetros parabellum. 
 
Alrededor de las 12:00 horas el vehículo robado por los etarras y utilizado en la huida fue encontrado junto a la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, en la calle Barria de Las Arenas, en Guecho. El coche tenía las puertas abiertas y la llave de contacto puesta. Tras realizar la inspección pertinente y sin encontrar nada anormal, la Policía se lo devolvió a su propietario.
 
Al día siguiente del asesinato de Joaquín María Azaola, el diario ABC publicaba que, según fuentes próximas al entorno etarra en el sur de Francia, Azaola había sido asesinado bajo acusaciones de ser un “chivato”. Según esas mismas fuentes, Azaola había sido simpatizante de ETA desde hacía muchos años, pero “en ningún momento miembro” de la banda terrorista. Ese mismo día, 20 de diciembre, ETA militar reivindicaba el atentado contra Azaola Martínez, afirmando que había sido “ejecutado por trabajar para la Policía española durante los últimos años, primero desde Euskadi Norte y, después, desde Euskadi Sur”.
 
Dos días después del asesinato de Joaquín María Azaola, el que era máximo responsable del “aparato militar” de ETA José Miguel Beñarán Ordeñana, alias Argala, era asesinado en un atentado terrorista cometido mediante la colocación de un artefacto explosivo en una rueda de su coche. Argala, que vivía en Anglet (Francia), a dos kilómetros de Bayona, era el supuesto responsable del atentado que costó la vida al almirante Carrero Blanco y su asesinato fue reivindicado inicialmente por la OAS y, posteriormente, por el Batallón Vasco Español. En 2003 el diario El Mundo publicó una entrevista con uno de los militares que aseguraba haber participado en el atentado. Sin embargo, el día siguiente de la muerte del dirigente etarra, fuentes próximas a la organización terrorista ETA informaban al diario ABC, desde el sur de Francia, que la autoría no estaba clara y que, pese a la evidencia de la reivindicación, no se debían descartar luchas intestinas en el seno de la banda, ya que “podría ser el principio del enfrentamiento total entre los ‘milis’, autoencumbrados por el éxito de sus acciones, y los ‘polis-milis’, contrarios a la línea seguida por José Miguel y sus muchachos […] podría ser un ‘ajuste de cuentas’ por la muerte del señor Azaola, vasco de pura cepa”.
 
Joaquín María Azaola se había exiliado por primera vez en Francia en 1947, huyendo del franquismo, permaneciendo en el país vecino durante tres años. En 1957 volvería a exiliarse, esta vez durante nueve años, hasta 1966, debido a sus actividades nacionalistas. Tras su segundo regreso al País Vasco, Azaola ingresó en las filas de ETA, lo que le llevó a pasar nueve meses en prisión por su implicación en el secuestro del industrial Lorenzo Zabala en 1972. Poco después de salir de prisión, en el primer trimestre de 1973, Joaquín María Azaola, conocido en las filas de ETA como Jokin, se exiliaba por tercera y última vez, recalando en el País Vasco francés. El 15 de diciembre de 1977 Joaquín María Azaola Martínez regresaba a España con un pasaporte nuevo, tras acogerse a la amnistía política y laboral que le permitiría reintegrarse a su antiguo puesto como delineante en la empresa Mecánica de la Peña. Una hija de Joaquín declaró después del asesinato de su padre que éste no había recibido amenazas de ningún grupo y que su vinculación con ETA había quedado atrás en una etapa anterior de su vida. 
 
Sin embargo, las causas de su muerte muy probablemente se encontraban precisamente en esa etapa que Azaola creía enterrada. A su regreso del último exilio en Francia, en 1977, Joaquín María Azaola, bajo el seudónimo de Odei Erreka, había publicado un libro titulado Los elegidos de Euskadi. Un atentado al futuro. En la obra, el exmiembro de ETA detallaba con pelos y señales un plan, conocido como 'Operación Pesca', que la banda había diseñado en 1974 para secuestrar en Mónaco al entonces príncipe Juan Carlos de Borbón, junto con otros miembros de la Familia Real. También contaba cómo fue él, personalmente, quien facilitó a las autoridades y a las Fuerzas de Seguridad los datos necesarios para abortar el secuestro. Poco después, en mayo de 1978, Jokin relataba todos los pormenores de la historia en las páginas del semanario Interviú. Joaquín María de Azaola, el hijo de la víctima, se mostraba convencido de que la muerte de su padre, así como las acusaciones que ETA había vertido sobre él en la reivindicación del crimen, eran una venganza por la actuación de éste en aquella operación y por haberlo contado todo en el semanario: “Puede ser una venganza. La única explicación que encuentro para que hayan matado a mi padre es que él fue quien evitó el secuestro del Rey”.
 
Tal y como lo explicó Joaquín María Azaola en el artículo de Interviú, la 'Operación Pesca' tenía como finalidad el secuestro de varios miembros de la casa real, entre los que estaban el conde de Barcelona, don Juan de Borbón; su hijo don Juan Carlos, Príncipe de España; la esposa de éste, doña Sofía; sus tres hijos, Felipe, Elena y Cristina; don Alfonso de Borbón y Dampierre, duque de Cádiz y la esposa de éste, Carmen Martínez Bordiú. La idea de la banda era pedir, a cambio de la libertad de los secuestrados, entre 200 y 300 millones de pesetas y la liberación de un centenar de presos. Entre los etarras que participarían en la planificación y la ejecución del atentado estaban, entre otros, Domingo Txomin Iturbe Abasolo; Isidro María Garalde, alias Mamarru; Miguel Ángel Apalategui Ayerbe, alias Apala; José Luis Arrieta, alias Azkoiti; José María Arruebarrena Esnaola, alias Tanke; José Antonio Garmendia Artola, alias El Tupa, y Jesús María Muñoa Galarraga, alias Txaflis.
 
ETA había tenido conocimiento a principios de 1974 de que el príncipe Rainiero de Mónaco había invitado a la Familia Real española con motivo de la inauguración de un casino en el Principado. El plan de la banda consistiría en que un grupo de etarras abordaría en alta mar el yate de la Familia Real, otro los recogería en la orilla y los trasladaría a una cárcel del pueblo construida en Niza. Allí, un tercer grupo se haría cargo del resto de la operación. Para llevarlo a cabo, los terroristas pretendían alquilar un yate de gran potencia, el Stolvezen. El papel de Joaquín María Azaola era presentarse como secretario de un profesor belga, con documentación falsa a nombre de “Van Pout”. Pero Azaola, Jokin, estaba convencido de que Franco no cedería al chantaje, con lo que el único desenlace posible sería el asesinato de los rehenes. 
 
Sus dudas sobre la utilidad de la operación fueron aumentando. Así, aprovechando un viaje a Bayona para formalizar la renovación de sus papeles de exiliado, acudió al cónsul español y le hizo entrega de un sobre cerrado dirigido al comisario general de investigaciones de la Dirección General de Seguridad, José Sáinz. Ese primer contacto escrito dio pie a otros personales, en los que Azaola le contó a Sáinz los detalles de la operación para que abortara la acción terrorista. Sáinz, que había sido jefe superior de la Policía de Bilbao, puso los hechos en conocimiento del entonces príncipe Juan Carlos y prometió a Azaola que no se detendría a ninguno de sus compañeros en ETA ni se les imputaría, en el futuro, ningún cargo por la participación en el intento de secuestro.  Además, Azaola decidió informar al presidente del Gobierno vasco en el exilio, Jesús María Leizaola, que le pidió que obrara “en conciencia”.
 
Como resultado de la colaboración de Jokin con la Policía, la Familia Real no acudió a Mónaco, frustrándose así el intento de secuestro. El conde de Barcelona, que no recibió la información a tiempo, se desplazó con su yate “Giralda” hasta Cannes, donde fue informado por el comisario Roberto Conesa, tras lo cual fue llevado de nuevo a España en un avión Mystère. Tras darse por cancelada la operación, los miembros de ETA de los tres grupos que se habían organizado regresaron desde Niza y Cannes a sus respectivos puntos de origen en el País Vasco francés. En las páginas de Interviú, Jokin explicaba por qué decidió sabotear la operación terrorista: 
 
Yo estaba seguro de que Franco no iba a ceder y que hubiéramos tenido que matarlos a todos; una vez comenzada la acción no podíamos echarnos atrás. ¿Qué hubiera ocurrido? Pues se cortaba toda posibilidad de evolución hacia la democracia, hubiera habido un cambio radical a la derecha y una represión horrible contra el pueblo vasco. Si nuestro objetivo hubiera sido Franco, como al principio pensé, no habría dudado, pero Juan Carlos... Contando aquellos hechos yo sólo pretendo que el Rey sepa que no fue secuestrado, que debe a un vasco probablemente la vida y que toda una serie de señores policías que se apuntaron el tanto nada hubieran podido hacer por su cuenta […] No pedí dinero ni nada a cambio, y mis condiciones –que no se detuviera a nadie y nunca se les achacara su participación en la acción– fueron cumplidas por José Sáinz. […] Yo no sé lo que pensará la gente, pero yo he vivido muchas noches sin dormir dándole vueltas a mi actuación. En las Navidades de 1974 pude hablar con Jesús María Leizaola, presidente del Gobierno vasco en el exilio, en San Juan de Luz. Sin entrar mucho en detalles le conté las cosas y le pedí su opinión. Sólo me contestó: "No te preocupes, has hecho muy bien".
 
Según el diario La Vanguardia (20/12/1978) cuando hablaba de "señores policías que se apuntaron el tanto" Azaola se refería al comisario general de investigaciones de la Dirección General de Seguridad, José Sáinz; al comisario general de Información, Roberto Conesa, y al jefe de la brigada de Operaciones de la Dirección General de Seguridad, Andrés Gómez Margarida.
 
Joaquín María Azaola Martínez, técnico industrial de 55 años, era natural de Bilbao. Estaba viudo desde un mes antes de su asesinato y tenía tres hijos, dos chicas y un chico, de 26, 28 y 31 años. Azaola era también abuelo, ya que una de sus hijas estaba casada y había tenido un hijo. Joaquín María vivía con sus dos hijos solteros y llevaba un año y medio, desde la vuelta de su último exilio, trabajando en Mecánica de la Peña de Urduliz como delineante proyectista. Sus compañeros de trabajo afirmaban que era un hombre con una conducta normal y que no desarrollaba ningún tipo de actividad política, aunque era considerado por sus amigos como de ideología nacionalista.

Juan Cruz Montoya, conserje en Vitoria, y el coche-bomba contra un furgón policial en Éibar

18 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A las 20:30 horas del martes 18 de diciembre de 1979 dos miembros del grupo Treviño de ETA asesinaban en Vitoria al conserje del colegio de los Marianistas JUAN CRUZ MONTOYA ORTUETA. Los dos terroristas lo estaban esperando en la puerta del centro escolar, apoyados en la barandilla del colegio. Uno de ellos se incorporó cuando vio al conserje y le disparó a bocajarro, primero en el costado y, cuando cayó al suelo mortalmente herido, lo remató en el suelo. El crimen fue presenciado por dos alumnos del colegio. Juan Cruz Montoya fue trasladado urgentemente a un centro sanitario de Vitoria, donde nada se pudo hacer por salvar su vida.

Tras asesinar al conserje, los terroristas emprendieron la huida en un coche robado a punta de pistola a las 19:20 horas cuando su propietario iba a aparcarlo en el garaje de su domicilio. Dos encapuchados lo abordaron y lo dejaron atado con una cadena dentro de una caseta en Vitoria, además de robarle el DNI.

El 20 de diciembre cerca de cuatro mil personas se manifestaron de forma silenciosa, en protesta por el asesinato de Juan Cruz. Los manifestantes se concentraron frente al colegio de los Marianistas, en el lugar en el que cayó muerto el conserje, y se dirigieron a continuación hasta la catedral vitoriana de María Inmaculada. Encabezó la manifestación la junta del colegio, a la que seguían padres y alumnos de la mayor parte de los colegios de Vitoria. Poco antes de las seis de la tarde, los manifestantes llegaron a la catedral donde cuarenta sacerdotes oficiaron el funeral por el alma del conserje asesinado. Además, la mayor parte de los centros privados de enseñanza de Vitoria pararon durante la tarde en señal de protesta.

La banda terrorista ETA eligió a Juan Cruz Montoya como objetivo porque creían que era un guardia civil retirado. Una vez que se supo que no era así, la dirección de ETA dio órdenes a los autores materiales de que devolvieran las armas utilizadas en el asesinato para evitar que, si eran detenidos, se les pudiera relacionar con el mismo. El 27 de diciembre, ETA militar envió un comunicado al diario Norte Express en el que negaba su relación con el asesinato de Juan Cruz Montoya.

En el año 1982 la Audiencia Nacional condenó a Saturnino López Domaica, Luis Javier Izaga González y José Miguel López de Muniain Díaz de Otalora a sendas penas de 26 años, 8 meses y un día de reclusión mayor por el asesinato de Juan Cruz Montoya. Izaga González salió de prisión en junio de 2002 y López Domaica en febrero de 2003.

Juan Cruz Montoya Ortueta, de 59 años, era natural de Zambrana (Álava). Estaba casado y tenía un hijo de 28 años. Antes de ser contratado como conserje en el colegio Marianista de Vitoria, puesto en el que llevaba catorce años, la víctima había sido labrador. No se le conocía adscripción política alguna. Juan Cruz fue la última víctima mortal de la banda en el año 1979, el segundo más sangriento, con ochenta personas asesinadas.

A las tres y media de la tarde del 18 de diciembre de 1988 la banda terrorista ETA hacía explotar un potente coche-bomba al paso de un convoy policial que se dirigía al campo de fútbol de Ipurúa, en Éibar (Guipúzcoa), para prestar el servicio de vigilancia habitual en días de espectáculos deportivos, en este caso el encuentro de Segunda División entre el Éibar y el Sabadell. Los policías nacionales pertenecían a la Compañía de la Reserva General con base en Logroño. Hacia las 15:20 horas, cuando quedaban dos para que se iniciase el partido, uno de los terroristas accionó el mando a distancia que provocó la explosión del coche-bomba. La deflagración alcanzó de lleno al último de los coches que formaban el convoy –cuatro furgonetas Avia con veinte agentes a bordo–. Como consecuencia de la misma resultó gravemente herido el policía nacional JOSÉ ANTONIO BARRADO RECIO. Fue sacado aún con vida del amasijo de hierros en que quedó convertido el furgón policial pero falleció mientras era trasladado a un centro sanitario de la propia localidad.

También resultó gravemente herido el sacristán de la parroquia de Arrate, JOSÉ ALDAOLEA ABAITUA, que fallecería con posterioridad a la sentencia por la que se condenó a los autores del atentado, dictada en diciembre de 1990, en la que figura como uno de los asesinatos frustrados, según se recoge en Vidas rotas (Alonso, R., Florencio Domínguez, F., y García Rey, M., Espasa 2010, pág. 701). Sin embargo, Aldaolea Abaitua sí figura como víctima mortal en el listado del Ministerio del Interior, con fecha 18 de diciembre de 1988 junto al agente Barrado Recio. Incluso es confuso cuál fue el motivo de las heridas del sacristán de Éibar, pues en algunos medios de comunicación se hicieron eco de que fue víctima del tiroteo posterior al atentado entre los policías de los demás furgones del convoy y los terroristas. Incluso se produjo una auténtica persecución por parte de vecinos de la localidad contra el terrorista que accionó la bomba. Varios eibarreses, en una actitud muy valiente, salieron en su persecución al grito de "¡A ese, a ese!" pero, cuando estaban a punto de alcanzarle, el terrorista esgrimió una pistola de forma amenazadora, y los vecinos tuvieron que desistir en su intento de detenerlo. No obstante, el parte médico del Hospital de Galdácano señaló que José Aldaolea sufrió un grave desgarro femoral y choque traumático, lo que hace suponer que fue alcanzado directamente por la explosión del coche-bomba.

El atentado tuvo lugar en la avenida de Otaola, en un tramo que forma parte de uno de los itinerarios que siguen habitualmente las dotaciones policiales destinadas al campo de Ipurúa en los días de partido. La explosión, que fue brutal, provocó heridas gravísimas a otros tres policías nacionales –Francisco de la Mata García, Miguel Ruiz Ruiz y Francisco Zaragoza Lluch– que viajaban en el mismo furgón que Barrado Recio, y de carácter leve al también policía Ángel Lozano de Priego. Otros heridos, de diversa consideración, fueron los civiles Juan Carlos González Muñoz, Cándido Mangas Martín y María de los Ángeles Martínez Muñoz. La explosión y la onda expansiva provocaron importantes destrozos en varios talleres industriales, concesionarios de automóviles y almacenes situados en la calle Otaola y la rotura de la totalidad de las cristaleras en edificios de hasta cinco plantas de altura. Del coche-bomba, un Renault 4 robado en octubre en San Sebastián a punta de pistola y con matrícula falsa, sólo quedó el eje y las ruedas delanteras.

Tras el atentado, la Policía rastreó intensamente la zona, preferentemente en el punto desde el que fue accionado el coche-bomba, a la búsqueda de pistas que pudiesen llevar a la detención del grupo de terroristas que, desde hacía año y medio, operaba de forma esporádica en Éibar.

Aurora Bascarán, la alcaldesa socialista de la ciudad, se mostraba apesadumbrada por el asesinato. "Es terrible", repetía, "todo se oscurece cada vez que se empieza a vislumbrar una salida". La alcaldesa señaló que las fuerzas democráticas del Ayuntamiento de Éibar habían gastado ya todas las palabras de condena de la banda asesina. El Ayuntamiento de Éibar convocó una manifestación el día de Navidad, en la que participaron unas ocho mil personas y en la que el lehendakari, José Antonio Ardanza, justificó su ausencia por enfermedad.

Todos los partidos, salvo Herri Batasuna, condenaron firmemente el atentado. Hasta Jesús Eguiguren, por entonces presidente del Parlamento vasco, declaró que si HB no condenaba el atentado quedaría "claro una vez más que es la única organización que cubre y ampara políticamente a quienes atentan contra los derechos humanos y las libertades en el País Vasco". Palabras que ahora Eguiguren podía aplicarse a él mismo, que no sólo ha amparado políticamente a quienes han seguido asesinando, extorsionando y secuestrando, sino que no ha tenido reparos de conciencia ni ningún tipo de escrúpulo moral a la hora de mantener relaciones amistosas y de colegueo con el sanguinario Josu Ternera, según declaró en noviembre de 2010 cuando se jactaba de cómo había diseñado con el asesino de ETA la hoja de ruta del mal llamado proceso de paz.

Pero la catadura moral de Herri Batasuna, y su sintonía con su "brazo armado", quedó aún más de manifiesto pocas semanas después, el 8 de enero de 1989. Ese día el Éibar iba a jugar su primer partido como local después del atentado en el campo de Ipurúa. Por ese motivo, la directiva del club propuso guardar un minuto de silencio en memoria del agente asesinado. Sin embargo, mientras duró el homenaje se pudieron oír silbidos y gritos de protesta. El motivo: que en los prolegómenos del encuentro militantes de HB repartieron octavillas en las que se pedía que se boicotease el minuto de silencio (El País, 09/01/1989).

Uno de los heridos graves en el atentado, Francisco Zaragoza Lluch, preside la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo. El calvario por el que tuvo que pasar lo narró su mujer, Lucía Nieves Valverde, en las jornadas de Gesto por la Paz del año 2007. Además de tener que demostrar ante las autoridades que las heridas de Zaragoza Lluch eran consecuencia de un atentado terrorista, tuvo que enfrentarse a muchas trabas burocráticas, algo común en otras víctimas de ETA. La dura experiencia de la recuperación de su marido llevó a Lucía a desear que Francisco hubiese muerto en el atentado:

Cuando, de noche, Paco se levantaba de la cama, decidido a tirarse por el balcón, su mujer apenas podía contenerle mientras pedía ayuda por teléfono. Al acabar todo, se dejaba caer en el sofá, extenuada y presa de la desesperación: "Pensaba que por qué no habría muerto él también en el atentado, porque, por lo menos, así descansaríamos todos". Pasaron siete meses sin ver un duro. Paco ni siquiera percibió la dieta que le correspondía por el servicio que tenía que haber prestado el día de la jornada: "Como no lo hizo, no cobró". Lucía tuvo que trabajar cuanto pudo: "Pasé de protegida a protectora de mi familia. Limpiaba en un hipermercado y en la feria de muestras de Valencia. Todo seguido, desde las tres de la tarde hasta las siete de la mañana del día siguiente». La burocracia puso la última barrera: "Tuvimos que demostrar que las heridas de Paco eran fruto de un atentado". (El Correo, 14/11/2007).

En diciembre de 1990 la Audiencia Nacional condenó a Fermín Javier Urdiain Ciriza, Jesús María Ciganda Sarratea, Pedro José Echevarría Lete y Juan Carlos Balerdi Itrurralde a sendas penas de 134 años de cárcel por un delito de atentado con resultado de muerte y cuatro delitos de asesinatos frustrados, entre los que se incluía el del sacristán José Aldaolea.

José Aldaolea Abaitua, de 77 años en el momento del atentado, era el sacristán de la parroquia del barrio eibarrés de Arrate. No hay constancia de cuándo murió y si su muerte fue consecuencia de las secuelas que le provocaron las heridas sufridas en el atentado. Figura como víctima de ETA en el listado del Ministerio del Interior. Además, fue una de las personas homenajeadas como víctima del terrorismo en Éibar el 21 de diciembre de 2008. 

 

 

José Antonio Barrado Recio, cabo de la Policía Nacional de 30 años, era natural de Madroñera (Cáceres). Estaba casado y tenía tres hijos. La capilla ardiente con sus restos mortales quedó instalada la misma tarde del atentado en el Salón del Trono del Gobierno Civil de Guipúzcoa y el funeral por su alma se celebró al día siguiente en la parroquia de la Sagrada Familia de San Sebastián. Al funeral asistieron el ministro de Interior, José Luis Corcuera, el director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, representantes del departamento de Interior del Gobierno vasco y familiares de la víctima. El féretro con los restos mortales del policía nacional fue trasladado a hombros por sus compañeros en un trayecto de poco más de cien metros, seguido por la viuda, visiblemente afectada y que no pudo ocultar las lágrimas durante toda la ceremonia religiosa. José Antonio Barrado fue enterrado en el cementerio de Alcalá de Henares (Madrid). 

Dos guardias civiles, un coronel retirado, y Antonio Molina, el héroe de Collado Villalba

17 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El martes 17 de diciembre de 1974 la banda terrorista ETA asesinaba en Mondragón (Guipúzcoa) al subteniente de la Guardia Civil LUIS SANTOS HERNÁNDEZ y al agente ARGIMIRO GARCÍA ESTÉVEZ en el que sería el último atentado con víctimas mortales de ese año. Con Santos Hernández y García Estévez sumaban diecinueve asesinados por ETA, de los que trece lo fueron en un solo atentado: el cometido en la cafetería Rolando de Madrid el 13 de septiembre.

Ambos guardias civiles pertenecían a la 551ª Comandancia y, tras patrullar por las calles de la localidad guipuzcoana, pararon a tomar un vino en un bar. Cuando salieron del bar, en torno a las 20:30 horas, se encaminaron por la calle del Ferial. Luis Santos, comandante del puesto de Mondragón, iba de uniforme, mientras que el agente García Estévez vestía de paisano. Pocos minutos después, hacia las 20:45 horas, un vehículo se puso a su altura y fueron ametrallados por miembros de la banda terrorista que iban a bordo del mismo. El vehículo utilizado, un Seat, fue robado a las 19:30 horas a punta de pistola y abandonado a unos cuatrocientos metros del lugar del ametrallamiento después de que los terroristas colisionaran contra otro turismo.

Argimiro García falleció prácticamente en el acto, mientras que Luis Santos fue trasladado primero al centro hospitalario de Mondragón, donde se le practicaron unas curas de urgencia, y de ahí al Hospital de Cruces de Baracaldo, falleciendo a las once y media de la noche.

La capilla ardiente con los restos mortales de ambos guardias civiles se instaló el 18 de diciembre en el cuartel de la Guardia Civil de Mondragón. El 19 tuvo lugar el funeral en la Iglesia de San Juan Bautista de la localidad, tras el cual fueron trasladados en sendos furgones fúnebres a sus localidades natales para ser enterrados.

En el ametrallamiento de los guardias civiles participó, presuntamente, Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito, integrado entonces en los llamados "comandos especiales" (bereziak) de ETA político-militar, tras la escisión de un sector de la banda en octubre de ese año 1974 que pasaría a llamarse ETA militar comandado por Argala.

Argimiro García Estévez, guardia civil de 50 años había nacido en Aldeadávila de la Ribera (Salamanca). Estaba casado y tenía siete hijos, tres varones y cuatro mujeres, con edades comprendidas entre los 26 y los 14 años. Hacía veinticinco años que pertenecía a la Guardia Civil y llevaba siete destinado en Mondragón.

 

 

Luis Santos Hernández, subteniente de la Guardia Civil de 52 años, era natural de Alamedilla (Salamanca). Estaba casado y tenía un hijo de 25 años y una hija de 24. Había ingresado en la Guardia Civil en 1944 y llevaba destinado en Mondragón siete años, igual que García Estévez.

 

 

 

En la madrugada del domingo 17 de diciembre de 1978, miembros del grupo Gamboa de ETA asesinaban frente a la playa de La Concha de San Sebastián, al coronel del Ejército retirado DIEGO FERNÁNDEZ-MONTES ROJAS. La víctima trabajaba en el Ministerio de Cultura, donde se ocupaba del depósito oficial de prensa. Según la normativa de la época, los periódicos tenían que depositar un ejemplar de cada edición en el Ministerio de Cultura y Diego Fernández-Montes era el encargado de recibir y sellar esos ejemplares.

Dos miembros de la banda, con un tercer cómplice que les esperaba en un vehículo, lo esperaban en los jardines de Alderdi Eder y cuando vieron que se acercaba a la puerta de la Delegación del Ministerio de Cultura, lo acribillaron a balazos. El coronel retirado trató de refugiarse en unos soportales, pero cayó al suelo alcanzado en las piernas, brazos y vientre. Trasladado al Hospital Nuestra Señora de Aránzazu, fue intervenido quirúrgicamente durante tres horas, falleciendo a las nueve de la mañana. La Policía recogió en el lugar de los hechos catorce casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca Geco.

Al día siguiente al mediodía se celebraba su funeral, oficiado en la parroquia de la Sagrada Familia de San Sebastián. A su finalización se produjeron algunos momentos de tensión que se exteriorizaron con gritos de "Arriba España" y "Gobierno asesino", acallados rápidamente a petición de la propia familia.

ETA militar asumió en un comunicado enviado a medios de comunicación vascos el asesinato a tiros del coronel de Infantería retirado. En el año 1982 la Audiencia Nacional condenó a José Luis Martín Elustondo, José Ignacio Goicoechea Arandia y Joaquín Zubillaga Artola por el asesinato de Diego Fernández-Montes a sendas penas de 20 años de prisión, y a otros 4 años por uso ilegítimo de vehículo. Un cuarto terrorista no identificado participó en el asesinato siendo el que con Goicoechea Arandia efectuó los disparos contra la víctima.

Diego Fernández-Montes Rojas tenía 63 años. Estaba casado y tenía nueve hijos. Era natural de Herencia (Ciudad Real) donde fueron enterrados sus restos mortales. Tras retirarse del Ejército, desde 1956 Diego Fernández-Montes estaba adscrito a los servicios del antiguo Ministerio de Información y Turismo. A partir de 1977 las funciones de control de la prensa fueron asumidas por el Ministerio de Cultura, en el que trabajaba Fernández-Montes cuando fue asesinado. La víctima residía en un bloque de viviendas del barrio de Amara, en la calle Sancho el Sabio de San Sebastián donde vivían otros militares. Varios de ellos serían asesinados por ETA en sucesivos atentados.

El martes 17 de diciembre de 2002 dos miembros de la banda terrorista ETA dispararon a bocajarro en la carretera Nacional VI contra el guardia civil ANTONIO MOLINA MARTÍN y su compañero, Juan Aguilar Osuna, que acudió en su ayuda, cuando el primero solicitaba la documentación a dos individuos que les habían resultado sospechosos.

Hacia las 15:50 horas Antonio Molina y Juan Aguilar participaban en un dispositivo de seguridad especial contra los atracos que se estaban produciendo en algunas localidades de la zona noroeste de Madrid. Por ese motivo se encontraban en el kilómetro 38 de la carretera de Madrid-La Coruña a su paso por Collado Villalba, en un punto bastante conflictivo en cuanto al tráfico de vehículos. Uno de ellos, un Ford Escort con matrícula de Málaga que iba en dirección a Madrid, llamó su atención, por lo que se colocaron con su vehículo detrás del mismo e hicieron señales luminosas y acústicas a sus dos ocupantes para que se detuvieran. Cuando el vehículo sospechoso detuvo la marcha, Antonio Molina se acercó a la ventanilla del conductor, mientras su compañero lo hacía por la del copiloto, con la intención de proceder a identificar a los dos individuos. En ese momento, el que iba en el asiento del conductor se apeó del vehículo y disparó tres veces a bocajarro, provocando la muerte en el acto de Antonio Molina. El copiloto disparó desde dentro del vehículo contra el agente Juan Aguilar, iniciándose un tiroteo.

En el intercambio de disparos resultó herido grave en el brazo Juan Aguilar y el etarra Gotzon Aramburu Sudupe, que fue detenido en el lugar de los hechos por otro guardia civil del Destacamento de Tráfico de Collado Villalba, César Silos Lázaro, que casualmente se dirigía junto a su esposa hacia Madrid. Al descender de su vehículo vio a los dos guardias civiles heridos que le indicaron que el otro individuo herido, que intentaba huir, era el autor de los disparos. Se dirigió hacia él y, pese a estar desarmado, procedió a su detención. A continuación lanzó por la emisora el siguiente mensaje: "Urgente para cota (central). Tiroteo en el kilometro 38. Heridos"

Las heridas que sufrió Juan Aguilar Osuna, de 26 años y natural de Baeza (Jaén), provocaron su inhabilitación permanente para el desempeño de su oficio. El agente era hijo de guardia civil, y su hermano, también miembro de la Benemérita, estaba destinado en el mismo cuartel de Collado Villalba. Un voluntario de Cruz Roja resultó también herido leve por un disparo fortuito de un agente de la Guardia Civil. 

El segundo terrorista, Jesús María Etxebarria Garaikoetxea, emprendió la huida inicialmente a pie. Pistola en mano, abordó al conductor de un vehículo, una mujer a la que obligó a bajar tras llevarla un trecho secuestrada mientras enfilaba la Nacional VI en dirección a La Coruña. Después hizo uso de varios medios de transporte público y llegó a San Sebastián, vía Valladolid, donde apareció el vehículo abandonado. Allí fue reconocido y detenido esa misma noche por miembros del dispositivo policial que se estableció tras el atentado que contaban con la descripción exacta del asesino que proporcionó la conductora del vehículo robado a punta de pistola.

El Ford Escort de los terroristas iba cargado con ciento treinta kilos de explosivos por lo que las Fuerzas de Seguridad establecieron un amplio cordón de seguridad antes de que los Tedax procediesen a explosionar controladamente el vehículo a las 19:20 horas. Pese al cordón de seguridad establecido, a algunos curiosos la explosión les pilló desprevenidos y fueron alcanzados por trozos del vehículo que salieron despedidos a muchos metros de distancia. "Al empezar la explosión nos han echado para atrás pero me ha caído un hierro que mide más de un palmo en el paraguas, lo ha atravesado y, si no es por eso, me abre la cabeza" comentó un joven de Villalba. La detonación se pudo sentir en las viviendas no sólo de Collado Villalba sino también en el cercano municipio de Alpedrete. En muchas viviendas se llegaron a mover los muebles y muchos vecinos se quedaron sin luz. La explosión provocó un intenso fuego que obligó a la Guardia Civil a pedir inmediatamente la presencia de los Bomberos del parque de Collado Villalba.

Mientras tanto, la carretera de La Coruña se había convertido en una trampa para los conductores que circulaban por la misma. La carretera estaba cortada al tráfico en sentido de entrada a Madrid desde las cuatro de la tarde, nada más producirse el asesinato de Antonio Molina, y en sentido salida desde poco más tarde, lo que provocó atascos de cerca de diez kilómetros en ambas direcciones.

Los explosivos que transportaban iban a ser utilizados para cometer una serie de atentados escalonados en varios centros comerciales de Madrid el 31 de diciembre, según declararon los dos etarras tras su detención. En 2005 la Audiencia Nacional condenó a Gotzon Aramburu Sudupe y Jesús María Etxebarria Garaikoetxea a sendas penas de 26 años de reclusión mayor por el asesinato de Antonio Molina y a 16 años más por el asesinato frustrado de Juan Aguilar. Ambos formaban parte de un grupo itinerante de la banda y se les imputó también el atentado cometido semanas antes en un aparcamiento situado en la plaza Alfonso XIII de Santander.

Antonio Molina Martín tenía 27 años y era natural de Melilla. Primogénito de una familia de cinco hermanos, el padre del agente asesinado era brigada de la Guardia Civil destinado en la frontera de Melilla con Marruecos. Antonio Molina estaba soltero y había vivido en Melilla hasta los 17 años, cuando ingresó en la Escuela para Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid). Llevaba cinco años destinado en Collado Villalba y, siempre que podía, regresaba a su ciudad natal, donde seguía residiendo no sólo la mayor parte de su familia, sino sus amistades. Antonio Molina tenía solicitada una plaza en Melilla en el mismo acuartelamiento en el que estaba destinado su padre. 

El funeral por su alma se celebró en Las Rozas (Madrid) y durante el mismo el ministro de Interior, Ángel Acebes, impuso al féretro la máxima distinción del Instituto Armado, la Gran Cruz de Oro al Mérito Civil. A continuación los restos mortales de Antonio Molina fueron trasladados hasta Melilla, para ser enterrado en el cementerio de la Purísima Concepción. El pleno de la Asamblea de Melilla le otorgó la Medalla de Oro y lo nombró hijo predilecto de la ciudad autónoma. Además, se acordó que una calle de Melilla llevase el nombre del guardia civil asesinado. Tras el entierro, Ángel Acebes declaró: "Acabamos de enterrar a alguien que, con su vida, ha salvado, y estoy absolutamente convencido, la vida de otras muchas personas (...) Molina es un héroe".

En recuerdo del héroe Molina Martín se erigió un pequeño monumento frente al cuartel al que pertenecía en la localidad de Collado Villalba. Antonio Molina Martín fue la última víctima mortal de la banda terrorista ETA en el año 2002, tras el asesinato del concejal socialista en Orio Juan Priede Pérez el 21 de marzo, de Cecilio Gallego Alaminos y la niña Silvia Martínez Santiago el 4 de agosto en Santa Pola (Alicante) y del guardia civil Juan Carlos Beiro Montes el 24 de septiembre en Leiza (Navarra). 

Julio Martínez, concejal, y Josefina Corresa, asesinada en El Corte Inglés de Valencia

16 de Diciembre de 2011 - 09:10:02 - M.J. Grech

A las 22:30 horas del viernes 16 de diciembre de 1977 la banda terrorista ETA asesinaba en Irún (Guipúzcoa) al concejal del Ayuntamiento de esta localidad, JULIO MARTÍNEZ EZQUERRO cuando se disponía a entrar en el garaje de su domicilio en la calle Larretxipi, la misma donde habían asesinado unas semanas antes al policía municipal José Díaz Fernández.

Martínez Ezquerro había estado esa tarde en una reunión en el Ayuntamiento en el que era concejal. Terminada la misma, regresó a su domicilio en coche. Al llegar al mismo se bajó del vehículo para abrir la puerta del garaje, momento en el que fue abordado por varios miembros de la banda terrorista que lo tirotearon a quemarropa. La víctima recibió tres impactos de bala en la cabeza y el tórax, que le provocaron la muerte en el acto. Los terroristas utilizaron para cometer el atentado un vehículo robado el día anterior en San Sebastián, que fue encontrado al día siguiente en la zona de Larreundi.

La mujer de Martínez Ezquerro oyó los disparos desde el domicilio y bajó inmediatamente a ver qué ocurría, encontrándose el cadáver de su marido en el suelo. Cuando fue a levantarlo, pidió "ayuda a los que allí se encontraban, pero nadie movió un solo dedo para ayudarme" (El Correo, 18/12/1977).

El sábado 17 de diciembre se instaló la capilla ardiente en el Ayuntamiento de Irún y a las cuatro de la tarde se celebró el funeral por el alma de Julio Martínez en la Iglesia de Santa María del Juncal. El cortejo fúnebre que salió desde el Ayuntamiento estaba formado por el furgón con los restos mortales de la víctima, más otro furgón con coronas y ramos de flores seguido del coche que transportaba a los familiares. Ya en la iglesia se colocó el féretro frente al altar cubierto con las banderas de España e Irún. Santiago Valencia, párroco de Santa María del Juncal concelebró el funeral con otros diez sacerdotes de Irún y Fuenterrabía.

Terminado el acto religioso algunos asistentes y grupos de jóvenes con pegatinas de Fuerza Nueva se congregaron en la plaza frente a la iglesia y cantaron por dos veces el Cara al Sol, además de corear consignas como "Gloriosos caídos por Dios y por España" y "Camarada Julio Martínez, presente". Asimismo se escucharon repetidamente gritos tales como "Viva la Guardia Civil", "Ni amnistía ni perdón, ETA al paredón", y otras frases críticas con el Gobierno.

El 19 de diciembre la banda terrorista ETA reivindicaba el asesinato de Martínez Ezquerro en llamadas a diferentes medios de comunicación. La banda acusaba a la víctima de ser colaborador de la Policía y advertía que continuarían los atentados contra las fuerzas de orden público.

En 1980 la Audiencia Nacional condenó a Eugenio Sein Echevarría y Francisco Javier Arocena Salaberria a 27 años de prisión mayor como autores materiales del asesinato de Martínez Ezquerro. En febrero de 1979 fue detenido por este asesinato José Ignacio (Iñaki) Picabea Burunza, alias Piti. Mientras estaba en prisión preventiva a la espera de ser juzgado, en marzo de 1980 fue proclamado diputado por Guipúzcoa al Parlamento vasco por la coalición proetarra Herri Batasuna. En julio de 1981 Picabea sería condenado a 30 años por el asesinato de Martínez Ezquerro. Picabea fue quien sometió a vigilancia al concejal asesinado. En julio de 1985 protagonizó una sonada fuga de la cárcel de Martutene de San Sebastián, junto al también miembro de la banda Joseba Sarrionandia. Ambos etarras escaparon escondidos en los bafles del conjunto musical de Imanol Larzabal, que había dado un concierto en la cárcel. Tras la fuga, Picabea se reintegró en ETA, pero fue detenido dos años más tarde, en septiembre de 1987, en Francia. Extraditado a España, siguió cumpliendo condena hasta marzo de 2000, cuando salió en libertad condicional.

Julio Martínez Ezquerro tenía 46 años. Era natural de Pradejón (La Rioja), pero llevaba residiendo casi toda su vida en Irún. Estaba casado con Rosario Sánchez y tenía dos hijas de 18 y 15 años. Además de su puesto como concejal en el Ayuntamiento, Martínez Ezquerro regentaba un quiosco de prensa en la plaza de España de la localidad guipuzcoana. Había sido miembro de la Guardia de Franco y era uno de los cuatro concejales que permanecían en su puesto después de que hubiese dimitido el resto de la corporación municipal a causa de la situación política. Estaba previsto que en los días posteriores al asesinato de Martínez Ezquerro el alcalde pidiese al gobernador civil de Guipúzcoa la creación de una gestora hasta las elecciones, una decisión que había provocado una gran polémica entre los concejales y el propio alcalde. Tras tener noticia del atentado, los otros tres ediles pusieron su cargo a disposición del gobernador.

En septiembre de 2008 la localidad riojana de Pradejón quiso rendir un homenaje a las dos víctimas de ETA nacidas en esa localidad: Julio Martínez Ezquerro y Julián Ezquerro Serrano. Rosario Sánchez, viuda de Julio Martínez, asistió junto a su hija menor y dijo que agradecía "este tipo de actos ya que en el País Vasco no se atreven a hacerlos. A pesar de los años que han pasado, aún quema el dolor cuando lo recuerdas".

A las tres de la tarde del sábado 16 de diciembre de 1995 la banda terrorista ETA colocaba cinco bombas en El Corte Inglés de la calle Pintor Sorolla de Valencia. Una de ellas provocó la muerte de JOSEFINA CORRESA HUERTA y heridas de diversa consideración a otras ocho personas, entre ellas a una hija de 15 años de la fallecida, Amparo Rodrigo Corresa, que resultó herida "muy grave" con traumatismo múltiple, fractura de tobillo izquierdo, contusiones y heridas en la cara y miembros, y contusión torácica. También resultó herido menos grave el marido de Josefina.

Ese día se clausuraba en Madrid la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y hacía cinco que la banda terrorista ETA había provocado una terrible masacre en Vallecas, tras la cual KAS había emitido un comunicado en el que señalaba que los civiles no eran objetivo de la banda. Sin embargo, la banda colocó las bombas en un centro comercial lleno de civiles, en el momento de máxima afluencia –a las tres de la tarde de un sábado víspera de las vacaciones de Navidad–, con el objetivo evidente de provocar una masacre parecida a la de Hipercor en 1987. El cinismo del entorno proetarra quedaba, una vez más, de manifiesto.

Además de la hija de Josefina, resultaron heridos: Hortensia Merlo Gil, de 33 años, grave; María de los Desamparados Martínez Falcó y su hija, María Moya Martínez, de 33 y 12 años respectivamente; Ana María Carbonell Sancho, Luis Bello Catalá, María del Carmen Rubio y la norteamericana de 31 años Melanie Hyde.

La bomba que acabó con la vida de Josefina Corresa estaba colocada en los lavabos de señora de la cafetería de la sexta planta de El Corte Inglés y, antes de que explotase, hubo otras dos pequeñas detonaciones en el mismo centro, que no provocaron víctimas pero que llevaron a iniciar el desalojo del edificio. Esas dos pequeñas bombas incendiarias pudieron ser sofocadas con los medios de extinción del propio centro comercial. Mientras se estaba produciendo el desalojo del edificio, explotó la tercera bomba, causante de la víctima mortal y los heridos, cuya onda expansiva hizo que se viniera abajo parte del techo de los grandes almacenes. Más tarde la Policía encontró y desactivó otros dos explosivos en las plantas segunda y tercera del centro comercial que no estallaron porque falló el mecanismo de iniciación.

Sobre las dos menos cuarto, una voz femenina había comunicado por medio de dos llamadas, con cinco minutos de diferencia entre una y otra, a las emisoras Egin Irratia, de Hernani, y a la Cadena SER, en Vitoria, de que había "un montón de bombas" que iban a estallar en un centro comercial de Valencia (de la cadena El Corte Inglés) a partir de las 14:30 horas. Tras recibir la llamada, los periodistas que en esos instantes trabajaban en la Cadena Ser en Vitoria se pusieron en marcha. Alertaron a las fuerzas policiales y a la emisora de esa misma cadena en Valencia para que también desde allí trasladaran el aviso a la Policía. En ninguna de las dos llamadas la voz anónima especificó en qué centro de El Corte Inglés en Valencia (había cuatro en esos momentos) estaban colocados los artefactos explosivos.

En la cafetería del edificio se encontraban en el momento de la gran explosión entre cuatrocientas y quinientas personas, según empleados de este centro comercial. "La cafetería y el restaurante, en un día como hoy, sábado y con las fiestas de Navidad al caer, estaba repleta, yo diría que con cerca de unas quinientas personas cuando se oyó un fuerte trueno en el servicio de señoras. Me he salvado de milagro" señaló a los medios un empleado del centro comercial, que añadió: "A mí, la explosión me levantó los pies del suelo (...) Me extrañó ver salir mucho humo de una de las papeleras de la segunda planta, a eso de las 14:30, y fui a advertir a uno de mis jefes. Poco después oí una fuerte detonación, sin saber muy bien de dónde venía".

Inmediatamente, el Servicio de Ambulancias Municipal (SAMU) atendió a diez personas que resultaron heridas de diversa consideración. "No pasaron más de siete minutos entre la llamada de socorro y nuestra presencia en las distintas plantas", contó Valentín Aguirre, uno de los primeros médicos que llegó a asistir a las víctimas. Los heridos fueron trasladados al Hospital Clínico y a La Fe, donde algunos de ellos quedaron ingresados.

Durante toda la tarde diferentes personalidades valencianas se trasladaron al centro comercial para interesarse por los hechos y prestar su apoyo y solidaridad. Además de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y de la delegada del Gobierno, se desplazaron al lugar de los hechos los consejeros de Educación, Sanidad y Trabajo, Fernando Villalonga, Joaquín Farnós y José Sanmartín respectivamente. También acudió el secretario de la Consejeria de Sanidad, Juan Oliver, así como el socialista Vicent Soler y el presidente de las Cortes, Vicente González Lizondo, entre otros.

Los autores materiales del asesinato de Josefina Corresa no han sido juzgados, aunque presuntamente el atentado fue cometido por miembros del grupo Ibarla de ETA a los que las fuerzas de seguridad les imputan, al menos, tres asesinatos, además del de Josefina.

El grupo lo integraron Ignacio Telletxea Goñi, Marcos Sagarzazu Oyarzabal y Francisco Javier Irastorza Dorronsoro. Los tres fueron entregados por Francia y puestos a disposición judicial en España en agosto de 2007. También formaba parte del grupo Ibarla la etarra Ainhoa Adin Jauregi, mujer de Irastorza Dorronsoro, detenida en Hendaya por la Policía francesa en enero de 2008.

Por otra parte las fuerzas de seguridad consideraban que otra integrante del grupo Ibarla de ETA era Iratxe Sorzabal, exportavoz de Gestoras pro Amnistía. Detenida en marzo de 2001 por la Guardia Civil, la Policía le atribuyó entonces la participación en tres atentados mortales. Sorzabal, que denunció torturas tras su detención, sería posteriormente absuelta en los tres juicios por asesinato (entre ellos el de Josefina Corresa). Su voz es la que presumiblemente se oye en los últimos comunicados de la banda terrorista ETA.

Josefina Corresa Huerta tenía 43 años. Estaba casada y tenía dos hijas, una de las cuales, Amparo, resultó herida grave en el mismo atentado. Josefina trabajaba como auxiliar de clínica en el Hospital de Sagunto. 

Eduardo Navarro, policía; Francisco Arín, empresario; Alfonso Morcillo, policía municipal

15 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

La banda terrorista ETA terminó el año 1983 con 41 víctimas mortales, siendo las dos últimas las provocadas en sendos atentados cometidos el mismo día 15 de diciembre en San Sebastián y Tolosa (Guipúzcoa).

A mediodía del 15 de diciembre de 1983 la banda terrorista ETA asesinaba en San Sebastián al policía nacional EDUARDO NAVARRO CAÑADA, y hería gravemente a su compañero de patrulla, Clemente Medina Monreal, que tardó 637 días en curar de sus heridas pero quedó incapacitado para desempeñar su profesión de policía. También resultó herido de bala un transeúnte, Crescencio Martínez Lecumberri, que pasaba por el lugar de los hechos en el momento del atentado y que fue asistido en la Casa de Socorro.

Eduardo y Clemente formaban parte de un dispositivo policial, incluido en el plan ZEN, puesto en marcha ocho meses antes, que tenía por objetivo normalizar la presencia de agentes de las Fuerzas de Seguridad en las calles de las capitales vascas y lograr una mayor cercanía con los ciudadanos.

Por ese motivo, el 15 de diciembre ambos paseaban a pie y vestidos de uniforme, por el centro de San Sebastián. Hacia las 11:45 horas, dos miembros de la banda terrorista ETA, vestidos con el uniforme de la Policía Municipal, se apearon de un vehículo de ese Cuerpo policial que habían robado horas antes. Los etarras se acercaron a los agentes de Policía por la espalda y los tirotearon a bocajarro en la cabeza. A continuación emprendieron la huida en el vehículo de la Policía Municipal robado, haciendo sonar la sirena para sortear las señales de tráfico y eludir la persecución policial, pues nada más producirse el asesinato, un compañero de servicio de las víctimas salió tras los terroristas disparando su arma en dirección al coche en el que huían los etarras, en el que les aguardaban otros dos terroristas, una mujer y un hombre.

El atentado se produjo a la puerta del comercio Sederías de Oriente, cuyas empleadas intentaron evitar que los policías se desangraran, taponando con toallas sus heridas. Una de estas empleadas relató así el atentado:

Oímos varios disparos, cuatro o cinco, y al mirar al ventanal vimos caer a los policías que habían estado paseando por delante del comercio. Un hombre que tenía rasgada la gabardina y la cazadora en el hombro, porque le había rozado una bala, vino a refugiarse en la tienda, y también un matrimonio en plena crisis nerviosa. Al poco rato salimos a ver a los heridos, y era horrible. Uno de los heridos, pobrecito, sangraba por la boca, las orejas y los ojos, y no se movía, no decía nada. El otro intentó levantarse, pero volvió a caerse; había ya un gran charco de sangre y nosotras trajimos toallas para cortar las hemorragias. Uno de ellos se metía la mano en la boca, porque por lo visto la bala le había atravesado el paladar. Enseguida, llegó un chico joven que dijo que era médico, y nos ordenó que no moviéramos a uno de los heridos, al que parecía estar peor. Luego vinieron más policías, pero la ambulancia no apareció hasta mucho después.

Los etarras se habían hecho con el vehículo policial reduciendo a dos municipales que se habían desplazado a la zona de tiro al pichón del monte Ulía, tras haberse recibido una llamada en la Inspección de la Policía Municipal en la que se les indicaba que un hombre desnudo estaba paseando por las inmediaciones del merendero Irati. Los dos guardias municipales, que iban desarmados, fueron encañonados, reducidos y atados a unos árboles. A continuación los terroristas se apoderaron de los uniformes y del vehículo municipal, un Seat 1430 blanco, que fue localizado tras el atentado en la calle de la Salud, en el barrio de Amara. La Policía encontró en el interior del mismo dos armas cortas que, al parecer, fueron las que se utilizaron para tirotear a los dos policías nacionales.

Eduardo Navarro y Clemente Medina pertenecían a la Compañía de Reserva de la Policía con sede en Valencia, destinada en el País Vasco desde hacía dos semanas para reforzar las medidas de seguridad antiterroristas.

Todas las fuerzas políticas, menos Herri Batasuna, emitieron comunicados de condena. También hubo condenas a título particular, como la del alcalde Ramón Labayen o la del lehendakari Garaikoetxea, que estaba en la toma de posesión del nuevo gobernador militar de Álava.

La capilla ardiente con el féretro de la víctima fue instalada en el Gobierno Civil de San Sebastián y el funeral por su alma se celebró al día siguiente 16 de diciembre en la catedral del Buen Pastor de San Sebastián, con asistencia del ministro de Interior, José Barrionuevo, y otros representantes políticos, de la Diputación Foral y del Gobierno vasco. Durante el acto pudieron oírse los gritos de algunas mujeres pidiendo el "estado de excepción". Tras finalizar el funeral, una comitiva fue hasta el lugar del atentado para depositar un ramo de flores y rezar un responso.

El atentado contra los dos agentes de Policía fue cometido por el agente de la Ertzaintza y miembro del grupo Bianditz de ETA Pedro María Briones Goicoechea, que en 1987 fue condenado por la Audiencia Nacional a 26 años de prisión mayor por un delito de atentado con el resultado de muerte, y a otros 17 años de reclusión menor por un delito de asesinato en grado de frustración. Tres años después, en 1990, fue condenado por los mismos delitos y a las mismas penas el también miembro de ETA Pablo José Gómez Ces, que fue detenido en Italia en 1987. Un tercer etarra, Rafael Echebeste Garmendia, no pudo ser juzgado porque falleció, junto a la también etarra María Teresa Pérez Sever, en agosto de 1987 en San Sebastián por la explosión de un coche-bomba que preparaban para cometer otro atentado. De los tres, los autores de los disparos fueron Echebeste y Gómez Ces, mientras que el ertzaina Briones permanecía en el vehículo policial con el que emprendieron la huida.

Eduardo Navarro Cañada tenía 27 años. Era natural de Burjasot (Valencia), estaba casado y tenía dos hijos de corta edad. Sus restos mortales fueron trasladados por avión hasta Valencia tras terminar el funeral en San Sebastián. Fue enterrado esa misma tarde con la presencia de numerosos ciudadanos, en un ambiente de gran tensión.

Pocas horas después, en torno a las 19:00 horas del 15 de diciembre de 1983, los Comandos Autónomos Anticapitalistas secuestraban en su domicilio en Tolosa (Guipúzcoa) y asesinaban poco después al empresario FRANCISCO ARÍN URCOLA, por negarse a ceder a la extorsión de la banda asesina y no pagar el llamado "impuesto revolucionario".

Las circunstancias de su secuestro por tres terroristas armados que se identificaron como miembros de los CAA, las narró su hijo Gerardo en el libro de Cristina Cuesta Contra el olvido (Temas de Hoy, 2000):

El 15 de diciembre de 1983 volvía de clase. En casa estaban mi madre y mi hermano con dos chicos que no conocía. Pensé que eran amigos de mi hermano y que estaban de visita. Fui a mi habitación a dejar las cosas y cuando salí me encontré con que esas dos personas nos decían que iban a secuestrar a mi padre. Mi padre aún no había llegado a casa. Estuvimos durante un tiempo hablando con ellos, preguntándoles cuál era el motivo por el que iban a secuestrarle. Nos comentaron que era un problema económico y que no nos preocupáramos, que se solucionaría.

Cuando Francisco Arín llegó al domicilio al cabo de una hora, los dos terroristas se lo llevaron consigo, no sin antes advertir a su esposa e hijos de que no dieran aviso a la Policía. Poco después se presentó en el domicilio una patrulla de la Guardia Civil preguntando a la familia si pasaba algo, a lo que estos contestaron que no, pero no consiguieron convencer a los agentes. El hallazgo del cadáver de Francisco Arín se produjo después de que un hombre, a través de una llamada telefónica en nombre de los CAA, informara al diario Egin del lugar exacto donde se encontraba. En la llamada se indicaba que la víctima se encontraba en un automóvil situado cerca de la autopista a la entrada de Irura. Dos periodistas del diario proetarra se trasladaron al lugar indicado y, tras comprobar la veracidad de la información, dieron aviso a las autoridades. Una patrulla de la Guardia Civil y efectivos de la Cruz Roja se trasladaron al lugar de los hechos. El vehículo, con el maletero abierto y el cadáver de Francisco Arín en su interior, fue encontrado junto a una antigua factoría en la que había trabajado la propia víctima como directivo hasta que, seis años antes, la fábrica tuvo que cerrar.

A las 12:30 horas del 16 de diciembre, el pleno del Ayuntamiento de Tolosa redactó una nota de condena apoyada por todos los partidos políticos con representación municipal, salvo Herri Batasuna. En la misma se condenaba el secuestro y asesinato de su convecino y se denunciaba el chantaje de la banda terrorista, además de convocar una manifestación de repulsa y pedir el diálogo y la "negociación pacífica por vías políticas". El representante de HB en el Ayuntamiento dijo que lamentaba la muerte por "absurda", pero que se abstenía de votar el comunicado de condena porque, visto el "acto" en su contexto, la responsabilidad era del Gobierno. Además, los compañeros de estudio de los hijos del empresario asesinado en las Escuelas Pías de Tolosa, entregaron al alcalde una carta de condena. A las 19:30 horas tuvo lugar una manifestación encabezada por una pancarta portada por los alumnos de las Escuelas Pías en la que se podía leer "Bakea eta askatasuna. Patxi gogoa zaitugu". Mil quinientas personas, entre las que estaban dos de los hijos de la víctima, además de representantes políticos locales, desfilaron en silencio. Otro de los hijos de Francisco no pudo asistir porque estaba haciendo el servicio militar en Alicante.

Francisco Arín Urcola tenía 48 años. Estaba casado y tenía cuatro hijos, dos de ellos estudiantes de periodismo en Bilbao. Directivo de Construcciones Electromecánicas Irura, había sido amenazado por la banda por negarse a pagar el chantaje que ésta le exigía. Las cartas de extorsión habían llegado a nombre tanto de ETA militar como de los CAA. En dos ocasiones el empresario se había trasladado al sur de Francia para explicar a ETA que no tenía el dinero. Pese a que recibió garantías de que no le pasaría nada, un año más tarde del primer encuentro con los dirigentes de la banda, su domicilio fue tiroteado. Francisco Arín volvió a cruzar la frontera y, de nuevo, obtuvo la misma respuesta tranquilizadora de la banda terrorista. "Al menos en una ocasión entregó cierta cantidad de dinero a los terroristas, aunque se ignora a cuál de las ramas de ETA" según contó el diario El País citando "fuentes próximas a la familia" (El País, 16/12/1983). No obstante, esta posibilidad fue rotundamente desmentida años después por uno de sus hijos: 

Tenía clarísimo que jamás soltaría un duro a ETA, porque sabía que ese dinero se iba a utilizar para matar gente. Aunque hubiera tenido dinero no lo habría pagado, eso lo tengo clarísimo (Cristina Cuesta Contra el olvido, Temas de Hoy, 2000).

El funeral por el alma de Francisco Arín se celebró el 17 de diciembre en Tolosa, en una iglesia completamente abarrotada. El acto fue oficiado por uno de los hermanos de la víctima, acompañado por otros tres sacerdotes. Entre los políticos y personalidades asistentes estaban el delegado del Gobierno, Ramón Jáuregui, el nuevo líder del centro-derecha vasco, Jaime Mayor Oreja, y el presidente de los empresarios José María Vizcaíno que declaró que cuando los socios de Francisco Arín propusieron trasladar la empresa a Madrid, el empresario se negó, pese a que estaba siendo extorsionado por la banda terrorista. Y añadió que dos días antes de ser asesinado había comprado unos locales cerca de San Sebastián para una ampliación de la misma.

El mismo día que se celebraba el funeral por Arín Urcola, en Bayona tuvo lugar una manifestación por la desaparición de los miembros de ETA Lasa y Zabala. Un millar de personas recorrieron las calles del centro de la localidad entre gritos a favor de ETA militar, la independencia, "González asesino, Mitterrand cómplice". Un policía francés fuera de servicio fue reconocido y agredido, robándole el arma que portaba en la cintura.

A las ocho y cuarto de la mañana del jueves 15 de diciembre de 1994 Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, y un segundo miembro de la banda terrorista ETA, asesinaron por la espalda y a bocajarro en Lasarte (Guipúzcoa) al sargento de la Policía Municipal de San Sebastián, ALFONSO MORCILLO CALERO. Hasta ahí los había trasladado, en un vehículo propiedad de su padre, Valentín Lasarte que, además, se había ocupado de hacer el seguimiento previo a la víctima. Una vez cometido el asesinato, Lasarte ayudó a los pistoleros de la banda a huir del lugar del crimen. Alfonso Morcillo acababa de salir de su domicilio, con el uniforme reglamentario, y se disponía a ir a su puesto de trabajo en San Sebastián. Apenas había recorrido unos metros cuando fue tiroteado por los asesinos de la banda. A su mujer, Caty Romero, la avisaron por el telefonillo:

"A los quince minutos de irse sonó el telefonillo y pensé que se habrían equivocado. Yo apenas conocía gente en el barrio y él era un hombre muy atento, y si se había olvidado algo estaba segura de que, antes de molestar, subiría los cuatro pisos de nuevo"(...) El interfono volvió a sonar y a la tercera decidió descolgarlo. "Al otro lado, una persona me dijo que bajara, que mi marido estaba mareado en el suelo. Bajé corriendo, con el pijama puesto y un anorak para resguardarme de la llovizna. Justo debajo de la ventana de mi habitación me lo encontré tumbado, al lado de la salida de un garaje. Creía que se había tropezado con el bordillo y se había dado un fuerte golpe en la cabeza, porque estaba en medio de un enorme charco de sangre" (soitu.es, 07/09/2009).

Allí tirada en la acera, cogida a la mano de su marido, permaneció bajo la lluvia durante unos veinte minutos sin que nadie acudiera en su ayuda. Los efectivos de la Cruz Roja y de la Ertzaintza atendieron a Alfonso y a Caty (en estado de shock) y los trasladaron a cada uno en una ambulancia a la Residencia Nuestra Señora de Aránzazu.

Esa clínica estaba a tres minutos de mi casa, pero yo veía que mi ambulancia iba muy lenta. Claro, estaba hecho con la intención de que no coincidiera con mi marido en la entrada. Al llegar me encontré en la puerta a Odón Elorza, a Gregorio Ordóñez, Mikel Gotzon Santamaría, jefe de la Policía Municipal... Allí me comunicaron que Alfonso había sufrido un atentado de ETA y acababa de morir en el traslado (soitu.es, 07/09/2009).

Según el primer parte médico emitido por el Hospital Nuestra Señora de Aránzazu, Alfonso Morcillo presentaba al ser ingresado "herida de bala con entrada a nivel frontoparietal derecho con salida a nivel occipital izquierdo". En el lugar de los hechos la Ertzaintza encontró un casquillo de bala del calibre 9 milímetros parabellum.

La víctima era el máximo responsable de la la Unidad de Investigación, lo que le convertía en el número dos del cuerpo de la Policía Municipal, por debajo de Santamaría. En los últimos meses del año 1994, Morcillo estaba investigando a los topos que la banda terrorista ETA tenía dentro de la Policía Municipal lo que le puso en el punto de mira de la banda. Su viuda, Caty Romero, lo contó en septiembre de 2009 en el reportaje de la serie "10 viudas más fuertes que ETA" del diario digital soitu.es:

Se sospechaba que había 'topos' etarras dentro de la Guardia –como quedó demostrado posteriormente con varias detenciones – y que la organización criminal aprovechaba las instituciones democráticas precisamente para acabar con ellas. Por aquel entonces, Gregorio Ordóñez, que era teniente de alcalde y parlamentario en Vitoria, lo sacó a la luz, justo cuando Alfonso estaba realizando una investigación interna. Enrique Nieto, jefe de la lucha antiterrorista en Guipúzcoa también tenía sus sospechas (soitu.es, 07/09/2009).

Durante muchos meses "Morcillo se afanaba en hacer acopio del suficiente número de pruebas como para demostrar, por saturación, que había agentes de la Policía Municipal de San Sebastián con doble vida; por la mañana regulaban el tráfico, por la tarde pasaban información a ETA" (José María Calleja, ¡Arriba Euskadi! La vida diaria en el País Vasco, Espasa Calpe, 2001).

En poco menos de diez meses ETA asesinó a Morcillo, Ordóñez y Nieto, poniendo de manifiesto que sus investigaciones iban, como finalmente se demostró, en la buena dirección. El alcalde de San Sebastián, el socialista Odón Elorza, señaló tras el atentado que Alfonso Morcillo era "un guardia municipal excelente, uno de los mejores miembros de la plantilla y querido por todos sus compañeros".

Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, inició su sanguinaria carrera precisamente con el asesinato de Alfonso Morcillo. Tanto él como Valentín Lasarte han sido juzgados por asesinatos como los de Gregorio Ordóñez, Fernando Múgica, Miguel Ángel Blanco o Enrique Nieto. En 1998 la Audiencia Nacional condenó a 29 años de reclusión mayor a Valentín Lasarte Oliden por cooperación necesaria en un delito de atentado con resultado de muerte y a indemnizar a los herederos legales de Alfonso Morcillo. Meses después, la viuda de Alfonso Morcillo se encontró con la madre y la compañera sentimental del asesino de su marido portando un cartel con su foto por las calles del barrio donostiarra de Gros. Caty no pudo reprimirse y cruzó la calle para recordarles que llevaban la imagen de un criminal. "Ellas me espetaron a la cara un 'anda, que se joda tu marido bajo tierra' y otros familiares de presos intentaron agredirme" (soitu.es, 07/09/2009). En 2006 fue condenado Txapote a 29 años de prisión mayor por el asesinato del sargento Morcillo. Juan Ramón Carasatorre Aldaz, alias Zapata, que presuntamente fue el pistolero que acompañó a Txapote el día del atentado, fue juzgado en septiembre de 2011 por el asesinato de Morcillo, quedando absuelto por falta de pruebas pese al testimonio incriminatorio de Lasarte Oliden. El tribunal valoró como insuficiente y "manifiestamente falaz" la declaración del disidente de ETA Valentín Lasarte en contra de Zapata. Por otra parte, el atentado contra el sargento Morcillo fue ordenado por Francisco Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri, según se recoge en la sentencia por la que se absuelve a Carasatorre de su participación en los hechos.

Alfonso Morcillo Calero tenía 40 años y era natural de Medellín (Badajoz). Estaba casado en segundas nupcias con Caty Romero Lucas y tenía dos hijos de un matrimonio anterior. Era miembro de la Policía Municipal de San Sebastián desde hacía diecisiete años y compaginaba su puesto en la Unidad de Investigación, sección dedicada principalmente a luchar contra el "tráfico de drogas, la delincuencia común, robos, atracos y delitos similares", con sus estudios de Derecho en la Facultad de San Sebastián. Caty se enamoró de Alfonso en el verano de 1990, cuando tenía 28 años. Los hijos del agente habían sacado malas notas en sus estudios y su padre los envió a Medellín a estudiar. Pidió a la madre de su primera mujer, de la que ya estaba divorciado, que les buscase una profesora particular para los meses de julio y agosto, y su exsuegra pensó en su sobrina Caty, licenciada en Historia. A finales de ese mes de agosto, Alfonso fue al pueblo a recoger a sus hijos. "Yo me quedé prendada de él. No sé lo que nos atrajo, pero me invitó a pasar unos días en San Sebastián y a la semana de estar allí me pidió que me quedara", rememoraba Caty en soitu.es, así como el momento en el que dio la noticia a su familia "tradicional y muy católica, donde no sentó muy bien que me fuera a vivir con un hombre separado y que me sacaba ocho años".

En la capilla ardiente, Caty se hizo la promesa de quedarse en el País Vasco para luchar por la memoria de su marido a costa de estar sola y lejos de su familia. Tras el funeral en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Sebastián, los restos mortales de Alfonso fueron trasladados a Medellín donde le hicieron un homenaje en la plaza del pueblo bajo una fuerte tormenta – "pues el párroco se negó a ceder la iglesia porque Alfonso era evangélico" – antes de enterrarlo. Tras descansar unos días decidió regresar al País Vasco. En Lasarte el ambiente era asfixiante por lo que, tras una temporada en Madrid, decidió ir a San Sebastián y pedir ayuda en el Ayuntamiento para encontrar algún trabajo. Ella, que era profesora, empezó a hacer sustituciones limpiando colegios. Además de lo que se tardaba en tramitar las indemnizaciones en esa época, Caty era la segunda esposa, y la pensión se dividía en función de los años de casada. Además de la precaria situación económica, Caty ha tenido que soportar, como tantos otros familiares de asesinados por la banda, el vacío social por parte de sus compañeras de trabajo cuando éstas se enteraban de que era viuda de un asesinado por ETA.

Con motivo de un homenaje que el Ayuntamiento de San Sebastián rindió a Alfonso Morcillo en 2006, al que asistieron también sus dos hijos y su madre, la primera mujer de Alfonso, Caty Romero recordó que ETA asesinó a su marido para "extender el terror", porque su asesinato hizo que "algunos callaran" ante el temor de "que pudiera ocurrirles lo mismo. El miedo selló algunas bocas". Dos años antes, cuando se cumplió el décimo aniversario, Caty había pedido a Odón Elorza que se colocase una placa en recuerdo de Alfonso Morcillo en las dependencias de la Guardia Urbana en el Ayuntamiento, petición que quedó en el olvido. La viuda del agente Morcillo lo denunció mediante carta pública a los medios de comunicación, lo que provocó una airada respuesta de Elorza.

Caty no se plantea irse del País Vasco porque "todavía queda mucho por hacer" (El País, 10/11/2010). Desde Covite realiza una gran labor de apoyo a las víctimas de ETA: "Ha sido un bálsamo para mí. Escuchar sus historias, con hijos, solas, sin posibilidad de trabajar, ha hecho que pueda relativizar un poco mi propio dolor" (soitu.es, 07/09/2009).

Alfonso Morcillo fue la decimotercera y última víctima mortal de la banda terrorista ETA en el año 1994. 

Luis Achurra, policía nacional, y Francisco Cano, concejal del PP en Viladecavalls

14 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El 14 de diciembre de 1990, un día después del asesinato del vendedor de prensa Vicente López Jiménez en San Sebastián, la banda terrorista ETA asesinaba en Amorebieta (Vizcaya) al policía nacional LUIS ALFREDO ACHURRA CIANCA mediante una bomba-lapa colocada en los bajos de su vehículo.

Luis Alfredo Achurra se había desplazado con su automóvil, un Peugeot Talbot, al taller de un conocido suyo en la calle de San Pedro de Amorebieta para pagar una factura. Cuando, a solicitud de los empleados del taller, se disponía a mover el automóvil, que impedía la entrada y salida de coches, el artefacto, compuesto por dos kilos de amonal, estalló y le seccionó el cuerpo en dos. También resultó herido leve el propietario de un bar cercano, Jaime Gómez Rabanal, de 30 años, que fue trasladado al Hospital de Galdácano, donde se le extrajo un pedazo de metralla que se le había quedado incrustado en el cuello.

Fuentes policiales señalaron que la bomba-lapa fue probablemente adosada al vehículo de Achurra Cianca en Basauri, donde residía, y que por algún motivo falló el dispositivo de ignición cuando lo puso en marcha para trasladarse a Amorebieta.

Ese mismo día, ETA intentó asesinar a otro policía nacional en San Sebastián mediante el mismo sistema de la bomba-lapa. El inspector Juan Manuel Sánchez Polo, de 30 años, aunque resultó gravemente herido, salvó la vida gracias a que la onda expansiva del artefacto explosivo, colocado bajo el asiento del conductor, se dirigió hacia la parte posterior del vehículo, y no de abajo a arriba, según informó al día siguiente el gobernador civil de Guipúzcoa, José María Gurruchaga. El inspector Sánchez Polo se disponía, poco después del mediodía, a arrancar su automóvil, un Renault 25 matriculado en Madrid, que se encontraba a quince metros de una gasolinera con 40.000 litros de combustible. En ese momento se accionó el artefacto explosivo. La víctima fue trasladada por otro policía que estaba repostando gasolina en la estación de servicio a la residencia sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu. Juan Manuel sufrió lesiones en la espalda, columna vertebral, piernas, glúteos y una parálisis intestinal a causa de la onda expansiva. Era el segundo atentado que sufría a manos de la banda terrorista ETA: en el primero, el 3 de noviembre del mismo año, se salvó por no estar en su domicilio en el barrio donostiarra de Trincherpe en esos momentos. Juan Manuel sufre todavía problemas neurológicos, además de que tiene que llevar prótesis en las caderas y en la espalda.

En 1994 la Audiencia Nacional condenó a Francisco Javier Martínez Izaguirre a la pena de 27 años de reclusión mayor por el asesinato de Luis Alfredo Achurra. Posteriormente, en el año 2006 fue condenado Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, a 35 años por este mismo asesinato. Fue Gadafi quien colocó la bomba-lapa bajo el coche de Achurra. También participó en la preparación del atentado Juan María Ormazabal Ibarguren, alias Turko, asesino de la banda que no pudo ser juzgado ya que resultó muerto en un tiroteo con la Ertzaintza en agosto de 1991. En el enfrentamiento resultó gravemente herido el ertzaina Alfonso Mentxaka Lejona, que fallecería tres días después, el 1 de septiembre de 1991.

Luis Alfredo Achurra Cianca tenía 37 años y tres hijos. Era natural de Bilbao y residía en Basauri. Se había incorporado al Cuerpo Nacional de Policía en 1981. Formaba parte de la Unidad Polivalente de Policía de Basauri que se dedica a tareas de vigilancia, entre ellas las de los presos ingresados en el Hospital de Basurto.

Luis Alfredo Achurra fue la última de las veinticinco víctimas mortales del año 1990. Sin embargo, la campaña de atentados no terminó con el asesinato de Luis Alfredo, sino que la banda continuó con su actividad criminal, bien en forma de paquetes-bomba o de coches-bomba. El más grave fue el atentado con coche-bomba en Valencia el 20 de diciembre de 1990. La banda terrorista había colocado el vehículo junto a unas viviendas militares. La potente explosión provocó heridas graves a Francisca Marín Peña, que sufrió la amputación de ambas piernas, y heridas de distinta consideración a otras catorce personas.

Diez años después, el 14 de diciembre de 2000, pero con el mismo método de la bomba-lapa, la banda terrorista ETA asesinaba en Viladecavalls (Barcelona) al concejal del Partido Popular de la localidad, y fontanero de profesión, FRANCISCO CANO CONSUEGRA. El concejal había salido de su vivienda hacia las 7:45 horas y se dirigió al taller de fontanería de su propiedad. Después paró a desayunar en el Bar Leonés, en la carretera de Olesa a Montserrat, donde coincidió con varios amigos y conocidos, entre ellos un agente del Cuerpo Nacional de Policía. Posteriormente estuvo conduciendo su vehículo por motivos laborales durante un par de horas más antes de que la bomba-lapa estallara. Incluso llegó a transportar en el mismo a varios operarios que trabajaban en su empresa de fontanería, entre ellos un miembro de la Policía Local de Tarrasa que trabajaba con él en sus horas libres y que se bajó de la furgoneta minutos antes de que estallase la bomba-lapa. Francisco enfiló entonces su furgoneta por la calle Milans del Bosch en dirección a la ronda de Ponent, una pendiente muy pronunciada que finaliza en un stop. Posiblemente eso fue lo que accionó el sistema de detonación por péndulo con el que los terroristas habían montado el artefacto explosivo. Hacia las 10:50 horas, el artefacto se activó, dejándolo gravemente herido.

El estruendo de la explosión, en una zona situada a unos diez minutos del centro de Tarrasa, se escuchó en un kilómetro a la redonda sobresaltando a vecinos y peatones. Del vehículo del concejal apenas si quedó reconocible el morro y una parte de los bajos. El techo, los asientos y toda la parte trasera se esparcieron en un radio de más de treinta metros. Un vecino afirmó que Cano conservó la consciencia los primeros minutos después de la explosión a pesar de las gravísimas lesiones que la misma le había causado. "Vi como levantaba el brazo y pedía ayuda", recuerda un testigo presencial. La primera patrulla de la Policía Local llegó muy rápido, casi tanto como la ambulancia que lo atendió. El concejal del Partido Popular seguía manteniendo la consciencia cuando fue asistido por un agente municipal. "No hacía otra cosa que quejarse del dolor", explicó una fuente policial. La fuerza se le iba por segundos. Cuando se hizo cargo de él el equipo de emergencias médicas, el concejal había sufrido una parada cardiaca, la primera de las cinco que sufrió durante su agonía final. Francisco Cano ingresó en el Hospital Mutua de Tarrasa en estado crítico con "estallido en la zona glúteo-lumbo-sacra y peritoneal, con shock traumático y traumatismo craneoencefálico". La inmediata intervención quirúrgica a la que fue sometido tenía como objetivo detener las diversas e importantes hemorragias que presentaba. El único parte médico facilitado minutos después de las 13:00 horas no daba casi lugar a esperanzas. Mientras éste se hacía público, la vida del concejal entraba en su recta final. Su muerte se certificaba cuarenta y cinco minutos después, a las 13:45 horas.

Durante varias horas, especialistas de la Policía estuvieron rastreando la zona e inspeccionando los restos del vehículo protegidos por un cordón policial. Fuentes policiales confirmaron que no se detectó ningún componente electrónico, ni en el amasijo de hierros en que quedó reducida la furgoneta, ni en sus alrededores. El artefacto estaba compuesto por unos cuatro o cinco kilos de un potente explosivo, casi con toda probabilidad cloratita, según explicaron fuentes de la lucha antiterrorista.

Inmediatamente después de producirse el atentado acudieron al lugar de los hechos la delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García Valdecasas, y el consejero de Gobernación de la Generalidad, Xavier Pomés, además del alcalde de Tarrasa. La vida política e institucional catalana se paralizó por completo. Jordi Pujol abandonó su despacho y se dirigió a Tarrasa, igual que el máximo dirigente del PP en Cataluña, Alberto Fernández Díaz. El Parlamento catalán interrumpió inmediatamente los trabajos en marcha y todos los diputados bajaron a la calle, incluidos los once miembros de una delegación del PNV que en ese momento mantenían un encuentro con el grupo parlamentario de CiU.

Francisco Cano no contaba con protección policial y no vivía obsesionado por su seguridad, aunque era consciente de que existía un riesgo. La intranquilidad de la familia Cano se había acentuado después del atentado que había sufrido el 21 de septiembre el concejal del Partido Popular en San Adrián del Besós, José Luis Ruiz Casado, primera víctima mortal de ETA en Cataluña tras el inicio de la nueva ofensiva terrorista. Según fuentes municipales de Viladecavalls, el concejal fallecido había comentado que él no podía abandonar su puesto en el Ayuntamiento, a pesar de que se lo habían pedido desde su entorno familiar, porque no podía defraudar a los vecinos que habían puesto en él su confianza. Viladecavalls, municipio del que la víctima era concejal de Servicios Municipales, es una localidad de 6.000 habitantes colindante con Tarrasa. Como todos los concejales del Ayuntamiento, Cano había recibido poco antes de su asesinato un curso de autoprotección.

El Gobierno catalán decretó tres días de luto y las redacciones de los medios de comunicación se llenaron, una vez más, de declaraciones de condena. Hacía poco más de tres semanas que la banda terrorista había asesinado en Barcelona al catedrático y exministro socialista Ernest Lluch. Durante todo el día llegaron a Tarrasa representantes de todos los partidos. Javier Arenas, secretario general del PP, y los ministros de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, e Interior, Jaime Mayor Oreja, acudieron por la tarde para arropar a los militantes y cargos de su partido.

El día anterior al atentado, 13 de diciembre, Francisco Cano llegó a su casa por la noche sobre las 20:00 horas. Dejó la furgoneta en la calle y no en el aparcamiento particular de su vivienda. El concejal salió a cenar y regresó a su domicilio entre la 1:30 y 2:00 horas de la madrugada del jueves 14 de diciembre. Fue entonces cuando guardó el vehículo en el aparcamiento. La Citroën C-15 estuvo en la calle algo más de cuatro horas. Aprovechando ese lapso de tiempo, el etarra Fernando García Jodrá colocó el artefacto explosivo bajo el asiento del conductor, con la ayuda de Lierni Armendaritz y González de Langarika quien, con un destornillador, forzó la puerta trasera del vehículo del concejal popular. Ambos fueron condenados en noviembre de 2004 por la Audiencia Nacional a sendas penas de 47 años de prisión por un delito de estragos y otro de homicidio terrorista.

Anteriormente, en mayo de 2004, la Audiencia Nacional juzgó de forma genérica a varios miembros y colaboradores del grupo Gaztelugatze de ETA, entre ellos a Zigor Larredonda y Laura Riera, condenados a 9 años de prisión por haber colaborado, entre otros atentados, en el asesinato de Francisco Cano Consuegra. Zigor Larredonda fue quien recabó información sobre posibles objetivos de la banda en la provincia de Barcelona, entre ellos el concejal del PP. Laura Riera, que trabajaba como auxiliar administrativa en la sección de multas del Ayuntamiento de Tarrasa, fue quien obtuvo de la base de datos de la Dirección General de Tráfico el número de matrícula del vehículo de Francisco Cano.

Francisco Cano Consuegra tenía 45 años. Era natural de La Carolina (Jaén), aunque emigró con su familia a Cataluña siendo un niño. Estaba casado con Encarna Oviedo y tenía dos hijas de 19 y 13 años. Regentaba un negocio de electricidad y fontanería (Fontanería Tapia-Cano) en el que tenía contratados a catorce empleados. Además, era concejal por el Partido Popular desde 1997, tras haber ejercido dos años como edil independiente. Cuando fue asesinado formaba parte del equipo de Gobierno municipal de Convergencia i Unió (CiU) como concejal de Obras y Servicios. Francisco Cano era un apasionado del fútbol. Seguidor del Real Madrid, fue también directivo de clubes deportivos de la comarca donde vivía, como Egara y Maurina. También estaba vinculado al Terrassa Fútbol Club a través de la agrupación Amics del Terrassa.

El funeral por su alma se celebró el 15 de diciembre en la parroquia de Sant Martí de Sorbet de Viladecavalls, oficiado por el arzobispo de Barcelona, Ricard María Carles, y con la asistencia del presidente del Gobierno, José María Aznar, y el de la Generalidad, Jordi Pujol. A continuación fue enterrado en el cementerio de Tarrasa. En esta localidad tuvo lugar una manifestación esa misma tarde, a la que asistieron ciento cincuenta mil personas, con el lema "Cataluña por la libertad. ETA no".

Un comerciante, un policía municipal, un vendedor de prensa y dos policías nacionales

13 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A las 19:30 horas del 13 de diciembre de 1978 la banda terrorista ETA asesinaba en Vitoria al comerciante SATURNINO SOTA ARGAIZ. Hacia las 19:30 horas tres individuos enmascarados con unas capuchas rojas estacionaron su vehículo Simca 1200 frente al número 33 de la calle Cuchillería de la capital alavesa. En la planta baja Sota Argaiz tenía su panadería, y en la superior su vivienda. En el local se encontraban en ese momento la víctima y una empleada, a la que intimidaron con sus armas para que se apartase. A continuación, empujaron a Saturnino contra la pared de un rincón de la panadería y le dispararon cuatro veces, alcanzándole en la cabeza, el pecho y el cuello. Saturnino Sota falleció en el acto. En el lugar de los hechos la Policía recogió cuatro casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca Geco.

Al día siguiente, 14 de diciembre, ETA reivindicaba, a través de un comunicado remitido a diversos medios informativos vascos, el atentado que costó la vida a Saturnino Sota, en el que lo acusaba de ser "confidente a sueldo" de la Policía española. Saturnino Sota había recibido amenazas de la banda por haber vendido pan durante una huelga del sector y su tienda había sido atacada con cócteles molotov. Saturnino, por otra parte, tenía muchos amigos policías y era conocido por chiquitear en los bares de los alrededores de su tienda de pan.

La información para cometer el asesinato de Saturnino Sota la dio, presuntamente, José Luis Gómez San Pedro, detenido en Vizcaya en febrero de 1979. Por otra parte, la Audiencia Nacional abrió a finales de 2002 un sumario contra Félix Alberto López de Lacalle Gauna, alias Mobutu, en relación con el asesinato de Saturnino Sota Argaiz. Este histórico asesino de la banda fue detenido por última vez el 3 de abril de 2004 en Francia en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Judicial gala. Mobutu ya había sido detenido y condenado anteriormente en Francia, estando en prisión desde 1994 a 2000 por pertenencia a banda armada. En enero de 2010, el etarra, junto a su compañera Mercedes Chivite, fue juzgado ante el Tribunal de lo Criminal de París. En su comparecencia ante el tribunal, Mobutu declaró que ambos reivindicaban su pertenencia a ETA, de la que decían sentirse "muy orgullosos".

Saturnino Sota Argaiz tenía 49 años. Era natural de Aldeanueva de Ebro (La Rioja).

Hora y media después de ese mismo 13 de diciembre de 1978 dos integrantes de los Comandos Autónomos Anticapitalistas asesinaban en Pasajes (Guipúzcoa) al ex guardia civil y jefe de la Policía Municipal JUAN JIMÉNEZ GÓMEZ. Ocho días antes, el 5 de diciembre, miembros del grupo Donosti de ETA habían asesinado en San Sebastián a un subordinado suyo, el policía municipal Ángel Cruz Salcines, además de a sus amigos el comisario de Policía José María Sarrais y el subcomisario Gabriel Alonso Perejil. Juan Jiménez escribió entonces una carta a El Diario Vasco y otros periódicos negando que su subordinado fuese un "conocido chivato de Pasajes", indignado por que la banda hiciese falsas acusaciones contra él. La respuesta, como recuerda la viuda de Salcines en Contra el olvido (Cristina Cuesta, Temas de Hoy, 2000) fue asesinarlo. Desmentir a ETA era algo que muy pocos se atrevían a hacer y Juan Jiménez lo pagó con su vida.

Hacia las 20:50 horas de ese día dos miembros de los CAA penetraron a cara descubierta en las dependencias de la Policía Municipal en la plaza de Viteri de Pasajes. Al agente que se encontraba de guardia, Vicente Quintana, le dijeron que uno de ellos había perdido el carné de identidad y, cuando se dio la vuelta para buscar el formulario de denuncia, lo encañonaron y le obligaron a que les condujese al despacho de Juan Jiménez. Tras preguntarle si era el jefe de la Policía Municipal y responder éste afirmativamente, le dispararon en la cabeza y el pecho, pese a los ruegos de Quintana. El cuerpo sin vida de la víctima quedó reclinado en el sillón del despacho, con las gafas en la mano.

Tras dispararle, se apropiaron de su arma reglamentaria y su cartera y emprendieron la huida en un coche que habían robado previamente, donde esperaba un tercer terrorista. El vehículo, un Renault 12, había sido robado a su propietario a punta de pistola a la puerta de su domicilio en Pasajes Ancho. Poco después del atentado, la Guardia Civil localizó al dueño del coche esposado junto a una vieja fábrica de harina en la carretera Nacional I, entre Pasajes y Rentería.

Este asesinato es una muestra más de que ETA y su marca B, los CAA, son la misma banda terrorista. Primero, porque el asesinato de Ángel Salcines fue cometido por ETA, mientras que el de Juan Jiménez es obra de los CAA, existiendo una clara relación entre ambos atentados que, a fin de cuentas, persiguen el mismo objetivo. Y, segundo, porque pese a que la autoría material fue de los CAA, el asesinato de Jiménez Gómez fue reivindicado, curiosamente, por ETA militar en un comunicado enviado a los medios de comunicación vascos. En el mismo, la banda aseguraba que Juan Jiménez ejercía una "destacada función al servicio a las fuerzas represivas que invaden el territorio vasco" y que había participado en "tareas represivas contra el movimiento obrero y popular de la zona de Pasajes". En el comunicado se añadía: "Queremos insistir en que, como ya hemos hecho en anteriores ocasiones en que hemos ejecutado a miembros de la Policía Municipal, este tipo de acciones armadas no van dirigidas contra esta institución como tal, sino solamente contra aquellos elementos que desde dentro de ella muestran un grado de infiltración y colaboración con las fuerzas policiales españolas".

En julio de 1980 se detiene a varios miembros de los CAA, entre ellos a Jesús María Larzabal Bastarrika, alias Mikel y Lagun. Larzabal Bastarrika fue acusado y condenado por la Audiencia Nacional como autor del asesinato de Juan Jiménez a 25 años de reclusión mayor. En la misma sentencia fue condenado a 16 años de prisión menor Luis María Damián Expósito Arza como cómplice del asesinato. También participaron, presuntamente, como autores materiales del asesinato los miembros de los CAA Francisco Javier Larrañaga Juaristi, alias Peru (muerto en mayo de 1979 en Hendaya), y Francisco Aldanondo Badiola, alias Ondarru (fallecido en octubre de 1979 cuando intentaba huir tras ser localizado por la Guardia Civil en un caserío de Izaskun, cerca de Tolosa).

En 1984 Larzabal Bastarrika se desvinculó, supuestamente, de la banda, tras enviar una carta al Defensor del Pueblo en la que rechazaba el uso de la violencia. Desde ese momento la Audiencia Nacional empezó a tramitar su indulto individual y, a principios de los noventa,  gozaba del tercer grado penitenciario pese a que había sido condenado a penas que sumaban un total de 233 años de prisión por varios asesinatos.

Juan Jiménez Gómez tenía 58 años. Casado y con un hijo, era natural de la localidad malagueña de Benaoján. Fue miembro de la Guardia Civil hasta que se retiró y se hizo cargo de la Jefatura de la Policía Municipal de Pasajes. Treinta años después de su asesinato, el 13 de diciembre de 2008, el Ayuntamiento de Benaoján, a instancias de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), homenajeó al brigada asesinado, en un acto al que asistieron un hermano y un sobrino de la víctima.

Poco después de la una y media de la madrugada del 13 de diciembre de 1990 la banda terrorista ETA asesinaba en San Sebastián al vendedor de prensa VICENTE LÓPEZ JIMÉNEZ. Vicente se disponía a aparcar su moto frente a su domicilio en la calle Cemoriya de la capital donostiarra, cuando dos miembros de la banda lo tirotearon a bocajarro. López Jiménez falleció en el acto al recibir el impacto de tres disparos, uno en la sien derecha, otro en la mejilla izquierda y otro en el estómago.

Poco después del asesinato, la central de la asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda (DYA) en San Sebastián recibió una llamada telefónica de un comunicante anónimo que, en nombre de ETA dijo: "Hemos matado a un chivato de la Policía".

Esta acusación fue negada tanto por el Gobierno Civil de Guipúzcoa, como por familiares de la víctima. José María López Jiménez, hermano de la víctima, aseguró que Vicente tenía ideas próximas a Herri Batasuna: "Niego de forma rotunda que fuese chivato, porque mi hermano estaba muy metido en los estamentos de HB, militaba en HB y estaba muy metido en asuntos de HB. Pondría la mano en el fuego porque mi hermano no era confidente". También era ésta la opinión de vecinos de Vicente, que lo consideraban próximo a la coalición proetarra. Vicente era muy popular y querido en el barrio de Amara por "sus actividades para recaudar dinero para los presos (...) así como por sus manifestaciones siempre en la línea abertzale radical" (El Diario Vasco, 15/12/1990).

Sin embargo, la banda terrorista reiteró la acusación de confidente en un comunicado enviado el 23 de diciembre al diario Egin. Por otra parte, desde HB negaron que Vicente López fuese militante de la coalición, aunque sí reconocieron que la víctima solía participar en manifestaciones convocadas por Herri Batasuna y que, con frecuencia, acudía a la Herriko Taberna de su barrio, pero que en esos ambientes se le consideraba "un chivato y se tenía cuidado al hablar cerca de él". Fuentes policiales sostuvieron que la banda terrorista ETA había asesinado a Vicente López por considerarlo el responsable de la caída del grupo Madrid en enero de 1987.

Por el asesinato de Vicente López Jiménez sólo ha sido condenado el etarra que hizo las labores de vigilancia que posibilitaron el asesinato. En 1993 la Audiencia Nacional condenó por este motivo a Francisco Javier Balerdi Ibarguren a 30 años de reclusión mayor.

Vicente López Jiménez tenía 52 años y era natural de San Sebastián. Estaba soltero y se dedicaba a la venta de prensa en un quiosco de la calle Amezketa del barrio de Amara de San Sebastián.

El 13 de diciembre de 1991 la banda terrorista ETA asesinaba en Barcelona a los policías nacionales FRANCISCO JAVIER DELGADO GONZÁLEZ-NAVARRO y JOSÉ ANTONIO GARRIDO MARTÍNEZ. Ambos habían ido a un comercio en una céntrica calle barcelonesa para realizar unas gestiones relacionadas con su profesión. Los etarras José Luis Urrusulo Sistiaga y Juan Jesús Narváez Goñi entraron en el local y tirotearon por la espalda y a bocajarro a ambos agentes. Francisco Javier Delgado falleció en el acto, mientras que José Antonio Garrido fue trasladado gravemente herido al Hospital Clínico, donde fallecería dos horas y media después. Una semana antes del doble asesinato, la banda terrorista ETA había planteado una tregua de dos meses al Gobierno si éste aceptaba reanudar el diálogo.

Los asesinos actuaron con mucha rapidez y huyeron en un vehículo que habían dejado abandonado en la confluencia de las calles de Valencia y Llançá. El coche, robado el día antes, llevaba las placas de matrícula de otro vehículo que habían robado en noviembre de ese mismo año.

El dueño de la tienda donde fueron asesinados los policías había requerido su presencia porque un vehículo mal aparcado cerca del establecimiento había levantado sus sospechas. El dueño del comercio, Autorradios Barcelona, era amigo de uno de los policías y al verlos por la calle les comentó lo del vehículo mal aparcado:

Ellos fueron a revisar el coche y después vinieron al taller. Cuando llevaban unos cinco minutos hablando conmigo y con mi ayudante, me dirigí a la mesa del fondo para coger el paquete de tabaco que tenía en la americana y en ese mismo momento, por el espejo retrovisor que tengo para controlar la entrada de clientes, vi cómo entraban dos personas deprisa y, con gestos seguros, sacaban dos pistolas y comenzaban a disparar a bocajarro. Cuando me volví, apenas tuve tiempo de ver a uno de ellos disparando las últimas balas (...) Vinieron a por los policías, eso estaba claro, porque no abrieron la boca, dispararon sin vacilar y no les dieron tiempo ni a intentar defenderse. Salí corriendo detrás de ellos, vi que subían a un coche aparcado en doble fila a unos 20 metros y se iban (El País, 14/12/1991).

El funeral por los dos agentes asesinados fue oficiado por Ricard María Carles, arzobispo de Barcelona, en el Gobierno Civil. En su homilía señaló que con esos dos asesinatos ETA había "dejado dos esposas hundidas por el dolor: una de ellas hacía solo diecisiete días que se había casado" (La Vanguardia, 15/12/1991).

Esta vez los asesinos de ETA no contaron con las cámaras de seguridad de una sucursal bancaria próxima al comercio que grabaron su llegada y su huida del lugar. Tras ver la película con la grabación, los testigos presenciales reconocieron sin ninguna duda a Urrusolo Sistiaga y Narváez Goñi.

En 2004 la Audiencia Nacional condenó a José Luis Urrusolo Sistiaga a 30 años de reclusión mayor como autor responsable de dos delitos de asesinato. Urrusolo Sistiaga, junto a Idoia López Riaño, Fernando Díaz Torres y Juan Jesús Narváez Goñi, formaron parte del llamado "comando itinerante" de ETA que cometió numerosos atentados y asesinatos entre octubre de 1991 y marzo de 1992 en Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante y Murcia.

Narváez Goñi, alias Pajas, figuraba en 2002 en el listado de terroristas del Departamento del Tesoro de los EEUU, que lo situaba al mismo nivel que los terroristas de Al Qaeda en el sentido de poder bloquearle las cuentas bancarias e impedirle hacer cualquier transacción financiera. En octubre de 2011 Narváez Goñi figuraba en el listado de terroristas de la Unión Europea, junto a otros 32 miembros de la banda.

Francisco Javier Delgado González-Navarro, de 27 años, era natural de Fregenal de la Sierra (Badajoz) y estaba casado con una funcionaria valenciana de la Brigada de Policía Judicial. Residía en Barcelona, su primer destino, en la misma calle donde fue asesinado. Fue enterrado en el cementerio general de Valencia.

 

 

José Antonio Garrido Martínez, de 28 años, era natural de Valencia, donde fue enterrado, igual que su compañero Francisco Javier Delgado. Los restos mortales de ambos agentes fueron trasladados desde Barcelona hasta Valencia en una misma comitiva fúnebre tras finalizar el funeral en el Gobierno Civil. Se había casado diecisiete días antes de ser asesinado. José Antonio estaba realizando las prácticas en el Cuerpo Nacional de Policía tras haber superado, meses antes, las últimas pruebas en la Escuela de Policía de Ávila. Había sido enviado a Barcelona para reforzar el dispositivo de seguridad con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992.

José Ángel Garrido y Francisco Javier Delgado fueron las dos últimas víctimas mortales de ETA en 1991, en un año que terminó con casi cincuenta asesinados.

Cuarenta y cinco personas –ocho policías, nueve guardias civiles, tres militares, un ertzaina, dos policías municipales y veintidós ciudadanos ajenos a las Fuerzas de Seguridad– fueron asesinadas en 1991, en un año en el que también se registró la muerte de siete etarras en enfrentamientos con las Fuerzas de Seguridad o víctimas de sus propias bombas (Florencio Domínguez Iribarren, La historia de ETA, Temas de Hoy, 2006). 

Juan Ramón Joya, guardia civil asesinado con la colaboración de un policía municipal

12 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A las 22:25 horas del 12 de diciembre de 1982, la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad guipuzcoana de Tolosa al guardia civil JUAN RAMÓN JOYA LAGO y hería gravemente a su compañero Francisco Vázquez Bolaños. Ambos circulaban por el paseo de Velate de la localidad vestidos de paisano a bordo de un vehículo propiedad de Francisco cuando, al parar en un semáforo en rojo próximo a la plaza de Gorriti, fueron ametrallados por miembros de la banda que ocupaban otro vehículo. El automóvil recibió el impacto de dos docenas de balas, sobre todo en la zona delantera y el lateral derecho. Pese a que en el momento en que se produjo el atentado había mucha gente por la calle y, en consecuencia, numerosos testigos presenciales, ninguno quiso dar su testimonio a la Policía. Nada más ametrallar a los dos guardias civiles, los asesinos huyeron en dirección a San Sebastián en un Renault 5 de color blanco.

El general Rodríguez Galindo contó en sus memorias que los dos guardias civiles estaban celebrando una fiesta de despedida del capitán del cuartel de Tolosa, al que iban a trasladar, y salieron un momento del acuartelamiento a comprar tabaco. También se dijo que, poco antes de ser ametrallados, los dos guardias civiles habían tenido una discusión con un vecino por haber aparcado el vehículo en su vado permanente. 

Tras el ametrallamiento, las víctimas fueron trasladadas a la Clínica de Nuestra Señora de la Asunción de Tolosa en una ambulancia de la asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda (DYA) y otra de la Cruz Roja. Juan Ramón ingresó cadáver –había recibido seis impactos de bala–. Su compañero Francisco Vázquez Bolaños, de 32 años y soltero, tras ser atendido en el servicio de urgencias de la clínica de Tolosa, fue trasladado al Hospital de la Cruz Roja de San Sebastián, donde tras ser intervenido quirúrgicamente quedó ingresado en la Unidad de Vigilancia Intensiva. El parte médico señaló que el herido presentaba un shock hemorrágico muy grave, con perforación gástrica y de la vesícula biliar. Francisco consiguió sobrevivir, pese a la gravedad de las heridas sufridas, pero tuvo que abandonar la Guardia Civil por las secuelas que le quedaron del atentado.

El día 13 se celebró el funeral de cuerpo presente por el agente asesinado en el Salón del Trono del Gobierno Civil de Guipúzcoa. Concelebrado por tres sacerdotes, presidió el acto el ministro de Interior, José Barrionuevo. Al mismo asistieron, además de su viuda y otros familiares y compañeros, Rafael Vera, director de la Seguridad del Estado; el delegado del Gobierno en el País Vasco en funciones, Jaime Mayor Oreja; el director general de la Guardia Civil, teniente general Aramburu Topete, y representantes de todos los partidos políticos, entre ellos el socialista Txiki Benegas. El ministro Barrionuevo señaló que "este asesinato salvaje" no iba a "modificar los criterios del Gobierno" en la lucha contra ETA.

Al terminar el funeral, el féretro fue portado por los compañeros de Juan Ramón al patio exterior del Gobierno Civil, donde una compañía de música del Gobierno Militar le rindió honores interpretando el Himno de la Guardia Civil. Entre visibles muestras de dolor de todos los asistentes, Barrionuevo abrazó a la viuda y a otros familiares, que le reclamaron medidas para acabar con la situación que vivían las fuerzas de seguridad en el País Vasco. "Hemos depositado nuestra confianza en su gestión para acabar con esto. No se puede vivir de esta forma", señalaron. Varios mandos de la Guardia Civil contenían a duras penas las lágrimas por la tensión vivida.

El atentado fue reivindicado por ETA el 16 de diciembre mediante un comunicado enviado a varios medios de comunicación vascos.

Por el asesinato de Juan Ramón Joya sólo ha sido condenado el chivato de la banda, y policía municipal de Tolosa, Juan Antonio Rezola San Vicente que fue quien sometió a vigilancia al guardia civil Francisco Vázquez e identificó su vehículo. Esos datos fueron transmitidos a ETA militar para cometer el atentado. Por sentencia de la Audiencia Nacional del año 1985, Rezola San Vicente –que fue detenido en noviembre de 1984–, fue condenado a 18 años de reclusión menor por complicidad en el atentado, además de a indemnizar a los herederos de Joya Lago y al guardia civil herido, Francisco Vázquez. El etarra empezó a disfrutar del tercer grado en 1990, cuando sólo había cumplido seis años de cárcel.

Los autores materiales del atentado no han sido juzgados, pero eran miembros del grupo Ixkulin de ETA al que en 1982 se incorporaron Pedro José Picabea Ugalde, alias Kepa, y José Miguel Bustinza Yurrebaso, alias Iván, fallecido en septiembre de 1997 en un enfrentamiento con la Guardia Civil en Bilbao. Al grupo, que actuaba en Guipúzcoa, pertenecían en la época en que fue asesinado Juan Ramón Joya, además de los dos citados, los etarras José Luis Eciolaza, alias Dienteputo, Antonio Olaizola Achucarro, Antxon e Itxaso, Ignacio Bilbao Beascoechea, Iñaki de Lemona, y Miguel Antonio Goicoechea Elorriaga, Txapela. Este último murió en Burdeos en enero de 1984, un mes después de ser tiroteado por miembros de los GAL en San Juan de Luz.

Juan Ramón Joya Lago, de 26 años, era natural de Melilla, como su compañero Francisco, localidad a la que fueron trasladados sus restos mortales por avión desde Fuenterrabía a última hora del 13 de diciembre. Juan Ramón residía en el cuartel de Tolosa, estaba casado con María del Carmen Reguero Aguilar, vecina de Tolosa, y tenía dos hijos de corta edad. 

Las masacres de Zaragoza y Vallecas, el concejal del PP José Luis Caso y dos víctimas más

11 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El 11 de diciembre de 1980, sobre las 20:30 horas, ETA militar asesinaba en un bar de Éibar (Guipúzcoa), y en presencia de su novia, Beatriz Aranzábal, al inspector de Policía JOSÉ JAVIER MORENO CASTRO, disparándole por la espalda dos tiros en la cabeza.

Aquel día José Javier Moreno había quedado con su novia en el Bar Bikini, situado en la calle Bidebarrieta de la localidad guipuzcoana, tal y como la pareja acostumbraba a hacer habitualmente. Tras dirigirse a la barra, donde estaba Beatriz, el policía se sentó en un taburete sin ser consciente de que su llegada había llamado la atención de Fidel González García, miembro de ETA que, acto seguido, se levantó y salió del bar en busca de otros terroristas. El etarra decidió, sobre la marcha, asesinar al policía, por lo que se dirigió a su propia vivienda, donde alojaba a otros dos miembros de la banda: Ángel María Recalde Goicoechea y Fermín Ancizar Tellechea. Una vez allí los tres acordaron ir en coche hasta el Bar Bikini y, en caso de que el inspector Moreno Castro siguiera aún ahí, acabar con su vida. Uno de los tres se quedó en el coche, para facilitar la huida de sus compañeros, mientras los otros dos entraron en el local y fueron directamente hasta el lugar donde estaban José Javier Moreno y su novia. Uno de ellos, por la espalda y a corta distancia, descerrajó dos tiros en la nuca de José Javier, provocándole la muerte instantánea, tras lo cual volvieron al coche y se dieron a la fuga. El Bar Bikini había sido muy frecuentado por miembros de la Policía, pero últimamente la asistencia de éstos había disminuido de manera notable al haber sido trasladada la comisaría tres meses antes de la muerte de José Javier. Éste, sin embargo, seguía acudiendo al local porque su novia residía en las proximidades.

Al llegar a la escena del crimen, las Fuerzas de Seguridad recogieron dos casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF. Una ambulancia trasladó el cuerpo sin vida de José Javier Moreno a la comisaría de Policía de Éibar, donde fue instalada la capilla ardiente. ETA militar reivindicaría el crimen dos días más tarde, el 13 de diciembre, mediante una llamada telefónica al diario Deia.

El 12 de diciembre, a la una y media del mediodía, se celebró el funeral por el alma del inspector Moreno Castro, en la Iglesia de San Andrés, en Éibar, al que acudieron diversas autoridades civiles y militares. Ese mismo día a las nueve de la mañana, poco más de veinticuatro horas después del atentado, el Ayuntamiento de Éibar convocó un pleno extraordinario con carácter de urgencia para consensuar un comunicado de condena. Todos los concejales, excepto los cuatro ediles de Herri Batasuna, respaldaron el texto.

Tras ser detenidos en 1981, los etarras Fidel González García, Ángel María Recalde Goicoechea y Fermín Ancizar Tellechea fueron condenados por la Audiencia Nacional a sendas penas de 28 años de reclusión mayor por el asesinato de José Javier Moreno.

José Javier Moreno Castro, de 27 años, era natural de Puentes de García Rodríguez (La Coruña), estaba soltero y no tenía hijos. José Javier Moreno estaba destinado en la comisaría de Policía de Éibar desde un año y medio antes de su asesinato. Tras el atentado que le costó la vida, amigas de su novia, Beatriz Aranzábal, declararon que el joven inspector no quería comprometerse formalmente con su pareja porque estaba convencido de que iban a asesinarlo (ABC 12/12/1980). En marzo de 2005, José Javier Moreno fue ascendido con carácter honorífico y a título póstumo al cargo de Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía. Moreno Castro fue la última víctima mortal del año 1980, año que ostenta el triste récord de víctimas mortales, con 98.

Pocos minutos después de las 6:00 horas del día 11 de diciembre de 1987, ETA hacía estallar un coche-bomba en las proximidades de la puerta principal de la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, segando la vida de once personas, entre las que se encontraban cinco niños y un adolescente y de los que ocho eran civiles y tres miembros del Instituto Armado. Los asesinados en el brutal atentado, que pertenecían a cuatro familias distintas, fueron el joven PEDRO ÁNGEL ALCARAZ MARTOS y sus sobrinas ESTHER BARRERA ALCARAZ y MIRIAM BARRERA ALCARAZ; el cabo primero de la Guardia Civil JOSÉ IGNACIO BALLARÍN CAZAÑA y su hija SILVIA BALLARÍN GAY; el matrimonio formado por el guardia civil EMILIO CAPILLA TOCADO y MARÍA DOLORES FRANCO MUÑOZ, y la hija de ambos, ROCÍO CAPILLA FRANCO; y el matrimonio formado por el sargento de la Guardia Civil JOSÉ JULIÁN PINO ARRIERO y MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ MUÑOZ, y la hija de ambos SILVIA PINO FERNÁNDEZ. Los heridos, que ascendían a ochenta y ocho, presentaban lesiones de diversa consideración, y un gran número de ellos no logró recuperarse hasta varios meses después. Dos mujeres, embarazadas en el momento del atentado, perdieron a sus hijos a consecuencia de la explosión.

A la hora en la que se cometió el atentado tenía lugar habitualmente el cambio de guardia de los agentes que custodiaban la entrada a la casa cuartel de Zaragoza, situada en el popular barrio del Arrabal. Un Renault 18 de color gris se dirigió hacia la puerta lateral del cuartel de la Benemérita desde la avenida de Cataluña. La sustracción del vehículo, cometida días atrás, había sido denunciada en el puesto de la Guardia Civil de Tolosa. Al llegar al cuartel, el coche se detuvo. El sargento José Julián Pino Arriero, que custodiaba la entrada y que estaba sustituyendo a un compañero enfermo, se dirigió hacia el vehículo con intención de señalar al conductor que no estaba permitido estacionar en aquel lugar. En ese momento, el conductor del Renault arrancó de nuevo en dirección al fondo de la calle, donde le estaban esperando varios compañeros en un segundo coche, un Peugeot 205 blanco. El conductor del Renault 18 abandonó el mismo y subió al otro vehículo, que se alejó a gran velocidad. Pocos segundos después tenía lugar la terrible explosión del coche abandonado, cargado como estaba con una bomba compuesta por 250 kilos de amonal. La onda expansiva derribó los muros laterales del cuartel, dejando un agujero de más de diez metros de largo, lo que provocó el derrumbamiento de las cuatro plantas del edificio. El sargento que estaba de guardia recibió de lleno el impacto de la explosión, que le destrozó ambas piernas, prácticamente amputándoselas en el acto. Desde el primer momento se sucedieron escenas de gran angustia entre los guardias y las familias de éstos que vivían en la casa cuartel y que luchaban por salir de los escombros, mientras los vecinos de los alrededores, despertados por el estruendo, veían con incredulidad el estado en que había quedado el edificio y las empresas y casas próximas. Muchos de los edificios cercanos tuvieron que ser demolidos debido a los daños estructurales causados por la explosión.

Las familias más perjudicadas fueron, sin duda, las de las plantas inferiores, cuyos miembros quedaron sepultados bajo las ruinas y los escombros. Numerosos efectivos del cuerpo de bomberos, Cruz Roja y fuerzas de seguridad no tardaron en presentarse en la escena. Familias enteras habían desaparecido bajo las toneladas de vigas, polvo y restos de todo tipo. Las labores de rescate eran lentas y dificultosas debido a la falta de luz y al riesgo de que se produjeran nuevos derrumbamientos que pudieran acabar con la vida de algunos de los supervivientes todavía sepultados. Se formó una cadena humana de más de cien personas que fue peinando la gran montaña de escombros de más de tres metros de alto en la que se había convertido el edificio. Los guardias civiles heridos que eran dados de alta en los centros hospitalarios regresaban a la casa cuartel para ayudar en las labores de rescate.

De entre los más de setenta heridos, muchos lo fueron de gravedad. En Vidas Rotas (Alonso, R., Florencio Domínguez, F. y García Rey, M., Espasa, 2010) se enumera una relación de afectados por la explosión, detallando los días que tardaron en recuperarse de sus lesiones. Los más graves tardaron varios años en recuperarse y, al igual que había sucedido entre los fallecidos, muchos de los heridos eran niños.

Varios años después de la matanza, el terrorista francés Henri Parot diría acerca de la bomba utilizada en Zaragoza que "para montar la carga utilizamos tres botellas de acero del tipo de las usadas para nitrógeno, que estaban seccionadas [...] La orientación de los tubos con la boca abierta hacia el objetivo junto con el cordón detonante y los reforzadores en sus bases provocó que la explosión fuera dirigida como si se tratara de auténticos cañones."

Poco antes del atentado había sido detenido en Cuenca el etarra Javier Lertxundi. Según publicó El País el 13 de diciembre de 1987, Lertxundi había declarado ante la Policía el día 20 de noviembre de ese mismo año que ETA planeaba un atentado selectivo contra varios oficiales y agentes de la casa cuartel de Zaragoza. En el libro Vidas rotas, anteriormente citado, los autores se hacen eco de crónicas periodísticas según las cuales en la tarde del día anterior al atentado, el 10 de diciembre, habría llegado un télex urgente a la Jefatura de Policía de Zaragoza, enviado desde la Brigada Central de Información del Cuerpo Nacional de Policía, en el que se advertía de una acción terrorista inminente que ETA iba a perpetrar en la capital aragonesa. Según se recoge en Vidas rotas, los datos del télex no habrían llegado a tiempo a todos los cuerpos de seguridad que operaban en dicha ciudad.

El 12 de diciembre, día siguiente al atentado, se celebró en la Basílica del Pilar de Zaragoza un multitudinario funeral por el alma de los once asesinados. A las 10:30 horas, familiares de los fallecidos, guardias civiles y policías uniformados portaron los féretros, cubiertos cada uno de ellos con la bandera nacional. Los correspondientes a las hermanas gemelas Esther y Míriam Barrera Alcaraz, de tan sólo tres años, eran de color blanco.

Durante el acto se vivieron momentos de especial tensión cuando algunos fotógrafos y cámaras de televisión intentaron tomar imágenes del interior de la basílica. Algunos familiares de las víctimas trataron de impedírselo y llegaron a amenazar en voz alta con levantarse y marcharse si aparecía algún periodista. A la salida de la basílica, mientras sonaba la marcha fúnebre, numerosas personas reclamaron a gritos la pena de muerte para los terroristas, pero fueron acallados por las notas del himno de la Benemérita. Los políticos que habían acudido al acto tuvieron que escuchar insultos, como "buitres" o "tragones" y recriminaciones por parte de algunas de las personas presentes, como por ejemplo "sólo venís a los funerales" o "vosotros sois los asesinos".

El domingo 13 de diciembre, dos días después de la masacre, doscientas mil personas salieron a las calles de Zaragoza, en un día frío y lluvioso, para condenar el atentado y mostrar su solidaridad con los familiares de las víctimas y con la Guardia Civil, bajo el lema "Zaragoza, por la paz y contra el terrorismo".

Las reacciones a la espantosa matanza causada por ETA llegaron desde todos los estamentos sociales, instituciones, personalidades y partidos políticos. Todas ellas trataban de encontrar calificativos que describiesen la masacre. El Partido Nacionalista Vasco, PNV, se refirió al atentado como un "acto de barbarie" y dijo de él que venía "a confirmar que lo de Hipercor, en Barcelona, no fue ningún error de ETA". Desde el Parlamento vasco se redactó un documento en el que extendía su rechazo "a quienes justifican este tipo de actos, convirtiéndose en cómplices de la barbarie". El rey Juan Carlos se desplazó hasta Zaragoza el día el atentado, pilotando él mismo un avión Mystère, para interesarse por los heridos y afectados. El Rey señaló que "el Gobierno, las demás autoridades y yo al frente del Estado, estamos haciendo lo posible para acabar con este terrorismo que a todos nos disgusta y que odiamos [...] hay que seguir adelante". El alcalde de Zaragoza, Antonio González Triviño, se refirió a la atroz masacre de ETA como una "monstruosidad propia de aves carroñeras". Uno de los representantes públicos más visiblemente afectados fue Ricardo García Damborenea, el entonces secretario general del PSE-PSOE en Vizcaya. Damborenea, que años más tarde sería condenado como uno de los responsables de las acciones terroristas de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y que manifestó no arrepentirse de haber tomado aquellas decisiones, dijo tras el atentado de la casa cuartel de Zaragoza que "los etarras y los que les apoyan son igual de salvajes y de asesinos (...) No puede haber amnistía, perdón ni indulto alguno para los autores o promotores" de delitos de sangre como el de la casa cuartel.

Especialmente desafortunadas fueron las palabras recogidas por los obispos vascos en una pastoral redactada en los días anteriores al atentado de Zaragoza, de manera que el texto había sido publicado inmediatamente después de la matanza, con lo que el mensaje que pretendían lanzar, de por sí polémico, resultó en extremo desafortunado. La pastoral de los obispos vascos recogía las reivindicaciones habituales de los etarras, sus acusaciones a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sus duras críticas a las políticas de extradición de Francia, sus propuestas de solución a través de las negociaciones y se equiparaba sin tapujos a la banda asesina con el Estado español, como si de dos entidades paralelas se tratase.

En 1994 la Audiencia Nacional condenaba al sanguinario etarra Henri Parot, alias Unai, que había sido detenido en Sevilla en 1990, a una pena de 1.802 años de prisión por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, tras encontrarle culpable de la autoría del mismo, pues fue quien estacionó el coche-bomba. Los otros miembros de ETA que participaron en la acción fueron condenados a cadena perpetua en 1997 por un tribunal de París. Se trataba del hermano de Henri, Jean Parot, así como de Jacques Esnal (quien accionó el mecanismo iniciador de la explosión) y Frédéric Haramboure. La autoría intelectual del atentado correspondería a Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito (el que hizo el croquis del lugar y quien dio la orden directa de cometer el atentado) y a José María Arregi Erostarbe, alias Fiti y Fitipaldi, encargado de confeccionar la bomba. Tanto Múgica Garmendia como Arregi Erostarbe fueron detenidos junto con José Luis Álvarez Santacristina, alias Txelis, en 1992, gracias a la colaboración de la Policía española y la francesa, en Bidart, en el País Vasco francés. En 1993 Múgica Garmendia y Arregi Erostarbe fueron juzgados por el Tribunal Correccional de París por los delitos cometidos en suelo francés y condenados a cumplir diez años de prisión. A su salida, fueron extraditados a España para ser juzgados por la justicia española. Ambos miembros de ETA fueron condenados en 2003 por la Audiencia Nacional a sendas penas de 2.354 años de reclusión por haber ordenado al llamado "Comando Francés" cometer el atentado contra la casa cuartel en Zaragoza, habiéndoles facilitado toda la información y el material necesarios para cometer la terrible acción. En el momento del atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, otro de los máximos responsables de ETA era José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera. Desde 2002 José Antonio Urrutikoetxea se encuentra en paradero desconocido. En enero de 2003, durante una vista celebrada en el Tribunal Supremo, el etarra arrepentido Juan Manuel Soares Gamboa confirmó que en el momento de atentar contra la casa cuartel Josu Ternera formaba parte del "comité ejecutivo" de ETA.

Pedro Ángel Alcaraz Martos, natural de Torredonjimeno (Jaén), tenía 17 años cuando fue asesinado. Pedro Ángel vivía en la casa cuartel junto con su hermana Rosa María y el esposo de ésta, Juan José Barrera Anguita, así como con las dos hijas del matrimonio, las gemelas Esther y Miriam. La explosión de la casa cuartel destrozó la familia por completo. Pedro Ángel y sus dos sobrinas, de tres años de edad, fallecieron en el atentado mientras los padres de las niñas, Rosa María y Juan José, resultaron heridos de gravedad. Los tres fueron enterrados en Torredonjimeno (Jaén).

Las dos sobrinas de Pedro Ángel, Esther y Miriam Barrera Alcaraz, de tan sólo 3 años de edad, habían nacido en Zaragoza. Esther y Miriam eran gemelas. Su padre, Juan José Barrera Anguita, llevaba cinco años destinado en un equipo de desactivación de explosivos de la Guardia Civil en Zaragoza. Los padres de las niñas tardaron cuatro y cinco meses en recuperarse, respectivamente. Juan José Barrera, que sigue en activo en la Guardia Civil, no había hablado prácticamente con ningún medio de comunicación desde que mataron a sus hijas, pero no pudo guardar silencio por más tiempo cuando, en noviembre de 2010, el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, afirmaba: "hice la hoja de ruta con Josu Ternera. Me entendía bien porque sabía exactamente cómo era. Comimos bastantes veces juntos, eso da pie a hablar de muchas cosas [...] somos de la misma edad más o menos, tiene hijos, enseguida conectas con ciertas reflexiones". Las palabras de Eguiguren, el tono de colegueo con el que se refería al sanguinario líder de ETA prófugo de la justicia, produjeron "vergüenza, bochorno y rabia" en Juan José. Su esposa, Rosa María, hizo un llamamiento público al presidente Rodríguez Zapatero para que destituyera a Eguiguren, mientras que Juan José, tal y como recogió el diario La Gaceta, manifestó entre sollozos:

Viendo la entrevista, daba la sensación de que Eguiguren y Ternera son buenos amigos [...] Esto es bochornoso, nunca he confiado en el Gobierno de Zapatero y ahora menos que nunca [...] Lo único que faltó en la entrevista es que preguntasen a Eguiguren si iría a comer con Ternera si le hubiera matado a dos hijos... No habría ido y de ir, ¿qué hubiera llevado en el bolsillo? [...] Hablan de nuestro dolor, pero sólo queremos justicia, porque en un Estado de derecho civilizado a Eguiguren, al que yo considero colaborador de ETA, le hubieran detenido [...] ¿Se imagina usted que el presidente Obama se reuniera con Bin Laden? ¿Por qué las autoridades no se sientan a negociar con los maltratadores o con los que provocan muertes en accidentes de tráfico?.

El hermano de Pedro Ángel y de Rosa María, Francisco José Alcaraz Martos, tío de Miriam y Esther, fue presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) durante cuatro años, entre 2004 y 2008. Francisco José Alcaraz, desde la AVT, se opuso frontalmente al proceso de negociación con ETA, convirtiéndose en uno de los máximos defensores de la justicia que demandan las víctimas, de su memoria y de su dignidad, labor que continúa realizando desde la asociación Voces Contra el Terrorismo (VCT).

José Ignacio Ballarín Cazaña tenía treinta y un años en el momento de su fallecimiento. Natural de Zaragoza, José Ignacio era cabo primero de la Guardia Civil y hacía tan sólo dos meses que había llegado al acuartelamiento. José Ignacio Ballarín estaba casado con Teresa Esther Gay Escribano, con la que tenía una hija, Silvia Ballarín Gay. Teresa Esther Gay tardó tres meses en recuperarse de sus lesiones físicas. No pudo asistir, por tanto, al entierro de ambos, que tuvo lugar en el cementerio de Pinseque (Zaragoza), de donde era natural Teresa. Dieciocho años después de ser asesinado, en marzo de 2005, José Ignacio Ballarín era ascendido con carácter honorífico y a título póstumo al puesto de cabo mayor.

Silvia Ballarín Gay, la hija de José Ignacio Ballarín Cazaña y Teresa Esther Gay Escribano, tenía solamente seis años cuando fue asesinada junto a su padre. La tía de Silvia y hermana de su difunto padre, María Pilar Ballarín, envió una carta dirigida al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en octubre de 2006 en la que decía: "Mi hermano era muy especial. Y no sólo fue eso, sino que también hizo de padre para mí, puesto que al nuestro Dios se lo llevó demasiado joven y solo lo recordamos por las fotografías. Además, era mi amigo y mi confesor. Mi sobrina era única, la mejor. Ellos tenían treinta y uno y seis años, respectivamente, y junto con mi madre y mi hermana política eran toda mi familia. Como ve, no le puedo pedir que se ponga en mi lugar: ¡Yo perdí a media familia! Mi cuñada perdió a su marido y a su única hija, o sea, todo. Y mi madre, a su hijo y su nieta. Llevamos casi diecinueve años echándole sal a nuestras heridas, con el cáncer que produce escuchar lo que nos cuentan los medios de comunicación y los políticos, todos los días y a todas horas: que si han excarcelado a etarras, solicitud de rebaja de penas, tratos de favor, aguantar insultos, amenazas y un largo etcétera".

Emilio Capilla Tocado, de 39 años y natural de Valsequillo (Córdoba) fue otro de los tres miembros de la Guardia Civil asesinados en el atentado contra la casa cuartel. Como agente de la Benemérita, Emilio había trabajado en el País Vasco y en Madrid. En el momento de su muerte estaba destinado en el aeropuerto de Zaragoza. Estaba casado con María Dolores Franco Muñoz. El matrimonio tenía dos hijos: Rocío y Emilio José. De los cuatro miembros de la familia, sólo el muchacho logró sobrevivir, sufriendo, además, graves lesiones. Por Real Decreto 319/2005 de 18 de marzo, Emilio Capilla era ascendido con carácter honorífico y a título póstumo al puesto de Cabo.

María Dolores Franco Muñoz tenía 36 años en el momento que la banda terrorista ETA la asesinó a ella, junto a su hija Rocío y a su marido Emilio. María Dolores había nacido en Sevilla y era ama de casa. El hijo pequeño de María Dolores Franco y Emilio Capilla, Emilio José Capilla Franco, tenía tan sólo 9 años cuando murieron sus padres y su hermana mayor, Rocío. Según se recoge en Vidas rotas (Alonso, R., Florencio Domínguez, F. y García Rey, M., Espasa, 2010), a pesar de haber perdido a toda su familia y de arrastrar desde entonces una minusvalía del 50%, Emilio José no fue reconocido como víctima ni en la primera sentencia ni tampoco en la de 2003.

Rocío Capilla Franco, de 14 años, era la hija mayor del agente de la Guardia Civil Emilio Capilla y de la esposa de éste, María Dolores Franco. Rocío jugaba en el equipo de balonmano del colegio y, según relataron sus compañeros, era muy buena estudiante. El 11 de diciembre de 2008, en el vigésimo primer aniversario de la muerte de sus padres y hermana, Emilio José asistió al homenaje que el pueblo de Valsequillo, donde fueron enterrados los tres miembros de la familia, quiso rendir a sus tres vecinos asesinados.

José Julián Pino Arriero tenía 39 años y era sargento de la Guardia Civil cuando fue asesinado por ETA. Llevaba diez años destinado en Zaragoza y tenía ya solicitado su traslado a Madrid. José Julián estaba casado con María del Carmen Fernández Muñoz y junto a ella era padre de tres niños: Silvia, de 7 años; Víctor, de 11 y José María, de 13 años de edad. En 2005, por Real Decreto 319/2005, José Julián Pino era ascendido, con carácter honorífico y a título póstumo, al puesto de sargento primero.

María del Carmen Fernández Muñoz, ama de casa de 38 años y natural de Talavera de la Reina (Toledo), estaba casada con José Julián Pino y era madre de Silvia, Víctor y José María Pino Fernández. Tanto ella como su hija y esposo fallecieron en el atentado, por lo que sus dos hijos, Víctor y José María, fueron a vivir con su abuela, que se hizo cargo de los dos niños hasta su fallecimiento, poco tiempo después. Los dos muchachos, habiendo perdido a toda su familia al completo, crecieron en el Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil y siguieron los pasos de su difunto padre hasta convertirse también ellos en miembros del Instituto Armado.

Silvia Pino Fernández, hija de José Julián Pino Arriero y María del Carmen Fernández Muñoz, tenía sólo 7 años cuando fue asesinada. Silvia había nacido y se había criado en Zaragoza junto con sus padres y hermanos. En diciembre de 2010 la ciudad de Talavera de la Reina (Toledo), donde los tres miembros de la familia fueron enterrados, rindió homenaje a los vecinos de la localidad asesinados en atentados terroristas de la banda ETA, inaugurándose un monumento donado por el médico José Blas. José María Pino Fernández, el mayor de los dos hermanos que sobrevivieron, estuvo presente en el acto y fue uno de los encargados de realizar una ofrenda floral a los pies del monumento.

El mismo día 11 de diciembre de 1987, pasadas las 23:00 horas, mientras las imágenes de la casa cuartel de Zaragoza ocupaban los informativos, la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad guipuzcoana de Placencia de las Armas al sargento de Intervención de la Guardia Civil JOSÉ LUIS GÓMEZ SOLÍS acribillándolo a tiros en presencia de su esposa. Horas antes, ETA hería gravemente en Basauri (Vizcaya) al policía de la escala básica Rafael Ribas, de 29 años, mediante una carta-bomba que le provocó amputaciones de varios dedos y heridas por incrustación de metralla en la cara y los ojos.

Consternados aún por el terrible atentado cometido por ETA en Zaragoza, José Luis Gómez y su esposa decidieron salir a tomar algo con algunos de sus amigos de Placencia que, a lo largo del día, le habían llamado para darle muestras de apoyo y afecto y para condenar el atentado contra la casa cuartel y sus habitantes (La negociación de ETA que sí funcionó, José Ramón Goñi Tirapu, Espasa Calpe 2005, citado en Vidas Rotas). José Luis Gómez y su esposa abandonaron el Bar Gila poco después, sobre la medianoche, y se dirigieron juntos a su coche, un Talbot Solara aparcado en el puente de Gila, sobre el río Deba. Según declararon testigos presenciales, el sargento montó primero y, en el momento en que se disponía a abrir la puerta derecha, tres miembros de ETA arrojaron a la mujer al suelo y dispararon sus armas contra él, que falleció en el acto al ser alcanzado por catorce impactos de bala, varios de ellos en la cabeza. Las Fuerzas de Seguridad recogieron al menos diez casquillos de bala en el lugar de los hechos.

El día 12 de diciembre tuvo lugar en la parroquia de Elgóibar el funeral por el alma de José Luis Gómez, al que acudieron el ministro del Interior, José Barrionuevo; el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán; el delegado del Gobierno en el País Vasco, Julen Elorriaga; el vicepresidente del Gobierno autónomo vasco, Ramón Jáuregui, y el Gobernador Civil de Guipúzcoa, José Ramón Goñi Tirapu.

En 1990 la Audiencia Nacional condenó a Pedro José Echevarría Lete, Fermín Javier Urdiain Ciriza, alias Txiki y Xabin, Jesús María Ciganda Sarretea, alias Eneko, y Juan Carlos Balerdi Iturralde a penas de 29 años de reclusión mayor por el asesinato del sargento Gómez Solís. Pedro José Echevarría Lete, que acumulaba condenas de 220 años, fue el último de los 21 presos de ETA acercados a cárceles de la península desde prisiones de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, durante la tregua trampa decretada por ETA en 1998. En 2005 la Audiencia Nacional rechazó aplicar redenciones extraordinarias a Echevarría Lete por los estudios cursados en la Universidad del País Vasco (UPV), tras encontrar irregularidades en los mismos.

José Luis Gómez Solís, de 44 años y natural de Aldea del Obispo (Cáceres), estaba destinado como sargento interventor de armas en el cuartel de la Guardia Civil en Elgóibar y vivía en Guipúzcoa desde cuatro años antes de su asesinato. Estaba casado y tenía cuatro hijos de edades comprendidas entre los 16 y los 4 años, de los que dos han seguido los pasos de su padre, ingresando en la Guardia Civil. El Ayuntamiento de Aldea del Obispo decidió dedicar una calle con el nombre de José Luis, en honor al sargento asesinado, mientras que un ejemplar del diario Hoy, luce en las vitrinas del consistorio recordando el día en que se le rindió el homenaje. En marzo de 2005, según Real Decreto 319/2005, José Luis Gómez Solís era ascendido con carácter honorífico y a título póstumo al puesto de Sargento Primero.

Aproximadamente cinco minutos antes de las 15:00 horas del lunes 11 de diciembre de 1995, la banda terrorista ETA hacía estallar un coche-bomba en el madrileño barrio de Vallecas al paso de una furgoneta camuflada de la Marina, hiriendo a casi medio centenar de personas y segando la vida de seis trabajadores civiles de la Armada: MANUEL CARRASCO ALMANSA, conductor de la Administración Militar; FLORENTINO LÓPEZ DEL CASTILLO, conductor mecánico; MARTÍN ROSA VALERA, chófer oficial; JOSÉ RAMÓN INTRIAGO ESTEBAN, mecánico; SANTIAGO ESTEBAN JUNQUER, funcionario administrativo y FÉLIX RAMOS BAILÓN, oficial de arsenales en el Parque de Automóviles de la Armada. 

El lunes 11 de diciembre de 1995, como cada día laborable, ocho trabajadores civiles volvían a sus domicilios, en unas viviendas militares de la calle Peña Prieta, a bordo de una furgoneta blanca de la Armada. En torno a las 14:55 horas, en la confluencia de las calles Peña Prieta y Francisco Iglesias del barrio de Vallecas, en Madrid, a muy pocos metros de una de las vías de salida a la M-30, hizo explosión un coche-bomba colocado por miembros del grupo Madrid de la banda terrorista ETA. El coche-bomba había sido cargado con unos cincuenta y cinco kilos de amonal y entre dos y tres kilos de dinamita o exógeno, y aparcado en un punto en el que los vehículos se veían obligados a reducir la velocidad.

En total, los asesinados dejaban seis viudas y veintiocho huérfanos. Los otros tres ocupantes del vehículo -Pedro Díaz, Fidel Rico y Manuel García-, sufrieron gravísimas heridas. Manuel García Muñoz, de 40 años y tornero de profesión, fue ingresado en el Hospital de Getafe con pronóstico muy grave, presentando traumatismo craneoencefálico severo, contusión pulmonar, lesión pulmonar por inhalación de gases, quemaduras en la cara y en el 30% del tronco superior, quemadura de la vía aérea superior y fractura del antebrazo derecho y también de la tibia derecha. Fidel Rico Moreno fue ingresado en el Hospital Gregorio Marañón en estado muy grave, con erosiones múltiples, contusión pulmonar, quemaduras de primer y segundo grado, traumatismo craneoencefálico, estallido del globo ocular izquierdo y fractura del tobillo izquierdo. Al Hospital Clínico fue llevado el oficial de arsenales y conductor Pedro Díaz Bustabat, también muy grave al igual que los otros supervivientes del vehículo. Pedro Díaz, de 49 años, fue ingresado con quemaduras en la cara, insuficiencia respiratoria y fractura abierta de la pierna izquierda, así como otras fracturas en el hombro izquierdo y la pierna derecha. Entre los vecinos y viandantes que sufrieron heridas de más gravedad estaban María Antonia Rosa Estruch,  Basilea Vargas, de 20 años y embarazada de seis meses, Miguel Ángel Puerta, de 36 años, Aurora Bailén, de 61 años, y Araceli Campos, de 52 años.

Las descripciones efectuadas por los testigos presenciales hablaban de cuerpos destrozados y de vehículos calcinados por las llamas. Muy cerca del lugar del atentado se encuentran un ambulatorio, una parada de autobús y el colegio Divina Pastora. La explosión causó también numerosos daños materiales, haciendo saltar por los aires escaparates, cornisas y ventanas de edificios en un diámetro de cincuenta metros. Además, se originó un incendio que acabó devorando muchos de los vehículos aparcados en los alrededores. Las imágenes eran dantescas. Uno de los primeros vecinos que acudió al lugar para ayudar en las labores de rescate explicó que "a una de las personas que estaba en el suelo la tibia le salía por el talón, otra tenía las tripas fuera... más allá, otra con las piernas amputadas". En similares términos se manifestaba otra de las víctimas: "Comenzaron a llover cristales y pedazos de metal. Salí del coche velozmente. Sobre la calzada vi un brazo ensangrentado arrancado de cuajo. Me encontraba a unos metros del lugar de la explosión".

En medios de la lucha antiterrorista, el atentado fue interpretado como el apoyo expreso de la banda terrorista ETA a los cabecillas de la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS), coincidiendo con un momento en el que el Partido Nacionalista Vasco y sectores de los socialistas vascos, habían redoblado sus esfuerzos por iniciar nuevos procesos de negociación y diálogo con ETA y Herri Batasuna. El clima político en el que tuvo lugar la matanza de Vallecas se había visto enrarecido, semanas antes, por unas manifestaciones del presidente del PNV, Xabier Arzalluz, en las que calificaba a los pistoleros de ETA como "patriotas vascos", mientras que días después el portavoz del mismo partido, Joseba Eguíbar, se había referido a los etarras recluidos en las cárceles como "presos políticos". Los grandes atentados de la banda, según la coordinadora KAS y tal y como se recogía en el documento "Kalamarro", servían para fortalecer a la banda. En el texto, los proetarras se felicitaban, por ejemplo, de cómo el asesinato de Gregorio Ordóñez había servido para frenar disidencias internas en la propia ETA.

El día 12 de diciembre, a las nueve de la mañana, se instaló la capilla ardiente, en la Agrupación de Infantería de Marina, situada en la calle de Arturo Soria. El mismo día tuvo lugar el funeral por el alma de los seis trabajadores asesinados, en medio de escenas de tensión, dolor y gritos de indignación en contra de ETA y del Gobierno, por parte de familiares y compañeros de los fallecidos. El funeral, que se celebró en el Cuartel General de Infantería de Marina, fue presidido por el ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, con la asistencia de un millar de personas entre las que se encontraban representantes de todos los partidos políticos.

A las 11:45 horas de la mañana, los seis féretros, cubiertos con la enseña nacional, fueron transportados a hombros de militares y civiles hacia el altar instalado en la capilla del acuartelamiento. En las primeras filas, a poco más de un metro de los ataúdes, se situaban las seis viudas, los veintiocho huérfanos y los hermanos y padres de las víctimas. La ceremonia terminó con los acordes de la marcha fúnebre, que sonaron después de que se cantara la Salve Marinera. Mientras los seis féretros eran transportados hacia los coches por treinta y seis voluntarios, tuvieron lugar los momentos de mayor tensión. Los múltiples aplausos no pudieron silenciar las voces de dos o tres de los familiares de las víctimas, que profirieron gritos pidiendo la dimisión del Gobierno y la muerte "para los hijos de puta de la ETA". Uno se dirigió a los políticos diciendo "sois todos basura, hay que matar a los criminales".

Tal y como ocurriera tras otras masacres de la banda asesina ETA, fueron numerosas las reacciones desde todos los ámbitos de la sociedad: instituciones y partidos políticos manifestaron su repulsa y desde la Casa Real se enviaron condolencias a los familiares de las víctimas. La Asociación Nacional de Policía Uniformada, ANPU, se dirigió expresamente al portavoz del PNV, Joseba Eguíbar, por sus recientes palabras en las que calificaba a los etarras encarcelados como presos políticos, para que "ante la nueva manifestación de los futuros ‘presos políticos’, que tarde o temprano las Fuerzas de Seguridad pondrán en manos de la Justicia, dé una respuesta que pueda devolver a los familiares de las víctimas a los seres queridos, que tan vilmente les han sido arrebatados".

Una de las voces más contundentes contra los responsables de la matanza de Vallecas fue la del entonces coordinador de Izquierda Unida, Julio Anguita, que se refirió a los etarras como "mugre" y "basura", afirmando que "no estamos ante unos patriotas, sino ante una jauría de auténticos hijos de perra". El líder de IU manifestó que "con los terroristas no se negocia, lo decimos ahora que hay sangre y cuando no hay sangre". José Barrionuevo, que en ese momento estaba siendo juzgado por su responsabilidad en el terrorismo del GAL, afirmó que para combatir el terrorismo "hay que utilizar todas las armas que la ley otorga, sin exclusiones".

En octubre de 2007 la Audiencia Nacional condenaba a dos de los etarras responsables de la masacre de Vallecas. Así, la Audiencia condenaba al dirigente etarra Juan Antonio Olarra Guridi, alias Jokin y a Ainhoa Múgica Goñi, alias Olga, a cumplir un máximo de 30 años de reclusión mayor, sumando condenas por 1.243 años, al considerarlos responsables de seis delitos de asesinato y cuarenta y cuatro delitos de tentativa de asesinato, además de los delitos de integración en banda armada y estragos. Según la sentencia, ambos terroristas fueron quienes recogieron la información sobre los movimientos de la furgoneta de la Armada en la que viajaban las víctimas, sin la cual no se habría llevado a cabo el atentado.

Manuel Carrasco Almansa, de 56 años y natural de Almadén (Ciudad Real), estaba casado y tenía cuatro hijos. Manuel había ingresado como conductor de la Administración militar veintitrés años antes de su asesinato, en 1972. Los restos mortales de Manuel Carrasco fueron enterrados en el cementerio de Carabanchel.

 

 

Florentino López del Castillo, de 55 años y originario del barrio de  Aravaca (Madrid), estaba casado y tenía siete hijos. Era conductor mecánico de la Armada y en el momento del atentado que acabó su vida conducía la furgoneta en la que viajaban, junto a él, los otros cinco fallecidos. Florentino López llevaba trabajando en la Administración militar desde 1969. Fue enterrado en el cementerio de Aravaca.

 

Martín Rosa Valera, de 61 años, era natural de Mancha Real (Jaén), donde fue enterrado. Estaba casado y tenía tres hijos. Al igual que Florentino López, Martín era conductor mecánico de la Armada en el Parque de Automóviles número 1. Ingresó en la Administración militar en 1975, por lo que llevaba veinte años de servicio cuando ETA le arrebató la vida. En mayo de 2006 el diario El Mundo recogió testimonios de algunas de las víctimas del atentado de Vallecas. En el artículo, María Dolores Rosa, hija de Martín, decía sobre su padre: "Pese a que han pasado 10 años, mi madre no se ha recuperado todavía; ni creo que lo haga nunca. Sigue tomando antidepresivos. Nos tuvimos que marchar de Madrid a Jaén para estar con ella [...] Pero quizá la parte más dura es saber que mi padre tardó casi una hora en morirse. Falleció en el 12 de Octubre. La obsesión de mi madre era y es conocer cómo pasó esa última hora; si era consciente, si tuvo muchos dolores, si se dio cuenta de lo que ocurrió [...] Yo quitaría el mes de diciembre del calendario. Aquel día, mi madre perdió la ilusión por todo. Ni siquiera con sus seis nietos ha recuperado las ganas de vivir [...] Él, que tenía 61 años, quería jubilarse y venirse a vivir al pueblo a los 64 años. Todo lo que ahorraba lo invertía en la casa del pueblo, en la que ahora estamos nosotros. Soñaba con regresar y disfrutar de la jubilación [...] Él decía: ya verás, en tres añitos me jubilo y a disfrutar. Era el típico de los años 50 y 60: emigró a Madrid y trabajó toda su vida. Cuando murió, trabajaba hasta 12 horas diarias".

José Ramón Intriago Esteban, de 43 años, natural de Madrid y mecánico de la Armada, estaba casado con Concepción Sáez y tenía tres hijos de 19, 17 y 8 años en el momento de su fallecimiento. Según se recoge en "La Cosecha del Odio", un artículo de ABC dedicado a las víctimas del atentado de Vallecas (ABC, 17/12/1995), José Ramón era hijo de un trabajador de la Armada y había abandonado los estudios en el instituto debido a la estrechez económica en la que vivía su familia, empezando a trabajar desde muy joven como aprendiz de mecánico en la Armada. Su gran pasión era el fútbol. Los restos mortales de José Ramón Intriago fueron enterrados en el madrileño cementerio de La Almudena.

Santiago Esteban Junquer era funcionario administrativo de la Armada y tenía 58 años cuando fue asesinado. Fue enterrado en el cementerio de Colmenar Viejo. Estaba casado con Isabel Rodríguez y tenía ocho hijos, cinco de un matrimonio anterior y tres con Isabel. Santiago, natural de Collado-Mediano (Madrid), era un gran aficionado a la caza. Su hijo Santiago se refirió al asesinato de su padre a través de la emisora de radio M-80, el mismo día del atentado por la noche, diciendo que "estos asesinos que me expliquen por qué han matado a mi padre. Que me digan, cuando he ido a ver a mi padre, a reconocerle hecho pedazos, el porqué. Necesito una explicación, y que me digan estas Navidades, quién va a traer a mi padre. ¿Quién me lo va a decir? ¿Estos presos políticos que viven como reyes en las cárceles? ¿Ellos, que están sentados cómodamente allí o toda ese serie de políticos que no hacen nada?". En el citado artículo de ABC, "La Cosecha del Odio", publicado seis días después del atentado, se recogen testimonios de su viuda, Isabel, que explicaba cómo ella y los chicos le dieron la terrible noticia a la madre del difunto, de 91 años: "Perder un esposo es duro, pero mucho más cruel tiene que ser perder un hijo [...] Se alegró tanto de vernos... enseguida intuyó algo: ¿Le ha pasado algo a mi hijo? –Sí, abuela, está malo. –¿Pero muy malo? –Sí, abuela, malo, malo. -¿Está muerto? –Sí, abuela, está muerto". Según se recoge en Vidas rotas (Alonso, R., Florencio Domínguez, F. y García Rey, M., Espasa, 2010) durante el juicio por el atentado de Vallecas, en 2007, Santiago Esteban Rodríguez declaró que "aquel día entró en mi casa la oscuridad, el silencio, el dolor, la desesperanza. No sólo mataron a mi padre, mataron a mi mejor amigo, a mi confidente, a la persona que más queríamos" y explicó cómo a raíz del atentado su familia sufrió "una fuerte desestructuración", hasta el punto de que uno de los hermanos llegó a sufrir esquizofrenia paranoide, teniendo que ser recluido en un hospital psiquiátrico. En octubre de 2008, en unas jornadas organizadas por Gesto por la Paz, habló Paloma Esteban, también hija de Santiago Esteban Junquer y aprovechó para explicar cómo su padre, en el momento de su muerte, estaba ilusionado con la boda de su hija, en la que "iba a ser el padrino". Paloma contrajo matrimonio, pero una vela encendida ocupó el asiento vacío de su padre.

Félix Ramos Bailón, natural de Madrid y de 55 años, estaba casado y tenía tres hijos cuando fue asesinado. Félix era chapista de la Armada, cuerpo en el que había ingresado en 1980. Allí desempeñaba la labor de oficial de arsenales en el Parque de Automóviles número 1. Años después de su asesinato, en 2005, el novio de una de sus hijas le recordaba, a través de las páginas del diario El Mundo, como "un buen tipo, muy buen hombre. Le gustaba su casa. Era muy hogareño". Félix Ramos fue enterrado en el cementerio de Carabanchel.

Durante el funeral por el alma de los seis trabajadores se les impuso a cada uno de ellos, a título póstumo, la Cruz al Mérito Naval con distintivo amarillo. Posteriormente, en febrero de 2000, por Real Decreto 310/2000, recibían, también a título póstumo y con carácter honorífico, la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo.

El jueves 11 de diciembre de 1997, a las 22:57 horas, ETA asesinaba en un bar de Irún (Guipúzcoa) al concejal del Partido Popular en Rentería JOSÉ LUIS CASO CORTINES, disparándole un tiro en la cabeza a bocajarro. Una semana antes de asesinar a José Luis Caso, la banda terrorista atentó contra su compañera de partido Elena Azpiroz, concejal en la capital guipuzcoana, hiriendo de un disparo en la cabeza a su escolta, José María Lobato, provocándole pérdida completa de visión en el ojo izquierdo.

Tres minutos antes de las once de la noche un hombre de complexión fuerte y de unos treinta años, oculto bajo la capucha del chubasquero, entró en el Bar Trantxe, en la calle Juan Arana de Irún, y se dirigió sin dudarlo hasta José Luis Caso, que se encontraba cenando con media docena de amigos al fondo, alejado de la puerta. Cuando se hubo acercado lo suficiente, el terrorista le disparó en la sien y salió corriendo del bar. En su huida amenazó con disparar a varios de los testigos que presenciaron el crimen, si éstos lo seguían o trataban de impedirle el paso. José Luis Caso fue alcanzado por un único disparo, con orificio de entrada en la zona parietal derecha y de salida en la región parieto-occipital izquierda con pérdida de masa encefálica, falleciendo prácticamente en el acto. Según relataron testigos presenciales, un segundo terrorista cubría al asesino desde la puerta y, tras salir del bar, emprendió la fuga junto a él. Ambos corrieron por la calle Juan Arana hasta alcanzar un vehículo, en el que les esperaba una tercera persona. Una vez dentro del coche los tres continuaron la huida por la zona de la avenida de Guipúzcoa.

El atentado contra el concejal popular tuvo lugar en un momento en el que los principales partidos, PP y PSOE, estaban inmersos en una refriega dialéctica suscitada a raíz de la propuesta realizada por el líder socialista Joaquín Almunia acerca del indulto de etarras arrepentidos. Además, el asesinato se producía sólo cuatro días después de que el Ministerio de Interior anunciase el acercamiento de quince presos a cárceles vascas y el traslado de varios presos desde prisiones de Canarias y Baleares.

Un día después del asesinato de José Luis Caso, los concejales en Rentería de todos los partidos, con la excepción habitual de Herri Batasuna, se reunieron para condenar el crimen. Mientras tanto, los cinco ediles batasunos no dejaron de mascar chicle, ni siquiera cuando Concepción Gironza, la otra concejal del Partido Popular en la localidad, le preguntó abiertamente a uno de ellos, Ángel María Etxebeste: "¿Por qué, Ángel Mari? ¿Por qué José Luis está muerto? ¿Seré yo la siguiente?" Tampoco se dignaron a mirar a la portavoz de Izquierda Unida, Isabel López, cuando se dirigió a ellos diciendo "Os pido, os suplico, que manifestéis vuestro dolor, un gesto, algo; tenéis en vuestra mano que esta locura pare alguna vez" (El País, 13/12/1997).

Polémicas fueron las palabras de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el presidente de Extremadura, quien propuso "en nombre propio" un Gobierno de coalición entre PP y PSOE "para acabar con el terrorismo, ya que ése es un problema en el que todos estamos dando palos de ciego". Según él, sólo un ejecutivo fuerte, con un 80% de respaldo electoral, podría "negociar" con ETA, llegando a afirmar que "si quieren autodeterminación, se la damos, pero a ver lo que decide el pueblo vasco". Por su parte, el Consejo Europeo condenó duramente el atentado desde Luxemburgo, en una declaración sin precedentes aprobada por unanimidad en la que dejaron atrás pasadas ambigüedades.

José Luis Caso, pese estar amenazado por ETA, había rechazado la escolta hasta el mismo día de su muerte y se había negado reiteradamente a abandonar el País Vasco. Tras la muerte de Miguel Ángel Blanco, las calles de Rentería fueron testigo de las amenazas que, en forma de pintadas, recayeron sobre José Luis. "Tú serás el próximo", decían algunas, mientras se le representaba en el interior de una diana y con una flecha clavada en la cabeza. Ante estas y otras amenazas, el concejal siempre había manifestado su negativa a llevar escolta: "No quiero preocuparme en exceso, porque sé que defender determinadas ideas en Euskadi conlleva un riesgo [...] miedo no tengo, tengo cierto temor, el temor que puede tener cualquiera de una amenaza que se puede realizar o que no se puede realizar (...) Yo no me voy a marchar", manifestó en una entrevista a la Cadena SER poco después del asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Las amenazas que sufrían los ediles populares provenían en ocasiones del entorno proetarra en las calles, la llamada kale borroka, pero también desde dentro de las propias instituciones. Un día antes del asesinato de José Luis, el representante de Herri Batasuna en las Juntas Generales de Guipúzcoa, Xabier Alegría, había colocado papeles en los escaños de los populares con el texto "El que la hace la paga", palabras que también pronunciaría la líder de Jarrai, Ana Lizarralde, mientras que diez días antes del asesinato, el portavoz de HB Floren Aoiz se refirió a la condena de los veintitrés miembros de la Mesa Nacional de Batasuna a siete años de cárcel, asegurando que ésta tendría "consecuencias graves" para el Partido Popular. Arnaldo Otegi Mondragón, el que era nuevo máximo responsable de dicha Mesa Nacional, dijo también una semana antes del atentado que "Mayor, el Partido Popular y el Gobierno tendrán la contestación que se merecen".

Dos días después de asesinar a José Luis Caso, el periodista Pablo Ordaz publicaba en el diario El País una entrevista al que sería sustituto de José Luis en el cargo de concejal, Manuel Zamarreño, sin poder saber que estaba entrevistando a quien un año después también yacería muerto víctima del fanatismo etarra:

Desde, la tercera fila de bancos, sentado y cabizbajo, mezclado entre el público, un hombre de baja estatura, barba poblada y grandes entradas miraba lo que estaba pasando. El periodista, que lo tenía al lado, no reparó en él hasta que le sobresaltó el temblor de sus rodillas. El hombre, de 42 años y cuatro hijos, el mayor de 24 y el más pequeño de 12, era Manuel Zamarreño, calderero de profesión, parado desde 1992 por culpa de la reconversión de Astilleros. "Usted es...". "Sí", contestó con un suspiro y los ojos nublados, "yo iba el tercero en la lista, detrás de José Luis, a mí me toca ahora ser su sustituto" (El País, 13/12/1997).

Entre los miembros de ETA que integraban el grupo Donosti en el momento del asesinato de José Luis Caso Cortines estaban Javier García Gaztelu, alias Txapote, su compañera Irantzu Gallastegui, Sergio Polo y José Luis Geresta Múgica. En junio de 2006 la Audiencia Nacional decidió absolver por falta de pruebas a García Gaztelu y a Gallastegui, acusados ambos del asesinato del concejal popular, pese a que las huellas dactilares de los dos habían aparecido en un piso en el que la Policía había encontrado el revólver con el que José Luis Caso fue asesinado.

José Luis Caso Cortines, de 64 años y natural de Comillas (Cantabria), estaba casado y tenía dos hijos y un nieto. José Luis vivía en el País Vasco desde los 22 años, habiendo llegado a Irún en la década de los 50. En esta localidad recibieron sepultura sus restos mortales. José Luis se había jubilado recientemente de su profesión de soldador, tras trabajar durante treinta años en los astilleros Luzuriaga en Pasajes de San Juan. Allí se había ganado el aprecio de sus compañeros y había sido enlace sindical del comité de empresa bajo el régimen franquista. En una ocasión se presentó como independiente por el sindicato nacionalista ELA. Pertenecía al Partido Popular desde su fundación, habiendo formado parte previamente de Alianza Popular. En el País Vasco había sido presidente del Partido Popular en Irún y concejal en dicha localidad. En el momento de su asesinato era concejal del Partido Popular en Rentería, localidad guipuzcoana gobernada por el PSOE y en la que Herri Batasuna contaba con cinco ediles. Llevaba en ese puesto dos legislaturas. Juana, la esposa de José Luis Caso, solía decir en presencia de amigos y conocidos que la valentía de José Luis rozaba la inconsciencia y afirmaba con frecuencia que "me lo van a matar, cualquier día de éstos me lo matan", tal y como finalmente sucedió. Según las personas que lo conocieron, José Luis era "un buen hombre que se hacía con todos", "apreciado y querido por los vecinos". José Luis Caso, ante las amenazas que se veía obligado a soportar, había manifestado: "Si vienen, ya saben dónde me encontrarán. No tengo miedo".

Ignacio Mendiluce y José Luis González, ertzainas asesinados por un miembro de Jarrai

10 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A las once de la mañana del 10 de diciembre de 1995 Mikel Otegi Unanue, por entonces miembro de Jarrai pero que, posteriormente, pasaría a integrarse en la banda terrorista ETA, asesinaba en Isasondo (Guipúzcoa) a JOSÉ LUIS GONZÁLEZ VILLANUEVA e IGNACIO MENDILUCE ETXEBERRI, agentes de la Ertzaintza. Los dos agentes asesinados no figuran, incomprensiblemente, como víctimas de ETA en los listados oficiales del Ministerio de Interior, pero sí en el libro Vidas Rotas (Alonso, R., Florencio Domínguez, F., y García Rey, M., Espasa 2010, págs. 968 y ss.).

Mikel Otegi había tenido horas antes un enfrentamiento con otro agente de la Policía Autonómica al que golpeó y llamó despectivamente zipayo, término que los proetarras utilizaban para referirse a los ertzainas en alusión a las tropas nativas que ayudaron a los ingleses en la India. A continuación se dirigió a velocidad excesiva y "de un modo llamativo por lo irregular" al caserío Oteizabal donde vivía. Su extraña forma de conducir llamó la atención de una patrulla de la Ertzaintza compuesta por los agentes José Luis González Villanueva e Ignacio Mendiluce, que prestaban servicio de rutina en la zona. Cuando Otegi, que ya había sido anteriormente detenido por desórdenes públicos en el pueblo de Ordicia, vio que los dos agentes entraban en el caserío, pensó que iba a ser detenido de nuevo así que, utilizando una escopeta de caza, disparó de forma inesperada contra los dos ertzainas, por la espalda y a menos de dos metros de distancia. Los dos agentes no tuvieron posibilidad de reaccionar y murieron en el acto.

Mikel Otegi militaba en Jarrai desde hacía al menos cinco años, ya que había tomado parte como delegado en el cuarto congreso celebrado por dicha organización proetarra en Zuaza (Álava) en mayo de 1990.

Óscar Aldaya, hijo del empresario vasco José María Aldaya, que en esos momentos estaba secuestrado por ETA, acudió al funeral por el alma de Ignacio Mendiluce, del que era amigo. El funeral por el alma de José Luis González Villanueva tuvo lugar en Galdácano (Vizcaya). Allí, el lehendakari José Antonio Ardanza y el consejero de Interior, Juan María Atutxa, arroparon a la viuda del agente, embarazada de siete meses de su primer hijo.

Atutxa responsabilizó a Herri Batasuna (HB) y a la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) del asesinato de los ertzainas, y señaló que, aunque no hubiese sido ordenado por ETA, era fruto de "la semilla que los dirigentes de HB y KAS están sembrando". Según Atutxa, el origen del crimen estaba en los mensajes, las actitudes y los comportamientos que se estaban marcando desde el entorno de HB y ETA, con consignas del tipo de "ETA mátalos" o "hoy tú de negro, mañana tu familia", en alusión a la indumentaria negra que visten los antidisturbios de la Ertzaintza, conocidos precisamente por el color de su atuendo como Beltzas.

A su vez, el lehendakari José Antonio Ardanza manifestó, después de visitar la capilla ardiente de Mendiluce que lo sucedido era "una locura de ese sector de la juventud vasca que está fanatizada". Asimismo, expresó su preocupación por "la responsabilidad" de quienes los llevan "por esas vías de locura colectiva (...) No comparto ese abertzalismo que dicen defender porque lo que hacen no es amar a un país y una patria, sino destruirlos".

Por su parte el consejero vasco de Justicia, Ramón Jáuregui, señaló que el asesinato de los dos agentes era la imagen más preocupante del clima de violencia que se vivía en el País Vasco. El socialista denunció a quienes insertan el odio y el fanatismo en la juventud vasca y explicó cómo, en su opinión, el doble asesinato era consecuencia de lo que defiende el entorno de KAS: "Tenemos un problema serio. Lo ocurrido es la expresión de ese clima de frustración, de esa subcultura de violencia que está anidando peligrosamente en la juventud vasca. Hay que reflexionar en profundidad sobre la respuesta que estamos dando a esta situación", señaló. El presidente del PP en el País Vasco, Jaime Mayor Oreja, declaró que el asesinato de los dos ertzainas era una consecuencia del ambiente propiciado por ETA, KAS y HB y "una nueva muestra de lo que es la intolerancia, la brutalidad y el primitivismo más profundo".

A través de una nota leída en el funeral de Ignacio Mendiluce, el obispo de San Sebastián, José María Setién, expresaba su "honda preocupación" por el hecho de que los asesinatos pudieran tener "como consecuencia, además del inevitable ya y siempre triste aniquilamiento de dos seres humanos, el efecto de un endurecimiento del clima de violencia en el que estamos inmersos". En su nota, Setién afirmaba que "hemos de ser conscientes de que este encrispado clima de violencia, que es el fruto de acciones violentas, es también propicio para la generación de nuevas acciones de esa naturaleza".

El Ayuntamiento de Zumárraga mostró su condolencia a las familias de los ertzainas, mientras que los concejales de Beasain denunciaron, además de las muertes, "el clima de enfrentamiento civil y ataques a las fuerzas democráticas por parte del Movimiento de Liberación Nacional Vasco".

El 13 de diciembre, tres días después del atentado y dos después de que ETA cometiera una masacre en el madrileño barrio de Vallecas, el parlamentario de Herri Batasuna Kepa Landa responsabilizaba al Gobierno de la matanza de Madrid y acusaba a Juan María Atutxa y a la dirección del PNV de ser a su vez responsables de la muerte de los dos ertzainas. Según la lógica habitual de Batasuna, tan siniestra como hipócrita, el asesinato de los dos agentes era "consecuencia de la implicación política y represiva dada a la Ertzainza por Atutxa y la dirección del PNV", por lo que pidió la dimisión del consejero vasco de Interior.

El hecho de que Otegi fuese miembro de Jarrai tuvo como consecuencia que el asesinato de los dos ertzainas, en un principio, no fuese considerado un atentado terrorista. Por ese motivo, tras ser detenido y encarcelado, fue juzgado por un jurado popular en San Sebastián, hecho que provocó una gran polémica. En un fallo vergonzoso, el 6 de marzo de 1997 el tribunal dictó una sentencia absolutoria por considerar que el asesino no era "en absoluto" dueño de sus actos cuando disparó contra los dos agentes. Cinco días después de ser absuelto, Otegi fue puesto en libertad. Para cuando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló el juicio y dictaminó que se repitiera la vista oral, lo que dio lugar a un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, Mikel Otegi había huido y fue imposible localizarlo. El 7 de julio de 1997 fue declarado prófugo y se dictó una orden de busca y captura a Interpol.

Años después, en 2005, la Audiencia Provincial de Guipúzcoa decidió que el nuevo juicio debía ser competencia de la Audiencia Nacional. En virtud de esta decisión, en abril de 2007 la Fiscalía solicitó al magistrado Baltasar Garzón que procesase a Otegi porque había suficientes indicios para probar el delito de asesinato, en concurso con otro de atentado, y de un segundo delito de favorecimiento de la actividad terrorista. El fiscal señaló que el asesino actuó "guiado por el sentimiento de hostilidad hacia la institución [la Ertzaintza] originado por su pertenencia a movimientos próximos a la organización terrorista y movido por el ánimo de coadyuvar a los fines de ETA". Al mismo tiempo, la Fiscalía solicitaba que se activase el mecanismo para la entrega a España de Otegi, que en esos momentos se encontraba cumpliendo una condena de 7 años de cárcel en Francia, donde fue detenido en 2003, por un delito de pertenencia a ETA. La extradición se hizo efectiva en septiembre de 2009. En junio de 2011 la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó para Otegi 70 años de cárcel por el asesinato de los dos ertzainas.

Días después del asesinato de los dos agentes, y mientras miles de vecinos de Ordicia se manifestaban para protestar por el mismo, la Ertzaintza tuvo que impedir que, en las inmediaciones, simpatizantes de Herri Batasuna homenajearan al autor del doble asesinato, Mikel Otegi. Medio millar de jóvenes de la comarca del Goyerri denunciaron "el acoso al que se ven sometidos por la Ertzaintza". Los manifestantes corearon consignas a favor del presunto asesino tales como "Mikel, herria zurekin" ("el pueblo está contigo"). Ante estas muestras de evidente exaltación del terrorismo, un familiar de Iñaki Mendiluce expresó sus sentimientos de esta forma:

Oyes arropar al asesino de tu hermano y sientes algo dentro difícil de describir. Sé que tengo que pensar que soy una persona civilizada, pero es increíble el dolor tan profundo que se puede llegar a sentir. Había visto los atentados, pero, hasta que te toca, es difícil hacerse una idea de lo que sucede. Es terrible (El País, 15/12/1995).

La Policía Autonómica vasca había sido objeto de muchos ataques por parte de miembros de Jarrai, las juventudes proetarras, con los que la justicia ha sido muy benevolente. Uno de los más graves fue el sufrido meses antes del asesinato de González Villanueva y Mendiluce Etxeberri, en marzo de 1995 en Rentería, cuando cinco integrantes de este cuerpo policial resultaron gravemente heridos al penetrar un cóctel molotov lanzado por los jóvenes proetarras en la furgoneta en la que se encontraban, que quedó convertida en una bola de fuego. Otra vez, la benignidad de los jueces contra estos terroristas hizo que Aitor García Sánchez, Unai Erquis y Jon Ander González fueran condenados a sólo 6 años de cárcel, frente a los 350 que pedía el Fiscal por cinco asesinatos frustrados. Uno de los ertzainas heridos, Jon Ruiz Sagarna, testificó en el juicio, quedando patente la brutalidad del ataque, como recogió Aurora Intxausti en su crónica para El País:

El ertzaina Jon Ruiz Sagarna, cuyo cuerpo resultó quemado en un 55%, compareció en el Palacio de Justicia con atuendo deportivo, bajo el que lleva desde hace meses un traje especial que le protege las quemaduras. De su rostro sobresalían al exterior los ojos, la nariz y a boca, ya que el resto está cubierto por una malla de color carne, similar a la que utilizan los corredores de Fórmula 1, que tapaba con una visera. El aspecto que presenta el agente de la Policía vasca un año después del atentado dejó impresionados a los miembros del tribunal, que fueron los únicos que pudieron verle. El ertzaina declaró que sufre altibajos en su estado anímico porque "es difícil salir adelante con el aspecto que tengo". Ruiz Sagarna relató ante la Sala que estuvo un mes entre la vida y la muerte y permaneció cinco más internado en el hospital de Cruces. "Me han realizado seis intervenciones quirúrgicas y son muchas más las que tienen que hacerme. Realmente, yo creo que los médicos no saben por dónde empezar a practicarme la cirugía plástica", relató. El agente está en tratamiento psiquiátrico y acude semanalmente a un especialista. "Con el aspecto físico que tengo no creo que en los próximos años pueda hacer una vida normal", se lamentó. Ruiz Sagarna era el conductor de la furgoneta que el 24 de marzo de 1995 fue atacada con cócteles molotov por unos encapuchados en Rentería (Guipúzcoa). Relató que, después de que los artefactos impactaran contra el vehículo, sintió que todo su cuerpo "estaba envuelto en llamas. A partir de ese instante y hasta que me tumban en una camilla, no recuerdo nada más", agregó (El País, 01/05/1996).

Once años después, en julio de 2006, la esposa de Jon Ruiz Sagarna, Ana Arregui, señalaba a El Mundo cómo estaba siendo la rehabilitación de su marido: "El fisioterapeuta dice que es como un jarrón roto; aunque pegues la piezas, siempre tendrá cicatrices, secuelas. Los médicos no pueden asegurar a ciencia cierta cuáles serán" (El Mundo, 07/07/2006). Finalmente, en enero de 2008 le fue concedida a Jon Ruiz Sagarna la invalidez absoluta, trece años después del brutal ataque.

José Luis González Villanueva tenía 34 años y era natural de Galdácano (Vizcaya). Pertenecía a la décima promoción de la Ertzaintza y estaba destinado en la comisaría de Beasain. Estaba casado y su esposa se encontraba embarazada de siete meses del primer hijo de la pareja.

 

 

Ignacio Mendiluce Etxeberri tenía 26 años y era natural de Zumárraga (Guipúzcoa). Destinado, al igual que González Villanueva, en la comisaría de Beasain, pertenecía a la decimotercera promoción de la Ertzaintza.

 

 

Vicente Rubio, exjefe de la Policía Municipal de Santurce, y Pablo Garraza, taxista

9 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A las 12:30 horas del 9 de diciembre de 1978, la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Santurce (Vizcaya) a VICENTE RUBIO EREÑO, militar retirado y exjefe de la Policía Municipal. La víctima se encontraba a esa hora tomando un aperitivo en la barra del Bar Zarza junto a un amigo, Juan Cruz González, obrero de 34 años y vecino de Ortuella. En ese momento, un terrorista, con la cara cubierta por una capucha, penetró en el establecimiento y empezó a disparar con una pistola prácticamente desde la puerta del local, hasta que llegó a la barra, que se encontraba al fondo del bar. Vicente Rubio resultó mortalmente herido mientras que su amigo sufrió sólo heridas leves, gracias a que al terrorista se le encasquilló la pistola.

Antes de que los propietarios del bar y de que las dos únicas personas que, junto a las víctimas, se encontraban en el local pudieran reaccionar, el pistolero de la banda salió del mismo, dándose a la fuga en un Renault 12 blanco aparcado cerca de la puerta, en el que le esperaba otro etarra al volante. El coche utilizado para cometer el atentado y huir del lugar de los hechos había sido sustraído por tres individuos armados en Bilbao momentos antes.

Cuando llegaron los primeros auxilios al Bar Zarza, Vicente Rubio Ereño había fallecido y Juan Cruz González fue trasladado al Hospital de Cruces en una ambulancia, donde se le apreció herida en el tórax.

El atentado se produjo tres días después de aprobarse la Constitución y era el quinto crimen consecutivo con las mismas características cometido por ETA en el mes de diciembre. En todos los casos, las víctimas fueron asesinadas mientras se encontraban tranquilamente tomando una consumición en un bar. Había ocurrido el 1 de diciembre en Oñate y el 5 de diciembre en San Sebastián.

Vicente Rubio era conocido por su ideología ultraderechista, que él mismo no tenía inconveniente en reconocer, y había sido amenazado de muerte por ETA por su supuesta participación en actos represivos protagonizados por Guerrilleros de Cristo Rey. Además, y según los rumores que circulaban por Santurce, uno de sus hijos, Juan de Dios Rubio, conocido como Chape, pertenecía también a los Guerrilleros. En julio de 1976 se habían producido graves incidentes en Santurce cuando, durante una manifestación pro-amnistía no autorizada, murió de un disparo Begoña Mentxaca, a la que todos llamaban Normi. En los incidentes, muy confusos, se vio a Juan de Dios Rubio con una pistola en la mano, aunque no se pudo probar fehacientemente que fuese el autor del disparo que acabó con la vida de Begoña. Las responsabilidades de aquellos actos no fueron nunca suficientemente aclaradas y Chape no llegó a ser procesado. Llamado a filas poco después de los sucesos, se domicilió fuera del País Vasco cuando terminó el servicio militar. Otros rumores, sin embargo, apuntaron directamente a Vicente Rubio como autor de esos disparos. La rumorología de la localidad vizcaína también apuntaba a que el Bar Zarza era conocido en Santurce por ser un lugar de reunión habitual de policías, guardias civiles y personas ideológicamente de derechas. En las paredes exteriores y en la puerta del local se podían leer pintadas como "Gora ETA militar" y "No entréis al Zarza, son chivatos", hechas semanas antes del atentado. Seis meses antes, el 16 de julio, Vicente había recibido una amenaza de bomba en su domicilio en Santurce, por lo que el edificio tuvo que ser desalojado, aunque posteriormente se demostró que fue una falsa alarma.

Vicente Rubio Ereño, de 60 años y natural de Baracaldo, estaba casado y tenía siete hijos, los dos mayores ya casados y el pequeño, de 7 años. Había sido suboficial del Ejército y formó parte de la División Azul. En 1969 pasó a ocupar la jefatura de la Policía Municipal de Santurce, cargo que ostentó hasta 1970. También fue miembro de la Guardia de Franco y estaba afiliado a Falange Española. Posteriormente se dedicó a otras actividades profesionales, pero cuando sufrió el atentado estaba ya jubilado. En enero de 2005, el Ayuntamiento de Baracaldo (Vizcaya) concedió a Vicente Rubio la Medalla de Oro de la Anteiglesia de Baracaldo, que fue entregada a una de sus hijas en un acto privado. De esta forma se subsanaba el error cometido con Rubio Ereño, que no fue incluido en la relación de víctimas relacionadas con la localidad a las que se les entregó esa misma medalla en diciembre de 2004.

A las diez de la noche del 9 de diciembre de 1983 el diario Egin recibió una llamada en nombre de la banda terrorista ETA en la que informaba que habían asesinado en Rentería (Guipúzcoa) al taxista retirado PABLO GARRAZA GARCÍA. Concretamente, el comunicante informaba que "habían ejecutado al famoso Chino de Rentería".

El cuerpo sin vida de la víctima –tumbado boca abajo y con un disparo detrás de la oreja izquierda con salida por la frente–, fue localizado por agentes de la Policía Municipal en torno a las 22:45 horas en un pequeño bosque junto a la carretera de Astigarraga, en las proximidades del cementerio nuevo de Rentería. Minutos antes de las doce de la noche el juez ordenó el levantamiento del cadáver.

En un comunicado enviado al día siguiente, la banda terrorista señalaba que Pablo fue secuestrado, interrogado y asesinado a continuación. En determinados ambientes se había relacionado a Pablo con asuntos de drogas, pero el asunto no fue esgrimido por la banda en el comunicado de reivindicación como justificación para el asesinato.

El mismo día que asesinaron a Pablo se produjeron otros dos atentados de la banda. El primero, en Pasajes de San Pedro, cuando a las ocho de la tarde fue tiroteado un teniente de Infantería cuando se disponía a ir al trabajo en su vehículo. El teniente se tiró al suelo y evitó que le alcanzaran los disparos. En el lugar de los hechos se recogieron seis casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum. El segundo se produjo poco después del asesinato de Pablo Garraza, cuando un convoy formado por tres vehículos de la Guardia Civil fue alcanzado por la explosión de un potente artefacto a la altura del kilómetro 27 de la autopista Bilbao-Behovia en el término municipal de Zarauz. El artefacto, formado por 20 kilos de explosivo y gruesos tornillos, fue activado a distancia al paso del convoy. Afortunadamente, no hubo heridos. El atentado sería reivindicado por ETA político-militar VIII Asamblea.

Pablo Garraza García, de 59 años de edad, era natural de Allo (Navarra). Estaba casado y su mujer, Casimira Domínguez, estaba enferma. Ejerció como taxista durante ocho años pero, tras un accidente, tuvo que dejarlo. El 10 de diciembre se celebró el funeral por Pablo Garraza en la Iglesia de San Marcos de Rentería. La iglesia estaba llena y asistieron el alcalde de la localidad, concejales del Partido Nacionalista Vasco y del PSE-PSOE. Ese mismo día, el Ayuntamiento de la localidad, sin la presencia de Herri Batasuna, condenó el asesinato de Garraza García. Pablo Garraza fue enterrado el 11 de diciembre en Allo, su localidad natal. Previamente se celebró un segundo funeral por su alma, tras el cual se formó la comitiva fúnebre hasta al cementerio, a la que se unió gran parte de los vecinos del pueblo, el alcalde y el presidente del Parlamento Foral. Al día siguiente, el Ayuntamiento de Allo condenó en una moción su asesinato.

Francisco Collado, empresario, y la matanza de policías nacionales en Sabadell

8 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A las dos menos cuarto de la tarde del 8 de diciembre de 1983 la banda terrorista ETA asesinaba en Cegama (Guipúzcoa) al empresario FRANCISCO JAVIER COLLADO AZURMENDI. Minutos antes, dos miembros de la banda entraron en el Bar Bastacho de la localidad guipuzcoana donde Francisco Javier jugaba una partida de billar con unos amigos, algo que hacía habitualmente. Tras comprobar que la víctima estaba dentro, salieron a la calle y esperaron a que terminara la partida. A las 13:45 horas Collado Azurmendi abandonó el bar y, nada más pisar la calle, los etarras abrieron fuego contra él a bocajarro y por la espalda.

Francisco Javier Collado cayó de bruces a la acera con el cráneo destrozado por tres impactos de bala y con un cuarto impacto en el pecho. Una bala se incrustó en un marco de la puerta del bar y otra bala, rebotada, hirió en un tobillo a Juan Sarraoa Gallastegui, uno de los clientes del bar, que se encontraba muy concurrido a esa hora.

Tras cometer el asesinato los terroristas huyeron en un Renault 5, robado a punta de pistola horas antes en el mismo pueblo de Cegama a su propietario, un joven de la localidad vecina de Idiazábal, que estaba acompañado de un amigo. Ambos fueron abandonados, sin maniatar, en un pinar situado a tres kilómetros del casco urbano, tras ser advertidos de que no dieran aviso a la Policía hasta pasadas las tres de la tarde. Según los dos jóvenes, los terroristas hablaban en castellano y las pocas palabras que intercambiaron en euskera las pronunciaron con un acento distinto al habla de la zona.

La corporación del Ayuntamiento de Cegama, compuesta por ocho concejales del PNV y uno de una agrupación independiente, aprobó esa misma tarde en un pleno extraordinario, una moción de condena por el asesinato, e hizo un llamamiento enérgico a las organizaciones y grupos que practican la violencia para que desistiesen de su actitud. Los funerales por el alma de Francisco Javier se celebraron al día siguiente a las siete de la tarde con la asistencia de gran número de amigos y familiares. Al mismo asistió el alcalde de Cegama, Eduardo Tellería, y los concejales del Ayuntamiento. A continuación fue enterrado en el cementerio local.

ETA reivindicó el atentado mediante llamada telefónica en la que acusaba a la víctima de introducir droga en Guipúzcoa y de ser informador de la Policía.

Francisco Javier Collado Azurmendi, tenía 37 años y era natural de Cegama. Estaba casado con María del Carmen Artano Irastorza y el matrimonio tenía tres hijos de 12, 11 y 9 años. Una hermana de la víctima afirmó que no tenían conocimiento sobre si Francisco Javier había recibido amenazas, y vecinos de la localidad lo describieron como un hombre normal, aficionado a la caza y muy relacionado en el pueblo. Collado Azurmendi era un pequeño empresario que se dedicaba a la compra-venta de vehículos usados. Además, tenía gran afición a la caza y era un buen deportista. En su juventud había practicado el atletismo, en la especialidad de 1.500 metros lisos, como miembro de un club del barrio de San Bartolomé, y también había participado en varias ediciones del Cross Internacional de Lasarte.

 

A las cinco menos cuarto de la tarde del día 8 de diciembre de 1990, seis agentes del Cuerpo Nacional de Policía fueron asesinados por miembros del grupo Barcelona de la banda terrorista ETA mediante la explosión de un coche-bomba en la confluencia de las calles Josep Aparici y Robot i Serra de Sabadell (Barcelona). Los agentes acudían a prestar servicio al estadio de fútbol de la Nova Creu Alta, donde a las 18:00 horas se iba a disputar el partido de segunda división entre el Club Deportivo Sabadell y el Málaga Club de Fútbol. El dispositivo policial lo formaban dos furgones sin blindaje que, minutos antes, habían salido de la comisaría. La onda expansiva provocada por el coche-bomba alcanzó de lleno al segundo furgón del convoy, provocando la muerte en el acto de seis policías nacionales: RAMÓN DÍAZ GARCÍA, natural de Cáceres; JUAN JOSÉ ESCUDERO RUIZ, conductor del furgón, natural de Granada; JUAN GÓMEZ SALAR, natural de Barcelona; EDUARDO HIDALGO CARZO, natural de Badajoz; MIGUEL MARCOS MARTÍNEZ, natural de Cáceres; y FRANCISCO PÉREZ PÉREZ, natural de León.

Otros dos agentes que viajaban en el mismo furgón policial, Enrique Fernández González y Cruz Adeva Usera, resultaron heridos de gravedad. Ambos agentes fueron ingresados en el Hospital de la Santa Fe de Sabadell. El agente Adeva Usera sufrió amputaciones en las extremidades superiores. Además, nueve civiles que transitaban por la zona cuando se produjo la explosión resultaron heridos de diversa consideración. Al más grave de ellos, Manuel Rosillo González, se le incrustó metralla en el tórax y fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de la Santa Fe con contusión pulmonar. En el mismo hospital fueron atendidos el resto de los heridos, casi todos ellos por rotura de los cristales de los edificios colindantes.

Según el alcalde de Sabadell, Antoni Farrés (de Iniciativa per Catalunya), unos doscientos vecinos resultaron afectados de una forma u otra porque la explosión ocasionó cuantiosos estragos materiales en las viviendas y automóviles que se encontraban en las inmediaciones del coche-bomba. La metralla llegó despedida hasta cuatrocientos metros de distancia del lugar de la explosión. En el cruce donde se produjo el atentado había un colegio y varios comercios que se encontraban cerrados al ser día de fiesta. Esta circunstancia evitó, probablemente, que la explosión causase un número más elevado de víctimas mortales.

Los vecinos que salieron a sus balcones y ventanas alarmados por el brutal estruendo de la explosión pudieron ver cómo ardía el furgón de la Policía, convertido en chatarra, junto al coche-bomba completamente destrozado. Entre los restos del furgón policial quedaron atrapados los cuerpos de cinco agentes. Dos de ellos no pudieron ser separados del amasijo de chatarra, de modo que los restos del vehículo tuvieron que ser retirados del lugar con los dos cadáveres en su interior. El sexto fallecido salió despedido del furgón y fue a estrellarse contra la verja de una escuela.

Los terroristas habían estacionado el coche-bomba a las 14:30 horas, según el testimonio de dos vecinos, de tal manera que obstaculizaba el paso del vehículo policial, por lo que éste tuvo que aminorar la marcha para maniobrar, momento en que el artefacto hizo explosión.

La Policía dispuso inmediatamente diversos controles en Sabadell y en las carreteras y autopistas catalanas, especialmente en los accesos a Barcelona. Hasta el lugar del atentado se desplazaron el alcalde de Sabadell, en primer lugar, y posteriormente el presidente de la Generalidad y el gobernador civil de Barcelona, Ferrán Cardenal.

El encuentro de fútbol entre los equipos del Sabadell y el Málaga, al que se dirigían los agentes asesinados, comenzó con un minuto de silencio y el servicio de seguridad del partido tuvo que ser prestado por agentes de la Guardia Urbana de Sabadell.

El atentado se produjo exactamente dos semanas después de otro de idénticas características, aunque sin víctimas mortales, contra el cuartel de la Guardia Civil de San Carlos de la Rápita, en Tarragona. Ambos fueron realizados después de que la Policía interviniera documentación a la dirigente etarra Carmen Guisasola en la que se revelaban los planes de la organización terrorista para boicotear los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992.

A esta circunstancia aludió el presidente del Gobierno, Felipe González, en unas declaraciones en las que también negaba que hubiese ninguna negociación en marcha tras el fracaso de las conversaciones de Argel de 1989, tal y como se había especulado insistentemente en medios políticos y mediáticos en las semanas previas al atentado. González manifestó que la política antiterrorista no iba a cambiar y añadió que los terroristas "se están engañando porque no habrá ninguna negociación política de ninguna manera, ya sea [por] el horizonte de los Juegos Olímpicos, el de la Expo o el del año 94". El asesinato de los seis policías nacionales era el primer atentado con víctimas mortales en Cataluña desde la masacre de Hipercor el 19 de junio de 1987.

El funeral por el alma de los seis agentes fue celebrado el 9 de diciembre en la Iglesia de San Félix de Sabadell, al que asistieron más de tres mil personas. La mayoría tuvo que seguir el acto religioso desde la plaza del Ayuntamiento. Entre otras personalidades, estuvieron presentes el presidente de la Generalidad, Jordi Pujol, y el ministro de Interior, José Luis Corcuera.

El arzobispo de Barcelona, Ricard María Carles, que ofició la ceremonia, hizo referencia en su homilía a una de las secuelas que el terrorismo de ETA ha provocado durante sus más de cinco décadas de asesinatos, que es el de los centenares de huérfanos que el historial criminal de la banda ha dejado. Dirigiéndose a los asesinos dijo que quería hacerles una pregunta:

¿No dice nada a vuestros corazones el que ayer a esta hora trece niños tenían padre y esta mañana de domingo esos trece niños ya no tienen padre, y que, por mucho que se esfuercen con amor y sacrificios los que los quieren, la vida de estos niños ya no será nunca como lo ha sido hasta ahora?

Durante el traslado de los féretros desde el Ayuntamiento a la iglesia, y al terminar el funeral, se vivieron momentos de mucha tensión y de manifiesta hostilidad hacia los políticos asistentes. Entre aplausos al paso de los ataúdes, se oyeron gritos contra ETA, pidiendo la pena de muerte para los terroristas y "menos negociación", y contra los políticos. José Luis Corcuera fue abucheado con gritos de "fuera, fuera".

El 11 de diciembre a las 12 de la mañana, y siguiendo la convocatoria del Ayuntamiento de Sabadell, la ciudad quedó paralizada durante cinco minutos, incluido el tráfico rodado que también se detuvo, mientras los campanarios de todas las iglesias tocaban a difuntos.

El asesinato de los seis policías fue cometido, según la investigación policial y judicial, por dos de los participantes en la masacre contra la casa cuartel de Vic que fallecerían al día siguiente del brutal atentado en un enfrentamiento con la Guardia Civil en la localidad de Llissá de Munt (Barcelona). Se trata de Juan Carlos Monteagudo Povo (jefe del grupo Barcelona de ETA y exdirigente de Terra Lliure) y Juan Félix Erezuma Uriarte, que se resistieron a ser detenidos haciendo uso de sus armas de fuego.

Ramón Díaz García, de 42 años, era natural de Casillas de Coria (Cáceres) y llevaba destinado en Sabadell catorce años. Estaba casado y tenía cuatro hijos. A Ramón no le tocaba trabajar ese día, pero le hizo el favor a un compañero que se encontraba enfermo. Sus restos mortales fueron enterrados en el cementerio de la Salud de Sabadell.

 

Juan José Escudero Ruiz, de 52 años, estaba casado y tenía cuatro hijos. Natural de Gor (Granada), llevaba veintidós años de servicio en Sabadell. Pertenecía al Parque Móvil de Barcelona, y era el conductor del furgón policial. Estuvo a punto de dejar la Policía Nacional poco antes de ser asesinado, pero algunas circunstancias familiares "le hicieron solicitar una nueva prórroga" (Ideal, 09/12/1990). Sus restos mortales fueron enterrados en el cementerio de la Románica, en Barberá del Vallés (Barcelona). El 11 de diciembre de 2008 el Ayuntamiento de su localidad natal puso el nombre del agente asesinado a una de las calles principales del pueblo. El alcalde de Gor, el popular Francisco Porcel, señaló que, a pesar de que no vivía habitualmente en el municipio granadino, Juan José Escudero lo visitaba todos los veranos en compañía de su familia.

Juan Gómez Salar, de 36 años, era natural de Barcelona. Estaba casado y tenía un hijo. Residía con su familia en Barberá del Vallés y sus restos mortales fueron enterrados en el cementerio de Cerdanyola. Llevaba cinco años destinado en la comisaría de Sabadell.

 

 

Eduardo Hidalgo Carzo, de 43 años, era natural de Badajoz y llevaba doce años de servicio en Sabadell. Estaba casado y tenía dos hijos. Fue enterrado en el cementerio de la Salud de Sabadell.

 

 

Miguel Marcos Martínez, de 53 años, estaba casado con Isabel Martín y tenía dos hijos de 14 y 9 años, Antonio y Gustavo. Era natural de Cilleros (Cáceres), donde fue enterrado, y llevaba destinado en Sabadell siete años. A su entierro en su localidad natal dos días después asistieron más de dos mil vecinos, además de autoridades políticas, policiales y militares. En abril de 2007, organizado por la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) y el Ayuntamiento de Cilleros, se celebró un homenaje en memoria de Miguel Marcos, con la asistencia de la viuda y los dos hijos del agente asesinado. Se descubrió una placa en la calle que lleva su nombre y se hizo una ofrenda floral en el cementerio local donde reposan los restos mortales de la víctima.

Francisco Pérez Pérez, de 29 años, era natural de Torre del Bierzo (León) y llevaba tres años de servicio en Sabadell. Se había casado tres meses antes de ser asesinado. Sus restos mortales fueron enterrados en el cementerio de la Salud de Sabadell.

 

 

El 8 de diciembre de 2005, quince años después del brutal atentado que conmocionó a la ciudad de Sabadell, se descubrió una placa en recuerdo de los policías asesinados en el parque de Catalunya de la localidad, cerca de la plaza donde se ubica el monolito que rinde homenaje a otra víctima del terrorismo de ETA, Ernest Lluch. El acto fue organizado por la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT). El vicepresidente de la misma, Roberto Manrique, lamentó que se hubiese tenido que esperar tanto tiempo para rendir homenaje a los seis policías asesinados

El asesinato en Galdácano de un cocinero, un teniente y un subteniente de Infantería

7 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

Poco después de las tres y media de la tarde del viernes 7 de diciembre de 1984 la banda terrorista ETA asesinaba mediante la explosión de un coche-bomba en Galdácano (Vizcaya), al cocinero civil del cuartel de Munguía, LUIS ALBERTO ASENSIO PEREDA; al teniente de Infantería JUAN ENRÍQUEZ CRIADO, y al subteniente del mismo arma FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ LAJUSTICIA. El atentado se produjo la víspera de la festividad de la Inmaculada, patrona de la Infantería.

Las víctimas viajaban en un microbús que transportaba a catorce militares y empleados civiles y que iba escoltado por dos Land Rover de la Policía Militar, uno delante y otro detrás. En su interior viajaban dos tenientes, un subteniente, un sargento y cinco soldados, así como el cocinero, la empleada de la limpieza, otro civil y el capellán del cuartel del Regimiento de Infantería número 45 de Garellano, con base en Munguía.

El convoy militar venía del cuartel de Solleches y se dirigía a Bilbao por la carretera Nacional 634. Al llegar al cruce de El Gallo, en Galdácano, un vehículo estacionado en el arcén y cargado con más de 20 kilos de Goma 2 y gran cantidad de metralla, fue activado mediante un telemando por miembros de la banda terrorista ETA. La explosión se produjo justo en el momento en que el convoy reiniciaba la marcha después de haberse detenido brevemente en una señal de stop. El Seat 1500 que contenía la carga saltó por los aires, esparciendo la metralla en un radio de muchos metros. Tras la explosión, los soldados de la Policía Militar que iban en los coches de escolta tuvieron que repeler el ataque de los terroristas que, situados a varios metros de distancia, pretendían ametrallar y rematar a los militares heridos.

El vehículo utilizado como coche-bomba había sido robado a punta de pistola a las 13:45 horas en el casco urbano de Galdácano, muy poco antes de que se produjese la explosión. Según comentó un camionero que almorzaba en el restaurante Oyarzabal, situado junto a la carretera general Bilbao-San Sebastián, hacia las 15:30 horas dos individuos aparcaron un viejo Seat 1500 de color blanco junto a una pequeña tapia, en el cruce de dicha carretera con la de Larrabezúa. Este hecho llamó la atención del testigo, porque no era normal aparcar un coche en un cruce de tanto tránsito. Los dos individuos se alejaron del lugar a pie y, diez minutos después, se producía la explosión.

La onda expansiva y la metralla alcanzaron de lleno al microbús por su lado derecho, que quedó totalmente destrozado, y provocó la muerte en el acto al subteniente Francisco Javier Fernández Lajusticia. Ya en el Hospital Civil de Basurto fallecieron el teniente Juan Enríquez Criado y el cocinero Luis Alberto Asensio Pereda, que presentaba fractura abierta de cráneo con pérdida de masa encefálica.

Once personas más, en su mayoría soldados de reemplazo, resultaron heridas, algunas muy graves. Según la relación facilitada por el Ministerio de Defensa, los heridos fueron: el teniente Francisco Bermejo Rodríguez, muy grave; el cabo Severino Estrada Artos, grave; el soldado Félix Salcedo Bocadulce, grave; María Santamaría Simón, de 61 años, empleada de la limpieza del cuartel, con traumatismo craneal muy grave; y Francisco Delgado del Hoyo, sacerdote, capitán capellán del acuartelamiento de Munguía, grave. Resultaron heridos leves y dados de alta a las pocas horas el sargento Justo Martín Villaseñor, los soldados Emiliano Vega Zambrano, Javier López Valcárcel, Agustín Melo García y Agustín Carbonell Turón, conductor del microbús. Por último, resultó también herido leve el civil Miguel Ángel Méndez Morán, conductor de una motocicleta que circulaba por el lugar en el momento de la explosión.

Al día siguiente, 8 de diciembre, se celebró el funeral por las tres víctimas en el cuartel del Ejército de Solleches, una misa de campaña de cuerpo presente presidida por el ministro de Defensa, Narcís Serra; el jefe del Estado Mayor del Ejército, José María Sáenz de Tejada; el delegado del Gobierno en el País Vasco, Ramón Jáuregui, y el capitán general de la VI Región Militar, Juan Vicente Izquierdo.

La representación del Gobierno vasco la ostentó el consejero de Interior, Luis María Retolaza. También asistieron el presidente de la Diputación de Vizcaya, José María Makua, el gobernador civil, Iñaki López, los dirigentes socialistas Txiki Benegas y Ricardo García Damborenea, y los portavoces de Coalición Popular, Julen Guimón y Antonio Merino.

Tras finalizar el acto religioso, el coronel jefe del regimiento Garellano 45, Mariano Fernández-Aceituno, recalcó que "sin odios y sin ira" rendía honores a los "caídos víctimas de un cobarde asesinato", tras lo cual se dirigió al ministro de Defensa en los siguientes términos:

Han destrozado varios hogares, pero no a nosotros, a los del regimiento Garellano, a los que formamos bajo la bandera roja y gualda. Mañana los huecos que han dejado el teniente, el subteniente y el funcionario serán cubiertos por otros soldados, seguiremos día a día por nuestro camino.

Tras el acto religioso, que se celebró en el patio de armas del acuartelamiento, el batallón de Infantería Garellano, junto a una compañía de las COE, desfiló frente a los tres féretros mientras sonaba el Himno Nacional y el Himno de la Legión. Inmediatamente después, el ministro de Defensa Narcís Serra, en compañía del jefe del Estado Mayor, José María Sáenz de Tejada, brindó una ofrenda floral a los muertos ante el monumento a los caídos. Al término del oficio, el ministro de Defensa señaló que no consideraba que el atentado fuese un ataque al Ejército, sino un ataque a todos los españoles. "Si alguien piensa que concentrándose en un ataque a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas de Orden Público divide a la sociedad española, yo he de decir que está logrando lo contrario. Todos los españoles que queremos la paz y la convivencia nos damos cuenta de que se atenta contra nuestra paz y nuestra convivencia. Estos atentados no nos dividen como españoles; nos unen".

Las tres víctimas recibieron, a título póstumo, la cruz del Mérito Militar con distintivo blanco.

En 1988 la Audiencia Nacional condenó a dos miembros del grupo Vizcaya de ETA –Juan Manuel Gaztelumendi Uribarren y Joaquín Urain Larrañaga– a tres penas de 29 años de prisión mayor por un delito de atentado con resultado de muerte y dos delitos de asesinato, y a otras once penas de 20 años de prisión menor por once delitos de asesinato en grado de frustración. Presuntamente también participó en el atentado Juan Cruz Maiza Artola, alias Pintxo, LohiPatxi y Gurutz. Tras huir de España a Francia, se mantuvo en la retaguardia de la banda en Centroamérica, reincorporándose posteriormente en puestos de dirección. En marzo de 1986, cuando se difundió la noticia de que podía estar encuadrado en el grupo Nafarroa de ETA, el Ayuntamiento de Etxarri Aranaz adoptó el acuerdo de declararle "persona respetable y de intachable comportamiento". Con un largo historial de asesinatos a sus espaldas cometidos en Vizcaya y Navarra en la década de los ochenta, fue detenido en Francia en julio de 2007. En esos momentos las Fuerzas de Seguridad lo consideraban el responsable de los zulos de la banda. En junio de 2009 Francia autorizó su extradición a España para ser juzgado por cinco asesinatos cometidos a comienzos de los años ochenta en Vizcaya, entre ellos el de José María Ryan. La Audiencia Nacional tiene pendiente juzgarle por el asesinato de Asensio Pereda, Enríquez Criado y Fernández Lajusticia.

Luis Alberto Asensio Pereda, cocinero civil en el cuartel de Munguía, resultó herido grave con fractura abierta de cráneo y pérdida de masa encefálica. Falleció horas después del atentado en el Hospital Civil de Basurto. Era natural de la localidad de Ahedo de Linares (Burgos). Sus restos mortales fueron enterrados en la localidad burgalesa de Villarcayo.

 

Juan Enríquez Criado, teniente de Infantería de 39 años, falleció horas después del atentado en el Hospital Civil de Basurto. Era natural de la localidad gaditana de San Fernando y llevaba destinado diez meses en el cuartel de Solleches. Le quedaban dos meses para ser destinado a Ceuta. Estaba casado y tenía cuatro hijos.

 

Francisco Javier Fernández Lajusticia, subteniente de Infantería de 43 años, falleció en el acto. Estaba casado y tenía tres hijos. Era natural de Logroño.

 

 

 

 

Ignacio Lasa y Mario Leal, guardia civil enterrado entre la indiferencia y el desprecio

6 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A las ocho y media de la noche del sábado 6 de diciembre de 1980 los Comandos Autónomos Anticapitalistas asesinaban en la localidad guipuzcoana de Azpeitia a IGNACIO LASA DE REZOLA. Ignacio se encontraba en el bar de su propiedad leyendo el periódico aprovechando que, en esos momentos, no había clientes que atender. Aparte del propio Ignacio, la única persona que estaba en el establecimiento era una tía del hostelero.

Dos individuos armados entraron en el bar y obligaron a la tía de Ignacio a introducirse en un salón-comedor contiguo. Tras hacerle algunas preguntas a Lasa de Rezola y arrancar los cables del teléfono, uno de ellos le disparó en la cabeza. Ignacio murió en el acto mientras los terroristas huían en un vehículo Renault 12 robado unas horas antes a punta de pistola. Al propietario del vehículo lo obligaron a meterse en el maletero, en el que permaneció durante la comisión del atentado. El vehículo fue abandonado por los terroristas en el barrio de Juan XXIII de Azpeitia, dando aviso al diario Egin de su localización.

A las doce de la noche el juez ordenó el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al domicilio de la víctima, en el mismo edificio que el bar. Al día siguiente, 7 de diciembre, se celebró su funeral en Azpeitia.

En noviembre de 1990 la Audiencia Nacional condenó a Juan Carlos Arruti Azpitarte, alias Paterra, a 29 años de prisión mayor por el asesinato de Ignacio Lasa. Arruti Azpitarte fue detenido en Irún el 16 de septiembre de 1989, tras un enfrentamiento con agentes de la Guardia Civil en la autopista Bilbao-Behovia, en el transcurso del cual murieron los etarras Juan Oyarbide Aramburu, alias Txiribita, y Manuel Urionabarrenechea Betanzos, alias Manu. Con condenas que suman más de 400 años de cárcel, Paterra, uno de los "duros" de ETA, no saldrá de prisión hasta 2019, gracias a que, en febrero de 2010, la Audiencia Nacional decidió aplicarle la doctrina Parot.

Ignacio Lasa de Rezola, tenía 39 años y estaba soltero. El Bar Lasa donde fue asesinado estaba en el barrio de Lasao de Cestona, pero dentro del término municipal de Azpeitia. El 7 de diciembre catorce sacerdotes concelebraron el funeral por el alma de Ignacio Lasa en la Iglesia de San Sebastián de Soreasu.

A la una y cuarto de la madrugada del viernes 6 de diciembre de 1985 la banda terrorista ETA asesinaba en Mondragón (Guipúzcoa) al guardia civil MARIO MANUEL LEAL BAQUERO. El agente se encontraba en el interior de su vehículo, vestido de paisano, en el aparcamiento de la vieja estación de ferrocarril de Mondragón, cuando tres miembros del grupo Txantxagorri de ETA lo vieron y decidieron, sobre la marcha, asesinarlo. Los pistoleros, que iban encapuchados, acribillaron a Mario a muy corta distancia con armas automáticas, según agentes de la Ertzaintza, cuyo puesto local estaba a escasos doscientos metros del lugar del atentado. El guardia civil recibió media docena de impactos de bala y falleció en el acto. En el lugar de los hechos se recogieron siete casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca FN del año 1979.

Los dos pistoleros de la banda huyeron en dirección a Vitoria en un Renault 5 de color verde en el que les esperaba un tercer terrorista. Nada más conocerse la noticia, efectivos de la Guardia Civil montaron controles en los alrededores de Mondragón.

A las dos de la madrugada el cuerpo del guardia civil continuaba todavía en el interior del vehículo en el que fue ametrallado, a la espera de que el juez procediera al levantamiento del cadáver. A primera hora de la mañana del 6 de diciembre quedó instalada la capilla ardiente en el cuartel de la Guardia Civil de Arechavaleta. A las cinco de la tarde el féretro con los restos mortales de Mario cubierto con la bandera de España fue llevado a la Iglesia de la Asunción de la localidad guipuzcoana, donde se celebró el funeral. Al mismo asistieron el director general de la Guardia Civil, general Sáenz de Santamaría, y el delegado del Gobierno, Ramón Jáuregui, además de otras autoridades civiles y militares, mandos de la Policía y representantes de partidos políticos.

La indiferencia y el desprecio con el que los vecinos de Arechavaleta presenciaron las honras fúnebres por el guardia civil asesinado escasas horas antes fueron descritos por Ramón Jáuregui en su libro El país que yo quiero. Memoria y ambición de Euskadi (Planeta, 1994):

Entramos en la iglesia y estamos solos. Delante, los guardias compañeros, las autoridades, el alcalde y la familia; los bancos, detrás, virtualmente vacíos. Al salir y ver el cuadro se me pasó por la cabeza una escena de la película La muerte de Mikel. Todo el pueblo de Aretxabaleta asistía al espectáculo desde la plaza, impasibles, como si con ellos no fuera la cosa; incapaces de sentir sencillamente pena por el dolor que desfilaba delante, que expresaban los familiares (...). Arriba, en un balcón sobre la plaza, algunas risas, en chirigota hacia el ceremonial, mientras la procesión se ponía en marcha (citado por Alonso, R., Florencio Domínguez, F., y García Rey, M. Vidas Rotas, Espasa 2010, pág. 549).

Frente a ese desprecio e indiferencia de los vecinos de Arechavaleta durante las honras fúnebres, los restos mortales de Mario Leal recibieron sepultura en el cementerio municipal de Avilés, en un entierro que fue íntimo y familiar y al que, por deseo expreso de sus allegados, se prohibió la entrada de cualquier representación oficial de políticos. Ahí, rodeado del cariño de su familia y los suyos, fue enterrado el guardia civil asesinado.

Los autores del asesinato de Mario Leal fueron los mismos que mantuvieron secuestrado a José Antonio Ortega Lara en Mondragón durante 532 días. Una de las pistolas que se incautó en el zulo donde mantuvieron al funcionario de prisiones fue utilizada en el asesinato del guardia civil. En marzo de 2000 la Audiencia Nacional condenó como autores del asesinato de Leal Baquero a José Miguel Gaztelu Ochandorena, José Luis Erostegui Bidaguren y Jesús María Uribetxeberria Bolinaga a sendas penas de 33 años de cárcel por el asesinato del guardia civil.

Mario Manuel Leal Baquero tenía 29 años. Era natural de Avilés (Asturias), estaba destinado en el cuartel de Arechavaleta desde dos años antes de ser asesinado, y estaba pendiente de ser trasladado a Asturias. Estaba casado y tenía una niña, Beatriz. En julio de 2008 el Ayuntamiento de Avilés acordó dedicar una calle en memoria del agente asesinado. Su hermano, Rubén Leal, ha participado en actos de la Rebelión Cívica liderada por Francisco José Alcaraz, presidente de Voces contra el Terrorismo, como el que tuvo lugar en Madrid el 5 de febrero de 2011. El PP de Avilés incluyó al padre del agente asesinado, Manuel Leal Pereira, en un puesto testimonial de su candidatura municipal a las elecciones de mayo de 2011, como forma de rendir homenaje a las víctimas del terrorismo.

Dos comisarios y un policía municipal y el fallecimiento del guardia civil Fernando Trapero

5 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A las dos y veinte de la tarde del 5 de diciembre de 1978, la víspera del referéndum de la Constitución, la banda terrorista ETA acribillaba a balazos en un bar de San Sebastián al subcomisario de Policía GABRIEL ALONSO PEREJIL, al policía municipal ANGEL CRUZ SALCINES, y al comisario de Policía JOSE MARÍA SARRAIS LLASERA.

Los tres amigos tomaban habitualmente el aperitivo en el Bar Urgull de la capital donostiarra, cercano al cuartel de la Policía de Aldapeta y a la comisaría de San Sebastián. El 5 de diciembre entraron en el bar y se colocaron en la barra, al fondo del establecimiento. En ese momento había en el local otros siete u ocho clientes. A las 14:20 horas tres individuos a cara descubierta penetraron en el bar y, mientras uno de ellos ordenaba a los camareros y clientes que se tirasen al suelo, los otros dos acribillaron a balazos a los tres policías. Gabriel Alonso murió en el acto; José María Sarrais fue herido e intentó refugiarse en la cocina, pero uno de los asesinos lo siguió y lo remató con un nuevo disparo. El tercero, Ángel Cruz, fue trasladado gravemente herido al Hospital Nuestra Señora de Aránzazu, pero falleció durante el trayecto.

Una vez cometido el triple asesinato, los tres etarras armados huyeron precipitadamente mientras gritaban "Gora Euskadi Askatuta". En su huida utilizaron dos coches que tenían aparcados, con otros dos terroristas al volante, en las proximidades de la confluencia de la calle Reyes Católicos, donde se encontraba el bar, con la de Prim. Dos de los terroristas subieron a un Seat 132 y el tercero lo hizo en un Renault 7, de color granate. Un sexto terrorista participó en el atentado, quedándose fuera del bar para cubrir la fuga de los asesinos.

Los cuerpos sin vida de los dos miembros del Cuerpo General de Policía quedaron cubiertos en el suelo con manteles de papel hasta las tres y media de la tarde, hora en la que el juez de guardia ordenó el levantamiento de los cadáveres y su traslado al depósito judicial.

En el lugar de los hechos se recogieron una decena de casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum. Momentos después del atentado, y de forma ininterrumpida durante toda la jornada, la capital donostiarra fue escenario de un espectacular despliegue policial. En cumplimiento del plan decretado por el Gobierno con motivo del referéndum constitucional, fueron alertadas todas las compañías de la Policía Armada y de la Guardia Civil que se encontraban en Guipúzcoa y se establecieron estrictos controles. Las salidas de San Sebastián fueron también bloqueadas por las FOP lo que provocó grandes atascos en los accesos a la capital donostiarra. Aunque este dispositivo no dio resultado inmediato, diez días después la Policía logró desarticular el grupo Donosti de ETA, cuyos miembros eran los autores del triple asesinato.

En la tarde del 5 de diciembre la Consejería de Interior del Consejo General Vasco, cuyo titular era el socialista Txiki Benegas, difundió un comunicado para condenar el atentado, cuyo texto decía: "Las muertes de dos comisarios y un policía municipal registradas hoy en San Sebastián, han venido a unirse a la tan larga serie de fuerzas del orden víctimas de la violencia. Con las víctimas estará siempre nuestra solidaridad y dolor compartido. Quienes con una consulta democrática en puertas apelan al atentado y el crimen atacan directamente a dos principios básicos de la soberanía popular: el derecho fundamental a la vida y la libertad de espíritu en el ejercicio del derecho al voto. En lugar de la democracia pretenden establecer como método de acción política la fuerza de la violencia. La Consejería de Interior llama a todo el pueblo vasco a rechazar la muerte, a respetar el derecho a la vida y a construir pacíficamente el futuro de nuestro pueblo".

Hacia la media noche, horas antes de que se abriesen los colegios electorales para votar el referéndum, se produjo una interferencia en la emisora de TVE en Guipúzcoa justo cuando iba a empezar el programa Últimas Noticias. Cuando desapareció la imagen se oyó un comunicado de ETA político-militar contra la Constitución y después sonó el Eusko Gudariak. La interferencia también afectó a parte de las otras provincias vascas.

El mismo día 5 de diciembre se instaló la capilla ardiente de los tres policías asesinados en el Salón del Trono del Gobierno Civil de Guipúzcoa y, al día siguiente, se celebraron los funerales por las víctimas en la Iglesia del Buen Pastor.

En febrero de 1980 la Audiencia Nacional condenó a Miguel Sarasqueta Zubiarrementeria a 30 años de prisión mayor como autor material del atentado, y a José Miguel Azurmendi Albizu a 70 años de reclusión mayor. En 1988 fue condenado Martín Apaolaza Azcargorta a 7 años de prisión mayor como autor de un delito de conspiración para cometer el atentado.

Gabriel Alonso Perejil, subcomisario del Cuerpo General de Policía destinado en la plantilla de San Sebastián, tenía 61 años. Estaba casado y tenía dos hijos. Una de sus hijas, Cristina, había sido campeona de España de salto de longitud. Gabriel iba a jubilarse en febrero de 1979.

 

 

Ángel Cruz Salcines, policía municipal de 60 años, era natural de Santander, aunque vivía con su esposa en el País Vasco desde 1947. Estaba destinado en la Policía Municipal de Pasajes. El matrimonio no tenía hijos. Su esposa es uno de los testimonios que recoge Cristina Cuesta en el libro Contra el olvido (Temas de Hoy, 2000). Ese día empezó a inquietarse cuando a las 16:00 horas su marido no se había incorporado aún a su turno en el Ayuntamiento de Pasajes. Cuando llamó le dijeron que Ángel había tenido un accidente y que estaba en el hospital. Fue el personal del centro médico el que le comunicó que su marido estaba muerto. En opinión de la viuda, ETA asesinó a su marido porque estaba con los dos policías, tratando de buscar una explicación a su muerte, cuando sólo el fanatismo nacionalista puede explicar las muertes y el sufrimiento que la banda asesina ha provocado durante décadas. "Al jefe de mi marido [Juan Jiménez Gómez] lo mataron trece días después. Había escrito una carta en el periódico preguntando a ETA por qué habían matado a mi marido. La contestación fue un tiro por la espalda". El dolor y la soledad de esta viuda queda reflejado en este pasaje del libro de Cristina Cuesta:

Yo sólo lo tenía a él, fue mi primer novio, no tuvimos hijos, me dejó sola (...) Muy pocos me ayudaron. La gente, los vecinos, empezaron a huir de mí. A veces fue peor. Llegaron a decirme que me habían pagado el piso. Les dije que el día que quisieran les enseñaba las letras de la hipoteca. Yo he trabajado en casas toda la vida, limpiando, cuidando niños, lo que salía, porque mi marido no ganaba mucho. La mala gente se metía hasta con lo que compraba en la tienda, gente muy envidiosa, y no sé de qué porque cuando me fue mal nadie se acordó de mí. Me quedé con una pensión digna porque reconocieron su muerte como accidente laboral (Contra el olvido, Temas de Hoy, 2000).

José María Sarrais Llasera, comisario de Policía de 56 años de edad, estaba casado y tenía cinco hijos. Era jefe de la comisaría de Rentería, creada poco tiempo antes. Fue enterrado en Madrid.

 

 

 

El 5 de diciembre de 2007 fallece, tras cuatro días de agonía, el guardia civil FERNANDO TRAPERO BLÁZQUEZ, herido en el atentado que la banda terrorista ETA cometió en Capbreton (Francia) y en el que falleció en el acto su compañero Raúl Centeno Bayón.

Desde el 1 de diciembre Fernando se encontraba ingresado en el Hospital de Bayona en estado de coma. La gravedad de las heridas y la inexistencia de actividad cerebral hicieron que, desde el primer momento, no se tuviesen esperanzas de que el guardia civil pudiera recuperarse de las mismas. El corazón de Fernando dejaba de latir a las 10:43 horas del miércoles 5 de diciembre.

La familia de Fernando Trapero se quejó, al día siguiente del atentado y mientras el agente se debatía entre la vida y la muerte, de que los dos guardias civiles fuesen desarmados. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, señaló en la Cadena SER ese mismo día 2 de diciembre, que los agentes "iban como siempre". Según publicó el diario El Mundo, en su edición del 3 de diciembre,

Los acuerdos entre España y Francia sobre el trabajo de los policías y guardias civiles en suelo vecino permiten que los agentes lleven armas siempre que lo hayan solicitado previamente a las autoridades galas y que trabajen junto a funcionarios franceses. Según las fuentes consultadas, las autoridades francesas no suelen poner excesivos inconvenientes cuando se presentan este tipo de solicitudes desde España (...) Las fuentes consultadas por este periódico subrayan que los dos trabajaban en un operativo más amplio en el que también intervenían agentes franceses y que, en este contexto, podían haber llevado su pistola reglamentaria sin mayor inconveniente (...) Francia y España aprobaron en 2003 sendas leyes regulando el funcionamiento de los denominados equipos conjuntos de investigación. Se trataba de crear equipos de agentes y de funcionarios judiciales de ambos países denominados "funcionarios destinados" para que actuaran "de manera coordinada, con un fin determinado y por un periodo limitado". La cooperación bilateral ha evolucionado de tal modo que en estos momentos hay dos tipos de trabajo de los agentes españoles en Francia: el correspondiente a los equipos conjuntos de investigación -judicializados-, y el meramente policial destinado a desarrollar operaciones sin la intervención de fiscales o jueces. La operación antiterrorista en la que trabajaban Raúl Centeno y Fernando Trapero era de estas últimas. Podían ir armados si así se consideraba pertinente y los requisitos, según las normas francesas, eran pedir permiso o ir acompañado por colegas del país vecino.

En señal de duelo por el fallecimiento de Fernando Trapero, el Congreso modificó los actos festivos previstos para conmemorar el 6 de diciembre el Día de la Constitución. Los presidentes de la Cámara Baja, Manuel Marín, y del Senado, Javier Rojo, recibieron a los invitados y la conmemoración se limitó al discurso de la máxima autoridad del Congreso. No se sirvió el cóctel que tradicionalmente sigue a la alocución y la ceremonia de la izada de bandera en la plaza de Colón que se celebra todos los días 6 de diciembre, fue un homenaje a la Guardia Civil en recuerdo a los dos agentes asesinados.

El funeral de Estado por el alma de Fernando Trapero se celebró el viernes 7 de diciembre de 2007 en la Academia de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de la localidad madrileña de Valdemoro, donde se había instalado también la capilla ardiente. Sus restos mortales habían llegado a las tres de la tarde del mismo día de su fallecimiento a la base aérea de Getafe procedentes de Burdeos. Cientos de compañeros de Fernando se congregaron en la Academia Duque de Ahumada para asistir a las honras fúnebres presididas por los Reyes y los Príncipes de Asturias, como ya hicieron en el funeral por Raúl Centeno. Desde minutos antes de que comenzara el funeral, centenares de agentes inundaron el patio del colegio, decorado con decenas de banderas españolas, para dar la despedida a su compañero de la 87ª promoción.

Antes de que el féretro con los restos mortales de Fernando Trapero fuera conducido frente al altar de campaña, los 125 alumnos de la 2ª compañía de Guardias Jóvenes le rindieron honores, junto a más de medio millar de agentes uniformados en representación de las diferentes unidades del Cuerpo.

Las principales autoridades del Estado también se desplazaron a Valdemoro para presentar sus respetos al guardia asesinado. José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, estuvo acompañado por la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, y los ministros Alfredo Pérez Rubalcaba, José Antonio Alonso y Elena Salgado. El secretario de Estado para la Seguridad, Antonio Camacho, y el director de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, encabezaron la nutrida representación de las fuerzas de seguridad del Estado, a las que se unieron mandos de los tres ejércitos, la Ertzaintza, Mossos d'Esquadra, Renseignements Généraux galos y la Policía Judicial y Gendarmería Francesa. Asimismo asistieron los presidentes de las dos cámaras legislativas, Manuel Marín y Javier Rojo, la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, el presidente del Poder Judicial, Francisco José Hernando, el fiscal general Cándido Conde-Pumpido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el embajador francés en Madrid, Bruno Delaye. El PP estuvo representado por Mariano Rajoy, Eduardo Zaplana e Ignacio Astarloa, que estuvieron acompañados por los socialistas José Blanco y Diego López Garrido, así como por el líder de IU, Gaspar Llamazares.

A las doce en punto, el rey Juan Carlos, con uniforme de capitán general, y el príncipe Felipe, de comandante del Ejército de Tierra, acompañados de la Reina y la Princesa de Asturias, se dirigieron a dar el pésame a los padres del guardia civil asesinado, Fernando Trapero y Estrella Blázquez, a su novia, Miriam, y a su hermana. Justo detrás de la familia del agente se situaron los padres de Raúl Centeno, que también fueron saludados por los monarcas. La Marcha Fúnebre de Chopin acompañó la entrada del féretro cubierto con la bandera española y sobre el que descansaba un tricornio. En medio de una persistente neblina, el ataúd fue portado a hombros por ocho compañeros del Grupo de Apoyo Operativo (GAO), unidad a la que pertenecía Fernando Trapero. Las caras desencajadas de los compañeros que portaban el cadáver conmovieron a los familiares, que igual que los guardias civiles no pudieron contener el llanto.

Tras la celebración religiosa oficiada por el vicario general castrense, Ángel Cordero, el Rey depositó sobre el féretro la cruz de oro al mérito de la Guardia Civil y la medalla de oro al mérito policial, las dos máximas condecoraciones de las fuerzas de seguridad del Estado. La familia de Trapero rompió a llorar mientras sonaba el Himno del Instituto Armado. La emoción se hizo más intensa cuando los guardias de gala rindieron el homenaje a los caídos mientras sonaba La muerte no es el final y una salva de honor atronaba en el patio. Poco después, se hizo entrega de la bandera, el tricornio y las condecoraciones a la familia. La madre, entre sollozos, se abrazó a la enseña y al sombrero de charol. El Adiós Polilla, la canción de despedida de los alumnos ('polillas') del colegio, fue también el adiós al féretro de Trapero. Cientos de voces entonaron el himno, mientras sus compañeros del GAO, que portaban el ataúd, trataban de cantar entre las lágrimas.

Dos horas después de que finalizase el funeral la comitiva fúnebre llegó a la localidad de El Tiemblo (Ávila) localidad natal de los padres de Fernando Trapero. Aunque Fernando era natural de Madrid, sentía un apego especial hacia el pueblo de El Tiemblo y allí acudía cada vez que tenía un día libre. Por ello, nada más conocerse su fallecimiento, el Ayuntamiento decretó tres días de luto oficial y su alcalde volvió a leer el manifiesto que habían aprobado, un día antes, cuando se decidió conceder a Fernando la Medalla de Oro de la villa y dar su nombre a una calle.

Un piquete de honor de guardias jóvenes y cientos de personas se agolpaban a las puertas de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, donde a las 16:00 horas se celebró otro funeral, al que asistió, entre otras personalidades, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Pese a que la familia quería que esta ceremonia religiosa fuera íntima, miles de personas se congregaron para despedir entre vivas a la Guardia Civil al agente asesinado. A la salida de la Iglesia, minutos antes de que Fernando Trapero fuera enterrado en la intimidad, cientos de voces entonaron, una vez más, el Adiós Polilla. Una cerrada ovación fue el último homenaje espontáneo que los vecinos de El Tiemblo rindieron al guardia civil.

El capitán que mandaba la formación en el funeral del guardia civil Fernando Trapero Blázquez, en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro escribió esta sentida crónica:

Fue un día muy gris y muy triste. Frío, como corresponde al otoño tardío de estepa castellana que es Valdemoro. Después de haber velado su cadáver la tarde y noche anterior en la capilla ardiente, que fue instalada en el Salón de Actos, llegó la hora del funeral. Los turnos de escolta del féretro fueron establecidos desde que llegó. Siempre, cada 15 minutos: un componente del Gao, un Policía Nacional, otro de la Jefatura de Información y un Polilla de mi Compañía. Fueron unas horas llenas de pena, de inmensa pena, donde nadie era capaz de encontrar consuelo. Una de las innumerables coronas que acompañaban al féretro era de mi Compañía. Los Polillas habían hecho entre ellos, sin que nadie les dijese nada, una colecta y habían recaudado 139 euros que se habían gastado en una sencilla corona que significaba su homenaje a quien entregó lo más valioso que poseía, su propia vida, por España, tal y como había jurado en nuestro Patio apenas tres años antes (...) Cuando empezamos a cantar el Himno del Cuerpo ya no puedo más y me derrumbo. No físicamente, que los viejos Polillas estamos hechos de una madera creo que especial. No, me derrumbo emocionalmente. Y las lágrimas me afloran por los ojos, me resbalan por las mejillas. Estoy al límite, esto es demasiado. Y llega el momento más difícil, yo me lo temía e incluso lo había pronosticado. Cuando los Polillas cogen el féretro, me vuelvo y le ordeno al Cornetín: "Toca presenten y entrada al Himno Nacional" y me contesta una voz de 20 años, humilde y sana... que apenas puede contener un profundo sollozo que le sale del alma: "Si puedo mi Capitán, si puedo..." Y le contesto, todo ello en voz muy tenue porque estamos en formación: "Tienes que poder Polilla, él se lo merece". Suena el Cornetín como si lo tocase el mismo Arcángel San Gabriel. Suena la Marcha Real y entonces, un escalofrío, que nada tenía que ver con la gélida temperatura ambiental, nos sacude a todos cuantos llenamos el Patio. El Comandante Director Músico se pone enfrente de la formación para dirigir la Banda que comienza con los acordes del ‘Adiós Polilla’ (...) Ya nadie disimulaba, ni falta que hacía. ‘Adiós Polilla, ya del Colegio te vas...’ Impresionante (...) Nunca una canción que nació con vocación de marcha tuvo mayor significado emocional en una despedida, un adiós como éste para el que no fue compuesta. (...) Adiós Fernando, descansa en paz y que los que han cometido este crimen tan horrendo y el de tu compañero Raúl no tengan nunca ni el descanso ni el perdón. Ni ellos ni quienes les alientan, les ayudan, les ‘comprenden’, o los justifican y están dispuestos a pactar con ellos otra cosa distinta que no sea cuándo y dónde entregan las armas para someterse al imperio de la Ley. Dios mío danos consuelo, que ya no podemos más. Que es una prueba demasiado grande, que ya son 207 muertos los que nos han hecho estos canallas en casi 40 años... que esto es una prueba demasiado grande (...) Inmediatamente, una de las tres Secciones de la Compañía se embarca en el microbús rumbo a El Tiemblo para asistir al sepelio de Fernando. Allí, en el cementerio, hermanados todos los Polillas de cualquier edad y condición, por expreso deseo del padre, vuelven a cantar más con el corazón que con la voz, que la mayoría ya tenían rota. ‘Adiós Polilla...’ Y cuentan los que asistieron, que allí estaba el pueblo entero y que nadie tenía consuelo. Que Dios te bendiga Fernando, Polilla, discípulo, amigo... Y a nosotros que nos dé fuerzas para seguir en esta lucha en la que tantas veces nos sentimos tan solos. Que tu memoria, la de tu compañero, nuestro compañero Raúl Centeno y la de los demás Guardias Civiles que han sido víctimas de tanta maldad a lo largo de tantos años, pervivan entre nosotros por siempre. Creo que desde que enterré a mi padre, allá en 1970, cuando apenas me faltaban tres meses para salir del Colegio, nunca había vivido una mañana tan triste y tan desconsoladora.

Las primeras concentraciones de repulsa por el asesinato de Fernando tuvieron lugar ese mismo día (5 de diciembre) en las tres capitales vascas. Convocadas por Gesto por la Paz, decenas de personas guardaron quince minutos de silencio. También en Bilbao unas ciento cincuenta personas respondieron al llamamiento de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), al que se sumó el Foro de Ermua. Todos los partidos políticos vascos, salvo ANV y EHAK, lamentaron la muerte de Fernando Trapero y exigieron el final del terrorismo.

La AVT celebró también concentraciones similares en Madrid y otras ciudades españolas. Asimismo, la Federación de Municipios y Provincias convocaba para el día siguiente, jueves 6 de diciembre, una concentración silenciosa ante los Ayuntamientos de toda España, que fue secundada por miles de personas en todo el país.

Las principales instituciones vascas organizaron actos en memoria de Fernando y de rechazo absoluto a ETA para el jueves 6 de diciembre. La asociación de municipios vascos (Eudel) convocó para ese día concentraciones silenciosas en todos los municipios vascos y emitió una nota en la que reiteraba que "ETA sobra" y que "sólo quienes reconocen y aceptan que Euskadi es una sociedad plural, serán aceptados y reconocidos en el juego democrático". Eudel, que se solidarizó con la familia y los amigos de Fernando, subrayó que es "intolerable cualquier atentado, amenaza o coacción" por parte de los terroristas y agregó que "quien atenta contra cualquier ciudadano atenta contra la propia sociedad vasca". Otras instituciones, como el Consejo de la Juventud de Euskadi, manifestaron su "más enérgica condena y repulsa". Al mediodía del jueves 6 de diciembre, centenares de personas secundaron, el llamamiento hecho por Eudel y las Diputaciones Forales vascas. El lehendakari del Gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, se concentró ante el palacio de la Diputación Foral de Vizcaya junto a más de un centenar de personas, entre ellos los consejeros de Educación, Tontxu Campos, y de Industria, Ana Aguirre.

Fernando Trapero Blázquez había nacido el 19 de septiembre de 1984 en Madrid y se alistó en el Cuerpo, al igual que su compañero Raúl Centeno, en el año 2004. En el momento de su asesinato estaba destinado en la Unidad Central Especial (UCE-1), subgrupo responsable de la lucha contra ETA dentro de la estructura del GAO. Su padre, Fernando Trapero, fue brigada de la Guardia Civil. Fernando estaba soltero, aunque tenía novia. La familia donó sus órganos y al día siguiente de su muerte dos niños franceses se habían beneficiado de esta decisión.

Hombres como Raúl Centeno y Fernando Trapero, cuyos nombres salen a la luz cuando ocurren desgracias, realizan todos los días un trabajo discreto y silencioso, pero imprescindible para garantizar nuestra seguridad. A gentes como Raúl y Fernando tenemos que estar agradecidos, al igual que a los responsables políticos franceses que permiten que los policías y guardias civiles españoles trabajen en su territorio (Florencio Domínguez, El Correo, 2/12/2007). 

Ignacio Uría Mendizábal, asesinado por participar en la construcción de la 'Y vasca'

3 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El 3 de diciembre de 2008 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Azpeitia (Guipúzcoa) al empresario de la construcción IGNACIO URÍA MENDIZÁBAL. La víctima se dirigía a la cafetería donde diariamente jugaba al tute con sus amigos. Nada más aparcar su vehículo en las inmediaciones de la misma, dos terroristas lo acribillaron a balazos.

Los autores del atentado dispararon tres tiros contra Uría, que recibió dos impactos de bala. Al menos uno de los disparos le alcanzó en la cabeza provocándole la muerte en el acto. Pese a ello, los servicios sanitarios que acudieron al lugar de los hechos intentaron reanimar al empresario en la misma Plaza Ignacio de Loyola.

Los dos terroristas habían robado un coche en el alto de Itzíar, reteniendo a su conductor y atándolo a un árbol. Dejaron su vehículo y se dirigieron a Azpeitia con el coche sustraído. Una vez tiroteado Uría, los etarras regresaron al alto de Itzíar, al lugar donde habían dejado el primer vehículo utilizado y donde habían abandonado al conductor del segundo coche, al que prendieron fuego para borrar huellas. Después, emprendieron la huida en el primer vehículo. El conductor del coche sustraído logró quitarse las ataduras y avisar a su madre, la propietaria del coche, que fue quien denunció los hechos a la Ertzaintza.

La víctima no llevaba escolta, pese a que era consejero de la constructora Altuna y Uría, que trabajaba en las obras del trazado ferroviario del Tren de Alta Velocidad (TAV) entre Arrazua y Villareal de Álava, conocido popularmente como la Y vasca. En apenas dos años, las obras habían sufrido más de treinta ataques, además de tres atentados con bomba contra las empresas adjudicatarias de las obras, todos ellos reivindicados por ETA. La empresa de Ignacio Uría había sido saboteada en marzo de 2007, cuando varios vehículos aparecieron con las ruedas pinchadas, pintadas y los tubos de escape taponados.

A principios de enero de 2008, la banda asesina hizo un paralelismo entre el TAV y los proyectos de la central nuclear de Lemóniz –que dejó de construirse– y la autovía de Leizarán –que tuvo que modificar su trazado–. En ambos casos el Estado cedió ante el chantaje y el asesinato de la banda terrorista por lo que ésta no tuvo ninguna duda de que tendría que actuar igual con la construcción del TAV. Pocos meses después, el 18 de agosto, ETA envió un nuevo comunicado en el que amenazaba a las empresas que participaban en las infraestructuras de la línea ferroviaria vasca. En el mismo calificaba al TAV como un proyecto "ajeno a los intereses de Euskal Herria" y asumía la autoría de la colocación de  las bombas dirigidas contra constructoras que participaban en las obras. "No ha habido derecho a decidir al respecto", aseguraba la banda terrorista, que acusaba al PNV de querer prorrogar sus ganancias a costa de "enterrar en cemento" el territorio por el que tendría que pasar la infraestructura ferroviaria. A la amenaza de ETA se había sumado, como en anteriores ocasiones, la izquierda proetarra, con constantes movilizaciones contra el proyecto que uniría por tren de alta velocidad las tres capitales vascas. Según fuentes policiales, el empresario asesinado, además, había recibido varias amenazas en los últimos años por no pagar el impuesto revolucionario

Muchas veces se ha hablado de la indiferencia con la que la sociedad vasca ha tratado a las víctimas de ETA, pero en el caso del asesinato de Ignacio fue algo más que indiferencia. Sólo desde la óptica del miedo, que ha llevado a la anestesia de la sociedad, se puede entender que los amigos de Ignacio no suspendiesen su habitual partida de cartas. En una crónica de Miguel M. Ariztegi para El Mundo, acompañada con la foto del cadáver de Ignacio junto a otra de sus amigos jugando al tute, podíamos leer:

La cuadrilla no perdonó la partida de tute del miércoles. Dos balas impidieron que Ignacio, el más puntual de todos, se acomodara en su silla frente a la ventana y pidiese su café y su Farias. "Nunca traía mechero, así que si querías jugar con él tenías que traer fuego", comenta uno de sus habituales en una pausa. La cafetería Uranga se encuentra a 200 metros del lugar elegido por los asesinos para acabar con la vida de Ignacio, y el miércoles sus parroquianos continuaron con su rutina, con la única diferencia de que otro ocupó el lugar del asesinado (...)

El ambiente de la cafetería oscila entre la resignación y el sordo resentimiento, pero son pocos los que se atreven a significarse, y mucho menos a acompañar su opinión con un nombre que la respalde. "Estas cosas joden porque no sólo destrozan una vida y una familia, sino la convivencia de todo un pueblo, porque aquí nos conocemos todos y no va a haber dios que se fíe de nadie, y menos la familia", comenta un atrevido desde la barra. Nadie le contesta. Ni le dan la razón ni se la quitan (...)

"Hoy hemos empezado a jugar a las cuatro y media; antes hemos estado hablando de todo lo que ha pasado", comenta otro con las cartas en la mano, que previamente señalaba la silla donde se solía sentar el ausente. Será el miedo o será el manto de normalidad que cubre todo lo que termina por convertirse en habitual a fuerza de repetirse, pero ni siquiera sus compañeros de baraja se plantean los últimos porqués de la muerte de su amigo. Le recuerdan como si la muerte le hubiese sobrevenido por una catástrofe natural, o un fatal quiebro del destino (...)

En la televisión de plasma de una esquina -única concesión tecnológica del local-, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, gesticula con semblante serio. El volumen está al mínimo y nadie le presta atención. Todos saben de sobra lo que ha ocurrido, pero no tienen ninguna intención de hablar de ello (...) (El Mundo, 4/12/2008).

El comité de empresa de Altuna y Uría no logró la condena unánime del asesinato, pues sólo siete de sus diez miembros, los del sindicato nacionalista ELA, rechazaron el crimen. Los tres miembros de LAB no apoyaron la condena. Sin embargo, al día siguiente del atentado cientos de trabajadores de la empresa se congregaron en la sede de Azpeitia bajo una pancarta de ELA que decía en euskera: "Porque somos nacionalistas y trabajadores, no estamos de acuerdo".

Ignacio Uría Mendizábal tenía 71 años, estaba casado con Manoli Aramendi y tenía cinco hijos, dos mujeres (María y Jaione) y tres varones (Íñigo, Iosu e Igor). Todos los que le conocían señalaron que era una persona con la que daba gusto convivir por su contagiosa alegría y buen humor, además de un incansable trabajador. Pese a su edad, seguía parcialmente activo en la empresa y se dedicaba por las mañanas a visitar personalmente las numerosas obras que esta compañía tenía adjudicadas en Guipúzcoa, departía con los jefes de obra y se interesaba y controlaba el estado de los trabajos.

La empresa fue fundada en los primeros años de la década de los 50 por su padre, Alejandro Uría, un albañil que "empezó de cero" y que procedía del caserío Azkune del barrio de Loyola, el mismo en el que se ubica la sede social de la compañía. Como señaló Luis Mendizábal, primo de Ignacio, el padre de la víctima, su tío Alejandro,

Era un hombre duro, enérgico y trabajador. Trabajo y más trabajo, lana eta lana, no había otro destino para aquellas personas que en el siglo pasado fueron capaces de dar un salto cualitativo tan fuerte como era pasar del mundo rural y baserritarra a la nueva sociedad industrial (El Correo, 4/12/2008).

Alejandro legó la empresa a sus tres hijos varones (Imanol, Ignacio y Luis Mari), aunque éstos compartían la propiedad con los tres hijos de Altuna, el socio de su padre. Veinte años antes del asesinato los tres hermanos Uría compraron su parte a los Altuna y se hicieron con el control total de la compañía, aunque no llegaron a cambiar la denominación, que continuó siendo Altuna y Uría. La empresa contaba en el momento del asesinato del empresario con casi cuatrocientos trabajadores en la plantilla.

Semanas después del atentado, en la Nochebuena de ese mismo año, la familia de Ignacio hizo público un comunicado en el que se leía:

Desde que nuestro marido y padre Inaxio no está con nosotros los días se nos hacen largos y las noches aún más. El 3 de diciembre ha quedado marcado con dolor y sufrimiento en el calendario de nuestras vidas. Los primeros días no teníamos fuerzas para decir nada y queremos agradecer a todos los que en aquellos duros días nos ofrecieron su ayuda y consuelo (...) Por ello, a todos, gracias de corazón. Por encima de todo, Inaxio, nuestro marido y padre, era una buena persona. Un hombre normal, humilde y trabajador. Siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Nació y creció en el caserío Azkune donde, como todos los baserritarras, trabajó desde que era un niño junto con sus hermanos y hermanas. Poco a poco, entre todos consiguieron sacar adelante la empresa que fundó su padre y que hoy es reflejo de todos los esfuerzos y difíciles trances que tuvieron que superar (...) Inaxio amaba a Euskal Herria. Él se sentía vasco y nacionalista y así nos lo manifestaba. Pero al parecer, eso no le era suficiente para poder vivir en libertad en su tierra. Los mismos que dicen que están en contra de las imposiciones que sufre Euskal Herria, le han quitado a nuestro marido y padre su derecho a vivir con dos cobardes disparos. ¿Cómo se puede estar en contra de las imposiciones y luego imponer una muerte que no tiene vuelta atrás? ¿No es ésta una clara prueba de hipocresía? ¿Es ésta la Euskal Herria que queremos los vascos? Las preguntas se revuelven en nuestro interior. Preguntas sin respuesta. ETA, ¿por qué, para qué y en nombre de quién habéis asesinado a Inaxio? ¿Es así como vais a liberar a Euskal Herría? ¿Echando piedras contra nuestro propio tejado? La mejor respuesta que nos podéis dar a nosotros y a todos los que aman a Euskal Herria sería acabar con toda esta violencia. Que la muerte de Inaxio sea la última. Que ninguna otra familia tenga que padecer el dolor que sufrimos nosotros (...) También viven entre nosotros otros vascos que no han tenido la valentía de condenar este asesinato. Entre ellos, y sin ir más lejos, se encuentra el alcalde de Azpeitia y sus concejales, del mismo pueblo donde nacimos nosotros e Inaxio. Es muy grave que maten con dos disparos a un hijo de tu pueblo y no seas capaz ni de condenarlo. ¿Qué podemos decirles? Que ha llegado a Euskal Herria la hora de dejar atrás la cobardía; para todos, empezando desde los políticos hasta el ciudadano mas humilde. Poneos todos en nuestro lugar y tratad de encontrarle un sentido a todo esto. No lo vais a encontrar, porque no lo tiene. Ya es hora de que cada uno deje sus intereses particulares a un lado y que nos unamos todos. Ese será el mejor favor que podemos hacer a nuestro país. Ésa es la única manera para que todos podamos vivir en libertad. Aunque lo intentemos, no podemos entender cuál fue para los terroristas el mal que pudo haber hecho nuestro padre. ¿El haber participado en las obras del TAV? ¿El ser empresario? ¿Es ése el pecado que le ha condenado a morir? ¿Quién decide quiénes son los culpables en nuestro país? ¿Quién ha firmado la sentencia antes de celebrar el juicio?: ETA. El pueblo vasco ya ha sufrido con anterioridad la cruel represión fascista y ahora ETA está haciendo lo mismo. Con dos cobardes disparos deciden todo lo que afecta a Euskal Herria. ¿Para conseguir qué? Destrozar a una familia y para hundir más todavía a este pueblo. Nosotros no sabemos hacer política, no somos políticos. Ni somos ideólogos ni filósofos. Nuestras palabras no cambiarán este mundo pero no quisiéramos que la muerte de Inaxio sea un nombre más de una ya larga lista. La gente olvidará todo esto y el mundo seguirá girando, lo sabemos. Pero estamos seguros de que si cada uno hiciera, junto con nosotros, una pequeña reflexión, este pueblo sufriría un poco menos. Por último, nos queda decirles a aquellos que no condenan este asesinato que no sigan tratando de justificar lo injustificable en nombre de la libertad de nuestro pueblo.

Ignacio Uría Mendizábal fue la cuarta y última víctima mortal de la banda terrorista ETA del año 2008, tras el exconcejal socialista Isaías Carrasco, asesinado el 7 de marzo, dos días antes de las elecciones generales; el guardia civil Juan Manuel Piñuel Villalón, asesinado en Villarreal de Álava el 14 de mayo, y el brigada del Ejército de Tierra Luis Conde de la Cruz, asesinado en Santoña (Cantabria) el 22 de septiembre.

Carlos Fernández Valcárcel, inspector de Policía víctima de un coche-bomba en Logroño

2 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El 2 de diciembre de 1980 fallece en la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social de Logroño el inspector de Policía CARLOS FERNÁNDEZ VALCÁRCEL, cinco días después de que los miembros de la banda terrorista ETA Isidro Echave Urrestrilla y Juan Manuel Soares Gamboa hicieran estallar un potente coche-bomba en la calle Ollerías de Logroño cuando cuatro amigos salían de un bar cercano. La explosión mató en el acto al comerciante Miguel Ángel San Martín y dejó también muy grave a Joaquín Martínez Simón, que fallecería el 3 de enero de 1981.

Sólo sobrevivió el cuarto amigo, José Luis Hernández Hurtado, también herido grave (estuvo siete meses de baja), que el 27 de noviembre de 2010, treinta años después, relataba en larioja.com que todavía soñaba con el atentado. José Luis tenía entonces 40 años: "Lo recuerdo como si hubiese sido ayer (...) Salvé la vida milagrosamente ya que el cuerpo de Miguel Ángel San Martín me hizo de coraza". José Luis recuerda hasta el orden de salida del bar: "Primero Carlos, luego San Martín, que medía 1,85 metros y pesaba cien kilos, y después yo, que mido 1,69 y pesaba 68 kilos. El último, Joaquín".

Carlos Fernández Valcárcel sufrió heridas graves en todo el cuerpo, estallido pulmonar y abdominal, además de quemaduras. Tuvieron que extirparle el bazo y un riñón en una primera intervención quirúrgica que duró tres horas. Su estado empeoró radicalmente el 1 de diciembre, sufriendo un shock séptico que provocó su muerte al día siguiente, martes 2 de diciembre.

El 3 de diciembre se celebró el funeral por su alma. El féretro, cubierto con la bandera nacional y escoltado por miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, fue trasladado a hombros por familiares y compañeros de la víctima desde la capilla ardiente, instalada en el Gobierno Civil, hasta la catedral de La Redonda.

La viuda, familiares, amigos y un centenar de miembros de las fuerzas de seguridad se concentraron a la salida de la catedral, para despedir los restos mortales del agente asesinado. En ese momento, algunas personas dieron gritos de "¡Viva la Policía!", "¡Viva el Ejército!" y "ETA, asesina".

Carlos Fernández Valcárcel tenía 40 años. Estaba casado, tenía dos hijos y era natural de La Coruña. El féretro con sus restos mortales fue trasladado en avión a su ciudad natal, donde fue enterrado. Por Real Decreto 308/2005, de 18 de marzo, Carlos Fernández Valcárcel fue ascendido, con carácter honorífico y a título póstumo, al puesto de comisario.

Manuel León, guardia civil, y el atentado de Capbreton en 2007

1 de Diciembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A las cuatro y veinte minutos de la tarde del viernes 1 de diciembre de 1978 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Oñate (Guipúzcoa) al guardia civil MANUEL LEÓN ORTEGA mientras se encontraba tomando un café en el bar del centro deportivo Aloñamendi acompañado de Luis Palomares, también guardia civil, que resultó ileso.

Además de los dos guardias civiles, que iban de paisano y eran los únicos que se encontraban en el mostrador del local, en el bar había unas quince personas más que estaban sentadas jugando a las cartas, además de la camarera que se encontraba en el momento del atentado detrás de la barra. Tres terroristas irrumpieron en el local y uno de ellos gritó "¡cuerpo a tierra!", al tiempo que, dirigiéndose a la camarera, le dijo: "¡Bájate!". Inmediatamente, abrieron fuego contra los dos guardias civiles. Luis Palomares se tiró al suelo parapetándose detrás del mostrador, lo que le salvó la vida. Manuel León fue alcanzado en un costado por tres impactos de bala quedando gravemente herido.

Para cometer el atentado los etarras habían secuestrado previamente a Felipe López Martínez, profesor de la Universidad a Distancia de Vergara y del Instituto de Enseñanza Media de esta localidad, para robarle el automóvil. A primera hora de la tarde de ese mismo día se había recibido en dichos centros sendos avisos de colocación de bombas, por lo que las clases fueron suspendidas y Felipe optó por regresar a su domicilio en Oñate para hacer unas reparaciones en su vehículo. Cuando se dirigía al taller mecánico tuvo que detenerse en un stop en pleno centro de la localidad y, en ese momento, fue abordado por cuatro individuos armados con pistolas que le obligaron a montar en el asiento contiguo del conductor e inmediatamente tomaron el camino que conduce al Santuario de Nuestra Señora de Aránzazu, recorriendo un par de kilómetros. A continuación, le forzaron a meterse en el maletero y se dirigieron a Oñate, aparcando en las inmediaciones del bar del centro deportivo a la espera de poder atentar contra los guardias civiles.

Una vez cometido el atentado, los terroristas corrieron hacia el vehículo que les estaba esperando, dándose a la fuga. A unos tres kilómetros del casco urbano de Oñate abandonaron el automóvil, en cuyo maletero se encontraba aún su propietario, que más tarde pudo salir por sí mismo y presentar la correspondiente denuncia.

Mientras tanto, Manuel León fue trasladado todavía con vida al centro asistencial de Mondragón. Sin embargo los médicos del centro que lo atendieron sólo pudieron certificar su fallecimiento. Sus restos mortales fueron trasladados al acuartelamiento de la Guardia Civil de esa localidad, donde al día siguiente, sábado 2 de diciembre, se celebraron los funerales por su alma.

La banda terrorista reivindicó el asesinato de Manuel León en un comunicado distribuido por la agencia Euskadi Press en el que se reafirmaba en su decisión de seguir golpeando a los Cuerpos de la Policía Armada y Guardia Civil. En septiembre de 1981 la Audiencia Nacional condenó a José Ramón Bidaburu Otaduy, Félix Bengoa Unzurrunzaga y Ramón Arzamendi Medinabeitia, miembros del grupo Besaide de ETA, a 26 años, ocho meses y un día de prisión mayor por el asesinato del guardia civil.

Manuel León Ortega tenía 35 años. Era natural de Constantina (Sevilla) estaba casado y tenía tres hijos. El Ayuntamiento de su localidad natal le dedicó una calle con su nombre en julio de 2009. Al acto asistieron la viuda y sus tres hijos, a los que el alcalde de Constantina, Mario Martínez, hizo entrega de un pergamino conmemorativo, tras lo cual se procedió al descubrimiento del nombre de la calle.

A las nueve y veinte de la mañana del sábado 1 de diciembre de 2007 tres miembros de la banda terrorista ETA, dos hombres y una mujer, abatieron a bocajarro de sendos disparos en la cabeza a dos guardias civiles de paisano con los que habían coincidido a la hora del desayuno en una cafetería de Capbreton (Las Landas). Como consecuencia del atentado, que según el Ministerio de Interior fue improvisado por ETA sobre la marcha, murió en el acto RAÚL CENTENO BAYÓN, mientras que su compañero, Fernando Trapero Blázquez quedó gravemente herido, falleciendo el 5 de diciembre tras cuatro días de agonía.

Raúl y Fernando son las dos únicas víctimas mortales de la banda terrorista en el año 2007, once meses después de que el asesinato de dos ciudadanos ecuatorianos en la T4 del aeropuerto de Barajas (Madrid) pusiese fin a un período de más de tres años sin víctimas mortales. La banda terrorista ETA había roto formalmente la tregua seis meses antes, en junio de 2007, e intentó repetir lo que había hecho en el año 2000: iniciar una nueva escalada de atentados que acabó con veintitrés asesinatos. Sin embargo, la presión policial en ese año 2007 desbarató muchos de los atentados planeados y llevó a la detención de un gran número de miembros de la banda.

El asesinato de los dos guardias civiles fue el primer atentado con víctimas mortales cometido por ETA en Francia desde que se inició la Transición. No existían precedentes de asesinato de guardias civiles en suelo francés, aunque sí de policías. Concretamente, el 4 de abril de 1976 fueron secuestrados, torturados y asesinados los inspectores de Policía Jesús María González Ituero y José Luis Martínez Martínez.

El atentado tuvo lugar a las afueras de la cafetería Les Ecureuilles, anexa al centro comercial que la cadena de hipermercados Leclerc tiene en la localidad balnearia de Capbreton (Las Landas), situada a unos veinticinco kilómetros de Bayona. Los guardias civiles Raúl Centeno Bayón y Fernando Trapero Blázquez se habían sentado a una mesa del establecimiento a tomar un café. Los agentes, adscritos al Grupo de Apoyo Operativo (GAO) de la Guardia Civil –unidad de élite dedicada a labores de información–, vestían de paisano y no iban armados. Estaban en Francia precisamente realizando labores de información y seguimiento en cooperación con policías de la Direction Centrale des Renseignements Généraux (RG). Michèle Alliot-Marie, ministra de Interior francesa, confirmó que los agentes españoles participaban en "una misión habitual de cooperación con la Policía francesa en la lucha contra el terrorismo de ETA".

Los dos guardias civiles habían entrado en esa cafetería de forma casual, según dijo el ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba. En una mesa cercana, a una distancia que permitía escuchar las conversaciones recíprocamente, se encontraban dos hombres y una mujer tomando unas consumiciones. "No era, por supuesto, un lugar donde estuvieran habitualmente presentes los miembros de la Guardia Civil, sino un lugar escogido al azar", declaró Pérez Rubalcaba, quien explicó desde Capbreton, tras visitar el escenario del atentado, que se trató de un encuentro fortuito con un "reconocimiento mutuo". Sin embargo, ya desde el principio se publicaron informaciones en prensa que desmentían la versión dada por el ministro de Interior. Así lo hizo J.M. Zuloaga en La Razón, citando fuentes de la lucha antiterrorista. Además de que no era la primera vez que los guardias civiles iban a esa cafetería, como confirmó el encargado del local, la forma en que se comportaron los etarras hacía dudar de la versión oficial. Entre los datos que señaló La Razón destacaba el hecho de que los etarras actuaron con la seguridad de que no había más guardias civiles en las inmediaciones, y que, en vez de huir al sospechar que quienes estaban tomando un café en el local fuesen guardias civiles, lo que hubiera sido la actuación normal en esas circunstancias, esperaron a que los agentes salieran del bar para asesinarlos.

El atentado se produjo hacia las nueve y veinte cuando Fernando y Raúl se disponían a subir a su automóvil, un coche camuflado con matrículas del Ministerio de Interior francés, que se encontraba estacionado en el aparcamiento contiguo a la cafetería. Según el ministro de Interior, los etarras, al sospechar que podían tratarse de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, los siguieron y, mientras dos de ellos apuntaban con sus armas a la cabeza de los dos agentes, que estaban ya sentados en los asientos delanteros del vehículo, el tercero se introdujo en la parte trasera donde encontró una mochila con el carné profesional de uno de los guardias civiles. Según fuentes de la Benemérita, los guardias civiles tuvieron tiempo de activar el micrófono de comunicación del vehículo policial francés en el que fueron asesinados, por lo que pudo oírse el intercambio de palabras que se produjo justo antes de que los asesinasen. En un momento se oye como uno de los etarras grita que son txakurras (perro en euskera), y la voz de uno de los guardias civiles –al parecer Fernando Trapero– contestándoles "sois unos asesinos hijos de puta". A continuación, según estas fuentes, se escucha el ruido seco de varias detonaciones.

Nada más cometerse el atentado se puso en marcha un amplio dispositivo de seguimiento que dio sus frutos cuatro días después, el 5 de diciembre, cuando la Gendarmería francesa detenía en el macizo central de Francia a dos de los tres autores del atentado. Se trataba de Asier Bengoa López de Armentia y Saioa Sánchez Iturregui. En el momento de su detención se les confiscaron un revólver 357 magnum, una pistola del calibre 9 milímetros, una fuerte suma de dinero en metálico, y documentos de identidad españoles y franceses falsificados, incluidos dos carnés policiales.

Un año después, en rueda de prensa el 4 de noviembre de 2008, el ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba manifestó que el tercer terrorista podría ser el dirigente de ETA Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki, pese a que las descripciones de los testigos presenciales del atentado no coincidían con la fisonomía del asesino de la banda. Para sostener esta hipótesis el ministro se basó en las declaraciones de cuatro presuntos miembros del grupo Hego Haizea de ETA que, en octubre de 2008, habrían confesado a la Policía que Txeroki les había dicho que fue él quien disparó a Centeno y a Trapero.

El domingo y el lunes 2 y 3 de diciembre de 2007, se llevaron a cabo en toda España numerosas concentraciones en recuerdo de Raúl Centeno. Las primeras concentraciones, en el País Vasco y Navarra, se celebraron en la tarde del domingo 2 de diciembre y fueron convocadas por la coordinadora pacifista Gesto por la Paz. También el Foro de Ermua convocó y realizó esa misma tarde en las tres capitales vascas, en Madrid y en Barcelona, concentraciones de repulsa y en homenaje a Raúl Centeno. La Federación de Municipios y Provincias convocó a los municipios de toda España para que guardaran cinco minutos de silencio el lunes 3 de diciembre. El Gobierno vasco hizo suya la convocatoria de la Federación y convocó a los ciudadanos vascos a las puertas de cada una de las instituciones públicas a manifestarse contra ETA, como así lo hicieron la tarde del domingo el propio lehendakari y todo su gobierno en la sede del Gobierno vasco.

El martes 4 de diciembre se celebró una concentración unitaria en contra del terrorismo en la puerta de Alcalá de Madrid convocada por casi una veintena de asociaciones ciudadanas de todo tipo, y a la que se sumaron todos los partidos políticos. El acto tuvo una duración de cinco minutos, tres para la lectura de la declaración aprobada el sábado 1 de diciembre por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, y dos de silencio. 

Raúl Centeno Bayón tenía 24 años y era natural de Madrid. Hijo de Blanca Bayón y del subteniente de la Guardia Civil José Fernando Centeno, descubrió muy pronto su vocación de servicio a los españoles y con sólo 20 años ingresó en el Instituto Armado. Sus buenas condiciones físicas y psicológicas le permitieron superar las duras pruebas exigidas para ingresar en la unidad de élite de la Guardia Civil, el GAO, dos años antes de ser asesinado por la banda ETA. Concretamente, estaba destinado en Madrid en la Unidad Central Especial (UCE-1) encargada de la lucha contra ETA. Por este motivo viajaba mucho al sur de Francia.

Los restos mortales de Raúl Centeno fueron trasladados el 2 de diciembre desde Burdeos a la base aérea de Getafe a bordo de un avión C-295 de las Fuerzas Armadas. El féretro fue recibido por los ministros de Interior y Defensa, Alfredo Pérez Rubalcaba y José Antonio Alonso, a los que acompañaron el secretario de Estado para la Seguridad, Antonio Camacho; el mando único de la Guardia Civil y la Policía Nacional, Joan Mesquida, y la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre. Doscientos compañeros del asesinado le rindieron honores en la pista. Apenas cincuenta minutos después de tomar tierra, la comitiva fúnebre, con escolta motorizada, llegó a la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, donde se celebró el funeral de Estado presidido por los reyes de España y los príncipes de Asturias, además del presidente del Gobierno. La representación oficial fue muy amplia. Por parte del Gobierno, además del presidente y los titulares de Interior y Defensa, acudieron Pedro Solbes, Miguel Ángel Moratinos, Mariano Fernández Bermejo y Elena Salgado. Junto a ellos, el presidente del Poder Judicial, Francisco Hernando; los dirigentes del Partido Popular Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón y Ángel Acebes; otros políticos socialistas, representantes del Gobierno vasco, el embajador francés, Bruno Delaye; los exdirectores de la Guardia Civil, Santiago López y Carlos Gómez, y las cúpulas al completo del Instituto Armado, la Policía Nacional y los tres ejércitos, así como representantes de otros cuerpos policiales.

Don Juan Carlos impuso al funcionario fallecido las máximas condecoraciones de la Guardia Civil y de la Policía. La Familia Real, visiblemente afectada, intentó consolar a José y a Blanca, los padres del joven agente muerto, destrozados por el asesinato de su hijo de tan sólo 24 años. Ni la reina Sofía ni la princesa Leticia pudieron contener las lágrimas. La llegada del féretro al patio central fue recibida con una ovación impresionante de todos los presentes. El ataúd, cubierto por la bandera de España y con el tricornio del agente sobre la misma, fue llevado a hombros hasta el catafalco por ocho compañeros de Raúl del Grupo de Apoyo Operativo (GAO), escoltados por otros seis agentes vestidos con uniforme de gran gala. Una salva de honor y el himno del Instituto Armado cerraron el acto. Los compañeros del GAO, mientras sonaba una vez más el himno nacional, retiraron el ataúd, seguidos de medio centenar de familiares. La comitiva fúnebre se dirigió al cementerio de La Almudena, donde los restos mortales de Centeno fueron incinerados en una ceremonia íntima. 

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