In Memoriam

Noviembre 2011


Alejandro Hernández, conserje, y Miguel Miranda, subteniente de la Guardia Civil

30 de Noviembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

Hacia la una del mediodía del día 30 de noviembre de 1978 la banda terrorista ETA asesinaba en Irún (Guipúzcoa) a ALEJANDRO HERNÁNDEZ CUESTA, conserje en el Centro Nacional de Formación Profesional Administrativa de Comercio Exterior del barrio de Anaka.

Según testigos presenciales, un hombre y una mujer rubia penetraron en la escuela profesional hacia la una del mediodía y se dirigieron a un profesor que se encontraba en ese momento sacando fotocopias. Al preguntarle por Alejandro Hernández, el profesor les indicó que se encontraba en una sala contigua y les pidió que esperaran un momento. Inmediatamente después de avisarle, Alejandro se aproximó a la puerta y, sin mediar palabra, los dos etarras dispararon contra él. Alejandro, que fue alcanzado por seis impactos de bala, se desplomó en el suelo mientras los autores del atentado se daban a la fuga, abandonando apresuradamente el centro escolar. Una vez fuera del recinto se subieron a un automóvil que les esperaba en las inmediaciones con el motor en marcha y una tercera persona al volante. El coche, un Seat 1430 de color rojo, había sido robado momentos antes de que se cometiese el atentado, y fue abandonado en la calle El Pinar, del centro de Irún.

Los terroristas sabían que a esas horas las puertas de la Escuela de Comercio Exterior estaban abiertas ante la inminente salida de los alumnos. Así, pues, tuvieron libre acceso a las dependencias del centro docente, al que entraron a cara descubierta.

Esa misma tarde, la banda terrorista ETA reivindicó el asesinato de Alejandro Hernández mediante llamada telefónica a diversos medios de comunicación vascos. En el comunicado acusaba a la víctima, a modo de justificación del asesinato, de haber pertenecido a la Guardia de Franco y de colaborar con la Policía española como confidente.

Alejandro Hernández Cuesta, de 43 años, era natural de Jerte (Cáceres). Estaba casado y tenía ocho hijos con edades comprendidas entre los 18 años y los 17 meses. Además de ser  conserje, puesto que ocupó desde que se fundó la Escuela seis años antes, la víctima era propietaria del Bar Kansas y acababa de comprar una sala de fiestas. Según uno de sus hijos, últimamente había sufrido amenazas. Sus restos mortales fueron inhumados al día siguiente, 1 de diciembre, en el cementerio de Irún. A continuación se celebró el funeral en la Iglesia parroquial de San José Obrero.

A las dos y media de la tarde del 30 de noviembre de 1992 la banda terrorista ETA asesinaba en Madrid al músico y subteniente jubilado de la Guardia Civil MIGUEL MIRANDA PUERTAS haciendo explotar un coche-bomba a pocos metros del portal de su domicilio, un bloque de viviendas del barrio de Moratalaz en el que vivían miembros de la Benemérita y funcionarios del Ministerio de Interior.

Miguel Miranda iba acompañado del cabo Julián de la Calle Martín. Ambos volvían, vestidos de paisano, a sus respectivos domicilios para almorzar. La deflagración a distancia del coche-bomba mató en el acto a Miguel Miranda e hirió de gravedad al cabo Julián de la Calle, de 51 años. El cabo, natural de la localidad de El Barco de Ávila (Ávila), casado y con tres hijos, sufrió heridas graves en las piernas. Según el parte facilitado por el Hospital Gregorio Marañón su estado era "muy grave".

Otras dos vecinas –Juana Galindo, de 73 años, y Azucena Calvet, de 18– resultaron también heridas, aunque de menor gravedad. Numerosos vecinos tuvieron que ser atendidos por cortes producidos por los cristales rotos, ya que la onda expansiva hizo añicos centenares de ventanas y vidrieras de terrazas de los bloques colindantes. Además, una docena de coches quedaron destrozados y otros veinte sufrieron diversos destrozos.

En la zona donde se colocó el coche-bomba, además de las viviendas de los guardias civiles y funcionarios del Ministerio de Interior, había tres colegios. La explosión se produjo en la calle Luis de Hoyos Sáinz, callejón sin salida que se utiliza para aparcar y como acceso a la estación de metro de Pavones. El coche usado para cometer el atentado fue robado en Madrid a mediados de noviembre y los terroristas lo accionaron a distancia cuando los dos guardias civiles salían del metro. Uno de los hijos del subteniente fue quien reconoció los restos de su padre, cuyo cuerpo quedó atrozmente mutilado.

Al día siguiente del atentado se produjeron numerosos actos de protesta. Unas dos mil personas que vivían en el barrio de Moratalaz se concentraron en el lugar en el que se produjo la explosión convocados por varias asociaciones de vecinos. En el País Vasco, unas veinticinco mil personas participaron en los 128 actos convocados por la Coordinadora Gesto por la Paz.

El atentado fue muy similar al que había cometido ETA en el aparcamiento del hipermercado Jumbo en la zona norte de Madrid el 9 de junio de ese mismo año, en el que resultaron heridas trece personas, diez de ellas militares.

La banda terrorista ETA reivindicó el asesinato de Miranda Puertas y otros atentados en un comunicado enviado al diario Egin el 16 de diciembre. 

Miguel Miranda Puertas, de 64 años, era natural de Granada. Estaba casado con Natividad del Moral y tenía cuatro hijos. El subteniente músico se encontraba en la reserva activa desde diez años antes de ser asesinado. El funeral por su alma se celebró en Manzanares (Ciudad Real), donde vivían algunos de sus familiares y donde fueron inhumados sus restos mortales. En 2008 la Junta de Distrito de Moratalaz aprobó dar el nombre del subteniente asesinado a unos jardines próximos al lugar del atentado, en el que se plantó un olivo en su memoria. Al acto asistieron la viuda y uno de los hijos de Miguel, además del cabo herido en el mismo atentado, Julián de la Calle Martín, que quiso recalcar que "Miguel eligió la Guardia Civil para defender los derechos y las libertades de todos los españoles. Hay que cortar de raíz la crueldad, la barbarie y el salvajismo de ETA, sin negociaciones" concluyendo con un "¡Viva Miguel y viva la Guardia Civil!", casi entre lágrimas. Miguel Miranda fue la vigesimosexta y última víctima mortal de la banda en el año 1992.

Tres guardias civiles y un comerciante asesinado delante de sus hijas

28 de Noviembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A las 22:30 horas del miércoles 28 de noviembre de 1979 la banda terrorista ETA ametrallaba en el Bar Izaro de Azpeitia (Guipúzcoa) a tres jovencísimos guardias civiles que habían ido al establecimiento con la mujer de uno de ellos. Una veintena de disparos acabó con la vida de ANTONIO ALÉS MARTÍNEZ, ÁNGEL GARCÍA PÉREZ y PEDRO SÁNCHEZ MARFIL que, en compañía de la mujer de Pedro, habían ido a cenar al establecimiento. Los tres guardias civiles estaban destinados desde hacía poco tiempo en el puesto de la Guardia Civil de Azpeitia.

El Bar Izaro, a las afueras de la localidad guipuzcoana, era frecuentado por emigrantes y por miembros de la Guardia Civil. Minutos después de que los guardias civiles pidieran una consumición en la barra, entraron en el local cuatro individuos que, tras pedir la suya, pagaron y salieron a la calle. En breves segundos, entraron de nuevo en el bar empuñando las armas que habían dejado dentro de un vehículo estacionado en la puerta. Tras separar violentamente del grupo a la mujer del agente Sánchez Marfil, los terroristas empezaron a disparar por la espalda y a escasa distancia a los tres guardias civiles, que no tuvieron tiempo de darse cuenta de lo que pasaba. Pese a que los agentes fallecieron casi en el acto, al caer al suelo los fueron rematando con otro disparo en la cabeza.

Una vez cometido el atentado, los cuatro terroristas se dieron a la fuga en un Seat 124 de color azul que había sido robado unas horas antes con la ayuda del etarra Juan María Tapia Irujo. Tapia Irujo, además, había alojado a los asesinos en su domicilio.

La mujer de Pedro Sánchez, presa de un ataque de nervios, salió a la calle a pedir ayuda. Se encontró con dos dotaciones de la Guardia Civil que en ese momento pasaban casualmente por la puerta del bar e inmediatamente se hicieron cargo de la situación. Lo más triste de este asesinato es que, pese a que el bar estaba lleno de clientes a esa hora de la noche y a que los terroristas actuaron a cara descubierta, ninguno de los testigos quiso colaborar con la Guardia Civil ni proporcionar ninguna descripción de los asesinos de la banda. No obstante, gracias a la recogida de huellas, que en esos momentos no llevaron a ninguna parte, muchos años después, en abril de 1993, pudo determinarse que uno de los asesinos de los tres guardias civiles era Pedro María Leguina Aurre, alias Kepatxu, huido hasta que, en 1999, fue detenido por la Policía francesa.

En el lugar de los hechos se recogieron dieciocho casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum y un cargador de pistola con doce cartuchos. El médico que reconoció a los guardias civiles en el propio bar señaló que cada uno de ellos tenía seis o siete impactos de bala en el cuerpo, además de dos orificios en la cabeza.

Al tener conocimiento del asesinato, el alcalde de Azpeitia decidió suspender, por precaución, una manifestación pro-amnistía prevista para el jueves 29 de noviembre en la localidad, el mismo día en el que se iban a celebrar los funerales por los guardias civiles, y señaló que lo hacía porque, de lo contrario, "podía ocurrir una masacre".

A primera hora del jueves 29 de noviembre quedó instalada la capilla ardiente en el Hospital Militar de San Sebastián. Ese mismo día se celebraron los funerales por el alma de los tres guardias civiles en un ambiente de enorme tensión. Nada más finalizar la ceremonia religiosa, a la que asistió el capitán general de la IV Región Militar, teniente general Antonio Pascual Galmes, los restos mortales de los tres jóvenes guardias civiles fueron trasladados a sus localidades de origen para ser enterrados. En el momento en que los féretros cubiertos con la bandera española eran introducidos en los furgones fúnebres, militares y guardias civiles en posición de firmes dieron vivas al Rey y a España, que fueron contestados por algunos familiares de las víctimas. Algunas mujeres de guardias civiles expresaron de viva voz su opinión de que el Rey no les ayudaba, y un militar de graduación comentó a otro compañero que no les faltaba razón por protestar en estos términos.

En el año 1988 la Audiencia Nacional condenó, en calidad de encubridor, a Juan María Tapia Irujo a 9 años de prisión y, subsidiariamente, al pago de indemnizaciones a los herederos de las víctimas. En el año 2003 fue condenado Pedro María Leguina Aurre, Kepatxu, a tres penas de 30 años. A Leguina Aurre se le atribuyen 14 asesinatos. Tras exiliarse a México, fue detenido en el aeropuerto de Orly (Francia) portando documentación falsa. Francia sólo aceptó conceder su extradición por el asesinato de los tres guardias civiles, considerando que el resto de sus crímenes habían prescrito. En su sentencia de 2003, la Audiencia Nacional consideró probado que en 1979 Leguina formaba parte de un comando que operaba en la provincia de Guipúzcoa y que estaba integrado también por Miguel Antonio Goikoetxea, alias Txapela, Ignacio María Gabirondo, Donibane, Carlos Lucio Fernández, Zarra, y una quinta persona no identificada. Los etarras, que se alojaban desde septiembre de 1979 en el domicilio del ya condenado Juan María Tapia Irujo en la localidad guipuzcoana de Cizúrquil, decidieron atentar contra los guardias civiles que frecuentaban el Bar Izaro de Azpeitia. Para ello, el 28 de noviembre se apoderaron a punta de pistola de un vehículo en Usurbil y dejaron a su dueño atado a un pino en el monte Burunza. Desde Usurbil, los terroristas se trasladaron a Azpeitia y,  mientras el etarra cuya identidad se desconoce permanecía al volante del coche, los otros cuatro entraron en el bar. Ahí esperaron a los guardias civiles. Una vez que comprobaron que habían llegado al local "dos de los terroristas vuelven al automóvil, donde recogen la bolsa con armas, regresan al bar, se acercan adonde están sus dos compañeros [y] les entregan disimuladamente el armamento", explica la sentencia. Ya con las armas en sus manos, los cuatro etarras dispararon súbitamente por la espalda y desde cerca contra los tres guardias, quienes reciben al menos 18 disparos en todo el cuerpo "que causan la muerte inmediata de las víctimas, a las que, no obstante, rematan una vez están en el suelo", destacó el tribunal en su sentencia.

Antonio Alés Martínez, de 19 años, era natural de Cuenca, aunque su familia residía en Valencia. Estaba soltero.

 

 

 

Ángel García Pérez, de 20 años, era natural de Vitigudino (Salamanca). Estaba también soltero.

 

 

 

Pedro Sánchez Marfil, de 20 años, era natural de Moreda (Granada). Estaba casado con María Luisa desde cuatro meses antes. Su mujer estaba embarazada del primer hijo de la pareja, Pedro David.

 

 

 

El 28 de noviembre de 1981 fallecía en el Hospital de Basurto el comerciante MANUEL HERNÁNDEZ SEISDEDOS, tiroteado por dos miembros de la banda terrorista ETA el 26 de noviembre delante de sus hijas pequeñas. Manuel se encontraba ese día en la trastienda de la armería y tienda de deportes de su propiedad en Guecho (Vizcaya), junto a sus dos hijas de 7 y 5 años, a las que iba a llevar al colegio Pedro Aresti en el que trabajaba su mujer. A la tienda de la víctima acudían de forma habitual policías destinados en la comisaría de Guecho para adquirir munición o revisar sus pistolas reglamentarias.

Hacia las nueve y veinte de la mañana alguien llamó a la puerta del establecimiento, que todavía no estaba abierto al público. Una de las niñas abrió la puerta y, mientras un terrorista se quedaba en el exterior vigilando, el otro se dirigió al mostrador de la armería donde se encontraba Manuel y, sin mediar palabra, disparó contra él. La víctima cayó al suelo gravemente herida.

Los asesinos huyeron inmediatamente del lugar en un coche en el que les esperaba una tercera persona al volante. El vehículo había sido robado hacia las 8:20 horas a punta de pistola. El propietario del mismo había permanecido en el maletero del mismo durante la comisión del atentado y hasta que fue abandonado en la calle Buenavista de Santurce. Hacia las 9:30 horas se recibió una llamada anónima en el diario Egin que anunciaba el paradero del coche robado. El comunicante indicó que había una persona en el maletero.

Mientras tanto, las niñas salieron despavoridas hasta un estanco situado enfrente de la armería y le dijeron al propietario "que a su papá le habían pegado un tiro". Desde ahí el estanquero dio aviso a la Policía Municipal y se dirigió hasta la armería con el gerente de una ferretería contigua. Manuel Hernández se encontraba tumbado boca arriba en el suelo. "Tenía los ojos abiertos y no presentaba aparentemente ningún disparo en el cuerpo. Al darle la vuelta vimos el tiro en la sien. Creí que estaba ya muerto" (El País, 27/11/1981). Mientras un agente de la Policía Municipal conducía a las dos niñas al colegio, Manuel fue trasladado al Hospital de Basurto, donde ingresó con parada cardíaca.

El parte médico señaló que, tras quince minutos de reanimación cardiovascular, la víctima recuperó las funciones hemodinámicas pero presentaba un "coma neurológico de grado cuatro", del que no llegó a salir. Tras una intervención quirúrgica fue trasladado a la sección de reanimación del centro sanitario, aunque los médicos señalaron que tenían pocas esperanzas de que salvase la vida. Falleció en el mismo hospital dos días después, en la madrugada del 28 de noviembre.

Los autores materiales de este asesinato no han sido juzgados. En el año 1983 la Audiencia Nacional condenó a Luis Alberto Pastor Landa a 13 años de reclusión menor como colaborador de los asesinos, ayudando a los autores materiales a huir tras cometer el atentado. Presuntamente también participó en el asesinato el etarra José María Astola Iruretagoyena (ABC, 23/01/1982).

Manuel Hernández Seisdedos tenía 34 años y era natural de Salamanca. Estaba casado y tenía dos hijas de 7 y 5 años, que presenciaron el asesinato de su padre. Fue la última víctima mortal de un año, 1981, que se inició con el asesinato en Rentería del hostelero Antonio Díaz García el 5 de enero. 

Heliodoro Arriaga, Miguel Ángel San Martín y Miguel Garciarena, jefe de la Policía Municipal

27 de Noviembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A primera hora de la mañana del lunes 27 de noviembre de 1978 la banda terrorista ETA asesinaba en Villabona (Guipúzcoa) a HELIODORO ARRIAGA CIAURRIZ, brigada de la Guardia Civil retirado y conserje de la empresa metalúrgica Sacem.

Eran aproximadamente las 7:15 horas cuando Heliodoro, que acababa de abandonar su domicilio y se disponía a montar en su vehículo –aparcado en los soportales del edificio en el que vivía–, fue abordado por varios miembros de la banda que lo tirotearon a escasa distancia. La víctima fue alcanzada por cinco o seis impactos de bala en el pecho y el abdomen. En el lugar de los hechos se recogieron siete casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marcas FN y Geco.

Varios vecinos, que se asomaron a las ventanas al escuchar las detonaciones, sólo tuvieron tiempo de ver el cuerpo sin vida de Heliodoro, tendido sobre un charco de sangre, junto a su automóvil, un Simca 1200. Un vecino que residía en el mismo edificio que la víctima contó cómo vivió el atentado:

Estaba a punto de levantarme para ir al trabajo cuando escuché los disparos. Me asomé a la ventana sin observar nada anormal. Poco después salía de casa para tomar mi automóvil y dirigirme al trabajo (...) Ya iba a arrancar, cuando vimos el cuerpo caído. Estaba en el espacio que quedaba libre entre el coche Simca (propiedad del fallecido) y un R-6 aparcado al lado. Al acercarme vi que la cara mostraba una palidez cadavérica, aunque me pareció que su boca se movía algo. Es entonces cuando nos ocupamos de avisar a su mujer y también al médico, que tiene su vivienda cercana a la nuestra (ABC, 28/11/1978).

Su esposa, Natividad Aguirre Leustegui, fue de las primeras personas en acercarse, aunque no pudo hacer otra cosa que comprobar que estaba muerto.

Para cuando he bajado a la calle, mi marido ya estaba muerto (...) No lo comprendemos. No podemos entender el porqué de esta muerte. Desde que nos casamos hace once años, vivimos en esta casa. Mi marido nunca se ha metido con nadie, ni tan siquiera alternaba en bares o sociedades. Era hombre de hogar, de casa al trabajo y del trabajo a casa. Cuando salíamos lo hacía conmigo y con nuestro hijo (ABC, 28/11/1978).

Los autores del atentado se dieron a la fuga en algún vehículo que les estaba esperando en las proximidades del lugar. La Guardia Civil del cuartel de Villabona montó, nada más conocerse la noticia, un amplio dispositivo de controles de carretera, sin conseguir ningún resultado. 

Los autores materiales del asesinato de Heliodoro no han sido juzgados. En el año 1982 José Manuel Arzallus Eguiguren fue condenado a 12 años como cómplice en el asesinato.

Heliodoro Arriaga Ciaurriz tenía 60 años y era natural de Viana (Navarra). Estaba casado con Natividad Aguirre Leustegui, vecina de Villabona y natural de Hernani, y tenía un hijo, Alberto, que tenía 10 años cuando su padre fue asesinado. Perteneció a la Guardia Civil hasta 1965, prestando servicio en Navarra, Logroño y Barcelona. Nunca estuvo destinado en Guipúzcoa como guardia civil. Dejó el Instituto Armado con 47 años y el grado de brigada y se trasladó a vivir a Villabona, donde conocería a Natividad, con la que se casó dos años después de instalarse en la localidad guipuzcoana. Desde que se retiró de la Guardia Civil, no volvió a tener ningún tipo de relación con este cuerpo. Cuando fue asesinado trabajaba en la empresa Sacem. Por Real Decreto 319/2005 de 18 de marzo, Heliodoro Arriaga fue ascendido con carácter honorífico y a título póstumo a subteniente de la Guardia Civil.

El 27 de noviembre de 1980 la banda terrorista ETA comete dos atentados con una diferencia de doce horas en San Sebastián y Logroño. En el primero de ellos, los terroristas tirotearon con pistolas y una metralleta al teniente coronel del Ejército y jefe de la Policía Municipal de San Sebastián MIGUEL GARCIARENA BARAIBAR.

Minutos antes de las nueve de la mañana, Miguel Garciarena salió de su domicilio y se dirigió al vehículo oficial, donde le esperaba José Antonio Díaz Montoya, su chófer, para conducirle a su despacho en la Jefatura de la Policía Municipal de San Sebastián. Cuando el coche se detuvo en el cruce de las calles Urdaneta y Easo para ceder el paso a los vehículos de la calle principal, dos individuos armados se colocaron frente al mismo y abrieron fuego contra sus ocupantes. A continuación se montaron en un coche, donde les esperaba un tercer terrorista, emprendiendo la huida. El tiroteo contra Miguel Garciarena provocó escenas de pánico entre los transeúntes, muchos de ellos niños de corta edad que acudían a un colegio cercano.

Garciarena fue alcanzado mortalmente en la cabeza, el cuello, el abdomen, mientras que Díaz Montoya fue herido en el brazo, pese a lo cual pudo conducir el vehículo hasta la casa de socorro. Ahí los médicos sólo pudieron certificar la muerte del militar. Presentaba ocho impactos de bala: tres en la cabeza, cuatro en el hemitórax, y otro más en el abdomen. José Antonio Díaz, chófer del Parque de la Policía Municipal, fue trasladado al Hospital de San Sebastián después de que se le aplicara una cura de urgencia en el antebrazo izquierdo, donde tenía una herida de bala con orificios de entrada y salida, y otra en la cabeza, en la que fue alcanzado superficialmente por un proyectil. En el lugar de los hechos se recogieron cinco casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF. En el asiento trasero del Seat 600 quedaron alojados una docena de proyectiles.

El automóvil utilizado por los terroristas había sido robado a punta de pistola a primera hora de la mañana en la parte vieja de San Sebastián, y su propietario abandonado atado a un árbol en un lugar cercano al barrio de Igara, después de que lo despojaran de su documento nacional de identidad y lo amenazaran en caso de que diera aviso a la Policía antes de las nueve de la mañana.

Los policías municipales de servicio en aquel momento se retiraron de la calle al conocer la noticia del atentado, concentrándose en la Inspección, donde celebraron una asamblea. A primera hora de la tarde decidieron mantenerse en paro durante tres días en señal de duelo. Los restantes funcionarios y empleados municipales, en otra asamblea celebrada en el Ayuntamiento, aprobaron la suspensión de todos los servicios durante dos días.

A iniciativa del alcalde de San Sebastián, Jesús María Alcaín, del Partido Nacionalista Vasco, a mediodía del mismo 27 de noviembre se reunió un pleno extraordinario y urgente. El portavoz del grupo Herri Batasuna recordó una moción presentada por su grupo en una ocasión anterior sobre las causas de la violencia, y anunció que no condenarían la "lucha armada" sin analizar sus motivaciones. Después de que los concejales de HB hubieran abandonado el pleno, se acordó por unanimidad la condena del atentado.

La capilla ardiente con el cadáver de Miguel Garciarena fue instalada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento donostiarra. La viuda del fallecido colocó junto al féretro las condecoraciones militares que poseía. El funeral por su alma tuvo lugar al mediodía en la parroquia de la Sagrada Familia, en el barrio de Amara, en una iglesia completamente abarrotada. Presidieron el acto la viuda y otros familiares y asistieron el presidente del Gobierno vasco, Carlos Garaikoetxea; el delegado del Gobierno en el País Vasco, Marcelino Oreja; el capitán general de la VI Región Militar; los gobernadores civil y militar; el alcalde de San Sebastián, Jesús María Alcaín, y el diputado general de Guipúzcoa, Xabier Aizarna, ambos del Partido Nacionalista Vasco, además de José María Benegas, del Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE) y representantes de otros partidos políticos. El féretro con el cadáver fue introducido a hombros de policías municipales de diversas secciones, cubierto con la bandera blanca y azul de San Sebastián. Para sumarse al duelo habían llegado expresamente delegaciones de la Policía Municipal de Burgos y Canarias. La ceremonia religiosa fue concelebrada por un hermano del fallecido, Joaquín Garciarena, de la orden de los capuchinos, y otros veintiún sacerdotes. Terminado el funeral, el párroco pidió por los altavoces que, respetando el deseo de la familia, no se alterase el carácter puramente religioso del acto, ni siquiera al abandonar la iglesia. El féretro fue introducido en un furgón, que lo trasladó hasta Vera de Bidasoa (Navarra), donde fue enterrado en el panteón familiar.

Por el asesinato de Miguel Garciarena han sido condenados por la Audiencia Nacional a 29 años de reclusión mayor José Antonio Esnaola Lasa, en 1985, y Nicolás Francisco Rodríguez, en 1990.

Miguel Garciarena Baraibar, de 63 años, nacido en Ezcurra (Navarra) y vascoparlante, estaba casado y tenía un hijo. Voluntario en la guerra civil, era teniente coronel del Ejército en situación de reserva e inspector de Policía en excedencia. Como teniente de la Policía Armada, estuvo destinado en Irún entre 1954 y 1957. Con el grado de capitán estuvo en San Sebastián, donde permaneció hasta 1968. Trasladado a La Coruña al acender a comandante, estuvo diez años al mando de la 81ª Bandera de la Policía Armada. En 1978 se incorporó a la Policía Municipal de San Sebastián como máximo responsable. Había recibido numerosas amenazas de muerte y por ese motivo se ausentaba largas temporadas del País Vasco. Tras un periodo de excedencia, se reincorporó a su puesto cuatro meses antes de ser asesinado. En octubre de 2008 el Ayuntamiento de San Sebastián rindió homenaje a Miguel Garciarena Baraibar, asesinado en 1980, y al agente Manuel Peronié Díez, en 1983, cuyos nombres figuran, desde entonces, en el recibidor de las dependencias del cuerpo policial junto al del agente Alfonso Morcillo, también asesinado por ETA.

Unas doce horas después, a las 21:40 de ese 27 de noviembre de 1980, la banda terrorista ETA hacía explotar un coche-bomba en la calle Ollerías de Logroño, provocando tres víctimas mortales. MIGUEL ÁNGEL SAN MARTÍN FERNÁNDEZ, comerciante, falleció en el acto. El inspector de Policía Carlos Fernández Valcárcel fallecería unos días después, el 2 de diciembre, mientras que el tercer amigo, Joaquín Martínez Simón, lo haría el 3 de enero de 1981. Sólo sobrevivió el cuarto amigo, José Luis Hernández Hurtado, que resultó herido en una pierna y en la cabeza. Otras cuatro personas resultaron también heridas por los cristales rotos por la explosión.

Miembros del grupo España de ETA habían recibido información de que un bar en Logroño era frecuentado por miembros de las Fuerzas de Seguridad. Para cometer el atentado, alquilaron un vehículo en Zaragoza en el que introdujeron tres ollas metálicas cargadas de Goma 2 y metralla, con un telemando para ser explosionadas a distancia. El coche-bomba fue estacionado cerca del bar y, cuando vieron que se acercaban los tres amigos, detonaron el artefacto. El coche-bomba saltó por los aires a 25 metros de altura y algunos de sus restos se hallaron a 50 metros de distancia.

En 1982 la Audiencia Nacional condenó a Isidro Echave Urrestrilla a 66 años de reclusión mayor por el atentado. En 1996 fue condenado por el mismo atentado a tres penas de 17 años de reclusión menor el hoy arrepentido Juan Manuel Soares Gamboa.

Miguel Ángel San Martín Fernández, conocido comerciante textil, tenía 51 años. Era propietario de Tejidos San Martín, en la calle Vara de Rey, próxima al lugar del atentado. Estaba casado y tenía dos hijos

Joseba Goikoetxea, creador de la unidad antiterrorista de la Ertzaintza, y tres víctimas más

26 de Noviembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El 26 de noviembre de 1977 la banda terrorista ETA cometía su primer asesinato en Navarra. Sobre las 22:15 horas miembros de la banda dispararon por la espalda al comandante JOAQUÍN IMAZ MARTÍNEZ, jefe de la Policía Armada en Pamplona, cuando se dirigía a coger su automóvil aparcado cerca del coso taurino de la capital navarra. El cuerpo sin vida de Joaquín Imaz fue encontrado tendido al pie de un árbol y cubierto por una manta en los aparcamientos contiguos a la plaza de toros.

La víctima había recibido varias amenazas de muerte a las que no dio mucha importancia. En la última, pocos días antes de su asesinato, le decían que le quedaban pocas horas de vida. Pese a ello, se negó a llevar escolta porque no quería poner en peligro la vida de otras personas.

Tras los funerales por su alma, celebrados en la Iglesia de San Francisco Javier de Pamplona, la tensión saltó a las calles de la ciudad produciéndose graves incidentes. El féretro con los restos mortales del comandante Imaz fue sacado del templo a hombros de policías armados e inspectores del Cuerpo General de Policía, entre aplausos del público asistente que comenzó a dar vivas al Ejército, la Policía, España y Navarra. Tras introducirlo en un furgón fúnebre, se formó la comitiva, compuesta por todas las autoridades de Navarra y unos doscientos policías armados de paisano. Nada más terminar el entierro, una persona gritó preguntando dónde estaba el ministro de Interior, Rodolfo Martín Villa, y afirmando que los asesinos no eran sólo los de ETA, sino que también eran culpables Manuel de Irujo, senador de Navarra por el PNV, y el lehendakari Leizaola.

Mientras tanto, unas quinientas personas, que habían asistido al funeral en la Iglesia de San Francisco, a las que se fue sumando más y más gente, se manifestaron durante dos horas por las calles céntricas de Pamplona gritando "Navarra sí, Euskadi no", "Irujo, Leizaola, Navarra es española", "Menos amnistía, más policía", "ETA asesina", "Suárez dimite, España no te admite", etc. Desde la iglesia, los manifestantes se dirigieron al Gobierno Civil, interrumpiendo el tráfico durante el recorrido. A continuación, fueron al Palacio de la Diputación foral, donde pidieron que se colocaran las banderas de Navarra y España a media asta en los mástiles, que se encontraban vacíos. Cuando un empleado salió al balcón con las banderas, aparecieron tres diputados forales, uno de los cuales saludó brazo en alto a los manifestantes que comenzaron a gritar "Marco, Marco, Marco", en referencia a Amadeo Marco, vicepresidente de la Diputación. Desde el Palacio Foral, los manifestantes se dirigieron a la plaza del Castillo, en donde se encontraban las sedes del PNV, PSOE y Alianza Foral de Navarra. El edificio del PNV, que tenía izadas la ikurriña y la bandera de Navarra, fue escenario de gritos de los manifestantes contra Euskadi, Manuel de Irujo y el lehendakari Leizaola. Varias personas intentaron forzar la puerta de entrada del edificio, sin conseguirlo.

La banda terrorista ETA reivindicó el asesinato del comandante Imaz en un comunicado a la delegación de Cifra en Bilbao en el que justificaba el mismo en los siguientes términos: "Hemos ejecutado al señor Joaquín Imaz Martínez por su calidad de máximo responsable de las fuerzas represivas de la Policía Armada en Navarra y por el destacado protagonismo que este miembro ha desarrollado, durante los últimos años, en su fanática labor represiva contra el movimiento obrero y popular vasco. Muestra de ello es la participación responsable y asesina que el señor Imaz y las fuerzas a su servicio han tenido en el acontecimiento de Montejurra, así como su brillante comportamiento en impedir la celebración del Aberri Eguna y el desenlace de la marcha de la libertad en Iruña".

En el año 1979 la Audiencia Nacional condenó por este asesinato a Francisco Javier Martínez Apesteguia, alias Kiko, detenido por la Policía francesa en enero de 1979. Martínez Apesteguia había ingresado en ETA político militar a mediados de 1976. Un año después se encuadró en ETA militar junto con los grupos especiales (comandos bereziak). Con condenas totales que sumaban más de cien años de prisión, salió de la cárcel en marzo de 2000, habiendo cumplido sólo 21 años de prisión. 

Joaquín Imaz Martínez tenía 50 años. Natural de Pamplona, estaba casado y tenía una hija de 7 años. En 1946 ingresó en la Academia Militar, siendo destinado al Sáhara, donde prestó servicio con el grado de teniente. Con el mismo grado desempeñó funciones en la Policía Armada en Santa Cruz de Tenerife y, a continuación, como ayudante del comandante de Bilbao. Tras ascender a capitán, se reincorporó al Ejército y fue destinado a Cataluña y, después, a Pamplona. Con el grado de comandante, volvió a la Policía Armada y fue destinado a San Sebastián durante un año. De ahí se trasladó de nuevo a su ciudad natal para hacerse cargo del mando de la 64ª Bandera de la Policía Armada.

A las tres y media de la madrugada del 26 de noviembre de 1983 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Vitoria a JOSÉ ANTONIO JULIÁN BAYANO, que gestionaba varios locales nocturnos en la capital alavesa, cuando se dirigía a cerrar uno de esos locales.

José Antonio había llegado en su vehículo a uno de los locales, el club Barbacoa, en la carretera de Pamplona situado a las afueras de Vitoria, y aparcó el mismo en la parte trasera del club. Antes de poder salir del coche fue tiroteado por varios miembros de la banda terrorista ETA. Los clientes y empleados del club escucharon los disparos y, cuando salieron, encontraron a José Antonio con medio cuerpo fuera del automóvil. Ninguno de ellos pudo ver a los asesinos de José Antonio, que recibió el impacto de cinco disparos y falleció en el acto. En el lugar del atentado la Policía recogió cinco casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF.

Poco después de las cinco de la mañana, el juez ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto Anatómico Forense para practicarle la autopsia. A las pocas horas de cometer el atentado la banda terrorista lo reivindicaba mediante llamada telefónica al diario Egin. En el comunicado, ETA acusaba a la víctima de ser representante en la provincia del partido ya disuelto Fuerza Nueva, de colaborar con la Policía y de traficar con drogas.

El asesinato de José Antonio Julián fue cometido por miembros del grupo Tontorramendi de ETA. Dos de ellos, Agustín Muiños Díaz y Jesús María Ormaechea Antepara, fueron condenados por la Audiencia Nacional en 1985 a sendas pendas de 29 años de prisión. Otros dos miembros del grupo participaron, presuntamente, en el asesinato de José Antonio Julián: Ramón Aldasoro Magunacelaya, alias Ramón y El Rubio –detenido por el FBI en Miami en diciembre de 1997 en una operación coordinada con la Policía española, y extraditado a España en 1999– y Luis Enrique Gárate Galarza, alias Zorro, detenido en Francia en febrero de 2004 y entregado temporalmente a España en marzo 2010 para ser juzgado por diversas causas pendientes.

José Antonio Julián Bayano, de 43 años y soltero, era natural de Alarba (Zaragoza), aunque vivía en Vitoria desde hacía muchos años. Además de dos clubs nocturnos, donde había espectáculos de striptease, regentaba una barra americana en el centro de Vitoria. Según el testimonio de algunos amigos, había sido amenazado y le habían hecho pintadas en alguno de sus locales, además de quemarle una de sus discotecas en un incendio que, al parecer, fue provocado. Por ese motivo, José Antonio solía llevar una pistola encima.

A las nueve y cuarto de la noche del 26 de noviembre de 1985, la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad guipuzcoana de Lasarte al guardia civil jubilado JOSÉ HERRERO QUILES cuando salía de un bar de la calle Ignacio de Loyola acompañado por uno de sus hijos, Juan José, de 19 años. Herrero Quiles había estado por la tarde en el bar jugando su habitual partida de cartas. Mientras un etarra encañonaba al hijo, otro disparó dos veces en la cabeza del guardia civil.

Los asesinos, dos individuos jóvenes que aparentaban tener entre 20 y 25 años, huyeron a la carrera en dirección a la carretera nacional 634, mientras Juan José Herrero atendía a su padre, mortalmente herido, y pedía ayuda. Miembros de la asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda (DYA) trasladaron al herido a la residencia sanitaria de San Sebastián, donde falleció a las 21:30 horas, pocos minutos después de haber ingresado.

La Guardia Civil recogió en el lugar del atentado dos casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum. Era la cuarta víctima mortal en menos de 48 horas, pues el día anterior la banda terrorista ETA había asesinado, en dos atentados distintos en San Sebastián y Pasajes, a tres personas, lo que presagiaba el inicio de una nueva ofensiva de la banda tras más de dos meses sin víctimas mortales.

En el año 1988 la Audiencia Nacional condenó a Ignacio Orotegui Ochandorena, Miguel Turrientes Ramírez y José Antonio Carrasco Alba a sendas penas de 29 años como autores del asesinato, y a Pedro María Rezabal Zurutuza a 19 años por complicidad en el atentado. Todos ellos eran miembros del grupo Ipar Haizea de ETA, detenidos en Lasarte en enero de 1987 en una operación de la Guardia Civil.

José Herrero Quiles, de 67 años, estaba casado con Carmen Castro Fernández, y tenía dos hijos. Tanto la viuda, que se enteró del asesinato por una llamada telefónica de su hijo, como Carmelo Tomás Herrero, el menor de sus hijos, tuvieron que ser atendidos por sufrir dos episodios cardíacos. Carmen sufrió un conato de colapso cardíaco y fue ingresada en el mismo hospital al que había sido trasladado su marido asesinado, mientras que Carmelo sufrió un ataque cardíaco tras conocer la noticia.

Era el segundo atentado que sufría el guardia civil retirado, pues menos de dos años antes, en febrero de 1984, otro pistolero de la banda le disparó, también en la cabeza, cuando salía de oír misa en compañía de uno de sus hijos minutos después de las once de la mañana. Esa vez el etarra le disparó de frente y a quemarropa, pero la trayectoria de la bala, con entrada por la mejilla y salida por el cuello, no le afectó a órganos vitales. Aunque herido grave, consiguió salir adelante. Por este motivo, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Ramón Jáuregui, señaló que a José Herrero lo habían "rematado dos años después, como si no soportaran que existiese" (El Correo, 28/11/1985).

El 26 de noviembre de 1993 fallecía en Bilbao JOSEBA GOIKOETXEA ASLA, sargento mayor de la Ertzaintza y militante destacado del Partido Nacionalista Vasco (PNV), cuatro días después de que dos integrantes de la banda terrorista ETA, un hombre y una mujer, lo tiroteasen delante de su hijo de 16 años al que llevaba en su automóvil hasta la parada del autobús para ir al colegio. El chaval resultó ileso, pero Goikoetxea recibió dos impactos de bala: una le entró por la cabeza y quedó alojada en una vértebra cervical, mientras que la segunda le dañó la región lumbar. Permaneció en coma profundo hasta que falleció a las 17:30 horas del 26 de noviembre.

Esa mañana Joseba se dirigía desde su domicilio a la sede del PNV en Bilbao, donde trabajaba. En la calle Tívoli, cerca del Ayuntamiento de la capital vizcaína, tuvo que parar en un semáforo en rojo, momento que aprovecharon los terroristas, que le estaban esperando ahí, para que uno de ellos, el hombre, se acercase al vehículo y disparase a través de la ventanilla del conductor. Un testigo del atentado dio aviso a la Policía e, inmediatamente, una ambulancia municipal lo trasladó al Hospital de Basurto. Durante el trayecto, la víctima sufrió una parada cardiorrespiratoria y al llegar al centro sanitario, hacia las 8:45 horas, su estado fue calificado por los médicos como de "irreversible".

El asesinato de Joseba Goikoetxea provocó una enorme conmoción, al reunir la doble condición de haber sido uno de los máximos responsables de la Policía Autonómica vasca –cuando fue asesinado estaba inhabilitado por sentencia judicial firme durante seis años por el caso de las escuchas ilegales al exlehendakari Carlos Garaikoetxea en 1986– y militante destacado del PNV.

La víctima había sido el máximo responsable de la unidad de Información de la Ertzaintza desde 1986 hasta 1993, y estaba considerado un hombre clave en la lucha antiterrorista en el País Vasco, por lo que había recibido amenazas y su nombre figuraba como potencial objetivo de ETA. En un comunicado de 1991 la banda lo calificó de "despreciable torturador y asesino de encargo" después de que, en agosto de ese año, se hubiese producido un enfrentamiento entre ertzainas y terroristas, que se saldó con el asesinato del agente Alfonso Mentxaka Lejona y la muerte del etarra Juan María Ormazábal.

Nada más difundirse la noticia, comenzaron a llegar al hospital dirigentes del PNV como Ricardo Ansotegui, Gorka Aguirre y Luis María Retolaza, y representantes de las instituciones vascas como el consejero de Interior, Juan María Atutxa. Este último, visiblemente consternado, ensalzó la figura de Goikoetxea describiéndolo como "un hombre vasco, abertzale, encarcelado por luchar contra la dictadura y que estaba luchando contra otra dictadura del más claro rasgo fascista" (La Vanguardia, 24 de noviembre). Destacar su cualidad de vasco era algo que, tanto en éste como en otros asesinatos de ertzainas, se había convertido en denominador común en las condenas de los políticos nacionalistas. Sin embargo, cuando el vasco asesinado era guardia civil, policía nacional o militar, los nacionalistas no citaban esta circunstancia, con lo que implícitamente despojaban a la víctima de esa condición.

El atentado había venido precedido de una campaña intimidatoria de la banda contra la Ertzaintza en el diario Egin y el entorno proetarra. Por este motivo Atutxa no dudó en responsabilizar de este atentado a Herri Batasuna –"que sirve como pantalla a esta banda terrorista" dijo el consejero–, a la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) y a los "carroñeros" Egin –que "venía calentando motores y lubricando gatillos de ciertas pistolas" desde hacía mucho tiempo–. De KAS el consejero de Interior dijo que "desde su pedestal de ocultación y anonimato más cobarde, están marcando la estrategia para que se produzcan hechos tan luctuosos y desgraciados como este". De hecho, a la campaña de Egin contra la Ertzaintza se había sumado con entusiasmo HB que, en agosto de ese año, pocos días después de que un grupo de jóvenes diera una brutal paliza a un ertzaina en Bilbao, había amenazado con responder "de forma adecuada" a la Policía vasca, a la que acusaba de "equipararse en brutalidad, intolerancia y chulería a las peores policías del mundo".

Atutxa evitó, sin embargo, valorar el atentado como un "ataque frontal al PNV", algo que sí hicieron dirigentes nacionalistas a título particular y como partido. En una nota hecha pública a última hora de la tarde la dirección del PNV dijo: "Sepa el diario Egin, sepa KAS y sepa ETA, que les consideramos un todo, que ha atentado directamente contra el PNV y que desde esta valoración serán tratados por este partido".

Herri Batasuna, por su parte, emitió un comunicado en el que señalaba que el asesinato era una consecuencia de que la Ertzaintza "por decisión política del PNV, quiere ser puesta en manos de la estrategia del Estado, convirtiéndola en un elemento represivo de primer orden contra las reivindicaciones de nuestro pueblo", pero Jon Idígoras quiso dejar claro que el atentado no podía considerarse un atentado contra el PNV.

El asesinato de alguien de este nivel dentro de la Policía Autónoma, ligado directamente al PNV, hizo que muchos analistas y comentaristas consideraran que con ello se demostraba que se había acabado la "ambigüedad" nacionalista en materia antiterrorista y que, por tanto, el partido y la Ertzaintza se iban a implicar plenamente en la lucha contra ETA.

En realidad, las cosas fueron bastante diferentes. Ya hemos visto en el caso del secuestro y asesinato del capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios que, más que ambigüedad, el PNV lo que ha practicado ha sido la "guerra sucia". Las relaciones del partido con ETA no han sido tan malas como nos han querido hacer creer a lo largo de los sesenta, setenta y primeros años ochenta, más bien al contrario. Sin embargo hacia 1987 estas relaciones se empiezan a degradar. La escisión de EA coloca al PNV en una situación de debilidad que intenta paliar acercándose al PSOE de la mano del nuevo presidente, José Antonio Ardanza, uno de los pocos dirigentes nacionalistas que era sincero en su total rechazo a la banda. Además en estos años se negocian las trasferencias más importantes y la lucha contra ETA se convierte en una moneda de cambio.

Pero el principal problema se produce cuando el líder de ETA, el asesino Domingo Iturbe Abasolo, alias Txomin, fallece en Argelia en febrero de 1987. Tal como señalan todos los que lo conocieron, Txomin era un nacionalista "a secas" y tenía hilo directo con la dirección del PNV a través de alguien de plena confianza del partido, el dirigente Gorka Aguirre (llegó a ser secretario del EBB, el Euskadi Buru Batzar), de quien se dice que era su amigo (Carmen Gurruchaga e Isabel San Sebastián, El árbol y las nueces. La relación secreta entre ETA y el PNV, Temas de Hoy, 2000, pág 51). Ignoramos cómo era esta relación, pero la dura denuncia de Mario Onaindia en sus memorias proyecta inquietantes sombras sobre los términos exactos de la relación de estos "dos amigos".

Al morir Txomin, el PNV perdió, temporalmente, su ligazón con quien era la cabeza única e indiscutida de la banda, que iba a ser sustituida por una dirección colegiada que, además, había pasado a la total clandestinidad debido a la creciente presión policial francesa. A medida que la Policía Autonómica vasca se fue implicando en la lucha antiterrorista la tensión fue aumentando entre los nacionalistas. Aun así, hasta 1990 no se producen las primeras amenazas directas contra el cuerpo. El 04 de abril de ese año, la Ertzaintza desarticula buena parte de la infraestructura del grupo Vizcaya. A los pocos días, el "complejo ETA" activó el protocolo habitual de "criminalización". Primero, Gestoras pro Amnistía denunció torturas a los detenidos, después se generalizaron pintadas y carteles con calumnias y, enseguida, el 10 de mayo, Herri Batasuna, por boca de Tasio Erkizia, dio carácter oficial a la campaña cuando señaló que la Ertzaintza cumplía "la misma función represiva que el resto de policías y hace suyo el método de torturas" y exigía expresamente que la Policía Autonómica no actuase contra ETA.

En ese contexto es en el que se crea el caldo de cultivo que propicia el asesinato de Joseba Goikoetxea. Se multiplicaron las acusaciones y denuncias, se acuñó un término infamante para referirse a ellos (zipayo), se pasó al terrorismo de baja intensidad y, finalmente, se llegó al crimen. Pero esta escalada fue muy medida, muy calculada, con el objetivo final de doblegar al PNV, tal y como lo ha resumido perfectamente Florencio Domínguez Iribarren (Las raíces del miedo: Euskadi, una sociedad atemorizada, Aguilar, 2003, pág. 234-235):

El objetivo de esta presión violenta sobre el nacionalismo democrático era remover en cierta medida la posición del PNV tanto mediante la incidencia política de ETA (llevando a cabo acciones muy selectivas contra la Ertzaintza) como gracias a la kale borroca, según afirmaba la Coordinadora Socialista Abertzale en un documento, el Karramarro II, de principios de 1997.

El documento ponía de manifiesto el uso controlado de la violencia contra el PNV, para conseguir que este partido dejara de ser un obstáculo añadido al conflicto que nos enfrenta al Estado, pero sin llevar a estigmatizar a ese partido como enemigo perpetuo. Es decir se trata de un ejercicio de la violencia muy medido, graduado con extremo cuidado para empujar al partido de Arzallus, pero sin crear situaciones irreversibles de enfrentamiento con el PNV.

De esta manera Joseba Goikoetxea fue trágica victima de una pugna temporal y puntual entre los dos sectores más importantes del nacionalismo vasco de raíces sabinianas: el personificado en el PNV y el de ETA. 

Joseba Goikoetxea Asla no era el primer miembro de la Ertzaintza asesinado por ETA, que en 1985 comenzó a atacar a la Policía Autonómica con el asesinato del teniente coronel Carlos Díaz Arcocha.

Goikoetxea, sin embargo, tenía una peculiaridad: era el mando que se había encargado de crear y dirigir la primera unidad antiterrorista de la Ertzaintza. Esta unidad tuvo una actividad destacada contra ETA entre 1989 y 1998, aunque posteriormente su eficacia fue descendiendo paulatinamente, coincidiendo con la etapa de radicalización política del Partido Nacionalista Vasco (PNV) tras el Pacto de Estella firmado en 1998" (Alonso, R., Domínguez, F. y García Rey, M., Vidas rotas, Espasa 2010, pág. 885). 

En el Año 1998 la Audiencia Nacional condenó a Lourdes Churruca y a José Luis Martín Carmona a 41 años de cárcel. En la misma resolución se condenó a 30 años a José Antonio Embeitia Ortuondo y a Andoni Ugalde Zubiri por ser partícipes en labores de seguimiento y vigilancia de la víctima. Por último, María Aranzazu Garbayo fue condenada a 8 años de cárcel por colaboración con banda armada –en su domicilio se refugiaron los terroristas tras asesinar a Joseba– y Juan Ignacio Sánchez Melendo a 5 años por un delito de falsificación de placas de matrícula.

El terrorista que efectuó los disparos, según el relato del fiscal de la Audiencia Nacional, fue Ángel Irazabalbeitia, que murió en Lujua (Vizcaya) en noviembre de 1994 en un enfrentamiento a tiros con la Ertzaintza. Fue Irazabalbeitia el que, acompañado por Lourdes Churruca y José Luis Martín Carmona, se acercó al lugar del crimen en un vehículo. Mientras Martín Carmona permanecía en el coche, Churruca e Irazabalbeitia se apearon del mismo y aguardaron a que llegase la víctima. Cuando Goikoetxea se paró en el semáforo en rojo, Irazabalbeitia se aproximó al vehículo y disparó contra la víctima.

Joseba Goikoetxea Asla tenía 42 años cuando fue asesinado. Natural de Bilbao, estaba casado con Rosa Rodero en segundas nupcias y tenía tres hijos. De familia nacionalista, empezó a militar en el PNV con sólo 17 años. Su militancia le costó dos detenciones. La primera, en 1975, le supuso una condena de tres años y medio de cárcel, pena de la que fue amnistiado tras la muerte de Franco. En 1976 fue nuevamente detenido por distribuir la revista oficial del PNV, Euzkadi, que entonces era ilegal. Con la llegada de la democracia, trabajó activamente en las campañas electorales del PNV y en el referéndum del Estatuto de Guernica. A principios de los ochenta ingresó en la Ertzaintza y en 1986 se hizo cargo de la unidad de Información de este cuerpo policial. Con el tiempo esa unidad se incorporó al organigrama de la Consejería de Interior del Gobierno vasco.

El 26 de noviembre por la mañana, pocas horas antes de fallecer, el Gobierno había tomado la decisión de indultar a Joseba de la inhabilitación por las escuchas a Garaikoetxea en reconocimiento de sus méritos en la lucha antiterrorista. Los compañeros de Goikoetxea encendieron el día anterior a su fallecimiento, cuando todavía luchaba contra la muerte, una llama simbólica en los jardines de Albia, en Bilbao, cerca de la sede del PNV y del Palacio de Justicia. Los agentes, agrupados en la Plataforma Hemen Gaude (Aquí Estamos), colocaron también un libro para que los ciudadanos expresasen con su firma su rechazo a la violencia. El presidente del Tribunal Superior de Justicia vasco, Juan Bautista Pardo, fue el primero en firmar. El segundo, Atutxa. Tras su fallecimiento, el PNV hizo un llamamiento para que se acudiese a la capilla ardiente que se había instalado en Sabin Etxea. Desde allí, el 27 de noviembre el féretro fue llevado a la Basílica de Begoña, donde se celebró el funeral a las siete de la tarde con la asistencia de miles de personas. Los dirigentes nacionalistas solicitaron a los ciudadanos que manifestasen su repulsa luciendo en los balcones y las ventanas ikurriñas con crespones negros. El mismo día del funeral, miles de personas secundaron la manifestación convocada por los sindicatos de la Ertzaintza.

Los restos mortales de Joseba Goikoetxea fueron inhumados en el cementerio de Derio (Vizcaya), en un acto familiar al que sólo asistieron, como representantes de las instituciones,  José Antonio Ardanza, presidente del Gobierno vasco, y Juan María Atutxa, consejero de Interior.

Elías Elexpe Astondoa, taxista de Amorebieta, y cuatro víctimas más de ETA

25 de Noviembre de 2011 - 09:10:02 - M.J. Grech

A las ocho de la tarde del sábado 25 de noviembre de 1978 la banda terrorista ETA asesinaba en Amorebieta (Vizcaya) al taxista ELÍAS ELEXPE ASTONDOA en el caserío familiar Zubieta Barri. Su hija menor, Edurne, que acababa de subir a la segunda planta del caserío, oyó el motor de un coche que se detenía y, segundos después, dos detonaciones. "Al principio pensé que era el cartero, pero poco después sonaron dos disparos y cuando bajé encontré a mi padre en el suelo muerto" (El País, 28/11/1978).

Unos veinte minutos antes del atentado tres individuos jóvenes, dos de ellos armados, habían robado a punta de pistola un vehículo Seat 124 en las inmediaciones de la estación de Guernica. Los individuos hablaban entre sí en euskera, según relató a la Policía el propietario del coche.

Elías Elexpe se encontraba esa tarde en su domicilio escuchando las noticias de las ocho de la tarde en Radio Nacional, cuando alguien llamó a la puerta. Nada más abrir, un pistolero de la banda le descerrajó dos tiros que le provocaron la muerte en el acto. La Policía recogió posteriormente dos casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca FN.

ETA militar reivindicó el 26 de noviembre el asesinato de Elías Elexpe, mediante un comunicado enviado a diversos medios de comunicación bilbaínos en el que acusaba al taxista asesinado de ser "colaborador de las fuerzas represivas y confidente" (Diario 16, 28/11/1978). En la misma nota, la banda terrorista se atribuía el atentado contra el Bar París de Sopelana (Vizcaya), ocurrido un día antes del asesinato del taxista, y otro llevado a cabo días antes en Villafranca de Ordicia contra el coche y el domicilio de la familia Apellániz, como advertencia a sus propósitos de trasladar la fábrica de su propiedad fuera del País Vasco.

Elías Elexpe Astondoa tenía 56 años. Estaba casado y tenía dos hijas, Pilar y Edurne. Natural de la localidad vizcaína de Aránzazu, en el valle de Arratia, era euskaldún, igual que toda su familia. Ésta comentó que Elías era de ideología de derechas, pero sin pertenecer a ningún partido concreto. Por este motivo había sido amenazado en varias ocasiones, por lo que no solía abrir la puerta de su domicilio sin identificar previamente al visitante. Por ello se barajó la hipótesis de que Elías conociese a su asesino. El funeral por su alma tuvo lugar el 26 de noviembre en la parroquia de los Padres Pasionistas del barrio de Euba (Amorebieta).

El 25 de noviembre de 1985 la banda terrorista ETA asesinó a tres personas en dos atentados distintos con pocas horas de diferencia entre uno y otro. El primero de ellos tuvo lugar a las 8:20 horas en el barrio de la Paz de San Sebastián, cuando un microbús con seis militares a bordo fue ametrallado por tres miembros de la banda, provocando la muerte de JOSÉ MANUEL IBARZÁBAL DUQUE, marinero de segunda de la Armada, y RAFAEL MELCHOR GARCÍA, cabo primero radiotelegrafista. Los dos militares se dirigían a la Comandancia de Marina de Pasajes en el vehículo oficial que, tras el ametrallamiento, se estrelló contra un árbol.

José Manuel Ibarzábal, que conducía el microbús, salió corriendo, pero fue perseguido por uno de los terroristas, que lo acribilló a tiros hasta acabar con su vida. Rafael Melchor García intentó repeler la agresión "utilizando varias veces su pistola antes de ser alcanzado mortalmente" (El País, 26/11/1985).

Resultaron también heridos de diversa consideración otros tres ocupantes del vehículo: el cabo segundo Luis Ángel Carballo Bahamonde, el alférez médico Manuel Rodríguez Santisteban, y Daniel Asensio Foriza.

Tras cometer el atentado, los terroristas huyeron en un vehículo donde les esperaba un cuarto miembro de la banda. El coche había sido robado a punta de pistola en Rentería en torno a los ocho de la mañana. Su propietario, que permaneció en el maletero todo el tiempo, consiguió liberarse cuando los terroristas abandonaron el vehículo en el barrio donostiarra de Bidebieta gracias a una llave fija que se encontraba en el interior.

En 1990 la Audiencia Nacional condenó a Ignacio Erro Zazu, alias Pelos, y Estanislao Echaburu Solabarrieta, alias Iván, a sendas penas de 58 años de reclusión mayor por el asesinato de los dos militares, y a 25 años de prisión mayor por los cuatros delitos de asesinato en grado de frustración, además de a otros 10 años por un delito de detención ilegal.

En el ametrallamiento del autobús militar también participó Ángel María Galarraga Mendizábal, alias Pototo. El 14 de marzo de 1986 Pototo fue sorprendido por una patrulla de la Policía Nacional junto a Erro Zazu, Pelos, cuando preparaban un coche bomba en el paseo de La Concha de San Sebastián. El policía nacional José Antonio Álvarez Díez se acercó a identificarlos y recibió dos disparos a bocajarro. En el tiroteo posterior Galarraga resultó muerto, mientras que Pelos logró huir. Erro Zazu, por su parte, sería detenido un año después en una operación en Pasajes de San Pedro en la que, durante el enfrentamiento con la Policía, murió la etarra Lucía Urigoitia Ajuria.

José Manuel Ibarzábal Duque tenía 20 años. "Era un chico extraordinario. Siempre estaba pendiente de los demás. Nunca nos había causado ningún disgusto. Sólo tenía veinte años, era casi un niño", relataba su desconsolada madre, Felisa Duque (El Diario Vasco, 26/11/1985). Natural de San Sebastián, estaba cumpliendo el servicio militar en su ciudad natal. Gran deportista, había ganado el campeonato de bateles en el País Vasco. José Manuel era simpatizante de Herri Batasuna, según confirmó el dirigente de la coalición proetarra Jon Idígoras, que expresó el dolor que le producía "la muerte de un compañero" pero señalando que no cambiaba "la valoración política que nosotros venimos haciendo de la situación, y el atentado no hace sino reafirmarnos en la necesidad de que exista una solución política". De hecho, todas las fuerzas políticas condenaron el atentado a excepción de HB. José Manuel, por otra parte, era familiar de Eugenio Ibarzábal, por entonces portavoz del Gobierno vasco, primo carnal de José Ramón Ibarzábal, padre de la víctima.

Rafael Melchor García, de 26 años, era natural de Castillo de Val (Burgos), aunque desde hacía seis años su familia vivía en Córdoba, ciudad a la que había sido trasladado su padre, José Melchor Tubina, practicante de profesión. Estaba casado con María del Carmen Guillermo y tenía dos hijos. Sus restos mortales fueron enterrados en el cementerio de San Rafael de su ciudad natal el 27 de noviembre, tras el funeral que se celebró en el Hospital Militar de Córdoba, donde se había instalado la capilla ardiente. Antes de ser trasladado a San Sebastián el cabo asesinado había prestado servicio en San Fernando y Vigo.

 

Quince horas después, a las once y cinco de la noche del 25 de noviembre de 1985, la banda terrorista ETA volvía a asesinar, esta vez en Pasajes (Guipúzcoa) al guardia civil ISIDORO DÍEZ RATÓN, que fue ametrallado en el barrio de San Pedro de esta localidad, cerca del muelle. Isidoro y su compañero, el guardia civil Juan Corrales Pozas, tenían encomendada esa noche la vigilancia del puerto.

Ambos guardias civiles se apearon del vehículo oficial, en la zona de pescaderías del puerto de Pasajes, en torno a las once de la noche. Entraron en un bar próximo y, al salir del mismo, fueron ametrallados por varios miembros de ETA que les estaban esperando en la calle. Mientras que Juan Corrales intentó repeler el ataque y consiguió esquivar los disparos refugiándose en el bar, Isidoro Díez recibió un impacto de bala y murió media hora después en el Hospital Nuestra Señora de Aránzazu, adonde había sido trasladado por una ambulancia de la asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda (DYA).

Los terroristas emprendieron la huida en un vehículo que había sido robado por la mañana en un garaje de San Sebastián, llevándose por la fuerza al propietario y a una segunda persona que le acompañaba. Ambos fueron encadenados a un árbol y abandonados en el monte de Ulía.

En el asesinato de Isidoro Díez Ratón participaron cuatro o cinco terroristas. En septiembre de 1989, fue juzgado y condenado por la Audiencia Nacional Pedro María Fernández Arguilea, alias Kepa Manejos, en el primer juicio celebrado tras el asesinato de la fiscal Carmen Tagle. La pena impuesta fue de 29 años de cárcel por atentado contra las Fuerzas de Seguridad con resultado de muerte, con los agravantes de alevosía y premeditación, y una segunda pena de 19 años por intento de asesinato en grado de frustración. Durante el juicio, Fernández Arguilea, miembro del grupo Pakito de ETA, fue expulsado de la sala cuando al finalizar el juicio manifestó que "quería rendir homenaje" a sus compañeros caídos. Detenido en 1987, en junio de 1994 Kepa Manejos apareció en Televisión Española con el rostro oculto para criticar la "lucha armada" y colocarse a favor de las instituciones: "No tengo miedo a que me expulsen de ETA porque, si se sigue con la lucha armada, me salgo yo, me desvinculo solo". ETA dijo entonces en un comunicado que había hecho "el juego vergonzosamente al Estado español". Su imagen tapada fue identificada y días después aparecieron pintadas frente al domicilio de su hermana en Pasajes en las que le acusaban de traidor. En junio de 1995, y con la oposición del Partido Popular, la juez de vigilancia penitenciaria de Bilbao, Ruth Alonso, le concedió el tercer grado penitenciario habiendo cumplido sólo 8 años de los 70 a los que fue condenado (El País, 26/07/1995).

Otros tres presuntos autores del ametrallamiento fueron Alejandro Auzmendi Ilzarbe, Luis María Zabaleta Mendía y Miren Bakartxo Arzelus. Los tres murieron en un enfrentamiento con la Guardia Civil de Pasajes el 15 de enero de 1986 cuando fueron sorprendidos después de ametrallar a un camión francés en el mismo punto de la autopista Bilbao-Behovia desde el que se habían perpetrado con anterioridad acciones similares. En una de esas emboscadas contra camiones franceses fue asesinado hacía poco más de un año el policía nacional Mohamed Ahmed Abderrahmán.

Meses después, en diciembre de 1986, fue detenido Ignacio Orotegi Otxandorena, condenado también por el asesinato de Isidoro Díez Ratón. Con penas que suman 253 años de cárcel por distintos atentados, Orotegi no salió de prisión, prevista para 2007, por aplicación de la doctrina Parot, retrasándose su excarcelación a 2016. Orotegi ha sido uno de los últimos presos en decir "no" a ETA y pedir perdón a las víctimas. En octubre de 2011 ha firmado un documento de arrepentimiento uniéndose a lo hecho anteriormente por históricos asesinos de la banda, como Txelis y La Tigresa. Fuentes penitenciarias han señalado que, al menos en los últimos años, Orotegi ha sido un recluso ejemplar, por lo que fue trasladado desde la cárcel de La Lama a la de Zuera, en Zaragoza (ECD, 03/10/2011)

Isidoro Díez Ratón, de 39 años, estaba destinado en el Servicio Fiscal de Aduanas de la Guardia Civil. Era natural de Zamora, estaba casado y tenía cuatro hijos, con los que vivía en Irún. Llevaba nueve años destinado en Guipúzcoa.

Al día siguiente, 26 de noviembre, se celebró un funeral conjunto por los tres asesinados en los dos atentados del día anterior en la basílica de Santa María de San Sebastián con la asistencia del ministro de Defensa, Narcís Serra, entre otras personalidades.

En torno a las 23:00 horas del 25 de noviembre de 1991 dos miembros de la banda terrorista ETA irrumpieron en el pub Chaplin, barra americana del barrio de Larratxo de de San Sebastián, y acribillaron a balazos a su dueño, JOSÉ JAVIER URRITEGUI ARAMBURU, que se encontraba detrás de la barra. Los dos terroristas entraron en el pub a cara descubierta y armados con una pistola y un subfusil. En ese momento se encontraban en el interior del club cuatro mujeres, tres de ellas extranjeras. José Javier falleció antes de que llegasen las asistencias sanitarias. Cuando llegó la Guardia Civil, sólo se encontraba una de las testigos, pues las otras mujeres habían abandonado precipitadamente el local al carecer de documentación para residir en España.

Los pistoleros de la banda salieron corriendo del establecimiento y bajaron por unas escaleras hasta el vehículo en el que emprendieron la huida en dirección a Pasajes. El vehículo había sido robado a las siete y media de la tarde en Hernani y fue encontrado por la Policía a las 23:30 horas a un kilómetro del lugar del los hechos. Al propietario del mismo lo habían dejado atado a un árbol en el monte de Santa Bárbara.

La banda terrorista ETA asumió la autoría del atentado en un comunicado enviado al diario Egin el 3 de diciembre en el que acusaba a la víctima de estar vinculado con el tráfico de drogas. José Javier Urritegui llevaba sólo quince días regentando el pub. Su anterior propietario había sido acusado por chivatos de la banda de traficar con drogas, y su nombre figuraba en unos papeles que la Guardia Civil incautó al grupo Donosti de ETA cuando fue desarticulado meses antes, en agosto de 1991. Es decir: ETA asesinó a José Javier por error, pues su objetivo era asesinar al anterior dueño, que había abandonado San Sebastián y traspasado el negocio precisamente por las amenazas recibidas desde el entorno de la banda. Cuatro días después del asesinato de José Javier, el anterior propietario del pub se defendió en una entrevista emitida en la ETB en la que aseguró que "nunca podrán demostrar que yo haya estado relacionado con la droga" (El Diario Vasco, 28/11/1991).

En el año 1997 la Audiencia Nacional condenó a Mario Artola Mendibe y a Oroitz Salegi García a penas de 30 años de reclusión mayor por un delito de asesinato consumado, con la circunstancia agravante de premeditación. Mario Artola Mendibe, miembro del grupo Leizarán de ETA, fue detenido en enero de 1992 en San Sebastián, en una operación de las Fuerzas de Seguridad en la que el etarra fue herido en un tobillo tras oponerse a su detención haciendo uso de una pistola. Oroitz Salegi García fue detenido en San Juan de Luz por la Policía de Aire y Fronteras (PAF) francesa en mayo de 1992.

José Javier Urritegui Aramburu tenía 24 años y era vecino de la localidad guipuzcoana de Lasarte-Oria. En febrero de 2011 el Ayuntamiento de Lasarte-Oria, con motivo del 25 aniversario de su constitución como municipio, organizó un homenaje a las ocho víctimas mortales de la banda que tenían relación con la localidad. Entre los recordados ese día estaba José Javier Urritegui. En el acto se presentó y se leyeron algunos fragmentos del libro Ausencias, que reúne las semblanzas de los ocho asesinados por la banda.

Antonio Echeverría, alcalde de Oyarzun: el inicio de la cacería contra cargos políticos

24 de Noviembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A las dos y media de la tarde del 24 de noviembre de 1975 la banda terrorista ETA asesinaba en Oyarzun de un tiro a ANTONIO ECHEVERRÍA ALBISU, alcalde de la localidad guipuzcoana. Era el alcalde más joven de la provincia y ocupaba el cargo desde el 31 de agosto de 1974.

Esa tarde, un miembro de la banda llamó a la puerta de su domicilio, un chalet de cuatro plantas, dos de las cuales las ocupaban miembros de su familia –sus padres, una hermana casada y el marido de ésta–. La hermana de Antonio abrió, y el terrorista le dijo que tenía que darle un recado urgente de parte del alcalde de Hernani. Echeverría Albisu se asomó a la puerta y el pistolero le descerrajó un disparo en el pecho. A continuación se subió a un vehículo Seat 600 que le esperaba a escasos metros con otro terrorista al volante y se dio a la fuga. Tras ser atendido de urgencia por sus familiares, Antonio fue trasladado en una ambulancia a la Policlínica de San Sebastián, donde ingresó cadáver.

Al día siguiente, la banda terrorista ETA difundió un comunicado en el que reiteraba su amenaza a todos los alcaldes que no dimitiesen de sus puestos. Este asesinato y el comunicado fueron el pistoletazo de salida a una auténtica cacería contra cargos municipales y forales que se prolongaría durante varios años y que dejó una veintena de víctimas mortales en el período que va de 1975 a 1980. El siguiente en ser asesinado fue Víctor Legorburu Ibarreche, alcalde de Galdácano, el 9 de febrero de 1976, justo el día en el que vencía el plazo dado por la banda para que los alcaldes dimitiesen de sus cargos.

Por otra parte, dos concejales del Ayuntamiento de Oyarzun habían sido expulsados de sus cargos semanas antes por participar y alentar las huelgas que se habían organizado en la provincia en las "jornadas de lucha" promovidas por ETA militar tras la condena a muerte de miembros de la banda en septiembre de 1975.

En el asesinato de Antonio Echeverría participaron, presuntamente, José Miguel Retolaza Urbina, alias Ereki, José Joaquín Villar Gurruchaga, alias Fangio –que estuvo procesado por el atentado contra Carrero Blanco–, Isidro María Garalde Bedialauneta, alias Mamarru, y un cuarto terrorista sin identificar, según informó La Voz de España (17/03/1976), citando fuentes de la Policía que se refirieron a ellos como miembros de un "comando loco" de la rama militar de ETA-V Asamblea.

Antonio Echeverría Albisu tenía 33 años, estaba soltero y vivía con sus padres y una hermana en el caserío de Oyarriarre, en las proximidades de la plaza Mayor de Oyarzun. Además de alcalde, trabajaba como agente de la Propiedad Inmobiliaria con oficinas en San Sebastián y Rentería. Fue la primera víctima mortal desde la muerte de Franco, cuatro días antes, y la última de ese año 1975, que se saldó con 16 asesinados a manos de la banda terrorista ETA. En total, y hasta la muerte del dictador, la banda había asesinado a cuarenta y cinco personas. El resto de los asesinatos fueron cometidos después de la muerte de Francisco Franco. "Como la estadística demuestra abrumadoramente, el grupo terrorista ha asesinado sobre todo en democracia, ha aprovechado las facilidades inherentes a un sistema de libertades para matar" (José María Calleja, Contra la barbarie. Un alegato a favor de las víctimas, Temas de Hoy, 1997, pág. 30).

Mohamed Ahmed Abderrahman, policía nacional, dos ertzainas y un obrero

23 de Noviembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El 23 de noviembre de 1982 fallece CARLOS MANUEL PATIÑO CASANOVA, cinco días después de haber sido ametrallado por miembros de la banda terrorista ETA cuando, en compañía de dos compañeros de trabajo, Esteban Fariña González y Francisco Rosco Herrauzo –pintores de profesión como Carlos– circulaba por Rentería (Guipúzcoa) en un vehículo propiedad de Fariña. Los etarras, miembros del grupo Donosti, les esperaban a bordo de un Renault 12 y estaban convencidos de que los tres eran guardias civiles. Según fuentes policiales, la confusión pudo deberse a que el vehículo perteneció a un guardia civil al que, mucho tiempo antes, se lo habría comprado Esteban Fariña.

Los tres vecinos trabajaban por cuenta propia en el empapelado y pintado de viviendas y resultaron alcanzados por numerosos impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Esteban Fariñas, de 26 años, y Francisco Rosco, de 38, consiguieron sobrevivir, pero no así Carlos Manuel Patiño, que falleció cinco días después.

El ametrallamiento se produjo a las 12:45 horas cuando los tres trabajadores se disponían a aparcar el vehículo que ocupaban, un Seat 127. En ese momento un individuo efectuó, desde un turismo Renault 12 de color granate, varios disparos de pistola contra las ruedas del Seat 127, que quedó inmovilizado. Un terorrista que, según testigos presenciales, no aparentaba más de veinte años, descendió a continuación del Renault 12 portando una metralleta y abriendo fuego en abanico, de frente y a corta distancia, contra sus víctimas. Los otros dos ocupantes del coche dispararon también desde el mismo con otra metralleta y una pistola.

Las balas alcanzaron a varios coches aparcados en las inmediaciones y a un autobús escolar que se dirigía a recoger a los niños del barrio, sin llegar a herir al conductor ni a la profesora, que se encontraban en su interior y que tuvieron que arrojarse al suelo. Acto seguido, los pistoleros de la banda, sin dejar de disparar, huyeron precipitadamente en el mismo Renault 12 a toda velocidad en dirección a la autopista Bilbao-Behovia. En el lugar de los hechos, la Policía recogió más de veinte casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum.

Ante lo que había sido un evidente error de la banda asesina y chapucera, ETA tardó varios días en reivindicar el atentado, y cuando lo hizo, el 23 de noviembre, intentó justificarlo mediante argumentos falsos, señalando que los tres trabajadores ametrallados pertenecía a un "grupo especial de información" y que eran "agentes mercenarios para control de refugiados políticos". El comunicado no hizo sino aumentar la indignación de los vecinos del barrio de Capuchinos de Rentería, que negaron las acusaciones de la banda de que los pintores cruzasen la frontera francesa para hacer vigilancias.

En 1984 la Audiencia Nacional condenó a Jesús María Zabarte Arregui a 27 años por el asesinato de Carlos Manuel Patiño, y a 18 años más por cada uno de los asesinatos frustrados.

Carlos Manuel Patiño Casanova tenía 29 años. Era natural de Villamayor (La Coruña). Estaba casado y tenía dos hijos. Fue herido gravemente en la zona lumbar, el recto, glúteo derecho, muslo izquierdo, e ingresó en el hospital con un grave shock hemorrágico. Falleció a las 23:50 horas del 23 de noviembre. El 25 de noviembre por la tarde tuvo lugar el funeral por el alma de Carlos en la parroquia de San Marcial con la asistencia de unos trescientos vecinos de la localidad guipuzcoana. Previamente, a las 17:30 horas, recibieron sepultura los restos mortales de la víctima.

A las once y media de la noche del 23 de noviembre de 1984 la banda terrorista ETA asesinaba en Irún (Guipúzcoa) con una granada al policía nacional MOHAMED AHMED ABDERRAHMÁN, y hería de gravedad a su compañero, Carlos Mata Organero, que resultó alcanzado por impactos de bala en la pierna y el abdomen.

Mohamed formaba parte de una patrulla de la Policía Nacional que se había instalado en el peaje de Irún, en la autopista Bilbao-Behovia, para dar protección a los camioneros franceses que, desde hacía algunas semanas, habían sido objeto de varios ametrallamientos por parte de la banda terrorista como respuesta a las primeras extradiciones concedidas por el Gobierno de París.

Esa noche Mohamed no tenía servicio, pero había pedido voluntariamente hacer el turno para poder llegar a tiempo a su domicilio y llevar al médico a su segunda hija, Jimo, que había nacido con parálisis cerebral. En un momento determinado Mohamed se apeó de su vehículo y se acercó al otro coche policial para fumar un cigarrillo con otros compañeros. Varios miembros de la banda, apostados en un monte cercano y armados con fusiles de asalto y un lanzagranadas, atacaron la patrulla policial. Mohamed fue alcanzado de lleno por una granada que le causó la muerte en el acto, al destrozarle completamente la espalda. Carlos Mata Organero, de 30 años y natural de Villafranca de la Torre (Badajoz) resultó herido grave.

En 1989 la Audiencia Nacional condenó a José Antonio López Ruiz, alias Kubati, y a José Miguel Latasa Guetaria a 27 años por este asesinato y a otras tres penas de 23 años por tres asesinatos frustrados. Además de las indemnizaciones a la familia de Mohamed, se fijaron indemnizaciones a favor de Carlos Mata Organero por las secuelas de por vida derivadas del atentado. En el año 2002 fue condenado Miguel Ángel Gil Cervera a penas e indemnizaciones similares a las anteriores.

Mohamed Ahmed Abderrahmán tenía 33 años cuando fue asesinado. Era natural de Ceuta y estaba casado con Aisha Mohamed, de 26 años. El matrimonio tenía tres hijos –Kinsa, Jimo y Nanal– y Aisha estaba embarazada del cuarto, que sería chico y nacería dos meses y medio después del asesinato del padre. Aisha le puso de nombre Mohamed, por deseo de la madre, y Bilel, el nombre que quería ponerle el policía asesinado. Mohamed empezó a trabajar siendo un niño de 12 años en una churrería de Ceuta. Después fue contratado como camarero hasta que decidió entrar en la Academia para ingresar en la Policía Nacional. Cuando tenía 26 años se casó con Aisha, que entonces tenía 18. Además de a su familia, con su sueldo ayudaba a su madre. Había pedido ser destinado al País Vasco para poder cobrar más y hacer frente a los gastos derivados de la enfermedad de su hija Jimo. Para hacer frente a estos gastos la familia había tenido que pedir varios créditos. En el primer capítulo de su libro Contra la barbarie. Un alegato a favor de las víctimas (Temas de Hoy, 1997, págs. 19-40), José María Calleja cuenta la historia de este policía nacional y de su viuda, además del trago que el entonces ministro de Interior tenía que pasar en cada funeral por las víctimas de ETA, donde era sistemáticamente insultado por los familiares de las víctimas: "Barrionuevo dibujaba entonces una cara en la que se mezclaba el dolor por los muertos, el aturdimiento y la comprensión incluso a quienes le insultaban", cuenta el periodista en el libro. El relato de Calleja se inicia con el funeral de Mohamed:

Aquella mujer se desgarraba a gritos. Con las medias caídas, pobremente vestida, despeinada, bramaba mientras trataba de desasirse de los dos policías vestidos de marrón que intentaban controlarla en vano (...) La noche anterior, el 23 de noviembre de 1984, el marido de aquella joven viuda había quedado seccionado, partido en dos a la altura de la cintura. Tuvieron que unirle las dos partes de lo que antes fue su único cuerpo para hacerle la autopsia y la foto (...) Aquella mujer que acababa de perder a su marido era madre de tres hijos y estaba embarazada de un cuarto que nació huérfano, que ya antes de nacer debió de sentir lo que era el dolor (...) A aquel pobre policía de raza árabe y religión musulmana, nacido en Ceuta y de nacionalidad española no le conocía nadie en Euskadi, no tenía ni compañeros de colegio, ni amigos, ni colegas con los que salir a tomar potes, no formaba parte de ninguna sociedad gastronómica (...) Nada más acabar el funeral, Aisha se volvió a Ceuta acompañando el cadáver de su marido, en un viaje en el que sintió que a su ser más querido lo mataban por segunda vez (...) Un avión militar Hércules, vacío, frío e incómodo, acogió en su inhóspito seno el féretro con los restos mortales de Mohamed, a la viuda, embarazada de seis meses y medio, a la hija con parálisis, a la que no se podía dejar con nadie, y a un hermano del asesinado. Un cuadro patético que dejó una grave huella en Aisha. "No reparé en que la niña pasó todas las horas de aquel interminable viaje viendo el féretro dentro del cual iba su padre. En aquel momento no lo sabíamos, pero la niña tenía una inteligencia normal, como después, cuando creció, pude comprobar (...) Durante el viaje, la niña estuvo muy nerviosa. Por su enfermedad no podía dormir, ni de noche ni de día, yo la llevaba en brazos y ella no quitaba ojo de la caja" (...) Nada más aterrizar [en Málaga], empezó un nueva humillación que añadir al dolor de la muerte. "Allí nos esperaba una ambulancia que era bastante pequeña. El caso es que metieron la caja dentro y una parte sobresalía fuera del coche. Para que no se cayera en el viaje hasta Algeciras, ataron la caja –Aisha siempre dice ‘la caja’– con unas cuerdas. Yo me sentí muy mal ante aquella imagen, sentía como si volvieran a matarle otra vez.

El recibimiento en Ceuta fue, por el contrario, muy caluroso, según recuerda Aisha:

Nada más abrirse la rampa del barco tuve la sensación de que la ciudad entera nos estaba esperando, casi no podíamos salir del barco.

Como manda la liturgia musulmana, el féretro fue trasladado hasta el gimnasio del cuartel de la Policía Nacional acompañado por un grupo de muecines, y las oraciones se rezaron en árabe. Con el pretexto de que el ritual musulmán exigía lavar y amortajar el cadáver, Aisha pidió ver a su marido por última vez, pese a que los compañeros de su marido le insistieron en que el cuerpo estaría en muy mal estado. Cuando le abrieron el féretro, Aisha se desmayó. Los muecines decidieron que, dadas las circunstancias en las que se encontraba el cadáver, no era necesario cumplir con el ritual del lavado y amortajado.

Desde 1993 Aisha y sus cuatro hijos viven en un barrio de Madrid, pero las secuelas del asesinato de Mohamed son patentes en sus hijos. A Kinsa, la mayor, "le queda un aire ausente" y ha tenido muchos problemas de concentración en los estudios. Jimo vive casi como un vegetal, "aunque la parálisis degenerativa no le resta lucidez ni capacidad de percepción". Cuando José María Calleja escribió el libro, en 1997, ya ni era capaz de mantenerse sentada. La tercera, Nanal, "comparte la capacidad de ensoñación del resto de la familia, como si estuviera marcada por una especie de fuga ante una realidad que la desborda". El pequeño, Mohamed Bilel, hijo póstumo, "cuenta los lunes en el colegio que el fin de semana ha ido con su padre al campo, presume de su padre y hace como que no ha muerto".

A las siete y cuarto de la tarde del viernes 23 de noviembre de 2001, ETA asesinaba a tiros a los agentes de la Ertzaintza ANA ISABEL AROSTEGI LEGARRETA y FRANCISCO JAVIER MIJANGOS MARTÍNEZ DE BUJO, cuando regulaban el tráfico en un cruce de la carretera N-I a su paso por la localidad guipuzcoana de Beasain. El cruce era un punto neurálgico de la carretera y muy conflictivo en cuanto a la circulación, especialmente los viernes por la tarde. Los dos ertzainas estaban adscritos a la unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Beasain, muy próxima al lugar del atentado, y habían relevado sólo unos minutos antes a otra pareja de la Ertzaintza para regular el tráfico, una labor que se realiza a diario en el cruce de Zaldizurrieta de la localidad guipuzcoana. Los agentes no llevaban ninguna protección, "ni tan siquiera chalecos antibalas", según fuentes de la Policía Autonómica vasca.

Dos miembros de la banda terrorista, un hombre y una mujer, se acercaron en un coche a las proximidades del cruce, bajaron del mismo y, a cara descubierta, acribillaron a balazos a bocajarro a los dos agentes de la Ertzaintza, a los que sorprendieron por la espalda. Ana Isabel Arostegi intentó defenderse del ataque, pero fue rematada por la mujer cuando yacía malherida en el suelo. Su cuerpo permaneció sobre el asfalto hasta pasadas las nueve de la noche, cuando acudió el juez de guardia que ordenó el levantamiento del cadáver. A continuación, los restos mortales de la ertzaina fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense del cementerio de Polloe de San Sebastián, donde al día siguiente, sábado 24 de noviembre, se le practicó la autopsia. Francisco Javier Mijangos, gravemente herido, fue llevado a la Clínica de la Asunción de Tolosa, donde ingresó en estado de coma, con una bala en la cabeza. Durante 45 minutos se le practicaron maniobras de reanimación, llegando a recuperar el pulso, pero falleció poco después, hacia las 21:00 horas.

El vehículo que utilizaron los terroristas para cometer el atentado y para huir a continuación del lugar de los hechos, en el que posiblemente les esperaba un tercer terrorista, fue posteriormente localizado en las afueras de Beasain.

El asesinato de Ana Isabel y Francisco Javier se produjo tres días después de que la banda terrorista ETA intentase asesinar a otros dos agentes de la Ertzaintza, mediante la colocación de una bomba-trampa junto a una pancarta en el parque bilbaíno de Etxebarría en la que se podía leer "Policía asesina. ETA mátalos". Los agentes resultaron heridos (uno leve y otro grave) cuando se disponían a retirar la misma. Con el asesinato de los dos ertzainas, ETA enviaba un claro mensaje de advertencia al Gobierno vasco, según señalaron diferentes analistas políticos. Desde el final de la tregua de 1998, la Ertzaintza se había convertido en un objetivo prioritario de la banda terrorista, como se recogía en un zutabe de pocos meses antes, donde ETA incluía a la Policía Autonómica como objetivo en un análisis titulado "Debate cipayos".

Los presuntos asesinos de los dos ertzainas fueron Imanol Miner Villanueva, que disparó contra Francisco Javier Mijangos, y Ainhoa García Montero, alias Laia, que habría tiroteado y rematado en el suelo a la agente Ana Isabel Arostegi. Imanol Miner, hijo de un etarra excarcelado y hermano de tres terroristas callejeros (Nekane, Elías y Mikel), fue detenido en mayo de 2002 en el madrileño barrio de Vallecas. Ainhoa García fue detenida en Francia en mayo de 2003.

Ana Isabel Arostegi Legarreta, de 34 años, estaba casada con otro agente de la Policía Autonómica vasca, y era madre de tres hijos. Natural de Munguía (Vizcaya), pertenecía a una familia euskalduna muy arraigada en el municipio. Había formado parte de la decimotercera promoción de ertzainas y se convirtió en la primera mujer agente de ese Cuerpo víctima de la banda. Estaba afiliada al Sindicato Independiente de la Policía Vasca (ERNE, Ertzainen Nazional Elkartasuna) que emitió un durísimo comunicado en contestación a las declaraciones del lehendakari Ibarretxe al día siguiente del asesinato de los dos agentes. En esas declaraciones el lehendakari alabó la labor de la Ertzaintza y señaló que la sociedad vasca valoraba el trabajo que desarrollaban. El ERNE, en su comunicado público, señaló:

Seguiremos reivindicando que la Ertzaintza está mal organizada, que el Egunsentia –sistema informático de la Policía Autonómica vasca– es un auténtico fraude, en una buena parte culpable de estos asesinatos (...) Nos siguen escamoteando las mínimas medidas de seguridad y protección, mientras se les llena la boca con estúpida palabrería del Egunsentia, ISO y calidad (...) Los ertzainas seguiremos cayendo como lo hicieron nuestros compañeros. De poco sirven las lágrimas y las palabras estériles. Dudamos que hoy sean capaces de mirar a los ojos a un ertzaina (ABC, 25/11/2001).

Al funeral celebrado en la Iglesia de San Pedro de Munguía asistieron más de tres mil vecinos, y muchos de ellos tuvieron que seguir el acto religioso desde el exterior del templo. Estuvieron presentes Juan José Ibarretxe, presidente del Gobierno vasco, y Javier Balza, consejero de Interior, entre otras autoridades. Los restos mortales de Ana Isabel Arostegi fueron inhumados en el cementerio local.

Francisco Javier Mijangos Martínez de Bujo, de 32 años, era natural de Bilbao. Estaba casado y tenía un hijo de diez meses. Igual que su compañera asesinada, pertenecía a la decimotercera promoción de la Ertzaintza y un hermano suyo era también agente de este cuerpo policial. Estaba afiliado al sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) y apenas llevaba dos meses destinado en Beasain. Vivía con su familia en Miranda de Ebro (Burgos) como medida de autoprotección. Sus restos mortales fueron enterrados en Vitoria tras la celebración del funeral en la iglesia románica del monasterio de Nuestra Señora de Candepajares de Bugido (Burgos), próxima a Miranda de Ebro.

El 23 de noviembre de 2009 el Ayuntamiento de Beasain organizó un homenaje en recuerdo de los dos agentes asesinados, que consistió en la inauguración de una escultura abstracta, situada en la rotonda que se construyó en el cruce en el que fueron asesinados. Al acto asistieron el viudo de Ana Isabel y los hermanos de Francisco Javier, que recogieron sendas réplicas en miniatura de la escultura. 

Jaime Bilbao Iglesias, directivo de RTVE, y Luis Delgado Villalonga, niño de dos años

22 de Noviembre de 2011 - 09:10:13 - M.J. Grech

A las doce menos cinco minutos de la noche del martes 22 de noviembre de 1988 la banda terrorista ETA hizo explotar una furgoneta-bomba estacionada junto al muro exterior del edificio de la Dirección General de la Guardia Civil, situada en la calle Guzmán el Bueno de Madrid, asesinando al directivo de largometrajes de Radio Televisión Española JAIME BILBAO IGLESIAS y al niño de dos años LUIS DELGADO VILLALONGA. La explosión provocó, además, heridas de diversa consideración a cuarenta y seis guardias civiles y a cuarenta y dos civiles, entre ellos los padres del niño Luis Delgado, el doctor Luis Delgado Cabezas y la enfermera Mercedes Villalonga Villalonga, que estaba embarazada de cuatro meses, dos de los heridos más graves.

Las dos víctimas mortales viajaban en sendos coches que pasaban junto a la Dirección General cuando hizo explosión la furgoneta-bomba colocada bajo una garita del acuartelamiento por los hermanos Henri y Jean Parot, Jacques Esnal y Frédéric Haramboure, miembros del grupo Argala de ETA. Dos de ellos activaron la carga con un retardo de cuarenta y cinco segundos pretendiendo causar una masacre de guardias civiles parecida a la de un año antes en la casa cuartel de Zaragoza, atentado cometido por los mismos etarras.

El matrimonio Delgado-Villalonga regresaba a su domicilio con su pequeño después de haber cenado en Las Rozas, a las afueras de Madrid. El niño sufrió estallido craneal y pérdida de masa encefálica y falleció pocas horas después. Sus padres, gravemente heridos, no pudieron asistir al entierro en el cementerio de Torrelodones:

La noche del 22 de noviembre de 1988, quien esto escribe volvía a casa en compañía de su mujer y su hijo, Luis, de dos años y medio de edad. Al pasar nuestro coche junto a la Dirección General de la Guardia Civil, una furgoneta bomba activada por unos ciudadanos franceses, miembros de la banda terrorista ETA, hacía explosión. La deflagración nos cogió de lleno. En ese punto, mi vida ya no volvería a ser lo que fue. Mi hijo resultó muerto. Mi mujer, embarazada de cuatro meses, entró en estado de coma. Hoy día, más de siete años después, aún no se ha recuperado de las lesiones que el atentado le produjo y ya es seguro que no podrá volver a ejercer su profesión. Yo mismo resulté gravemente herido. Soy médico. Mi mujer es, mejor sería decir era, enfermera. Teníamos un hijo pequeño. Estábamos esperando otro. Nos gustaba nuestro trabajo. Teníamos una vida feliz. Pero todo eso pertenece al pasado. Esa abyección conocida como ETA nos lo arrebató. Han pasado más de siete años y la huella indeleble de aquella infausta noche me acompañará de por vida como una frustración constante que se reverdece cada mañana (Tribuna de Luis Delgado Cabezas en El País, 15/01/1996).

Jaime Bilbao Iglesias también regresaba al domicilio de sus padres, donde vivía, en el barrio de Argüelles. Esa tarde había quedado con otros compañeros de un equipo de fútbol de la Tercera División regional, el Alcalis, que había creado nueve años antes con unos amigos de la localidad segoviana de San Rafael. Después de estar en un pub de la calle Baeza que patrocinaba el equipo, en el barrio de la Prosperidad, se dirigió hacia su domicilio, en la calle de Romero Robledo. Cuando se encontraba en la calle San Francisco de Sales,  dentro de su vehículo, le sorprendió la explosión que le causó la muerte.

La potentísima explosión convulsionó la noche madrileña. El estallido "fue peor que un terremoto", según la esposa de un mando de la Guardia Civil que residía en el edificio de la Dirección General. La explosión pudo oírse a varios kilómetros de distancia. Incluso el príncipe de Asturias oyó el estallido desde el palacio de La Zarzuela, situado a unos seis kilómetros de distancia de la calle de Guzmán el Bueno, según dijo la reina Sofía a los médicos de la Cruz Roja durante la visita que realizó al día siguiente a los heridos hospitalizados en el centro sanitario.

La onda expansiva abrió un agujero de varios metros de diámetro en la pared del dormitorio donde se encontraban descansando cincuenta guardias auxiliares y ciento treinta suboficiales que, en el momento del atentado, realizaban el curso de ascenso a teniente. La zona se convirtió en pocos minutos en un auténtico caos, con un constante ir y venir de ambulancias. Dentro de la Dirección General de la Guardia Civil el ambiente era de enorme tensión. Desde un primer momento se confirmó que no se habían producido muertos entre los miembros del Cuerpo.

La banda terrorista ETA se atribuyó el atentado en un comunicado enviado a los medios de comunicación cinco días después en el que, con su cinismo habitual, decía lamentar "profundamente" la muerte y heridas de civiles, de las que hacía responsable a "los mandos políticos, militares y policiales".

De la investigación policial y judicial se determinó que el atentado fue encargado por Francisco Múgica Garmendia y José María Arregui Erostarbe a los hermanos Henri y Jean Parot, Jacques Esnal y Frédéric Haramboure, miembros del grupo Argala de ETA. Para llevarlo a cabo, Gonzalo Rodríguez Cordero y José Gabriel Zabala Erasun robaron previamente una furgoneta y un turismo, que entregaron a los etarras franceses. Dos de los terroristas colocaron la furgoneta, cargada con sesenta kilos de amonal y cuarenta de metralla, bajo una de las garitas del cuartel. El turismo es el que emplearon para huir del lugar, mientras el temporizador iniciaba su cuenta atrás de 45 segundos.

En 1996 la Audiencia Nacional condenó a penas de 1.170 años de prisión por dos delitos de asesinato consumado, cuarenta y ocho asesinatos frustrados, veinte delitos de lesiones graves, estragos materiales y otros delitos a Henri Parot, Gonzalo Rodríguez Cordero y José Gabriel Zabala Erasun.

El día que Parot fue a juicio, Mercedes Villalonga declaró: "Ni olvido ni perdono a los asesinos de mi hijo". Además dijo que ella "no trata con alimañas" y que no asistiría al juicio porque no quería "verle la cara a ese animal", pero que si tuviese la oportunidad de decirle algo a Henri Parot, le diría "que es un malnacido" y que lo que quiere "es verle encerrado hasta el día en que salga con la caja de madera. Es lo que quiero. No tiene derecho ni a ver a su familia, ni al aire que respira", mostrándose contraria a la pena de muerte pero partidaria "de la cadena perpetua" (ABC, 01/10/91).

En 2001 fueron condenados por los mismos delitos a 1.128 años de cárcel Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito, y José María Arregui Erostarbe, alias Fiti. El fiscal señaló que el propósito de los terroristas era causar la muerte al mayor número posible de guardias civiles, razón por la cual eligieron casi las 12 de la noche para hacer explotar la furgoneta.

Jaime Bilbao Iglesias, de 38 años, era natural de Madrid y estaba soltero. Vivía con sus padres y una hermana en la calle de Romero Robledo, en el madrileño barrio de Argüelles. Sus padres habían sido testigos del asesinato del teniente general Quintana Lacaci el 29 de enero de 1984, que tuvo lugar próximo a su domicilio. En enero de 1974 ingresó en Televisión Española y, tras ocupar un destino auxiliar durante algunos meses, pasó al departamento denominado Jefatura de Producción Ajena, donde llegó a ser responsable de la sección de largometrajes. Entre sus funciones estaba la de recomendar las adquisiciones de películas y por esta razón realizaba numerosos viajes al extranjero. Uno de sus últimos desplazamientos lo hizo en el verano de 1988 a Hungría, donde asistió a un certamen organizado por las autoridades locales. En enero de 1985 había sido agraciado con un décimo de uno de los premios gordos de la lotería del Niño, con el que se estaba comprando un piso. Gran aficionado al deporte, además de su pasión por el fútbol, practicaba habitualmente tenis. El cadáver de Jaime Bilbao fue identificado por uno de sus amigos, José Luis Lillo, que trabajaba como técnico en una de las unidades móviles de la Cadena COPE y también jugaba en el mismo equipo de fútbol. Lillo contó que se imaginó lo peor "cuando unos compañeros me dijeron que en la maleta del coche del fallecido en el atentado había un balón de fútbol", porque Jaime siempre llevaba uno en su automóvil.

Fui rápidamente al lugar del atentado y pregunté a un policía la matrícula del coche y me dijo que era HJ. En ese momento me di cuenta de lo que había pasado. Me marché al Anatómico Forense y allí identifiqué el cadáver. Me costó trabajo porque tenía la cara desfigurada y tuve que hacerlo por la ropa que llevaba para ver si coincidía. Llamé a mis padres para que hablaran con los padres de Jaime y contrastaran la ropa que llevaba para ver si coincidía, y ya pude confirmar la noticia (ABC, 24/11/88).

Luis Delgado Villalonga, hijo de dos años y medio del médico Luis Delgado Cabezas y de la enfermera Mercedes Villalonga Villalonga, sufrió estallido craneal y pérdida de masa encefálica y falleció pocas horas después del atentado. Sus padres fueron trasladados a dos hospitales distintos en estado muy grave, especialmente Mercedes, que ingresó en estado crítico en el Hospital de la Cruz Roja, con pérdida de masa encefálica. Embarazada de cuatro meses, y tras pasar varios días en coma, consiguió sobrevivir, pero no ha superado la pérdida de su hijo. De lo que ocurrió el día del atentado no recuerda nada:

"Sí recuerdo, después, que me encontré metida en un hospital y que iba mucha gente a verme. Y no sabía más. Me dijeron que había tenido un accidente de tráfico, y lo creí. Tiempo después, me comentaron que la Reina había llamado para preguntar por mí. Ahí sospeché, porque la Reina no llama todos los días para preguntar por una persona si no se trata de algo muy importante, pero me callé. Se me había olvidado que tenía hijos y que tenía marido. Cuando recordé y pregunté por mi marido (que estaba en otro hospital, pero de eso me enteré después), me dijeron que estaba malo. Yo quise hablar con él, pero me dijeron que no podía. ¿Que no puedo hablar con él? Pues no como. Si no puedo hablar con él es que está muerto. Me aseguraron que no estaba muerto, pero yo insistí en que hasta que no pudiera hablar con él no iba a comer nada. Entonces me llamó por teléfono y me dijo que estaba un poco resfriado y que no podía venir a verme. Al cabo de unos días yo seguía viendo que pasaban cosas raras. Yo tenía un niño, y de ese niño no se hablaba para nada. ¿El niño está muerto, verdad? Y me dijeron que sí. No sé más. No recuerdo nada más" (ABC, 01/10/1996).

En mayo de 1989 Mercedes dio a luz al hijo que esperaba cuando sufrió el atentado. Luis Delgado fue secretario general de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) durante varios años. En 1995, y en representación de la asociación, presentó en el registro del Congreso de Diputados un escrito avalado por 1.100.000 firmas por el que se exigía el cumplimiento íntegro de las penas para los terroristas condenados judicialmente, respetando el tope constitucional del máximo de treinta años de reclusión.

El 31 de octubre de 2000, un día después del atentado que acabó con la vida del magistrado del Tribunal Supremo José Francisco de Querol y Lombardero, su chófer, Armando Medina Sánchez, y su escolta, el policía nacional Jesús Escudero García, además de herir gravemente al conductor de autobús Jesús Sánchez Martínez, que fallecería el 8 de noviembre, hubo una manifestación en Madrid en la que Luis Delgado leyó el comunicado final, en el que se decía:

Quien no está frente a ETA con determinación y sin ningún tipo de matices, no es de los nuestros. No podemos considerar ciudadanos demócratas a quienes tratan de justificar las acciones terroristas, porque tanto dolor y sufrimiento no pueden ser, ni remotamente, una vía legítima para conseguir ningún propósito político (...) Quienes no se avergüencen de sentarse en la misma mesa que los que amparan a estos miserables, quienes suscribieron pactos con ellos, quienes no son capaces de rechazar cualquier tipo de ventaja derivada de la existencia de una banda terrorista están defraudando definitivamente las aspiraciones de un pueblo que merece vivir en libertad y democracia.


Aurelio Prieto, guardia civil, y Ernest Lluch, exministro socialista y profesor universitario

21 de Noviembre de 2011 - 09:10:13 - M.J. Grech

En torno a las 12:30 horas del viernes 21 de noviembre de 1980 los Comandos Autónomos Anticapitalistas asesinaban en las inmediaciones de la ermita de la Virgen de Izaskun, en Tolosa (Guipúzcoa) al guardia civil AURELIO PRIETO PRIETO y herían gravemente a su compañero Eduardo Izquierdo Marfil.

Los guardias civiles, acompañados de un tercero, José Blasco Aranda, estaban adscritos al Servicio Información de la Comandancia de San Sebastián, y se encontraban investigando la zona en la que había permanecido secuestrado durante cuarenta y cinco días el industrial de origen cubano Pedro Abreu, liberado tres semanas antes. Según otras versiones, los guardias civiles se habían acercado a la zona tras recibir una llamada que habría resultado ser una falsa denuncia con el objeto de tenderles una emboscada. En este sentido, antes del tiroteo cuatro jóvenes habían merodeado por las cercanías de la ermita en un automóvil.

Los guardias civiles iban en un Seat 124 sin distintivos oficiales, conducido por José Blasco. Al llegar a las inmediaciones de la ermita vieron a dos individuos sospechosos sentados en el pretil. Aurelio Prieto y Eduardo Izquierdo se apearon del vehículo y, mientras José Blasco procedía a aparcar el vehículo, se acercaron a los dos sospechosos. Sin mediar palabra, uno de ellos sacó un arma y disparó contra los dos guardias civiles, hiriendo gravemente a Aurelio, que fue alcanzado en un hombro y en la cabeza. Eduardo, herido de gravedad en el brazo derecho, vio impotente cómo remataban a su compañero en el suelo sin tener tiempo de sacar su arma. Para evitar ser alcanzado de nuevo, rodó por el suelo y se puso a cubierto.

José Blasco, al oír las detonaciones, se apeó del vehículo e intentó hacer fuego con su arma corta reglamentaria, pero se le encasquilló. Uno de los terroristas aprovechó esta circunstancia para disparar contra el agente, sin lograr alcanzarle. José Blasco se protegió detrás de le ermita y, por segunda vez, intentó disparar contra el terrorista. De nuevo el arma se le encasquilló. Mientras tanto, su compañero Eduardo Izquierdo pedía ayuda, por lo que José Blasco rodeó la ermita por el lado opuesto para acudir en su apoyo. En ese momento Eduardo, aunque herido gravemente en el brazo, disparaba contra el vehículo oficial en el que huía uno de los terroristas. El otro lo hizo a pie por el monte, perseguido por José Blasco, que resultó herido accidentalmente a consecuencia de un golpe sufrido durante la persecución.

El terrorista que huyó en el vehículo de los guardias civiles emprendió una alocada carrera en dirección a Tolosa, localidad que atravesó a toda velocidad saltándose las señales de tráfico. Poco después, abandonó el automóvil en el lugar conocido como Prado Pequeño de Igarondo, en el centro de Tolosa, y continuó la huida a pie. El vehículo presentaba un impacto de bala en la puerta delantera derecha y tenía roto el cristal posterior, provocados por los disparos del guardia civil Eduardo Izquierdo. Junto a la ermita de Izaskun se recogieron casquillos del calibre 9 milímetros, de las marcas FN, SB y SPC.

El cadáver de Aurelio Prieto fue trasladado al Gobierno Civil de Guipúzcoa, donde quedó instalada la capilla ardiente y, al mediodía del día siguiente, 22 de noviembre, se celebró el funeral en su memoria. A él asistió el gobernador general del País Vasco, Marcelino Oreja, el gobernador civil de Guipúzcoa, Pedro Aróstegui; el exgobernador de la provincia, Joaquín Argote, así como el gobernador militar y otras autoridades civiles y militares. También estaban presentes la esposa y familiares de la víctima y compañeros del Cuerpo. El sacerdote que ofició el acto religioso dijo en la homilía que "estamos aquí las mismas personas, con las mismas lágrimas de siempre, solamente que en esta ocasión cambia el nombre del asesinado", y añadió que no bastaba con condenar los atentados.

El guardia Eduardo Izquierdo Marfil fue ingresado en la clínica de Nuestra Señora de la Concepción de Tolosa, donde se le sometió a una intervención de urgencia en el codo derecho, en el que presentaba fractura y luxación abierta. Izquierdo fue evacuado del centro médico a las 19:00 horas con destino al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Eduardo Izquierdo Marfil, de 27 años de edad y casado, era natural de la localidad de Villar del Cabo (Teruel). Destinado en la Comandancia de Málaga, en el momento del atentado se encontraba concentrado en la Comandancia de San Sebastián. Izquierdo Marfil había sufrido un atentado meses antes cerca de Logroño, cuando miembros de la banda terrorista ETA activaron varias cargas ocultas en un talud de la carretera al paso de tres autobuses de guardias civiles. En el atentado falleció el teniente Francisco López Bescos.

El 24 de noviembre los Comandos Autónomos Anticapitalistas reivindicaron el asesinato de Aurelio Prieto. Uno de los presuntos autores del atentado es Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, alias Arbe, Potolo y Botoco. Fue deportado en 1984 por Francia tras una sangrienta carrera criminal con, al menos, seis asesinatos a sus espaldas, y vive en Venezuela protegido por el Gobierno de Hugo Chávez. La Interpol lo detuvo el 20 de mayo de 1996, pero el gobierno venezolano lo liberó por considerar que la actuación policial violaba su soberanía. Para evitar que su crimen prescriba, la viuda de Aurelio, Concepción Fernández Galán, ha venido realizando diversas reclamaciones de extradición en la Audiencia Nacional. "No puede volver a España como un 'angelito', tiene que pagar por sus asesinatos" señaló Concepción en 2010 (El Heraldo, 07/03/2010). La última vez que Fernández Galán pidió que el Gobierno solicitase la extradición de Barrutiabengoa fue en marzo de 2010.

Aurelio Prieto Prieto, de 23 años, estaba casado con Concepción Fernández Galán y tenía una hija de cuatro meses. Era natural de Llerena (Badajoz). Tras cursar estudios en el Colegio de Guardias Jóvenes, ingresó en el Cuerpo de la Guardia Civil en septiembre de de 1974. Sus restos mortales fueron enterrados en Mérida. Concepción se fue a vivir a Zaragoza a mediados de los ochenta, abandonando la localidad navarra de la que provenía por el clima insostenible que se respiraba ahí. El 12 de noviembre de 2011 más de doscientos vecinos, familiares y autoridades se reunieron en la Plaza de la Libertad de Llerena para homenajear a Aurelio Prieto. En el emotivo acto, Francisca Prieto, madre del guardia civil asesinado, descubrió dos placas conmemorativas en un monolito de la plaza.

Veinte años después, el martes 21 de noviembre de 2000, la banda terrorista ETA asesinaba de dos tiros en la cabeza en el aparcamiento de su domicilio en Barcelona al exministro socialista ERNEST LLUCH MARTÍN. Su cadáver fue descubierto por un vecino del inmueble casi dos horas después, hacia las 23:30 horas, caído entre dos coches. Hacía poco, el 29 de julio, que la banda terrorista había asesinado a Juan María Jáuregui, íntimo amigo de Lluch.

El atentado se produjo en la primera planta del aparcamiento del edificio situado en la avenida de Chile de la capital catalana, inmueble muy cercano al Camp Nou, donde Lluch residía desde hacía años. El dirigente socialista no llevaba escolta y, según la delegada de Gobierno, Julia García-Valdecasas, "no tuvo tiempo ni de quitarse la americana".

Tras asesinarlo, los terroristas abandonaron el aparcamiento en un Ford Escort blanco con las matrículas dobladas que, poco después, hicieron explotar en un descampado situado a unos quinientos metros del domicilio de Lluch, método utilizado habitualmente por los terroristas para no dejar huellas. El consejero de Interior catalán, Xavier Pomés, confirmó que el asesinato de Ernest Lluch respondía al mismo modus operandi que el del concejal del Partido Popular en San Adrián del Besós, José Luis Ruiz Casado, asesinado dos meses antes, el 21 de septiembre. Pomés señaló que el método había sido "prácticamente el mismo" y detalló el modo en que los asesinos "buscan un objetivo, lo identifican, comprueban que sea adecuado" para cometer el crimen y "se escapan en un coche que es explosionado a poca distancia del lugar de los hechos". Además, confirmó que ETA disponía de infraestructura en Cataluña y de miembros legales "con capacidad para recibir material y moverse".

El juez de guardia autorizó el levantamiento del cadáver de Lluch pasada la una de la madrugada, cuando frente a su domicilio ya se habían concentrado amigos y compañeros. Muchos de ellos, como el alcalde de Barcelona, Joan Clos, el consejero de Interior, Xavier Pomés, y la delegada del Gobierno, Julia García-Valdecasas, habían conocido la noticia sobre las once de la noche, cuando intercambiaban opiniones con la Policía sobre el coche-bomba que había explotado en la carretera de Collblanc. Fue García-Valdecasas quien, tras recibir una llamada a su teléfono móvil, informó al alcalde Clos y al consejero Pomés. Al domicilio del político asesinado también se acercaron el presidente de la Generalidad, Jordi Pujol, y otros dirigentes políticos, como el presidente del PSC, Pasqual Maragall, y el del Partido Popular catalán, Alberto Fernández Díaz, además de vecinos de la víctima que mostraron su indignación por el nuevo atentado de la banda en Barcelona.

Son muchas las hipótesis y teorías que han intentado explicar por qué la banda asesinó a Lluch. En opinión de Florencio Domínguez, el asesinato del exministro socialista se enmarcaría "en el contexto de una brutal ofensiva terrorista con la que ETA pretendía forzar un cambio de política del PNV para restablecer el pacto entre nacionalistas (el Pacto de Estella)". El objetivo explícito era "evitar que los partidos políticos vascos u otros agentes hagan acuerdos particulares con los Estados español y francés, puesto que eso sería reeditar el error de 1977", según una circular interna de la banda terrorista recogida por el autor. Para ello era prioritario "impedir cualquier puente de entendimiento que pudiera levantarse entre el PNV y los partidos constitucionalistas, especialmente con el PSE", algo que Lluch defendía a capa y espada (Florencio Domínguez, ETA en Cataluña. De Terra Lliure a Carod-Rovira, Temas de Hoy, 2005).

No obstante, e independientemente de que ese fuese el propósito de la banda, Ernest Lluch hacía tiempo que era objetivo de los terroristas. En un libro-entrevista publicado en 2001, pero realizado en 1996, el periodista Marçal Sintes le hacía esta pregunta: "A usted, ¿ETA le ha amenazado?", a lo que Lluch contestó:

Me han estado siguiendo, me han hecho todo este tipo de cosas. No quiero entrar en detalles porque es una cuestión que los que por ahora hemos salido bien librados del asunto no debemos aprovechar para hacernos los mártires. Y ahora, desde luego, tengo miedo a veces (Marçal Sintes, Qué piensa Ernest Lluch, editorial Dèria, 2001).

Siguiendo con las reales o supuestas motivaciones por las que ETA asesinó a Lluch, los autores materiales del asesinato hicieron varias proclamas durante el juicio en la Audiencia Nacional en 2001. Entre otras cosas los asesinos del exministro dijeron: "Hoy hemos sido juzgados por la muerte de Lluch, el ministro de los GAL..., nosotros no olvidamos ni olvidaremos que Ernest Lluch fue un miembro del Estado de los GAL. Gora ETA y visca la terra". Y añadieron: "Ernest Lluch era miembro del Gobierno español que financió a los GAL e instigó y apoyó la tortura y la dispersión. Si fue objetivo de ETA fue por eso".

Por otra parte, era sabido que Lluch fue un acérrimo defensor del diálogo con la banda como forma de acabar con la violencia de ETA, y formaba parte del movimiento social por el diálogo y el acuerdo "Elkarri". Pero Lluch había ido demasiado lejos y se había adentrado "en un territorio lleno de minas, como es la aproximación al entorno de la banda terrorista, con afán de encontrar una solución dialogada", en opinión de su amigo José María Calleja (Arriba Euskadi! La vida diaria en el País Vasco, Espasa, 2001, citado en ABC, 12/01/2011). Por este motivo, su asesinato provocó una gran conmoción y una repulsa unánime en toda la sociedad española.

El 23 de noviembre cientos de miles de ciudadanos se manifestaron en Barcelona bajo el lema "Cataluña per la pau. ETA no". En la cabecera estaban José María Aznar, presidente del Gobierno, y Jordi Pujol, presidente de la Generalidad, José Luis Rodríguez Zapatero, líder de la oposición y secretario general del PSOE, y el lehendakari Juan José Ibarretxe, entre otros políticos. La lectura del manifiesto corrió a cargo de Gemma Nierga, en cuya tertulia en la Cadena SER participaba Lluch. Saliéndose del texto unitario acordado, la periodista terminó su alocución dirigiéndose a los políticos para decirles:

Estoy convencida de que Ernest, hasta con la persona que lo mató, habría intentado dialogar; ustedes que pueden, dialoguen, por favor.

Esta frase de la periodista provocó muchas reacciones, entre ellas la de Edurne Uriarte que en su libro Cobardes y rebeldes. Por qué pervive el terrorismo (Temas de Hoy, 2003), se refirió a este incidente:

Los terroristas acababan de asesinar a Lluch y muchísimos ciudadanos catalanes y todas las fuerzas políticas se lanzaron a la calle para rebelarse contra ETA. Pero tras la lectura del comunicado suscrito por todos, Nierga tuvo un arrebato personal, un impulso irrefrenable de aportar su propia solución al terrorismo, el diálogo. "¡Diálogo! ¡Diálogo!", gritó, y por si acaso no estaba todavía suficientemente claro que los que nos negábamos a negociar con ETA éramos unos intransigentes, añadió que Lluch hubiera negociado con sus propios asesinos. Es uno de los momentos más indignantes y humillantes para la movilización democrática por la libertad que recuerdo. Cuando muchísimos ciudadanos habían dejado hace tiempo de callar por miedo, y cuando estaban dispuestos a arriesgarse y a movilizarse contra los terroristas, una persona significativa, miembro de la élite periodística de nuestro país, les decía, nos decía, que no, que estábamos equivocados, que no debíamos enfrentarnos a los terroristas, que eso era una actitud intransigente, que debíamos aceptar el chantaje y que teníamos que resignarnos y rendirnos a sus exigencias" (citado por Alonso, R., Domínguez, F. y García Rey, M, en Vidas rotas, Espasa, 2010, pág. 1094).

En julio de 2002 la Audiencia Nacional condenó a José Ignacio Krutxaga Elezcano, Lierni Armendaritz y Fernando García Jodrá como autores del asesinato de Ernest Lluch a sendas penas de 33 años. Fueron los mismos que asesinaron a José Luis Ruiz Casado exactamente dos meses antes. Formaban parte del grupo Barcelona de ETA, desarticulado menos de dos meses después de asesinar a Lluch, en enero de 2001.

Ernest Lluch Martín tenía 63 años cuando fue asesinado. Natural de Vilasar de Mar (Barcelona), estaba separado de su primera esposa, con la que tuvo tres hijas. En la fecha de su asesinato convivía con una nueva pareja sentimental.

Demócrata, inteligente y culto tuvo una trayectoria profesional a caballo entre la política y la Universidad, que compaginó con su participación en diferentes medios de comunicación y su pasión por el fútbol y la música. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, amplió sus estudios en La Sorbona (París). Fue expedientado, detenido en varias ocasiones y expulsado de la Universidad por su actividad política antifranquista cuando era profesor ayudante en la Universidad de Barcelona. Fue catedrático de Economía en la Universidad de Valencia en 1974 y de Historia de Doctrinas Económicas de la Universidad Central de Barcelona. Su último cargo oficial fue el de Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Santander), puesto que desempeñó desde 1989 a 1995.

En cuanto a su trayectoria política, en las elecciones generales de junio de 1977 fue elegido diputado por Gerona como candidato de la coalición Socialistas de Cataluña, y en abril de 1980 fue elegido portavoz de los socialistas catalanes en el Congreso. Felipe González contó con Ernest Lluch para ocupar la cartera ministerial de Sanidad y Consumo en su primer Ejecutivo (1982-1986). En mayo de 1986 se retiró del primer plano político para reincorporarse a la cátedra de Historia de Doctrinas Económicas de la Universidad Central de Barcelona.

Ensayista y articulista, en la época de su asesinato compaginaba su labor académica con sus colaboraciones en diversos diarios, como La Vanguardia, El Diario Vasco y El Correo, y en la emisora de radio Cadena SER. Dos meses antes de ser asesinado publicó un artículo en El Correo en el que exponía su tesis de que la primera víctima de la banda terrorista había sido la niña Begoña Urroz: "Indigno inicio en el pecado original de ETA" (Ernest Lluch, El Correo, 19/09/2000). Además escribió varios libros sobre historia económica, particularmente referidos a Cataluña.

Apasionado del Barça –concurrió en las elecciones a la presidencia del club del año 2000 como miembro de la candidatura de Lluis Bassat– tenía también simpatía hacia la Real Sociedad, club del que era socio, ya que Ernest Lluch estuvo muy vinculado a la ciudad de San Sebastián. El Ayuntamiento de Vilasar de Mar ha dedicado a su memoria la biblioteca municipal, inaugurada el 27 de noviembre de 2009, en la que se guarda la colección bibliográfica particular del autor. Dentro del edificio se encuentra la sede de la Fundación Ernest Lluch, que tiene por objetivo mantener viva la memoria de Ernest Lluch, su pensamiento y su obra, así como fomentar el diálogo entre los ciudadanos de Cataluña, España y Europa.

El ametrallamiento a treinta y tres policías que jugaban un partido de fútbol en Basauri

20 de Noviembre de 2011 - 09:10:12 - M.J. Grech

Minutos antes de las once de la mañana del 20 de noviembre de 1978, la banda terrorista ETA ametrallaba a treinta y tres policías que jugaban al fútbol en el campo de deportes del cuartel de Basauri. El ataque, efectuado desde la autopista Bilbao-Behovia, provocó la muerte del cabo de la Policía Armada JOSÉ BENITO SÁNCHEZ SÁNCHEZ y el guardia primero BENJAMÍN SANCHO LEGIDO, además de heridas de diferente consideración a un joven que se encontraba en una parada de autobús fuera del cuartel y a otros dieciséis agentes: Leocadio Arenas Galicia, Isaac Javier Bacarizo Bueno, Eusebio Calvo Pujol, Eduardo Castaño Justel, Fernando Cortés Legaz, José Manuel Erguita Moreno, José Falcón Quintero, Fernando Ferrer Conejero, Luis Jodra Benito, Francisco Laplaza Cortes, Ángel Moreno Cantisano, Esteban Rodríguez Saldaña, José Ruiz Álvarez, José Luis Sanz Barco, Juan José Tomás Marteles y Antonio Vaguena Gracia.

En aquella época el campo de deportes del cuartel de Basauri, en las afueras de Bilbao, estaba separado de la autopista por una pequeña valla de medio metro de altura. Las instalaciones albergaban residencias para los agentes, garajes y talleres, además de zonas de deporte, entre ellas un campo de fútbol situado detrás del recinto policial y a unos veinte metros de la autopista. Este hecho fue observado por varios miembros de ETA que vigilaron durante varios días las rutinas de los policías.

El 20 de noviembre, los terroristas se acercaron por la autopista a bordo de tres vehículos –un Seat 127, un Renault 5 y un Seat 132– y se detuvieron en el arcén, en una posición elevada desde la que veían el campo de fútbol del cuartel a unos cincuenta metros del mismo. Empezaron disparando a los centinelas de las dos garitas situadas en el lado opuesto de la explanada para, a continuación, ametrallar indiscriminadamente a los agentes que jugaban un partido de fútbol. Los centinelas consiguieron hacer algunos disparos contra los etarras, pero ninguno de ellos fue alcanzado y lograron darse a la fuga.

Una llamada anónima en nombre de ETA indicó, a primera hora de la tarde, el lugar donde se encontraban atados los propietarios de dos de los tres automóviles que los terroristas habían utilizado en el atentado, después de robarlos a punta de pistola.

En el atentado intervinieron entre ocho y doce terroristas armados, según los casquillos de bala recogidos –en número superior al centenar, de los que unos cien eran del calibre 9 milímetros parabellum, marca Geco, y unos treinta disparados con un Cetme, del calibre 7,62 milímetros–, con metralletas, fusiles Cetme y rifles con mira telescópica. Testigos presenciales del ametrallamiento dijeron que habían visto a siete personas disparando (seis con metralleta y uno con un Cetme repetidor de largo alcance) y a otras tres esperando al volante de los tres coches con los que perpetraron el atentado.

Los heridos fueron trasladados inmediatamente al Hospital Civil de Basurto, en Bilbao, donde el cabo José Benito Sánchez Sánchez y el guardia primero Benjamín Sancho Legido ingresaron cadáveres.

Hacía poco más de un mes que en este mismo cuartel se habían producido unos gravísimos incidentes un día después del asesinato de los policías Elías García González y Ramón Muiño Fernández en un atentado en el que resultaría también gravemente herido el policía José Benito Díaz García, que fallecería el 25 de octubre. Cuatrocientos policías armados protagonizaron un plante colectivo y mandos policiales y políticos fueron insultados por los agentes. Después de los incidentes, se expulsó del Cuerpo a veinticinco agentes que habían participado en los mismos y se decidió el traslado inmediato de una parte de la guarnición de Bilbao –unos trescientos– a otros lugares de España, que tuvieron que ser sustituidos por dos compañías de reserva. Por este motivo, siete de los heridos en el ametrallamiento del campo de deportes y uno de los agentes asesinados, Benjamín Sancho, pertenecían a la Compañía de la Reserva General con base en Zaragoza. El resto formaba parte de la guarnición de Basauri. Seis meses después, el 22 de junio de 1979, el cuartel de Basauri volvería a ser objeto de un ataque terrorista también realizado desde la autopista, aunque esta vez los agentes tuvieron tiempo de repeler la agresión. Sin embargo, en el intercambio de disparos entre policías y terroristas resultó muerto el agente comercial Diego Alfaro Orihuela.

El ametrallamiento hizo que la tensión en el cuartel volviese a aumentar. Poco después del atentado se establecieron severos controles en todos los accesos a Bilbao y en las proximidades del acuartelamiento grupos de policías visiblemente alterados, con uniforme y de paisano, organizaron batidas a pie por la zona. Además, un helicóptero con base en el propio cuartel sobrevoló la zona desde minutos después de cometerse el atentado. Los controles por carretera fueron más severos que en otras ocasiones, y se pararon y registraron todos los coches que iban ocupados por jóvenes. Todo ello provocó enormes atascos y un gran caos circulatorio.

Varios partidos políticos condenaron el atentado perpetrado en Basauri, y a las ocho y media de la noche tuvo lugar en la localidad una manifestación en la que unas trescientas personas, que portaban pancartas firmadas por el Partido Comunista y la Organización Revolucionaria de los Trabajadores, protestaban contra el terrorismo.

Los autores materiales del atentado –entre ocho y doce– no fueron juzgados. En 1980 la Audiencia Nacional condenó a dos penas de 6 años de prisión mayor a Juan José Gaminde Aranguren, en concepto de encubridor por haber refugiado a los terroristas que perpetraron el atentado. En la misma sentencia fue condenado José Manuel Legarreta-Echeverría Gamboa a dos penas de 12 años de reclusión menor como cómplice del atentado.

En diciembre de 1978 se detuvo a José Antonio Torres Altonaga, alias Medios, que proporcionó a la Policía las llaves de un piso en Munguía en el que se guardaba dinero obtenido en diferentes atracos, además de armas, entre ellas las metralletas utilizadas en el atentado contra el cuartel de Basauri. Además, de sus declaraciones se desprende que uno de los autores materiales del asesinato de los dos policías fue Juan María Otegui Elicegui, alias Txato (ABC, 24/12/78), que murió víctima de un atentado de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) en agosto de 1985 en el País Vasco francés, por lo que no pudo ser juzgado.

José Benito Sánchez Sánchez tenía 30 años y era natural de Morille (Salamanca). Estaba soltero aunque tenía planeado casarse en fechas próximas. Había ingresado en el cuerpo de Policía cuatro años antes, en abril de 1974, y meses antes de ser asesinado había sido ascendido a cabo. Pertenecía a la guarnición de Basauri.

 

 

Benjamín Sancho Legido era natural de Monreal de Ariza (Zaragoza), y había ingresado en la Policía en abril de 1973. Era monitor de gimnasia y pertenecía a la Compañía de la Reserva General con sede en Zaragoza, trasladada apenas siete días antes a Vizcaya para reforzar los dispositivos policiales de la provincia.

 

 

Pedro Carbonero, sargento de la Guardia Civil tiroteado y rematado en el suelo por 'Gadafi'

19 de Noviembre de 2011 - 09:10:12 - M.J. Grech

Minutos antes de las nueve de la noche del 19 de noviembre de 1991, Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, asesinaba de dos tiros por la espalda al sargento de la Guardia Civil PEDRO CARBONERO FERNÁNDEZ, mientras paseaba con su novia, Gracia Oliva, por Galdácano (Vizcaya). El sargento cayó al suelo herido y Gadafi lo remató con un tiro en la cabeza. A continuación se montó en un taxi robado, donde le esperaba Javier Martínez Izaguirre, y emprendieron la huida.

Trasladado urgentemente al Hospital de Galdácano por la asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda (DYA) ingresó en el hospital con parada cardiorrespiratoria y tres heridas por arma de fuego: una con orifico de entrada en la nuca y salida en la frente y dos impactos más en los costados, a la altura de la axila. Los médicos certificaron su fallecimiento una hora después de su ingreso en el hospital.

Los asesinos abandonaron el taxi a dos kilómetros del lugar de los hechos, en la calle Larrazabal de Basauri. Hasta ahí se trasladaron artificieros del Cuerpo Nacional de Policía que inspeccionaron cuidadosamente el vehículo, sin resultados, en previsión de que pudiera albergar explosivos. El coche había sido robado a punta de pistola sobre las 20:30 horas en la parada de taxis del propio Galdácano.

En la madrugada del día siguiente, 20 de noviembre, se instaló en el Gobierno Civil la capilla ardiente. El funeral tuvo lugar a la una y media del mediodía en la Iglesia de los Padres Agustinos de Bilbao.

Como pudo confirmarse posteriormente, gracias a la investigación policial y judicial que llevó a la detención y puesta a disposición judicial de los autores materiales y su cómplice, Juan Manuel Tobalina Rodríguez, los terroristas seguían los pasos del sargento y conocían muy bien su costumbre de dar una vuelta por la localidad antes de regresar a la casa cuartel. En 1996 la Audiencia Nacional condenó a Javier Martínez Izaguirre, como autor responsable del asesinato del sargento Carbonero, a la pena de de 30 años de reclusión mayor. La misma sentencia condenó a Juan Manuel Tobalina Rodríguez en concepto de encubridor a 10 años de prisión mayor. Once años después, en enero de 2007, la Audiencia Nacional condenó a Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi, a 30 años de prisión mayor como autor material del asesinato.

Según el relato de los hechos recogido en las dos sentencias, Martínez Izaguirre e Iglesias Chouzas planificaron, con la ayuda de Tobalina Rodríguez, asesinar al sargento Carbonero en noviembre de 1991. Tras someterlo a vigilancia previa para confirmar sus itinerarios y rutinas, intentaron cometer el atentado el día anterior, 18 de noviembre. Ese día, por la tarde, fueron trasladados por Juan Manuel Tobalina en un vehículo hasta Galdácano, donde Gadafi y Martínez Izaguirre tomaron un taxi. Instantes después de iniciado el trayecto se identificaron al conductor como miembros de ETA y le obligaron a que los llevara hasta el barrio de Elejalde, "donde le hacen descender, continuando aquellos con el vehículo". Sin embargo no localizan al sargento y regresan al lugar donde habían dejado al taxista, "obligándole a llevarles hasta Basauri, donde Iglesias Chouzas y Martínez Izaguirre se apean, entregan al conductor 3.000 pesetas (unos 18 euros) y le advierten que no denuncie lo sucedido".

Al día siguiente, 19 de noviembre, ambos volvieron a trasladarse hasta Galdácano. Sobre las 20:40 horas tomaron un taxi y, tras amenazar al conductor mostrándole una pistola, le dijeron "somos miembros de ETA" y le obligaron a que se bajara del coche en las proximidades del Ayuntamiento. A continuación los dos se dirigieron hacia la calle Juan Bautista Uriarte y, a la altura del número 53, localizaron a Carbonero, que regresaba hacia el cuartel de la Guardia Civil en compañía de su pareja. Gadafi se bajó del taxi y, situándose detrás del sargento de la Guardia Civil, le disparó dos tiros que le alcanzaron en la zona izquierda del tórax. Una vez en el suelo, el asesino lo remató con otro disparo a bocajarro en la región occipital. A continuación, huyeron del lugar y se refugiaron en el domicilio de Juan Manuel Tobalina.

En enero de 2008 el Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo en nombre de la novia y los cuatro hijos del sargento asesinado. La sentencia de 2007 establecía una indemnización de 180.000 euros para la pareja de Pedro Carbonero y una cantidad igual para los cuatro hijos, a la que tendrían que hacer frente solidariamente Iglesias Chouzas y Martínez Izaguirre. La familia del sargento asesinado interpuso el recurso por considerar que existía un agravio comparativo en relación a otras indemnizaciones establecidas a otras víctimas del terrorismo.

Pedro Carbonero Fernández, sargento de la Guardia Civil de 54 años, estaba viudo y tenía cuatro hijos, tres chicos y una chica, con edades comprendidas entre los 27 y los 22 años. Natural de la localidad cacereña de Peraleda de San Román, donde fueron inhumados sus restos mortales, llevaba diecisiete años destinado en el País Vasco. Cuando fue asesinado desempeñaba el cargo de jefe del puesto de la Guardia Civil de Galdácano.

José Hernández y Daniel López, policías asesinados en Santurce con un camión-bomba

18 de Noviembre de 2011 - 09:10:12 - M.J. Grech

A la una y cuarto de la tarde del 18 de noviembre de 1990 la banda terrorista ETA hizo explotar una camión-bomba al paso de un convoy policial que regresaba de prestar un servicio de orden público en el campo de fútbol de Santurce (Vizcaya), donde se había celebrado un encuentro de división regional entre el equipo local y el Aragón. El vehículo, una furgoneta Pegaso similar a las que se utilizan para el reparto de bombonas de butano, estaba cargado con cien kilos de amonal y doscientos de metralla y aparcado en un arcén de la carretera cubierto con una lona. El convoy policial circulaba por la carretera que une el barrio de Cabieces con el acceso a la autovía Bilbao-Santander, y el camión-bomba fue activado por control remoto por miembros del grupo Vizcaya de ETA justo cuando el primer vehículo policial tomaba una pequeña curva. La onda expansiva de la bomba afectó de lleno al segundo furgón policial y, pese al blindaje del vehículo, causó la muerte en el acto de los agentes de Policía JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ HERRERA y DANIEL LÓPEZ TIZÓN, e hirió de gravedad a otros dos agentes: Isidro Villalibre Torrada y Antonio Suárez Mujía.

Los dos agentes asesinados viajaban en los asientos delanteros de la furgoneta. La onda expansiva provocó que los cuerpos de los policías salieran despedidos y uno de los fallecidos tuviese que ser recogido por el equipo de socorro a más de ciento cincuenta metros del lugar de la explosión. "Quedaron despedazados" recordaba años después Antonio Suárez, herido en el atentado y con secuelas de por vida (ABC, 12/12/2010).

Todos los agentes pertenecían a una unidad de reserva del Cuerpo Nacional de Policía con base en La Coruña, y estaba previsto que permaneciesen en la provincia de Vizcaya hasta finales del mes de noviembre. Tras el atentado, el Sindicato Profesional de Policía Uniformada pidió al Ministerio de Interior que fuese la Ertzaintza quien se ocupase de la protección en los espectáculos deportivos en el País Vasco.

No era la primera vez que la banda terrorista ETA asesinaba a miembros de las Fuerzas de Seguridad que prestaban servicio de seguridad en partidos de fútbol y otros eventos deportivos. Ya lo hizo el 22 de octubre de 1978 en Guecho, asesinando a tres guardias civiles que volvían del campo de fútbol de Gobelas tras prestar el servicio de seguridad habitual de los domingos en los que había partido oficial. El 5 de noviembre de 1978 la banda asesinaba en Tolosa al guardia civil Mariano Criado Ramajo después de prestar servicio en el campo de fútbol de Berazubi. Y el 4 de octubre de 1980 la banda terrorista asesinaba en Salvatierra a otros tres guardias civiles que iban a regular el tráfico durante la celebración de la tradicional vuelta ciclista de la localidad.

Antonio Suárez, que preside desde septiembre de 2010 la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Gallega (Agavite), sufrió treinta y cuatro o treinta y cinco operaciones, la última en febrero de 2010, y tuvo que abandonar la Policía por las secuelas del atentado. Un bastón le ayuda a caminar porque su pierna derecha está "totalmente destrozada". Junto a su esposa, Montse –"ella ha sido mi enfermera y mi psicóloga. El Gobierno nunca me preguntó si necesitaba asistencia" –, recuerda la desesperación vivida ante la maraña de trámites burocráticos posteriores al atentado. Se jubiló en 1992. "Me costó mucho trabajo, los mandos no querían, decían que qué iba a hacer yo tan joven jubilado... ¡pero si mi pierna estaba para cortar!". Fue como una segunda condena, dice sin comprender aún la falta de tacto de sus jefes.

Estuve seis meses sin cobrar. Me mantuvo mi familia. En cuanto pude, cogí mis muletas y me presenté con los hierros en las piernas en el cuartel de La Coruña. Pedí un anticipo de jubilación y me contestaron: 'Muchachito, búscate la vida, tú ya no eres policía' (ABC, 12/12/2010).

Tras el último comunicado de la banda terrorista ETA, Antonio Suárez quiso puntualizar que "aquí nunca hubo una confrontación armada ni un conflicto político, solo un grupo terrorista que pega tiros en la nuca, pone bombas, extorsiona y lleva cincuenta años privando a mucha gente de libertad". En su opinión ETA ha logrado demasiado, entre otras cosas que tras las elecciones del 20-N estará en la política española. Por ello se pregunta: "¿Por qué no se les dio todo esto hace cincuenta años?" (La Voz de Galicia, 22/10/2011).

En una nota hecha pública por el Ministerio de Interior el 13 de septiembre de 2005, con motivo de la entrega de Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, a España por parte de Francia, se atribuía a este terrorista, entre otros muchos, el atentado que acabó con la vida de los dos agentes de Policía en Santurce.

José Francisco Hernández Herrera tenía 32 años y era natural de Tegueste (Santa Cruz de Tenerife). Destinado a Galicia, allí se casó con una gallega y tuvo dos hijos, que tenían 12 y 8 años cuando asesinaron a su padre. Había ingresado en el Cuerpo Nacional de Policía en 1981. Su familia se enteró de la noticia por el telediario del mediodía en televisión. José Francisco tenía nueve hermanos. Una de ellas, Ángeles, estaba en la cocina cuando escuchó al periodista dar la noticia.

'Eran las dos de la tarde', recuerda. 'Fue la noticia que abrió el informativo. No me acuerdo lo que hice. Mi madre vino corriendo. Vivía al lado. Oyó que había pasado algo, pero no sabía qué. Papá estaba en el bar. Mandamos a mi hija a que le dijera que viniera. En el camino se encontró con otro hermano de José Francisco, que también era policía nacional. Se paró para darles paso a los niños. Entonces ellos le soltaron de repente: 'que mataron a Pepe, que mataron a Pepe' (La Opinión de Tenerife, 20/01/2011).

Más de cien personas fueron al aeropuerto de Los Rodeos a recibir el féretro con los restos mortales de José Francisco, la novena víctima canaria del terrorismo de ETA, que fue enterrada en el cementerio de Tejina.

La familia de José Francisco reconoce haberse sentido arropada, pero principalmente en su localidad natal, donde la mayor parte sigue residiendo. Quienes más lo han reconocido son sus compañeros de lucha canaria de Tegueste. Uno de los trofeos del torneo de San Marcos del deporte vernáculo, de hecho, lleva su nombre, así como el club tiene un retrato suyo en la sede y el Ayuntamiento le puso su nombre a una calle del pueblo (Dani Millet en La Opinión de Tenerife).

Daniel López Tizón tenía 41 años cuando fue asesinado. Era natural de Cayón, pequeña localidad pesquera de La Coruña. Estaba casado y tenía dos hijos de 13 y 10 años. Daniel ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía en 1974. En agosto de 1989 fue destinado a la IX Unidad de Reserva con base en La Coruña y, cuando fue asesinado, estaba prestando veinte días de comisión de servicio excepcional en Vizcaya. Fue enterrado en el cementerio parroquial de la Virgen del Carmen de O Burgo (La Coruña).

Un guardia civil, un teniente, un teniente coronel, y el atentado contra HB en Madrid

17 de Noviembre de 2011 - 09:10:12 - M.J. Grech

Pasadas las seis de la mañana del 17 de noviembre de 1980, la banda terrorista ETA asesinaba en Éibar (Guipúzcoa) al guardia civil JUAN GARCÍA LEÓN, que conducía el primer vehículo de un convoy formado por dos Land Rover y un Seat 131 de la Guardia Civil. El convoy volvía de prestar servicio de vigilancia en la fábrica de armas Star Bonifacio Echeverría de la localidad guipuzcoana. A unos ciento cincuenta metros de la misma, en un punto de la carretera en dirección a Ermua, cinco terroristas les tendieron una emboscada y atacaron el convoy con metralletas, fusiles de asalto y escopetas, además de con dos granadas de mano que no llegaron a explotar. Los asesinos de la banda estaban escondidos en dos sitios distintos: en unas escaleras situadas encima de la estación de servicio de Éibar y debajo de las denominadas Torres de Amaña, por lo que el convoy de la Guardia Civil se vio envuelto en un fuego cruzado.

Los etarras efectuaron más de cien disparos y el primer vehículo, el que conducía Juan García León, recibió el impacto de cuarenta y seis, ocho de los cuales hirieron mortalmente al guardia civil. En el mismo vehículo iba en el asiento del copiloto José Terradillos Piña, y sentado en la parte de atrás Juan Pinilla Méndez. Ambos resultaron ilesos. Gravemente herido, Juan García León fue trasladado en una furgoneta a la casa de socorro de Éibar, donde falleció poco después de llegar.

Los agentes Gregorio González Roldán y Juan Baños López también fueron heridos de gravedad. Gregorio González Roldán, que viajaba en el Seat 131 a unos veinticinco metros del primer vehículo atacado, tardó en curar de sus heridas casi tres meses. Su vehículo fue alcanzado por seis impactos de bala y sin control colisionó contra una valla situada al lado derecho de la calzada. Juan Baños López, que viajaba en el segundo Land Rover, a unos cincuenta metros del Seat 131, no fue dado de alta hasta cinco meses después. En este segundo Land Rover iban los agentes Jesús González Díaz, en el asiento del copiloto, y Juan Varela Utrera, en el asiento posterior.

Los guardias civiles del convoy, incluido Gregorio González Roldán, respondieron con sus armas a los terroristas, pero no llegaron a alcanzar a ninguno de ellos. Los etarras emprendieron la huida en un Citroën GS robado a las tres de la madrugada en Vergara, y a cuyo propietario, Jesús Arenaza Aguiriano que salía de un bar de la localidad, habían abandonado en un monte próximo en Arechavaleta atado a un árbol. El dueño del vehículo consiguió liberarse de las ataduras y dio parte a la Guardia Civil de ese pueblo en torno a las 7:00 horas. El vehículo se encontraría, posteriormente, con las llaves de contacto puestas y las puertas abiertas en la carretera que une Éibar y Elgóibar.

El funeral por Juan García se celebró a las 16:30 horas en la parroquia de San Andrés Apóstol. Asistieron el gobernador general del País Vasco, Marcelino Oreja; el subdirector de la Guardia Civil, general González Lachantra; los gobernadores civil y militar de Guipúzcoa, los concejales del Ayuntamiento de Éibar (a excepción de los de Herri Batasuna) y familiares del fallecido, así como numerosos compañeros de uniforme. Durante la homilía, el capellán castrense, que celebró el acto religioso, pidió a ETA que depusiese las armas o declarase la guerra abierta, para que se la pudiese hacer frente en igualdad de condiciones.

En 1983 fueron condenados a 27 años de reclusión mayor por el asesinato de Juan García León, y a dos penas de 13 años de prisión menor por los asesinatos frustrados de Gregorio González y Juan Baños los etarras Fermín Ancizar Tellechea, Ángel María Recalde Goicoechea y Francisco Martín Robles. En la misma sentencia fueron condenados como cómplices Jesús María Retolaza Loidi a 7 años de prisión mayor –fue quien sometió a vigilancia los convoyes de la Guardia Civil, transmitiendo a ETA la información sobre movimientos, horarios e itinerarios–, y José Antonio Arluciaga Iribar a 13 años de prisión menor –que cobijó en su domicilio a los autores materiales del atentado, los trasladó a Vergara, donde robaron el vehículo utilizado en el atentado, y los recogió después del ametrallamiento del convoy, facilitándoles la huida–. Veintitrés años después del atentado, en marzo de 2003, la Audiencia Nacional condenó a 27 años de reclusión mayor y a dos penas de 18 años de reclusión menor a Pedro José Picabea Ugalde.

Juan García León, de 21 años, era natural de Málaga. Ingresó en la Guardia Civil a los 18 años y fue destinado al núcleo de reserva de la 152 Comandancia de Las Palmas, prestando servicio en el aeropuerto. Poco después solicitó voluntariamente el traslado al País Vasco, entre otros motivos para estar más cerca de la familia, ya que su padre, brigada de la Guardia Civil, estaba destinado en el Parque de Automovilismo de Madrid. García León llevaba quince meses destinado en Éibar y, poco antes de ser asesinado por ETA, había solicitado, y obtenido, el traslado a Santa Cruz de Tenerife. Estaba soltero pero se había prometido con una joven de Elgóibar.

El 17 de noviembre de 1982 fallece en Madrid el teniente del Cuerpo de Músicas Militares CÉSAR UCEDA VERA, incapaz de superar las heridas sufridas un mes antes, el 21 de octubre, cuando fue acribillado a balazos en Bilbao por dos terroristas de la banda ETA. Tras ser tiroteado, la víctima fue llevada urgentemente al Hospital de Basurto, pero unos días después lo trasladaron a un hospital de Madrid donde acabaría falleciendo. Su estado fue calificado de "muy grave" desde el primer momento. César presentaba "cuatro orificios de entrada de bala situados uno en la espalda, en la región dorso-lumbar causante de la parálisis apreciada en la pierna izquierda, otros cuatro en el brazo derecho, así como dos balas alojadas en los dos hemitórax".

El 21 de octubre de 1982, a las 7:10 horas, el teniente Uceda salió de su domicilio para dirigirse al trabajo en el acuartelamiento de Munguía. Se subió a su automóvil y lo puso en marcha, justo en el momento en que dos miembros de la banda, que actuaron a cara descubierta, lo tirotearon. El coche, un Volkswagen, avanzó unos metros sin control y se estrelló contra una tintorería situada a unos diez metros del domicilio del militar.

El Ayuntamiento de Lejona, con la ausencia de los concejales de Herri Batasuna, condenó por unanimidad el atentado contra César Uceda en un comunicado hecho público el 21 de octubre.

En 1984 la Audiencia Nacional condenó a Juan Carlos Echeandia Zorroza a 26 años de reclusión mayor por un delito de asesinato con alevosía. Echeandia fue el encargado de seguir y controlar los horarios y hábitos de César Uceda. En cuanto a los autores materiales, sólo fue condenado en 1991 el etarra Manuel Murua Alberdi, alias El Casero, a 26 años de reclusión. Entre otros atentados, El Casero participó, presuntamente, en el secuestro y tortura de tres jóvenes gallegos residentes en Irún, que cruzaron la frontera y desaparecieron para siempre en algún lugar del sur de Francia.

César Uceda Vera, de 47 años, estaba separado, tenía nueve hijos y desde seis años antes vivía con una segunda mujer. Era natural de Andújar (Jaén), pero siendo niño se trasladó con su familia a San Sebastián, primero, y a Bilbao, después. Estaba adscrito al regimiento de Infantería Garellano número 42, de Bilbao, donde ingresó por oposición como brigada músico en 1970. En el momento del atentado era profesor de Armonía en el Conservatorio de Música de Lejona, del que fue cofundador, y perteneció a la Orquesta Sinfónica de Bilbao en la especialidad de instrumentista de viento. César Uceda hizo la carrera de Musicología y había comenzado a estudiar la de Físicas. Una de sus hijas, María Uceda, contó de él que

Era un hombre polifacético: daba clases de matemáticas, era músico, militar y, además, empresario. Entró en el Ejército por oposición a los treinta y cuatro o treinta y cinco años; creo que era el último año que podía acceder (...) Supongo que se metió porque viendo los muchísimos hijos que tenía pensaría que era bueno para asegurar el futuro (...) Le gustaba mucho la docencia, amaba a sus alumnos (Arteta, I., Galletero, A., Olvidados, Adhara, 2006).

En 2006 el Ayuntamiento de Lejona creó un Premio con su nombre para Jóvenes Intérpretes.

A las 17:00 horas del 17 de noviembre de 1989 Jacques Esnal y Henri Parot asesinaban en Madrid al teniente coronel del Ejército de Tierra JOSÉ MARTÍNEZ MORENO y herían al soldado conductor Alfonso de los Reyes Cobertera Zurita. Fue el último asesinato de los cerca de treinta que cometió el sanguinario Parot durante doce años de actividad criminal antes de su detención en Sevilla en abril de 1990.

El teniente Martínez Moreno se dirigía a su domicilio en el vehículo oficial tras terminar su jornada laboral en el Cuartel General del Ejército. Esnal y Parot pusieron el vehículo en el que viajaban a la altura del coche oficial cuando este se detuvo en un semáforo en rojo en la glorieta de Carlos V, frente a la sede del Ministerio de Agricultura. Uno de ellos se bajó del vehículo y el otro disparó sin bajarse, acribillando a balazos al militar, que falleció en el acto. Los terroristas abandonaron el lugar a toda prisa en dirección a la avenida de la Ciudad de Barcelona. En el lugar de los hechos se recogieron un casquillo del calibre 9 milímetros parabellum, así como once casquillos y cinco cartuchos sin percutir que, según se publicó, correspondían a un arma automática de fabricación checa o soviética (ABC 19/11/1989).

Alfonso de los Reyes Cobertera, de 20 años, resultó herido en la región cervical, recibiendo el alta médica seis días después. A Alfonso le quedaba apenas una semana para licenciarse.

La capilla ardiente del teniente coronel José Martínez fue instalada en el Cuartel General del Ejército de Tierra, donde fue velado por familiares y compañeros. Sus restos mortales fueron enterrados en el cementerio sur de Madrid. Su padre, comandante de Artillería retirado de 93 años, asistió a las honras fúnebres, además de numerosas autoridades.

Tres días después del asesinato de Martínez Moreno, varios diputados electos del brazo político de ETA, Herri Batasuna, se encontraban en Madrid para recoger sus credenciales como diputados y senadores, obtenidas en las elecciones del 29 de octubre. Los batasunos se encontraban alojados en el Hotel Alcalá y la noche del 20 de noviembre, dos individuos entraron y dispararon contra Iñaki Esnaola –que había actuado como abogado defensor de los asesinos del teniente coronel Carlos Vesteiro, el comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas y el soldado conductor Francisco Casillas en 1986–, Jon Idígoras Gerrikabeitia y Josu Muguruza Guarrochena. En el ataque resultó muerto Josu Muguruza y herido grave Iñaki Esnaola. Jon Idígoras resultó ileso. Josu Muguruza, tercero por la lista de Vizcaya y redactor jefe del diario proetarra Egin, había sustituido a Tasio Erkicia. En 1993 la Audiencia Nacional condenó al policía nacional Ángel Duce Hernández a casi cien años de cárcel por un asesinato consumado y otro frustrado. Estuvo también procesado Ricardo Sáenz de Ynestrillas, hijo del comandante asesinado, que fue absuelto por falta de pruebas. Ángel Duce falleció en 1997 en un accidente de tráfico mientras disfrutaba de un permiso penitenciario.

De las investigaciones policiales y judiciales sobre el atentado que acabó con la vida del teniente coronel Martínez Moreno se determinó que Jacques Esnal y Henri Parot se encontraban en otoño de 1989 en Madrid donde, por orden del dirigente de la banda Francisco Múgica Garmendia, buscaban un objetivo militar contra el que atentar. El dirigente etarra les había proporcionado, además, armas que guardaron en un zulo construido anteriormente. En 1991 la Audiencia Nacional condenó a Parot a 51 años como autor del atentado. Su detención en Sevilla puso fin a una sanguinaria carrera que se inició el 2 de noviembre de 1978 con el asesinato del empresario José Luis Legasa Ubiría. Jacques Esnal, por su parte, cumple cadena perpetua en Francia desde 1997. Fue autor de veintiún atentados terroristas cometidos entre 1978 y 1989, que provocaron la muerte a treinta y ocho personas y heridas a más de doscientas. En 2002 fue condenado a 55 años de prisión mayor Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito, por un asesinato consumado y otro frustrado.

José Martínez Moreno, de 51 años, estaba soltero. Estaba destinado en el Cuartel General del Ejército de Tierra, en la Inspección de Artillería.

Mateu Cánoves, magistrado del TS, Juan Luis Aguirreurreta y Joseph Couchot

16 de Noviembre de 2011 - 09:10:12 - M.J. Grech

A las diez menos veinte de la mañana del 16 de noviembre de 1978, Henri Parot y otros miembros del grupo Argala de ETA asesinaban a tiros en Madrid a JOSÉ FRANCISCO MATEU CÁNOVES, magistrado suplente de la Sala Sexta del Tribunal Supremo y antiguo presidente del desaparecido Tribunal del Orden Público (TOP). Era el segundo asesinato de Parot y su grupo después de haber acabado con la vida de José Luis Legasa Ubiría el 2 de noviembre, en venganza por la denuncia que dos años antes había hecho este empresario contra el aparato de extorsión de la banda.

Con información que les proporcionó Domingo Iturbe Abasolo, el grupo Argala hizo un primer viaje a Madrid para comprobar los datos sobre el domicilio del magistrado, sus horarios, itinerarios y demás rutinas. Con esos datos regresaron al sur de Francia y, pocos días después, volvieron a la capital, robaron dos motos y esperaron a José Francisco Mateu en las cercanías de su domicilio en la calle María de Molina, sabiendo que saldría del mismo en torno a las 9:30 horas. El magistrado era un hombre muy metódico y, como todos los días, dobló la esquina de la calle Claudio Coello para dirigirse a su trabajo. Apenas había recorrido doscientos metros desde el portal de su domicilio, cuando dos de los terroristas, que le esperaban agazapados entre dos coches aparcados en esa calle, se abalanzaron sobre él y le dispararon a quemarropa, provocándole la muerte en el acto. El rebote de uno de los proyectiles hirió de carácter leve en un tobillo al portero de un edificio cercano.

Tras tirotear al magistrado los dos pistoleros huyeron en las motos, en las que les esperaban otros dos terroristas. La Policía tardó quince minutos en llegar al lugar de los hechos debido al intenso tráfico que había a esas horas en Madrid. Sin embargo, la agencia Europa Press especuló con la posibilidad de que un grupo de apoyo a los autores materiales del atentado hubiera formado voluntariamente un atasco de tráfico en la zona, con el fin de facilitar su huida ya que, durante algunos minutos, no transitó por la calle Claudio Coello ningún vehículo. Estas especulaciones no fueron confirmadas por la nota oficial que hizo pública la Policía. En el lugar de los hechos se recogieron cinco casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca FN, y una granada sin explosionar que los terroristas perdieron en su huida, además de un cargador. Según otras versiones recogidas de declaraciones a testigos presenciales, tras asesinar al magistrado los terroristas quisieron poner en marcha la moto y, al no poder, empezaron a cundir los nervios, pues varios transeúntes comenzaron a gritarles "asesinos, asesinos". Por ese motivo, tiraron la granada, que no explotó, y tras conseguir poner en marcha la moto, emprendieron la huida.

Inmediatamente después de la llegada de la Policía al lugar del atentado, José Francisco Mateu fue trasladado a la Ciudad Sanitaria La Paz, donde los médicos de guardia no hicieron otra cosa que certificar su defunción y ordenar el traslado del cadáver al pabellón de anatomía patológica del centro, donde le fue realizada la autopsia.

Uno de los hijos de José Francisco, Jaime Mateu, recibió la noticia del asesinato de su padre por los periodistas que se habían desplazado a la calle Claudio Coello, señalando que "esto ya se veía venir". Cuando le preguntaron si su padre había recibido amenazas recientes, respondió que sí, "de ETA y toda esa gente".

Por la tarde se instaló la capilla ardiente en el Salón de los Pasos Perdidos, en la sede del Tribunal Supremo. Al día siguiente, 17 de noviembre, a las doce de la mañana, José Francisco Mateu fue enterrado tras la celebración de la misa de cuerpo presente en la Iglesia de Santa Bárbara. El funeral transcurrió en medio de una gran tensión, con constantes gritos e insultos contra el Gobierno, hasta el punto de que el sacerdote oficiante tuvo que llamar al orden a los asistentes. Entre fuertes medidas de seguridad, con los alrededores tomados por las Fuerzas Antidisturbios, abandonó el templo el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, y demás autoridades que asistieron al funeral. Posteriormente, los restos mortales del magistrado fueron enterrados en el cementerio de La Almudena, de Madrid, entre escenas de dolor de los familiares y nuevos gritos contra el Gobierno y de "Ejército al poder".

El atentado fue condenado por fuerzas políticas de todos los signos políticos, por centrales sindicales, personalidades públicas y diversos colectivos profesionales próximos a la Administración de Justicia. Sin embargo, el senador independiente Lluís María Xirinacs, hizo unas declaraciones que dieron lugar a una investigación de la fiscalía, instada por el Ministerio de Interior, por posible apología del terrorismo, al señalar que la violencia que había sufrido el magistrado Mateu Cánoves al ser asesinado era cualitativamente inferior a la que habían sufrido las personas condenadas por el Tribunal de Orden Público.

Al día siguiente del asesinato, ETA reivindicó el mismo mediante llamada a diferentes medios de comunicación de Bilbao. En 1991 la Audiencia Nacional condenó a Henri Parot a 29 años de reclusión mayor por el asesinato de José Francisco Mateu Cánoves.

José Francisco Mateu Cánoves, de 58 años, era natural de Burjasot (Valencia). Estaba casado y tenía siete hijos. Uno de ellos, Ignacio Mateu Istúriz, estaba en la Academia General Militar cuando su padre fue asesinado. Tras licenciarse y pedir una gracia especial, ingresó en la Guardia Civil. En 1986, Ignacio fue asesinado por la banda terrorista ETA en un atentado perpetrado con una bomba trampa en Arechavaleta (Guipúzcoa). José Francisco Mateu Cánoves ingresó en la carrera judicial en 1947 y estuvo destinado en diferentes juzgados. Posteriormente, como miembro del cuerpo de Magistrados de Trabajo, estuvo destinado en Lugo, Mieres, Orense y la Audiencia Provincial de Lérida. Formó parte del Tribunal de Orden Público desde su constitución en 1964 y hasta su disolución en 1977, primero como juez y, desde 1968, como presidente. Cuando fue asesinado era magistrado suplente de la Sala Sexta del Tribunal Supremo.

A las 14:30 horas del viernes 16 de noviembre de 1979, dos miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas asesinaban a tiros en la localidad guipuzcoana de Mondragón a JUAN LUIS AGUIRREURRETA ARZAMENDI, administrativo en la empresa Pinturas Velasco. Los dos terroristas le esperaban ocultos detrás de una furgoneta y, cuando pasó Juan Luis, se colocaron detrás de él y abrieron fuego con sus pistolas. La víctima fue alcanzada por once disparos en distintas partes del cuerpo, cayendo al suelo herida de muerte. Juan Luis fue trasladado urgentemente en una furgoneta particular al centro asistencial de Mondragón, donde ingresó cadáver.

Tras cometer el atentado, los dos pistoleros de la banda se montaron en un Morris MG, en el que esperaba un tercer terrorista, y emprendieron la huida en dirección a Ondárroa. El vehículo había sido robado previamente y a su propietario lo habían dejado atado a un árbol.

El Ayuntamiento de Mondragón suspendió el pleno ordinario previsto para el día en que se produjo el atentado y, en sesión urgente, condenó el crimen y mostró su indignación por el nuevo atentado de la banda. La moción contó con trece votos a favor y cuatro abstenciones. Además, los concejales guardaron un minuto de silencio en repulsa por el asesinato.

Los CAA reivindicaron el atentado mediante una llamada al diario Deia y, posteriormente, emitieron un comunicado en el que acusaban a la víctima de ser confidente de las Fuerzas de Seguridad, dirigir a los grupos de extrema derecha y haber pertenecido a la Policía político-social. Su familia salió al paso indicando que era apolítico y desmintió los rumores que relacionaban a Juan Luis con los Guerrilleros de Cristo Rey.

La capilla ardiente se instaló a última hora de la noche en el propio domicilio de la víctima, y el  funeral se celebró al día siguiente, sábado 17 de noviembre, a las seis de la tarde, en la Iglesia del Convento de los Padres Franciscanos.

En 1982 la Audiencia Nacional condenó a Vicente Senar Huete a 22 años de reclusión mayor en concepto de cooperador necesario. En 1991 fue condenado a 28 años de reclusión mayor como autor material Juan Carlos Arruti Azpitarte, alias Paterra. Tras cometer varios atentados con los CAA, la marca B de ETA, Paterra siguió su "carrera" como terrorista dentro de su hermana mayor, ETA militar. Fue detenido en septiembre de 1989 cuando se disponía a huir a Francia con otros dos miembros del grupo Araba de ETA –Manuel Urionabarrenechea Betanzos, alias Manu, y Juan Oyarbide, alias Txiribita– que resultaron muertos al enfrentarse a tiros con los agentes. Paterra ha sido condenado a penas que suman 1.200 años de prisión por, entre otros, catorce asesinatos cometidos como miembro de los CAA, primero, y de ETA, después. La aplicación de la doctrina Parot impidió que el asesino saliese de la cárcel en febrero de 2010, en vez de en 2019, cuando se completarán treinta años de cumplimiento efectivo de la misma.

Juan Luis Aguirreurreta Arzamendi tenía 32 años y era natural de Mondragón. Estaba casado y tenía dos hijos de 5 y 3 años. Hasta 1971 había trabajado en una empresa de construcción y de ahí pasó a trabajar en el departamento de contabilidad de Pinturas Velasco. Su hijo, Mario Aguirreurreta Herrera, escribió una carta pública en febrero de 2009 en la que se quejaba de la utilización de las víctimas y de la división que se hace entre ellas:

"Cansado ya de sentirme como un títere en manos de todo aquel que quiere utilizar lo vivido por las víctimas del terrorismo para conseguir alcanzar una meta en su carrera como político, me decido a escribir estas líneas (...) Tengo 32 años y hace veintinueve que asesinaron a mi padre. En todo este tiempo he tenido que aguantar cómo han utilizado su muerte, unos para ganar votos en las urnas y justificar ciertas actitudes políticas, y otros para tener contra las cuerdas al Gobierno central, como ellos lo denominan. Por ello quiero que, a partir de ahora, cada vez que se acuerden de las víctimas para atacarse dejen al margen a uno de esos asesinados, a mi padre. Estoy cansado de las noticias sobre las ayudas que supuestamente nos llegan, tanto económicas como laborales o de apoyo emocional. Y quiero que se sepa que a mí nunca me han llegado. (...) Hasta la fecha, cada vez que en mi vida personal he prosperado he tenido que oír comentarios en mi entorno dando a entender que lo he hecho con la ayuda del Gobierno Vasco o del de España, o incluso de Europa. Y lo que nadie sabe es que para conseguir todo lo que he conseguido he tenido que luchar más que nadie porque a mí siempre me ha faltado la ayuda de un padre. En mi vida, a las zancadillas que todo el mundo se encuentra, ha de sumársele, además, el estigma de ser víctima del terrorismo de hace veintinueve años. En aquellos tiempos las víctimas éramos leprosos: todo el mundo huía de nosotros, nos daba la espalda. Y por si ese sufrimiento y ese aislamiento hubiera sido poco, ahora tengo que aguantar que mis queridos gobiernos, tanto el de Euskadi como el de España, consideren que hay dos tipos de víctimas: las de primera categoría y las de segunda. Bueno, de tres clases, me olvidaba de las supervíctimas mediáticas -todos sabemos quiénes son-: las de categoría especial. Por desgracia yo pertenezco a las de segunda categoría, ésas a las que llaman las víctimas olvidadas, las que son una carga para los dos gobiernos. Las que después de haber vivido el cobarde asesinato de un ser querido y de aguantar que se nos tratara como leprosos, debemos soportar ahora que nuestros gobiernos se rían de nosotros porque el crimen se cometió antes de 1984 (...) Me conformo con que quien me lea sepa que cuando a los políticos se les llena la boca hablando de las víctimas lo hacen de aquéllas que tuvieron la "suerte" de serlo a partir de 1984 o de las que todo el mundo sabe por ser mediáticamente un filón. Pero nunca de las anteriores a ese año (...) Sólo quiero decirles a los políticos de este país que no creo en uno solo de ellos, me da igual las siglas de su partido (...) Espero que, después de leer esto, los ciudadanos seáis conscientes de que cuando vuestros políticos hablan de las víctimas o de la forma de conseguir la paz lo hacen con el fin de ganarse vuestros votos (...) Estas líneas las escribo a título personal, manteniendo totalmente al margen a cualquier persona cercana, a pesar de que ellas posiblemente también firmarían esta carta (ABC, 11/02/2009).

A las dos menos cuarto de la tarde del día 16 de noviembre de 1984 la banda terrorista ETA asesinaba en Irún al empresario vasco-francés JOSEPH COUCHOT, que había sido señalado dos meses antes en varias revistas españolas de información general como relacionado con la ultraderecha francesa y los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), además de como colaborador de los servicios policales españoles. El empresario se encontraba en un restaurante del barrio de Behovia, en el límite de la frontera con Francia, cuando dos hombres y una mujer encapuchados y armados irrumpieron en el comedor y dispararon a corta distancia contra el ciudadano francés. Couchot cayó desplomado al suelo y allí fue rematado con un disparo en la cabeza.

A continuación los terroristas emprendieron la huida en un vehículo robado en Rentería, con su propietario encerrado en el maletero. El coche fue abandonado con su dueño dentro en la plaza de San Juan de Irún. En el momento del atentado, en el restaurante comían media docena de clientes, además de Couchot.

El nombre de Couchot apareció en los medios de comunicación asociado a los GAL por primera vez el 3 de septiembre, concretamente en el semanario Tiempo. En el mismo se indicaba que Couchot había refugiado en su casa al industrial Víctor Manuel Navascués, a quien la Policía buscaba en aquellas fechas por su presunta participación en el asesinato del trabajador de Hendaya Jean Pierre Leiva el 1 de marzo de 1984. Se recogían también declaraciones de Daniel Fernández Aceña, presunto miembro del GAL en prisión cuando Couchot fue asesinado, en las que atribuía a Navascués la dirección del comando que asesinó a Leiva. Además, se insinuaba que Couchot estaba relacionado con Jean Philippe Labade, detenido también como presunto miembro de los GAL, y que había escondido en su domicilio de Anglet a los que habían atentado contra los etarras Tomás Pérez Revilla y Ramón Orbe Etxeberría el 15 de junio de 1984. El primero de ellos -un histórico de ETA que se llevó a la tumba parte del secreto de lo que pasó con tres jóvenes gallegos que cruzaron al sur de Francia, fueron secuestrados y torturados hasta la muerte, y nunca más se supo de ellos-, fallecería semanas después a consecuencia de las heridas sufridas. Meses después de la publicación de este reportaje, Víctor Manuel Navascués se personó en un juzgado y fue puesto en libertad bajo fianza.

El semanario vasco-francés Enbata y la revista Punto y Hora de Euskalherria se hicieron eco de estas y otras situaciones relacionadas, presuntamente, con Joseph Couchot. El mismo día de su asesinato, esta última revista publicaba una carta de la víctima en la que responsabilizaba al director de la misma de lo que pudiera ocurrirle. Couchot responsabilizaba al director de la publicación de "cuanto pueda ocurrir a mis cercanos, mis negocios y a mi persona como consecuencia del artículo antes citado". Por otra parte, una voz anónima en nombre de los GAL negó, en llamada telefónica a los medios de comunicación vascos, la pertenencia de Couchot a dicha organización.

No era la primera vez que la aparición de informaciones en la prensa era el preludio de un asesinato de ETA. Jesús García García y Alfredo Ramos fueron asesinados en enero de 1980 por la banda después de que en la revista Interviú Xavier Vinader Sánchez publicase una entrevista a Francisco Ros, un policía destinado en el País Vasco, en la que daba los nombres de personas vinculadas presuntamente a la ultraderecha. Meses después del asesinato de Couchot, el 16 de agosto de 1985, la banda terrorista ETA asesinaba en Castellón a Clément Perret, cuyo nombre también había aparecido en medios de comunicación españoles relacionándolo con los GAL.

En 1986 la Audiencia Nacional condenó a José Ángel Aguirre y Ramón Zapirain Tellechea, integrantes del grupo Oker de ETA, a 29 años de reclusión mayor por el asesinato de Joseph Couchot. Años después, en 2002, fue condenada a la misma pena y por el mismo asesinato Idoia López Riaño, alias La Tigresa. El de Couchot fue el primer asesinato cometido por la sanguinaria terrorista, que suma 2.111 años de cárcel por su participación en 23 asesinatos, entre ellos la masacre de guardias civiles en la Plaza de la República Dominicana de Madrid, el 14 de julio de 1986. Detenida en Marsella en 1994, La Tigresa fue extraditada a España en 2001 tras cumplir una pena de cinco años en Francia, acusada de asociación de malhechores. Pese a que en los procesos que se han seguido contra ella en España, la asesina no ha dado nunca muestras de arrepentimiento, ni ha tenido intención alguna de colaborar con la justicia, además de haber provocado diversos incidentes en la Audiencia Nacional, en junio de 2011 se ha visto beneficiada por las medidas de acercamiento a la prisión alavesa de Nanclares de Oca, después de que la etarra firmara la carta de arrepentimiento que el Ministerio de Interior, con Alfredo Pérez Rubalcaba a la cabeza, exige a los miembros de ETA que quieran ser acercados al País Vasco.

En el asesinato de Joseph Couchot participó también el etarra Arturo Cubillas Fontán, que vive desde hace años protegido por la Venezuela de Hugo Chávez, trabajando en el Instituto Nacional de Tierras (INTI), organismo encargado de las polémicas expropiaciones de tierras emprendidas por el régimen bolivariano. La causa ha sido finalmente considerada prescrita, por lo que el etarra no podrá ser juzgado por este asesinato.

Joseph Couchot, de 49 años, había nacido en la localidad francesa de Anglet. Estaba casado y tenía empresas tanto en Francia como en España, por lo que además de su residencia en Biarritz, tenía otra vivienda en Fuenterrabía. En los meses anteriores a su asesinato había fijado su residencia en Fuenterrabía, ya que tenía algunos problemas con el Tribunal de Pau por asuntos de contrabando (ABC, 17/08/1985).

Emilia Larrea, víctima de un tiroteo, e Ignacio Bañuelos, vendedor ambulante

15 de Noviembre de 2011 - 09:10:13 - M.J. Grech

El 15 de noviembre de 1978 resultó muerta en Mondragón (Guipúzcoa) EMILIA LARREA SÁEZ DE ADACIA, vecina de la localidad que se vio envuelta en un tiroteo entre dos patrullas de la Guardia Civil y miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalista (CAA), que acababan de atacar el cuartel de Arechavaleta. Además, en el tiroteo también murieron dos terroristas de la banda, Roberto Aramburu Uribarren y José María Iturrioz Garmendia, y el tercero, Emilio Zurutuza Odriozola, fue herido de gravedad y detenido. En el intercambio de disparos, además de la fatal muerte de Emilia Larrea, otros tres vecinos de Mondragón resultaron heridos de diversa consideración.

Todo se había iniciado en torno a las 18:00 horas de ese 15 de noviembre, cuando tres miembros de los CAA, a bordo de un Renault 12, ametrallaron la casa cuartel de la Guardia Civil de Arechavaleta (Guipúzcoa) sin llegar a causar víctimas. Los agentes repelieron la agresión y los etarras se dieron a la fuga. Inmediatamente, los guardias civiles del cuartel iniciaron una persecución hasta Mondragón, donde los terroristas tuvieron que reducir la velocidad debido a la congestión de tráfico en la localidad. 

A partir de aquí las versiones difieren. Desde el Gobierno Civil de Guipúzcoa se dijo que los terroristas se apearon del vehículo, iniciándose un intercambio de disparos entre ellos y los guardias civiles, en el curso del cual falleció Emilia Larrea. Sin embargo, los vecinos del pueblo denunciaron que los heridos civiles se produjeron cuando, tras el primer tiroteo entre guardias civiles y terroristas, llegaron más agentes de Mondragón en otro vehículo. Éstos vieron a sus compañeros, que iban de paisano, armados con metralletas, y los confundieron con terroristas. Se produjo entonces un nuevo tiroteo (esta vez entre guardias civiles) que provocó que Emilia Larrea fuese herida mortalmente.  

De acuerdo con esta segunda versión, el socialista Txiki Benegas, titular de la Consejería de Interior del Consejo General vasco, emitió un comunicado que se hizo público al día siguiente. En él se relataba que dos de los terroristas intentaron darse a la fuga, sin llevar armas, y fueron abatidos por los guardias civiles de paisano que les estaban siguiendo desde el cuartel de Arechavaleta. Al tercer terrorista, que estaba en el interior del vehículo, le dispararon y lo sacaron herido fuera del mismo. Muy pocos minutos después de ese primer intercambio de disparos, llegó a Mondragón otro vehículo con más guardias civiles, también de paisano. Al ver a varios hombres armados con metralletas, y creyendo que eran los terroristas, abrieron fuego en esa dirección, provocando la muerte de Emilia Larrea. La nota hecha pública por Txiki Benegas era durísima y en ella se podía leer: "La irracional lógica de la violencia es la que explica tanto la agresión al cuartel de la Guardia Civil como la respuesta que causa la muerte de los agresores. (...) En todo caso, lo que resulta evidentemente inexplicable es la actuación posterior de una fuerza pública que irreflexivamente dispara de forma que causa una muerte y varios heridos en la población civil. Tal acto debe ser enjuiciado con una gran serenidad, pues obedece a una de estas dos causas: o bien una irresponsable falta de reflexión, o bien una actitud todavía más peligrosa: la de una fuerza que actúa sobre una población como sociedad enemiga".

Semejante comunicado firmado por Benegas provocó todo tipo de reacciones. En primer lugar, por parte del ministro de Interior, Rodolfo Martín Villa, que criticó el comunicado en una carta enviada a Ramón Rubial, presidente del Consejo General vasco. En la misma calificaba de "intolerable" la postura de algunos partidos políticos y se señalaba que "o se apoya al terrorismo, o se apoya a quienes han elegido la dura y abnegada misión de hacerle frente". En segundo lugar, el Gobierno Civil de Guipúzcoa hizo pública una nota en la que se decía que los guardias civiles habían actuado conforme al "estricto cumplimiento de su deber", persiguiendo y haciendo frente a "unos reconocidos terroristas que minutos antes habían intentado un nuevo asesinato del guardia de puertas del cuartel de la Guardia Civil de Arechavaleta". De hecho, la casa cuartel de Arechavaleta fue alcanzada por veinticinco impactos de bala, algunos de ellos en los pasillos de los pabellones familiares.

Pero la polémica no hizo sino aumentar, pues los sucesos de Mondragón provocaron la convocatoria por parte de varios partidos nacionalistas de una huelga general en Guipúzcoa, que paralizó gran parte de la actividad económica el día 17 y que hizo que el 18 esa provincia amaneciese sin periódicos, por acuerdo mayoritario de los profesionales de los medios de comunicación, que también se sumaron a la huelga. Frente a esa unanimidad de los profesionales de la prensa, Jaime Campmany escribió en ABC en su edición del 21 de noviembre:

A gentes como las que actúan bajo la disciplina militar de ETA y que quieren imponer el imperio del crimen no se les puede decir con flores. Si los políticos siguen diciéndoselo con flores, nos cubrirán a todos de crisantemos. No se puede enviar jazmines a sofocar a las Parabellum.

Efectivamente, los tres terroristas no sólo habían ametrallado la casa cuartel, sino que en el coche utilizado para cometer el atentado se decomisaron varias armas –dos metralletas, una granada de piña, una escopeta de cañones recortados, dos pistolas y una navaja– y accesorios para las mismas. La pistola que se le incautó a Emilio Zurutuza Odriozola había sido utilizada para asesinar al cabo de la Guardia Civil Aurelio Salgueiro López el 28 de agosto y al cabo Anselmo Durán Vidal el 9 de octubre. La trágica muerte de una vecina de Mondragón no se habría producido, en ningún caso, si previamente los terroristas no hubiesen intentado asesinar a los guardias civiles de la casa cuartel de Arechavaleta.

Al día siguiente del atentado hacia las once de la mañana, unas dos mil personas se manifestaron en Mondragón y, al llegar al lugar donde tuvo lugar el tiroteo, dieron gritos a favor de ETA y contra las Fuerzas de Orden Público. A las siete de la tarde se celebraron los funerales. En el de Emilia Larrea, familiares y amigos llenaron la iglesia, pero la asistencia fue multitudinaria en el de los terroristas, en el que centenares de personas tuvieron que seguir el oficio desde el exterior del templo. El sacerdote dijo que "si estos dos hombres luchaban por buscar la libertad, ahora la encontrarán en el Señor".

Tras los entierros, se volvieron a manifestar miles de ciudadanos (siete mil según los convocantes y tres mil según el Gobierno Civil) gritando, otra vez, contra la Guardia Civil, las Fuerzas de Orden Público y Martín Villa, y a favor de ETA. Los manifestantes llegaron a estar a unos cien metros del cuartel, por lo que la Guardia Civil se vio obligada a actuar, produciéndose algunos choques de mucha dureza hasta bien entrada la noche, aunque no hubo que lamentar heridos ni se produjeron detenciones. Hubo también ataques de proetarras con cócteles molotov contra una sede del Banco Santander, que provocó un aparatoso incendio, y otras sucursales bancarias, además de contra la sede de Comisiones Obreras (CCOO).

También en San Sebastián hubo incidentes cuando varios cientos de manifestantes, que fueron creciendo en número hasta llegar a los dos mil quinientos, tuvieron que ser disueltos por la Policía Armada. Hubo enfrentamientos, barricadas y persecuciones de individuos violentos, en especial en el Casco Viejo y en el barrio de Gros. En Vergara, Rentería, Pasajes, Éibar, Villafranca, Irún, Tolosa, Legorreta, Azcoitia, Placencia, Hernani, Andoain, Arechavaleta, Oñate y otras localidades de la provincia hubo paros aislados y manifestaciones sin incidentes.

Emilia Larrea Sáez de Adacia tenía 54 años. Estaba casada y tenía tres hijos. Tras el funeral por su alma celebrado en la Iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza de Mondragón, sus restos mortales fueron trasladados al cementerio de la localidad guipuzcoana, donde fueron inhumados.

A las seis y diez de la tarde del día 15 de noviembre de 1989 la banda terrorista ETA asesinaba en Bilbao al vendedor ambulante IGNACIO BAÑUELOS LASSO mediante la colocación de una bomba-lapa en los bajos de su camión.

La explosión se produjo en el bilbaíno barrio de Uribarri. Ignacio acababa de salir de su domicilio y, al poner en marcha su vieja camioneta Avia, la vibración del motor provocó el estallido del artefacto, adosado debajo de la aleta izquierda. El estallido alcanzó de lleno a Ignacio, que perdió el control de la camioneta y fue a estrellarse contra la fachada de una antigua discoteca. El cadáver quedó atrapado en la cabina, con la pierna izquierda casi seccionada del tronco.

Ignacio "tenía fama de traficante de droga en el barrio", según declararon algunos vecinos, algo que desmintieron sus familiares. Una sobrina de Ignacio, Natividad Bañuelos, de 17 años, comentó que su tío Ignacio se había dedicado en el pasado al tráfico de heroína, pero aseguró que había abandonado aquella actividad hacía un año y que ahora vivía de la venta de chatarra.

La familia Bañuelos había sido ya víctima de la banda. El 7 de octubre de 1988, un primo de Ignacio, Ramón Bañuelos, había sido asesinado por el mismo procedimiento de la bomba-lapa. Con posterioridad al asesinato de Ignacio, en enero de 1991 dos mujeres de la misma familia, María García Bañuelos y su hija, Laura Manzanares García, de 11 años, fueron heridas de gravedad mediante una bomba adosada a los bajos de la furgoneta que ocupaban.

Ignacio Bañuelos Lasso tenía 26 años. Estaba casado y tenía dos hijos. Era natural de Guardo (Palencia). Se dedicaba a la recogida de quincalla, objetos usados y a la venta ambulante. El gobernador civil de Vizcaya, Daniel Vega, aseguró el mismo día del atentado que ETA, otra vez, se atribuía "el papel de juez, verdugo y fiscal", declaraciones casi calcadas a las que realizó un año antes tras el funeral por Ramón Bañuelos.

Vicente Zorita Alonso, miembro de la ejecutiva de Alianza Popular de Vizcaya

14 de Noviembre de 2011 - 09:10:12 - M.J. Grech

En la noche del viernes 14 de noviembre de 1980, la banda terrorista ETA secuestraba y asesinaba una hora después en Santurce (Vizcaya) a VICENTE ZORITA ALONSO, empleado de Altos Hornos y miembro de la ejecutiva popular de Alianza Popular de Vizcaya. La víctima había salido de casa a última hora de la tarde del viernes a tomar unos vinos con los amigos. Una de sus hijas, de 15 años, confirmó que había visto a su padre regresando a casa hacia las 22:00 horas. Al parecer, en ese momento varios terroristas, que le estaban esperando en el portal de su domicilio, lo secuestraron. Hacia las 23:00 horas unos jóvenes, que dieron aviso a la Policía Municipal, encontraron el cuerpo de Vicente con un gorro de lana que le cubría la cara y acribillado a balazos en un camino del barrio de Cabieces, en Santurce. Le habían tapado la boca con la bandera de España. El cuerpo presentaba siete u ocho impactos de bala y otro noveno en la cabeza, que la Policía cree que fue el de remate. En el lugar de los hechos se recogieron casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca FN.

Minutos antes de las 23:30 horas se recibía en el diario Egin una llamada de un hombre que reivindicó el atentado para "ETA militar de Santurtzi". El comunicante anónimo afirmó que ETA continuaría atacando a Alianza Popular si no se solucionaba "el problema de la empresa Olarra". Antonio Merino, presidente de AP en Vizcaya, señaló al respecto que era algo "irracional y descabellado: Alianza Popular no tiene que solucionar este problema. Es algo ajeno al partido". 

Al día siguiente, 15 de noviembre, se celebró el funeral por su alma, al que asistió el presidente de AP, Manuel Fraga. Miembros de los comités nacional, regional, y de Vizcaya y parlamentarios vascos de Alianza Popular se reunieron por la tarde del sábado 15 para valorar el atentado, que calificaron de "execrable, dadas las circunstancias, la tortura sufrida y el hecho de que la mordaza fuera una enseña nacional. La situación es ya de caos por la inoperancia del Gobierno, que ni pone medios ni voluntad contra el terrorismo, contra el que hay que luchar con toda firmeza". Antonio Merino, responsable de Alianza Popular en Vizcaya, declaró a los medios de comunicación: "Hoy más que nunca debo pedir a los partidos que han integrado el frente para la paz que las iniciativas cristalicen en algo positivo para que no vuelvan a hablar más las metralletas". Desde AP el asesinato fue valorado como "un tributo de sangre involuntario para el advenimiento de la paz y la firme lucha contra el terrorismo".

En el asesinato de Vicente Zorita participó, presuntamente, el miembro del grupo Gorbea de ETA José Ángel Urtiaga Martínez, alias Josean, Garrutxu o Tobaneku. Urtiaga fue deportado por Francia a Cuba donde desempeñó el papel de máximo responsable del colectivo de etarras en la isla entre 1984 y 1998. Hoy día sigue residiendo en Cuba, pese a las reiteradas solicitudes de extradición por parte de España. Actualmente se sigue contra él una causa en la Audiencia Nacional por sus vinculaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en la que también está siendo investigado el etarra Arturo Cubillas, presunto responsable de ETA en Venezuela. Desde febrero de 2010 existe una orden de detención internacional contra Urtiaga Martínez.

Vicente Zorita Alonso, de 60 años y natural de León, estaba casado con Rosario Zabala y tenía cuatro hijos. Empleado en Altos Hornos desde hacía treinta años, era miembro de la ejecutiva de AP de Vizcaya y había ocupado el puesto número tres de la candidatura al Parlamento vasco por esta provincia. Rosario Zabala es uno de los testimonios del documental Trece entre mil, de Iñaki Arteta, estrenado en noviembre de 2005, y del libro Olvidados (Adhara, 2006), del mismo autor y Alfonso Galletero.

Le dieron siete tiros, apareció de rodillas, le habían puesto un gorro de lana tapándole la cara y le taparon la boca con la bandera española. (...) Muy poco antes de que asesinaran a mi marido estuvimos en Madrid. Recuerdo que estando en casa de mi cuñado, hablando de lo que estaba pasando en el País Vasco, mi cuñado le dijo: "Vicentico, tú corres peligro tal y como hablas, tú estás corriendo peligro". Yo miré a mi cuñado y asentí: "Sí, de la forma que habla...". Y era cierto, Vicente hablaba como sentía, como él lo estaba sintiendo todo y lo decía libremente, lo decía en la calle. Lo malo es que lo decía en la calle. Con los amigos, con los amigos hablaba y ese fue su error, decir lo que sentía en alto. Poquito, muy poquito después de aquel viaje a Madrid, en el que le recriminamos por hablar tan claro de estas cosas, fue cuando lo mataron. Fueron a por él y lo mataron. (...) Fue un viernes 14 de noviembre. Le quería sorprender con unas de esas cenas que tanto le gustaban, cabeza de cordero. Le encantaban asadas. Él había estado con los amigos en Capitán Mendizábal, tomando unos vinos, como todas las tardes después del trabajo. A las nueve y pico ya venía para casa, lo sé porque lo vio mi hija. Cuando ésta llegó me dijo: "¿Y papá?, lo he visto abriendo el portal de casa". Ahí fue donde lo cogieron, justo cuando iba a abrir la puerta del portal. (...) El 14 de noviembre lo mataron y a últimos de mes nos tuvimos que marchar. Allí no había quien parara. Empezamos a recibir amenazas por teléfono. A mi hijo la Guardia Civil lo tuvo que sacar de su casa con su mujer y su hijo de un año. Fueron las autoridades las que nos dijeron: "Os tenéis que marchar". Incluso alguna vez que volvimos recibíamos llamadas a las tres o cuatro de la mañana: "Ya sabemos que estás aquí, que has vuelto".

Fernando Rodríguez Espínola, Miguel Zunzunegui y Antonio de Vicente Comesaña

12 de Noviembre de 2011 - 09:10:14 - M.J. Grech

A la una menos cuarto del mediodía del 12 de noviembre de 1979 la banda terrorista ETA asesinaba al guarda forestal FERNANDO RODRÍGUEZ ESPÍNOLA, que fue tiroteado cuando se encontraba en el interior de un bar de la localidad guipuzcoana de Oyarzun (Guipúzcoa). Además de guarda forestal de Icona, Fernando colaboraba como corresponsal en El Diario Vasco y, posteriormente,  en La Voz de España.

Dos individuos se situaron en el umbral de la puerta del local, que en esos momentos estaba muy concurrido, y sin mediar palabra le apuntaron a la cabeza y dispararon contra él a muy poca distancia. Fernando fue alcanzado por un disparo en la cabeza y varios más en otras partes del cuerpo, falleciendo prácticamente en el acto. La Guardia Civil recogió posteriormente siete casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca FN.

A continuación, los dos pistoleros de la banda se montaron en un vehículo aparcado frente al bar, en el que esperaban otros dos terroristas, y emprendieron la huida. El vehículo utilizado, un Seat 124 de color blanco, fue encontrado a las dos de la tarde junto a la estación de ferrocarril de Rentería. Su dueño, un viajante de comercio, había sido asaltado hacia las once y media de la mañana en la explanada colindante con el hipermercado Mamut, próximo a Oyarzun. Tras robarle el vehículo, lo llevaron a un bosque cercano, donde fue atado con cadenas a un árbol.

Según vecinos del pueblo, Fernando era conocido por ser ideológicamente de derechas. La banda terrorista ETA militar justificó su asesinato acusándole de ser confidente de la Guardia Civil. Lo mismo hicieron con su amigo, el taxista Ignacio Arocena Arbeláiz, que sería asesinado poco después, el 15 de febrero de 1980. Al parecer, Fernando había recibido amenazas por ser de derechas, aunque no hizo caso a las mismas y siguió haciendo su vida con normalidad.

La misma noche del asesinato de Fernando, la otra rama de la banda, ETA político-militar, reivindicó el secuestro del diputado de Unión de Centro Democrático (UCD) Javier Rupérez.

Fernando Rodríguez Espínola tenía 53 años y estaba soltero. Era natural de Constantina (Sevilla), donde fueron enterrados sus restos mortales. Llevaba veinticuatro años trabajando como guarda forestal, los últimos quince en la zona de Oyarzun. Un año antes, el 2 de octubre de 1978, ETA había asesinado en Lizarza (Guipúzcoa) al también guarda forestal Ramiro Quintero Ávila. Cuando se cumplieron treinta años del asesinato de Fernando, el Ayuntamiento de Constantina puso su nombre a una calle de la localidad. El acto, que tuvo lugar el 30 de julio de 2009, contó con la presencia de una hermana y dos sobrinas de Fernando, que recibieron un pergamino conmemorativo de manos del alcalde socialista, Mario Martínez. El acuerdo fue votado por toda la corporación municipal que quiso hacer un reconocimiento "a los valores de libertad y democracia por los que fue asesinado" Fernando Rodríguez.

Un año después, a las 20:00 horas del 12 de noviembre de 1980, la banda terrorista ETA asesinaba en Ataun (Guipúzcoa) a MIGUEL ZUNZUNEGUI ARRATIBEL, camionero de profesión. Una de sus hermanas fue testigo del asesinato. Miguel acababa de regresar de un viaje con su camión y se encontraba en el garaje del caserío familiar, en el barrio de San Gregorio de Ataun, cuando dos individuos encapuchados lo tirotearon a corta distancia, recibiendo un impacto de bala mortal en la cabeza y otros dos en la clavícula.

Según contó su hermana, Miguel tuvo tiempo de interpelar en euskera a los dos etarras, a los que preguntó "¿qué os he hecho yo?" (Diario de Navarra, 14/11/1980). La propia hermana, pese a tener 70 años, intentó arrebatar el arma a uno de ellos, que se la puso en el pecho y le dijo en euskera que no se moviese, mientras el segundo terrorista disparaba sobre la víctima a bocajarro. Los pistoleros de la banda huyeron a pie del lugar de los hechos, donde se recogieron tres casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF. En el momento del asesinato de Miguel no había prácticamente nadie en la zona, por estar retransmitiéndose por televisión el partido de fútbol España-Polonia.

La banda terrorista ETA reivindicó el asesinato mediante llamada a la redacción del diario Egin en Pamplona. El Partido Socialista de Euskadi (PSE) fue el único que hizo una condena pública por el asesinato de Miguel Zunzunegui. La capilla ardiente se instaló en el propio caserío familiar y los funerales por su alma se celebraron el día 14 en la parroquia de San Gregorio de Ataun con la asistencia de numerosos vecinos.

Miguel Zunzunegui Arratibel tenía 56 años y estaba soltero. Era camionero, sin militancia política conocida –aunque vecinos y conocidos de la víctima señalaron que sus ideas eran próximas a la derecha– y, según su familia, no había recibido amenazas de ETA. Sin embargo, pocos días antes, el 3 de octubre, su coche apareció con dos impactos de bala en una aleta y alguien efectuó dos disparos contra los cristales del caserío Martín Zaharrene donde vivía con sus tres hermanas solteras (una cuarta estaba casada). Al parecer, Miguel no recibió ninguna confirmación sobre quiénes habían sido los autores de estos ataques y los interpretó como un acto de gamberrismo o una broma de mal gusto, por lo que no dio parte a la Guardia Civil. Los vecinos, sin embargo, pensaron que el incidente podría haber estado relacionado con algún tipo de contrabando, pues Miguel era conocido por haberse dedicado al estraperlo durante la época del hambre en los años cuarenta.

A las diez menos cuarto de la noche del 12 de noviembre de 1983 la banda terrorista ETA asesinaba en Bermeo (Vizcaya) al teniente de Navío ANTONIO DE VICENTE COMESAÑA, que trabajaba como ayudante de la Comandancia de Marina de la localidad vizcaína. Antonio se encontraba en una plaza de Bermeo, junto a la estafeta de Correos y cerca de la sede de la Ayudantía de Marina. Era sábado y la plaza se encontraba muy concurrida. El militar iba de paisano de regreso a su domicilio cuando dos individuos le dispararon por la espalda a corta distancia. Antonio se desplomó en el suelo con heridas en el cráneo y el maxilar y falleció durante su traslado en una ambulancia de la Cruz Roja al Hospital de Cruces de Baracaldo. En el lugar de los hechos se recogieron dos casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum.

Inmediatamente se presentaron en el hospital el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el gobernador militar, Francisco Arnáez Torre, y el comandante jefe de Marina de la provincia, Enrique Segura, junto a varios oficiales.

El alcalde de la localidad, Ramón Bilbao, condenó esa misma noche el atentado y convocó un pleno extraordinario del Ayuntamiento, que se reunió de forma urgente para tratar sobre el atentado. Al mismo asistieron los representantes de los cuatro grupos con representación en el Ayuntamiento: PNV, HB, Bermeoko Aberkideak y EE. Con la suma de todos, y la abstención de los cuatro ediles de Herri Batasuna, el Ayuntamiento convocó una manifestación de protesta y emitió un comunicado de condena contra "los redentores del pueblo". HB, por su parte, leyó una nota en la que encuadraba el atentado en la situación política e histórica que se vivía en el País Vasco.

El concejal de EE, Joseba Pagazaurtundua Arruabarrena dijo que De Vicente Comesaña era muy apreciado en la localidad vizcaína pese al poco tiempo que llevaba ahí, porque su trabajo había sido siempre en beneficio del pueblo. El día 13 se celebró en la Iglesia de San Vicente de Bilbao el funeral por el alma de Antonio de Vicente, al que asistió, entre otros, el ministro de Defensa, Narcís Serra. Entre las coronas había dos de la Cofradía de pescadores de Bermeo.

A última hora del día 14 cerca de dos mil personas se manifestaron en silencio y sin pancartas por las calles de Bermeo. Encabezaban la marcha el alcalde y el presiente de la Cofradía. Frente a la Ayudantía de Marina se guardó un minuto de silencio y la flota de bajura estuvo toda la noche amarrada, respondiendo a la convocatoria hecha por la propia Cofradía.

ETA reivindicó el asesinato de Antonio de Vicente mediante un comunicado enviado a los medios de comunicación vascos el 18 de noviembre. Por este atentado sólo ha sido condenado, como autor por cooperación necesaria, el policía municipal de Bermeo y colaborador de ETA Fernando Uriarte Elorduy, al que la Audiencia Nacional sentenció en 1987 a 27 años de reclusión mayor por dejar su piso a los autores materiales del asesinato, además de proporcionarles información sobre la víctima.

Según se recoge en la sentencia de la Audiencia Nacional, los etarras Alfonso Echegaray Achirica, Juan Cruz Maiza Artola y José Gabriel Urízar Murgoitio abordaron al teniente de Navío en Bermeo y le dispararon varios tiros en la cabeza causándole la muerte en el acto. La sentencia considera probado que entre 1982 y 1985 Uriarte Elorduy prestó apoyo a todos los miembros de ETA que le eran enviados y que, en octubre de 1983 hizo lo propio con los autores materiales del asesinato de De Vicente Comesaña. Los terroristas se interesaron por el militar de mayor graduación que residiera en Bermeo y el acusado, aunque no sabía su nombre, les facilitó su descripción física y les dijo que era un teniente de Navío que vivía en la Ayudantía de Marina y solía frecuentar el Ayuntamiento. Durante quince días permanecieron en el domicilio del policía municipal haciéndole partícipe de cuáles eran sus planes y sometieron a vigilancia al militar. Tras cometer el atentado, volvieron al domicilio de Uriarte Elorduy, al que comunicaron que acababan de asesinar a Antonio de Vicente. Por ese motivo el tribunal calificó su conducta como de autor del atentado, y no como mero colaborador.

Alfonso Echegaray Achirica huyó a Francia, desde donde fue deportado, primero a Ecuador (en julio de 1985) y, posteriormente, a Santo Tomé y Príncipe. Echegaray Achirica estuvo directamente relacionado con la liberación por los GEO del directivo del Athletic de Bilbao, Juan Pedro Guzmán, al revelar desde Ecuador dónde estaba el zulo en el que lo tenían secuestrado. Sobre cómo se produjo el interrogatorio, las versiones difieren, pues mientras las Fuerzas de Seguridad afirmaron que el etarra facilitó la información sin que fuese sometido a tortura, Echegaray envió una carta a la revista Punto y Hora de Euskalherría, publicada en el número correspondiente al 26 de marzo de 1987, en la que pedía perdón a ETA por haber desvelado el lugar donde se encontraba secuestrado Guzmán. En la misma contaba que, en la noche del 8 al 9 de enero de 1986, fue torturado en Ecuador por enviados de la Policía española y que, tras sufrir descargas eléctricas, no tuvo más remedio que revelar la situación del zulo. Ese mismo año, en agosto, el etarra abandonó a petición propia Ecuador, instalándose en Santo Tomé y Príncipe, aunque durante varios días hubo especulaciones en el entorno proetarra de que había desaparecido a manos de las Fuerzas de Seguridad. En junio de 1991 solicitó la nacionalidad de Santo Tomé. El etarra es presunto autor de nueve asesinatos –entre ellos la emboscada de Ispáster, en la que fueron asesinados seis guardias civiles, y el del ingeniero José María Ryan–. En marzo de 2011 figuraba, junto a otros treinta y tres etarras, en la lista negra de terroristas que elabora y actualiza el Departamento de Estado de los EEUU.

Juan Cruz Maiza Artola, alias Pintxo, Patxi y Gurutz, es otro más de los innumerables ejemplos de etarras que, tras huir de España y pasar a Francia, ha residido durante un tiempo en la retaguardia de la banda en Centroamérica para después reincorporarse a la dirección de la banda. Con un largo historial de asesinatos a sus espaldas –al parecer también participó con Echegaray Achirica en el secuestro y asesinato de José María Ryan– cometidos en Vizcaya y Navarra en la década de los ochenta, fue detenido en Francia en julio de 2007, considerado el responsable de los zulos de la banda. La detención fue posible gracias a los datos suministrados por la Comisaría General de Información española. En marzo de 1986, cuando se difundió la noticia de que podía estar encuadrado en el grupo Nafarroa de ETA, el Ayuntamiento de Etxarri Aranaz adoptó el acuerdo de declararle "persona respetable y de intachable comportamiento". En junio de 2009 Francia autorizó su extradición a España para ser juzgado por cinco asesinatos a comienzos de los años 1980 en Vizcaya, entre ellos el del teniente de Navío Antonio de Vicente Comesaña.

Antonio de Vicente Comesaña tenía 52 años y era natural de Pontevedra. Estaba casado y tenía seis hijos, de los que dos estudiaban en Madrid y los otros cuatro estaban en El Ferrol con su esposa, pues Antonio llevaba sólo cuatro meses en Bermeo. A su entierro en El Ferrol asistieron unas tres mil personas.

José Rodríguez, Lucio Revilla y la cuarta víctima del atentado contra la familia Garrido

11 de Noviembre de 2011 - 09:10:12 - M.J. Grech

A las diez de la mañana del 11 de noviembre de 1978 la banda terrorista ETA asesinaba en la carretera que une Beasain con Zumárraga, a la altura de la localidad guipuzcoana de Villarreal de Urrechu, al cabo de la Guardia Civil JOSÉ RODRÍGUEZ DE LAMA y al agente LUCIO REVILLA ALONSO. Los terroristas hicieron explotar una bomba escondida en un terraplén al paso de una patrulla compuesta por dos Land Rover que volvía al cuartel de la Benemérita después de prestar un servicio. Además, resultaron heridos otros dos guardias civiles, uno de ellos de extrema gravedad.

La patrulla pertenecía a la Segunda Comandancia Móvil de la Guardia Civil con base en Logroño. Miembros del grupo Urola de ETA habían confeccionado un artefacto explosivo del tipo "hornillo" con veinte kilos de Goma 2, más otros cuatro kilos de tuercas y tornillos para que actuaran a modo de metralla. El artefacto tenía un cable de más de cincuenta metros que permitió a los terroristas activarlo a distancia. La intención de los asesinos de la banda era hacerlo estallar para que alcanzase a los dos Land Rover, pero momentos antes el primero de ellos había adelantado a un camión, distanciándose del segundo, por lo que la explosión afectó sólo a éste. El coche, en el que viajaban tres agentes, saltó por los aires y quedó partido por la mitad a varios metros de distancia del lugar de la explosión. José Rodríguez y Lucio Revilla salieron despedidos del Land Rover y sus cuerpos destrozados cayeron a más de quince metros del vehículo. El tercer guardia civil, Francisco Córdoba Ramos, consiguió salir por su propio pie, aunque tras dar unos pasos perdió el conocimiento y se desplomó sobre unas zarzas. Herido de gravedad por la metralla del artefacto explosivo fue trasladado urgentemente al Hospital Militar de Vitoria.

Diez minutos antes de producirse este atentado, otro guardia civil, Juan Malpica Aguilera, había resultado gravemente herido en Rentería al explotar una bomba-lapa que se activó al poner en marcha el vehículo de su propiedad. La parte delantera del vehículo quedó destrozada. El guardia civil, con una pierna machacada, salió despedido del coche y cayó al suelo. En el hospital se le apreció amputación traumática de la pierna izquierda, además de contusiones múltiples en pecho y mentón. Los médicos que le intervinieron en la residencia de Nuestra Señora de Aránzazu tuvieron que amputarle la pierna izquierda a la altura de la ingle para salvarle la vida, ya que la situación del agente era de extrema gravedad. En el momento del atentado, Juan Malpica, de 40 años y natural de Viator (Almería), estaba casado y tenía cuatro hijos de corta edad.

Pocas horas después de ambos atentados se organizaron manifestaciones espontáneas en Rentería y Zumárraga para protestar contra ETA. El comité local del Partido Comunista de Rentería repartió miles de octavillas en las que se podía leer: "En cuarenta años los terroristas en el poder no han podido con Euskadi. Hoy Euskadi no quiere terroristas para conseguir la libertad".

Al día siguiente, sábado 12 de noviembre, en un clima de enorme dolor y tensión, se celebraron los funerales de cuerpo presente por los dos guardias civiles asesinados. El primer incidente se registró nada más llegar las autoridades, encabezadas por los gobernadores civil y militar de Guipúzcoa. Una voz se alzó por tres veces gritando "¡Fuera de ahí!", ante la presencia del diputado y presidente de la Comisión de Defensa de las Cortes, Enrique Múgica, siendo acallada por los propios militares asistentes. Finalizado el funeral, los guardias civiles asistentes entonaron el Himno de la Guardia Civil, y se dieron gritos de "¡Viva España!, ¡Viva el Rey! y ¡Viva la Guardia Civil!". Una vez terminado el acto, varias personas volvieron a increpar e insultar a Enrique Múgica, al que llegaron a llamar asesino.

En 1987 la Audiencia Nacional condenó a Mercedes Galdós Arsuaga, alias Bitxori, a 27 años de reclusión mayor por cada uno de los dos asesinatos, y a otras cuatro penas de 17 años de prisión menor por los asesinatos frustrados. Salió de prisión en septiembre de 2005, tras cumplir sólo 19 años de cárcel del total de 700 años a los que fue condenada por su participación probada en diecisiete asesinatos.

En 1995, tras ser extraditado por Francia, la Audiencia Nacional condenó a Félix Ramón Gil Ostoaga, alias Zaldi, a una pena de 29 y a otra de 27 años de reclusión mayor como autor del asesinato de los dos guardias civiles. El etarra, que acumulaba condenas que sumaban casi 300 años por otros asesinatos, fue puesto en libertad el 9 de octubre de 2002, tras cumplir sólo 13 años de condena. La magistrada Ruth Alonso, jueza de Vigilancia Penitenciaria del País Vasco, decidió la puesta en libertad de Ostoaga en una decisión muy polémica y a pesar de los informes reiterados de la prisión de Nanclares de la Oca, donde el etarra cumplía condena, en los que se retrataba al terrorista como un hombre que se relacionaba "exclusivamente con sus compañeros de ETA, frío, distante y calculador". Pocas semanas después, el 23 de noviembre, Gil Ostoaga se suicidó en un descampado de Legazpia (Guipúzcoa) disparándose con una escopeta de caza, propiedad de su hermano, en el pecho. El informe forense así lo determinó, y la familia no solicitó una segunda autopsia, aunque sí culparon al, según ellos, "linchamiento público" al que fue sometido tras ser excarcelado. Sin embargo, ya en prisión había intentado suicidarse dos veces debido a problemas personales, uno de los motivos esgrimidos precisamente por la juez Ruth Alonso para concederle la libertad provisional.

También participó en el atentado José María Zaldúa Corta, alias Aitona, que falleció de un infarto en septiembre de 2010 mientras paseaba en bicicleta en la localidad francesa de Aix-en-Provence. Todos los asesinatos en los que participó Zaldúa Corta como miembro de los grupos Urola y Nafarroa de ETA quedaron impunes.

Un cuarto autor material del asesinato de Lucio y José fue Juan Manuel Bereciartúa Echaniz, alias Pakea. El etarra huyó a Venezuela en 1984, donde se convirtió en empresario y cocinero, se casó con Isabel Larrañaga y consiguió, en 2003, la nacionalidad venezolana gracias al Gobierno chavista. Allí regenta el restaurante Pakea de comida vasca, sin haber sido juzgado por ninguno de los atentados en los que participó.

El último integrante del grupo Urola de ETA era Ramón Oñaederra, alias Katu, que murió en atentado de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) en 1983.

Lucio Revilla Alonso, guardia civil de 25 años, era natural de Benavente (Zamora). Estaba soltero.

 

 

 

José Rodríguez de Lama, cabo primero de la Guardia Civil de 31 años, era natural de León. Estaba casado con María del Carmen Villar, y tenían dos hijos. Carmen estaba embarazada de ocho meses de su tercer hijo. La viuda se enteró por la radio de que había habido un atentado donde estaba destinado su marido. Hizo varias llamadas a compañeros, pero nadie le confirmó que su marido era uno de los muertos, de lo que se enteró finalmente por la radio. Carmen pidió que no le pusiesen ninguna medalla: "Recuerdo que siempre me decía que si alguna vez le ocurriera algo de eso, decía, lo único que te pido es que no dejes que me pongan ninguna medalla en el féretro". A Carmen tuvieron que adelantarle el parto:

Di a luz... y no lo quería. El niño lloraba mucho y no quería ni verle (...). Tuve unos días tan difíciles y tan mal, tan mal estaba que la verdad es que me tenían sedada todo el día. Realmente tengo ahí una laguna, pues como de un año, o más (Trece entre mil, documental de Iñaki Arteta).

Ese hijo, José, que nació un mes después de que su padre fuese asesinado, también dio su testimonio a Iñaki Arteta y Alfonso Galletero en el libro Olvidados:

Yo tardé mucho tiempo en darme cuenta de que mi padre no estaba. Para mí, mi padre fue siempre mi abuelo. Él era el que estaba siempre pendiente de mí. Y aunque siempre me dejó claro que era mi abuelo y que yo había tenido un padre, para mí era todo muy confuso porque la única figura paterna que yo encontraba era la suya. Supongo que a esta confusión contribuyó el hecho de que en casa el tema de la muerte de mi padre fuera tabú, no se tocaba nunca. Tardé años en enterarme de cómo había muerto (...). Un día, creo que debía de tener siete u ocho años, mi abuelo se sentó conmigo y me lo explicó (...) Mi madre, de mi padre nos contaba pocas cosas, la verdad. Incluso tengo que reconocer que en esta conversación [el testimonio prestado a Arteta y Galletero] me he enterado de cosas que no sabía, que no había oído nunca. Mi madre se ha guardado el recuerdo de mi padre muy para ella, porque yo creo que, en el fondo, siempre le ha dolido mucho hablar de él".

 

El 11 de noviembre de 1986 fallece en San Sebastián MARÍA JOSÉ TEIXEIRA GONÇALVES, ama de casa de nacionalidad portuguesa que había resultado gravemente herida en el atentado cometido por la banda terrorista ETA el 25 de octubre, en el que fallecieron tres miembros de la familia Garrido-Velasco –el padre, la madre y el menor de los seis hijos del matrimonio–. María José paseaba por las inmediaciones del lugar del atentado en el momento en el que se produjo la explosión de la bomba, que había sido adherida al techo del vehículo oficial del general de Brigada Rafael Garrido Gil, gobernador militar de Guipúzcoa.

María José Teixeira Gonçalves estaba casada, tenía 27 años y residía en San Sebastián. Había abandonado días atrás la unidad de cuidados intensivos, pero su muerte sobrevino por la aparición, de forma inesperada, de una embolia pulmonar seguida de paro cardiaco. ETA militar "lamentó profundamente" el fallecimiento de la ciudadana portuguesa en un comunicado emitido dos días después.

Luis Candendo Pérez, militante de UCD, y Ángel Martínez Trelles, exlegionario

9 de Noviembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

En la tarde del jueves 9 de noviembre de 1978 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Anzuola (Guipúzcoa) al trabajador de Altos Hornos de Vergara y militante de Unión de Centro Democrático (UCD) de Guipúzcoa, LUIS CANDENDO PÉREZ. Ocho balas, disparadas a bocajarro, acabaron con la vida de Luis en torno a las 19:30 horas.

Poco antes, hacia las siete, Luis Candendo había terminado su jornada de trabajo en Altos Hornos. Siguiendo su rutina diaria, iba a pasar el resto de la tarde con un grupo de amigos en una sociedad gastronómica, pero antes se dirigió a su domicilio para que su mujer, María Luisa Zabala, le diese un bocadillo. Cuando Luis llegó a su casa, tocó el claxon de su coche y su mujer salió para acercarle la merienda. Tras dejar el bocadillo en el asiento del copiloto, María Luisa vio que un individuo con pasamontañas se acercaba al vehículo de su marido y empezaba a disparar por la parte derecha del parabrisas, lo que provocó que saliera corriendo a esconderse en su domicilio. Inmediatamente, y mientras Luis intentaba abrir la puerta para huir, un segundo terrorista comenzó a disparar con una pistola a través de la ventanilla, vaciando el cargador de la misma. A continuación, emprendieron la huida en un vehículo. Aterrorizada, María Luisa entró gritando en la casa y les dijo a los niños "han matado a vuestro padre".

En el lugar de los hechos se recogieron diez casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, de los que ocho habían impactado en el cuerpo de Luis. El vehículo utilizado para cometer el atentado, un Simca 1200, fue robado a punta de pistola a unos tres kilómetros del lugar del atentado, junto al campo de fútbol de la localidad. Al propietario le dijeron que no avisase a la Policía hasta las 22:00 horas. El coche fue localizado posteriormente en Vergara.

Varios miembros de la secretaría ejecutiva de Unión de Centro Democrático se trasladaron desde Madrid al día siguiente, 10 de noviembre, a Anzuola, donde se celebraron los funerales por el alma de Luis Candendo a las siete de la tarde. En el acto fúnebre, al que asistieron cerca de doscientas personas entre familiares y amigos de la víctima, se encontraban Manuel Núñez, secretario de organización y acción electoral del partido, y Jesús María Viana, vicepresidente del grupo parlamentario y coordinador de UCD, así como Jaime Mayor Oreja, dirigente centrista de Guipúzcoa.

Ese mismo día miles de personas se manifestaron contra el terrorismo en toda España, coreando lemas como "Vosotros, fascistas, sois los terroristas", "Aquí estamos, nosotros no matamos" y "Euskadi, hermanos, os apoyamos".

Luis Candendo Pérez de 42 años, era natural de Ribadavia (Orense) pero llevaba veinticinco años viviendo en Guipúzcoa. Estaba casado con María Luisa Zabala, natural del caserío de Iraeta, en Anzuola, y el matrimonio tenía tres hijos, de 13, 11 y 7 años. La esposa no sabía que estuviese amenazado y contó a los medios de comunicación que, aunque anteriormente tenía simpatías por Franco, en el momento de su asesinato había evolucionado hacia posiciones democráticas, estando muy de acuerdo con el proceso de Transición que España había emprendido. Tres años antes su suegro le había avisado de que por Anzuola circulaba el rumor de que estaba en la lista negra de ETA por su ideología franquista. Luis Candendo, que también había sido enlace sindical, era militante de la UCD de Guipúzcoa y hablaba perfectamente el vasco. Era íntimo amigo de José Fernando Artola Goicoechea, que sería también asesinado por la banda terrorista ETA muy poco después, el 30 de enero de 1979. María Luisa Zabala, viuda de Luis, fue una de las asistentes al funeral por Artola Goicoechea.

A última hora de la tarde del 9 de noviembre de 1983 la banda terrorista ETA asesinaba en Bilbao al representante comercial ÁNGEL MARTÍNEZ TRELLES. Dos miembros de la banda entraron a cara descubierta en el bar de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, donde Ángel trabajaba ocasionalmente como camarero, que en esos momentos estaba abarrotado de clientes. Uno de ellos gritó "todos al suelo y con las manos levantadas" y, dirigiéndose hacia la barra, disparó contra Martínez Trelles, que en esos momentos se encontraba charlando con el encargado del local. El pistolero disparó directamente a la cabeza de Ángel, que recibió dos tiros, uno de ellos en el tórax y otro en la cabeza, y cayó de bruces detrás del mostrador, quedando tendido en el suelo en medio de un charco de sangre. Según testigos presenciales, el etarra fue directo hacia su víctima, sin vacilar en ningún momento. "Iban a por él", señalaron. En el lugar de los hechos se recogieron dos casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF.

A continuación el pistolero de la banda realizó otros disparos al aire intimidatorios y emprendió la huida protegido por otro etarra que le esperaba en la puerta del local. Un socio de la Hermandad salió detrás de ellos y pudo ver cómo huían en dirección al casco viejo.

El local de la Hermandad se encontraba en la plaza Conde de Mirasol, en el barrio de Bilbao La Vieja. La sede había sufrido un atentado con bomba el 20 de febrero de ese año y el presidente de la Hermandad, José María Maderal Oleaga, había sido asesinado por la banda cinco años antes, el 16 marzo 1979. En el momento del asesinato de Ángel Martínez Trelles había unos veinte parroquianos consumiendo y jugando a las cartas. La Hermandad tenía unos seiscientos socios, entre los que había mucha pluralidad política, según comentaron algunos compañeros del asesinado.

El dirigente socialista García Damborenea expresó sus condolencias inmediatamente después de producirse el atentado, mientras que el PCE-EPK emitió un comunicado de condena llamando a la unidad de las fuerzas democráticas y a la movilización de los ciudadanos. El 11 de noviembre se celebró en la Iglesia de San Adrián de Bilbao el funeral por el alma de Martínez Trelles. Pese a que un hermano de la víctima pidió que fuera un acto familiar y religioso, pues ellos eran apolíticos, además de familiares y amigos acudieron el gobernador civil, cargos militares y el dirigente socialista Ricardo García Damborenea.

En 1989 la Audiencia Nacional condenó a Juan Manuel Gaztelumendi Uribarren, alias Txirrita, a 29 años de prisión mayor por el asesinato de Martínez Trelles. El presunto segundo autor material, José Lorenzo Ayestaran Legorburu, alias Fanecas, fue detenido en Francia a finales de febrero de 2010, tras pasar casi treinta años en Venezuela, donde el presidente Hugo Chávez pactó en 2006 con el abogado de ETA Joseba Agudo concederle la nacionalidad de ese país. En febrero de 2011 la justicia francesa autorizó la extradición a España de Ayestaran Legorburu para que sea juzgado por su participación en tres atentados, pero no por el asesinato de Martínez Trelles.

Ángel Martínez Trelles, de 31 años de edad, era natural de Oviedo, pero residía en Bilbao. Estaba casado y tenía una hija de corta edad. Aunque profesionalmente Ángel era representante comercial, de forma ocasional trabajaba en el bar de la Hermandad para sacar algún dinero extra. Con veinte años había sido legionario paracaidista, por lo que le conocían con el apodo de El paraca.

Juan Sánchez Sierro, electricista, y Jesús Sánchez, conductor de autobús de la EMT

8 de Noviembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El jueves 8 de noviembre de 1984, a las 7:45 horas de la mañana, tres miembros de la banda terrorista ETA asesinaban al electricista JUAN SÁNCHEZ SIERRO en la localidad de Cestona (Guipúzcoa), disparándole tres tiros en la cabeza, uno de los cuáles le alcanzó en la nuca provocándole la muerte en el acto.

Ese día Juan Sánchez salió de su domicilio, situado en el centro de Cestona, para pasear a su perro tal y como era su costumbre. Cerca de su vivienda Juan fue abordado por uno de los terroristas, que le preguntó si era conocido en el pueblo como maixu txikia –pequeño maestro–, a lo que Juan respondió afirmativamente. Tras la confirmación, Juan Sánchez fue obligado a subir a un Renault 5, aparcado en las inmediaciones. El vehículo había sido robado a punta de pistola media hora antes y su propietario estaba retenido en el interior junto con dos terroristas que lo vigilaban. José María Arregi, el dueño del coche, trabajaba en el turno nocturno de una fábrica y regresaba a su vivienda en Cestona cuando fue asaltado por dos miembros del grupo Goyerri-Costa de ETA. Los tres terroristas aseguraron a los rehenes que eran miembros de ETA que únicamente iban a llevar a cabo un atraco en Zumaya, pero que no pensaban hacerles daño. Llevaron el coche a una cantera cercana, en el barrio de Aizarna, cerca de Zarauz, con los dos hombres retenidos y el perro de Juan Sánchez. Al llegar a la cantera los etarras indicaron al dueño del coche robado que se alejara del lugar, caminando hacia unas rocas cercanas, en dirección contraria. Acto seguido, y según relató José María Arregi, se oyeron tres fuertes detonaciones: los terroristas habían obligado a Juan Sánchez Sierro a recorrer unos cuantos metros antes de dispararle tres veces a quemarropa, atravesándole la cabeza y causándole la muerte instantánea.

Tras el asesinato los etarras se dirigieron a José María Arregi diciéndole "Éste es el hijo de Maistesu –Maitúa según otras fuentes–, ¿no? Pues ahí se ha quedado tumbado por chivato y mentiroso", después de lo cual se dieron a la fuga en el Renault 5 robado. La pregunta hacía referencia a que el padre de la víctima sufrió un atentado de la banda siete años antes, tras el cual abandonó el País Vasco, como tantos otros tuvieron que hacerlo durante décadas de extorsión, amenazas, secuestros y asesinatos de la banda.

A las 9:00 una persona que decía hablar en nombre de ETA militar reivindicó el asesinato de Juan Sánchez Sierro mediante una llamada telefónica a la Policía Municipal de Cestona e indicó dónde habían abandonado el cadáver del fallecido. En ese momento el portavoz de ETA manifestó insistentemente que era importante que se diera aviso a la Guardia Civil.

Cuando llegaron los miembros de los servicios sanitarios encontraron al perro de Juan Sánchez guardando el cadáver de su amo y lamiéndole el rostro ensangrentado. Tal y como habían previsto los asesinos, varios efectivos de la Guardia Civil se presentaron en lugar para realizar el levantamiento del cadáver. En el lugar de los hechos, los efectivos de la Benemérita encontraron tres casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF. Los guardias sospecharon al ver que uno de los casquillos estaba unido, mediante unos cables rojos, a un paquete. Tras provocar varias explosiones controladas, los agentes terminaron por encontrar e inutilizar el verdadero artefacto, escondido entre las piedras y compuesto por un kilo de Goma-2 y otro kilo de metralla en forma de tornillos.

Cinco años después del atentado, en 1989, la Audiencia Nacional condenaba a José Antonio López Ruiz, alias Kubati, a una pena de 30 años de reclusión mayor y a José Miguel Latasa Guetaria, alias Fermín, en concepto de cómplice, a una pena 20 años de reclusión menor. Según los terroristas, Juan Sánchez fue asesinado porque "estaba colaborando con las fuerzas de ocupación españolas". Durante el juicio y sin mostrar el más mínimo arrepentimiento, Kubati amenazó abiertamente a los familiares de los guardias civiles diciendo: "Avisamos a los que tengan familiares en los cuarteles que los retiren, porque son objetivo de primer orden para nosotros". López Ruiz demostraba con sus palabras que, en los numerosos asesinatos de mujeres y niños cometidos por ETA en las casas-cuartel de la Guardia Civil, no ha habido más que premeditación y decisión expresa de asesinar.

En 2001 la Audiencia Nacional condenaba por el atentado contra Juan Sánchez Sierro a otros dos etarras, Miguel Ángel Gil Cervera, alias Kurika, e Ignacio Bilbao Beascoetxea, alias Iñaki de Lemona, a penas de 42 años de cárcel por un delito de asesinato y otro de utilización ilegítima de vehículo a motor con toma de rehenes, sentenciándolos a cumplir 30 años de reclusión mayor. Ignacio Bilbao habría sido, según la sentencia, quien efectuó los tres disparos que acabaron con la vida de Juan Sánchez Sierro.

En 1996, durante el primer mandato del Partido Popular y con Jaime Mayor Oreja como ministro del Interior, Begoña Uzcudun Echenagustia, alias Margarita, fue uno de los treinta y dos presos de ETA que se beneficiaron de las medidas de reagrupamiento en cárceles del País Vasco o provincias próximas. En concreto Begoña Uzcudun era uno de los doce terroristas beneficiados por tales medidas que había cometido delitos de sangre, sin constar arrepentimiento alguno por su parte. Begoña Uzcudun habría participado como miembro del grupo Goyierri-Costa en el asesinato de Juan Sánchez Sierro en 1984 (ABC, 08/07/1996).

En 2005, la Audiencia Nacional confirmaba la negativa a una solicitud de reducción de penas solicitada por los abogados de Miguel Ángel Gil Cervera, Kurika. La solicitud de redención tenía como base los trabajos realizados por el etarra, pero la Audiencia avaló la decisión del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, que previamente había anulado la redención concedida por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Zaragoza, donde estaba recluido Gil Cervera. Según la Audiencia, para que un preso viera reducida su pena "deben concurrir razones de especial laboriosidad, disciplina y rendimiento, más allá de las debidas y a cuyo cumplimiento está obligado el penado".

Juan Sánchez Sierro, electricista de 39 años, era natural de Guadramiro (Salamanca) aunque vivía en Cestona desde que era un niño. Juan estaba casado con María Pilar Linto Iriarte y tenía tres hijos. El padre de Juan, maestro de profesión, tuvo que abandonar el País Vasco tras sufrir un atentado a manos de ETA, siete años antes de que asesinaran a su hijo. En agosto de 2005, durante la inauguración de un monumento dedicado a la memoria del subteniente Francisco Casanova y de todas las víctimas del terrorismo organizada por los vecinos de Berriozar, la viuda de Juan Sánchez, María Pilar Linto, manifestó que "entonces, nos daba miedo identificarnos porque parecía que nosotros éramos los verdugos y no las víctimas". María Pilar fue una de las diez mujeres escogidas por Pedro Arjona para protagonizar el documental Corazones de Hielo, producido por Jorge Martínez Reverte en colaboración con la Fundación Víctimas del Terrorismo. En él "se expone la situación de quienes han sufrido el terror etarra en el País Vasco, a través de diez mujeres que luchan desde hace años por restituir la dignidad del ser querido asesinado".

En torno a las 13:50 del miércoles 8 de noviembre de 2000 fallecía el conductor de autobús de la EMT de Madrid JESÚS SÁNCHEZ MARTÍNEZ a consecuencia de las gravísimas heridas sufridas nueve días antes, el 30 de octubre, en el atentado que la banda terrorista ETA llevó a cabo contra el vehículo en el que viajaban el general José Francisco de Querol y Lombardero, el chófer Armando Medina Sánchez y el policía nacional Jesús Escudero García.

Tras una lenta agonía de más de una semana Jesús Sánchez no pudo superar las graves lesiones ocasionadas por la explosión del coche-bomba, convirtiéndose así en la cuarta víctima mortal del atentado. Desde el momento de su ingreso en el Hospital Ramón y Cajal, la víctima no llegó a abandonar la Unidad de Cuidados Intensivos en ningún momento, falleciendo finalmente en dicha unidad especializada. Su estado fue complicándose a medida que pasaban los días y los médicos se mostraron poco esperanzados desde el primer momento.

El día del atentado, Jesús iba conduciendo el autobús municipal cuando la bomba hizo explosión, provocándole un traumatismo craneoencefálico con pérdida de masa encefálica. Una vez en el hospital Jesús Sánchez fue sometido a una intervención en la que se le extrajo parte del lóbulo frontal izquierdo del cerebro. Al día siguiente de su ingreso fue sometido a una traqueotomía, en la que sería la segunda de tres intervenciones quirúrgicas.

Tras su fallecimiento, numerosos compañeros de Jesús Sánchez y representantes sindicales se acercaron al tanatorio del Hospital Ramón y Cajal, donde fue instalada la capilla ardiente y tuvieron palabras de apoyo a Belén, su viuda, así como de condena a los terroristas de ETA. Allí acudieron también, entre otros, el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano; el portavoz del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera; el presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón; el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja; la parlamentaria socialista Cristina Almeida y la presidenta del Senado, Esperanza Aguirre, así como concejales de IU y PSOE como Julio Misiego o Eugenio Morales, respectivamente.

Al día siguiente de su muerte, el 9 de noviembre de 2000, el féretro con el cadáver de Jesús fue trasladado hasta la localidad natal del fallecido, Villamayor de Santiago, en Cuenca, para su posterior entierro. El funeral fue oficiado por el obispo de Cuenca, Ramón del Hoyo, y la Empresa Municipal de Transportes de Madrid fletó autobuses para facilitar a los compañeros de Jesús la asistencia al sepelio.

La Comunidad de Madrid decretó un día de luto oficial tras el fallecimiento de Jesús Sánchez, mientras que el presidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol, convocó a los ciudadanos para guardar cinco minutos de silencio en memoria del conductor. Tanto en Navarra como en el País Vasco se celebraron concentraciones de repulsa a la banda terrorista ETA. En esta última comunidad autónoma los colectivos de conductores profesionales organizaron un paro en señal de duelo por la muerte del compañero asesinado.

Jesús Sánchez Martínez tenía 35 años en el momento de su asesinato. Estaba casado y no tenía hijos. Trabajaba para la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid desde hacía ocho años.

Fabio Moreno, niño de dos años, y José María Lidón, juez de la Audiencia de Vizcaya

7 de Noviembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

Hacia las 16:45 horas del 7 de noviembre de 1991 la bomba colocada por Juan Carlos Iglesias Chouzas y Francisco Javier Martínez Izaguirre en los bajos del vehículo particular del guardia civil Antonio Moreno Chica estalló cuando entraban en Erandio (Vizcaya), matando en el acto a su hijo de 2 años, FABIO MORENO ASLA, hiriendo a su hermano gemelo, Alexander –que sufrió quemaduras en una pierna y perforación en un tímpano–, y al propio agente de la Guardia Civil, que tardaría 852 días en curar sus heridas.

Tres días antes los asesinos habían colocado el artefacto bajo el asiento del copiloto sabiendo perfectamente que Antonio Moreno utilizaba ese vehículo exclusivamente para los desplazamientos con su familia, pues para ir y venir a su trabajo en la Comandancia de la Guardia Civil de Bilbao utilizaba el tren. Mientras Martínez Izaguirre vigilaba, Iglesias Chouzas, alias Gadafi, había forzado la puerta delantera derecha para colocar el artefacto explosivo bajo el asiento del copiloto.

"La bomba llevaba en el coche tres días, lo que pasa es que en tres días no lo habíamos usado. El coche sólo se utilizaba para la familia, para llevar a los críos a la piscina, al monte... Cuando se puso esa bomba se sabía que el daño iba a ser para la familia, que no iba a ser sólo para mí", contó en 2006 Antonio Moreno Chica (Trece entre mil, Iñaki Arteta).

La banda asesina de niños, porque no se la puede calificar de otra forma, hacía tres semanas que había mutilado gravemente a otra niña, Irene Villa. Además, ese año de 1991 ETA había asesinado a otros seis menores de edad antes que a Fabio Moreno, cinco de ellos en la casa cuartel de Vic, y una en San Sebastián, María del Coro Villamudria.

Felipe González, el entonces presidente del Gobierno, declaró al día siguiente del asesinato de Fabio: "Me produce una profunda repulsión moral, que a veces me coloca en una situación muy próxima a la pérdida de control. Por eso trato de no perder el control de la lucha contra esos asesinos de niños. Acontecimientos como el de ayer refuerzan nuestra voluntad de acabar con ellos" (ABC, 09/11/1991).

Antonio Moreno había recogido a sus gemelos en una piscina cubierta de Guecho en la que habían estado con su madre. En una curva cerrada a la entrada de Erandio el artefacto explotó. Fabio murió en el acto, con la cabeza destrozada y un brazo prácticamente desgajado del cuerpo:

Al abrir la parte de atrás del coche saqué a Alex, que estaba bien, lo malo fue cuando fui a sacar a Fabio, que lo tuve que coger a trozos. No sabes cómo sujetarlo porque se te cae por todos los sitios. Al reventar la bomba me reventó los tímpanos. No oía nada, no sabía lo que estaba pasando (...) Lo primero que piensas es por qué a mi hijo y no a mí. Si en teoría el malo de la película diríamos que soy yo (Trece entre mil, Iñaki Arteta).

Abrazado al cadáver de su hijo que acababa de sacar de la chatarra del vehículo, Antonio Moreno Chica repetía: "Ya me lo han matado esos hijos de puta". Él y Alexander fueron llevados al Hospital de Cruces de Baracaldo, donde se les diagnosticó rotura de tímpanos.

Todos los partidos políticos, a excepción de Herri Batasuna (HB), condenaron unánimemente el atentado. En un comunicado execrable, como todos los de la formación proetarra, HB señalaba que entendían el dolor que producía el atentado, que lamentaban la muerte del niño pero que no permitirían "que se utilice ese dolor para la realización de denuncias hipócritas por parte de quienes tienen la responsabilidad de estar prolongando el sufrimiento de este pueblo" y reclamaba, una vez más, la negociación con ETA.

En 1995 la Audiencia Nacional condenó a un total de 85 años de prisión al etarra Martínez Izaguirre. Coincidiendo con este juicio, Arantxa Asla, la madre de Fabio, manifestó que ella lo condenaría a "la muerte, que no es ni más ni menos lo que ellos hicieron a mi hijo, matarle. Ojo por ojo y diente por diente (...) Yo no puedo olvidar lo que ellos le han hecho a mi hijo y a mi familia, y tampoco puedo perdonarles. Sé que hay personas que afirman haber perdonado a los asesinos de sus familiares. Pero yo no puedo" (El Mundo, 23/01/1995). Con el paso del tiempo ese sentimiento de odio, de desear "que les pasara lo mismo" y que "sufrieran como perros" ha pasado. Ahora "simplemente no les perdono" y quiere "que cumplan sus penas" (El Correo, 10/07/2010).

En 2003 fue condenado Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, a un total de 82 años por este atentado. Sin embargo fue absuelta de su participación en el asesinato de Fabio la etarra Rosa María Arana Txakartegi, pese a que el Ministerio Fiscal había solicitado las mismas penas que para Gadafi y por los mismos delitos. El tribunal aplicó a la etarra el principio in dubio pro reo, justificando esta decisión por no haber podido reconstruir de manera absolutamente clara la participación de Arana en el atentado. Y eso a pesar de que la principal prueba de cargo aportada por la Fiscalía era una nota manuscrita que se le incautó a Arana cuando fue detenida en 1992 y en la que se decía: "Yo había estado con ellos controlando cuando abrieron la puerta y colocaron la bomba en el coche del padre de Fabio". Arana fue detenida en febrero de 2001 cuando salía de su turno de trabajo en una fábrica de Guernica bajo la acusación de ser quien dio la orden de atentar contra Antonio Moreno.

En septiembre de 2005 Gadafi pidió su traslado a España, para seguir cumpliendo sus condenas aquí, quizás porque intuía que en España la situación podría serle más favorable. Cuando llegó a España, el padre de Fabio fue entrevistado en ABC y señaló algo que, lamentablemente, se está produciendo en estos momentos, que es la criminalización de las víctimas. Preguntado sobre qué pensaba de que Gadafi viniese a cumplir su condena a España "para estar más cerca de su familia, su novia y su hijo", Antonio Moreno contestó:

Sentí vergüenza de tener los gobernantes que tenemos. Anoche no pegué un puñetero ojo. Estaba viendo por televisión la llegada a España de esta alimaña y se me quitaron hasta las ganas de vivir. Ha llegado para reírse de nosotros y lo hace con el asentimiento del Gobierno. Y si yo ahora voy y mato a su hijo, ¿estamos en paz? Si yo fuera una alimaña como él podría matar a su hijo tranquilamente. ¿Y me van a dar los mismos privilegios que a él?, pregunto. Lo único cierto es que él va a tener a su hijo y yo no. Además, sé lo que va a pasar: pondrán a ‘Gadafi’ como buque insignia de la negociación, negociaremos todos, todos a las cárceles del País Vasco, y, en cuatro días, a la calle, eso sí, con una sonrisa. Y si las víctimas no nos reímos también nos dirán que somos unos desgraciados, unos rencorosos que no queremos la paz. ¿Es que somos tontos? Siempre las víctimas tienen que hacer los esfuerzos, y los gobiernos como éste que tenemos y los terroristas, ¡al cachondeo! ¿Para que no haya más víctimas? Eso sólo se arregla con buena presión policial, como les estaban haciendo (...) Van a venir todos [los presos] porque va a haber una negociación y todos a la calle en cuatro días. Y si no, les darán algún régimen especial y a vivir. Otra vez se van a reír de nosotros. Nadie nos apoya. El anterior Gobierno empezó a apoyarnos y comenzábamos a sentirnos respetados; pero ha vuelto esta gente y sientes de nuevo la bofetada con la negociación y el acercamiento de presos a sus familias. Y si no, a las familias de los presos les pagan viajes para que vayan a verlos, mientras yo llevo esperando 14 años a que el Gobierno vasco me pague un billete para ir a ver la tumba de mi hijo (ABC, 15/09/2005).

Los funerales por Fabio Moreno se celebraron en la parroquia de San Agustín de Erandio, y sus restos mortales fueron enterrados en el cementerio vizcaíno de Derio.

Fabio Moreno Asla, de 2 años, había nacido en Bilbao. Su madre, Arantxa Asla, y toda su familia materna, era vasca. Su padre, Antonio Moreno Chica, de 32 años, era natural de Granada y estaba destinado en el servicio de Intervención de Armas de La Salve (Bilbao) desde 1979. Además de su padre, el abuelo paterno del niño también fue guardia civil y había estado destinado en Vizcaya. El matrimonio era muy conocido en Erandio, donde los padres de Arantxa regentaron durante años un bar. Además de los gemelos Fabio y Alexander tenían otro hijo, Marco, que tenía 10 años cuando asesinaron a su hermano. Antonio tuvo que dejar la Guardia Civil por las secuelas que le quedaron tras el atentado. Si ningún padre puede superar y olvidar la muerte de un hijo, en el caso de Fabio ha sido imposible, porque su gemelo Alex les recuerda siempre al niño asesinado:

Veo a Alex, un tiarrón de 1,80 metros con 16 años, un deportista fenómeno, un chaval estupendo... y siempre pienso en el hermano... Le veo y la congoja se engancha a la garganta y ya no te la quita nadie. Imaginas... Y eso te destroza (ABC, 15/09/2005).

Alex perdió el habla tras el asesinato de su gemelo, y tardó cuatro meses en recuperarla. Su hermano Marco recordaba en 2010 durante un homenaje a Fabio en el Ayuntamiento de Erandio cómo se enteró de todo:

"Me lo dijo mi tío en el ascensor con estas palabras: 'Tu padre y Alex están bien, pero Fabio ha muerto'". Al entrar en casa, la desolación. Su madre, "llorando". Su padre, hundido en el sofá. Mucha gente pululando por la vivienda y su hermano muerto por culpa del "fanatismo". Él ya tenía una edad en 1991 para recordar lo que pasó. "Le querré toda mi vida y con todo mi corazón" (...) A Marco, que ya está casado y tiene un hijo, no le dejó satisfecho el homenaje del Ayuntamiento. Lo que menos le gustó fue la decisión de instalar la placa conmemorativa dentro y no fuera, en un espacio público a la vista de todos. Estaba decepcionado, como su padre (El Diario Montañés, 30/07/2010).

Diez años después del asesinato de Fabio Moreno, el 7 de noviembre de 2001, la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Guecho (Vizcaya) al magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya JOSÉ MARÍA LIDÓN CORBI. A las 7:25 horas dos terroristas a cara descubierta descerrajaron cinco tiros al magistrado cuando éste se disponía a salir, acompañado por su mujer, del garaje de su domicilio para dirigirse a su trabajo. Dos terroristas se situaron frente al vehículo y junto a la puerta izquierda, y le descerrajaron cinco disparos a bocajarro. El juez fue alcanzado por tres impactos, uno de ellos en la nuca.

Además de su mujer, fue testigo del asesinato uno de sus hijos, Íñigo, que en ese momento aguardaba en su vehículo fuera del aparcamiento a unos diez metros del lugar de los hechos. Íñigo salió de su vehículo y acudió rápidamente al coche de sus padres. Los pistoleros de la banda se quedaron paralizados por unos instantes al escuchar sus gritos para, a continuación, emprender la huida a pie. Tras encontrarse con la escena de su madre con un shock nervioso y su padre agonizando, subió a su domicilio para llamar a la Ertzaintza y advertir a su hermano mayor de lo sucedido. "Han matado a nuestro padre".

María Luisa Galárraga, viuda de José María, rememoró durante el transcurso del juicio al etarra Orkatz Gallastegi en diciembre de 2005 el momento del asesinato:

Empecé a escuchar tiros. Primero por la ventanilla del conductor, luego también por la delantera. Al principio me quedé impasible... sin reacción. Después, al empezar a oír los disparos desde delante, pensé: "¡Ya vale, ya basta!, ¡más no, más no!" (...) En cierto momento, el que estaba disparando desde delante me apuntó. Hubo entonces un momento en el que me recliné en el asiento. Pensé: "Bueno, somos los dos".

Una de las vecinas, que conocía a la familia Lidón desde hacía casi veinte años, contó a los medios de comunicación que, al oír los disparos, se vistió y bajó inmediatamente a la calle, encontrándose con la terrible escena. Vio primero al menor de los hijos junto a su padre, que se encontraba todavía con vida en el interior de su vehículo con el rostro cubierto de sangre y la cabeza echada hacia atrás. El hijo no paraba de gritar: "¡que venga alguien, que venga alguien!... ¿Dónde está la ambulancia, que no viene?" (El Mundo, 08/11/2001). A los pocos minutos del atentado, una UVI móvil llegó al lugar, aunque para entonces el médico sólo pudo confirmar el fallecimiento de José María Lidón. Poco antes de las diez de la mañana el juez de guardia de Guecho ordenó el levantamiento del cadáver.

La capilla ardiente había quedado instalada por la tarde en el Palacio de Justicia de Bilbao. El lehendakari, Juan José Ibarretxe, el ministro de Interior, Mariano Rajoy, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, y el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Joseba Egibar, entre otras autoridades, así como numerosos miembros de la judicatura, acudieron a acompañar a la familia. José María Aznar canceló a última hora su asistencia al funeral, decisión que causó cierta polémica. Mientras desde el Partido Popular se justificó la misma alegando que la familia deseaba dar al funeral un carácter "no institucional", fuentes citadas por el diario El País en su edición del 8 de noviembre señalaban que el motivo de la ausencia del presidente del Gobierno era que no había sentado bien la decisión de la familia del magistrado de reservar los cinco primeros bancos de la iglesia para los más allegados. En lugar de Aznar asistió a título personal el ministro de Justicia, Ángel Acebes. Después del funeral, una gran manifestación recorrió las calles de Guecho para protestar por el asesinato de José María Lidón. Los restos mortales del magistrado fueron incinerados al día siguiente por la mañana en el crematorio del cementerio de Derio en una ceremonia privada.

El consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, confirmó también que José María Lidón no llevaba escolta porque su nombre no había aparecido en ninguna lista de objetivos de ETA, información que fue corroborada por un familiar de la víctima, que señaló que José María no se sentía amenazado, por lo que nunca había solicitado protección. El hecho de no aparecer en listados de la banda le había hecho comentar alguna vez: "Fíjate lo poco importante que soy que no aparezco en los papeles de ETA" (El Mundo, 08/11/2001). Sin embargo, José María Lidón fue ponente de la sentencia que condenó con penas entre 2 y 20 años de prisión a los etarras menores de edad que atacaron con cócteles molotov la sede del PSE de Portugalete en abril de 1987. A consecuencia del ataque murieron María Teresa Torrano Francia y Félix Peña Mazagatos. En sentido contrario, había sido también ponente de la sentencia que, en 1981, condenaba a nueve guardias civiles por torturas a Tomás Linaza, padre de un etarra, durante su detención en el cuartel bilbaíno de La Salve.

En opinión del consejero Javier Balza el asesinato de José María Lidón obligaba a replantear la seguridad de los trescientos miembros del Poder Judicial presentes en el País Vasco, porque suponía un "salto cualitativo" en la actividad terrorista de ETA, al pasar de atentar contra edificios judiciales, como el Palacio de Justicia de Vitoria, a asesinar a un magistrado. Recordó que la última víctima de ETA en el País Vasco dentro del ámbito judicial fue José Javier Jáuregui Bernaola, juez de paz de Lemona (Vizcaya) asesinado por la banda el 8 de julio de 1978.

El 15 de noviembre la banda terrorista ETA reivindicó el asesinato del magistrado en un comunicado enviado al diario Gara, asumiendo que era un atentado dirigido "contra el aparato de Justicia española (...) Los jueces españoles que castigan sin piedad a los combatientes vascos no tienen un espacio de impunidad en Euskal Herria". Ese mismo día Arnaldo Otegi, portavoz de Batasuna, brazo político de la banda, señaló en Radio Euskadi que "la Judicatura española en Euskal Herria no defiende los intereses de los ciudadanos de Euskal Herria".

Los presuntos autores materiales del asesinato del juez Lidón, Hodei Galárraga Irastorza y Egoitz Gurrutxaga Galarza, no pudieron ser juzgados al fallecer ambos en septiembre de 2002 cuando les explotó la bomba que transportaban en un vehículo por las calles de Bilbao. Sí fue juzgado Orkatz Gallastegi Sodupe, chivato de la banda que facilitó a ETA la información necesaria para asesinar al magistrado. En 2005 la Audiencia Nacional lo condenó a 26 años de prisión como autor criminalmente responsable de un delito de asesinato terrorista.

José María Lidón Corbi, de 50 años, era natural de Gerona, pero cuando tenía 17 años se fue al País Vasco para estudiar la carrera de Derecho en la Universidad de Deusto. Allí conoció a la que sería su mujer, María Luisa Galárraga, natural de Baracaldo. Tras la boda, el matrimonio, fijó su residencia en Vizcaya. Tenían dos hijos, de 23 y 21 años cuando José María fue asesinado. Magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya, José María era catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Deusto, donde impartía clases desde hacía treinta años. También era profesor en la Academia de la Policía Municipal de Bilbao.

Jose Alberto Lisalde, Sotero Mazo, Jeanine Pueyo y Eladio Rodríguez García

6 de Noviembre de 2011 - 09:10:02 - M.J. Grech

Pasadas las diez de la noche del jueves 6 de noviembre de 1980, tres miembros de la banda terrorista ETA asesinaban a tiros en Éibar al policía nacional JOSÉ ALBERTO LISALDE RAMOS y a su amigo, el peluquero SOTERO MAZO FIGUERAS. Los dos amigos salían del domicilio de Sotero y se disponían a subirse en un vehículo Seat 124, propiedad del agente de Policía.

Los terroristas habían estado horas antes apostados en la puerta del cine Coliseo de la localidad guipuzcoana pensando, erróneamente, que varios agentes de Policía estaban dentro de la sala. Su objetivo era atentar contra ellos cuando terminase la sesión de cine y saliesen del local, pero al terminar la película, no vieron salir a los agentes. Por ese motivo decidieron regresar al domicilio del etarra Fidel González García, donde se alojaban los tres miembros de ETA. Al llegar a la calle Virgen del Carmen vieron estacionado un vehículo propiedad de un policía nacional y, sobre la marcha, decidieron esperar y atentar contra él. El vehículo ya lo tenían fichado gracias a la labor de chivato que había realizado el propio González García, tal y como se recoge en la sentencia de 2003 por la que se condenó a Pedro José Picabea Ugalde.

Hacia las 22:20 horas vieron que José Alberto Lisalde y Sotero Mazo se disponían a subir al turismo y abrieron fuego contra ellos. José Alberto murió en el acto, mientras que Sotero lo hizo poco después, antes de que pudiera ser trasladado a un centro sanitario. En el lugar del atentado la Policía recogió cinco casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF-Gelot de fabricación francesa. Tras cometer el asesinato, los tres terroristas huyeron en el vehículo de González García y se refugiaron en su domicilio.

En un pleno extraordinario, celebrado nada más tener conocimiento del atentado, el Ayuntamiento de Éibar acordó condenar "esta nueva manifestación de la barbarie terrorista, con toda energía y sin reserva alguna". El texto de la moción fue aprobado por los concejales del PNV, PSOE, Euskadiko Ezkerra y PCE. Los concejales de Herri Batasuna se encontraban ausentes por haber decidido en días pasados mantenerse ajenos a la actividad municipal. El comunicado del Ayuntamiento pedía a los ciudadanos de Éibar que suspendiesen sus actividades durante todo el día y que acudiesen a los actos que se iban a organizar en señal de repulsa por el asesinato de José Alberto y Sotero. Al día siguiente, 7 de noviembre, unas mil quinientas personas recorrieron las calles de la localidad para manifestar su repulsa por el atentado.

Un día después del atentado, los padres y hermanos de Sotero Mazo pidieron públicamente explicaciones a los autores del atentado. Éste fue reivindicado por ETA mediante un comunicado en el que acusaba a Sotero Mazo de ser "miembro de la red de confidentes en Éibar".

Nuestra familia –decía la carta abierta de los padres y hermanos del peluquero–, llegó a Euskadi hace ya muchos años y se instaló en Ermua, como miles y miles de inmigrantes que hoy sienten que esta tierra es también suya. [Por la peluquería pasó] todo el pueblo de Eibar, lo que le granjeó simpatías y amistades que facilitaron nuestra total integración en Euskadi.

En el año 1982 la Audiencia Nacional condenó a Fidel González García –el etarra que tenía alojados a tres miembros de la banda en su domicilio– y a Francisco Fernando Martín Robles a sendas penas que sumaban 47 años de prisión. En el año 2003 fue condenado Pedro José Picabea Ugalde, alias Kepa de Hernani, a 27 años de prisión por cada asesinato. El tribunal dio validez en su fallo a la declaración judicial del etarra González García realizada en 1981 delante de un abogado de su confianza, Ignacio Esnaola, cuando indicó que los tres terroristas le comentaron, nada más llegar a su casa, que habían ejecutado a dos personas. El tercer autor material del asesinato, Juan María Oyarbide, no pudo ser juzgado al haber resultado muerto, junto a Manuel Urionabarrenetxea, en septiembre de 1989 durante un enfrentamiento con la Guardia Civil.

José Alberto Lisalde Ramos, de 27 años, era natural de Órgiva (Granada). Estaba casado y tenía dos hijos de muy corta edad.

[José Alberto Lisalde] era un gran hombre; ya no está con nosotros. Yo le vi por primera vez una mañana, cuando acababa de llegar a la Comisaría del Cuerpo Superior de Policía de Eibar, procedente de Madrid. Corría el año 1978. Era de una cortesía, de una educación y de un cariño hacia sus compañeros y ciudadanos sin límites. Su humanidad desmesurada le llevaba a efectuar por los demás los más arriesgados sacrificios, sin esperar respuesta ni agradecimiento a cambio. Su generosidad y comprensión estaban siempre al servicio de los demás, como un padre diligente y humanísimo; su amor por los animales, por la naturaleza y por todo aquello que representara la obra creadora del Altísimo afloraban siempre por sus ojos llenos de luz y de cariño hacia todos. Que Dios perdone a sus asesinos. (Testimonio de un inspector del Cuerpo Superior de Policía recogido por El País, 13/11/1980)

Sotero Mazo Figueras, peluquero de 35 años, estaba casado y tenía dos hijos, de 7 y 5 años. Era natural de Garganta (Cáceres) y regentaba una peluquería en Éibar.

 

 

 

El 6 de noviembre de 1980 la banda terrorista ETA asesinaba en Tarbes (Francia) a la ciudadana francesa JEANINE PUEYO, novia de Josep Zurita, sospechoso de pertenecer a grupos extremistas y de haber participado en el atentado contra el exdirigente de ETA Juan José Etxabe el 4 de julio de 1978 en San Juan de Luz. En este atentado resultó muerta la esposa de Etxabe, Rosario Arregui, que recibió once impactos de bala, y el exdirigente de la banda resultó herido grave al recibir seis disparos. El vehículo del matrimonio fue ametrallado cuando ambos se acababan de introducir en el mismo tras salir del restaurante Etxabe Enea. El atentado fue reivindicado por la Triple A.

Según declaraciones de Etxabe mientras convalecía de sus heridas, en el atentado participaron dos vehículos y, entre los autores, había una mujer rubia que había comido el mismo día del atentado en su restaurante acompañada por un hombre (El País, 09/07/1978). En la colonia de vascos residentes en el sur de Francia se interpretó el atentado contra la familia Etxabe como una posible represalia por el asesinato del periodista José María Portell y otros atentados contra miembros de las Fuerzas de Seguridad.

Josep Zurita fue detenido en la frontera franco-suiza en agosto de 1980 por su presunta relación con este atentado y puesto en libertad provisional sin fianza por la Cámara de Acusación de Pau (Francia) el 18 de octubre de 1980. Zurita aparecía citado en el documento incautado a la dirección de ETA –tras la detención de José Luis Álvarez Santacristina, alias Txelis, en marzo de 1992 en Bidart– como "francés que trabajó para OAS, acusado de atentar contra la familia Etxabe". Pocos días después de que Zurita fuese puesto en libertad provisional, el 6 de noviembre, fue asesinada Jeanine Pueyo, que también había sido interrogada por el juez de Bayona en relación al caso Etxabe.

En el lugar del atentado la Policía gala recogió unos mechones de pelo que demostrarían que la víctima se defendió antes de ser asesinada. El bolso de Jeanine con todas sus pertenencias se encontró en el lugar de los hechos, por lo que se descartó el robo como motivo del asesinato y, en un primer momento, la Policía barajó la posibilidad de un ajuste de cuentas. La víctima había recibido dos tiros de posta.

El asesinato de Jeanine Pueyo fue reivindicado por un grupo denominado Comandos Independientes Especiales de Apoyo a ETA Militar (KIBAETAM), que se había constituido en 1980 y participó en varios atentados, en su mayor parte ataques con bombas y artefactos incendiarios, antes de que una parte de sus miembros se integrasen en ETA. En la edición del 14 de noviembre de 1980 del periódico La Vanguardia se hacía eco de que un comando berezi (especial) de apoyo a ETA Militar había reivindicado el atentado mediante comunicado enviado al diario Egin. La misma referencia a los berezis aparece en el documento incautado a Txelis en Bidart. El historial terrorista de este grupo culminó con el secuestro del secretario general de Partido Comunista de Euskadi, Roberto Lertxundi, en abril de 1981.

Además del asesinato de Jeanine, el atentado contra la familia Etxabe fue utilizado como justificación en otros dos asesinatos de la banda: el cometido el 28 de agosto de 1978 contra el inspector de Policía Alfonso Estevas-Gilmain Muñoz, y los dos cometidos contra Tomás Sulibarria Goitia (el primero dos días después del asesinato de Alfonso Estevas-Gilmain y el que le costó la vida, el 3 de junio de 1980).

Jeanine Pueyo tenía 53 años. Hasta cinco años antes de ser asesinada había vivido en Marruecos. Posteriormente regentó un club nocturno en Torremolinos.

Una semana después de las elecciones legislativas del 29 de octubre de 1989, en las que el PSOE revalidó su mayoría absoluta, la banda terrorista ETA asesinaba en Guecho (Vizcaya) al subinspector de Policía ELADIO RODRÍGUEZ GARCÍA mediante una bomba-lapa colocada en los bajos de su vehículo.

A las siete de la mañana del 6 de noviembre de 1989, Eladio se dirigió a su coche para trasladarse al trabajo. El hijo de su pareja, un muchacho de 15 años, se salvó de milagro porque, al llegar al coche, empezó a llover y regresó a su casa a recoger un paraguas. En ese espacio de tiempo, Eladio Rodríguez arrancó el coche y la bomba estalló, destrozando el cuerpo del subinspector de Policía que falleció en el acto. Un sedal unido a la rueda delantera izquierda activó el artefacto compuesto por aproximadamente tres kilos de amonal. Agentes de la Ertzaintza tuvieron que emplear palanquetas para forzar las puertas del automóvil y extraer el cadáver.

La capilla ardiente se instaló esa misma tarde en el Gobierno Civil de Vizcaya y el funeral por su alma se celebró al día siguiente, 7 de noviembre, en Guecho.

El ministro de Interior, José Luis Corcuera, relacionó el atentado con quienes habían puesto condiciones para ejercer su derecho a asistir al Parlamento, en una clara referencia a Herri Batasuna (HB), que había condicionado su presencia en las Cortes al inicio de un proceso negociador entre ETA y el Gobierno. En unas declaraciones públicas hechas en la Escuela de Policía de Ávila, Corcuera añadió: "que les digan a sus amigos que dejen de matar (...) ETA ha fracasado. El pueblo vasco y el del conjunto del Estado español rechaza categóricamente el atentado. La sinrazón les lleva a seguir matando, incluso cuando el pueblo les dice que quieren la paz".

Dos sindicatos policiales pidieron un endurecimiento de la política antiterrorista. El Sindicato Profesional de Policía Uniformada (SPPU), requirió al futuro Gobierno que solicitase la extradición de todos los terroristas residentes en países del Caribe. La Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU), que se pronunció en los mismos términos, pidió también cadena perpetua para los delitos de terrorismo, un reforzamiento de las penas para los delitos de apología y la supresión de las medidas de gracia.

Por el asesinato de Eladio Rodríguez García fueron condenados Inmaculada Pacho Martín, Fernando del Olmo Vega y José Luis Martín Carmona, Koldo, en varias sentencias dictadas por la Audiencia Nacional en 1992 y 1995. Los dos primeros fueron detenidos en enero de 1991 y se confesaron autores de seis asesinatos cometidos entre enero de 1988 y septiembre de 1990. En esos atentados colaboraron también Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, y Juan María Ormazábal Ibarguren, Turco (fallecido). Martín Carmona, supuestamente arrepentido, empezó a disfrutar de permisos carcelarios en diciembre de 2010.

Eladio Rodríguez García tenía 49 años. Habría cumplido 50 tres días después, el 9 de noviembre. Había nacido en Castro de Rey (Lugo) y tenía dos hijos de 22 y 17 años de un matrimonio anterior. El mayor era guardia civil. Eladio ingresó en la Policía en 1963 y estaba destinado en el País Vasco desde noviembre de 1984, coincidiendo con su ascenso a subinspector. En el momento de su asesinato prestaba servicio en la unidad de seguridad de la comisaría del barrio de San Ignacio, en Bilbao.

Mariano Criado Ramajo, guardia civil, y Manuel Carrasco Merchán, obrero en paro

5 de Noviembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A las seis y media de la tarde del domingo 5 de noviembre de 1978 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Tolosa al guardia civil MARIANO CRIADO RAMAJO cuando salía, acompañado por otros tres agentes, del campo de fútbol de Berazubi, donde habían prestado servicio de seguridad en el partido entre el Tolosa y el Tudelano. El atentado fue idéntico al perpetrado dos semanas antes, el 22 de octubre, contra dos parejas de la Guardia Civil que salían de prestar el mismo servicio en el campo de fútbol de Gobelas en Las Arenas de Guecho, atentado que provocó la muerte de tres de los cuatro guardias civiles.

Esta vez los terroristas del grupo Gamboa de ETA no esperaron a que los guardias civiles se alejaran del estadio, como ocurrió en Guecho. Desde una posición alta, y escondidos detrás de una tapia, los etarras –tres individuos con el rostro cubierto– ametrallaron a los agentes que salían por una puerta trasera del estadio, cuando todavía un gran número de aficionados no había abandonado el recinto pues hacía escasamente un minuto que había terminado el partido. Mariano Criado, que marchaba más rezagado, fue alcanzado por un disparo en el cuello que le causó la muerte en el acto. Sus compañeros se escondieron detrás del autobús del equipo visitante, el Tudelano, e intentaron repeler el ataque terrorista que provocó heridas graves al agente Antonio Pinel Romero y al niño de 13 años Jesús Orbegozo Beristain. El primero, herido en el hombro, tardó nueve meses en ser dado de alta, mientras que el niño Jesús Orbegozo, que recibió dos impactos en la pierna y el hombro, estuvo ingresado cuarenta y cinco días.

El pánico se desató entre el numeroso público que todavía estaba en las gradas, que se puso a cubierto como pudo. Desde los vestuarios del campo, en los que se habían refugiado unas cincuenta personas, se veían las piernas de un guardia civil tendido en el suelo. El gobernador civil de la provincia desmintió que el niño Jesús Orbegozo fuese alcanzado por las balas disparadas por los guardias civiles ya que se encontraba detrás de las fuerzas del orden. Tanto él como el guardia civil Antonio Pinel fueron trasladados a la Clínica San Cosme y San Damián, de Tolosa.

Los agresores se dieron a la fuga en un automóvil cuyos datos coincidían con el vehículo robado a punta de pistola ese mismo día en la localidad guipuzcoana de Azpeitia.

Al día siguiente, lunes 6 de noviembre, se celebraba el funeral por el alma de Mariano Criado en la Iglesia de Santa María de Tolosa. Dentro y fuera del templo se vivieron momentos de gran tensión. A los gritos proferidos por varias mujeres de guardias civiles en contra de la democracia y a favor de la restauración de la dictadura se sumaron otros de "Muerte a los asesinos" y "no queremos medallas, queremos irnos de aquí y no queremos vivir entre gente asesina". También se oyeron gritos contra Martín Villa y contra el Gobierno en general.

Al finalizar el acto religioso, al que asistieron las autoridades civiles y militares, acompañadas del consejero de Interior del Consejo General vasco, Txiki Benegas, numerosos guardias civiles, que mantuvieron en todo momento una disciplina férrea sin dar un solo grito, rompieron a llorar al ver cómo el féretro con los restos de su compañero era introducido en el furgón que emprendería el viaje hacia Cáceres, donde sería enterrado.

En 1982 la Audiencia Nacional condenó a los autores del atentado –José Luis Martín Elustondo, José Ignacio Goicoechea Arandia y Joaquín Zubillaga Artola– a sendas penas de 27 años de prisión mayor por el asesinato de Mariano Criado, y a dos penas de 12 años de prisión menor por los dos asesinatos frustrados.

Mariano Criado Ramajo tenía 24 años, estaba casado y era natural de Cáceres, ciudad en la que se encontraba hospitalizada su mujer que estaba a punto de dar a luz al primer hijo de la pareja.

A las dos de la tarde del 5 de noviembre de 1983 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en la localidad guipuzcoana de Villabona a MANUEL CARRASCO MERCHÁN. Aunque dos años antes un dirigente de la banda había pedido información sobre Manuel Carrasco Merchán a un colaborador de ETA que residía en la localidad, ese día la víctima fue asesinada por casualidad. Manuel salió a las 14:00 horas del bar ubicado en el Hogar del Jubilado y tuvo la mala suerte de pasar por delante de una vivienda donde estaban escondidos varios miembros de ETA que lo reconocieron, lo siguieron durante un trecho y le dispararon a quemarropa, huyendo a continuación en un vehículo donde les esperaba un tercer terrorista. Fue alcanzado por seis impactos en la cabeza y en el tórax que le provocaron la muerte casi en el acto. En el lugar de los hechos se recogieron once casquillos del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF.

La madre de Manuel, que estaba en su domicilio, pudo ver parte del atentado desde la ventana del mismo. Su padre bajó rápidamente a la calle y, hasta que el juez ordenó el levantamiento del cadáver, estuvo abrazado a él.

ETA reivindicó el atentado mediante llamada al Diario Vasco indicando, además, dónde habían dejado abandonado el vehículo utilizado para huir.

Manuel Carrasco Merchán, obrero en paro de 27 años de edad, al que no se le conocían vinculaciones políticas de ningún tipo, era natural de Higuera de Vargas (Badajoz), pero desde niño vivía en el País Vasco, adonde sus padres emigraron instalándose en Villabona. Un año antes de ser asesinado, Manuel Carrasco había contraído matrimonio con Esther Pintado y se había trasladado a vivir al caserío Ugareberri en Asteasu, próximo a Villabona, donde seguía teniendo a parte de sus amigos y a sus padres, por lo que era frecuente que se trasladase a la localidad. La primera hija del matrimonio, Estíbaliz, había nacido dos semanas antes de que Manuel fuese acribillado a tiros por la banda terrorista. Esther tenía entonces 24 años y se quedó "sola", "sin ayudas" y sintiendo el "rechazo" de buena parte de los vecinos de Asteasu, como contó en el Parlamento vasco en abril de 2008, con motivo de la inauguración de una escultura en memoria de las víctimas (El Correo, 12/04/2008). Su historia es una más de esas historias de desamparo y soledad en la que han vivido, o sobrevivido, las víctimas de ETA. En mayo de 2008 relató a El País cómo cambió su vida de la noche a la mañana, y con una niña de quince días a la que sacar adelante:

Tuvo que ver la cabeza destrozada de su marido para convencerse de que le habían asesinado. Y hoy todavía espera que le den una explicación los dos amigos que le acompañaban aquel sábado a mediodía en un bar de Asteasu y que desaparecieron tras el atentado. "No dieron la cara. Se largaron en horas, sin despedirse. Les he buscado por Internet, pero no he logrado nada". "Se me cortó la leche del impacto", recuerda. Se quedó sin marido, sin dinero, sin amigos, y bajo la sospecha de que "estábamos metidos en algo". Ayudada por sus padres, pagó el funeral y la lápida para enterrar a su marido. (...) Consiguió una pensión mínima y una casa que le dejó una amiga. Al año del asesinato, una mujer del pueblo le espetó: "Y tú, ¿por qué no te vas?" (...) "Yo me decía: seguiré aquí. Mi hija es de aquí y va a seguir siendo de aquí. No tengo porqué marcharme de este país, donde vine siendo muy pequeña, y dejar a mis padres y mi familia. No he hecho nada. Quiero demostrar que no estoy metida en nada y soy una persona como las demás" (...) Ha vivido estos 25 años en un feudo de Batasuna y cree que el actual alcalde, aunque del PNV, "no será capaz de hacer un homenaje a mi marido, como es su deber según la ley". Su hija Estíbaliz ha estudiado en la ikastola y convive con naturalidad con jóvenes radicales. ¿Guarda rencor? "Ella haría lo que fuera por preguntarle al asesino de su padre por qué le disparó", responde. Ella sí que le ha seguido la pista desde su detención en Francia y sabe que sigue en la cárcel. "Si me lo cruzara en la calle, le reconocería con mirar su cara". (El País, 18/05/2008).

Miguel Lasa y el general Lago Román, el atentado más grave desde el de Carrero Blanco

4 de Noviembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El 4 de noviembre de 1980 fallecía en la residencia de la Seguridad Social Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián MIGUEL LASA ARRUABARRENA, horas después de haber sido herido en el atentado que tres miembros de la banda terrorista ETA perpetraron en el Bar Haizea de Zarauz. De resultas del mismo fallecieron cuatro guardias civiles y resultaron heridos un quinto agente y otras cuatro personas, todas ellas clientes del bar que se encontraban en el interior del establecimiento cuando los etarras empezaron a disparar.

Miguel Lasa fue herido en la cabeza cuando salía de los servicios del local con el camarero Antonio Izquierdo, también herido en el atentado. Fue sometido a una delicada operación quirúrgica de la que no consiguió salir, falleciendo a las once de la mañana.

Miguel Lasa Arruabarrena, de 49 años y soltero, era natural de Zarauz. Su familia estaba vinculada al Partido Nacionalista Vasco (PNV).

Poco después de las ocho y media de la mañana del 4 de noviembre de 1982 dos miembros del grupo Argala de ETA ametrallaban en Madrid al general de División VÍCTOR LAGO ROMÁN y al conductor de su vehículo, el soldado Juan Carlos Villalba González.

El general se dirigía en el vehículo oficial al cuartel general de la División Acorazada de Brunete en las afueras de Madrid. Al salir del domicilio, en la calle Santa Engracia, el soldado puso el banderín con las dos estrellas correspondientes al cargo de general de División de su ocupante. Cuando circulaban por la avenida de los Reyes Católicos, cerca de la Ciudad Universitaria, una moto de gran potencia ocupada por dos terroristas se colocó en el lateral derecho del vehículo oficial y uno de ellos empezó a disparar con un subfusil. El general falleció en el acto, alcanzado por varios disparos en la cabeza, mientras que el conductor, que dio un volantazo hacia la izquierda cuando empezaron a disparar, quedó gravemente herido con una herida en la frente. Alrededor del vehículo se recogieron unos veinte casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum.

Los terroristas habían elegido cuidadosamente un punto del itinerario de Víctor Lago Román que ofrecía varias posibilidades de huida: hacia la Ciudad Universitaria para volver al centro, hacia la propia carretera de El Pardo, hacia la autopista de La Coruña o hacia el Puente de los Franceses.

Varias personas, entre ellas una doctora, se acercaron al vehículo. Pese a que el general Lago Román presentaba claros síntomas de haber fallecido, la doctora lo trasladó en un taxi a la Clínica de la Concepción, muy cerca del lugar del atentado. El parte clínico difundido a primera hora de la tarde por la dirección del hospital precisaba que el general había ingresado ya cadáver en el hospital a las 8:40 horas. Según fuentes de la citada clínica, el general presentaba de seis a siete impactos de bala en la cabeza, todos ellos mortales.

Juan Carlos Villalba, el soldado conductor, de 22 años y natural de Oviedo, también ingresó en el hospital con herida de pronóstico grave por arma de fuego en la región occipital. A pesar de la herida, pudo comentar que les ametrallaron "desde una moto dos chicos vestidos de anorak que se acercaron a nosotros por la derecha. La moto se puso a nuestra altura y los jóvenes dispararon dos o tres ráfagas de metralleta (...) Al ver que iban a disparar, sólo tuve tiempo de dar un volantazo hacia la izquierda y agachar la cabeza".

La capilla ardiente quedó instalada a primeras horas de la tarde en el Cuartel General del Ejército, donde a las seis de la tarde se celebró una misa por el jefe de la unidad, a la que sólo asistieron los familiares más allegados. A las once de la mañana del día siguiente, 5 de noviembre, se celebró una misa de cuerpo presente, tras la cual los restos mortales del general fueron trasladados a Puentedeume (La Coruña), para ser inhumados.

La presidencia oficial del funeral la integraban el ministro de Defensa, Alberto Oliart; el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor (PREJUJEM), Álvaro Lacalle Leloup; los Jefes de Estado Mayor del Ejército (JEME), Ramón Ascanio y Togores; de la Armada (AJEMA), Saturnino Suanzes de la Hidalga, y del Aire (JEMA), Emilio García Conde y el capitán general de la 1ª región militar (Madrid), Ricardo Arozarena Girón. No asistió el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, pese a que estaba previsto.

El estamento militar recibió con pesar e indignación el asesinato de Víctor Lago, un general que gozaba de gran prestigio por su valía profesional, su autoridad moral y su indiscutible apuesta por la legalidad. El asesinato del general Lago Román fue calificado como el más grave hasta ese momento desde el perpetrado contra el presidente del Gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973. Víctor Lago Román era el jefe de la unidad de intervención inmediata más importante del Ejército español, la División Acorazada Brunete, que tenía sus cuarteles en la periferia de Madrid. El atentado tuvo un gran impacto político, no sólo por el prestigio del general asesinado, sino por el momento elegido, apenas una semana después de que el PSOE ganara las elecciones del 28 de octubre y cuando Felipe González, presidente electo, no había tomado posesión oficial de su cargo.

El 5 de noviembre ETA reivindicó el atentado mediante una llamada telefónica al diario Egin, de San Sebastián. En 2006 la Audiencia Nacional condenó a sendas penas de 50 años de prisión a Henri Parot y Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, alias Txikierdi. El chófer del general declaró en el juicio que a la altura del Arco de la Victoria los terroristas, en moto, se acercaron al coche oficial y dispararon contra ambos: "Me sorprendió ver una moto a toda velocidad que se acercaba a nosotros. La vi por el retrovisor y se puso a nuestra altura. Iban dos personas con cascos integrales. Los miré fijamente y mi general también. Sin moverse se pusieron a disparar por ráfagas muy cortas, aunque a mí se me hicieron eternas".

Víctor Lago Román, de 63 años, era natural de Carballino (Orense). Estaba casado y tenía ocho hijos. Vivía con su mujer y la única hija que no se había casado. Ingresó en el Ejército como voluntario en 1936, cuando tenía sólo 17 años. Fue oficial de la Legión hasta que, en 1972, ascendió a coronel. Formó parte de la División Azul y participó en las campañas de Ifni y del Sáhara. Estuvo al frente del Regimiento Wad Ras, integrado en la División Acorazada Brunete. Cuando ascendió a general, fue puesto al frente de la BRIDOT, las Brigadas de Defensa Operativa del Territorio de Madrid. En octubre de 1981 fue nombrado gobernador militar de Madrid y en diciembre ascendió a general de División, al frente de la División Acorazada Brunete. El día de su asesinato no llevaba escolta, según su costumbre. Alguna vez había confesado a uno de sus amigos que prefería ir solo: "Si vienen por mí, que vengan; no tengo miedo, pero no quiero que muera nadie más", había dicho.

Cuatro guardias civiles ametrallados y rematados en el suelo en un bar de Zarauz

3 de Noviembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

Cerca de la medianoche del 3 de noviembre de 1980 la banda terrorista ETA ametrallaba en el Bar Haizea de Zarauz (Guipúzcoa) a cinco agentes de la Guardia Civil cuando se encontraban fuera de servicio y de paisano. Los agentes se encontraban en el local, situado a las afueras de Zarauz, tomando una copa cuando, en torno a las 23:45 horas, irrumpieron tres terroristas provistos de metralletas por la puerta trasera del local, mientras otros dos esperaban en el exterior. Tras gritar "¡Gora ETA militarra!", los asesinos de la banda comenzaron a disparar sus armas contra los guardias civiles, rematándolos en el suelo según iban cayendo. Fallecieron en el acto los cabos primero ÁNGEL RETAMAR NOGALES y ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ, y los guardias JULIO CÉSAR CASTILLEJO PÉREZ y MODESTO GARCÍA LORENZO.

En el brutal ametrallamiento –los pistoleros de la banda realizaron unos sesenta disparos– fueron heridos de gravedad un quinto agente de la Guardia Civil, Nicolás Martín Maestro, y un cliente del bar, el peluquero Miguel Lasa Arruabarrena. Este último falleció horas después, el 4 de noviembre. Otros cuatro vecinos de Zarauz resultaron heridos de diferente consideración: Basilio Elola, de 39 años, herido muy grave, recibió un tiro en la espalda, quedando la bala alojada en la segunda vértebra dorsal; Ismael Aguirre Unanue, de 23 años –herido en los dos pies y en un brazo–, y su acompañante Izaskun Garmendia, de 19 años –herida en un tobillo y en una ceja–, y Antonio Izquierdo, camarero del bar, que recibió un tiro en el cuello. Todos los heridos fueron trasladados en ambulancias y coches particulares a diferentes centros hospitalarios, siendo el más grave el peluquero Miguel Lasa.

El Bar Haizea era frecuentado por miembros de la Guardia Civil de Zarauz, costumbre que conocían en la localidad, por lo que a ETA no le fue difícil organizar la carnicería. Tras ametrallar a los guardias civiles, los autores huyeron en un vehículo Renault 18. "Sólo una reacción rápida e instintiva del resto de los clientes impidió que la carnicería alcanzase mayores proporciones. Y no vi nada, precisamente porque, al oír los disparos, no quise ni mirar. No sé si me tiré al suelo o me desplomé. Al levantarme, había cadáveres, sangre y un tremendo desconcierto", relató un cliente del bar testigo del atentado (El País, 05/11/1980).

El Ayuntamiento de Zarauz aprobó una moción de condena al día siguiente, aprobada por unanimidad. Los concejales de Herri Batasuna sí se sumaron a la moción a título personal, como hicieron con su asistencia a la manifestación silenciosa que recorrió la localidad la tarde del 4 de noviembre. Más de dos mil quinientas personas acudieron a la misma. La negativa de la coalición proetarra a firmar como partido la moción provocó que uno de los concejales, Markaida, anunciase públicamente la dimisión "por no poder continuar en este escaño ante tal situación de violencia"(ABC, 05/11/1980).

El 4 de noviembre a las tres de la tarde hubo algunos incidentes durante la celebración del funeral por los cuatro guardias civiles asesinados, que tuvo lugar en el Gobierno Civil de Guipúzcoa a las tres de la tarde en un clima de gran tensión. Una mujer increpó al ministro de Interior, Juan José Rosón, diciéndole: "Rosón, a ver qué le cuentas ahora a Suárez de estos muertos", por lo que fue retenida por funcionarios policiales para que se identificase. El padre y el hermano de otro de los asesinados protagonizaron también escenas de protesta, gritando contra ETA y contra el Gobierno.

En 1988 la Audiencia Nacional condenó a Juan María Tapia Irujo a penas que sumaban más de 50 años de prisión. En 2001 fue condenado José Javier Zabaleta Elosegi, alias Baldo, como autor del atentado, a 30 años de prisión mayor por cada víctima mortal y a otros 10 por cada uno de los cinco asesinatos frustrados, sumando un total de 200 años. Según el relato de hechos probados, Zabaleta Elosegi formaba parte en 1980 de un grupo de liberados de ETA –a sueldo de la banda– que actuaba en las zonas de Beasain y Zarauz. El 3 de noviembre de 1980 cinco terroristas se dirigieron al Bar Haizea, en Zarauz, y dos de ellos, entre los que se encontraba Baldo, se quedaron fuera del establecimiento "para apoyar la acción" que habían planeado. Baldo, número dos de ETA y responsable del aparato logístico de la banda hasta su detención en 1990 en Biarritz, fue extraditado por Francia en 1998 tras cumplir en ese país una condena de ocho años de cárcel por "asociación malhechores".

No obstante, en la web de la Guardia Civil figuran como autores del ametrallamiento miembros del grupo Ixkulin de ETA, formado en la segunda mitad de 1980, citando a Juan Pablo Gude Pego, alias Antxon el Grande. Presuntamente participaron en el atentado, además de Gude Pego, Tapia Irujo y Zabaleta Elosegi, los siguientes etarras: José Antonio Olaizola Achucarro, alias Itxaso y Antxon; José Luis Eciolaza Galán, Dienteputo; Miguel Antonio Goicoechea Elorriaga, Txapela; y Pedro María Leguina Aurre, alias Txiki, Kepa y Kepatxu.

José Luis Eciolaza Galán, Dienteputo, no ha sido juzgado por ninguno de los diez asesinatos en los que presuntamente habría participado, entre ellos los cinco del Bar Haizea. Datos incautados en el año 2005 en Francia confirmarían que habría vuelto de Méjico y se habría reintegrado en la banda, manteniendo las posturas más duras dentro de la misma. Sin embargo, fuentes de la lucha antiterrorista lo sitúan de nuevo en Sudamérica desde el año 2010, adonde habría ido para poder trabajar en la reorganización operativa de la banda asesina en un lugar más seguro que el sur de Francia. José Antonio Olaizola Achucarro, Antxon e Itxaso, fue deportado a Argelia a finales de 1980 y podría estar viviendo en Cabo Verde. Miguel Antonio Goicoechea Elorriaga, Txapela, murió en Burdeos en enero de 1984, tras ser tiroteado en San Juan de Luz por los GAL en diciembre de 1983. Pedro María Leguina Aurre, Txiki, Kepa y Kepatxu, fue detenido el 31 de diciembre de 1999 en el aeropuerto Charles de Gaulle de París. Pese a que las autoridades españolas consideran a Leguina Aurre autor de más de veinte asesinatos cometidos entre 1975 y 1981, no ha podido ser juzgado por la mayor parte de esos delitos por prescripción de los mismos. Entregado por Francia en diciembre de 2001, en la actualidad cumple penas que suman 90 años de prisión por diferentes crímenes.

Julio César Castillejos Pérez, agente de la Guardia Civil de 22 años, era natural de Villaviciosa (Asturias) y estaba soltero.

 

 

 

Modesto García Lorenzo, agente de la Guardia Civil de 22 años, era natural de Ribadelago (Zamora) y estaba soltero.

 

 

 

Arturo López Hernández, cabo primero de la Guardia Civil de 37 años, era natural de La Zubia (Granada) y estaba soltero.

 

 

 

Ángel Retamar Nogales, cabo primero de la Guardia Civil de 26 años, era natural de Palomas (Badajoz), estaba casado y tenía dos hijos.

 

 

 

Legasa Ubiría, asesinado por denunciar la extorsión de ETA, y cinco víctimas más

2 de Noviembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A las 20:15 horas del 2 de noviembre de 1977 la banda terrorista ETA asesinaba en Irún al sargento de la Policía Municipal de esta localidad guipuzcoana JOSÉ DÍAZ FERNÁNDEZ. Tres terroristas le dispararon a bocajarro cuando entró en el portal de su domicilio y se disponía a subir las escaleras, siendo alcanzado por siete disparos. El policía municipal tenía por costumbre pasar a esa hora de la tarde por su domicilio para comer algo y reincorporarse a continuación a su trabajo. Uno de sus hijos lo encontró, aún con vida, en el portal, pero falleció poco después.

Los etarras utilizaron un taxi para acudir al lugar del atentado y huir posteriormente. El propietario del mismo apareció a últimas horas de la noche amordazado cerca de Oyarzun, después de que una llamada anónima informase de su paradero a las 22:30 horas, mientras que el vehículo fue encontrado en Rentería.

El Ayuntamiento irunés se reunió por la mañana a puerta cerrada, y por la tarde se instaló la capilla ardiente en la Sala Capitular del mismo. Al día siguiente, a las seis de la tarde se celebró el funeral por su alma en la Iglesia de Nuestra Señora del Juncal. El féretro iba envuelto en la bandera nacional y precedido por quince coronas de flores. El funeral fue oficiado por el párroco del Juncal, Santiago Balenciaga, y asistieron al mismo el jefe superior de Policía de la zona, Eduardo López; el jefe superior de la Policía Municipal de Irún, José Luis Hornilla, y diversos representantes de las policías municipales de otras localidades guipuzcoanas y vizcaínas, así como representantes de la Guardia Civil y Policía Armada.

Horas antes se habían recibido numerosos telegramas de condolencia de policías municipales de distintas localidades de España y del comité provincial del Partido Comunista de Euskadi en el que transmitían el pésame a los familiares de la víctima y calificaban el asesinato de "crimen contra la democracia". El asesinato de José Díaz fue también condenado enérgicamente por el PNV, el PSOE y el Movimiento Comunista de Euskadi, entre otros.

ETA militar reivindicaba el 3 de noviembre, mediante llamada telefónica a Radio Popular de Bilbao, el atentado contra José Díaz, así como la bomba que había hecho explosión el día 31 de octubre en los cuarteles de la Policía Armada de Vitoria, hiriendo de gravedad al sargento Antonio Blanco, y de menor consideración al cabo primero Tomás Serrano y al policía Celedonio Alventosa. Ambos atentados estarían encaminados, según el anónimo comunicante, "a obligar al Estado a retirar de Euskadi los cuerpos armados que imposibilitan el normal acercamiento de nuestro pueblo a los cauces democráticos y a la libertad popular".

ETA justificó el asesinato del sargento de la Policía Municipal de Irún acusándole de ser el principal represor de manifestaciones y huelgas en la cuenca del Bidasoa, de cobrar primas especiales por colaboración con la Policía española y de haber dado muerte, veinticinco años antes, a una persona que se trasladaba clandestinamente a Francia en los alrededores del monte San Marcial. Anteriormente la Policía Municipal de Irún había sido objeto de amenazas por parte de ETA. Unos meses antes se difundió en Irún un comunicado con el sello de ETA en el que acusaban y amenazaba a José Luis Hornilla, jefe de los municipales de esa localidad. Al final de aquel comunicado se anunciaba que el próximo haría referencia a José Díaz Fernández (El País, 04/11/1977).

El asesinato de José Díaz Fernández quedó impune y sus autores se beneficiaron de la ley de Amnistía de 1977, pese a que ésta fue aprobada el 15 de octubre de ese año y este caso fue posterior y no está recogido en ninguno de los supuestos que la ley contempla en su artículo primero: ser anterior al 15 de diciembre de 1976, o atentados anteriores al 6 de octubre de 1977 "siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas".

José Díaz Fernández, de 54 años, era natural de Asturias. Estaba casado y tenía dos hijos. Desde veinte años antes pertenecía al cuerpo de la Policía Municipal.

El 2 de noviembre de 1978 la banda terrorista ETA asesinaba a un constructor en Irún, a un carpintero en Guernica y a un albañil en Lezo. El primero de los atentados fue el cometido en Irún (Guipúzcoa), una venganza de ETA contra el empresario y constructor JOSÉ LUIS LEGASA UBIRÍA por haber denunciado ante la Policía francesa dos años antes un intento de extorsión de la banda terrorista ETA al que José Luis no estaba dispuesto a ceder.

A primera hora de la mañana del 2 de noviembre de 1978 el grupo Argala de ETA cometía el que sería su primer asesinato. José Luis se disponía a bajarse de su vehículo para visitar, junto a su hermano Miguel, una obra en construcción próxima a la variante norte de la carretera de Irún. Tres miembros del grupo Argala, entre ellos Henri Parot, se acercaron a Legasa Ubiría y lo tirotearon. La víctima recibió cinco impactos de bala, uno de ellos en la cabeza. Tras caer al suelo, fue rematado con un disparo a quemarropa. Su hermano Miguel, que llegó a forcejear con uno de los terroristas, resultó herido en una pierna.

Los antecedentes de este atentado se remontan a mayo de 1976. El empresario había recibido una carta de la banda asesina exigiéndole que se trasladase al sur de Francia y entregase una determinada cantidad de dinero. José Luis Legasa hizo lo que le pedían pero, previamente, había denunciado ante la Policía gala el chantaje. Gracias a esa denuncia fue detenido Francisco Javier Aya Zulaica, alias Trepa. La noche del miércoles 25 de mayo de 1976, gendarmes de la Policía judicial de Bayona, apoyados por la Policía judicial de Burdeos, irrumpían en el Bar Euskaldun de la localidad francesa procediendo a detener al etarra, a Enrique Errazpi y al barman del local, Jesús Murua. Previamente José Luis se presentó en el bar y preguntó por "Otxia", clave establecida por la banda para la entrega del dinero. Al parecer Otxia no era sino el acrónimo de Organización Txomin Iturbe Abasolo, la trama de extorsión de ETA. Cuando el receptor se identificó, Legasa lo señaló a la Policía para que procedieran a la detención.

En septiembre de ese mismo año Aya Zulaica fue condenado a tres años de cárcel por el Tribunal de Bayona y a pagar un franco simbólico al empresario extorsionado. Los medios locales reprodujeron durante el juicio, que se celebró en medio de enormes medidas de seguridad, una de esas cartas de extorsión que la banda enviaba a los empresarios. "Si no hace entrega del dinero en el día fijado, le buscaremos hasta ajusticiarle. Si avisa a la policía o en la entrega sucede cualquier contratiempo de cualquier tipo que fuere será igualmente ejecutado allá donde se encuentre". La acusación privada en el juicio fue hecha por José Luis Legasa, que exigió de indemnización un franco, que en la justicia francesa es el símbolo para reconocer la razón del denunciante. El etarra declaró durante el juicio que "se limitaba a ayudar a sus compatriotas que pasaban dificultades al llegar a Euskadi Norte". José Luis Legasa, que fue amenazado en diversas ocasiones por haberle hecho frente a la banda terrorista, afirmó que era el único empresario que se había negado a ceder al chantaje de ETA, y que si todos hiciesen lo mismo "no se financiaría el terrorismo para causar más muertes".

Para la criminal lógica de ETA esta ejemplar actuación de Legasa Ubiría no podía quedar impune. Por este motivo Domingo Iturbe Abasolo, Txomin, dio órdenes dos años después a Henri Parot y su grupo, recientemente constituido, de que cruzasen a España y asesinasen a José Luis. Para poder localizarlo, Iturbe les había proporcionado los datos del vehículo y una fotografía, tal y como declaró Parot tras su detención en 1990.

El cadáver de José Legasa fue trasladado al depósito municipal de Irún una vez que el juez ordenó el levantamiento del mismo, mientras su hermano Miguel fue trasladado al centro de la Cruz Roja de la localidad, donde se le curó del impacto de bala con orificio de entrada y salida en el muslo.

En su comunicado de reivindicación el 3 de noviembre, la banda terrorista ETA lo justificaba por haberse negado a pagar el "impuesto revolucionario" y por haber propiciado que se detuviese y condenase al "refugiado político Francisco Aya".

En 1993 la Audiencia Nacional condenó a Henri Parot a 29 años de reclusión mayor por el asesinato de José Luis Legasa, y a otros tres años de prisión menor por las lesiones sufridas por Miguel, el hermano de la víctima.

José Luis Legasa Ubiría tenía 49 años. Estaba casado y tenía cuatro hijos. Era contratista de obra y propietario de un garaje.

Once horas después, a las 22:00 horas del 2 de noviembre de 1978, la banda terrorista ETA asesinaba en Lezo (Guipúzcoa) al albañil RAFAEL RECAOLA LANDA. La víctima fue salvajemente ametrallada por miembros de la banda cuando regresaba a su domicilio en una motocicleta después de acabar su turno de trabajo en la empresa en la que estaba contratado como albañil, la Fábrica Orbegozo. Tras derribarlo de la motocicleta con una primera ráfaga de disparos, la víctima fue rematada cuando cayó al suelo. La Policía recogió en el lugar de los hechos veinte casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, de las que cinco alcanzaron a la víctima, dos en la pierna, una en el pecho y dos en la cabeza, provocándole la muerte instantánea.

Rafael Recaola Landa, de 30 años, era albañil de profesión y estaba empleado en la empresa Esteban Orbegozo desde seis años antes. Fue acusado por ETA de tener vinculaciones con la Policía en el mismo comunicado de reivindicación del asesinato de Juan Cruz Hurtado Fernández, cometido minutos después. Rafael había estado afiliado a UGT durante un tiempo. Antes de ser asesinado ya había sido tachado públicamente de ser confidente policial y había recibido alguna llamada anónima amenazándole por este motivo.

Apenas cuarenta y cinco minutos después, en torno a las 22:45 horas de ese 2 de noviembre de 1978, ETA volvía a asesinar, esta vez en Guernica (Vizcaya), al carpintero JUAN CRUZ HURTADO FERNÁNDEZ. El joven se encontraba con su novia, Manuela Mosquera, en el Bar Azul de la localidad. Varios individuos irrumpieron en el local con la cara tapada, se acercaron a la barra donde se encontraba la pareja y, sin que mediase palabra alguna, dispararon cuatro veces contra Juan Cruz. Su novia fue herida por uno de los disparos en el pecho y por otro en una pierna. Fue trasladada en estado grave a la residencia sanitaria de la Seguridad Social de Bilbao donde la intervinieron quirúrgicamente. Dentro del bar se recogieron siete casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum.

ETA llevaba varias semanas vigilando los movimientos de Juan Cruz Hurtado con el objetivo de asesinarlo. Para cometer el atentado los terroristas habían sustraído previamente un vehículo en un garaje, tras amenazar a su propietario, con el que se dirigieron al bar a esperar que apareciesen la víctima y su novia, pues el bar era muy frecuentado por la pareja.

En el comunicado de reivindicación enviado el 4 de noviembre, y en el que también se hacían responsables del asesinato de Rafael Recaola Landa, cometido poco antes en Lezo (Guipúzcoa), acusaban a Juan Cruz Hurtado de ser de extrema derecha y de colaborar con la Policía, igual que a Recaola Landa. Se decía de ellos que eran miembros ultrafascistas "pertenecientes al grupo parapolicial Guerrilleros de Cristo Rey" y confidentes y colaboradores directos de las fuerzas de la Policía.

En 1982 la Audiencia Nacional condenó a José María Sagarduy Moja, José Antonio Echevarri Ayesta, Juan Carlos Gorrindo Echeandía y Enrique Aguirre Echeita por el atentado contra Juan Cruz Hurtado. Cada uno de ellos fue condenado a 23 años de prisión por el asesinato, además de a indemnizar a los herederos de la víctima y a la novia del fallecido por las heridas sufridas en el atentado. Sagarduy Moja, alias Gatza, salió de prisión en abril de 2011 tras cumplir 30 años y 9 meses de prisión, lo que le convirtió en el preso más antiguo de la banda. Detenido en julio de 1980, cuando tenía 21 años, había sido condenado a un total de 71 años de cárcel por dos asesinatos.

Juan Cruz Hurtado Fernández, de 25 años, era natural de Villaro (Vizcaya), pero vivía en Amorebieta. Su novia, Manuela Mosquera, de 21 años, era natural de Sevilla, aunque vivía en Guernica. Tres meses después, el 7 de febrero de 1979, la banda terrorista asesinaría a un amigo de Juan Cruz, Vicente Irusta Altamira, en Ibarruri (Vizcaya), acusado también de estar relacionado con la extrema derecha.

El 2 de noviembre de 1979 fallece en el Hospital de Basurto el comisario de Policía ANTONIO MESA PORTILLO, que no pudo superar las graves heridas sufridas en el atentado terrorista del que fue víctima el 11 de octubre de ese mismo año en Guecho (Vizcaya).

En torno a las 14:35 horas de ese día Antonio Mesa salió de la comisaría de Policía de Guecho acompañado por el inspector Miguel Ángel González Fuentes. Ambos se dirigían a sus respectivos domicilios a comer e iban en el mismo vehículo, un Seat 127, conducido por Miguel Ángel. Cuando el vehículo se detuvo en un semáforo en rojo de la entonces llamada avenida del Ejército, en el barrio de Algorta de la localidad vizcaína, varios miembros de la banda terrorista ETA ametrallaron el coche por su parte derecha, donde iba sentado el comisario Mesa Portillo. Herido al recibir la primera ráfaga de metralleta, Antonio logró salir del vehículo y repeler el ataque, antes de caer al suelo alcanzado por veinte impactos de bala. Miguel Ángel González resultó herido con cuatro impactos de bala en la pierna derecha. También resultó herido leve un vecino de Algorta, Francisco Andrés Cobreros, que se encontraba en un bar cercano al semáforo cuando se produjo el ametrallamiento. Los terroristas huyeron en un vehículo 1200 de Transportes Damper robado a punta de pistola a las 12:30 horas.

El inspector González Fuentes, pese a estar herido, condujo el vehículo, que había recibido casi cuarenta impactos de bala, hasta la casa de socorro de la localidad y de ahí, en ambulancia, hasta el Hospital Civil de Basurto. El estado de Antonio Mesa se complicó irremediablemente dos semanas después de ser ametrallado, falleciendo finalmente el 2 de noviembre.

En la Jefatura Superior de Policía de Bilbao se celebró a las doce y media del mediodía del 3 de noviembre el funeral de cuerpo presente en memoria del comisario en la más estricta intimidad. Mandos de la Dirección General de Seguridad se desplazaron expresamente a Bilbao para estar presentes en el acto fúnebre, al que también asistieron familiares y compañeros de la víctima. Al término del mismo, el féretro con los restos mortales del comisario Antonio Mesa fue trasladado por vía aérea hasta Sevilla, recibiendo sepultura en el cementerio de San Fernando.

Antonio Mesa Portillo tenía 42 años y estaba casado. Era natural de Rosal de la Frontera (Huelva). Había prestado servicio en la Jefatura de Sevilla y, cuando ascendió a comisario, fue trasladado a Guecho como jefe de la comisaría, puesto en el que estaba destinado desde julio de ese año 1979. Antonio Mesa era, además, licenciado en Ciencias Físicas y en Farmacia. Antes de ingresar en la Policía había sido profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. En mayo de 1981 su localidad natal le dedicó una calle. Su madre, María Escobar Portillo, fue la encargada de descubrir la placa de mármol con el nombre de su hijo.

El 2 de noviembre de 1986 la banda terrorista ETA asesinaba en las estribaciones del monte Gorbea a GENARO GARCÍA DE ANDOAIN LARRINAGA, delegado para Asuntos de Policía del Gobierno vasco, cuando una unidad especial de la Policía Autonómica se enfrentó con los etarras que tenían secuestrado al industrial Lucio Aguinagalde Aizpurúa desde dieciocho días antes.

El empresario y militante del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Lucio Aguinagalde, de 69 años, fue secuestrado por la banda terrorista el 15 de octubre a las puertas de su domicilio en Vitoria. Tras quitarle las gafas y ponerle otras oscuras, lo metieron en un vehículo y huyeron del lugar por carreteras y caminos forestales, hasta llegar a un monte de la sierra del Gorbea, en Ubidea (Vizcaya). Ahí, en una cueva, los secuestradores pretendían mantener a Aguinagalde hasta obtener cien millones de pesetas a cambio de su liberación.

Tras las investigaciones pertinentes para dar con el posible paradero del empresario, la Policía Autonómica llevaba varios días sometiendo a vigilancia las zonas de alrededor de la cueva donde estaba secuestrado Aguinagalde. El 1 de noviembre la casualidad jugó a favor de la Ertzaintza, ya que a un agente libre de servicio que paseaba por el monte le llamó la atención que la entrada a la cueva estuviera tapiada y oculta con espinos secos. Al acercarse a ella descubrió que la puerta estaba tapiada con una losa y, al intentar retirarla, escuchó voces en el interior. La dejó caer con cuidado, pero desde dentro los etarras oyeron el ruido, por lo que, como declararon posteriormente en el juicio, establecieron un servicio de vigilancia fuera de la cueva. Ante la confirmación de las sospechas de que ahí estaba el empresario, hacia las tres de la tarde del 2 de noviembre se desplegó un operativo de la Ertzaintza, dirigido por Genaro García de Andoain quien, además, era amigo personal del empresario secuestrado y que en los días previos había tratado "de convencer a ETA de que Aguinagalde carecía de recursos económicos para hacer frente al rescate (...) y les advirtió de que la Ertzaintza iba a trabajar intensamente para liberar al secuestrado" (El País, 14/12/1986).

En las inmediaciones de la cueva, los agentes de la Ertzaintza vieron a un individuo sospechoso que les dijo que estaba recogiendo setas. Cuando le dijeron que iban a cachearlo, intentó huir, pero fue detenido. Se trataba de Francisco Cabello Pérez, alias Patxi. Los miembros de la Policía Autonómica iban armados, pero vestidos de paisano y sin chalecos antibalas. Al llegar a las proximidades de la cueva, se identificaron a gritos y pidieron a los secuestradores que se entregaran. En esos momentos otros dos terroristas –Juan María Gabirondo Agote y Luis Enrique Gárate Galarza– armados con una metralleta y una pistola, abrieron fuego contra los policías, alcanzando con varios disparos a Genaro García de Andoain. Gárate Galarza consiguió huir monte abajo, y Gabirondo Agote fue herido y detenido. El empresario secuestrado fue liberado sin sufrir daños y en buen estado de salud.

Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad, confirmó tras la liberación de Aguinagalde que la Ertzaintza había llevado a cabo el operativo al margen de la Policía Nacional. No obstante, manifestó que la liberación del empresario suponía "un importante salto cualitativo en la colaboración antiterrorista del Gobierno vasco con la Administración central".

El 4 de noviembre, la banda terrorista ETA culpaba en un comunicado al PNV de la muerte de García de Andoain, por no facilitar "un final satisfactorio al arresto" de Aguinagalde y haber "puesto en grave riesgo la vida de éste" y provocado "la muerte de Genaro García-Andoáin, para mayor satisfacción de los enemigos reales del pueblo vasco". La situación creada, según la banda terrorista, podía desembocar en un "enfrentamiento civil entre vascos", que es lo que, en opinión de estos descerebrados, desea el Gobierno central. En el mismo comunicado, la banda afirmaba que era sumamente grave la colaboración de la Ertzaintza con las "fuerzas de ocupación españolas" y acusaba al PNV de intentar convertir a la Policía Autonómica en una fuerza represiva y colonial, advirtiendo de que no se dejaría engañar y seguiría considerando que su enemigo es "el Estado opresor español".

En 1989 la Audiencia Nacional condenó a Juan María Gabirondo Agote, alias Chispas, y a Francisco Cabello Pérez, Patxi, miembros del grupo Araba de ETA, a 29 años de reclusión mayor por un delito de atentado con resultado de muerte. En este juicio también fueron juzgados los colaboradores en el secuestro de Aguinagalde: Juan Ramón González Mendizábal, alias Juanra, Garbine Ibarguchi Larrinoa y Juan Manuel Vélez Bilbao. Fueron juzgados en rebeldía Gárate Galarza e Itziar Alberdi Uranga, colaboradora en el secuestro.

Luis Enrique Gárate Galarza, alias Zorro, fue detenido en el sur de Francia el 9 febrero de 2004 cuando pretendía introducir en España, junto a Ibón Elorrieta Sanz, una furgoneta Renault Kangoo cargada con material explosivo y armas. Considerado autor del disparo que acabó con la vida de García de Andoain, en junio de 2006 España solicitó su extradición, y en marzo de 2010 fue entregado temporalmente a España para ser juzgado por diversos atentados cometidos en la década de los ochenta. Durante el juicio en la Audiencia Nacional en abril de 2011 Gárate Galarza reconoció su participación en el secuestro, pero negó ser el autor de los disparos que acabaron con la vida de García de Andoain. La Fiscalía solicitó 78 años de cárcel por el secuestro del empresario y como autor material de la muerte de jefe de la Ertzaintza.

Genaro García de Andoain Larrinaga, de 64 años, era natural de Bilbao y tenía tres hijos. Veterano militante nacionalista, con 17 años formó parte del batallón de soldados vascos Arana Goiri. Al finalizar la Guerra Civil estuvo encarcelado hasta 1943. Fue director de Tráfico del Gobierno vasco y, en octubre de 1985, fue nombrado delegado para Asuntos de la Policía, puesto de confianza de Luis María Retolaza, consejero de Interior de 1980 a 1988 y amigo desde la infancia de García de Andoain. Antes, en 1983, a Genaro García de Andoain le encomendaron las tareas de información e investigación en la lucha antiterrorista dentro de la Ertzaintza, aunque el Gobierno vasco no había confirmado oficialmente que existiese dentro de la Policía Autonómica una unidad, la Ekintza (Acción), dedicada a estas actividades, unidad que sería el embrión de la futura brigada criminal del Cuerpo. En abril de 1985, el consejero de Interior, Luis María Retolaza, compareció ante el Parlamento vasco para dar cuenta de la existencia de Ekintza (Acción), unidad de la Ertzaintza coordinada desde la Dirección de Tráfico, con García de Andoain al frente, que desarrollaba labores de información sobre drogas y orden público. Retolaza informó al Parlamento de que la Ekintza fue creada en julio de 1983 mediante la integración de cuatro agentes de la Ertzaintza en el servicio de la Dirección General de Tráfico, comandados por García de Andoain. El consejero de Interior dijo entonces que "debido a la eficacia de esta sección, se vio evidente la necesaria ampliación de los mismos a otras actividades policiales". Seis meses después de la polémica parlamentaria sobre la existencia de esta unidad, de la que se había afirmado entonces que investigaba el asesinato del dirigente de Herri Batasuna, Santiago Brouard, Genaro García de Andoain fue nombrado delegado general para Asuntos de Policía del Gobierno vasco. El cargo era de nueva creación y respondía a la política de la Consejería vasca de otorgar el mando de la Policía Autonómica a un civil. El delegado general, según la definición de sus funciones publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, tenía asignado "el mando directo y la coordinación de los servicios de la Ertzaintza" en toda la comunidad autónoma y bajo la dependencia de la Viceconsejería de Interior, cargo que Eli Galdós había ocupado en todos los Ejecutivos autónomos. García de Andoain había negociado en los meses previos a su muerte con la dirección de ETA, en representación del Partido Nacionalista Vasco y con conocimiento del Gobierno español (Irujo, J.M. y Arqués, R., ETA: la derrota de las armas, Plaza y Janés, 1993). Enviado directamente por Retolaza, tuvo contactos en Hendaya con Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito (El Correo, 23/04/2007).

Genaro García de Andoain fue el segundo mando de la Policía Autonómica asesinado por ETA, tras Carlos Díaz Arcocha, asesinado en Vitoria mediante una bomba-lapa colocada en los bajos de su vehículo el 7 de marzo de 1985.

Antonio Mateo Melero, guardia civil asesinado por Kubati en Villafranca de Ordicia

1 de Noviembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A las ocho y media de la noche del 1 de noviembre de 1987 la banda terrorista ETA asesinaba en Villafranca de Ordicia (Guipúzcoa) al cabo primero de la Guardia Civil ANTONIO MATEO MELERO mientras paseaba, de paisano y acompañado por varios familiares, por la zona de bares de la localidad guipuzcoana. Allí sus suegros regentaban el Bar Miami, por lo que era frecuente que visitase el pueblo, como ese fin de semana de Todos los Santos que tenía libre.

Un coche, conducido por una mujer, seguía los pasos de Antonio sin que éste se diera cuenta. En un momento determinado, la etarra que conducía el vehículo le hizo un gesto a José Antonio López Ruiz, alias Kubati, que se acercó por la espalda y le disparó a bocajarro dos tiros en la cabeza. Cuanto Antonio cayó al suelo, el pistolero lo remató con otro disparo. El cabo primero fue trasladado aún con vida en una ambulancia de la Cruz Roja hasta el Hospital Comarcal de Zumárraga, donde ingresó cadáver a las 20:50 horas.

El Ayuntamiento de Villafranca de Ordicia, presidido por Kepa Korta, de Euskadiko Ezkerra, convocó un pleno extraordinario a las 22:30 horas, en el que se aprobó una moción de condena del asesinato de Antonio Mateo Melero. Este ayuntamiento estaba integrado por tres concejales de Euskadiko Ezkerra, tres de Eusko Alkartasuna, cuatro de HB, dos del PNV y uno del PSE-PSOE.

El asesinato de Antonio fue el último atentado de ese año 1987 antes de que la banda terrorista ETA cometiese el 11 de diciembre la salvajada del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, provocando la muerte a once personas, cinco de ellas niños, y de que el mismo día asesinase, horas después, en Placencia de Armas (Guipúzcoa) al sargento de la Guardia Civil José Luis Gómez Solís.

En 1989 la Audiencia Nacional condenó a José Antonio López Ruiz, alias Kubati, a 29 años de prisión mayor por este atentado. Kubati fue detenido pocos días después después de asesinar a Antonio Mateo, tras una amplísima operación en la que participaron 1.600 miembros de la Guardia Civil. Además de Kubati fueron detenidos once colaboradores del grupo Goyerri-Costa de ETA que habían sido sometidos a vigilancia e intervención de sus comunicaciones telefónicas desde el asesinato del guardia civil. Kubati, uno de los miembros más sanguinarios del grupo Goyerri-Costa de ETA, está condenado a penas que suman 1.076 años de cárcel. Estuvo a punto de ser excarcelado en 2007, por una redención de condena por estudios. La aplicación de la doctrina Parot frenó su salida de prisión, que está prevista para 2017.

Antonio Mateo Melero, de 32 años, era natural de Vejer de la Frontera (Cádiz), donde por acuerdo de la corporación municipal una calle lleva el nombre "Cabo Primero Antonio Mateo Melero". Estaba casado con Concepción Barandiaran, natural de Ordicia, y tenía una hija de 7 años que había hecho la Primera Comunión en mayo de ese año. Antonio estaba destinado en la comandancia de la Guardia Civil de Sansomendi, en Vitoria, y había ido al pueblo con su esposa para visitar a sus suegros, propietarios de un bar situado enfrente del lugar donde fue asesinado. Su hermano Francisco Mateo Melero fue el promotor en agosto de 2008 de un homenaje a las víctimas del terrorismo coincidiendo con la excarcelación de De Juana Chaos. En declaraciones al Diario de Cádiz rememoró el día que su familia recibió la noticia del asesinato de Antonio: "No se portaron bien con nosotros. Tuvimos que viajar hasta Guipúzcoa en un coche camuflado de la Guardia Civil". Y añadía:

La Justicia está muy mal planteada y en 40 años creo que debía de haber habido cambios políticos y judiciales importantes. Hace ya más de 30 que ETA mató al primer guardia civil. Y desde entonces no ha dejado de matar. Y encima se nos dice que hay que dialogar con ellos. Eso no es lícito. No nos vamos a callar. Vamos a seguir luchando de manera pacífica y sin tregua. Todos estamos en el punto de mira de estos asesinos (Diario de Cádiz, 02/08/2008).

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