In Memoriam

Septiembre 2011


Pedro Goiri, camarero de Guecho, y Alfonso Vilariño, policía municipal de Amorebieta

30 de Septiembre de 2011 - 09:10:13 - M.J. Grech

A las cuatro de la mañana del sábado 30 de septiembre de 1979, la banda terrorista ETA asesinaba en Guecho (Vizcaya) al camarero PEDRO GOIRI ROVIRA.

El atentado se produjo en el Bar La Pianola, de Las Arenas (Guecho). El establecimiento se encontraba a esa hora cerrado al público, y en su interior estaban el camarero, Pedro Goiri, su esposa, otra empleada del bar y un amigo. Pedro y su mujer se disponían a iniciar la limpieza del local cuando dos encapuchados, uno de los cuales portaba un revólver, irrumpieron de improviso en el bar y uno de ellos dijo: "Somos de ETA", al tiempo que exigía la entrega del dinero de la recaudación. Pedro Goiri, según un testigo, se dirigió al agresor diciéndole en tono tranquilo: "Yo a ti te conozco". Esta frase fue pronunciada, según unos, tras haberle levantado la capucha (así se contaba en La Vanguardia el 2 de octubre) y, según otros, antes de intentar dicha acción. En ese mismo instante, el individuo que portaba el revólver realizó un disparo que alcanzó a la víctima en el corazón, además de pegarle repetidamente culatazos en la cabeza cuando cayó al suelo. Pedro fue trasladado al Hospital Civil de Bilbao, donde ingresó cadáver.

Posteriormente, la banda terrorista ETA quiso justificar el asesinato acusándole de ser colaborador policial, cuando la realidad es que los asesinos sólo querían llevarse la recaudación y, al verse descubiertos, mataron a Pedro para que no les delatase.

El mismo día del asesinato, todos los bares de la zona de Guecho cerraron a partir de las cuatro de la tarde en señal de duelo y protesta por el asesinato de Pedro.

Pedro Goiri Rovira tenía 23 años y era natural de Santurce. Estaba casado con María del Carmen Jiménez Vargas y tenía un hijo de seis meses. Su mujer también estaba empleada en el Bar La Pianola, donde Pedro había empezado a trabajar mes y medio antes de ser asesinado por ETA.

Pocas horas después, a las ocho y media de la tarde del 30 de septiembre de 1979, la banda terrorista ETA asesinaba en Guernica (Vizcaya) al jefe de la Policía Municipal de Amorebieta ALFONSO MANUEL VILARIÑO ORCE.

Alfonso Vilariño había estado presenciando los partidos de cesta-punta en el frontón Jai Alai de Guernica que se jugaban la tarde del domingo. Hacia las 20:30 horas abandonó el frontón con un amigo, vecino de Durango, y se dirigieron hacia su vehículo aparcado en las inmediaciones. Entonces se dieron cuenta de que se les había olvidado algo en el frontón, por lo que Alfonso decidió regresar, mientras su amigo le esperaba en el coche. Al poco, y mientras el policía municipal subía a pie por la calle Zarraburu, fue abordado por dos o tres terroristas que le acribillaron a balazos con una metralleta. El cadáver de Alfonso Vilariño, que presentaba nueve impactos de bala (seis en el pecho, dos en la cabeza y uno en el cuello), fue conducido al depósito de Guernica.

Los etarras se dirigieron, tras cometer el atentado, a un coche Seat 127 de color verde robado a punta de pistola en Guernica, dejando al propietario atado a un árbol en Murueta. Al no conseguir arrancar al primer intento, descendieron nuevamente del vehículo, empujándolo hasta una pendiente próxima, donde lograron ponerlo en marcha y emprender la huida.

Los concejales del Ayuntamiento de Amorebieta condenaron el asesinato del jefe de la Policía Municipal, con la excepción de la formación proetarra Herri Batasuna. Los compañeros de Alfonso no hicieron ningún servicio el 1 de octubre en señal de protesta, mientras que el 3 de octubre los policías municipales de Bilbao llevaron un brazalete negro en señal de duelo por el atentado.

La banda terrorista ETA reivindicó el asesinato el 3 de octubre a través de un comunicado enviado a varios medios de comunicación. En 1983 fue condenado por la Audiencia Nacional Juan José Larrinaga Echevarría, alias Luxia, miembro del grupo Kioto de ETA, a 26 años de prisión. En 1988 fue condenado, también a 26 años, el etarra Juan José Legorburu Guerediaga.

Alfonso Manuel Vilariño Orce, de 49 años, era natural de El Ferrol. Estaba casado y tenía cuatro hijos con edades comprendidas entre los 14 y los 9 años. Durante nueve años fue subjefe de la Policía Municipal en Durango. En 1976 pasó a Amorebieta como cabo. La víctima había sido amenazada por ETA en otras ocasiones. Unos meses antes de su asesinato, el vehículo que acababa de aparcar en la parte trasera del Ayuntamiento fue ametrallado sin que ningún disparo llegara a alcanzarle. Durante algún tiempo había sido guardaespaldas del anterior alcalde, al que se consideraba próximo a la extrema derecha y que tuvo que abandonar la localidad tras ser también amenazado por ETA. La viuda de Alfonso comentó que estaba muy preocupado por su situación, por lo que había solicitado el traslado.

Gerardo García, José Ignacio Ustarán, Juan Pedro González y José Luis Luengos

29 de Septiembre de 2011 - 09:10:13 - M.J. Grech

El 29 de septiembre de 1974 falleció en la Ciudad Sanitaria provincial Francisco Franco GERARDO GARCÍA PÉREZ a consecuencia de las gravísimas heridas sufridas por la explosión de una bomba que la banda terrorista ETA había colocado en los aseos de la cafetería Rolando de la calle del Correo de Madrid el 13 de septiembre. Pasaba así a convertirse en la víctima número doce del atentado. Casi dos años y medio después, el 11 de enero de 1977, fallecería el inspector Félix Ayuso Pinel, el único policía víctima de la masacre.

Gerardo García había sufrido diversas lesiones internas y en la cara, además de la amputación de una pierna. Tras colocarle un riñón artificial respondió en un primer momento al tratamiento, pero poco a poco su situación se fue agravando, falleciendo a las 10:45 horas del 29 de septiembre. Fue enterrado en el madrileño cementerio de Carabanchel el lunes 30 de septiembre.

Gerardo García Pérez estaba casado y tenía tres hijos. Trabajaba como camarero en la cafetería Rolando y fue uno de los tres empleados del establecimiento que perdió la vida en el atentado, junto a Francisco Gómez Vaquero, cocinero del establecimiento, y Manuel Llanos Gancedo, también camarero como Gerardo.

La noche del 29 de septiembre de 1980 la banda terrorista ETA secuestraba y asesinaba de dos tiros a JOSÉ IGNACIO USTARÁN RAMÍREZ, militante y miembro de la ejecutiva de Unión de Centro Democrático (UCD), y casado con Rosario Muela, concejala del mismo partido en el Ayuntamiento de Vitoria. Su cadáver apareció hacia las 22:30 horas en el asiento de su vehículo apenas hora y media después de que hubiese sido sacado por la fuerza de su domicilio.

Ese día el matrimonio estaba realizando los preparativos del cumpleaños de su hija Mariola, de 7 años, para la celebración que le harían al día siguiente. Por ello no les resultó extraño que a las nueve de la noche alguien llamara a la puerta del domicilio familiar en la avenida de Gasteiz para traer un paquete. Al abrirla, cuatro terroristas, armados con pistolas, irrumpieron en la casa y obligaron a José Ignacio a tumbarse en el suelo. A Rosario y a sus cuatro hijos los condujeron a otra habitación y les advirtieron de que no avisaran a la Policía hasta las doce de la noche. La esposa preguntó qué le iban a hacer a su marido, a lo que uno de los asesinos contestó que tenían que hablar y que luego decidirían. Unos diez minutos después, Rosario salió de la habitación y comprobó que los terroristas se habían ido, llevándose a su marido, y que habían cortado el teléfono.

Hora y media más tarde unos vecinos que querían entrar en el garaje de su domicilio, situado bajo la sede de UCD, se encontraron en el acceso el vehículo de José Ignacio obstruyendo el paso al aparcamiento. Cuando fueron a moverlo descubrieron el cuerpo sin vida de la víctima, en el asiento trasero y con dos disparos de bala: uno en la cabeza y otro en la espalda. No obstante, la Policía no encontró casquillos de bala dentro del vehículo, por lo que lo más probable es que José Ignacio fuese asesinado en un lugar distinto del coche en el que apareció su cadáver, muy probablemente en alguna zona desierta del extrarradio de Vitoria.

"Nos habían enviado un anónimo pero no lo comentamos con nadie, no nos pareció que tuviera mucho fundamento. Mi marido era perito tasador y había montado un despacho en el que yo le ayudaba. Un lunes llamaron a la puerta y entraron cuatro. A José se lo llevaron y le pegaron un tiro", contó su viuda Rosario Muela (Expansionyempleo.com, 21/07/2006).

La capilla ardiente se instaló por la mañana en el Hospital Santiago Apóstol, hasta la celebración del funeral al día siguiente en la parroquia de San Mateo, tras el cual fue enterrado en el cementerio de Santa Isabel de la capital alavesa.

ETA político-militar asumió el asesinato de José Ignacio Ustáran a través de llamadas a medios de comunicación de Bilbao. En el comunicado la banda asesina señalaba que el motivo por el que había secuestrado y asesinado a José Ignacio era que militaba en UCD y, además, amenazaba con seguir asesinando a militantes y dirigentes de ese partido, a los que culpaba de la situación en el País Vasco.

José Ignacio Ustarán Ramírez, de 51 años, era perito industrial y había dedicado su vida profesional a temas relacionados con la industria del automóvil. Estaba casado con Rosario Muela y tenían cuatro hijos. Procedente de una familia nacionalista –su padre y un hermano eran militantes destacados del PNV y, al parecer, otro hermano simpatizaba con la izquierda proetarra, según informaba El País el 1 de octubre de 1980, se había afiliado a UCD e incluso le presentaron a las elecciones al Parlamento, pero en los últimos de la lista. Rosario Muela, que se quedó viuda con 36 años, y llevaba diecisiete casada con José Ignacio, se trasladó con sus cuatro hijos a su ciudad natal, Sevilla, para intentar rehacer su vida tras el asesinato de su marido. "Me dejaron en una situación económica muy mala. Regresé a Sevilla y empecé otra vez de cero", explicaba en una entrevista mientras pedía permiso para encender un pitillo: "Me envicié cuando me quedé viuda, me ayudaba a no llorar". El asesinato de su marido le "marcó para siempre. He rehecho mi vida y me considero una persona muy tolerante, pero los odios y sensaciones que aquella situación me creó aún continúan" (Expansionyempleo.com, 21/07/2006).

El asesinato de José Ignacio Ustarán quedó impune como ocurrió con muchos crímenes cometidos por la rama político-militar de la banda terrorista ETA. Si injusta fue la amnistía de 1977 que, además, no sirvió para que ETA dejase de matar, también fueron injustos los diferentes acuerdos que los distintos gobiernos de la democracia hicieron con la banda a cambio de la "paz". "El más notorio, por haber saldado la responsabilidad penal de 258 individuos vinculados a grupos terroristas, fue el derivado del acuerdo entre ETA político-militar y el entonces Ministro del Interior Juan José Rosón, un mes antes de que la UCD fuera desalojada del poder por el PSOE" (Mikel Buesa, Víctimas del Terrorismo y política del perdón, ponencia presentada en el III Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo, Valencia 13 y 14 de febrero de 2006). Como ya recogimos a propósito del asesinato de Basilio Altuna el 6 de septiembre de 1980, los hijos de ambos, Ángel Altuna Urcelay y José Ignacio Ustarán Muela, escribieron un artículo en el diario ABC sobre el proceso de reinserción de estos terroristas, que ha provocado que se paralizasen las investigaciones de procesos ya abiertos: "No se reabrieron los casos archivados ni se investigaron los asesinatos de ETA político-militar por aclarar (...) las víctimas del terrorismo de ETA político-militar vivieron una situación sobrevenida que se resume en una palabra: impunidad. (...) Los poderes del Estado avalaron esta salida y, a día de hoy, nadie de los beneficiados por aquellas medidas ha reconocido públicamente el daño realizado anteriormente" (ABC, 09/02/2006). Más recientemente, José Ignacio Ustarán Muela volvía a señalar que no entendía "cómo en un Estado de Derecho como en el que tenemos en este país" no se hubiese hecho aún justicia en el caso del asesinato de su padre (Deia, 21/11/2010). En septiembre de ese año 2010 la familia de José Ignacio publicó una esquela en la que se podía leer: "Tus asesinos nunca fueron juzgados. La impunidad aviva nuestro dolor".

Minutos antes de las siete de la tarde del día 29 de septiembre de 1989 la banda terrorista ETA asesinaba en Irún (Guipúzcoa) al policía nacional JUAN PEDRO GONZÁLEZ MANZANO mediante una bomba colocada debajo del asiento del conductor de su coche particular. La bomba había hecho explosión cuando el funcionario policial entraba con su coche en el cuartel del Cuerpo Nacional de Policía de Irún, junto al antiguo hospital asilo en la parte vieja de la ciudad, y se disponía a aparcar el vehículo en el patio del acuartelamiento. Juan Pedro falleció en el acto.

El artefacto explosivo había sido colocado en los bajos del coche del agente dos días antes en Basauri. Así lo reconocía la banda asesina en el comunicado de reivindicación del atentado publicado por el diario Egin el 17 de octubre. Sin embargo, el dispositivo de iniciación falló, por lo que Juan Pedro llevó durante cuarenta y ocho horas la bomba sin percatarse de ello. Los turnos que realizaba el agente le habían permitido que el día anterior a su muerte se encontrase en Basauri, lugar en el que, según todos los indicios, fue colocado el artefacto. El vehículo fue conducido por el policía por las calles de Bilbao y, el día de su asesinato, por la autopista Bilbao-Behobia, donde recorrió muchos kilómetros, y por diversas zonas de Irún. Finalmente, la bomba se activó de forma espontánea cuando entraba en el cuartel de la ciudad fronteriza. Horas después de la explosión ETA avisó de que en Basauri se encontraba un coche con un artefacto que no había hecho explosión y que estaba circulando. Concretamente, y según informó El País el 18 de octubre, en la central de la Asociación de Ayuda en Carretera (DYA) de Vizcaya, se recibió una llamada en nombre de ETAm a las 0:32 horas del 30 de septiembre, en la que se comunicaba que "en Basauri, en la zona de Pozokoetxe, había un R-14 de color rojo con matrícula de Murcia y cuya letra final era O con un artefacto que no había explotado". Los datos coincidían con los del vehículo de Juan Pedro González.

El 30 de septiembre el Ayuntamiento de Irún condenó el asesinato del agente de Policía y arremetió duramente contra Herri Batasuna, a la que calificó de "partido fascista que jalea y sostiene las acciones de ETA". Los concejales de HB presentaron una moción alternativa que fue rechazada por el resto de los partidos políticos. Atendiendo a la convocatoria del consistorio, varios miles de personas se manifestaron a las siete de la tarde en repulsa por el asesinato de Juan Pedro González.

La investigación policial, reflejada en varias sentencias de la Audiencia Nacional dictadas en 1993 y 1995, determinó que el etarra José Luis Martín Carmona, alias Koldo, fue quien hizo el seguimiento de los hábitos del agente de Policía, y que Fernando del Olmo Vega confeccionó el artefacto explosivo que acabó con su vida. Ambos, junto a Inmaculada Pacho Martín, fueron condenados a penas de 28 años de reclusión mayor como autores criminalmente responsables de un delito de atentado con resultado de muerte. Fernando del Olmo Vega, que cumple 88 años de prisión acusado de tres atentados con otras tantas víctimas mortales, se encuentra en la cárcel de Almería y tiene prevista su salida de la cárcel para febrero de 2012, salvo que se le aplicase la doctrina Parot, que retrasaría su excarcelación hasta 2020. Por su parte, la etarra Inmaculada Pacho Martín, condenada a penas que sumaban cerca de 500 años por cinco asesinatos, tenía que haber abandonado la prisión en marzo de 2008, pero la aplicación de la doctrina Parot ha retrasado su salida hasta 2021.

Juan Pedro González Manzano, de 34 años, había nacido en Molina de Segura (Murcia) y residía en Basauri, donde estaba adscrito al Servicio de Radiopatrullas. Sin embargo, había sido destinado temporalmente al Grupo Local de Fronteras de Irún por necesidades del servicio. Un hermano de Juan Pedro, también policía nacional, contó que sólo le quedaban tres días de servicio en el País Vasco antes de que lo trasladasen a Molina de Segura. La familia de la víctima, incluida la viuda, se negó a que se celebraran actos oficiales en el País Vasco, por lo que el funeral religioso se celebró el 1 de octubre en la parroquia de Santa Cruz de la pedanía de El Puntal en Murcia, donde residían los padres. El funeral, al que asistieron centenares de personas, fue oficiado por el obispo de la diócesis de Cartagena-Murcia, Javier Azagra. Al mismo asistieron el presidente de la comunidad autónoma, Carlos Collado; el director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado; el delegado del Gobierno en Murcia, Juan Manuel Eguiagaray, y el gobernador civil de Vizcaya, Daniel Vega. Juan Pedro González estaba casado con Isabel Regaliza y tenía una hija de corta edad. En unas jornadas organizadas por Gesto por la Paz en noviembre de 2009 se pudo oír, entre otros, el testimonio de Isabel Regaliza. En 1968 ella y su familia habían viajado desde Palencia hasta Basauri, donde conoció al que sería su marido. "Me casé a los 24 años y mi vida cambió por completo sólo porque él era policía". Muchos de sus amigos dejaron de serlo y ella llegó incluso a tender el uniforme recién lavado de su marido entre sábanas para que la gente no lo viera. Sólo estuvieron casados cuatro años. En 1989 vio por televisión que se había producido un atentado en Irún. "Ha sido mi marido", pensó. Isabel dijo que no volvería nunca al País Vasco y denunció que no tuvo ninguna ayuda, "hasta me pagué yo el psicólogo". Un año antes de la celebración de las jornadas de solidaridad con las víctimas, en 2008, recibió una carta del Parlamento vasco en la que le pedían permiso para incluir la foto del funeral de su marido en la exposición de víctimas y "yo dije que sí. Recuerdo que pensé: gracias a Dios se reconoce el sufrimiento que estamos pasando" (Elcorreo.com 06/11/2009).

Hacia las 20:30 horas del 29 de septiembre de 1992 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en la estación de tren de Rentería al joven JOSÉ LUIS LUENGOS MARTÍNEZ, empleado de una subcontrata de Telefónica. José Luis se encontraba dentro de su vehículo aparcado en doble fila cuando dos asesinos de la banda se acercaron por detrás y uno de ellos le disparó un único tiro en la nuca.

Pese a que la herida era mortal de necesidad, la víctima logró salir del vehículo y caminar unos cinco metros hasta caer desplomado en el suelo. Antes de caer con la cabeza completamente destrozada llegó a preguntarse "¿por qué me han hecho esto a mí?" según relató un familiar. José Luis falleció poco después en el Hospital General de Guipúzcoa a donde había sido trasladado urgentemente. El asesino y su acompañante huyeron a la carrera hasta un coche donde les esperaba un tercer terrorista. De ahí emprendieron la huida en dirección a Lezo.

Ciertos rumores apuntaron a la supuesta vinculación de la víctima con la banda del Cocoliso, un grupo de traficantes que operaba en el triángulo Irún-Rentería-Oyarzun. Sin embargo, la Ertzaintza reconoció que el nombre de José Luis Luengos no figuraba en sus ficheros de sospechosos y que era posible que lo hubiesen confundido con un inspector del Cuerpo Nacional de Policía de Rentería que tenía un coche de similares marca, modelo, color y matrícula de León que el que tenía José Luis.

También sus compañeros de trabajo, amigos, vecinos y familiares del joven, descartaron cualquier tipo de relación de José Luis con el mundo de las drogas. "Hacía una vida sencilla. Trabajo, paseos con su novia y casa", afirmaron. Por ello pensaron que había tenido que tratarse de un error de la banda.

"Veremos con qué tontería nos salen ahora para justificar esta muerte", manifestó Maite Castellano, la novia del fallecido, añadiendo: "Estoy segura de que esos señores, después de pegarle un tiro a mi novio, cenaron y durmieron tan tranquilos. Lo que no entiendo es que todavía haya personas que les den la razón" (El País, 01/10/1992).

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Arsenio Lope Huerta, señaló que "ETA no comete errores, no se equivoca nunca; ETA sólo comete asesinatos que no se justifican y que son una prueba de la barbarie de esta gente y de sus epígonos, esos personajes crueles, implacables, de su entorno, de Herri Batasuna, que incluso pretenden, con la suciedad que les caracteriza, echar basura sobre la vida de un trabajador" (El País, 02/10/1992)

Muchos meses después, el 16 de diciembre de 1992, el diario Egin difundió un comunicado de ETA en el que la banda asesina asumía el atentado contra José Luis y lo intentaba justificar acusando a la víctima de ser "un colaborador de los servicios especiales de la Guardia Civil". Este conejo sacado de la chistera por los asesinos hizo reaccionar inmediatamente a Maite, la novia de José Luis, que en declaraciones a la agencia Efe afirmó que "era mentira", añadiendo: "Eso de dónde lo han sacado. Voy a remover cielo y tierra para que retiren esa mentira. Encima de que me lo matan, me lo difaman. Que me demuestren a mí por qué dicen eso (...) Quieren justificar de alguna manera lo que han hecho. Quieren quedar bien justificando un acto que no tiene ningún calificativo". En ese momento el diario proetarra estaba dirigido por Xabier Salutregi Menchaca, último director del periódico, que sería detenido en 2007 acusado de ser dirigente de ETA.

Aunque este atentado ha quedado, como tantos otros, impune, fuentes de la lucha antiterrorista sospecharon desde muy pronto que el autor del asesinato de José Luis Luengos fue Pedro Picabea Ugalde, alias Kepa (ABC, 11/10/1992). Detenido en julio de 1994 en Francia, fue condenado a 10 años de prisión en este país y extraditado a España en 2001. Sobre él pesa la acusación de veinte asesinatos, uno de los historiales más sangrientos dentro de la banda terrorista ETA, pero su supuesta condición de arrepentido le ha reportado beneficios penitenciarios desde 2009, condiciones que han sido prorrogadas por el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, en febrero de 2011.

José Luis Luengos Martínez, de 31 años, era natural de León, aunque llevaba cuatro años residiendo en Guipúzcoa. José Luis trabajaba junto a su hermano Javier y un grupo de jóvenes leoneses en la empresa Elitel, subcontratada por Telefónica. La misa funeral por José Luis, previa a su entierro en el cementerio municipal de San Froilán, se celebró en la Iglesia de la Sagrada Familia de León, con la asistencia de las máximas autoridades civiles de la provincia. Al término del mismo, el alcalde de León, Juan Moranó (PP), reclamó la pena de muerte para los terroristas.

Victoriano Collado, Agustín Pascual y José Luis Veiga, guardias civiles asesinados en Elburgo

28 de Septiembre de 2011 - 09:10:12 - M.J. Grech

Pasadas las doce y media de la madrugada del 28 de septiembre de 1984, la banda terrorista ETA asesinaba a los guardias civiles VICTORIANO COLLADO ARRIBAS, AGUSTÍN DAVID PASCUAL JOVE y JOSÉ LUIS VEIGA PÉREZ, y hería a otros cinco, uno de ellos, Manuel Gallardo Jiménez, de gravedad, en un atentado con bomba-trampa en una zona situada entre las localidades alavesas de Elburgo y Alegría. La bomba, de gran potencia, estaba colocada entre la maleza en un talud lateral de la vía férrea.

La explosión se produjo una hora después de que una voz anónima advirtiera al cuartel de la Policía Municipal de Vitoria de la existencia de una bomba en la vía férrea, "cerca del cementerio" de la citada localidad, en una zona entre Elburgo y Alegría, que estallaría en un plazo de treinta minutos. La Policía Municipal avisó, a su vez, a la Guardia Civil, que desplazó al lugar un dispositivo con agentes de tres unidades: una brigada de desactivación de explosivos formada por dos agentes y un guardia conductor al mando del sargento primero José Luis Veiga Pérez, protegida por una patrulla de los GAR (Grupos Antiterroristas Rurales) y por otra unidad procedente del puesto de la Guardia Civil de Alegría.

La patrulla del GAR, que escoltaba y protegía al equipo de desactivación de explosivos, estaba integrada por el cabo primero Manuel Antonio López Cano y los guardias Manuel Gallardo Jiménez, José Pérez Vergara, Esteban Jesús Torres Rodríguez, Juan Antonio Pérez Pérez, Miguel Jorge Godoy, Antonio Ruiz Urbano, Juan Redondo Morales y José Antonio Marín Zafra. La patrulla rural del puesto de Alegría estaba compuesta por el sargento Gabriel Pedraza Pardal, el cabo Agustín Pascual Jove y los guardias Victoriano Collado Arribas, Juan Pérez Cervantes, Vicente Castro Cajete, Fernando Cristóbal Rodríguez, José Sánchez Jodar, Antonio Carlos Hernández López y Felisindo Álvarez Atanes. En total, veintiún guardias civiles participaron en el dispositivo.

Los asesinos de la banda habían colocado una bomba en las vías, como anunciaba la llamada anónima, que actuó como señuelo, al tiempo que habían escondido una segunda carga explosiva en una senda rodeada de matorrales y alejada de la bomba señuelo. Un tren de pasajeros estaba parado en la vía esperando a que los especialistas determinasen si la bomba era real o no. A las 0:30 horas, mientras avanzaban inspeccionando las vías hacia donde se suponía que estaba la bomba, uno de los agentes tropezó con un fino sedal oculto entre la maleza que, unido al detonante, activó la carga de la bomba-trampa colocada en el talud lateral, y que contenía unos 8 kilos de Goma 2. "Aunque ellos no solían trabajar cuando se iba la luz del sol, por seguridad, el hecho de que hubiera unas personas retenidas en el tren hizo que intentaran localizar y desactivar la bomba. Pero era una trampa", recuerda Charo Sierra, viuda del sargento Veiga Pérez, en una entrevista el 16/09/2009 en soitu.es.

La explosión fue muy violenta y alcanzó a ocho guardias civiles. De ellos, tres fallecieron casi en el acto: el cabo Agustín David Pascual Jove, el guardia segundo Victoriano Collado Arribas, y el sargento primero José Luis Veiga Pérez, que dirigía el grupo de miembros del Tedax. Otros cinco guardias ingresaron, a la una de la madrugada, en el Hospital de Santiago Apóstol de Vitoria. El más grave, Manuel Gallardo Jiménez, presentaba a su ingreso fractura craneoencefálica, politraumatismo, estallido del globo ocular izquierdo (perdió la visión en ese ojo), herida penetrante en tórax, fractura del codo izquierdo y traumatismo abdominal. También fueron ingresados, con pronóstico "menos grave", los guardias José Pérez Vergara, que presentaba múltiples lesiones y contusiones en cara, tórax y muslo derecho, y Manuel Antonio López Cano, con perforación de tímpano y herida en la rodilla derecha producida por la metralla. Fueron dados de alta a las pocas horas José Antonio Marín Zafra y Esteban Jesús Torres Rodríguez, que presentaban diversas contusiones.

Tras la evacuación de los heridos, el GAR acordonó la zona para continuar el reconocimiento de la misma a la luz del día. En ese segundo reconocimiento se localizó adosado a uno de los raíles de la vía férrea un artefacto simulado, envuelto en una bolsa de plástico similar a las de basura. Atacada a distancia por disparos de escopeta, se comprobó a continuación que en su interior sólo contenía piedras.

Este modus operandi de la banda terrorista fue utilizado años después, en enero de 2009, en un atentado similar contra la Ertzaintza en Hernani. En esta ocasión, los terroristas colocaron dos bombas-trampa destinadas a varios agentes que se habían desplazado hasta un repetidor, volado minutos antes, en un monte de Hernani. Pero los ertzainas rastrearon previamente la pista forestal donde los etarras habían colocado los sedales que habrían activado las bombas si hubiesen sido tocados. Ello impidió que se consumase el atentado.

Al día siguiente, 29 de septiembre, se celebraba el funeral por los tres guardias civiles en Vitoria en un ambiente de gran tensión, pero sin que llegasen a producirse incidentes de importancia. Asistieron al acto religioso varios miles de personas, entre ellas los ministros del Interior, José Barrionuevo, y de Defensa, Narcís Serra, así como el presidente del Gobierno vasco, Carlos Garaikoetxea y el director general de la Guardia Civil, el general José Sáenz de Santamaría. Anteriormente visitaron la capilla ardiente, instalada en la sede del Gobierno civil. Allí se vivieron escenas muy emotivas. Ambos ministros fueron abrazando, uno a uno, a los familiares de las víctimas, que sollozaban en silencio. Una mujer, familia de una de las víctimas, dijo con voz firme dirigiéndose al ministro del Interior: "Barrionuevo, no les perdones". Cuatro o cinco personas de entre las presentes, repitieron: "no, no les perdones". Un momento después, la madre de uno de los guardias asesinados dijo: "Aquí todos somos personas, los guardias son personas como los demás".

Los tres féretros, a hombros de sus compañeros, fueron conducidos a continuación, en un recorrido de unos quinientos metros por varias calles del centro de la ciudad, hasta la Iglesia de San Miguel. Se tardó más de media hora en hacer el recorrido debido a la cantidad de gente que se agolpaba en las calles para rendir un homenaje a los tres guardias civiles asesinados. La comitiva, encabezada por una banda militar, que durante todo el trayecto fue interpretando la marcha fúnebre de Chopin, estaba también integrada por sendas compañías de la Guardia Civil y de los GAR. Los féretros fueron conducidos en medio de un silencio impresionante, sólo roto esporádicamente por los aplausos de las personas que se agolpaban en los bordes de la calzada. Finalizado el funeral, los ministros se colocaron a ambos lados de Garaikoetxea, que presidió el acto de despedida de los féretros. El ministro del Interior lanzó vivas a España, al pueblo vasco, a la Constitución, al Rey y a la Guardia Civil. Una persona, vestida de paisano, colocada inmediatamente detrás de varios mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, gritó con voz potente: "Señor ministro, ¿hasta cuándo vamos a soportar esto? Aquí hay democracia para todos menos para la Policía y la Guardia Civil". También se oyó algún grito aislado contra Garaikoetxea, al que llamaron "asesino".

El atentado terrorista fue reivindicado el día 1 de octubre, mediante llamada telefónica anónima, por la organización terrorista ETA militar. A día de hoy, los familiares de los tres guardias civiles siguen sin saber quiénes, dentro de la banda asesina, cometieron el atentado.

Victoriano Collado Arribas, guardia segundo de 21 años, era natural de Arroyomolinos de la Vera (Cáceres), donde fue enterrado tras un funeral al que asistieron unos cuatro mil vecinos. Su padre era también miembro de la Guardia Civil. Victoriano estaba soltero y había ingresado en el cuerpo con 19 años. Estaba trabajando temporalmente en el País Vasco, porque su destino cuando fue asesinado era Toledo.

 

Agustín David Pascual Jove, cabo de la Guardia Civil de 23 años, era natural de Madrid. Estaba casado y sin hijos. Igual que su compañero Victoriano Collado, había ingresado en la Guardia Civil con 19 años y su padre era teniente del Instituto Armado destinado en la Agrupación de Tráfico de Madrid. Agustín también estuvo destinado en el Servicio de Tráfico antes de ser trasladado al País Vasco. Los restos mortales del cabo Pascual Jove fueron enterrados en el madrileño cementerio de Carabanchel.

José Luis Veiga Pérez, sargento de la Guardia Civil de 40 años, era natural de la localidad vizcaína de Amorebieta aunque residía en La Coruña. Estaba casado con Charo Sierra y era padre de dos hijos: José Luis, de 8 años, y David, de 4. El diario ABC publicó el 29 de septiembre la carta que José Luis Veiga había remitido a sus superiores dos años antes, en la que expresaba su deseo de continuar en el Servicio de Desactivación de Explosivos al que pertenecía desde 1980: "Deseo continuar en la especialidad, en primer lugar por una cuestión de amor propio profesional: quiero dominar mi trabajo, ya que las tareas que he emprendido me ha gustado culminarlas (...) Este deseo de continuar no significa que desprecie el riesgo, pero en mi modesta opinión considero que el riesgo de nuestra misión no es superior al de otros componentes del cuerpo". Efectivamente, el riesgo venía "determinado en función del lugar en el que se desarrolla nuestra misión. En el norte corremos mayor peligro". De hecho, ni el cabo Pascual Jove ni el guardia Collado Arribas, asesinados en el mismo atentado, pertenecían al Tedax, sino al puesto de la Guardia Civil de Alegría. José Luis Veiga Pérez, que además de guardia civil había estudiado Magisterio y estaba licenciado en Derecho, había ingresado en el Instituto Armado siguiendo los pasos de su padre y de tres hermanos. El día antes del atentado su hijo David cumplía 4 años, y José Luis había previsto ir a la celebración del mismo. La víspera llamó a su mujer para decirle que no podía ir, con el consiguiente disgusto de Charo. Era la primera vez que fallaba al cumpleaños del niño. Además, a José Luis no le tocaba ese año desplazarse desde La Coruña al País Vasco, pero un compañero de equipo acababa de casarse y ocupó su puesto para no hacerle una faena. El 27 llamó a su hijo para felicitarle y se despidió de su mujer con un "te quiero, hasta mañana". "Pero esa mañana no llegó nunca y nunca pude volver a hablar con él" (revista Fundación Víctimas del Terrorismo, nº 15, junio 2006). Tras la fiesta del cumpleaños de David, la casa quedó hecha un desastre, pero Charo estaba agotada y se quedó dormida. "A eso de las doce y media, justo a la hora que asesinaban a José Luis, me sobresalté y comencé a ponerme a limpiar y acabé sobre las tres. Nada más acostarme, llamaron a la puerta y me encontré a mi cuñado y a un compañero y dije: 'le han matado, ¿verdad?'. Era una angustia que arrastraba desde hacía mucho tiempo, y aquella noche se confirmó" (soitu.es, 16/09/2009). En la misma entrevista cuenta cómo fue la espera en el aeropuerto de Santiago de los restos mortales de su marido, con gran retraso del avión. "Llamé a Vitoria para saber qué ocurría, y me dijeron que estaban teniendo problemas para encontrar un cura que oficiara una misa a los tres difuntos. Yo les dije que no perdieran ni un minuto más, que aquí sobraban curas para dar misas. Luego leí en los periódicos que había veinte religiosos despidiéndoles... vamos, anda, no me lo creo...". La vida le cambió radicalmente, como a tantas viudas que ha dejado la banda terrorista ETA en más de cinco décadas de asesinatos. Primero tuvo que pasar por el trance de contarle a sus hijos lo que había pasado: "Tuve que decirles que papá, por ser buena persona y tratar de salvar la vida de otros, había dado la suya y estaba muerto. Les di la opción de ir a verle y despedirse de él, o quedarse en casa y guardar el recuerdo que tenían. Y con eso han crecido, con admiración y cariño hacia su padre y con la cabeza muy bien amueblada para no tener odio hacia los asesinos". Después vinieron las penurias económicas, comunes a tantas víctimas del terrorismo: "durante más de un año y medio, las autoridades no determinaron que lo que había ocurrido aquella noche en Elburgo fue un atentado terrorista". Por eso no pudo cobrar indemnización y sobrevivió económicamente con unos préstamos que le hizo la Guardia Civil. "Eso sí que tuve que devolverlo religiosamente..." (soitu.es, 16/09/2009).

Wenceslao Maya, policía asesinado en San Sebastián durante los altercados del Gudari Eguna

27 de Septiembre de 2011 - 09:10:12 - M.J. Grech

A las tres y media de la tarde del 27 de septiembre de 1987, la banda terrorista ETA asesinaba en pleno centro de San Sebastián al policía nacional WENCESLAO MAYA VÁZQUEZ mediante la explosión de un potente coche-bomba. La explosión provocó heridas graves a otros cuatro agentes que formaban parte del convoy -compuesto por dos furgonetas ocupadas por diez policías nacionales- que se aproximaba a la avenida de la República Argentina, cerca del hotel María Cristina y del teatro Victoria Eugenia, donde hacía menos de veinticuatro horas que se había clausurado la 35ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

La presencia policial en la capital donostiarra se reforzaba en esa fecha con motivo de la celebración del Gudari Eguna (día del soldado vasco) debido a que en los años anteriores había sido frecuente que se produjesen algaradas callejeras aprovechando ese motivo. El furgón policial se dirigía hacia el Gobierno Militar de Guipúzcoa, ya que a esa hora quedaban todavía grupos de personas produciendo alteraciones de orden público ante el intento de celebración del Gudari Eguna, concentración que fue impedida por el gobernador civil de Guipúzcoa, José Ramón Goñi Tirapu.

Wenceslao Maya, que era el conductor del furgón que resultó más afectado por la explosión, falleció en el acto, mientras que sus cuatro compañeros resultaron gravemente heridos. Isidro Gallego García-Carpintero, de 28 años, fue trasladado al Hospital de la Cruz Roja, sufrió quemaduras graves de primer y segundo grado en el brazo, cara y pierna izquierda, de las que no se curó hasta pasados 235 días; Manuel Ibáñez Herrera, que fue ingresado en el Hospital Nuestra Señora de Aránzazu con traumatismo craneal y heridas en todo el cuerpo, tuvo que ser sometido a diferentes intervenciones quirúrgicas durante los ocho meses siguientes al atentado; Manuel Maruri Niño, de 28 años, que fue trasladado al Hospital de la Cruz Roja con heridas en las piernas y la cara, estuvo de baja durante siete meses, y Miguel Ángel Rodríguez Pozuelo, de 25 años, fue también trasladado al Hospital de la Cruz Roja, y no se había recuperado de las heridas sufridas tres años después, cuando se celebró el juicio contra los autores del atentado. Otras dieciocho personas resultaron heridas de diversa consideración y dieciséis vehículos resultaron afectados, entre ellos un autobús en el que viajaba un grupo de turistas canadienses que realizaba una gira por Europa, y contra el que se empotró el furgón policial, proyectado por el efecto de la brutal explosión.

El coche-bomba, un Peugeot 205 que había sido robado trece días antes en el polígono industrial de Martutene, estaba aparcado en la parte izquierda de la carretera y fue accionado con un mando a distancia desde la orilla del río contraria al lugar donde se encontraba. El coche fue cargado con veinte kilos de explosivo amonal y cincuenta más de tornillería.

El alcalde de la ciudad, Xabier Albistur, manifestó que "así no hay que negociar. A nadie ha sorprendido que se produjese este atentado, la tranquilidad que se ha vivido durante los días del festival sabíamos que presagiaba algo". Albistur recordó que dado el lugar, el centro de la ciudad, y la hora, un domingo a las tres y media de la tarde, "se podía haber producido una verdadera masacre".

Durísimas fueron las declaraciones de Gerardo Escobedo, presidente del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Guipúzcoa, en un comunicado hecho público al día siguiente, 28 de septiembre, en el que se señalaba "que si la policía, ésa a la que llamáis asesina y represiva, se dejara llevar por la sangre en un hecho tan lamentable como el ocurrido ayer, no habría necesidad de juicio para vosotros; y tendríais lo que merecéis". "Pido a Dios –añadía– que sigamos con la cabeza sobre los hombros y que, ante la indignación que nos produce este tipo de hechos, sigamos poniéndoos a disposición del juez, en vez de mataros como a viles ratas, que es lo que a gritos pedís" (El País, 29/09/1987).

El director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, atribuyó las declaraciones del presidente del SUP de Guipúzcoa a la emoción y tensión propias de un funeral por un compañero, y negó que el desánimo hubiese hecho mella en los cuerpos de seguridad del Estado.

En 1990 la Audiencia Nacional condenó a José Miguel Latasa Guetaria, alias Fermín, que fue quien accionó el mando a distancia, y a José Antonio López Ruiz, alias Kubati, a las siguientes penas a cada uno de ellos: a 27 años de reclusión mayor por un delito de atentado con resultado de muerte; a 21 años de reclusión mayor por cada uno de los nueve delitos de asesinato en grado de frustración; y a 10 años por un delito de estragos. En total, más de 226 años de cárcel a cada uno de ellos.

Wenceslao Maya Vázquez, de 31 años, estaba casado y tenía dos hijos de 7 y 2 años. Era natural de Badajoz, donde fue enterrado. La llegada del féretro a la iglesia donde se celebró el funeral fue recibida con "vivas" a España, a la Policía y a las Fuerzas Armadas, y con "mueras" a ETA.

Sixto Holgado Agudo, taxista de Rentería asesinado por ETA en 1979

26 de Septiembre de 2011 - 09:10:11 - M.J. Grech

El 26 de septiembre de 1979, la banda terrorista ETA asesinaba en Rentería (Guipúzcoa) al taxista SIXTO HOLGADO AGUDO. Su cadáver, que presentaba un tiro en la nuca, apareció de madrugada en el vertedero de basuras de San Marcos, cerca del barrio de Beraun. El taxi de la víctima, un Seat 131 que los asesinos utilizaron para alejarse del lugar, apareció el 27 de septiembre a las nueve de la mañana, en las proximidades de su domicilio, cerca del caserío de Larramendi.

La última vez que se vio con vida a Sixto Holgado fue el miércoles 26 a las 21:30 horas en la parada de taxis, y su cuerpo sin vida fue encontrado a la una de la madrugada por los empleados del servicio de limpieza del Ayuntamiento.

Aunque la reconstrucción de los hechos fue difícil, uno de los pocos datos ciertos con los que se contaba era que un cliente había solicitado el servicio del taxista en la parada de la calle Viteri, donde fue visto por varios compañeros de profesión. Las investigaciones policiales concluyeron que obligaron a Sixto Holgado a dirigirse al barrio de Beraun y, más tarde, al vertedero de basuras donde lo asesinaron.

Sobre la una de la madrugada, un hombre llamó a la Comisaría de San Sebastián informando de la aparición de un cadáver en el basurero de Rentería. La Policía no acudió inicialmente al lugar de los hechos, temiendo que se tratase de una trampa, al ser un lugar apartado y coincidir la fecha con el aniversario de los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975, entre los que estaban los miembros de ETA Ángel Otaegui -condenado por cooperación en el asesinato del cabo de la Guardia Civil Gregorio Posada Zurrón-, y Juan Paredes Manot, Txiki -acusado de intervenir en el tiroteo que acabó con la vida del cabo de la Policía Nacional Ovidio Díaz López-. Sí lo hizo una ambulancia municipal, que también había sido avisada de la aparición del cadáver.

En el lugar de los hechos no apareció inicialmente ningún casquillo de bala, pero al cabo de unas horas se encontró, incrustado en el suelo y justo en el lugar donde apareció el cadáver, el proyectil que acabó con la vida de Sixto Holgado. La trayectoria de la bala, disparada de arriba hacia abajo, indicaba que los asesinos obligaron a su víctima a agacharse o tumbarse en el suelo antes de darle muerte. El cadáver permaneció en el basurero durante dos horas, y la Policía comprobó que a la víctima le habían sido sustraídos el carnet de identidad y el permiso de conducir.

Aunque fuentes policiales señalaron que Sixto Holgado no tenía ninguna vinculación política, en determinados ambientes de Rentería se barajó como causa del asesinato su relación con sectores de la ultraderecha. Los treinta y un taxistas de la localidad hicieron huelga durante la jornada del día siguiente del atentado, 27 de septiembre, en señal de duelo por el asesinato de su compañero. Al día siguiente hicieron otro paro de dos horas para poder asistir al funeral. El 8 de octubre, la banda terrorista ETA asumió la autoría del asesinato de Sixto Holgado.

Sixto Holgado Agudo tenía 46 años y era natural de Bañobárez (Salamanca). Tenía ocho hijos, con edades comprendidas entre los 5 y los 20 años de su primer matrimonio, y había contraído matrimonio por segunda vez seis meses antes de su asesinato. Entre 1961 y 1964 fue miembro de la Policía Municipal de San Sebastián, dándose de baja voluntariamente. Posteriormente trabajó como repartidor de Coca-Cola durante cinco años, hasta que compró una licencia de taxi en Rentería, donde trabajaba desde diez años antes de ser asesinado.

Lorenzo Soto y José Zafra, guardias civiles acribillados a balazos en San Sebastián

25 de Septiembre de 2011 - 09:10:12 - M.J. Grech

El lunes 25 de septiembre de 1978 la banda terrorista ETA acribillaba a balazos en San Sebastián un Land Rover de la Guardia Civil, matando en el acto a LORENZO SOTO SOTO, conductor del vehículo, y a JOSÉ ZAFRA RÉGIL.

Los dos guardias civiles estaban destinados en el economato de la Comandancia de la Guardia Civil de San Sebastián, y una de sus funciones era el aprovisionamiento de alimentos. Por ese motivo se trasladaban regularmente al Mercado Central de frutas y verduras de Atocha en San Sebastián, como hicieron esa mañana del 25 de septiembre. Vestidos con monos azules de faena, Lorenzo y José fueron al mercado y cargaron el vehículo con cajas de frutas y verduras. En torno a las 8:30 horas, cuando se disponían a regresar al cuartel, tres terroristas con el rostro cubierto con medias negras se situaron a ambos lados y frente al Land Rover, acribillando a balazos a los dos guardias civiles. El cuerpo de José Zafra recibió veintiún impactos de bala, mientras que su compañero, Lorenzo Soto, presentaba diecisiete. Ambos fallecieron en el acto en el interior del vehículo, sin tener tiempo de utilizar sus armas, que aparecieron en los asientos del automóvil.

Los tres asesinos, tras guardar sus armas en unas bolsas de deporte, huyeron del lugar en un vehículo en el que les esperaba un cuarto terrorista. El coche, un Renault 8, había sido robado previamente a punta de pistola a un vecino del barrio de Alza, al que obligaron a subir al mismo, dejándolo atado y amordazado en el monte de Artikutza. El coche, que aguardaba a escasos metros del lugar del atentado, sufrió una avería mecánica, por lo que los cuatro terroristas tuvieron que abandonarlo precipitadamente y parar a un taxi, obligando al conductor a trasladarlos hasta el barrio de Bidebieta, en la carretera de San Sebastián a Irún. Allí se bajó uno de los etarras, mientras que los tres restantes lo hicieron poco después, en la zona de Herrera.

Hora y media después del atentado los cuerpos sin vida de los dos guardias civiles llegaban al Hospital Militar, situado a pocos metros del lugar de los hechos. A primeras horas de la tarde se les practicó la autopsia y se instaló la capilla ardiente en el cuartel de la Guardia Civil del paseo de Heriz.

Al día siguiente, martes 26 de septiembre, se celebró el funeral por los dos guardias civiles asesinados en la parroquia de San Sebastián Mártir, en el barrio del Antiguo. Varios centenares de personas profirieron gritos de "ETA asesina", "Viva la Guardia Civil", "Hasta cuando" y "Caídos por Dios y por España". Hubo insultos al gobernador civil de la provincia, Ramón Oyarzábal, que cuando se disponía a entrar en su coche casi es agredido por uno de los asistentes. Los continuos atentados contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estaban provocando un aumento de la tensión en determinados sectores sociales. Porque no sólo eran los asesinatos, sino el acoso continuado a las familias de policías y guardias civiles. En una reunión de esposas de guardias civiles, de la que se hizo eco El Correo (28/09/1978), se relataron las vejaciones a las que se veían expuestas por el mero hecho de estar casadas con miembros de la Benemérita. Estas vejaciones iban desde la colocación de gatos muertos a la entrada de sus viviendas, hasta la negativa a venderles productos en algunos comercios.

Ese mismo día 26 de septiembre, ETA militar reivindicaba el asesinato de los dos guardias civiles, exigiendo en el comunicado la aceptación de la alternativa KAS (Coordinadora de Grupos Socialistas Abertzales) como única solución a los problemas del País Vasco.

Tres meses después del atentado fueron detenidos José Miguel Azurmendi Albizu y Miguel Sarasqueta Zubiarrementeria, miembros del grupo Goyerri Costa de ETA, que fueron condenados por la Audiencia Nacional en diciembre de 1979. Azurmendi Albizu fue encontrado culpable del asesinato de Lorenzo Soto y José Zafra, por lo que fue condenado a una pena de 30 años de prisión mayor. Sarasqueta, que había intervenido en la preparación del atentado, fue condenado por un delito de conspiración de terrorismo a 7 años de prisión mayor. Durante la celebración del juicio el 12 de diciembre de 1979 los dos procesados comenzaron a hablar sobre torturas, por lo que tuvieron que ser trasladados a los calabozos. El público asistente comenzó a gritar durante el desalojo de los etarras, por lo que el juicio tuvo que continuar a puerta cerrada una vez que el tribunal decidió echar también a los asistentes al mismo.

Lorenzo Soto Soto tenía 24 años. Era natural de Lorca (Murcia) y estaba soltero. Había ingresado en el Instituto Armado el 1 de febrero de 1974. Antes de ser destinado a San Sebastián, Lorenzo estuvo en Manresa, su primer destino, y en Azpeitia. Su padre, que también fue guardia civil, trabajaba como taxista en Barcelona cuando su hijo fue asesinado.

 

José Zafra Régil tenía 30 años. Era natural de Puigcerdá (Gerona) y estaba casado con una alavesa con la que tenía un hijo de 4 años. Ingresó en la Guardia Civil en mayo de 1968. Su asesinato causó una gran conmoción en Granada, donde residía su familia.

 

 

Juan Carlos Beiro Montes, cabo de la guardia civil asesinado en Leiza en 2002

24 de Septiembre de 2011 - 09:10:17 - M.J. Grech

Mes y medio después del asesinato en Santa Pola de Cecilio Gallego Alaminos y la niña Silvia Martínez Santiago, la banda terrorista ETA asesinaba en Leiza (Navarra) el 24 de septiembre de 2002 al cabo de la Guardia Civil JUAN CARLOS BEIRO MONTES y causaba heridas de diversa consideración a otros cuatro agentes. El asesinato se produjo utilizando una pancarta trampa que los agentes estaban procediendo a retirar. La pancarta tenía escrito en euskera el lema "Gora ETA. GC jota bertan hil" (Viva ETA. GC muere aquí) con el propósito de provocar que agentes del Instituto Armado se acercaran a retirarla. En la pancarta, además, estaba dibujado el anagrama de la banda asesina y una diana con un tricornio en el centro.

La pancarta trampa estaba colocada junto a la calzada de la NA-1320, a su paso por el municipio de Leiza, y fue vista por un agente de la Guardia Civil que estaba fuera de servicio y dio aviso al puesto de Leiza, desde donde se envió una patrulla de guardias civiles para retirarla. Justo al lado de la pancarta estaba escondida la bomba que fue activada a distancia por un terrorista cuando se aproximaron a la misma el sargento Miguel de los Reyes Martínez Morata y el cabo Juan Carlos Beiro Montes. El artefacto, compuesto por 15 kilos de explosivos, contenía cantidad suficiente para haber asesinado a todos los agentes si hubieran estado un poco más cerca.

La explosión impactó de lleno al cabo y al sargento, mientras que los otros tres agentes que formaban la patrulla sufrieron heridas de carácter leve gracias a que se encontraban más alejados del lugar de la deflagración. Tras ser atendidos en el lugar del suceso por un médico y un ATS de Leiza, una UVI móvil trasladó al cabo, que presentaba traumatismo abdominal y salida de masa intestinal, hasta el Hospital Donostia, donde ingresó cadáver tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. ETA había vuelto a matar en el pequeño pueblo de Leiza después de que, catorce meses antes, asesinaran a José Javier Múgica Astibia, concejal de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Ayuntamiento de la localidad.

El sargento Miguel de los Reyes Martínez Morata, comandante del puesto de la Guardia Civil de Leiza y miembro de la Unidad de Desactivación de Explosivos, sufrió "traumatismo craneoencefálico con depresión del nivel de conciencia y múltiples lesiones por metralla en cara, tórax, abdomen y extremidades", según el parte médico emitido por el Hospital Donostia. Curiosamente, Miguel de los Reyes había sufrido otro atentado de ETA cuando estaba destinado en el cuartel de Inchaurrondo en San Sebastián. Además, este agente había recogido en San Sebastián ese mismo año de 2002 un premio concedido por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) a los artificieros del Instituto Armado, de la Policía Nacional y de la Ertzaintza, en reconocimiento a su labor en la lucha contra el terrorismo. El sargento Martínez Morata, natural de Yeste (Albacete), tenía 35 años cuando sufrió el atentado en Leiza.

El ministro del Interior, Ángel Acebes, impuso al día siguiente del atentado, durante el homenaje que rindieron sus compañeros a Juan Carlos Beiro en la Comandancia de Navarra, la Gran Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo, máximo galardón que únicamente se concede a los agentes que realizan un acto heroico. Ese mismo día, miles de personas de la comarca minera del Nalón dieron su último adiós a Juan Carlos Beiro en Sama de Langreo. Al funeral, celebrado en la Iglesia de Santiago Apóstol, asistió el presidente del Gobierno, José María Aznar. A continuación, los restos mortales del cabo fueron incinerados en el tanatorio de Gijón.

Con este atentado la banda terrorista ETA había querido reaccionar de forma inmediata a la detención en Francia de los dirigentes Juan Antonio Olarra y Ainhoa Mujika el día 16 de septiembre. Para ello ordenó a tres grupos de la banda que actuaran de forma simultánea contra la Guardia Civil. El primero, que tenía previsto cruzar la frontera por Huesca y atentar de inmediatamente contra una patrulla de la Guardia Civil en Guipúzcoa, fue desarticulado por la Policía francesa el viernes 20 de septiembre. En el momento de su captura se les intervino una mochila con dinamita. El segundo grupo estaba formado por dos etarras que murieron la noche del lunes 23 de septiembre en el barrio bilbaíno de Basurto, al explotarles la carga de dinamita (entre 10 y 15 kilos) que transportaban en un coche. El tercer grupo logró al día siguiente, martes 24 de septiembre, su objetivo, asesinando a Juan Carlos Beiro.

Cuatro días después, el 28 de septiembre, unas cincuenta mil personas se manifestaron por las calles de Pamplona bajo el lema "Paz y Libertad/Bakea eta Askatasuna. ETA no", manifestación en la que participó su viuda, María José Rama, que tomó la palabra al final de la misma para agradecer las muestras de cariño recibidas.

El asesinato de Juan Carlos Beiro sigue, de momento, impune. Cuando se cumplió el cuarto aniversario del atentado, su viuda pidió "a todas las personas con capacidad de decisión", especialmente al Gobierno central, que "no abandonen nunca la investigación, y que no paren, sean cuales sean las coyunturas políticas, hasta que los asesinos" de su marido y de otras personas a las que mataron "por defender las ideas democráticas, la Constitución y la legalidad vigente, paguen, tras un juicio justo, sus delitos con las penas que correspondan". Y añadió que "solamente en ese caso podremos descansar en parte". En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la viuda de Juan Carlos pedía por favor que los encontrasen, los detuviesen y los juzgasen, porque "la memoria y el enorme sacrificio de las víctimas exigen ese esfuerzo". María José Rama se lamentaba de que "sus compañeros de la Guardia Civil como el resto de cuerpos y Fuerzas del Estado" hubiesen intentado "sin éxito, identificar y posteriormente detener a sus asesinos". "Esto no ha sido posible hasta ahora, lo cual nos hace sumar al enorme sufrimiento por la pérdida de mi marido, el dolor de saber que nada se sabe sobre quiénes lo mataron". Y finalizaba diciendo: "Sé que sus compañeros no olvidarán nunca a Juan Carlos, y quiero asegurar que su familia nunca olvidará a la Guardia Civil".

Juan Carlos Beiro Montes, de 32 años de edad, estaba casado con María José Rama, y tenían dos hijos, un niño y una niña, mellizos de 6 años. Era natural de Cotorraso, en el municipio de Langreo (Asturias) y vivía en el barrio de La Milagrosa de Pamplona. Beiro Montes llevaba tres meses destinado en Leiza cuando fue asesinado. Antes de ingresar en la Guardia Civil fue soldado profesional y su primer destino como agente de la Benemérita fue Pesués (Cantabria), tras el cual fue destinado a Pamplona. Juan Carlos, además, era un gran deportista, y cuando fue asesinado se estaba preparando para correr la maratón de Asturias. El Palacio de Deportes de Langreo, por decisión de su Ayuntamiento en 2007, lleva su nombre, como ya lo llevaba previamente el circuito de carreras del paseo de los Llerones de Sama, donde Juan Carlos solía entrenar. Además, cada año se celebra el Memorial Juan Carlos Beiro, carrera popular con la que se mantiene viva la memoria de la víctima.

José Antonio Ferreiro, policía, y Lorenzo González-Vallés, gobernador militar de Guipúzcoa

23 de Septiembre de 2011 - 09:10:13 - M.J. Grech

A las tres de la tarde del sábado 23 de septiembre de 1978, la banda terrorista ETA asesinaba al agente de la Policía Armada JOSÉ ANTONIO FERREIRO GONZÁLEZ mediante una bomba trampa colocada en las proximidades del puerto de Vitoria.

La explosión hirió de gravedad a otros cuatro agentes: Javier Arranz Freire, Amancio Gutiérrez Álvarez, Valeriano Arroyo Bernal y el capitán que mandaba el destacamento, Luis Más Pérez. El agente Arranz Freire, de 31 años, y el agente Gutiérrez Álvarez, de 22, perdieron la visión de un ojo cada uno de ellos a causa de la explosión. El inspector Arroyo Bernal, de 26 años, sufrió heridas de carácter grave en la cara y el pecho.

Ese día se había recibido en torno a la una de la tarde en la comisaría de Vitoria una llamada anónima que informaba de que un hombre estaba maniatado en las proximidades del puerto de Vitoria, a ocho kilómetros de la capital en dirección a Logroño. El anónimo comunicante facilitó la situación exacta donde se encontraba el hombre, en un camino que arranca del kilómetro 7,800 de la carretera comarcal 132 Vitoria-Logroño y junto a un poste telefónico a cien metros de la carretera.

Ese tipo de llamadas eran habituales desde hacía meses, pues numerosas personas habían sido dejadas abandonas en lugares apartados después de que miembros de la banda terrorista les hubiesen robado sus vehículos a punta de pistola. Por lo tanto, el capitán Luis Más organizó un destacamento para dirigirse a la zona, e inmediatamente se desplazaron al lugar miembros de la Policía Armada y del Cuerpo General de Policía.

Al parecer, según algunas versiones, el comunicante anónimo habría añadido que al presunto secuestrado se le había adherido una bomba en el pecho. Este sería el motivo por el que en el destacamento enviado hubiese un equipo de desactivación de explosivos

Al llegar al lugar indicado, el artificiero de la Policía Armada José Antonio Ferreiro vio una cadena con un candado y otros objetos al pie de un árbol. Tras una primera inspección ocular, Luis Más dio la orden de retirada, dando por sentado que la persona que buscaban había logrado escapar. En ese momento, Ferreiro se agachó y fue entonces cuando se produjo la explosión. "Salimos por los aires y cuando recobré el conocimiento, vi a dos hombres a mi lado, uno de ellos muerto", contó el capitán Más Pérez (La Vanguardia, 24/09/1978). En el lugar de la explosión se abrió un cráter de dos metros de diámetro y uno de profundidad y los restos del buzo del policía fallecido quedaron esparcidos por los arbustos próximos.

Inmediatamente se personaron en el lugar altos mandos de la Policía Armada y la Guardia Civil, mientras las ambulancias evacuaban a los heridos al Hospital Civil de Santiago, en Vitoria, donde también fue llevado el cadáver del agente asesinado.

Al día siguiente, domingo 24 de septiembre, a las once de la mañana, se celebró sin ningún incidente el funeral por el alma de José Antonio en una de las salas del antiguo acuartelamiento del A.M.E., ocupado entonces por la Policía Armada. Junto a la viuda y familiares que habían llegado desde Lugo, estaban presentes los gobernadores civil y militar, el jefe superior de la Policía de Bilbao y altos mandos de la Guardia Civil y Policía Armada. Asimismo asistieron al funeral los diputados José Antonio Aguiriano, del PSOE, y Jesús María Viana, de UCD, y el senador socialista Luis Alberto Aguiriano. Antes de comenzar el funeral fueron impuestas a José  Antonio Ferreiro, a título póstumo, la Cruz de la Guardia Civil con distintivo rojo y la Medalla de Oro al Mérito Policial, entre los aplausos de las aproximadamente ciento cincuenta personas que pudieron acceder a la sala.

Terminado el funeral los compañeros del policía asesinado sacaron el féretro a hombros para introducirlo en un furgón que lo llevó hasta su localidad natal donde fue inhumado. Inmediatamente detrás del furgón partieron la viuda, hijos y demás familiares. La comitiva fue despedida con nuevos aplausos, mientras algunas voces aisladas daban vivas a la Policía Armada y a la Guardia Civil, así como contra el Gobierno, sin que tuviesen eco entre la mayoría de los presentes.

Los restos mortales de José Antonio llegaron a Lugo en la madrugada del lunes 26 de septiembre. El féretro fue trasladado a las dependencias de la Policía Armada de la Comisaría del Cuerpo Superior de Policía de la capital lucense, en cuya sala de armas quedó instalada la capilla ardiente.

La banda terrorista ETA asumió la autoría del atentado el 26 de septiembre mediante un comunicado enviado a varios medios de comunicación del País Vasco.

José Antonio Ferreiro González tenía 26 años. Natural de Valle de Oro (Lugo), donde una calle lleva su nombre, estaba casado con Julia Flores Gil. Tenían dos hijos, un niño, de tres años y medio, y una niña, Pilar, de uno. Ese día José Antonio no estaba de servicio, pero se ofreció voluntario por ser el artificiero más veterano, aunque sólo hacía nueve meses que había terminado el curso de desactivación de explosivos. A su mujer no le gustaba lo de que fuese artificiero, "me parecía muy peligroso, pero en aquella época había más disparos que bombas y él me decía que sí, que peligroso era, pero que si te preparabas bien no tenía por qué ocurrirte nada" (El Correo, 12 de febrero de 2007). Tras el asesinato de su marido, a Julia le quedó una pensión ridícula, por lo que tuvo que regresar a Lugo para poder salir adelante con la ayuda de su familia. Estuvo cobrando la pensión mínima durante 22 años. "Cuando reaccioné y quise ponerme a trabajar, nadie me apoyó. Hice administrativo, FP2, el primer módulo 3, y no encontraba trabajo por ningún lado". Mucho más tarde consiguió trabajo como ordenanza en la comisaría de Policía de Lugo. Y de esa forma logró salir adelante. "El niño lo pasó peor que la niña, pero lo superaron. Son grandes chicos y ya tengo una nietecita, pero, bueno, hasta en los momentos más felices te acuerdas de lo bien que estaríamos todos juntos" (El Diario Vasco, 12/02/2007).

Un año después, a las doce menos cuarto del mediodía del domingo 23 de septiembre de 1979, la banda terrorista ETA asesinaba en el paseo de La Concha de San Sebastián de un tiro en la sien al gobernador militar de Guipúzcoa, el general LORENZO GONZÁLEZ-VALLÉS SÁNCHEZ.

El atentado tuvo lugar cuando el general González-Vallés salió de su vivienda en el Gobierno Militar con intención de acudir a misa dando un paseo, aproximadamente media hora antes del atentado. Acompañado de su esposa, Josefina Seco, y de uno de sus hijos, se encaminó hacia el paseo de La Concha, que bordea la playa del mismo nombre. Cuando había recorrido unos seiscientos metros y se encontraba aproximadamente en mitad del mismo, Lorenzo se detuvo junto a la barandilla. Eran las 11:45 horas. En ese momento un terrorista, al que acompañaba otro miembro de la banda ETA, se acercó al matrimonio y, sin mediar palabra, hizo disparó a bocajarro en la sien a Lorenzo González-Vallés, que cayó fulminado al suelo. El proyectil le había salido por la frente y murió en el acto. En ese momento había muchas personas que paseaban por La Concha, pero la rapidez con la que se cometió el atentado hizo que casi nadie pudiese percatarse de qué ocurrió.

Aprovechando la primera reacción de sorpresa y la confusión, los dos asesinos de la banda huyeron corriendo hasta la calle Urbieta, que va a desembocar en la plaza de Zaragoza -frente al hotel Orly-, donde les esperaba un tercer terrorista a bordo de un coche Seat 131 de color rojo. El coche sería encontrado hora y cuarto después abandonado en la calle Marina, a poco más de dos manzanas de distancia del lugar del atentado. El vehículo había sido sustraído a punta de pistola a las nueve de la mañana en la calle Secundino Esnaola, en el barrio de Gros. El propietario se encontraba limpiando el coche cuando dos etarras le intimidaron con sus armas, recomendándole que no denunciara el robo hasta pasadas las dos y media de la tarde.

El cadáver del gobernador militar de Guipúzcoa quedó tendido junto a la barandilla. La esposa de la víctima permaneció un rato abrazada al cadáver hasta que llegó el hijo que les acompañaba en el paseo y que se había distanciado un poco de sus padres justo antes del atentado. "Hace pocos días hablamos en familia del tema del terrorismo. Mi padre comentó que ni la pena de muerte ni las venganzas o represalias contra los terroristas resuelven nada", dijo a los medios en el lugar de los hechos (El País, 24/09/1979).

El cadáver de González-Vallés permaneció en el paseo de La Concha hasta que, a la una y media, el juez de guardia ordenó su levantamiento. Fue trasladado primero al Hospital Militar y posteriormente al Gobierno Militar, donde quedó instalada la capilla ardiente en el Salón del Trono. Allí se celebró al día siguiente, lunes 24 de septiembre, una misa de carácter estrictamente privado, oficiada por un capellán castrense, a la que asistieron solamente la familia y los más allegados a la misma.

A partir de esa hora llegaron al Gobierno Militar de San Sebastián distintas autoridades militares, como el teniente general Coloma Gallegos, el capitán general de la VI Región Militar, el general jefe del Estado Mayor de la región y el coronel de la Guardia Civil de la zona, en representación del director general de la Guardia Civil. Todos ellos se reunieron con el ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún.

Al mediodía, el féretro con los restos mortales del gobernador militar de Guipuzcoa, que iba cubierto con una bandera española, fue sacado a hombros por sus compañeros de armas al exterior del Gobierno Militar, donde le rindió honores militares una compañía con banda de música que interpretó el himno nacional y el de infantería. El féretro fue introducido en un furgón, tras el cual se formó la comitiva fúnebre, encabezada por dos hijos de la víctima -uno de ellos teniente de Ingenieros-, el ministro de Defensa, el capitán general de la VI Región Militar y el gobernador civil, jefes, oficiales y suboficiales de los tres Ejércitos, Policía Nacional y Guardia Civil, y la compañía y banda que le rindió honores. Dos hijas de la víctima, periodistas, se situaron junto a la cabeza de la comitiva, aunque sin integrarse en ella. El cortejo fúnebre iba precedido por policías de Tráfico en moto y en todas las calles, paralelas y transversales a la calle Mayor, se había montado un importante dispositivo policial que impedía el acceso del público.

La Basílica de Santa María, donde se celebró el funeral oficial, estaba abarrotada de gente, en su mayor parte personal militar. La misa funeral fue concelebrada por siete sacerdotes y oficiada por el capellán castrense del batallón Colón de Irún, que en su homilía pidió a los asistentes que rezaran por España, porque "está enferma y ojalá no sea de muerte. A los males hay que buscarles remedio y hemos de pedir que los gobernantes tengan fuerza para poner el medicamento, el remedio adecuado, porque si no será precisa una operación quirúrgica. Debemos pedir que nuestros gobernantes tengan las manos firmes para extirpar el tumor que padecemos".

Concluida la ceremonia religiosa, el féretro fue conducido fuera de la basílica a hombros de compañeros de la víctima. Tras recibir honores militares, los restos mortales del general González-Vallés fueron conducidos al aeropuerto de Fuenterrabía para ser trasladados a La Coruña a bordo de un avión del Ejército del Aire, en el que también viajaban su viuda y familiares.

Cuando Rodríguez Sahagún iba a introducirse en el coche para abandonar la basílica, una señora salió de entre los jefes militares y le increpó llamándole cobarde y rogándole que se marchara. Posteriormente, cuando los asistentes al acto, la mayor parte militares, regresaban a pie hasta el Gobierno Militar, fueron recibidos con gritos de "Ejército al poder", "ETA, asesina" y "Gobierno traidor" por un centenar de personas que eran contenidas por cordones policiales. Este mismo grupo de personas inició luego una manifestación por la calle Hernani hasta llegar al lugar donde había sido asesinado el gobernador militar en el paseo de La Concha. Allí se vieron sorprendidos por un joven que gritó "Gora Euskadi Askatuta", sin que se produjese ninguna reacción por parte de los manifestantes, que sí lo hicieron cuanto otro joven profirió gritos de "Gora Euskadi Askatuta" y "Gora ETA militar".

El atentado fue interpretado por la clase política como una provocación a las Fuerzas Armadas para que interfirieran en el proceso de democratización en el que estaba inmerso el país. Cuatro días antes habían sido asesinados en Bilbao el comandante de Infantería Julián Ezquerro Serrano y el coronel de Caballería Aurelio Pérez-Zamora Cámara.

Lorenzo González-Vallés Sánchez tenía 59 años. Había nacido en Ceuta, estaba casado con Josefina Seco y tenía cinco hijos. Uno de ellos era teniente de Ingenieros y estaba destinado también en San Sebastián. Otros dos eran periodistas y los dos pequeños estaban aún estudiando. González-Vallés había ingresado como voluntario en la Marina, prestando sus servicios en el buque Almirante Cervera. Después hizo los cursos de alférez provisional y, al terminar la Guerra Civil, ingresó en la Academia de Transformación de Infantería. Formó parte de la División Azul y su vida militar transcurrió en las guarniciones de Melilla, La Coruña, Lanzarote, Cáceres, Barcelona y Lérida. En abril de 1979, pocos meses antes de su asesinato, fue destinado a San Sebastián como gobernador militar. El general González-Vallés había tenido una estrecha amistad con el comandante de Artillería José Espinosa Viscarret, que sería asesinado por ETA pocos meses después, el 8 de mayo de 1980.

Emilio Fernández Arias, brigada de la Armada, y Luis Conde de la Cruz, brigada del Ejército

22 de Septiembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A primera hora de la mañana del 22 de septiembre de 1982, la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad vizcaína de Erandio, de dos tiros en la cabeza, al brigada de la Armada EMILIO FERNÁNDEZ ARIAS.

El brigada tenía unas rutinas diarias bastante regulares, y cada mañana tomaba el autobús que le conducía a su trabajo en torno a las siete y media. Además, no llevaba ningún tipo de protección. Hacia las 7:35 horas de ese 22 de septiembre, al llegar al cruce entre el callejón de San Jerónimo y la calle de José Luis Golloaga, que bordea la ría del Nervión, muy cerca de su domicilio, dos terroristas le abordaron y efectuaron contra él dos únicos disparos a bocajarro en la nuca. El primer disparo lo derribó, y el segundo sirvió para rematarle en el suelo. El militar falleció en el acto. Los asesinos huyeron del lugar a pie. En el lugar de los hechos se recogieron, posteriormente, dos casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF.

Hora y media después, hacia las nueve de la mañana, el cadáver de Emilio Fernández permanecía aún en la calle, con el rostro y la ropa ensangrentados, a la espera de que llegase el juez para ordenar el levantamiento del cadáver. Posteriormente fue trasladado al Hospital de Cruces, donde se le realizó la autopsia. La capilla ardiente se instaló a las tres y media de la tarde en la Comandancia de Marina de Bilbao.

El comandante de Marina de Bilbao, Enrique Segura, había comentado tras el asesinato que Emilio Fernández tenía "un puesto conflictivo, ya que a menudo estaba obligado a decir que no". El militar añadió que era muy estricto en el cumplimiento de las normas y que era posible que hubiese sido asesinado "porque alguno de los muchos a los que no gustaba la estricta observancia de sus obligaciones por este suboficial, haya llamado a sus amigos de ETA". No obstante, el comandante Segura no descartaba que "simplemente" le hubiesen "elegido como víctima porque constituía un blanco fácil" (El País, 23/09/1982).

Efectivamente, el brigada era un blanco fácil, debido a sus rutinas diarias y a que no tenía protección, pero la realidad era que todavía fue mucho más fácil asesinarlo gracias a la información que un proetarra prestó a ETA, un chivato de la peor calaña que se aprovechó de su cercanía a la víctima para pasar la información a los que lo asesinaron. Porque el brigada Fernández Arias solía frecuentar un bar en Erandio, sin saber que el hijo de la propietaria del local, Juan Carlos Echeandia Zorroza, formaba parte de la red de chivatos e informadores de ETA militar desde principios de 1980, integrado en el grupo José Martí de ETA. El chivato recopiló la información sobre dónde estaba el domicilio de Emilio Fernández y sobre la ruta que seguía diariamente para ir a su puesto de trabajo, información que transmitió a "sus amigos de ETA".

El presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Xabier Arzalluz, que estaba siendo entrevistado en Radio Nacional en el momento en que se tuvo noticia del atentado, fue el primer dirigente político que expresó su condena por el atentado, dejando constancia de su "tristeza, pensando en primer lugar en las víctimas y sus familiares, pero también en el peligro de que nos vayamos acostumbrando a hechos tan rechazables como éste". Arzalluz señaló también la necesidad de "abordar el tema de la violencia en toda su complejidad, incluyendo sus raíces remotas, para lo que no bastan las medidas policiales o la acción internacional, sino aquellas destinadas a restar apoyo social a los violentos". Por su parte, el PSOE consideró que el asesinato de Emilio Fernández era un "intento de provocación a las Fuerzas Armadas en vísperas de las elecciones", mientras UCD hablaba de que era un "intento de atemorizar a los electores". El Partido Comunista de Euskadi y Euskadiko Ezkerra coincidieron en que el asesinato era una "trágica manera de conseguir votos que caracteriza a ETA".

El ministro de Defensa, Alberto Oliart, presidió el funeral de cuerpo presente celebrado a las seis de la tarde. Al mismo también asistieron el almirante jefe de la Armada, Saturnino Suances de la Hidalga, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jaime Mayor Oreja, otras autoridades civiles y militares y representantes de los partidos políticos. El oficiante del funeral, párroco de la Iglesia de San Vicente, pidió a los medios de comunicación en la homilía que llamasen "a las cosas por su nombre y no les deis un apellido falso. ETA nunca puede ser militar. Dadles el apellido que les corresponde: ETA asesina; y si quieren dos el de cobarde, pero nunca el de militar". Al término del funeral, el ministro de Defensa impuso al fallecido la Cruz del Mérito Naval de tercera clase a título póstumo.

En 1984 la Audiencia Nacional condenó a Juan Carlos Echeandia Zorroza, conocido por los alias de Pello, Trintxerpe, Morga, Gastea y otros, a 21 años de prisión mayor por inducción al asesinato de Emilio Fernández, o lo que es lo mismo: la información que Echeandia transmitió a la banda fue lo que propició el atentado. Según el escrito del fiscal "el acusado estableció contacto con otras dos personas, también procesadas, pero declaradas en rebeldía, a quienes entregó la información" sobre los hábitos del brigada, tras someterle a vigilancia durante un tiempo. Echeandia Zorroza fue excarcelado en julio de 2001, pese a tener condenas que sumaban penas de 172 años de cárcel.

En marzo de 2010 fue detenido en la región normanda de Cahan (Francia) José Lorenzo Ayestarán Legorburu, junto al máximo responsable de ETA, Ibon Gogeaskoetxea y a Beñat Aguinagalde. Ayestarán Legorburu, alias Basari y Fanecas, es uno de los integrantes de una generación de terroristas que se beneficiaron de la Ley de Amnistía del 77 y que, en los últimos años, habría vuelto a integrarse en las filas de ETA. Nada más ser amnistiado en 1977 se integró en el grupo Axulari de ETA, siendo un ejemplo palmario de cómo la generosidad con los asesinos no dio ningún resultado positivo. Ayestarán Legorburu consiguió huir de la Policía española en febrero de 1979, y posteriormente formó parte del grupo Araba de ETA, cometiendo numerosos atentados. Vivió durante años en Cumaná, una región del Estado de Sucre (Venezuela) y en varias ocasiones se había solicitado su extradición sin que ésta llegara a producirse. La Audiencia Nacional tiene dictadas varias órdenes de búsqueda y captura contra él en, al menos, 10 sumarios. Este terrorista, que no dejó nunca de asesinar en los años posteriores a la amnistía, fue presuntamente autor, entre otros muchos, del asesinato del brigada Fernández Arias.

Emilio Fernández Arias, brigada de la Armada adscrito a la Comandancia de Bilbao desde hacía catorce años, tenía 48 años. En la Comandancia era el responsable del servicio de despacho de buques. La víctima había solicitado su traslado al País Vasco de forma voluntaria, trabajando durante una primera etapa como cabo en la Ayudantía de Marina del barrio de Erandio. Natural de la localidad de Piñeiro, en el Ayuntamiento lucense de Fonsagrada, estaba casado con Felisa Valera Jarel y era padre de dos hijos: una hija de 22 años, que estaba casada y residía en Francia, y un hijo de 18, que vivía en el domicilio paterno. En julio de 2010 el Ayuntamiento de Erandio realizó un homenaje a las dos víctimas de ETA en el municipio: el brigada Fernández Arias y el niño Fabio Moreno, asesinado el 7 de noviembre de 1991. Sin embargo, durante el homenaje no se hizo ninguna mención directa a los asesinos de la banda terrorista ETA.

El 22 de septiembre de 2008 la banda terrorista ETA asesinaba en Santoña (Cantabria) al brigada del Ejército de Tierra LUIS CONDE DE LA CRUZ, mediante la explosión de un coche-bomba. En el atentado resultó herido grave otro militar, José Manuel Martín de Andrés, capitán del cuerpo sanitario del Ejército en Zaragoza, que fue ingresado en el Hospital de Laredo con una fractura abierta de fémur, aunque su vida no corría peligro.

Otras cuatro personas tuvieron que ser atendidas tras el atentado, entre ellas Lucila Escobedo San Miguel, de 70 años de edad, que fue ingresada muy grave en el Hospital de Laredo por crisis de ansiedad y accidente cerebrovascular. También con crisis de ansiedad fueron ingresadas en el hospital Soledad Martínez Fraile, de 51 años, dada de alta horas después, y Leonor Juncal Gómez, de 82 años, que también fue dada de alta a las pocas horas. Otra de las heridas, Matilde Redondo Gutiérrez, de 54 años, tuvo que ser ingresada por fuerte dolor torácico.

Era el tercer coche-bomba que la banda terrorista ETA colocaba en apenas veinticuatro horas. A las 23:15 horas del sábado 21, una llamada alertaba de la colocación de un coche-bomba frente a la sede de Caja Vital en Vitoria, que hizo explosión poco después. Pocas horas más tarde, a las 4:30 horas del domingo, diez personas resultaron heridas tras la explosión de un coche-bomba aparcado junto a la comisaría de la Ertzaintza en Ondárroa (Vizcaya). El vehículo contenía unos 100 kilos de explosivos, igual que el de Vitoria, pero en este caso ninguna llamada alertó de su colocación. Además, la semana anterior la banda terrorista intentó asesinar a un policía nacional con una bomba-lapa colocada en los bajos del vehículo particular del agente. El artefacto no llegó a explotar, y fue detectado en la comisaría de la localidad vizcaína de Basauri, tras haber recorrido más de diez kilómetros desde el barrio bilbaíno de Zorroza, en compañía de un familiar.

La explosión del coche-bomba se produjo en la calle Almirante Carrero Blanco del municipio cántabro, cerca del Patronato Militar Virgen del Puerto, academia de formación de miembros del Ejército. En la residencia militar de la academia residían tanto el brigada Conde de la Cruz, que estaba ahí por vacaciones, como el militar herido, el capitán Martín de Andrés. Ambos fueron sorprendidos por la explosión cuando desalojaban el edificio, minutos después de que se hubiese recibido un aviso de la banda a la asociación Detente y Ayuda (DYA) de San Sebastián. Tras recibir la llamada de alerta, la DYA informó al Departamento vasco de Interior, que trasladó el aviso a las autoridades cántabras, pero el escaso margen de tiempo entre la llamada de aviso y la explosión del coche impidió que las instalaciones fueran totalmente desalojadas.

Su viuda contó en ABC el 26 de septiembre de 2008 cómo sucedió todo:

"Era la una menos cinco o así. Estábamos en la cama, dormidos. De repente llamaron a la puerta y nos dijeron que saliéramos al patio, que había una amenaza de bomba. Nos vestimos como pudimos y salimos de la habitación corriendo. Yo salí con la parte de arriba del pijama, con unas chanclas, en fin, como pudimos. Y mi marido iba delante de mí. Recuerdo que le dije que saliéramos al patio, pero me contestó que allí no había nadie y que se trataba de salir de allí como fuera. Abrió la puerta, salió y ocurrió todo. Fue un estallido tan grande, tan grande... el ruido, el fogonazo... Me tapé los ojos con el brazo y agaché la cabeza porque empezaron a caer cascotes y cristales. Luego pude verlo. Estaba tirado en el suelo. Le tomé el pulso y comprobé que tenía un hilito de vida. Enseguida me desalojaron de allí (...) Me han partido la vida en dos".

El coche utilizado para cometer el atentado fue robado en Francia el 12 de septiembre, según informó el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Asimismo, valoró el atentado como un demostración de fuerza de la banda terrorista ETA después de que el Tribunal Supremo ilegalizase las formaciones ANV, el 17 de septiembre, y el Partido Comunista de las Tierras Vascas dos días después, el 19 de septiembre, y de que la Audiencia Nacional hubiese condenado a diez años de cárcel a la cúpula de Gestoras pro Amnistía, también el día 17 de septiembre.

El cuerpo del brigada asesinado fue trasladado al tanatorio del Hospital de Valdecilla en Santander. La capilla ardiente fue velada durante toda la noche por varios de sus compañeros y cuatro sargentos alumnos de la escala básica de suboficiales a la que pertenecía Iván, hijo del brigada asesinado. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, impuso durante el funeral al militar la Medalla al Mérito Militar con distintivo amarillo, a título póstumo.

En marzo de 2011 fueron detenidos en Vizcaya los etarras Daniel Pastor Alonso, Iñigo Zapirain Romano, Beatriz Etxebarria Caballero y Lorena López Díaz. De los cuatro, tres de ellos participaron presuntamente en el atentado que acabó con la vida de Luis Conde: Daniel Pastor Alonso -que guardaba en una lonja 200 kilos de explosivos- y la pareja formada por Iñigo Zapirain Romano y Beatriz Etxebarria Caballero, según se desprende de la documentación que se les incautó y de los interrogatorios a los que han sido sometidos. Asimismo se confesaron autores del atentado que acabó con la vida del inspector de Policía Nacional Eduardo Puelles, el 19 de junio de 2009 en Arrigorriaga, y de otros atentados, como el cometido con un coche bomba contra una casa-cuartel de Burgos el 29 de julio de 2009. Los cuatro terroristas eran miembros del grupo Otazua de ETA, llamado así por el etarra Arkaitz Otazua, fallecido en septiembre de 2003 cuando participaba en una emboscada contra una patrulla de la Ertzaintza en el Alto de Herrera (Álava).

Luis Conde de la Cruz tenía 46 años cuando fue asesinado. Estaba casado con Lourdes Rodao y tenía un hijo, Iván, de 24 años, que era alumno de la escala de suboficiales de la Academia de Artillería. Estaba destinado en Segovia y se encontraba en Santoña pasando unos días de vacaciones, algo que el matrimonio hacía todos los años. El brigada y su mujer tenían previsto regresar a Segovia el mismo día del atentado. Luis Conde era natural de Pinilla de Ambroz (Segovia), y había ingresado en el Ejército en 1981. En julio de 2000 ascendió a brigada, siendo destinado a la Academia de Artillería en la que también estudiaba su hijo. Ambos esperaban ilusionados que en pocos meses Luis Conde hubiese entregado a su único hijo los galones de sargento. Fue la tercera víctima mortal de las cuatro asesinadas por la banda terrorista ETA en el año 2008, tras Isaías Carrasco Miguel, el 7 de marzo, y el guardia civil Juan Manuel Piñuel Villalón, el 14 de mayo. El 3 de diciembre de 2008 la banda asesinaría en Azpeitia a Ignacio Uría Mendizábal, propietario de una de las empresas constructoras del Tren de Alta Velocidad (TAV) vasco.

José María Martínez, comerciante, y José Luis Ruiz Casado, concejal del PP

21 de Septiembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El viernes 21 de septiembre de 1984 la banda terrorista ETA asesinaba de un tiro en la nuca al comerciante JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ-CUBERO en el término municipal de Larreineta, en el Valle de Trápaga, en Vizcaya. El cuerpo sin vida de José María estaba atado de pies y manos con cinta aislante cuando fue encontrado en un camino próximo a una mina abandonada, en la misma noche del viernes, por un pastor que residía en las inmediaciones del lugar.

El asesinato se produjo en la tarde del viernes, pero fue algunas horas más tarde cuando un ganadero localizó el cadáver y avisó inmediatamente tanto a la Policía Municipal como a la Guardia Civil. Próximo a la zona, los agentes pudieron encontrar el Citroën Dyane 6 del que era propietario el fallecido y que habría podido ser utilizado por los asesinos para transportar a José María hasta el lugar del crimen. Junto al cuerpo encontraron también un casquillo del calibre 9 milímetros parabellum, marca FN, munición habitualmente empleada por ETA. Un único disparo bastó para acabar, casi instantáneamente, con la vida del comerciante, ya que la bala penetró por la parte posterior de la cabeza y salió por la parte superior de la cara, abriendo una terrible herida. José María Martínez quedaba así tendido en el suelo, con las manos y las piernas vueltas hacia atrás y atadas con cinta aislante, en un paraje solitario de una pista forestal, entre San Salvador del Valle y Larreineta. Además del disparo, el cuerpo presentaba signos de violencia.

Sobre las once de la noche, ETA militar reivindicaba la autoría del atentado mediante una llamada telefónica al diario Egin, indicando el lugar en el que habían dejado abandonado el cuerpo de José María, ignorando que éste ya había sido descubierto horas antes. Al contrario que en otros atentados similares, en esta ocasión ETA no aprovechó el comunicado para difundir insidias contra su víctima, ni para tratar de justificar el asesinato.

Al día siguiente del atentado, la viuda de José María Martínez explicó que su esposo había salido de casa en torno a las once de la mañana del viernes. Según manifestó, ella comenzó a preocuparse ya a la hora de comer al no recibir ninguna noticia de él a lo largo de toda la mañana.

El asesinato de José María se produjo el mismo día en que la Justicia francesa daba el visto bueno, por primera vez, a la extradición de etarras a España, sentando así un importante precedente en la lucha antiterrorista conjunta entre los dos países. Tres meses después de ser detenidos en Francia, siete terroristas de ETA serían los primeros casos de miembros de la banda extraditados por Francia a nuestro país. En concreto, tres de ellos –Francisco Javier Lujambio Galdeano, José Manuel Martínez Beiztegui y José Carlos García Ramírez- lo fueron a España, mientras que otros cuatro –José Miguel Galdós Oronoz, Ángel Castrillos Allende, Francisco Javier Alberdi Beristain y Luciano Izaguirre- fueron deportados a Togo, junto al Golfo de Guinea, en África. El Tribunal de Casación de Pau consideró que las acusaciones imputadas por la Justicia española estaban suficientemente probadas, por lo que dictó sentencia favorable a la extradición. La decisión generó reacciones enfrentadas entre el Partido Nacionalista Vasco, PNV, y las fuerzas no nacionalistas. El portavoz del PNV en el Congreso, Marcos Vizcaya, manifestó que la extradición "no va a generar más que problemas", mientras que el portavoz de los socialistas vascos, Txiki Benegas, indicó que la Justicia francesa había "hecho caso omiso de todas las presiones recibidas, incluyendo las del PNV".

José María Martínez Martínez-Cubero, de 41 años, era natural de Arlanza del Valle, en León, aunque residía en Portugalete desde hacía años. Estaba casado y era padre de dos niños. Se dedicaba profesionalmente a la compraventa de oro y aparatos de vídeo.

El 21 de septiembre de 2000, a las 7:40 de la mañana, ETA asesinaba al concejal del Partido Popular en San Adrián del Besós JOSÉ LUIS RUIZ CASADO, disparándole dos tiros en la cabeza. El atentado contra José Luis fue el primero mortal cometido en Cataluña desde 1994 y se llevó a cabo coincidiendo con la presencia en Barcelona del presidente del Gobierno, José María Aznar. Además, hacía poco más de tres semanas que la banda terrorista ETA había asesinado al también concejal popular en Zumárraga Manuel Indiano Azaustre.

Como todos los días a esa hora, el concejal popular salió de su domicilio para dirigirse a la empresa donde trabajaba, ABX Logistics, en la Zona Franca de Barcelona. Cuando aún no había llegado a su vehículo, a unos setenta metros del portal de su casa, dos hombres se cruzaron con él frente al número 89 de la calle Bogatell y al local de la agrupación de Convergencia Democrática de Cataluña de San Adrián. Se trataba de los etarras Fernando García Jodrá y José Ignacio Krutxaga Elezcano. El primero de éstos, García Jodrá, fue quien tras cruzarse con el edil dio media vuelta y le siguió durante unos metros, tras lo cual le descerrajó un tiro en la nuca. El disparó penetró en su cabeza cerca de la oreja y José Luis se desplomó al instante gravemente herido. Una vez en el suelo, García Jodrá realizó un segundo disparo a bocajarro. El asesino disparó al concejal, moribundo, en la cara a la altura de la nariz, según informaron fuentes del Hospital Hermanos Trias y Pujol de Badalona, donde le realizaron la autopsia. El cuerpo quedó tendido en el suelo, de costado. Las fuerzas de seguridad lo encontraron así, en medio de un gran charco de sangre. Sus gafas estaban tiradas cerca del cadáver y también se hallaron dos cartuchos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, munición empleada habitualmente por ETA.

Después de asesinar a José Luis Ruiz, Krutxaga Elezcano y García Jodrá montaron en un Renault 19 blanco que les estaba esperando para emprender la huida. Al volante estaba la terrorista Lierni Armendaritz. Juntos, los tres huyeron por debajo de los puentes de la autopista A-19, que une Barcelona y Mataró. Los asesinos habían planificado la huida y debían de conocer la zona en profundidad, puesto que en sólo seis minutos se dirigieron a un descampado de difícil acceso en el barrio de la Catalana, a través de un camino solitario. Una vez allí, en la calle Jaume Huguet, los terroristas abandonaron el vehículo con un artefacto incendiario, con el fin de eliminar así pruebas que pudieran conducir a su identificación. Instantes después el coche empezaba a ser consumido por las llamas. Unos trabajadores del Mercado Municipal de Besós fueron testigos presenciales de estas maniobras e intentaron sofocar las llamas. Además, informaron a los bomberos que del vehículo habían salido solamente un hombre y una mujer que, tras prender fuego al coche, fueron recogidos por un tercer hombre que conducía un segundo vehículo, en el que huyeron nuevamente los tres.

La Policía hizo averiguaciones sobre el Renault empleado en la huida inicial, descubriendo que la matrícula que llevaba se correspondía en realidad con la de otro de igual modelo, robado en el barrio de Horta hacía un mes. Este hecho, así como el conocimiento detallado de las rutinas y los horarios de la víctima y el elaborado plan de escape de los asesinos, llevaron a pensar a las Fuerzas de Seguridad que ETA contaba con un renovado grupo Barcelona, compuesto de informadores y cooperadores que habrían ayudado en la planificación y la elaboración del atentado. El entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, manifestó que "hay sospechas de que pueda haber cierta infraestructura" de ETA en Barcelona.

Además de las personas que habían presenciado el incendio del Renault 19, otros cinco testigos declararon haber visto al autor material del atentado y trataron de identificarlo, coincidiendo todos ellos en una descripción común: un joven alto, delgado, con perilla y abundante pelo.

José Luis Ruiz era un hombre discreto y querido por sus vecinos y sus compañeros de trabajo, que no podían entender cómo un hombre así había sido víctima de la barbarie terrorista. Las escenas de dolor y llanto entre sus compañeros se repitieron a lo largo del día. Al hacerse pública la noticia, los vecinos de San Adrián comenzaron a colgar sábanas blancas con crespones negros en sus ventanas y se organizó una concentración espontánea a las puertas del Ayuntamiento. Allí acudieron cientos de personas, incluidos los seiscientos alumnos del Colegio Sagrado Corazón, para manifestar su repulsa ante el horrible crimen. Vecinos, autoridades y dirigentes políticos se acercaron al domicilio de José Luis Ruiz para dar el pésame a la familia, mientras que entre la gente que se había reunido en la calle se oyeron gritos contra ETA y pidiendo la pena de muerte para los asesinos de la banda terrorista. Una de las escenas más duras fue la llegada de la madre de José Luis, que sufrió una crisis nerviosa y tuvo que ser atendida en una UCI móvil. Otro momento de gran conmoción tuvo lugar cuando Jorge Fernández Díaz, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, intentaba consolar a la viuda y a los hijos del edil popular. El hijo de éste, Álex, hizo saltar las lágrimas de sus familiares cuando dijo que "ya sé que voy a tener que cuidar ahora de mi familia", tras conocer la muerte de su padre.

Por la tarde, los líderes de los principales partidos políticos encabezaron una manifestación a la que acudieron más de mil personas. Recorrieron las calles de San Adrián mientras se oían gritos de "asesinos" y "ETA no, vascos sí", así como más llamamientos a instaurar la pena de muerte para los terroristas. Entre los asistentes estuvieron los ministros Jaime Mayor Oreja y Anna Birulés, así como Xavier Pomés e Irene Rigau, consejeros de la Generalidad.

En el Parlamento Europeo PP y PSOE elaboraron una declaración condenando el terrorismo y rechazando toda forma de diálogo con ETA y su entorno político. Más de 270 miembros del organismo firmaron la declaración, pero el dirigente de Convergencia Democrática de Cataluña Pere Esteve señaló que era difícil firmar el texto porque, al renunciar al diálogo, se negaba un posible camino hacia la paz. Asimismo, los representantes del Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna y Bloque Nacionalista Gallego, condenaron duramente el atentado pero se negaron a renunciar al diálogo con el brazo político de ETA. Koldo Gorostiaga, en representación de Euskal Herritarrok, trató de desviar la atención hablando de los supuestos casos de torturas sufridas por etarras en España, pero fue abucheado por los miembros de la Eurocámara.

En la sala de plenos del Ayuntamiento fue instalada la capilla ardiente. A las 16:45, entre los aplausos de los cientos de personas congregadas, llegó el coche fúnebre con los restos mortales de José Luis Ruiz Casado. En una pancarta escrita en catalán podía leerse "José Luis, te queremos. ETA basta ya". El alcalde socialista Jesús María Canga, amigo de José Luis desde la infancia, y varios concejales, fueron los responsables de transportar a hombros el féretro.

Al día siguiente del atentado tuvo lugar el funeral por el alma del edil popular. Centenares de vecinos acudieron a la plaza de la Iglesia de San Adrián para mostrar su cariño a los familiares del concejal asesinado y recibieron con un gran aplauso la entrada del féretro en la parroquia. La misa fue celebrada por el cardenal arzobispo de Barcelona, Ricard Maria Carles y entre los asistentes estuvieron el secretario general del Partido Popular, Javier Arenas, los ministros Josep Piqué y Jesús Posadas, y el presidente de la Generalidad, Jordi Pujol. Este último, al enterarse de la noticia del atentado, había suspendido un viaje oficial que tenía pendiente realizar a Hannover, en Alemania. El entierro, que se produjo en estricta intimidad por deseo de la familia de la víctima, tuvo lugar en el cementerio de Badalona.

El Ayuntamiento de Barcelona suspendió las recepciones oficiales previstas durante las fiestas de La Mercé, mientras que la Generalidad convocó dos días de duelo oficial. En San Adrián del Besós, el alcalde y miembro del PSC Jesús María Canga invitó a CiU y al PP a entrar a formar parte del gobierno local, junto con Iniciativa per Catalunya y el propio PSC, que gobernaban en coalición hasta el momento del atentado. La invitación tuvo lugar durante la concentración de repulsa que tuvo lugar a las puertas del Ayuntamiento y se produjo "porque a un lado estamos los demócratas y en el otro están los que nos matan (...) de nada vale tener mayoría absoluta si te matan a un amigo".

Frente a esas manifestaciones de unidad y exhibiendo su habitual hipocresía, Euskal Herritarrok dijo "lamentar" el asesinato de José Luis Ruiz, pero no lo condenó. En un comunicado difundido tras el crimen EH decía mostrar "su solidaridad" con los familiares, compañeros y amigos del concejal popular, instando a las otras fuerzas políticas a "buscar soluciones" desechando "cualquier otra vía de carácter policial o represivo".

Numerosos dirigentes políticos, así como personalidades de la vida pública, hicieron manifestaciones o redactaron escritos solidarizándose con los familiares y compañeros de José Luis, y condenando sin miramientos el vil asesinato. El rey Juan Carlos no dudó en calificar el atentado como "cobarde", tachándolo de ser "una brutal violación del más elemental de los derechos humanos, [que] nos debe unir todavía más a los demócratas en la lucha por la libertad, la dignidad y la vida, amenazada por el terrorismo ciego de ETA". José María Aznar, presidente del Gobierno, pidió confianza "en el trabajo que se está haciendo" para luchar contra el terrorismo y dijo que "hay momentos muy duros, como éste, en el cual una familia sufre". Javier Arenas, secretario general del PP, manifestó que "ni el Partido Popular ni el Gobierno van a ceder nunca frente al asesinato". José Luis Rodríguez Zapatero avanzó que el PSOE iba a desplegar "una intensa actividad de contactos con líderes europeos para que la Unión Europea se implique en el problema del País Vasco (...) Europa no puede permanecer ajena a que una parte de su territorio, como es el País Vasco, esté en la situación actual." Rodríguez Zapatero se dirigió a Juan José Ibarretxe para pedirle que acudiera "con todas las fuerzas democráticas" a la manifestación convocada por el colectivo Basta Ya, en San Sebastián, el día 23. Jordi Pujol, presidente de la Generalidad manifestó "el más enérgico y absoluto rechazo" ante el crimen y dijo que un atentado en Cataluña era algo previsible, "porque no estamos al margen de esta violencia criminal", pero instó a no caer en el desánimo porque "las cosas se están haciendo bien por parte de las fuerzas de orden público". Alberto Fernández Díaz, presidente del PP en Cataluña, aseguró que su partido continuaría con su actitud de firmeza contra el terrorismo, y dijo que ETA nunca lograría sus objetivos mediante el uso de la violencia. El alcalde de San Adrián y gran amigo de José Luis Ruiz, Jesús María Canga, dijo en el pleno extraordinario del Ayuntamiento que "ETA ha matado en un pueblo que lo que necesita es ayuda", con lo que el asesinato de José Luis supone "una doble cobardía". El alcalde de Barcelona Joan Clos condenó el atentado y calificó el asesinato de José Luis Ruiz como un "acto de violencia injustificada y fría". El lehendakari Juan José Ibarretxe convocó concentraciones silenciosas frente a las instituciones vascas como gesto de condena al atentado y manifestó que "todos juntos debemos exigir a ETA que abandone la violencia", mientras que la secretaria del PNV, Josune Ariztondo, acusó a ETA de pervertir el mensaje de los nacionalistas y de tratar de silenciar con el terror a los ciudadanos vascos. El presidente del Partido Popular en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, se dirigió precisamente a Ibarretxe y al PNV para pedirles que no olvidaran que los que unos días antes gritaban "¡ETA mátalos!", tratando de boicotear una manifestación de Basta Ya, estaban festejando ahora el asesinato de Ruiz Casado. José Montilla, como representante del PSC, lanzó un mensaje de esperanza: "el dolor y la indignación por el cobarde atentado contra José Luis Ruiz Casado no podrán arrancarnos la esperanza" mientras que Xavier Trias, presidente del grupo de CiU en el Congreso de los Diputados, se mostró firme en cuanto a los medios para terminar con la lacra terrorista, explicando que "la derrota de estos asesinos pasa por todos, y pasa también por una acción policial potente y contundente, así como la colaboración de nuestra sociedad con los Cuerpos de Seguridad del Estado". El líder de Unión Democrática de Cataluña, Josep Antoni Duran i Lleida, retomó el discurso de la unidad, lanzando veladas acusaciones y afirmando que "sólo la fuerza democrática y el consenso de los partidos políticos pondrán fin a la carrera sin límite de esos que aún creen que el fin justifica siempre todos los medios. Gravísimo error es pretender hoy el diálogo con los terroristas y aquellos que les rodean. Pero el mayor fracaso es la incapacidad de las fuerzas democráticas de retomar la esencia del Pacto de Madrid, sea con éste u otro nombre, y consensuar, de esta forma, una política común de lucha antiterrorista, una política separada de intereses partidistas de unos y otros". Tanto Rodrigo Rato como Mariano Rajoy, en su condición de vicepresidentes del Gobierno, hablaron de la necesidad de cambiar la situación del Ejecutivo vasco, llegando incluso Mariano Rajoy a cuestionar que éste mereciera el calificativo de "gobierno".

Entre las manifestaciones de personas no vinculadas directamente con la política, representantes de asociaciones de víctimas del terrorismo, escritores, filósofos y actores también quisieron dedicar unas palabras al atentado cometido contra José Luis Ruiz Casado. El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Cataluña, Roberto Manrique, superviviente de la masacre de Hipercor en Barcelona, no dudó en afirmar que "más de 2500 familias, miles de huérfanos y heridos, nos vemos obligados a recordar continuamente el dolor y la impotencia a la que los terroristas nos tienen condenados, inclusive teniendo que escuchar a personajes que intentan excusar lo evidente: ETA es una banda mafiosa y fascista, asesina y rastrera, que sólo busca el matar por el matar. No hay excusas ante el crimen" y aprovechó para dirigirse al lehendakari Ibarretxe y el PNV en duros términos: "Pero casi tan vergonzosa como la actitud etarra es la actitud servil de quienes, amparándose en siglas y en argumentos semánticos, intentan minimizar lo que está ocurriendo". Como reacción al atentado y en respuesta a Arnaldo Otegi, que había sacado a relucir en los últimos días los fusilamientos de terroristas etarras cometidos en los años 70, el filósofo Fernando Savater consideró significativo que Otegi, "para recordar un fusilamiento en el Estado español, tenga que remontarse a hace 25 años (...) nosotros para recordar el último fusilamiento de ETA no tenemos más que remontarnos hasta esta mañana (...) en este país, el único resquicio de franquismo que queda es ETA (...) nosotros no tenemos ningún cuerpo militar que vaya matando a gente (...) yo prefiero salir a manifestarme con la cabra de la Legión que con todos los cabrones con los que sale Otegi". El actor Albert Boadella, como también hicieran Roberto Manrique y Fernando Savater, publicó un breve texto en el diario ABC en el que decía: "El dolor se transforma en repugnancia cuando a la pérdida de una vida humana se suma la irracionalidad de una estrategia terrorista absolutamente desproporcionada. (...) sólo busca, en definitiva, convertir en cómplice a una población atemorizada, que reclame, desde el miedo, el fin del terror a cualquier precio. Cuando el desequilibrio entre el dolor que se causa y la supuesta reivindicación es tan enorme no se puede aceptar ni la negociación ni el diálogo".

También desde el ámbito eclesiástico se enviaron mensajes de condena a los asesinos y de cariño hacia los familiares del concejal asesinado. El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela hizo pública una nota de prensa en la que, calificando el asesinato como "cruel y vil", afirmaba que "cada nuevo atentado supone una violación del derecho sagrado a la vida y un ultraje a la dignidad de la persona, que ha sido hecha a imagen y semejanza del Creador". Por su parte, el cardenal Ricard Maria Carles, pidió que los asesinos "en nombre de Dios, cesen de verter la sangre de sus hermanos y escuchen el llanto de los huérfanos y de las viudas y el clamor unánime de toda la sociedad, que pide el final inmediato de la violencia ciega".

En el año 2003, los tres terroristas que cometieron el atentado contra José Luis Ruiz Casado fueron condenados por la Audiencia Nacional a penas de 34 años y seis meses de cárcel. Fernando García Jodrá, que había sido el autor de los disparos, José Ignacio Krutxaga Elezcano, que le había dado cobertura durante el asesinato y Lierni Armendaritz, que les había ayudado a huir en el Renault 19.

Sin embargo, los ejecutores sólo eran una parte del grupo Barcelona, quedando otros miembros todavía pendientes de ser juzgados, entre los que se encontraban colaboradores e informadores. El grupo fue desarticulado en enero de 2001. A finales de 2003 tenía lugar el juicio oral al resto del grupo, llegando la sentencia en mayo de 2004. Las Fuerzas de Seguridad responsabilizaban al grupo de acciones terroristas cometidas en los años 2000 y 2001 que además del crimen contra José Luis Ruiz incluían los asesinatos del exministro socialista Ernest Lluch, del guardia urbano de Barcelona Juan Miguel Gervilla y del concejal del Partido Popular Francisco Cano Consuegra.

Zigor Larredonda, Diego Sánchez Burria y Laura Riera fueron condenados en concepto de colaboradores a penas de nueve años de prisión, mientras que Frances Bárcena, Purificación Ródenas y Josep Tamboleo, también como colaboradores, tuvieron que afrontar cinco años de condena cada uno.

En la sentencia de mayo de 2004 la Audiencia Nacional consideró probado que en marzo del año 2000 los etarras Fernando García Jodrá y José Ignacio Krutxaga llegaron a Barcelona, procedentes de Francia, con la orden de cometer atentados mortales contra policías, políticos y militares, así como de causar daños materiales sobre bienes e intereses turísticos. Tras ponerse en contacto con Zigor Larredonda, Jodrá habría alquilado un apartamento en el que Lierni Armendaritz almacenó explosivos, munición y matrículas de coches. El responsable de conseguir pisos e información sobre las víctimas elegidas pasó a ser Diego Sánchez Burria, hijo de un comisario de Policía. Los datos acerca de los posibles objetivos los extraía del Boletín Oficial del Estado, así como de revistas militares. Laura Riera se encargaba de averiguar las matrículas de los vehículos particulares de policías y políticos, indagando en la base de datos de la Dirección General de Tráfico. Trabajaba en la sección de multas del Ayuntamiento de Tarrasa. En enero de 2001 fueron detenidos José Ignacio Krutxaga y Lierni Armendaritz, cuando iban a colocar una bomba, mientras que Fernando García Jodrá, en libertad, trató de esconderse en casa de Purificación Ródenas, Josep Tamboleo y Francesc Bárcena, que lo alojaron en su vivienda a sabiendas de que era un terrorista buscado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En abril de 2011 el terrorista Fernando García Jodrá y su compañera sentimental, la también etarra Nerea Bengoa Ziarsolo, recibieron el visto bueno de la Administración para someterse a un tratamiento de fecundación "in vitro". Jodrá, que acumula más de 200 años de condenas por los asesinatos cometidos, y su compañera, podrían salir de la cárcel para someterse a los tratamientos, cuyo coste correría a cargo del Servicio Andaluz de Salud, dependiente de la Junta de Andalucía, tras haber sido autorizado por el Hospital público Reina Sofía de Córdoba. Es precisamente en esta ciudad donde ambos terroristas cumplen condena.

José Luis Ruiz Casado tenía 42 años en el momento de su asesinato. Nacido el 3 de agosto de 1958 en Barcelona, creció en la zona del Besós y desarrolló toda su vida familiar en San Adrián, donde contrajo matrimonio con Piedad Guevara Vico. Allí vieron nacer a sus dos hijos, Alejandro y Ariadna, que tenían 9 y 12 años de edad, respectivamente, cuando su padre fue asesinado. José Luis nunca tuvo una gran vocación política, pero estaba profundamente involucrado en la resolución de los problemas de San Adrián y de sus barrios más pobres y conflictivos. Según sus amigos, vecinos y compañeros de trabajo, José Luis era un hombre tranquilo y amable. Una persona muy dialogante, aunque discreto y parco en palabras. Por su interés en los problemas del municipio, poco a poco se había ganado el cariño de sus vecinos.

En la empresa en la que trabajaba desde hacía quince años, la multinacional ABX Logistics, ocupaba el cargo de director del Departamento de Tráfico Internacional. Era concejal desde hacía cinco años y militaba en el Partido Popular desde 1993, pero su vinculación con la política no era profesional. José Luis Ruiz Casado era miembro del recién creado Consorcio de la Mina, ejerciendo de vocal del Partido Popular. El Consorcio tenía como objetivo convertir el barrio con más delincuencia y paro de Cataluña en un lugar digno en el que poder vivir. También formaba parte del Consorcio del Besós, un organismo dedicado a la gestión de las construcciones e infraestructuras en las orillas del río Besós.

José Luis era un hombre metódico que solía hacer siempre los mismos recorridos. Según indicaron algunos vecinos, había asegurado "no tener miedo". En el momento de su asesinato hacía más de un año que no llevaba escolta. Cada año, en el aniversario de su muerte, sus familiares y seres queridos se reúnen en el cementerio de Badalona para rendirle homenaje.

Cuatro guardias civiles asesinados en Marquina ocho meses después de la masacre de Ispáster

20 de Septiembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

Poco después de las dos y media de la tarde del 20 de septiembre de 1980, la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad guipuzcoana de Marquina (Vizcaya) a los guardias civiles ANTONIO GARCÍA ARGENTE, de Valencia; MARIANO GONZÁLEZ HUERGO, de Santander; MIGUEL HERNÁNDEZ ESPIGARES, de Granada; y ALFONSO MARTÍNEZ BELLAS, de La Coruña, mientras comían en un restaurante cercano al cuartel de la Guardia Civil de la localidad vizcaína.

Los guardias se encargaban de la protección de las instalaciones de la empresa de armamento Esperanza y Cía. y, menos de ocho meses antes, ETA había asesinado en Ispáster a seis guardias civiles que custodiaban un transporte de armamento de la misma empresa. En esta ocasión, el atentado tuvo lugar en el interior del bar-restaurante Arrieta, situado a unos doscientos metros del cuartel de la Guardia Civil. El establecimiento tenía una entrada principal y otra en la parte trasera. La principal solía cerrarse hacia las 14:30 horas, cuando los clientes habituales ya habían comido o lo estaban haciendo en esos momentos.

Hacia las 14:40 horas del 20 de septiembre se encontraban en el interior del restaurante los cuatro guardias civiles, dos empleados de correos de la comarca y dos trabajadores del restaurante. La puerta principal estaba ya cerrada y, en esos momentos, alguien golpeó con los nudillos en la puerta trasera. La hija de los propietarios, de 15 años, que se encontraba recogiendo los platos de las mesas para llevarlos a la cocina, pensando que se trataba de alguno de los clientes habituales, abrió la puerta. Sin mediar palabra, entraron tres terroristas que, armados con metralletas, se dirigieron directamente a la mesa en la que comían los cuatro guardias civiles, acribillándolos con varias ráfagas que les provocaron la muerte en el acto. A continuación, salieron caminando del restaurante, y cogieron la primera bocacalle en dirección al paseo principal del pueblo. Después huyeron a bordo de un vehículo que les esperaba en las inmediaciones. En el interior del restaurante se recogieron más de veinte casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF, munición habitualmente utilizada por ETA.

Nada más conocerse el atentado se instalaron controles en la mayoría de las carreteras de Vizcaya y Guipúzcoa, al tiempo que un helicóptero de la Guardia Civil sobrevolaba la zona. Un equipo especial, con perros policía, rastreaba los montes cercanos, buscando al propietario del coche en el que habían huido los miembros del comando, y que se suponía había sido abandonado en algún paraje de la comarca. Finalmente fue encontrado, atado y amordazado, en un monte cercano a la localidad guipuzcoana de Elgóibar.

A las ocho y media de la mañana del domingo 21 de septiembre se celebró en la parroquia de Santa María de Gemein de Marquina el funeral por los cuatro guardias civiles asesinados. Media hora antes, los féretros fueron trasladados desde el convento de El Carmen, donde se había instalado la capilla ardiente, hasta la iglesia parroquial. Los féretros iban cubiertos con la bandera de España y los tricornios de las víctimas, y fueron acompañados por una compañía de la Guardia Civil y veinte compañeros que portaban diez coronas de flores. La comitiva la cerraban, además de los familiares de los cuatro guardias civiles, el director general de la Guardia Civil, el delegado especial del Gobierno en el País Vasco, los gobernadores civil y militar de Vizcaya y otras autoridades militares, además del alcalde de la localidad, del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y representantes de UCD y AP. Al término del funeral, los cuatro féretros fueron introducidos en distintas furgonetas para trasladar los restos mortales de las víctimas a sus localidades natales, mientras se entonaba el himno de la Guardia Civil. Varias personas profirieron gritos en contra del Rey y del Gobierno, y pidieron más Fuerzas de Seguridad en el País Vasco.

Por el asesinato de los cuatro guardias civiles sólo han sido condenados tres colaboradores de la banda terrorista, pero no los autores materiales, miembros del grupo Éibar de ETA. El primero de ellos, José Ramón Foruria Zubialdea, alias Foru, fue el encargado de dibujar el croquis del restaurante donde se cometió el atentado. Foruria huyó a Venezuela poco después del atentado, y no fue entregado por las autoridades de ese país hasta septiembre de 2003. En diciembre de 2004 fue condenado por la Audiencia Nacional como cómplice de asesinato a 10 años de prisión mayor por cada uno de los cuatro asesinatos. Sin embargo, en agosto de 2011 se le concedió el régimen de prisión atenuada, que le permitirá cumplir fuera de la cárcel lo que le queda de los cuarenta años de condena que se le impusieron. Durante su estancia en prisión al etarra, de 62 años, se le diagnosticó un cáncer de vejiga, motivo por el que se le ha concedido el régimen de semilibertad. Foruria Zubialdea, natural de Marquina, realizó importantes labores de información para la banda terrorista ETA, entre otras sobre empresas que no pagaban el impuesto revolucionario, personas concretas o entidades bancarias.

Jaime Rementería Beotegui, alias Zapatillas, encargado de realizar labores de vigilancia y de suministrar la información a los dirigentes de la banda terrorista ETA en Francia, fue condenado por la Audiencia Nacional en 1985 a cuatro penas de 17 años de prisión mayor. Por la misma sentencia, y a las mismas penas, fue condenado Fidel González García, que prestó su coche a los autores materiales para trasladarse al lugar del atentado y los alojó durante varios días, no sólo antes de cometer el cuádruple asesinato, sino la misma noche del atentado. En este mismo juicio fueron absueltos de su participación en el atentado los etarras José Carlos García Ramírez y Ángel María Recalde Goicoechea.

En este atentado participó también, presuntamente, Juan Oyarbide Aramburu, alias Txiribita, que falleció en septiembre de 1989 en un enfrentamiento con la Guardia Civil en el peaje de la autopista Bilbao-Behovia de Irún, en el que también perdió la vida el etarra Manuel Urionabarrenetxea Betanzos, alias Manu.

Antonio García Argente, de 20 años y soltero, era natural de Manises (Valencia). La madre de Antonio, sin saber nada del atentado, llamó desde Valencia al cuartel para hablar con su hijo. Por error marcó el número de uno de los médicos del pueblo, muy similar al número del cuartel, que estaba en esos momentos atendiendo a las víctimas del atentado, y fue entonces cuando se enteró de que su hijo acababa de ser asesinado. Antonio estaba destinado en la III Compañía Móvil de Barcelona, aunque temporalmente se encontraba agregado en el País Vasco. Antonio fue enterrado a última hora de la noche del domingo 21 de septiembre, tras celebrarse una hora antes un funeral en el cuartel de la Guardia Civil en Valencia. Unas mil personas asistieron a las honras fúnebres por el guardia civil asesinado.

Mariano González Huergo, de 25 años y soltero, era natural de Santander. Se encontraba en el País Vasco como refuerzo de las plantillas de esa comunidad autónoma, pero su destino era la 551 Comandancia de Santander. La tarde del domingo 21 de septiembre fueron enterrados en Santander sus restos mortales, tras la misa funeral a la que asistieron unas mil personas, en una ceremonia que transcurrió sin incidentes.

 

Miguel Hernández Espigares, de 23 años y soltero, era natural de Guadix (Granada). Destinado en la III Compañía Móvil de Barcelona, se encontraba temporalmente destinado en el País Vasco, reforzando las plantillas de guardias civiles de la zona. El funeral por Miguel Hernández Espigares se celebró el lunes 22 de septiembre en Alamedilla (Granada), donde también fue enterrado. En diciembre de 2007, la corporación municipal de Guadix acordó por unanimidad en sesión extraordinaria dar el nombre de Hernández Espigares a una calle, plaza o centro municipal de la localidad.

Alfonso Martínez Bellas, de 22 años, era natural de La Coruña. Estaba casado y tenía un hijo; su mujer estaba embarazada del segundo. Su destino era la 111 Comandancia de Madrid pero, al igual que sus compañeros, se encontraba en el País Vasco como refuerzo de las plantillas de la zona. A las once y media del lunes 22 de septiembre se celebró en el cementerio de Senan (El Ferrol) el sepelio de Alfonso Martínez Bellas, con la asistencia de unas mil personas.

Julián Ezquerro, comandante de Infantería, y Aurelio Pérez-Zamora, coronel de Caballería

19 de Septiembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A las nueve menos veinte de la mañana del 19 de septiembre de 1979 tres miembros de la banda terrorista ETA tiroteaban en Bilbao un vehículo militar, asesinando al comandante de Infantería JULIÁN EZQUERRO SERRANO y al coronel de Caballería AURELIO PÉREZ-ZAMORA CÁMARA, cuando se dirigían al Gobierno Militar de Vizcaya desde el cuartel de Infantería de Garellano.

El vehículo, un Land Rover conducido por el soldado Gustavo Pérez Domínguez, apenas había recorrido unos cientos de metros desde su salida del cuartel cuando fue objeto de una emboscada al pasar por debajo de la autopista Bilbao-Behovia que conecta la actual avenida Sabino Arana, antes José Antonio, con las salidas hacia Cantabria y Vitoria. El comandante ocupaba el asiento del copiloto, mientras que el coronel iba sentado en el asiento trasero. En torno a las 8:40 horas el vehículo se encontraba bajo los puentes de acceso y salida de la autopista, con la intención de girar hacia la izquierda y descender hasta la plaza del Sagrado Corazón por un carril lateral. En un momento en que el conductor detuvo el vehículo para dar paso a los coches que bajaban por su derecha, tres terroristas ametrallaron el Land Rover desde el lateral derecho y por la parte de atrás, alcanzando a los ocupantes del mismo.

El soldado-conductor, Gustavo Pérez Domínguez, soltero y de 21 años, resultó herido en la espalda durante el tiroteo. Pese a ello, trató de huir del lugar, aunque los coches que bajaban por la derecha se lo impedían. Cuando pudo, aceleró el Land Rover, que chocó contra otro coche que estaba aparcado, desplazándolo una docena de metros. A continuación, salió tambaleándose del vehículo por su propio pie, cayendo desmayado por la conmoción. Trasladado inmediatamente al hospital en un coche particular, fue intervenido quirúrgicamente de la herida en la espalda, siendo de pronóstico leve, y de diversas contusiones y erosiones provocadas por el accidente posterior.

El coronel Aurelio Pérez-Zamora, con múltiples heridas, fallecería en la sala de urgencias del Hospital de Basurto, situado a apenas cuatrocientos metros del lugar del atentado. Mientras tanto, el cuerpo del comandante Julián Ezquerro, que murió en el acto, estuvo durante una hora en el interior del vehículo, hasta que el juez ordenó el levantamiento del cadáver. En el lugar de los hechos la Policía recogió catorce casquillos del calibre 9 milímetros parabellum, marca FN.

Un testigo presencial que no quiso identificarse señaló que, a su juicio, había participado en el atentado un cuarto terrorista que, al paso del vehículo militar, había hecho señales con un pañuelo a los otros tres. Tras el ametrallamiento, los cuatro huyeron corriendo en dirección a la plaza del Sagrado Corazón, donde se montaron en un Citroën GS de color amarillo. El coche había sido sustraído a punta de pistola por dos terroristas a las siete de la mañana en el parque de Santa Casilda, a unos quinientos metros del lugar del atentado. Los autores del robo ordenaron a su propietario y a su acompañante que no denunciaran la sustracción hasta pasadas las nueve de la mañana.

El presidente del Consejo General Vasco, Carlos Garaikoetxea, condenó a través de TVE el doble asesinato, que calificó de "gravísimo" e "intolerable" y de un "intento persistente de crear una escalada, golpeando en lo más sensible a los sectores que presumiblemente podrían acarrear una interrupción del proceso autonómico, del proceso estatutario". Denunció también "el comercio macabro de impuestos revolucionarios" e hizo un llamamiento a los vascos para que no hiciesen "el juego a los que con este tipo de acciones van contra los intereses del pueblo vasco". También desde el Partido Comunista de Euskadi y desde el Partido Socialista se relacionó el atentado con el referéndum del Estatuto de Guernica que se iba a celebrar el 25 de octubre, calificándolo de una "provocación" que trataba de "impedir el refrendo" del mismo.

El ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún, se desplazó el mismo día del atentado a Bilbao para asistir a los funerales de las dos víctimas mortales. El 24 de septiembre, la banda terrorista ETA militar reivindicó el atentado a través de un comunicado enviado a varios medios de comunicación.

Julián Ezquerro Serrano, comandante de Infantería de 39 años, era natural de Pradejón (La Rioja), pequeña localidad en la que también nació Julio Martínez Ezquerro, concejal del Ayuntamiento de Irún asesinado por ETA el 16 de diciembre de 1977. El comandante Ezquerro estaba casado y tenía cuatro hijos muy pequeños. Su mujer, además, estaba embarazada del quinto hijo, que nacería pocos meses después. En 1957 ingresó en la academia militar y estaba en posesión de los diplomas de Estado Mayor, cazador paracaidista y piloto de helicópteros. Estuvo destinado en la Unidad de Helicópteros, en la Brigada Paracaidista y en la Academia General Militar. Ascendió a comandante en julio de 1979, dos meses antes de ser asesinado, tras lo cual fue trasladado al Gobierno Militar de Vizcaya, donde sólo llevaba quince días. En septiembre de 2008 se llevó a cabo un homenaje a Julián Ezquerro y Julio Martínez en Pradejón. Su hija Rosi Ezquerro declaró que era "un orgullo" que le hiciesen un homenaje en la localidad que le vio nacer, añadiendo entre lágrimas: "Nos hubiese gustado un homenaje mucho antes, pero a pesar del tiempo la herida sigue doliendo" (La Rioja.com, 03/09/2008). En el mismo medio se hacían eco de lo que señalaban desde la AVT en La Rioja: "Entonces, aún era más duro que ahora; era cuando la Asociación de Víctimas del Terrorismo empezaba a dar sus primeros pasos especialmente encauzados a la colaboración con las víctimas militares que eran quienes más sufrían estos asesinatos. Entonces, la familia tenía que salir del acuartelamiento en el que vivía en pocas semanas porque llegaba un guardia civil que remplazaba a la persona asesinada. En ese momento, se encontraban con la pérdida del ser querido y sin domicilio".

Aurelio Pérez-Zamora Cámara, coronel de Caballería de 59 años, era natural de Santa Cruz de Tenerife, siendo una de las nueve víctimas canarias de la banda terrorista ETA. Estaba casado y tenía dos hijos. Fue ascendido a coronel en abril de 1978, y estaba en posesión de los diplomas de especialista en carros de combate, automovilismo y cría caballar. Llevaba sólo veinte días destinado en Bilbao, por lo que su familia todavía no había tenido tiempo de trasladarse al nuevo destino. Su familia sigue residiendo en Santa Cruz de Tenerife, pertenecen a la AVT y "aún conservan en su hemeroteca particular las imágenes de las aglomeraciones alrededor de la santacrucera iglesia de La Concepción el día del funeral" (La opinión, 11/01/2011).

José Luis Barrios, hijo de un exconcejal, asesinado tras una campaña del entorno proetarra

17 de Septiembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El 17 de septiembre de 1988 la banda terrorista ETA asesinaba en Santurce de un tiro en la nuca al empresario de hostelería, y militante socialista, JOSÉ LUIS BARRIOS CAPETILLO. La víctima se encontraba trabajando en el restaurante San Jorge, que regentaba junto a su padre, Próspero Barrios, exconcejal por el partido socialista en la localidad vizcaína.

Alrededor de la medianoche, un Ford Escort blanco en el que viajaban cuatro terroristas se detuvo a la puerta del restaurante. Dos de ellos entraron en el establecimiento y pidieron en la barra sendas cervezas, que se las sirvió Próspero Barrios, padre de José Luis. Los asesinos aguardaron tranquilamente tomando la consumición  hasta que el hijo del propietario salió del comedor y se aproximó a la barra. Allí, sin mediar palabra, uno de los terroristas le disparó en la cabeza por la espalda. Los asesinos huyeron en el mismo vehículo en el que habían ido al restaurante, robado poco antes a punta de pistola, donde les esperaban los otros dos terroristas. La Policía recogió en el lugar de los hechos un único casquillo de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF.

El hijo del exconcejal falleció cuando era trasladado al Hospital de Cruces, en Baracaldo. Hasta ahí se dirigieron posteriormente el gobernador civil de Vizcaya, Daniel Vega, y el secretario general de los socialistas vascos, Ricardo García Damborenea.

El vehículo utilizado en el atentado fue abandonado en el cementerio de Portugalete junto al acceso a la autovía. Un comunicante anónimo, que dijo hablar en nombre de ETA, anunció mediante llamada telefónica a la asociación de carretera Detente y Ayuda (DYA), que un hombre se hallaba atado a un árbol en la carretera del Regato, en Baracaldo, donde dos patrullas de la Policía y una ambulancia de DYA encontraron al propietario del Ford Escort utilizado para perpetrar el atentado.

José Luis había sido objeto, un año y medio antes, de una de esas campañas de desprestigio orquestadas con tanta maestría por el entorno proetarra y que, en la siniestra historia de ETA y los que les apoyan, siempre han sido la antesala del asesinato. La campaña estaba llena de insidias, rumores y mentiras en las que se relacionaba a José Luis con el tráfico de drogas en Santurce. Con semejante falsa acusación se lanzaron octavillas anónimas en las inmediaciones del restaurante que regentaba. Además, en el comunicado en el que la banda asesina ETA reivindicaba el atentado el 28 de septiembre, escrito íntegramente en euskera, se aseguraba que Barrios había sido detenido por la Ertzaintza por traficar con drogas y lo habían liberado por presiones del gobernador civil. Este infundio fue desmentido tanto por la Policía Autonómica vasca como por el gobernador civil. Un portavoz de la Consejería de Interior del Gobierno vasco señaló que se habían revisado todos los registros de detenidos por la Ertzaintza y José Luis Barrios no figuraba en ninguno de ellos. La Consejería manifestó, además, que se había rastreado la presunta detención incluso en los registros de la brigada de tráfico y entre los atestados de las brigadas especiales, con resultado negativo. La banda asesina también acusaba a Barrios de ser "colaborador e informador de las fuerzas de ocupación". En su delirio habitual, ETA acusaba a los poderes fácticos y al PSOE de introducir la droga en el País Vasco como un recurso más de un plan de contrainsurgencia (sic).

La campaña de calumnias contra José Luis, campaña que nunca fue acompañada por la interposición de algún tipo de denuncia, era tan burda y tan absurda, que la víctima ni siquiera se molestó en solicitar el apoyo de su partido o del Ayuntamiento. Sin embargo, y como ha sucedido tantas veces, el entorno proetarra y su brazo político señalan y ETA dispara.

Todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento, con la excepción de Herri Batasuna (HB), condenaron el asesinato y rechazaron las imputaciones dirigidas contra José Luis. Los seis concejales de la formación proetarra fueron abucheados por el público asistente al pleno extraordinario por negarse a firmar la moción de condena.

Uno de los etarras que presuntamente participó en el asesinato de Barrios Capetillo fue Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, detenido en marzo de 2000 tras estar quince años en busca y captura. Gadafi acumula veinte asesinatos a sus espaldas como miembro del grupo Vizcaya de ETA -entre ellos el niño de dos años Fabio Moreno, asesinado el 7 de noviembre de 1991-, y condenas por centenares de años. Gadafi fue el primer etarra preso en Francia que pidió terminar de cumplir su condena en España.

José Luis Barrios Capetillo, de 34 años, estaba casado y tenía cuatro hijos. Militante socialista, su padre, Próspero Barrios, había sido concejal en el Ayuntamiento de Santurce durante dos legislaturas. José Luis era una persona muy emprendedora y conocida en Santurce, entre otras cosas porque era el presidente de la Asociación de Hosteleros de la localidad.

El triple asesinato en Muchamiel (Alicante) y dos víctimas más de ETA

16 de Septiembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A las 7:55 horas del viernes 16 de septiembre de 1983, la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en la localidad guipuzcoana de Urnieta (Guipúzcoa) al policía nacional PABLO SÁNCHEZ CÉSAR mientras esperaba la llegada del tren para trasladarse al cuartel de San Sebastián donde prestaba servicio. Todas las mañanas, a la misma hora, el agente hacía el mismo trayecto hasta el apeadero del tren para dirigirse al cuartel. Ese día, Pablo Sánchez se dio cuenta de que tres individuos, que le resultaron sospechosos, se acercaban a él, por lo que intentó protegerse en el edificio de la estación. Sin embargo, el agente, que iba desarmado y vestía de paisano, fue alcanzado por disparos de un subfusil y rematado con un disparo en la cabeza por uno de los terroristas, que actuaron a cara descubierta.

Los disparos de los terroristas provocaron el pánico entre las numerosas personas que esperaban en los andenes la llegada del tren. Tras el asesinato, los terroristas huyeron en un taxi estacionado en las proximidades. El vehículo había sido robado en Hernani una hora antes a su propietario, el taxista Manuel Garayar Otegui, que relató posteriormente que, cuando estaba en la parada, se le acercaron dos individuos que le dijeron en euskera: "Somos de ETA, entre en el coche".

En el lugar de los hechos la Policía Municipal de Urnieta encontró siete casquillos de bala marca FS, del calibre 9 milímetros parabellum.

El cuerpo de Pablo Sánchez César fue trasladado a las nueve y media de la mañana al cementerio donostiarra de Polloe, después de que el juez ordenara el levantamiento del cadáver. Una vez practicada la autopsia, los restos mortales del agente fueron conducidos al Salón del Trono del Gobierno Civil de Guipúzcoa donde se instaló la capilla ardiente.

El lehendakari del Gobierno vasco, Carlos Garaikoetxea, presidió por la noche del mismo día del atentado, junto al ministro del Interior, José Barrionuevo y el presidente de la Junta de Extremadura, el funeral por el alma de Pablo, que se celebró en Urnieta. La ceremonia religiosa se inició con un retraso considerable porque tuvieron que esperar a que los padres del policía llegasen desde Badajoz. Finalizado el acto Garaikoetxea y Barrionuevo se trasladaron al apeadero de Urnieta, el lugar del atentado. Allí, el lehendakari manifestó que el asesinato del policía nacional era igual de brutal que todos los demás. "Como nacionalista vasco y como lehendakari de este pueblo, quiero expresar una vez más mi dolor y repugnancia, sentimientos que he sentido siempre y que transmito en nombre de mi pueblo al presidente de la Junta de Extremadura".

En 1986 la Audiencia Nacional condenó a Jesús María Zabarte Arregui y José Antonio Pagola Cortajarena, miembros del grupo Donosti de ETA, a sendas penas de 29 años de reclusión mayor por un delito de atentado con resultado de muerte.

Pablo Sánchez César tenía 24 años de edad, estaba casado con Amalia García Mora y era padre de una niña de 13 meses. Natural de Badajoz, estaba destinado desde dos años antes de su asesinato en el cuartel de la Policía Nacional de Aldapeta, en San Sebastián. Desde un año antes vivía en Urnieta con su mujer, sus suegros y su hija. El sábado 17 de septiembre más de dos mil personas asistieron en Hoyos (Cáceres), localidad natal de la esposa de Pablo, a un segundo funeral y al entierro del agente asesinado. El cadáver había sido trasladado en avión desde San Sebastián hasta la base aérea de Talavera la Real y desde allí, por carretera, hasta Hoyos, donde fue recibido por la corporación municipal en pleno y miembros de la Guardia Civil. Prácticamente todo el pueblo desfiló por la capilla ardiente, instalada en el Ayuntamiento. En el funeral, oficiado por el cura párroco de la localidad, estuvieron presentes el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra; el gobernador civil de Cáceres, autoridades locales y militares, además de policías nacionales y guardias civiles desplazados desde Cáceres, Badajoz, Salamanca y Valladolid. La esposa, padres y ocho hermanos del policía asesinado se negaron a hacer declaraciones, dejando como portavoz a la alcaldesa de Hoyos, Asunción Merino, que transmitió esta frase de los familiares: "Por favor, que se arregle esta situación. Ya está bien que cada día caiga un hombre por la Patria". Amalia y su hija fijaron su residencia en Hoyos tras el asesinato de Pablo. El 16 de marzo de 2001 el Consejo de Ministros concedió, a título póstumo, la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a diez personas que perdieron la vida en atentados de ETA, entre ellos a Pablo Sánchez César.

El 16 de septiembre de 1991 dos policías municipales, JOSÉ LUIS JIMÉNEZ VARGAS y VÍCTOR MANUEL PUERTAS VIERA, y el conductor de la grúa municipal, FRANCISCO CEBRIÁN CABEZAS, fueron asesinados por la banda terrorista ETA al estallar un coche-bomba que trasladaban a un depósito de vehículos en Muchamiel (Alicante).

La banda terrorista ETA quiso repetir ese 16 de septiembre la salvajada que tres meses y medio antes, el 29 de mayo, había perpetrado en la casa cuartel de la Guardia Civil en Vic (Barcelona), o la que cuatro años antes había cometido contra el acuartelamiento de Zaragoza, el 11 de diciembre de 1987. Esta vez el objetivo era cometer una masacre en la casa cuartel de la Benemérita en Muchamiel, donde vivían seis guardias civiles, tres de los cuales estaban casados y residían allí con sus familias, de los que cinco eran niños pequeños. Junto al edificio se encontraba, además, el Colegio Público El Salvador, cuyos alumnos iniciaban las clases en la mañana de 16 de septiembre. Pero nada de eso fue un impedimento para que la banda de asesinos pusiese en el punto de mira el acuartelamiento de Muchamiel.

Para cometer el atentado, los asesinos de la banda trasladaron a la localidad alicantina un coche robado meses atrás en el País Vasco. Tras cargarlo con una potente bomba, el coche fue lanzado sin conductor contra la casa cuartel, con una barra antirrobo en el volante para orientar la dirección, el contacto puesto y una marcha metida. Sin embargo, el coche no se dirigió hacia la casa cuartel, sino que se estrelló contra la fachada de una sucursal bancaria, en la acera opuesta de la avenida Carlos Soler donde estaba el acuartelamiento de la Guardia Civil.

Tras fallar en el objetivo, los terroristas no accionaron el iniciador del artefacto explosivo por lo que, cuando el director de la oficina bancaria llegó al trabajo a las ocho de la mañana, avisó a los agentes de la Guardia Civil que en esos momentos abrían la puerta de la casa cuartel.

Minutos después, se personaron en el lugar dos policías locales que llamaron a una grúa para trasladar el vehículo al depósito, un solar al aire libre situado a unos doscientos metros del cuartel. Hacia las 9:40 horas, cuando estaban bajando el vehículo, estalló la bomba matando en el acto a Francisco Cebrián Cabezas, conductor de la grúa, y a los policías municipales José Luis Jiménez Vargas y Víctor Manuel Puertas Viera. Ni el director de la oficina bancaria, ni la Guardia Civil, ni los policías municipales sospecharon en ningún momento que el vehículo fuese un coche-bomba cargado con 50 kilos de explosivo, sino que creyeron que se trataba de un accidente de tráfico.

Además de las tres víctimas mortales, cuatro personas resultaron heridas de gravedad: María del Carmen López Amador, incapacitada durante 330 días; María África Antón González, impedida 331 días; Felisa Azor Troyano, que no recibió el alta médica hasta 470 días después, y Juan Capella Valls, que tardó 158 días en curar sus heridas. Otras treinta y seis personas, entre ellas Noelia Berenguer, un bebé de un mes, resultaron heridas de diversa consideración y precisaron de atención médica.

La explosión provocó también cuantiosos estragos materiales en los vehículos e inmuebles de los alrededores, cuyas estructuras, ventanas y balcones quedaron seriamente afectados por la onda expansiva. Todos los cristales estallaron y quedaron destrozados los toldos y persianas de muchos edificios.

Por la tarde se instaló la capilla ardiente en la Iglesia arciprestal de El Salvador en Muchamiel. Unas seiscientas personas acudieron al funeral por los tres fallecidos, que fue oficiado por el obispo de Orihuela-Alicante, Francisco Álvarez Martínez. Al día siguiente se celebró en el mismo lugar un segundo acto religioso, concelebrado por doce sacerdotes, al que asistieron entre otras autoridades el ministro del Interior, José Luis Corcuera, el presidente de la Generalidad de Valencia, Joan Lerma, y el director de la Guardia Civil, Luis Roldán. Más de diez mil personas asistieron a la misa en un ambiente de consternación y rabia contra la barbarie de la banda terrorista.

En enero de 2007 el Ayuntamiento de Muchamiel aprobó por unanimidad dar a tres calles de esa localidad alicantina los nombres de los asesinados en este atentado. "Todos recordamos lo sucedido y este gesto era algo que estaba pendiente con ellos y con sus familiares", manifestó Josep Antoni Miquel, portavoz del grupo socialista en la corporación municipal, el día que se aprobó la moción.

El recorrido judicial de este atentado fue largo, celebrándose el primer juicio en 1995. Ese año la Audiencia Nacional condenó a Gonzalo Rodríguez Cordero y José Gabriel Zabala Erasun a sendas penas de 136 años de prisión como autores de los delitos de utilización ilegítima de vehículos de motor, sustitución de placas de matrícula, tenencia de explosivos y como cooperadores necesarios de un delito de atentado, tres de asesinato, cuatro de lesiones y uno de terrorismo. El tribunal consideró hechos probados que los dos etarras robaron en junio de 1991 en Zarauz (Guipúzcoa) un Ford Fiesta y que, tras cargarlo de explosivos en una lonja preparada al efecto en Oyarzun, le cambiaron la matrícula por otra falsa y lo entregaron a los miembros del grupo Levante de ETA.

En 1999, la Audiencia Nacional condenó al etarra Fernando Díez Torres a 38 años de cárcel. Este etarra fue quien facilitó a los miembros de la banda la infraestructura necesaria para cometer diversos atentados en las provincias de Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante y Murcia entre finales de 1991 y marzo de 1992. En el año 2002 fueron condenados por la Audiencia Nacional José Luis Urrusulo Sistiaga e Idoia López Riaño que, como integrantes del grupo Ekaitz de ETA, cometieron diversos atentados terroristas durante el mismo período de tiempo que Díez Torres y en las mismas provincias. La sentencia les impuso sendas penas de 38 años de prisión por los delitos genéricos de pertenencia a banda armada, tenencia ilícita de explosivos y armas, y por falsedad documental.

Francisco Cebrián Cabezas, conductor de la grúa municipal, tenía 40 años. Natural de Cedrillas (Teruel) ingresó en la Guardia Civil, siendo destinado al cuartel de San Juan (Alicante), según publicó el diario Información (17/09/1991). Allí conoció a una vecina de Muchamiel, con la que se casó y tuvo cuatro hijos, que en el momento de su asesinato tenían entre 17 y 8 años. Posteriormente se licenció de la Benemérita y montó una fábrica de hilatura junto a otro socio. Cuando fue asesinado, Francisco era propietario de la grúa que tenía arrendado el servicio de recogida de vehículos en Muchamiel. Fue enterrado en el cementerio del pueblo. Tres días después del asesinato, el padre de Francisco contó qué sentía tras perder a su hijo: "Qué te puedo decir, que Francisco era un hombre bueno, que era muy de su casa, que por suerte o por desgracia todos en la familia somos de la Guardia Civil y mira por dónde nos ha ido a tocar la china ahora cuando él creía que ya podría vivir tranquilo. No sé, sólo siento que me han quitado a mi hijo y pienso en mis pobres nietos" (Información, 19/09/1991).

José Luis Jiménez Vargas, policía municipal de 28 años, no estaba casado pero tenía novia. Entre sus funciones como agente municipal estaba regular el tráfico en las inmediaciones del colegio público de educación primaria El Salvador situado a escasos metros de la casa cuartel de la Guardia Civil. Los restos mortales de José Luis fueron enterrados en el cementerio de Muchamiel, donde residía.

 

Víctor Manuel Puertas Viera, policía municipal de 21 años, ocupaba una plaza como interino desde dos años antes de ser asesinado. Era vecino de Alicante, donde fueron enterrados sus restos mortales. Pese a su juventud, había sido voluntario de la Cruz Roja y, tras cumplir el Servicio Militar, colaboró con la organización en el área de salvamento marítimo y socorrismo. Dos de sus hermanos pertenecían también a la Policía Municipal (La Verdad, 18/09/1991).

A las 17:20 horas del 16 de septiembre de 1993, la banda terrorista ETA asesinaba en Andoain (Guipúzcoa) al subteniente de la Guardia Civil retirado JUVENAL VILLAFAÑE GARCÍA mediante una bomba colocada bajo el asiento del conductor de su vehículo particular que explotó nada más poner en marcha el coche.

El atentado se produjo en las proximidades de su domicilio en Andoain. La explosión arrojó a la víctima a la calzada, que quedó con la mitad inferior de su cuerpo completamente destrozada y una pierna prácticamente amputada. Una ambulancia de la Cruz Roja lo trasladó a la residencia Nuestra Señora de Aránzazu, de San Sebastián, donde ingresó cadáver.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) señaló en un comunicado que "sobra la intolerancia y el fanatismo: sobra ETA", añadiendo que, "a buen seguro, los miembros de KAS de Euskal Herria, y más en concreto los de Andoain, aplauden y jalean este tipo de atentados, aunque sea en la intimidad. Tienen que saber que tarde o temprano serán descubiertos". Un día antes del asesinato de Juvenal Villafañe, el proetarra Jon Idígoras (Herri Batasuna) había avisado de que los atentados de ETA seguirían hasta que se cambiara la Constitución y se reconociera el derecho de autodeterminación de los vascos. También advertía que, aunque se produjesen detenciones de miembros de ETA, "la situación social permite que ETA se pueda regenerar rápidamente".

El asesinato de Juvenal Villafañe, reivindicado por la banda terrorista ETA en un comunicado publicado en Egin el día 28 de septiembre, ha quedado impune.

Juvenal Villafañe García, de 78 años, era vecino de Andoain desde veintiséis años antes, aunque había nacido en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas en 1915. A principios de la década de los sesenta fue destinado al cuartel de la Guardia Civil de Andoain, por lo que los vecinos del pueblo le apodaban "el sargento". En septiembre de 1968 se retiró de la Guardia Civil y trabajó durante una década como funcionario de la Diputación de Guipúzcoa. Desde que se jubiló se dedicaba a tramitar licencias de caza y pesca, pasaportes y todo tipo de documentación para los vecinos de Andoain, por lo que era muy conocido en la localidad. Juvenal Villafañe estaba casado, era padre de tres hijas y abuelo de un nieto. Sus restos mortales fueron enterrados en Islares (Cantabria), localidad natal de su viuda, la tarde del 18 de septiembre. Ese mismo día, Blanca Villafañe, una de las tres hijas de la víctima, declaró que ella perdonaría a los asesinos de su padre "si sintiesen que necesitan ser perdonados, pero como no lo van a sentir, no se me ocurre hablar de perdón". A lo que añadió que los que habían asesinado a su padre - "un padrazo, el mejor marido del mundo y una buena persona"-, "ni son gente ni son personas, son bestias" (ABC, 18/09/1993).

Martín Durán Grande, guardia civil asesinado por ETA tras la detención de Yoyes en 1974

15 de Septiembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El 15 de septiembre de 1974 fallecía en el Hospital Militar de Bilbao el guardia civil MARTÍN DURAN GRANDE tras ser herido gravemente el 11 de septiembre en un enfrentamiento con miembros de la banda terrorista ETA en la capital vizcaína.

La operación de la Guardia Civil se había iniciado la noche del 10 de septiembre, cuando varios etarras intentaban llegar a España desde Francia a través del río Bidasoa. Agentes de la Guardia Civil les sorprendieron cerca de la Isla de los Faisanes (Hendaya), en el momento en que desde la parte española (Irún) un individuo salía de un automóvil y trataba de llegar a la embarcación. Al ser descubiertos por la Guardia Civil, abrieron fuego y se internaron en un monte, donde pudo ser detenido uno de ellos, el etarra Vicente Gurruchaga Escenarro. Aprovechando la confusión, los ocupantes de la barca consiguieron huir, cruzando nuevamente la frontera franco-española.

Con la información que obtuvieron tras la detención del etarra, se localizó un piso en el número 59 de la calle Doctor Areilza, de Bilbao, que la Guardia Civil sospechaba que podría estar siendo utilizado por miembros de ETA. El día 11 de septiembre, por la mañana, efectivos policiales entraron en el piso y detuvieron a la etarra María Dolores González Cataraín, alias Yoyes, que doce años más tarde sería asesinada por sus excompañeros. Yoyes, que por entonces tenía 18 años, llevaba en un bolso una pistola Firebird, 9 milímetros parabellum, con dos cargadores.

Poco después, mientras los agentes estaban en la vivienda, llegaron otros dos miembros de la banda. Uno de ellos, José Antonio Inchaustegui Elizondo, alias El Duque, fue detenido, mientras que el otro, Juan José Urcelay Imaz, emprendió la huida seguido por el guardia civil Martín Durán Grande. El etarra, en su fuga, disparó contra el agente, que recibió dos disparos: uno en el vientre y otro en la pierna izquierda. A continuación, intentó escapar a través de una de las viviendas del inmueble, a la que entró amenazando a sus ocupantes (una señora de avanzada edad y su hija), pero desistió por la altura del balcón. Urcelay prosiguió su huida y, pensando que podría haber guardias en el portal del edificio, salió a la calle dando tiros. Uno de los disparos hirió en el glúteo a una transeúnte, Andrea Villamore Silva, de 58 años y natural de La Coruña. Martín Durán Grande, pese a estar gravemente herido, prosiguió la persecución de Urcelay Imaz, desplomándose en el suelo nada más salir a la calle.

Horas más tarde, la Guardia Civil localizó otro piso de la banda en el barrio de Zorroza de Bilbao, en la calle Astillero nº 6, donde sospechaban que se había escondido el presunto autor de los disparos que hirieron a Martín Durán, Juan José Urcelay Imaz. Cuando intentaron detenerlo se entabló otro tiroteo en el que Urcelay Imaz resultó muerto. Además, un segundo etarra y otros dos guardias civiles -Aniceto Reguero Fernández y Manuel Vera Ortiz- resultaron heridos de diversa consideración. En la operación se detuvo también a Purificación Martínez Setién e Ignacio Setién.

Martín Durán Grande tenía 21 años cuando fue asesinado por la banda terrorista ETA. Había nacido en Portugalete, en la margen izquierda de la ría del Nervión, pero vivía en Erandio, en la orilla derecha. El mismo 15 de septiembre se celebró el funeral en la Iglesia de San Agustín de Erandio. El Gobernador civil de Vizcaya colocó sobre el féretro la Medalla al Mérito Policial, con distintivo rojo, a título póstumo. Ese mismo mes de septiembre de 1974, el presidente de la Diputación de Vizcaya, Pedro Arístegui, propuso la concesión de la Medalla de Plata de la Provincia para el policía municipal Eloy García Cambra, asesinado el 29 de agosto de 1972 en Galdácano, y para el guardia civil Martín Durán Grande. Ambos fueron asesinados por la banda terrorista ETA en acto de servicio.

La emboscada a cuatro policías en Oyarzun, suicidio de otro y asesinato de dos policías más

14 de Septiembre de 2011 - 09:10:13 - M.J. Grech

En torno a las once de la mañana del martes 14 de septiembre de 1982, la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en una emboscada en Oyarzun (Guipúzcoa) a los policías nacionales JESÚS ORDÓÑEZ PÉREZ, JUAN SERONERO SACRISTÁN y ALFONSO LÓPEZ FERNÁNDEZ. El también policía nacional ANTONIO CEDILLO TOSCANO resultó gravemente herido mientras intentaba repeler la agresión. Un camionero lo encontró arrastrándose en la carretera y lo subió a la furgoneta para llevarlo al hospital más cercano. Varios de los terroristas detuvieron el vehículo y, tras intimidar al conductor, no dudaron en rematar de un tiro en la nuca al agente herido. En el mismo tiroteo también sufrió graves heridas un quinto policía nacional, Juan José Torrente Terrón, que recibió disparos en el brazo derecho, el tórax, el muslo derecho y la pierna izquierda.

A las once de la mañana los cinco agentes se desplazaron hasta la venta Susperregui, en el caserío Franchilla, con objeto de tomar unos bocadillos a modo de almuerzo. Tres de ellos habían llegado vestidos de uniforme en un coche Z con distintivos oficiales, mientras que los otros dos vestían de paisano y viajaban en un Seat 131 Supermirafiori de color azul marino y sin ningún tipo de identificación policial. Hacía cerca de un mes que ningún miembro de las fuerzas de seguridad visitaba el establecimiento, tal y como relató la propietaria del mismo a la prensa tras el atentado. Sin embargo, durante veintitrés días consecutivos, cinco de los seis miembros del grupo Donosti que tenderían la emboscada del día 14, subieron al Alto de Perurena, en las inmediaciones del caserío, para controlar el paso de vehículos policiales y ejecutar una acción terrorista en la que asesinar a todos sus pasajeros. Aquel día, los terroristas divisaron a los dos vehículos en su salida de la venta, circulando por la carretera que enlaza San Sebastián y Rentería, en dirección a esta última población. En las proximidades de las cuevas de Landarbaso (Aitzbitarte), a unos trescientos metros del parque Listorreta, los vehículos policiales se vieron obligados a aminorar la marcha en una curva muy pronunciada, reduciendo considerablemente la velocidad. En esa curva, al paso por una pequeña hondonada, y a unos ochocientos metros de la venta donde habían almorzado, los dos coches se vieron envueltos en un fuego cruzado desde varios puntos con armas automáticas. Dado lo accidentado del terreno y la escasa velocidad de los vehículos, resultaban un objetivo fácil para una emboscada. Los policías trataron de repeler el ataque abriendo fuego con sus pistolas, pero sin llegar a hacer blanco sobre ninguno de los terroristas. Dos de los agentes, Jesús Ordóñez Pérez y Juan Seronero Sacristán, fallecieron en el acto siendo acribillados bajo el fuego cruzado. Los otros tres, Alfonso López Fernández, Antonio Cedillo Toscano y Juan José Torrente Terrón, fueron heridos, todos ellos de gravedad. Los dos vehículos quedaron empotrados contra el arcén y recibieron cerca de un centenar de impactos de bala.

Uno de los agentes de paisano, Antonio Cedillo, pudo disparar a los etarras a pesar de sus heridas cuando éstos emprendieron la huida. Después, se arrastró durante algunos cientos de metros por la carretera en dirección a Rentería, hasta que finalmente cayó al suelo dejando tras de sí un gran charco de sangre. Así lo encontraría un vecino de Rentería, José Elicegui, que vivía en un caserío a pocos metros del cruce de carreteras que enlazaba las poblaciones de Oyarzun, Astigarraga y la propia Rentería. Elicegui se dirigía a efectuar unas obras de reparación de un camino vecinal. Al ver al policía mal herido, el camionero detuvo su furgoneta Ebro, color azul, y lo recogió. El agente llegó a pronunciar unas palabras pidiendo ayuda: "ayúdeme, lléveme a un hospital". Cuando apenas llevaban recorrido un kilómetro, de camino a un centro sanitario, tres de los etarras que habían huido en un Renault 12 de color verde les salieron al paso y obligaron al conductor a parar, intimidándolo. Tras registrar el vehículo y comprobar que transportaba al policía herido, no dudaron en asesinarlo a sangre fría, disparándole un tiro en la nuca.

Los otros tres terroristas, que habían huido a pie de la escena del crimen, llegaron al cruce que comunica Astigarraga, Rentería y Oyarzun, donde robaron a punta de pistola un Seat 124 amarillo con matrícula de Barcelona. Tras de sí dejaban tres asesinados, dos heridos graves y dos vehículos completamente destrozados. Uno de los que había sobrevivido inicialmente a la masacre, Alfonso López Fernández, en el momento de ser atendido por miembros de la Cruz Roja sólo tuvo en mente a sus compañeros, indicando a los sanitarios que centraran sus esfuerzos en aquéllos, por revestir mayor gravedad que él. Sin embargo, durante su traslado al hospital de la Cruz Roja de San Sebastián, Alfonso López fallecía, ingresando ya cadáver en el centro hospitalario. El otro agente herido, Juan José Torrente Terrón, fue intervenido nada más llegar al hospital y, tras más de tres horas en el quirófano, fue ingresado en la Unidad de Vigilancia Intensiva en estado de coma y con pronóstico muy grave. Torrente Terrón tardaría más de nueve meses en recuperarse, aunque las secuelas físicas nunca desaparecerían por completo.

Mientras los heridos eran trasladados al centro de la Cruz Roja, la Guardia Civil llevó a cabo un intenso rastreo de la zona y se recogió una gran cantidad de casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca FN, munición habitualmente empleada por ETA. Los cuerpos sin vida de los policías asesinados en la escena del tiroteo permanecieron en el lugar de los hechos hasta la llegada de los forenses. Los cuerpos serían llevados al depósito de cadáveres del cementerio de Polloe una vez realizadas las respectivas autopsias. Esa misma noche, ETA militar reivindicaba la autoría del atentado a través de un comunicado enviado al diario Egin. Asimismo, ETA militar se hacía responsable de otros atentados cometidos a lo largo de la semana anterior contra una granja propiedad del Ejército en San Sebastián y contra el cuartel de la Guardia Civil en Durango.

Al día siguiente de la masacre, el sargento de la Policía Nacional Julián Carmona Fernández se suicidaba disparándose un tiro en la sien, en presencia de varios de sus compañeros y del general Félix Alcalá-Galiano, en las dependencias del Gobierno Civil de Guipúzcoa. El sargento, de 45 años de edad, casado y padre de tres niños, había pasado la noche acompañando a los familiares de los asesinados y ocupándose de los trámites de las autopsias. Varios de los fallecidos eran amigos suyos y se le había encargado la tarea de acompañar hasta su lugar de origen uno de los cuerpos de éstos, circunstancias que unidas a la gran tensión que soportaban los miembros de las Fuerzas de Seguridad dieron lugar al dramático desenlace. Fue uno de los primeros casos de suicidio por lo que los expertos han denominado posteriormente como "síndrome del norte".

Los funerales de cuerpo presente por los cuatro policías nacionales asesinados tuvieron lugar a las siete de la tarde del mismo día de su asesinato en el Gobierno Civil de Guipúzcoa. El presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo; el ministro del Interior, Juan José Rosón, y el general inspector de la Policía Nacional, Félix Alcalá Galiano, se desplazaron hasta San Sebastián para visitar la capilla ardiente y, posteriormente, asistir a dichos funerales. También estuvieron presentes el lehendakari, Carlos Garaikoetxea; el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jaime Mayor Oreja; los gobernadores civil y militar; el alcalde de San Sebastián, Jesús María Alcain y el diputado general Javier Aizarna. Partidos como el PSE-PSOE, UCD, PNV y AP enviaron representantes para arropar a los familiares y a los compañeros de las víctimas. Los funerales transcurrieron en un clima de gran serenidad, no pudiendo evitarse escenas de profundo dolor entre los parientes de los policías asesinados. Pese a la nutrida representación oficial, fue un apresurado funeral en el salón del trono seguido de un traslado rápido a sus localidades de origen. Es interesante señalar que este sería el último funeral de víctimas de ETA realizado casi de noche y "por la puerta de atrás". En aquellas fechas preelectorales, aquellos cadáveres quemaban y se desembarazaron de ellos con una velocidad que hoy resulta bochornosa. La llegada de José Barrionuevo al Ministerio del Interior hizo que las cosas cambiaran de forma radical. Barrionuevo fue el primer ministro de la democracia que empezó a acudir a los lugares donde se cometían atentados de la banda para realizar ofrendas florales por las víctimas asesinadas.

El miércoles 15, un día después, a últimas horas de la tarde tenía lugar en Gijón el funeral de cuerpo presente por el eterno descanso de uno de los cuatro fallecidos, Juan Seronero Sacristán, en la Iglesia del Corazón de María. Allí la tensión entre parte de las cinco mil personas asistentes fue elevada, oyéndose gritos dirigidos a los terroristas, a los que se les llamó "asesinos", y escuchándose igualmente vivas a España y al teniente coronel Tejero. Un grupo de personas de avanzada edad trató de agredir al delegado del Gobierno en Asturias y otras autoridades civiles, mientras que grupos reducidos de personas profirieron gritos de ánimo y vivas al Ejército cuando vieron salir de la iglesia al gobernador militar de Asturias. Más o menos a la misma hora eran enterrados en el cementerio general de Valencia y en el de Mataró (Barcelona) Jesús Ordóñez Pérez y Alfonso López Fernández, respectivamente, y llegaban al aeropuerto de San Pablo, en Sevilla, los restos mortales de Antonio Cedillo Toscano. En el mismo avión en el que viajaba el cuerpo sin vida de Antonio Cedillo lo hacían su viuda y otros familiares. A la llegada del avión, los restos fueron transportados a la localidad de Olivares. Allí tuvo lugar el entierro de Cedillo Toscano, en torno a las ocho de la tarde, ante unas ocho mil personas tanto de Olivares como llegados de otras localidades de la comarca. Cientos de personas habían estado esperando durante horas la llegada del avión y recibieron a los familiares de Antonio con aplausos y vivas a la Policía. El pueblo de Olivares, que resolvió otorgar a Antonio Cedillo el título de hijo predilecto de la villa, amaneció ese día envuelto en banderas de España y pañuelos blancos con crespones negros en las ventanas y balcones. Los centros oficiales hicieron ondear sus banderas a media asta, colocando también crespones negros en ellas. Uno de los momentos más emotivos tuvo lugar cuando un guardia civil, paralítico a consecuencia de un atentado terrorista, le dedicó su último adiós al policía asesinado. El alcalde de Olivares abonó personalmente el importe del desplazamiento del guardia civil para que éste pudiera despedirse del difunto, poco antes de que fuera enterrado en el cementerio de San Benito, en torno a las ocho de la tarde.

Entre las reacciones políticas e institucionales que tuvieron lugar tras el terrible atentado hubo comunicados de numerosas fuerzas políticas. Prácticamente todos los partidos, salvo Herri Batasuna, condenaron la acción terrorista, calificando a los asesinos como "alimañas", "sádicos" o "siniestros". El PNV manifestó que ETAm trataba de imponer su dictadura a punta de pistola, a través de la creación de un caos preelectoral que sirviera como caldo de cultivo a sus designios totalitarios. Desde PSE-PSOE se hizo hincapié en que, en caso de llegar al poder, emplearían todas las medidas democráticas a su alcance para acabar definitivamente con el terrorismo. Alianza Popular y Euskadiko Ezkerra también se manifestaron duramente contra los asesinos. Por su parte, desde UCD de Guipúzcoa se hizo público un comunicado en el que se solidarizaban con las Fuerzas de Seguridad del Estado y añadían que "es al pueblo vasco y a las instituciones autónomas a quienes les corresponde valorar justamente el servicio prestado por las Fuerzas del Orden Público".

Entre las principales personalidades que se manifestaron al respecto destacaban los Reyes de España, que enviaron telegramas de condolencia a los familiares de los cuatro policías asesinados, así como un telegrama de pésame al general inspector de la Policía Nacional, Félix Alcalá Galiano. Por su parte, el ministro del Interior Juan José Rosón manifestó, en declaraciones a Radio Nacional, que el atentado "rebasa todo comentario; las alimañas que lo cometieron jamás podrán tener la comprensión ni, en absoluto, el perdón de la sociedad [...] los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad van a redoblar sus esfuerzos para garantizar a los vascos su seguridad, y van a hacerlo sin estridencias, sin espíritu de venganza, cumpliendo la responsabilidad que tienen contraída con España entera". Rosón explicó en su intervención que en el atentado cometido contra los cinco policías nacionales veía "el preludio de una nueva campaña de terror". Ahondando en esa idea dijo: "Estoy seguro de que hoy ETA habrá intentado ganar votos para quienes la secundan. Pero cada vasco piensa que esas papeletas van teñidas con la sangre de unos hombres que han ofrecido su vida por la tranquilidad, por la seguridad ciudadana, aquí y en el resto de España".

Javier Solana, por entonces miembro de la Ejecutiva del PSOE y segundo en las listas electorales por Madrid con dicho partido, se mostraba igual de rotundo, utilizando unas palabras que con frecuencia los políticos han proferido con demasiada ligereza: "Si el PSOE sube al poder no habrá negociación con ETA (...)". En la misma línea, Felipe González apuntaba: "tengo la esperanza de que van a mejorar los niveles de cooperación con otros países en el caso de que nosotros ganemos las elecciones pero, desde luego, lo que tengo es la firme decisión de acabar con el fenómeno del terrorismo".

Sin embargo, tales muestras de condena no tuvieron lugar únicamente entre los miembros de la clase política, sino que en otros ámbitos, como el mediático o el eclesiástico, se dieron cita manifestaciones similares. Así, el obispo de San Sebastián, Monseñor Setién emitía una nota pública bajo el título "No puedo callar", en la que decía textualmente: "Mis queridos diocesanos: ante la muerte de los cuatro policías producida ayer martes, deliberada y brutalmente, no puedo guardar silencio, tengo que deciros con un gran amor hacia todos, y con un gran dolor también que tales acciones no pueden ser justificadas de ninguna manera por las conciencias cristianas (...) La dignidad de la persona humana, la del que mata y la del que es eliminado, reprueban tales actuaciones. (...)Con humildad, pero con firmeza, tengo que deciros como obispo responsable de vuestra fe cristiana, que estos caminos no son buenos y que Dios no los aprueba (...) Os lo repito, os hablo con un gran amor por cada uno de vosotros, con un gran amor por el pueblo entero. Quien así actúa no puede merecer la confianza de salvar el destino de este pueblo. Como obispo que os quiere a todos, a los muertos y a los que matáis, por el amor de Dios y por el amor a vuestros hermanos: ¡Dejad de matar!".

En los medios de comunicación vascos también se dejaron entrever comentarios de desprecio hacia la barbarie terrorista, apareciendo duras condenas del criminal atentado. El diario Deia advertía que "en las próximas elecciones nadie puede llamarse a engaño y debe saber que votar a Herri Batasuna es como votar a ETA", mientras que desde Tribuna Vasca se señalaba que "ni en las guerras más crueles se asesina al adversario herido", en clara referencia al asesinato a sangre fría del policía Antonio Cedillo.

Durante años, las Fuerzas de Seguridad trataron de detener a Manuel Urionabarrenechea, alias Manu, como responsable principal de la ejecución del atentado que acabó con la vida de los cuatro policías nacionales. A este sanguinario asesino se le imputaban multitud de crímenes. En varias ocasiones las Fuerzas de Seguridad estuvieron a punto de atraparlo. Así, por ejemplo, en octubre de 1988, Urionabarrenechea conseguía huir en un taxi robado, junto con Juan Carlos Arruti Azpitarte, alias Paterra, y Juan Oyarbide Aramburu, alias Txiribita, tras haber sido detectado por miembros del Cuerpo Nacional de Policía en Amorebieta. Hasta en tres ocasiones logró eludir a la Policía. La última en agosto de 1989, cuando escapó de un cerco policial tendido para detener al grupo Araba de la banda terrorista. Escasamente un mes más tarde, el dieciocho de septiembre de 1989, Manuel Urionabarrenechea Betanzos, Manu, caía muerto durante un enfrentamiento con miembros de la Guardia Civil en una espectacular operación en la que resultaron detenidos veintiséis miembros de la banda terrorista ETA y en la que falleció, al igual que Urionabarrenechea, Juan Oyarbide, Txiribita. A estos dos terroristas se les imputaban dieciséis y veinticinco asesinatos, respectivamente. Manuel Urionabarrenechea había manifestado que jamás se entregaría y que se enfrentaría a tiros, tal y como hizo en varias ocasiones, hasta que tuvo lugar el momento de su muerte, no llegando a ser juzgado por el asesinato de Jesús Ordóñez Pérez, Juan Seronero Sacristán, Alfonso López Fernández y Antonio Cedillo Toscano, ni por los de las otras víctimas que se le imputaban.

El que sí sería juzgado y condenado por este atentado fue el etarra Jesús María Zabarte Arregui. Zabarte Arregui fue detenido tras un enfrentamiento con miembros de la Guardia Civil en Hernani (Guipúzcoa) el 15 de junio de 1984. Era el máximo responsable del grupo Donosti de ETA y durante los interrogatorios reconoció haber planeado asesinar al entonces ministro del Interior, José Barrionuevo, al tiempo que se responsabilizaba de la planificación o bien de la ejecución de un gran número de asesinatos, entre ellos los de los policías nacionales Antonio Cedillo Toscano, Juan Seronero Sacristán, Jesús Ordóñez Pérez y Alfonso López Fernández.

Por el atentado que costó la vida a estos últimos, la Audiencia Nacional dictó sentencia en 1985. Según ésta, Jesús María Zabarte Arregui fue condenado al cumplimiento de cuatro penas de veinte años, por asesinato cualificado con alevosía y premeditación, y a doce años más por un delito de asesinato en grado de tentativa. La Audiencia Nacional lo consideró responsable de las tareas de vigilancia que hicieron posible la ejecución del atentado.

Antonio Cedillo Toscano, natural de Olivares (Sevilla), tenía 29 años y estaba casado con María Dolores García Rodríguez, cuatro años menor que él. Tenían un hijo que, en el momento del asesinato tenía dos años. Tras su fallecimiento fue nombrado hijo predilecto de la localidad de Olivares. El 16 de abril de 1995, su viuda comentaba: "Abran los ojos, miren al cielo y si creen en algo, de una vez por todas comprendan que no se puede arrebatar de una manera tan injusta la vida de nadie. Me da vergüenza. Nunca en tantos años he pensado en la venganza, pero sí estoy esperando que se haga justicia. Y créanme señores gobernantes, que no es tan difícil. Basta con mirar los últimos asesinatos para ver que no es el camino. A la paz sólo se llega implantando Justicia".

Alfonso López Fernández, nacido en Argentina, tenía 30 años cuando fue asesinado. Estaba casado y era padre de un niño de 3 años. Había ingresado en el Cuerpo Nacional de Policía tres años antes.

 

 

Jesús Ordóñez Pérez, natural de Jaén, fue enterrado en Valencia por ser la ciudad en la que creció, habiéndose trasladado allí sus padres cuando era un niño. Tenía 25 años y estaba casado.

 

 

Juan Seronero Sacristán tenía 35 años. Nacido en Gijón, estaba casado con María Jesús Fonseca y tenía una hija. El 6 de septiembre de 2006, La Nueva España publicaba unas palabras de su viuda en las que se mostraba optimista respecto al alto el fuego que había sido recientemente decretado por ETA: "Me parece perfecto que haya una tregua porque va siendo hora de que estos señores, por llamarlos de alguna manera, dejen de matar". Según LNE, María Jesús Fonseca "quiere pasar página y olvidar cuanto antes el horror de ETA y la mejor forma de empezar para ella es sabiendo que la banda armada ha dejado la violencia para siempre".

El Ministerio del Interior, en resolución de 18 de marzo de 2005, de acuerdo con el Real Decreto 308/2005, de 18 de marzo, otorgaba a los cuatro policías asesinados, junto a otros miembros de las Fuerzas de Seguridad fallecidos en actos terroristas, ascensos con carácter honorífico y a título póstumo. Antonio Cedillo Toscano, Juan Seronero Sacristán, Jesús Ordóñez Pérez y Alfonso López Fernández eran así ascendidos al cargo de Oficial de Policía casi veintitrés años después de su asesinato. El Real Decreto según el cual se les otorgaba el ascenso "prevé que el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro del Interior, pueda conceder a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, en quienes concurran méritos excepcionales o circunstancias especiales, el ascenso a la categoría inmediata superior de la escala a la que pertenezcan. La sociedad española tiene contraída una deuda de permanente gratitud con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por su permanente labor en la garantía de los derechos fundamentales y de la seguridad pública. Esta deuda se ve especialmente acrecentada con aquellos funcionarios que han perdido su vida como consecuencia de un atentado terrorista".

El sábado 14 de septiembre de 1985, pasadas las diez y media de la mañana, la banda terrorista ETA asesinaba en Vitoria (Álava) al policía nacional FÉLIX GALLEGO SALMÓN, mediante la colocación de una bomba-lapa en los bajos de su vehículo particular. En el mismo atentado, Cándido Martín Franco, amigo de Félix Gallego, resultaba gravemente herido.

En torno a las once menos veinte de ese día, el policía Félix Gallego, agente de policía disfrutando de vacaciones, y su amigo Cándido Martín, chatarrero de profesión, se montaron en el coche de Félix, un Simca 1200 de color azul, aparcado en la calle Eulogio Serdán, en el casco viejo de Vitoria. Instantes después de subirse ambos, el vehículo hizo explosión originando graves heridas a Cándido Martín y provocando la amputación de ambas piernas, así como de un brazo, al policía nacional Félix Gallego. La explosión provocó daños en los vehículos aparcados en las cercanías y destruyó la práctica totalidad de los cristales del edificio colindante. Los restos del vehículo fueron proyectados a más de treinta metros de distancia y el brazo de Félix apareció en el jardín de una guardería cercana. Según fuentes policiales, el artefacto consistía en un sofisticado mecanismo conectado al pedal del acelerador, con una carga explosiva compuesta por unos tres kilos de goma-2. En ese mismo lugar había sido asesinado de un tiro en la nuca, el 29 de julio de ese mismo año, el subcomisario del Cuerpo Superior de Policía Agustín Ruiz de Retana, en un atentado reivindicado por ETA militar. Pocos meses después, el centro de Vitoria volvía a ser escenario del horror, con Félix Gallego agonizando y Cándido Martín, gravemente herido, aprisionado bajo el chasis del vehículo. Ambos amigos fueron trasladados con vida al Hospital de Santiago Apóstol, pero Félix Gallego falleció antes de que los médicos pudieran siquiera intervenirle. Presentaba "amputación traumática de ambas piernas a la altura de los muslos, heridas y erosiones múltiples y choque hipovolémico". Cándido fue sometido a una delicada intervención. Presentaba "heridas con pérdida de sustancia en la pierna izquierda, contusiones en la cabeza, el tórax y una muñeca, así como choque traumático, traumatismo craneal y contusión en globos oculares", siendo calificado su estado como de grave, pese a lo cual logró sobrevivir al atentado. Félix, sin embargo, elevaba a veintinueve el número de asesinados en actos de terrorismo en lo que llevaba transcurrido de año, de los que siete eran policías nacionales.

La capilla ardiente se instaló poco después del atentado en las dependencias del Gobierno Civil de Álava, por donde pasaron compañeros y amigos del fallecido. A las cinco de la tarde del día siguiente se celebró en la Iglesia de San Miguel, en Vitoria, el funeral por el alma de Félix Gallego. Pese a lo anunciado previamente, el ministro del Interior, José Barrionuevo, no pudo asistir a la ceremonia religiosa. Sí estuvieron presentes el general inspector de la Policía Nacional, Félix Alcalá Galiano; el director general del mismo cuerpo, Rafael del Río; los delegados del Gobierno en el País Vasco y Navarra, Ramón Jáuregui y Luis Roldán; el consejero del Interior del Ejecutivo autónomo vasco, Luis María Retolaza; el director general de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal; el superintendente de la Ertzaintza, Juan Carlos García Oteiza; así como numerosas autoridades civiles y militares. El acto tuvo lugar en un clima de emoción y tensa calma, en el que el sacerdote oficiante, Félix Uriarte, señaló que trataba de rendir tributo al policía nacional muerto en atentado y darle el último adiós y manifestó que "esta espiral de violencia ciega, que conduce a nuestra propia destrucción, se repite con demasiada frecuencia (...) el odio criminal ha segado la vida de un esposo y un padre. Los que efectúan acciones tan crueles qué derecho tienen para disponer de la vida de otros hombres", preguntándose asimismo "si es con tiros y con bombas como piensan construir un País Vasco próspero y libre". Finalizado el acto, el féretro, cubierto con la bandera nacional, fue introducido en un furgón y trasladado a Santoña, localidad de origen de Félix Gallego, para ser enterrado allí.

Entre las reacciones que se sucedieron tras el atentado destacaron las de los sindicatos policiales. El Sindicato Profesional de Policía Uniformada (SPPU) emitió un duro comunicado en el que, tras condenar el asesinato de Félix Gallego, consideraba que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) apoyaba indirectamente a ETA "para conseguir intereses políticos en materia de transferencias". También el Sindicato Unificado de Policía (SUP), a través de sus ejecutivas del País Vasco y Navarra, difundió un comunicado en el que solicitaba a la Ertzaintza "participación en la lucha antiterrorista", así como la creación de un órgano coordinador de información. En el comunicado el SUP advertía que una de las principales causas del descontento entre los agentes destinados en el País Vasco era la negativa por parte de los mandos a concederles traslados a otras regiones, asegurando que "siete de cada diez policías con destinos en País Vasco o Navarra han solicitado el traslado".

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Ramón Jáuregui, afirmó que "los terroristas sólo generan rechazo y hacen cada vez más difícil la recuperación y la convivencia [...] esta presión de los terroristas, que pretende alterar a base de muertes la política del Gobierno y los principios en que se inspira no logrará torcer su voluntad de acabar con el terrorismo, una plaga que sólo genera tragedias humanas y rechazo a Euskadi en todo el mundo y que está haciendo cada vez más difícil la recuperación económica y la convivencia democrática en el País Vasco". Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Txiki Benegas manifestó que "no cabe negociación política con los terroristas porque en un Estado democrático no se puede aceptar que prospere la reivindicación de un grupo armado que ha asesinado a quinientas personas". Desde el PNV, tras haber abierto la puerta al diálogo con ETA, se vieron forzados después del asesinato de Félix Gallego a matizar sus declaraciones. Fue su presidente, Jesús Insausti, quien dijo que "primero habría que saber qué entiende ETA y qué entiende HB por negociación. En todo caso, lo primero que sería preciso para dialogar sería crear un clima que no sea de crispación".

En 1990 la Audiencia Nacional condenó a cuatro etarras como responsables del atentado contra Félix Gallego y Cándido Martín. Las principales condenas recayeron sobre Juan Carlos Arruti Azpitarte, que acumulaba 30 años de reclusión mayor por el asesinato de Félix, 20 años de reclusión menor por el asesinato frustrado de Cándido y 11 años de prisión por delito de terrorismo. Otros tres terroristas, Carlos Torrecilla Parra, José Ignacio Gaztañaga Vidaurreta y Luis María Azkargorta Belategui, eran condenados a 37 años cada uno como cómplices de los delitos anteriores.

Sin embargo, en mayo de 1992 los cuatro etarras eran absueltos del delito de terrorismo por el Tribunal Supremo, para no penar dos veces el mismo delito, corrigiendo así a la Audiencia Nacional. Tras el fallo del Supremo, las condenas se veían reducidas de 61 a 50 años de cárcel en un caso, y de 37 a 31 en los otros tres restantes, por entender que tres de los condenados fueron castigados al mismo tiempo como cómplices y autores de colaboración con banda armada.

De los cuatro condenados en 1990, no todos corrieron la misma suerte. Así, Carlos Arruti Azpitarte, alias Paterra, y José Ignacio Gaztañaga Vidaurreta vieron cómo, al aplicárseles la doctrina Parot, sus respectivas excarcelaciones se veían aplazadas hasta 2019 y 2018 respectivamente. Arruti había sido juzgado y condenado por más de veinte delitos, sumando más de 400 años de condenas. La doctrina Parot también le fue aplicada a Gaztañaga Vidaurreta, detenido en 1988 y condenado a penas que sumaban 161 años. Su excarcelación, prevista para 2006, quedaba así pospuesta hasta 2018. No sucedió lo mismo con el histórico etarra Carlos Torrecilla Parra, ingresado en el centro penitenciario de Badajoz y que quedó en libertad en febrero de 2006 después de acogerse a la redención de penas que aún estaba vigente en el Código Penal. Torrecilla adelantó así en 13 años su salida a la calle, prevista el 12 de septiembre del 2019. Parra fue el último de los condenados por el antiguo Código Penal que salió de prisión sin verse afectado por la doctrina Parot. Por último el etarra Luis María Azkargorta Belategi abandonó la cárcel en 2003, tras concedérsele la libertad condicional en una decisión judicial no exenta de polémica. Tras haber cumplido catorce años de cárcel, la juez Ruth Alonso presentó el 14 de diciembre de 2003 un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en el que solicitaba abstenerse al considerar que su imparcialidad había sido "cuestionada a nivel objetivo" durante la polémica suscitada poco antes tras la excarcelación del miembro de ETA Félix Gil Ostoaga, quien posteriormente se suicidó. El TSJPV desestimó esta petición y respaldó la actuación de la juez, que decidió excarcelarlo. Los informes de la juez indicaban que la actitud de Azkargorta ante la violencia había cambiado por completo, y que su rechazo hacia ésta era ahora "claro y tajante, lo que resulta excepcional en internos de este colectivo". Según dichos informes Azkargorta Belategi mostraba un "contrastable distanciamiento" de los otros miembros de ETA recluidos en la prisión de Martutene, por lo que concluía que "su pronóstico de vida atenida a la legalidad penal es positivo".

El 1 de julio de 2007 daba comienzo un juicio en el que el sanguinario exdirigente de ETA, José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri, se enfrentaba a una solicitud por parte de la Fiscalía de 61 años de cárcel por este atentado. En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal Vicente González-Mota indicaba que Arizcuren, quien en 1985 utilizaba el alias de Navarro, "se dirigió el 14 de septiembre al domicilio en Vitoria del ya condenado por estos hechos Carlos Torrecilla Parra, donde preparó un artefacto explosivo confeccionado con 3 kilos de dinamita Goma 2 en un recipiente metálico de iniciación eléctrica, que colocaron en los bajos del vehículo de su víctima. Sobre las diez y media de esa mañana, el policía se introdujo en el vehículo en compañía de Cándido Martín Franco con intención de trasladarse a otra localidad y, tras iniciar una maniobra, el mecanismo de la bomba se accionó ocasionando la muerte al agente Gallego y heridas muy graves a su acompañante, además de cuantiosos daños materiales". El fiscal consideraba estos hechos constitutivos de los siguientes delitos: atentado con resultado de muerte, asesinato en grado de frustración y terrorismo con resultado de daños, solicitando para él una pena de 61 años de cárcel. Además, la Fiscalía pedía en su escrito que el acusado indemnizara económicamente a los herederos de Félix Gallego y a Cándido Martín.

Además de los ya condenados por este atentado, la Policía considera que hay otros terroristas responsables que aún no han podido ser juzgados por este crimen. Es el caso por ejemplo de Soledad Iparraguirre, alias Anboto, una histórica de la banda terrorista, acusada de casi una quincena de asesinatos, detenida cerca de Pau (Francia) el 3 de octubre de 2004 junto a su compañero sentimental y cerebro de la banda Mikel Antza. Soledad Iparraguirre estaba considerada por las Fuerzas de Seguridad como uno de los componentes del Comité Ejecutivo de la banda terrorista ETA junto con Iñaki de Rentería, Mikel Albizu Iriarte, alias Mikel Antza, Asier Oyarzabal y José Luis Arrieta, alias Azkoiti. En diciembre de 2010 fue condenada por el Tribunal de lo Criminal de París a veinte años de prisión, de los que deberá cumplir al menos dos tercios.

Félix Gallego Salmón había nacido el 13 de abril de 1949 en Santoña (Cantabria), por lo que en el momento de su muerte tenía 36 años. Estaba casado y era padre de cuatro hijos, de los que el menor tenía solamente nueve meses y los otros tres tenían, respectivamente 8, 4 y 3 años. Pertenecía a la 66ª bandera de la cuarta compañía de la Policía Nacional, con destino en Vitoria, y llevaba diez años viviendo en esta ciudad.

De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedía la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía también el ascenso, con carácter honorífico y a título póstumo, al puesto de Oficial de Policía.

A la una y cuarto de la madrugada del lunes 14 de septiembre de 1992, un miembro de la banda terrorista ETA asesinaba en San Sebastián (Guipúzcoa) al policía nacional RICARDO GONZÁLEZ COLINO, disparándole a bocajarro un tiro en la cabeza.

Ricardo, que estaba fuera de servicio y vestía de paisano, se encontraba a punto de comenzar una partida de cartas, en el Bar 19 de la calle Eguía de San Sebastián, del que era asiduo cliente. Junto a él, sentados a la mesa, estaban el dueño del bar y un amigo, cuando entró un encapuchado vestido con un chubasquero azul y, sin mediar palabra, le descerrajó un tiro en la nuca y escapó a pie, aprovechando la confusión de los compañeros de partida del agente asesinado. Ricardo falleció prácticamente en el acto, quedando la bala alojada en su cabeza. En la escena del crimen se recogió un casquillo del calibre 9 milímetros parabellum.

El asesinato ocurría apenas unas horas antes de la reunión de la Mesa del Pacto de Ajuria Enea, convocada para ese mismo día en Vitoria por el lehendakari, José Antonio Ardanza. El atentado contra Ricardo se produjo a escasos doscientos metros de distancia del Bar El Puente, en el que en octubre de 1991 ETA había asesinado a dos guardias civiles. Pruebas de balística demostraron que el arma empleada para asesinar a Ricardo, se había utilizado anteriormente –el 17 de agosto de 1992- en el asesinato de otros dos guardias civiles, José Manuel Fernández y Juan Manuel Martínez, en el aparcamiento del hipermercado Mamut de Oyarzun. Esa misma arma fue utilizada, después del asesinato de Ricardo González, en varias ocasiones: el 19 de enero de 1993, en el atentado mortal contra el empresario guipuzcoano José Antonio Santamaría y el 21 de enero de 1993, en el asesinato del funcionario de prisiones José Ramón Domínguez. Según informaron fuentes policiales tras el asesinato de Ricardo, en el atentado contra los guardias civiles en agosto de 1992 el modus operandi del asesino había sido ligeramente distinto, puesto que en esa ocasión iba a cara descubierta y el arma utilizada no había sido empleada en otros atentados hasta ese momento.

La Policía barajó la posibilidad de que el grupo responsable de dichos atentados contara con informadores en la zona. Tales informadores habrían sido los responsables de señalar las rutinas y los horarios de Ricardo González, quien solía mantener costumbres relativamente fijas.

La capilla ardiente por el policía asesinado quedó instalada en el Gobierno Civil de San Sebastián, adonde acudieron los padres del fallecido, que se desplazaron desde Zamora. El funeral se celebró el mismo día 14 en la Iglesia de la Sagrada Familia de San Sebastián. El director general de la Policía, Carlos Conde Duque, y el consejero de Interior, Juan María Atutxa, fueron los encargados de presidirlo en un ambiente de tenso dolor. Al acto asistieron también el delegado del Gobierno, José Antonio Aguiriano; los tres gobernadores civiles de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, José María Gurruchaga, Daniel Vega y César Milano; representantes del PSE-PSOE y del PP; el alcalde de San Sebastián, Odón Elorza; así como otras autoridades civiles y militares, acompañando a los familiares y amigos de Ricardo González.

Los restos mortales de la víctima fueron trasladados a su localidad natal, Cerezal de Sanabria, en Zamora. Allí tuvo lugar otra misa funeral al día siguiente, teniendo que celebrarse en la plaza de la localidad, dado que las reducidas dimensiones de la iglesia no permitían albergar a todos los vecinos y familiares que fueron a rendirle su último adiós. Tras la despedida se procedió a dar sepultura al cuerpo sin vida de Ricardo González. En el entierro y según publicó La Vanguardia, un hermano del policía nacional asesinado trató de agredir a algunas de las autoridades presentes. El incidente se produjo a la salida del cementerio, cuando varios de los familiares y amigos de la víctima tuvieron que sujetar al hermano, que intentó agredir a algunas de las personalidades presentes, entre las que se encontraban el delegado del Gobierno en Castilla León, Arsenio Lope Huerta; el consejero de Presidencia del Gobierno regional, César Huidobro y el Gobernador civil de Zamora, Ángel Gavilán. A la salida del templo, los asistentes despidieron con una ovación el féretro de Ricardo González Colino.

Los sindicatos policiales emitieron durísimas condenas del atentado cometido contra su compañero. La Unión Federal de Policía (UFP), lamentó que "haya declaraciones de políticos hechas tan a la ligera, sin sopesar los posibles resultados, como presumiblemente, en este caso, en que ETA demuestra su capacidad operativa poniendo cadáveres sobre la mesa". Estas palabras hacían referencia a las que, apenas dos días antes, había pronunciado el entonces presidente de la Ejecutiva del Partido Nacionalista Vasco, Xabier Arzalluz, quien había afirmado que ETA "se ha ido", aunque "podrán hacer cosas, pero ya no tiene proyecto, sus esquemas ideológicos han caído completamente y su capacidad operativa también y aunque puedan poner coches-bomba, esto ya no tiene una perspectiva de futuro y eso está claro". Arzalluz había efectuado tales declaraciones en un contexto particularmente delicado, dado que su partido mantenía negociaciones con Herri Batasuna y pretendía que el resto de formaciones políticas también tendieran puentes al brazo político de los asesinos. Por este motivo, en el comunicado fechado el mismo día del atentado, la UFP solicitaba abiertamente la cadena perpetua para los terroristas y, parafraseando a Arzalluz, aseguraba que con el asesinato de Ricardo ETA pretendía demostrar que "no se ha ido". El sindicato afirmaba además que "está claro que estos cobardes no hacen otra cosa mejor para el pueblo vasco que sembrar esta tierra de muertos". Por su parte, la Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU), pedía a los políticos firmantes del Pacto de Ajuria Enea "que piensen en las próximas víctimas de las ratas asesinas, piensen en ellos y en sus familias, y llegarán a la siguiente conclusión: en las cárceles encerrados a cadena perpetua no cometerán atentados (...) los partidos políticos dedican muchas horas a los del tiro en la nuca, discutiendo reinserciones sí o no, negociaciones sí o no, diálogo sí o no. Mientras tanto, servidores de la sociedad caen abatidos". Es imposible no estar de acuerdo con estos comunicados policiales contra la clase política en general, y los nacionalistas en particular.

Pero los sindicatos policiales no fueron los únicos que contestaron duramente a Arzalluz en relación con las palabras que había pronunciado poco antes del atentado. Así, el diario ABC dedicaba su portada del día 15 al político nacionalista, cuya foto ocupaba la mitad de la misma. La otra mitad le correspondía a la foto del féretro del policía asesinado, portado por sus compañeros. En el texto de portada que acompañaba a sendas imágenes, ABC titulaba: "Con la sangre de un policía español, ETA respondió a Arzalluz", y bajo éste, refiriéndose a la frase polémica del dirigente ("la violencia se ha acabado; ETA se ha ido"), decía: "Con esa frase el singular dirigente peneuvista pensaba plantear de nuevo la negociación directa o indirecta con la banda etarra sin otro resultado real que robustecerla y con un grave deterioro para la dignidad nacional".

El obispo de San Sebastián, José María Setién, en un comunicado destinado a ser leído en el funeral, calificó el asesinato como un "atentado brutal", lamentando que "las reiteradas llamadas y condenas hechas en contra de estas acciones criminales siguen siendo inútiles" y que "el derecho a la vida haya sido brutalmente aniquilado una vez más".

El vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, manifestó desde Barcelona que el Ejecutivo no podía ceder ante el chantaje etarra, y que la muerte del policía nacional "hecha de forma cruel con un tiro en la nuca a una persona que estaba en descanso, me reafirma en que estamos en buen camino en la lucha contra el terrorismo". Serra señaló que el fin del terrorismo tendría que llegar, fundamentalmente, desde tres líneas de actuación diferentes: "La primera es la de un frente de consenso democrático, aislando a los que defienden la violencia, con lo que el Pacto de Ajuria Enea es un arma muy eficaz; la segunda es el frente policial y la tercera es la compenetración con terceros países para localizar a los terroristas", destacando "el importante papel que está jugando Francia en estos últimos meses".

El mismo día del atentado, tal y como estaba previsto, se reunieron los partidos firmantes del Pacto de Ajuria Enea, con la ausencia de Eusko Alkartasuna y Euskal Ezkerra. Tras ocho horas de reunión se acordó por unanimidad considerar "contraproducente" cualquier gesto de acercamiento a Herri Batasuna. Del mismo modo, los presentes manifestaron su voluntad de que "cualquier iniciativa particular de diálogo que un partido considere, en un momento dado, conveniente para alcanzar el fin que todos perseguimos, antes de ser puesta en práctica y sin merma de la autonomía de cada partido, deberá ser comunicada y debatida en la Mesa en orden a conseguir un mayor consenso". Esas palabras iban claramente dirigidas al Partido Nacionalista Vasco y, la prueba más clara del escaso valor que pudiera tener el pacto se vio reflejada en la contestación inmediata de Xabier Arzalluz. El líder nacionalista aclaró que su partido no renunciaba "a su libertad de diálogo", aclarando que "en las circunstancias" de ese momento concreto no iban a retomar las negociaciones con HB. Precisamente desde Herri Batasuna, Florencio Aoiz y Juan Cruz Idígoras aseguraron que la reunión era "un nuevo intento de cerrar la vía del diálogo". Eusko Alkartasuna, una de las dos formaciones que se abstuvieron de asistir a la Mesa, señaló que daba "la bienvenida a lo que se acuerde en la Mesa de Ajuria Enea, siempre que sea conforme a sus objetivos originales", pero recalcaba que el comunicado era "ambiguo y se ha realizado para salir del paso y evitar el desmarque, pero no resuelve las discrepancias reales existentes en los partidos que lo han suscrito". El presidente de la formación, Carlos Garaikoetxea, afirmó que su partido no se fiaba "de unos partidos que ya han defraudado anteriormente con sus actitudes partidistas a la sociedad". Euskal Ezkerra, la otra formación que no participó en la reunión del Pacto de Ajuria Enea, exigió a ETA "que silenciara las armas" para que el País Vasco no se convirtiese "en un pequeño Sarajevo".

Ricardo González Colino, de 38 años, estaba soltero y era natural de Cerezal de Sanabria (Zamora). Llevaba destinado en San Sebastián once años y en el momento de su muerte desempeñaba labores de radio patrulla en las unidades de seguridad ciudadana de esta ciudad, en la que estaba muy arraigado. Como a otros miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado caídos en actos terroristas, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía el ascenso, con carácter honorífico y a título póstumo, al puesto de Oficial de Policía.

La primera masacre de ETA: la cafetería Rolando; Modesto Carriegas y José Mª Urquizu

13 de Septiembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El 13 de septiembre de 1974 la banda terrorista ETA provocaba su primera masacre haciendo explotar una bomba en la cafetería Rolando de la calle del Correo, muy cerca de la Puerta del Sol en Madrid. La cafetería era frecuentada por policías de la Dirección General de Seguridad y por ello se convirtió en objetivo de la banda asesina.

La bomba, compuesta por unos treinta kilos de dinamita, además de tuercas de unos dos centímetros que actuaron como metralla, fue colocada en los aseos del establecimiento. La explosión, que se produjo en torno a las 14:30 horas, fue brutal: el techo de la cafetería se derrumbó, sepultando materialmente a los clientes y los empleados de la misma, provocando la muerte casi en el acto de once personas, de dos más posteriormente, y heridas de diferente consideración a otras sesenta personas. La metralla causó gran cantidad de víctimas y muchas de ellas quedaron atrozmente mutiladas. La onda expansiva afectó también al autoservicio Tobobán, en la calle Mayor, donde estaban unas treinta personas, muchas de las cuales resultaron heridas. La potencia de la explosión fue tal que varias víctimas aparecieron totalmente desnudas y uno de los cuerpos fue lanzado contra la DGS.

Once de los heridos eran miembros de la Policía, y uno de ellos, el inspector Félix Ayuso Pinel, sobrevivió casi dos años y medio al atentado, falleciendo el 11 de enero de 1977. Se convertía así en la víctima número trece de la masacre y en el único policía muerto en el atentado. A uno de los policías, el inspector José Ángel Adquisiano Bardón, tuvieron que amputarle una pierna. También falleció días más tarde, el 29 de septiembre, Gerardo García Pérez, camarero de la cafetería.

Las otras once personas asesinadas eran civiles, clientes y empleados de la cafetería. Hasta el atentado de Hipercor en 1987, la masacre de la cafetería Rolando ostentaba el triste récord de ser el atentado con más víctimas mortales de la banda asesina. Las personas fallecidas el mismo día 13 de septiembre fueron: ANTONIO ALONSO PALACÍN, y su mujer MARÍA JESÚS ARCOS TIRADO; FRANCISCA BAEZA ALARCÓN; BALDOMERO BARRAL FERNÁNDEZ y su mujer, MARÍA JOSEFINA PÉREZ MARTÍNEZ; ANTONIO LOBO AGUADO; dos de los tres empleados de la cafetería que fallecerían en el atentado: FRANCISCO GÓMEZ VAQUERO y MANUEL LLANOS GANCEDO; LUIS MARTÍNEZ MARÍN; CONCEPCIÓN PÉREZ PAÍNO y la estudiante MARÍA ÁNGELES REY MARTÍNEZ.

La masacre de la cafetería Rolando provocó un terremoto en el seno de ETA, que nunca reivindicó el atentado, quizás porque lo que se pretendía, matar policías, no se había conseguido. Los duros, partidarios de la violencia indiscriminada, continuaron como ETA militar-V Asamblea. Los que estaban en contra de la violencia indiscriminada, pero seguían apoyando la violencia selectiva, se agruparon en ETA político-militar. En 1982, ETA pm VII Asamblea anunció su disolución, integrándose sus miembros en Euskadiko Ezkerra.

El atentado fue planeado por ETA casi un año antes, cuando un grupo de asesinos de la banda vinieron a Madrid para, de la mano de Genoveva (Eva) Forest, mujer del dramaturgo proetarra Alfonso Sastre, realizar los preparativos del asesinato del almirante Carrero Blanco. Se fijaron en la cafetería Rolando porque era frecuentada por policías, debido a la cercanía de la DGS. Recopilaron toda la información y el 13 de septiembre de 1974 dos etarras, un hombre y una mujer, colocaron la bomba en los aseos.

Los dos asesinos llegaron directamente de Francia y contaron en todo momento con la ayuda de Eva Forest, alias Vitia y Tupamara. No sólo los llevó hasta la cafetería sino que los alojó posteriormente en uno de los pisos de seguridad que tenía en Alcorcón. Los etarras, tras estar unos días escondidos, regresaron a Francia.

Pensando en el coste de imagen que una masacre de civiles podía tener para la banda, ETA reaccionó negando su responsabilidad y culpando, en un comunicado difundido el 29 de octubre, a "núcleos ultrafascistas estrechamente ligados a determinados medios policiales y políticos del Estado español". Pero era ya demasiado tarde pues, para entonces, había un gran número de detenidos. El 23 de septiembre se culminó una gran operación policial, con ocho detenidos y el descubrimiento de cinco pisos francos que Forest tenía en Madrid.

La pieza clave de todo el entramado era Genoveva Forest, militante del PCE desde 1962. Ese mismo día se informó también de que la Policía de Bilbao sospechaba que el etarra José Manuel Galarraga Mendizábal podría haber sido el que ayudó a construir los "refugios" en Madrid. Además, su presencia, y la de otros miembros de la banda, había sido detectada en la capital días antes del atentado.

Muchos de los detenidos eran del Partido Comunista en ese momento, y otros habían pertenecido al PCE pero ya se habían desligado del mismo. Era el caso de Genoveva Forest, que en el momento de la masacre ya no pertenecía al PCE. La Policía detuvo a gente de la televisión y del teatro, a un piloto de Iberia, a un albañil llamado Antonio Durán Velasco (miembro de Comisiones Obreras y del PC, que era buscado por el TOP desde 1971), a la abogada Lidia Falcón (varias veces detenida por sus actividades comunistas) y a su entonces compañero, Eliseo Bayo (con antecedentes de detención por actividades comunistas)... y a muchos otros más, pues el círculo de detenciones se fue ampliando, e incluso la posibilidad de detención planeó sobre personas tan conocidas, y tan ajenas a todo ello, como Adolfo Marsillach o Concha Velasco. El vínculo era siempre el mismo: bastaba haber tenido cualquier relación con Eva para que tu situación se volviese comprometida.

Sea como fuere, la brutalidad del atentado y el hecho de que muchos detenidos fuesen del PC, desató una reacción anticomunista en la sociedad. Por ese motivo Santiago Carrillo dio "órdenes de que se borrara hasta el más pequeño rastro de que el Partido tuviera nada que ver" con el atentado (José Ramón Gómez Fouz, Clandestinos, Biblioteca Asturianista, 1999).

Lo cierto es que muchos de los más de treinta detenidos eran comunistas y antifranquistas pero no tenían ninguna relación con ETA. O al menos eso creían ellos, porque "el caso es que la tenían [la relación con ETA] pero no se habían dado cuenta", señala la periodista Anna Grau (De cómo la CIA eliminó a Carrero Blanco y nos metió en Irak, Destino, 2011, pág. 82).

El hecho es que Forest y su marido, Alfonso Sastre, tenían una serie de pisos francos en Madrid (ellos los llamaban "jaulas"), y toda la infraestructura de ETA V-Asamblea en la capital se apoyaba en ellos dos, que muchas veces utilizaban a miembros del PCE para otros fines. Por eso muchos detenidos en esos días no eran conscientes, o eso dijeron y dicen, de que su relación con Forest les vinculaba directamente con ETA. Así lo cuenta Lidia Falcón en el libro citado de Anna Grau: "Eliseo y yo nos habíamos comprado un piso en Madrid, en la calle Onésimo Redondo, y Eva Forest tuvo las llaves de ese piso durante un año entero. Nos convenció de que un amigo suyo albañil nos iba a hacer un armario secreto para esconder documentos, papeles, octavillas, etc. Lo que nosotros no sabíamos era que Eva estaba llenando Madrid de armarios secretos de ese tipo y que todos los que teníamos uno seríamos detenidos en relación con el atentado de la calle Correo. Porque ella misma nos delató".

Y continúa Anna Grau el relato con la reconstrucción de los hechos que hace Lidia Falcón: "Eva Forest recogió personalmente en la estación a los dos chicos (sic) –una pareja- de ETA que venían con la carga explosiva desde Francia. Los llevó al refugio que tenía en Alcorcón, donde ya se habían ocultado los etarras que mataron a Carrero Blanco, y a la mañana siguiente les llevó a ver el panorama para explicarles cómo tenía que hacerse el atentado, que había sido idea de ella. Lo llamaban la Operación Caperucita porque, al ser imposible poner una bomba en la Dirección General, pues se le ocurrió ponerla en la cafetería de la acera de enfrente. (...) Ella hasta les acompañó a poner la bomba, y luego se largaron todos en aquel seiscientos hecho polvo que Eva tenía, con el que había paseado a Argala por todo Madrid y los paseaba a todos...".

Uno de esos "chicos" de ETA de los que habla Lidia Falcón era María Lourdes Cristóbal Elorza, alias Pompadour, autora material del atentado. Hija de exiliados en Francia desde 1936, residía en Bayona, aunque hacía tiempo que no se había detectado su presencia en la ciudad francesa. Había prestado colaboración a ETA V-Asamblea en manifestaciones y diversos actos de protesta, como la huelga de hambre en la catedral de Bayona. Al parecer, la asesina se arrepintió al ver las consecuencias de la barbaridad en la que había participado. Arrepentimiento que, para los asesinados y sus familias, llegó evidentemente tarde.

Igual que hizo tras el asesinato de Carrero Blanco, Genoveva Forest se fue a Francia tras la masacre para contar a la cúpula de la banda de asesinos su "hazaña" en la cafetería Rolando. Pero, a diferencia de lo que ocurrió en diciembre de 1973, cuando pudo comprobar la satisfacción de ETA por el asesinato del almirante, esta vez no ocurrió lo mismo, y tuvo que sufrir todo tipo de reproches por la barbaridad que acababan de cometer. "Así se explica –dice Lidia Falcón- cómo pasó Eva de presumir ante mí de que el atentado de la calle Correo era el acto revolucionario más importante que había acaecido en España desde la guerra civil, a negar que ella tuviera nada que ver" (Anna Grau, ob. cit. pág. 83). De ahí los intentos de desviar la atención hacia grupos de la ultraderecha, pero "por desgracia, subraya Falcón, era difícil suscribir esta tesis desde dentro [del PC], y más sabiendo que algunas detenciones podrían ser irracionales, pero no eran aleatorias" (Anna Grau, ob. cit. pág. 84).

Forest, ideóloga y participante activa en la masacre, no sólo delató a personas que no habían tenido nada que ver con el atentado, sino que fue consiguiendo un trato de favor a medida que iba delatando a sus amigos y conocidos. Así, al menos, lo afirma Lidia Falcón en el testimonio prestado a Anna Grau, asegurando "haber percibido indicios de un progresivo y desconcertante trato de favor" hacia Eva por parte de la Policía.

Lidia Falcón describe a Eva Forest como "un personaje desequilibrado, una especie de bipolar de la subversión, alguien que oscila entre la megalomanía y el pánico a las consecuencias de sus acciones" (Anna Grau, ob. cit. pág. 86). En parecidos términos la describe José María Calleja en Contra la barbarie. Un alegato a favor de las víctimas de ETA (Temas de Hoy, 1997), cuando cuenta por qué se descartó el atentado en la Dirección General de Seguridad y se optó por la cafetería Rolando: "Como esta operación [la bomba en la DGS] resultaba descabellada incluso para mentes tan calenturientas e iluminadas como la de Eva Forest, se rebajaron los planteamientos y se decidió, como casi siempre en la historia de ETA, algo más cobarde, con coste prácticamente nulo para los que colocaron la bomba y elevadísimo riesgo para sus destinatarios y para otras personas que lógicamente iban a estar en el lugar de los hechos por tratarse de una cafetería muy concurrida".

La masacre de la cafetería Rolando quedó impune. Aunque muchos detenidos pasaron meses y años en prisión, nunca llegaron a ser juzgados, porque antes llegó la amnistía de 1977. Eva Forest "consiguió evitar no sólo la pena capital sino incluso el ir a juicio. Pasó tres años en la cárcel pero salió inmaculada (...). El misterio más profundo de todos quizá sea este: ¿cómo consigue Eva Forest salir tan bien librada, no ya del atentado de la calle Correo, sino del atentado contra Carrero?" (Anna Grau, ob. cit. pág. 86). Eva Forest falleció en 2007 a los 79 años en Fuenterrabía, de muerte natural, no sin antes haber dedicado parte de su vida a defender los derechos humanos vulnerados... en Europa, llegando incluso a pedir asilo en la Cuba de Castro en el año 2005. Siguió vinculada con el entorno proetarra, igual que su marido, Alfonso Sastre.

Antonio Alonso Palacín era natural de Alhama de Aragón y trabajaba en la fábrica de motores Abril, donde era mecánico. Seis días antes del atentado se había casado en Calatayud con María Jesús Arcos Tirado, de 28 años, natural de esa localidad zaragozana, y también asesinada en la cafetería Rolando. María Jesús trabajaba como telefonista en Alhama de Aragón. A las cinco de la tarde del domingo 15 de septiembre recibieron sepultura los restos mortales de Antonio y María Jesús en la localidad de Contamina (Zaragoza). Los féretros llegaron esa misma mañana al pueblo en dos ambulancias. La iglesia parroquial de Contamina se vio desbordada por todos los vecinos que quisieron acompañar a los familiares de los recién casados, en un ambiente de enorme indignación y dolor.

Francisca Baeza Alarcón, tenía 45 años y estaba soltera. Desde quince años antes de ser asesinada, Francisca era profesora de Educación General Básica en Valdepeñas (Ciudad Real), donde fue enterrada. En el momento de su asesinato era maestra del grupo escolar Jesús Castillo de Valdepeñas. Francisca era hija única y vivía con sus padres, maestros jubilados. Ese 13 de septiembre fue a Madrid a hacer unas compras y, como otras veces, acudió con su prima Maribel González a la cafetería Rolando. Su prima fue una de las heridas en el atentado, y fue ella quien identificó el cadáver de Francisca.

El matrimonio formado por Baldomero Barral Fernández, de 24 años, y María Josefina Pérez Martínez, de 21, fue también asesinado por ETA en la cafetería Rolando. Baldomero y María Josefina eran naturales de La Coruña. Ambos estaban de paso en Madrid ese 13 de septiembre y entraron en la cafetería a comer. Tenían dos hijos, el mayor de 3 años. La identificación de los cadáveres de Baldomero y María Josefina fue muy dificultosa, y no se logró fehacientemente hasta el 16 de septiembre. Baldomero Barral había sido boxeador y logró conquistar los títulos de Galicia de peso pluma y ligero como profesional, campo en el que debutó en el año 1967 y se retiró en 1971. Anteriormente, y por espacio de cuatro años, había boxeado como amateur, según informó ABC en su edición de 17 de septiembre de 1974.

Antonio Lobo Aguado, de 55 años, estaba casado y tenía dos hijos. Era natural de Villanueva del Río, localidad sevillana donde fue enterrado el 16 de septiembre. El funeral de cuerpo presente fue oficiado en la iglesia parroquial de San Fernando. Al mismo asistieron la viuda y sus dos hijos, además de Alberto Leiva Rey, jefe provincial del Movimiento, el presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, el alcalde de Villanueva y los miembros de la corporación municipal, además de otras autoridades provinciales y locales. Ferroviario de profesión, Antonio había sido trasladado a Madrid poco tiempo antes del atentado, destinado en el Departamento de Información de Renfe de la estación de Madrid-Delicias. El 13 de septiembre se encontraba casualmente en la cafetería Rolando y fue de las primeras víctimas en ser identificadas, tras ingresar cadáver en la Ciudad Sanitaria de Madrid.

Francisco Gómez Vaquero, cocinero en la cafetería Rolando, tenía 31 años. Estaba casado con Blanca Condado Aguilar y tenían dos hijas de 4 y 2 años. Francisco fue rescatado aún con vida entre los escombros, pero falleció posteriormente en el Hospital Clínico al que había sido trasladado. Blanca Condado, su viuda, tenía tan solo 29 años. Tardó años en recibir una pensión, por lo que tuvo que ponerse a trabajar como asistenta para sacar adelante a sus dos hijas (José María Calleja, Contra la barbarie. Un alegato a favor de las víctimas de ETA, Temas de Hoy, 1997). Más de quince años después del asesinato de su marido, Blanca percibía una ridícula pensión del Estado, que ascendía a 39.654 pesetas, apenas 240 euros de hoy. "En todos esos años, la Administración española no ha podido ser más generosa con esta mujer que a los veintinueve años quedó viuda con dos criaturas a las que alimentar, víctima de una barbarie que los sucesivos Gobiernos españoles aún no han sabido atajar" se quejaba en una tribuna de ABC la entonces presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ana María Vidal-Abarca (24/02/1990), viuda del comandante de caballería Jesús Velasco Zuazola. "El calvario que en estos años ha pasado Blanca Condado sólo ella lo sabe. Después de padecer más de tres lustros de viudedad, de los que nada en el mundo podría compensarla, tiene además que soportar una penuria económica que le impide dar una formación y unos estudios a sus hijos (...). Cuando el marido de Blanca fue asesinado no existían indemnizaciones para los familiares de civiles muertos en actos terroristas y también se vio privada de esa ayuda económica. Una indemnización que hoy sí perciben ya las viudas de civiles que lo son por la brutalidad incalificable de los asesinos terroristas. La ley que regulaba estos supuestos no fue, desgraciadamente para ella y para otras muchas viudas, retrospectiva. Es cierto que Blanca recibe la pensión que marca la Ley. Pero esa Ley es clamorosamente injusta. A ella se lo dicen las lágrimas que muy a menudo llenan sus ojos al contemplar a sus hijas, ante la impotencia en que se encuentra para darles una vida más digna. A los demás nos lo dicta, o al menos así debería ser, el sentido común" (ABC, 24/02/1990).

Manuel Llanos Gancedo tenía 26 años. Trabajaba como camarero en la cafetería Rolando cuando la banda terrorista ETA hizo explotar una bomba en los aseos. Manuel llegó con vida sobre las 15:30 horas al Hospital de la Cruz Roja, pero murió antes de que se le pudiera intervenir quirúrgicamente. Fue la primera víctima asturiana asesinada por la banda terrorista ETA. Era natural de la localidad de Villar de Vildas (Somiedo), aunque con seis años se trasladó con su familia a Villablino (León), donde su padre trabajó como minero. Muy pronto empezó a trabajar como aprendiz de camarero, pues el sueldo de su padre no llegaba para los cinco miembros de la familia. Su primer trabajo fue en el casino de Villablino. Cuando los arrendatarios del local se trasladaron a Madrid y abrieron una cafetería, Manuel se fue con ellos. Cuatro o cinco años después los dueños de la cafetería Rolando le ofrecieron empleo como encargado. "Él en Madrid se encontraba muy a gusto y, por lo que me decía cuando hablábamos, allí era feliz. Era, además, un auténtico apasionado del fútbol y un gran seguidor merengue. Era un tío muy elegante y siempre que podía se iba a ver los entrenamientos", contó su hermano Antonio (Iñaki Arteta y Alfonso Galletero, Olvidados, Adhara, 2006). La muerte de Manuel fue un golpe tremendo para la familia, como también contaba Antonio en Olvidados: "Para mi padre y mi madre fue un disgusto tremendo. Mi madre, en concreto, desde aquello no fue nunca más la misma. (...) En tu cabeza sigue golpeándote la misma pregunta: ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? Si él no se metió con nadie, ni cometió ninguna cosa. ¿Por qué te lo quitan así? (...) Eso es lo que ocurre cuando matan a alguien. Matan al que matan, pero a los demás, a los que le queremos, también nos matan un poco".

Luis Martínez Marín, agente comercial jubilado de 78 años, había nacido en Valladolid, aunque residía en Madrid desde años antes de ser asesinado en la cafetería Rolando. Fue enterrado en el cementerio de La Almudena de Madrid.

 

 

 

Concepción Pérez Paino tenía 65 años. Trabajaba como administrativa en la sede de la Dirección General de Seguridad, situada en la Puerta del Sol. Sus compañeros de trabajo sabían que solía acudir a esa cafetería a tomar café, por lo que fue una de las primeras víctimas en ser identificada. Concepción fue enterrada al día siguiente en el cementerio de La Almudena de Madrid.

 

 

María Ángeles Rey Martínez era una estudiante de 20 años, nacida en Burgos, que había empezado a trabajar en el verano de 1974 haciendo prácticas como administrativa en un taller de electricidad. Había suspendido una asignatura, por lo que fue a Madrid para presentarse a los exámenes de septiembre. El 13 de septiembre fue con unas amigas a comer a la cafetería Rolando, cuando explotó la bomba colocada por la banda asesina ETA. Así rememoraba Francisco Rey cómo se enteró del asesinato de su hija: "Yo salí de trabajar aquel día y me fui a casa sobre la hora del telediario (...) Estaba sentado y dieron la noticia. ‘Mecachis’, me dije, ‘a ver si me ha tocado la china’. No hago más que pensar esto cuando llaman a la puerta y se presenta la Policía en casa. Era la policía de Burgos que había venido hasta el pueblo donde vivíamos, y me dicen: ‘¿Francisco Rey?’ ‘Sí’, les digo. ‘Venga con nosotros a comisaría que ha tenido un percance su hija en Madrid’. No me dijeron nada más, ni en qué estado estaba, ni si había muerto o no (...) Tiempo después y a través de sus compañeras pude saber cómo había ocurrido todo. Ellas entraron a comer a la cafetería Rolando. Se aproximaron al mostrador y entonces, -no sé la gente que habría, si estaba a tope o no-, se repartieron las funciones. Mientras unas fueron a la barra a pedir la comida o el aperitivo, mi hija se separó del resto, supongo que unos metros, para coger mesa. Y fue en ese momento cuando explotó la bomba. (...) Mi hija cayó en el acto y a las amigas no les pasó nada, unos arañazos y poco más. (...) Aquellas Navidades fueron muy tristes, muy tristes. Veías a la gente contenta, en la calle, haciendo compras, llena de alegría y tú con tu tristeza y tu pena. Era muy triste para toda la familia. Mi hijo pequeño, que tenía siete años cuando murió su hermana, parece que se dio menos cuenta, pero las otras dos hijas, que tenían dieciséis y catorce, sí que lo sintieron mucho. Mª Ángeles era su hermana mayor y estaban muy unidas a ella. Les costó mucho superarlo" (Iñaki Arteta y Alfonso Galletero, Olvidados, Adhara, 2006).

 

El 13 de septiembre de 1979 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Baracaldo (Vizcaya) a MODESTO CARRIEGAS PÉREZ, director de la sucursal del Banco Hispano Americano en la localidad y candidato de Unión Foral, formación política que estaba federada a Alianza Popular.

El atentado se produjo en el portal de su domicilio en Baracaldo. Según la reconstrucción de los hechos, ya que no hubo testigos directos, Modesto Carriegas había salido de casa hacia las ocho, como hacía cada mañana, para dirigirse al Banco. Bajó por la escalera hacia el portal y, al llegar al pie de la misma, junto al ascensor, dos jóvenes encapuchados, que le esperaban escondidos en una escalera que conduce al sótano, situada a la izquierda del ascensor, le interceptaron el paso y le dispararon, a muy escasa distancia, cuatro tiros de pistola, dos de ellos en la cabeza y el estómago. Únicamente los vecinos y la propia familia pudieron escuchar con nitidez las cuatro detonaciones. Los empleados del Banco Pastor, cuyas oficinas se encontraban situadas puerta con puerta con el domicilio de la víctima, confirmaron el número de disparos. Fueron los primeros en acudir en auxilio de Modesto, que aparecía casi tumbado en el suelo, con una de las manos sobre el estómago. En ese momento bajaba precipitadamente las escaleras la propia esposa de la víctima, que, al escuchar los disparos, se imaginó inmediatamente lo que había ocurrido. Así lo recordaba su hijo Rafael:

"Mi padre se levantaba a las 7:30, se afeitaba con su maquinilla, desayunaba y antes de marchar siempre miraba en mi habitación y luego en la de mis hermanos. Yo oía desde la cama todos sus movimientos y recuerdo perfectamente el instante en que aquel día puso su mirada en nosotros. Salió de casa y minutos después mi tía Carmen vino corriendo sobresaltada, gritando: ‘Vuestro padre se ha caído por las escaleras’. Yo pensé: ‘Bueno, si se ha caído no será para tanto’. Me levanté rápido y cuando salí a la escalera, ella me dijo: ‘No puedes pasar de la puerta’. Entonces me asomé a la ventana que daba a la plaza y vi una ambulancia. Instantáneamente –no sé por qué- lo supe: ‘Le han matado’" (Iñaki Arteta y Alfonso Galletero, Olvidados, Adhara, 2006).

Los asesinos iban encapuchados y, tras cometer el atentado, salieron corriendo del portal y se introdujeron en un Seat 127 de color blanco que les esperaba con el motor en marcha y un tercer terrorista al volante. El vehículo, que había sido robado a punta de pistola, fue localizado horas más tarde por la Policía Nacional en la calle de Vicente Durana, de Portugalete.

El 27 de enero de este mismo año 1979, Modesto Carriegas había sido víctima de un atraco y posterior secuestro por ETA político-militar en la sucursal del Banco Hispano Americano. Cuatro etarras entraron en el banco y se hicieron con diez millones de pesetas. Para que los empleados de la sucursal retrasasen la denuncia del robo, se llevaron a Modesto como rehén hasta la estación de Baracaldo. Tomaron con él un tren, en el que viajaron hasta Bilbao, donde le liberaron en un bar, advirtiéndole de que permaneciera allí hasta las nueve de la mañana y regresara luego al Banco.

"... Nunca supimos de nadie que fuera detenido por aquel robo y secuestro. (...) Matar era muy fácil y muy cotidiano en aquella sociedad atenazada por el miedo y falta de referentes morales sanos (...) El 13 de septiembre del año 1979, al día siguiente de su 47 cumpleaños y meses después de aquel secuestro, mi padre –cuenta Rafael- fue asesinado por un terrorista de ETA" (Iñaki Arteta y Alfonso Galletero, ob.cit.).

Tras el asesinato, la familia recibió una carta de ETA, conminándoles a abandonar Baracaldo. Además, el banco, propietario de la vivienda en la que vivían, indicó a la viuda de Carriegas que iban a nombrar a otra persona para sustituir a Modesto, por lo que tenían que dejar libre la vivienda.

"Seguimos viviendo en esa casa, que era la casa del director del Banco Hispano Americano, no nuestra, durante un año más después de la muerte de mi padre" relató Rafael. "Mi madre nunca nos ha dicho que el banco la echara pero lo que sí es cierto es que el banco no fue muy delicado con el trámite y nos insinuó que otra persona iba a ocupar la vacante de mi padre y que había que dejar el piso. También en ese espacio de tiempo ETA le mandó a mi madre una carta diciéndole que se marchara de Baracaldo. Así que todo obliga a nuestra madre a tomar la decisión de dejar la casa y salir del pueblo con sus cinco hijos a cuestas. La familia queda muy tocada, naturalmente" (Iñaki Arteta y Alfonso Galletero, ob.cit.).

Modesto Carriegas Pérez había cumplido 47 años el día antes de ser asesinado. Estaba casado y tenía cinco hijos. Era muy conocido en los medios bancarios, a los que había accedido treinta años antes desde el puesto de botones en una oficina del Banco Mercantil e Industrial. Cuando la entidad fue absorbida por el Banco Hispano, pasó a trabajar para esta nueva firma, pasando por diferentes puestos hasta llegar a director de sucursal. En las últimas elecciones legislativas, la víctima había ocupado el segundo lugar en la lista de candidatos al Congreso de los Diputados de Unión Foral, federada con Alianza Popular y liderada por el industrial Luis Olarra, aunque Modesto no estaba afiliado a este partido. No obstante, la víctima no era especialmente conocida en los ambientes políticos, donde se consideraba circunstancial su participación activa en la política. Al parecer, al igual que otros candidatos de Unión Foral, había recibido amenazas de ETA y la noche anterior al asesinato, se habían recibido amenazas en los domicilios de algunos dirigentes de AP, aunque ninguno de ellos se encontraba en los mismos, pues estaban en Madrid asistiendo a la reunión del comité ejecutivo del partido. Su hijo Rafael tomó el testigo político de su padre, dentro ya de las filas del Partido Popular:

"Trabajando en Briviesca, donde conocí a mi mujer y me casé, el alcalde y vicepresidente de la Diputación de Burgos en aquel momento me dice: ‘Oye, ¿por qué no te vienes de concejal conmigo?’ Y estuve de teniente de alcalde en el Ayuntamiento desde el año 91 hasta el 95 en el que me presento ya para concejal en Baracaldo y de número uno en las Juntas Generales de Vizcaya por el PP. (...) Unos días después de tomar la decisión asesinan a Gregorio Ordóñez. Pero ya no había marcha atrás para mí. Ese órdago personal es 100% en homenaje a mi padre" (Iñaki Arteta y Alfonso Galletero, ob.cit.).

Un año después del asesinato de Modesto Carriegas, el 13 de septiembre de 1980 la banda terrorista ETA asesinaba en Durango (Vizcaya) al teniente coronel del Cuerpo de Sanidad JOSÉ MARÍA URQUIZU GOYOGANA. El teniente coronel se encontraba en la farmacia que, primero su padre y después su hermano, con ayuda de José María, regentaban en la localidad vizcaína. Hacia las doce menos cuarto de la mañana del 13 de septiembre de 1980, dos etarras, un hombre y una mujer, entraron en la farmacia familiar con la excusa de analizar una muestra de sangre y preguntaron por José María Urquizu. Cuando la víctima se inclinó sobre el microscopio, le dispararon dos tiros en la nuca a bocajarro, provocándole la muerte en el acto. En la habitación de al lado estaba su padre, de noventa años.

Testigos presenciales, empleados en los comercios situados frente a la farmacia, contaron que oyeron dos detonaciones seguidas y luego vieron cómo un hombre, que llevaba aún en la mano la pistola envuelta en un jersey, y una mujer, a cara descubierta, se dirigieron a pie por la misma acera de la farmacia hacia un callejón a la izquierda del establecimiento. En la calle de Ambrosio de Meabe, justamente en la trasera del edificio donde estaba la farmacia, un tercer terrorista les esperaba a bordo de un Seat 124, de color blanco, con el que se dieron a la fuga. El vehículo había sido robado una hora antes a punta de pistola en el centro de Durango.

La Policía encontró en el interior de la farmacia dos casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marcas SF y SB, lo que significaría que en el asesinato intervinieron los dos etarras utilizando sus pistolas casi al mismo tiempo.

El alcalde de Durango, Francisco Zubicarai, afirmó tras el atentado que José María Urquizu "era una persona normal, seria y respetada". Al poco tiempo de conocerse la noticia de su asesinato, todas las farmacias del Duranguesado, incluidas las que estaban de guardia, cerraron en señal de condena del atentado. El Ayuntamiento de la localidad, reunido con carácter de urgencia, condenó el asesinato e hizo un llamamiento a la paz ciudadana, con la excepción habitual de Herri Batasuna (HB).

José María Urquizu Goyogana, teniente coronel del Cuerpo de Sanidad, tenía 55 años. Estaba casado con Mercedes Aranaga y era padre de cinco hijos. Natural de Durango, estaba destinado en Burgos y esta circunstancia le obligaba a permanecer parte de la semana en aquella esa ciudad. En la farmacia familiar, que regentaban su hermano y su cuñada, realizaba análisis todos los sábados por la mañana. Estaba muy implicado en actividades sociales, siendo fundador y miembro de muchas asociaciones, como la Sociedad de Pesca y Caza y el Club Alpino de Durango. Vascoparlante y socio del Athletic de Bilbao, no se le conocían afinidades con ningún grupo político concreto y había rechazado la escolta. Se negó, por otra parte, a irse del País Vasco, porque era su tierra. Mercedes falleció cuatro años después del asesinato de José María.

El 19 de enero de 2006, Javier Urquizu Aranaga escribió en el diario El País un artículo en el que, con el título ‘Recordando a José María Urquizu Goyogana’, no sólo contaba cómo fue ese asesinato, sino que transcribía el testimonio de su madre en el que se aclaraban los motivos por los que ETA lo asesinó:

"Recientemente se han cumplido 25 años desde que nuestro padre fue cobardemente asesinado por unos miserables en nombre de ETA. Entraron a la farmacia familiar con el pretexto de hacer analizar una muestra de sangre. Cuando nuestro padre se inclinó sobre el microscopio para hacerlo, recibió un tiro en la nuca y la sangre que inundó la farmacia fue la suya propia. Nuestro abuelo (su padre), de 90 años, estaba en la habitación de al lado. Después de aquello, no vivió mucho más. Los asesinos, cumplida su misión (con la obligada complicidad, evidentemente, de unos chivatos no menos cobardes y miserables que ellos) huyeron. Su crimen sigue impune a fecha de hoy. Nuestro padre era un hombre bueno, honrado, valiente, generoso, justo, coherente y profundamente respetuoso, como pueden atestiguar todos los que le conocieron. La farmacia Urquizu, con él, con nuestro tío, y antes con nuestro abuelo Pascual, prestó servicio en Durango durante varias generaciones. Todos los que le trataron le apreciaban y querían. Muchos siguen viviendo para dar fe de ello. Y, en privado, la dan; en público, por alguna misteriosa razón, cuesta un poco más (cosa rara, dada la libertad que aquí gozamos). Antes que nuestro padre cayeron otros; después, también. Por cierto, ni el lehendakari de 1980 ni nadie de su Gobierno se dignó a mandar siquiera un simple telegrama de condolencia.

Hoy, para recordarle, quisiéramos transcribir algunas palabras que nuestra madre, Mercedes Aranaga, escribió pensando en él. Con ello rendimos también un homenaje a tantas viudas que, como ella, quedaron profundamente deshechas y a las que tantas veces y en tantos sitios se les negó una voz, un consuelo y un homenaje que no hubiera sido tan difícil de dar:

‘Jose Mari era una de esas piezas de artesanía que se fabrican por casualidad y ya nunca podrá repetirse porque el molde ha sido destruido. (...) He pasado días maravillosos a su lado, días sin prisas en los que era imposible imaginar que iba a suceder algo tan tremendo. (...) Pudiste haber salvado tu vida entregando un dinero que te pedían. Tu conciencia no te permitió ni considerarlo siquiera. Sabías que ese dinero que hubiera salvado tu vida iría destinado a comprar armas que segarían otras vidas. Aunque destrozada, te quiero aún más si cabe por tu valentía’.

El corazón de nuestra madre latió durante cuatro años tras la muerte de nuestro padre, pero fue una prórroga; en realidad, la bala que asesinó a nuestro padre comenzó también a matar ese mismo día a nuestra madre. Hoy, 25 años después, estamos orgullosos de ellos, de su ejemplo, e intentamos permanecer fieles a los valores éticos y humanos que nos inculcaron" (El País, 19/01/2006).

Carmen Tagle, fiscal de la Audiencia Nacional, y Luis Reina, un 'error' de ETA

12 de Septiembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A primera hora de la tarde del 12 de septiembre de 1989, los etarras Henri Parot y Jacques Esnal, con información suministrada por Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito, acribillaron a tiros a través de la ventana de su vehículo a CARMEN TAGLE GONZÁLEZ, fiscal de la Audiencia Nacional.

La fiscal Tagle desempeñaba fundamentalmente la acusación pública en sumarios sobre atentados de la banda terrorista ETA en la Audiencia Nacional. De hecho, y tal como declaró Parot ante la Guardia Civil, la decisión de asesinar a Carmen Tagle estuvo directamente relacionada con el interrogatorio en Francia de José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera, y Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros. Al mismo, que tuvo lugar en mayo de 1989 -cuatro meses antes de su asesinato-, la fiscal acudió acompañada del juez Baltasar Garzón y del comisario Pedro Díaz-Pintado. Josu Ternera se negó a declarar en español, salvo para decir, mirando a Tagle: "Cuando hablemos de las torturas que practican contra nosotros en las cárceles españolas, entonces hablaremos de eso" (en respuesta a una pregunta previa sobre si asesinar a un niño de dos años era su forma de luchar por la independencia). En otro momento, el asesino dijo que no reconocía la jurisdicción española y que no pensaba contestar a las preguntas, a lo que Tagle comentó en voz baja a Díaz-Pintado: "¡Valiente hijo de puta!", frase que Josu Ternera debió de oír "porque se volvió y le clavó una mirada... que no se me ha olvidado nunca", según contó Garzón (Pilar Urbano, El hombre que veía amanecer, Plaza y Janés, 2000).

Ese 12 de septiembre, en torno a las 15:15 horas, la fiscal Carmen Tagle se disponía a entrar en el garaje de su domicilio en la calle Julio Palacios de Madrid. Pese a que estaba amenazada, algo que había comentado con compañeros y amigos la semana antes a su asesinato, no disponía de escolta. Había salido de la Audiencia Nacional con María Dolores Márquez de Prado, su colega y amiga, a la que trasladó a su domicilio, en la calle Pío XII. De ahí se encaminó al suyo, donde Parot y Esnal aguardaban en el interior de un vehículo aparcado en las inmediaciones. Mientras la fiscal esperaba a que se abriera la puerta del garaje, Parot le disparó a bocajarro en la cabeza a través de la ventanilla, que tenía bajada. Carmen Tagle recibió varios impactos de bala, uno de ellos en la nuca, y falleció en el acto. En el lugar de los hechos se recogieron siete casquillos del calibre 9 milímetros parabellum.

En la zona en la que vivía la fiscal tenían también sus domicilios varios magistrados que, en el mismo lugar del atentado, criticaron duramente la decisión de retirar la escolta de varios de ellos, pese a que la Policía estaba en alerta ante la posibilidad de que ETA atentara en estas fechas próximas a las elecciones legislativas. Además, en recientes documentos de la banda terrorista se hacía referencia a la conveniencia de actuar contra los jueces. No obstante, Carmen Tagle no había tenido nunca servicio de escolta.

La Asociación Profesional de la Magistratura difundió un comunicado de repulsa tras el atentado en el que señalaba que atacando "frontalmente a la justicia imparcial e independiente" se puede llegar "directamente a medios extremos de defensa del Estado, asimismo indeseables". Jueces para la Democracia, por su parte, calificó el crimen de "una muerte más contra la democracia".

En 1991 la Audiencia Nacional condenó a Henri Parot a 30 años de prisión como autor material del asesinato de Carmen Tagle. En 1997, Jacques Esnal fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal de lo Criminal de París. En el año 2000, la Audiencia Nacional condenó, como inductor y cooperador necesario para cometer el asesinato, a Francisco Múgica Garmendia a los mismos 30 años que al autor material, Henri Parot. Múgica Garmendia no sólo suministró la información sobre los hábitos de la fiscal, sino que facilitó a los autores materiales el vehículo con el que cometieron el atentado. Durante la primera vista del juicio, Múgica Garmendia fue expulsado de la sala por dirigirse al tribunal y decirles que "para nosotros, todos vosotros sois Tagle".

Carmen Tagle González, de 44 años, era natural de Madrid y estaba soltera. Miembro de la Carrera Judicial desde once años antes, desde hacía cuatro su actividad profesional la desempeñaba principalmente en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular era el juez Baltasar Garzón. La fiscal Tagle era una mujer valiente que solía expresar públicamente, cuando así se lo requerían, sus opiniones sobre la benignidad del ordenamiento legal hacia los asesinos de ETA. Un mes después de su asesinato empezó en la Audiencia Nacional el juicio contra los autores de la masacre de guardias civiles en la plaza de la República Dominicana de Madrid. El escrito de conclusiones había sido elaborado por la fiscal Tagle.

Apenas seis horas después del asesinato de Carmen Tagle en Madrid, la banda terrorista ETA asesinaba en Bilbao al pescadero LUIS REINA MESONERO mediante un paquete-bomba remitido a su nombre. Faltaban pocos minutos para las nueve de la noche cuando Luis entró en el portal de su domicilio, en la calle Fica, y recogió un paquete del buzón. Debido a que había sufrido una embolia meses antes, que le había dejado secuelas en la vista y el oído, Luis se acercó el paquete a la cara para poder verlo mejor, momento en el que la bomba explotó. La deflagración le provocó graves heridas en el cráneo y el tórax. El artefacto contenía entre 150 y 200 gramos de explosivo y la explosión provocó también algunos destrozos en el portal.

El asesinato de Luis Reina se debió a un error de la banda asesina ETA. Su situación familiar, su estado de salud y la falta de motivaciones claras hicieron que la Policía barajase desde el primer momento la hipótesis de que se tratara de un error. En medio de la confusión, y como había hecho en otras ocasiones, el entorno proetarra intentó desviar la atención culpando a grupos de extrema derecha del atentado. De esta forma, pocas horas después del asesinato, el dirigente de Herri Batasuna, Jon Idígoras, señaló que Luis Reina era simpatizante de la coalición proetarra y que HB colaboraría en la organización del funeral. La familia desmintió inmediatamente que existiese ninguna vinculación de Luis con los proetarras, por lo que HB tuvo que aclarar que la víctima no tenía ninguna relación con ellos.

El 23 de septiembre, ETA se atribuyó el asesinato de Luis en un comunicado publicado por el diario Egin, en el que calificaba de "equivocación y error irreparables" el atentado, por lo que hacían "la más seria y sincera autocrítica". La causa de la confusión se debía, según ese comunicado, a que un policía nacional tenía el mismo nombre que el pescadero, extremo que desmintió de forma tajante la Jefatura Superior de Policía de Bilbao. Chapuza tras chapuza de una banda chapucera y asesina.

El motivo real del error, según cuenta José María Calleja en su libro La diáspora vasca (Aguilar, 1999), es que la banda asesina habría confundido a Luis Reina, el pescadero, con el propietario de un concesionario de coches y motos de Bilbao, también apellidado Reina, que sí había recibido amenazas del entorno proetarra por vender coches a policías y responsables del Gobierno civil de Vizcaya. Tras las amenazas, Reina habría hablado con dirigentes batasunos para pedir explicaciones y para que le garantizasen que ETA no atentaría contra él. Habló, entre otros, con Txomin Ziluaga, que le prometió "tratar su caso para que no le pasara nada, consciente de que este hombre no merecía un atentado". Acudió, además, a Txema Montero, abogado de HB, que le garantizó que no le pasaría nada, y a Jone Goirizelaia, también abogada de la coalición proetarra, que le contestó que si "la organización" le había amenazado, era porque algo habría hecho. Cuenta Calleja que, pocos meses después de estos contactos, se produjo el asesinato de Luis Reina Mesonero, y que el propietario del concesionario se marchó del País Vasco.

Luis Reina Mesonero tenía 61 años y era propietario de una pescadería en el mercado de Abastos de Bilbao, ciudad en la que había nacido. Estaba casado y su mujer llevaba veintisiete años impedida en una silla de ruedas. El matrimonio tenía un hijo de 25 años que, desde que Luis sufrió la embolia, había pasado a hacerse cargo del negocio de la pescadería.

Eugene Kenneth Brown, única víctima estadounidense de la banda terrorista ETA

11 de Septiembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El 11 de septiembre de 1985 fallecía en Madrid, tras dos días de agonía, el ciudadano estadounidense EUGENE KENNETH BROWN, gravemente herido por la explosión de un coche-bomba que la banda terrorista ETA hizo estallar el 9 de septiembre en la plaza de la República Argentina al paso de un autobús de la Guardia Civil que iba a realizar el relevo del servicio de vigilancia de la Embajada soviética.

Eugene Kenneth Brown había llegado a Madrid tres días antes para asistir a una reunión de directivos de la filial española de la multinacional Johnson & Johnson para la que trabajaba, y debía haber abandonado España ese mismo día. A las 7:20 de la mañana del 9 de septiembre salió a hacer footing por las inmediaciones de la plaza de la República Argentina, como había hecho todas las mañanas desde que llegó a Madrid. En la calle Carbonero y Sol, que transcurre desde el paseo de la Castellana hasta la plaza de la República Argentina, el asesino Iñaki de Juana Chaos había aparcado un coche-bomba, que hizo estallar por control remoto al paso del autobús de guardias civiles.

Tras la explosión, los guardias civiles, muchos de ellos heridos y aún conmocionados, fueron tiroteados por los terroristas. En esas condiciones, tuvieron que repeler la agresión, ayudados por los agentes que montaban guardia ante la Embajada de la Unión Soviética a los que iban a dar el relevo, según contó el diario El País.

El conductor del autobús, Antonio Medina Gordillo, evitó que se consumase la masacre de guardias civiles que pretendía ETA, al acelerar y pasar en ámbar el semáforo de la plaza. "Cuando llegaba al semáforo vi un coche aparcado en medio del paso de peatones, y me extrañó, por lo que, aunque el semáforo se puso en ámbar, aceleré", contó desde el hospital al diario ABC.

Además de a Eugene Brown, la explosión hirió de diversa consideración a otro civil, Alfonso Trillo Bernabéu, y a dieciséis de los veinticuatro guardias civiles que ocupaban el autobús: Miguel Ángel Chapado Manzanas, Luis Corchado Gibello, Juan Antonio Corredor Pérez, Jacinto Delgado Córdoba, Enrique González Martín, Pedro Jiménez González, Ángel Larios Rivero, Antonio Malfeito Inchausti, Antonio Medina Gordillo, Jesús Pérez Rodríguez, José Pérez Rodríguez, Raimundo Plata Pampanas, Marcos Rey Patón, José Carlos Sánchez Martín, Alfonso Sánchez Rodríguez y Manuel Varela Reyes. Durante el último juicio contra los autores del atentado, celebrado en 2007, los guardias civiles explicaron al tribunal que, a pesar del tiempo transcurrido, todavía padecían secuelas físicas y psicológicas a causa del atentado.

Los heridos fueron trasladados inmediatamente a diversos centros hospitalarios. Eugene fue ingresado en el Hospital de la Cruz Roja en estado muy grave y en coma profundo. Operado la misma noche del atentado, en el parte médico emitido al día siguiente se informaba que la víctima continuaba "en coma profundo secundario originado por la isquemia cerebral que sufrió". Continuaba el parte señalando que la víctima "tenía un edema cerebral a consecuencia de la isquemia, por lo que se procedió a implantarle un catéter, para la activación de la presión intracraneal". La víctima no pudo salir del coma, falleciendo dos días después, el 11 de septiembre.

El testimonio del etarra arrepentido Juan Manuel Soares Gamboa ha permitido reconstruir la preparación y ejecución del atentado por el grupo Madrid de ETA, integrado en esos momentos por el propio Soares Gamboa y los asesinos múltiples Juan Ignacio de Juana Chaos y Belén González Peñalva, además de Inés del Río Prada y Esteban Esteban Nieto, que eran los que proporcionaban infraestructura informativa e inmobiliaria a los miembros del grupo.

El grupo Madrid de ETA, siguiendo órdenes de la cúpula de la banda, decidió atentar contra la Guardia Civil aprovechando la información que Del Río Prada y Esteban Nieto les había facilitado sobre un microbús del Instituto Armado que pasaba todas las mañanas por la plaza de la República Argentina.

El objetivo del atentado era provocar una masacre de guardias civiles mediante un coche-bomba cargado de explosivos que harían estallar al paso del autobús. En esta ocasión no lo consiguieron, cosa que sí hicieron diez meses después, el 14 de julio de 1986, en la plaza de la República Dominicana, donde el grupo Madrid asesinó a doce jovencísimos guardias civiles.

Para preparar el atentado de la plaza de la República Argentina los etarras prepararon un coche robado en San Sebastián, un Peugeot 505, al que cambiaron las placas de matrícula por otras falsas, vehículo que Soares Gamboa estacionó en un aparcamiento público en la plaza de Callao. El 8 de septiembre de 1985, Soares Gamboa recogió el coche cargado con explosivos y se dirigió a un colegio mayor de la Ciudad Universitaria, donde había quedado con González Peñalva y De Juana Chaos. Ambos llegaron en un taxi a cuyo conductor habían encerrado en el maletero. De Juana se puso al volante del coche-bomba, mientras que Soares Gamboa y González Peñalva le siguieron en el taxi, aunque González Peñalva se apeó del taxi en la calle Princesa por miedo a ser reconocida. El coche-bomba fue estacionado en la calle Carbonero y Sol, junto a la plaza por la que iba a pasar el autobús de la Guardia Civil. Fue De Juana quien activó por control remoto el artefacto, compuesto por entre 8 y 12 kilos de explosivo y 2 más de tornillería como metralla, al paso del autobús.

En el año 2000 la Audiencia Nacional condenó a De Juana Chaos a 489 años de cárcel, a Del Río Prada a 478 años y a Soares Gamboa a 299 años por los delitos de atentado, un asesinato consumado, diecisiete asesinatos frustrados y estragos, entre otros. En 2007 fue condenada González Peñalva, alias Carmen, a 467 años por los mismos delitos, tras ser extraditada desde Francia en noviembre de 2005.

Eugene Kenneth Brown, de 45 años, estaba casado y tenía dos hijos. Natural de Pensilvania, residía en Nueva Jersey. Trabajaba en la multinacional estadounidense Johnson & Johnson como controlador de inventarios. Ha sido, hasta la fecha, la única víctima estadounidense de la banda terrorista ETA. Como escribió el periodista americano Robert Latona en mayo de 2007, Eugene "was jogging in the wrong place at the wrong time".

Yoyes, exdirigente de ETA; Pedro Fonte y Martín Martínez, policías nacionales

10 de Septiembre de 2011 - 09:10:13 - M.J. Grech

A las seis menos cuarto de la tarde del 10 de septiembre de 1986 ETA asesinaba en Villafranca de Ordicia (Guipúzcoa) a la exdirigente de la banda terrorista, MARÍA DOLORES GONZÁLEZ CATARAIN, Yoyes, en presencia de su hijo de tres años, Akaitz. Acababa de sentar al niño en uno de los tractores dispuestos con motivo de la feria que se celebraba en Ordicia, en el paseo del Gudari Etorbidea, cuando José Antonio López Ruiz, alias Kubati, a cara descubierta, le disparó tres tiros, uno de los cuales le atravesó la sien. Años después, en 1991, Kubati relató al juez que se acercó a María Dolores y le preguntó: "¿Tú eres Yoyes?". Ella respondió afirmativamente y él, pistola en mano, le dijo: "¿Sabes quién soy yo? Soy de ETA y vengo a ejecutarte". María Dolores se abalanzó sobre su asesino, que disparó rápidamente tres tiros, hiriéndola en el muslo y en el tórax. Una vez que cayó al suelo, Kubati la remató con un disparo en la cabeza. Yoyes quedó tendida en el suelo sobre un gran charco de sangre. Miembros del servicio de asistencia en carretera Detente y Ayuda (DYA) sólo pudieron certificar su muerte y tratar de calmar el llanto del niño. La Policía recogió posteriormente tres casquillos de bala en el lugar de los hechos.

Nadie vio nada, pese a que el lugar del asesinato era frecuentado a esa hora por numerosas personas que subían a la plaza con motivo de las fiestas de la localidad, que continuaron durante las horas posteriores al asesinato como si nada hubiese pasado. Mientras la multitud celebraba enfervorizada los lances del juego de pelota en el frontón de la localidad, a cien metros escasos del lugar de los hechos, la mancha de sangre de la víctima fue cubierta por serrín.

Los terroristas huyeron en un Renault 5 robado momentos antes del atentado a unos doscientos metros del lugar donde asesinaron a Yoyes. Dos etarras encañonaron al propietario, le obligaron a introducirse en el interior de su coche y colocaron el automóvil en la misma calle, a la altura en la que se encontraba la exdirigente de la banda. Una vez cometido el atentado, el propietario del coche fue abandonado en la calle, mientras los asesinos huían en dirección a la estación de Beasain, donde fue encontrado posteriormente el vehículo. En el maletero del mismo los terroristas habían dejado un artefacto compuesto por dos kilos de Goma 2 que la Guardia Civil hizo explotar de forma controlada en la madrugada del 11 de septiembre.

A las ocho de la tarde el Ayuntamiento de Ordicia decidió suspender las fiestas y convocar un pleno extraordinario, mientras algunos bares comenzaron a cerrar sus puertas en señal de duelo. El pleno extraordinario se inició pasadas las diez de la noche, y en el mismo se aprobó una moción de condena del atentado en la que se calificaba a sus autores de "totalitarios y fascistas". La moción fue aprobada con los votos del Partido Nacionalista Vasco (PNV), PSOE y Euskadiko Ezkerra, y rechazada por los representantes de Herri Batasuna.

La moción aprobada en el Ayuntamiento, con mayoría del PNV, señalaba que los autores del atentado trataron de impedir la libertad de decisión de María Dolores González, al tiempo que recordaba que la exetarra se acogió en su día a las medidas de reinserción aprobadas por el Parlamento vasco. El Ayuntamiento también convocó una manifestación para el día siguiente, 11 de septiembre, después del funeral. Los concejales de Herri Batasuna explicaron su rechazo a la moción indicando que ellos lamentaban esta muerte, al igual que las del resto de las víctimas de la violencia, pero señalaban que no se podía valorar ese atentado sin tener en cuenta "el contexto de represión brutal que sufren los refugiados en Euskadi norte". José Luis González Catarain, hermano de Yoyes y tercer concejal de HB en Ordicia, no asistió al pleno y señaló que no suscribía los planteamientos expuestos por su formación política en el mismo en los que responsabilizaba "al Ejército español y al PSOE" del asesinato de su hermana.

El asesinato de Yoyes conmocionó al País Vasco, y los simpatizantes de la banda se resistieron a aceptar su autoría. Algunos, incluso, prefirieron pensar que el asesinato había sido obra de un grupo de ultraderecha. Pero las dudas se disiparon al día siguiente del atentado. Un día después del crimen, ETA reivindicó el mismo en un comunicado enviado a la delegación en Bilbao de la agencia de noticias France Presse. En el mismo justificaba el asesinato de la exdirigente etarra como algo necesario para prevenir futuras deserciones. Habían matado a Yoyes por "abrir fisuras en los sectores más vulnerables del movimiento de liberación nacional"; por haberse traicionado a sí misma y al pueblo vasco, y por colaborar "con los planes genocidas de las fuerzas de ocupación del Estado opresor español". El mensaje que la banda enviaba era claro: se puede entrar en ETA, pero no salir de ella. De heroína, a villana, chivata y traidora. La mataron para evitar deserciones. Por otra parte, entre los papeles que la Guardia Civil se incautó en su domicilio había una carta, fechada en París el 8 de octubre de 1985, en la que, a modo de testamento, decía: "Tengo la firme convicción de que mi seguridad personal no peligra por el lado de las Fuerzas de Seguridad españolas, que mantienen a este nivel una política de tolerancia bien conocida en los círculos políticos. Por tanto, afirmo que la responsabilidad de mi muerte corresponde a ETA" (publicado en Mi vida contra ETA, Enrique Rodríguez Galindo, Planeta, 2006).

Ese mismo día, los vecinos de Ordicia secundaron masivamente una huelga general en protesta por el asesinato, convocada por todas las fuerzas políticas y sindicales, con la excepción de Herri Batasuna y del sindicato ELA-STV.

Juan María Bandrés, presidente de Euskadiko Ezkerra, Kepa Aulestia, secretario general de ese mismo partido, Joseba Azkarraga, diputado del PNV, y numerosos exmiembros de ETA reinsertados asistieron al funeral de cuerpo presente oficiado a las 19:00 horas por diez sacerdotes, entre los que se encontraba el antropólogo y escritor José Miguel Barandiarán. La familia de la víctima, y muchos de los asistentes que abarrotaban la iglesia, o permanecían en el exterior ocupando la calle, acudieron a la ceremonia portando flores, atendiendo así el deseo expresado por Juan José Dorronsoro, marido de María Dolores.

El presidente de Euskadiko Ezkerra, Juan María Bandrés, visiblemente nervioso y alterado, comentó con sarcasmo que "ignoraba las inclinaciones de ETA militar a hacer análisis psicológicos o parapsicológicos", y añadió: "Yo no he intervenido en el regreso de Yoyes a Euskadi, pero sí puedo asegurar con absoluta rotundidad que la acusación de traición es falsa, porque nadie que ha seguido la vía de reinserción ha cometido un acto indigno ni ha delatado a nadie".

Joseba Azkarraga, diputado del PNV, señaló que los únicos traidores son los asesinos de Yoyes, "porque lo que ella hizo cuenta con el respaldo del pueblo vasco, o al menos de la mayoría del pueblo vasco". Antes de concluir la ceremonia religiosa, uno de los sacerdotes leyó una nota en la que el obispo de San Sebastián, José María Setién, reprobaba el asesinato de Yoyes, al tiempo que denunciaba las "engañosas manipulaciones de la opinión pública, de cuantos pretenden justificar esta acción". A la salida del templo, el féretro fue largamente aplaudido por los vecinos de Ordicia a su paso hacia el cementerio.

Los vecinos se sumaron también masivamente a la manifestación convocada por el Ayuntamiento de la localidad para después del funeral. La manifestación, silenciosa, arrancó poco después de las 20:00 horas. Más de 1.500 personas, entre las que además de varios dirigentes políticos estaban exmiembros de ETA político militar, desfilaron tras una ikurriña con crespón negro y una pancarta con la inscripción "Bakean bizi nahi dugu" (queremos vivir en paz). La manifestación concluyó ante el lugar donde Yoyes fue asesinada, donde los manifestantes arrojaron flores y cantaron el Eusko Gudariak (himno del soldado vasco).

Otro de los hermanos de Yoyes, Luis Ignacio González Catarain, apuntó en un escrito hecho público a título particular la idea de que la aparente unidad de los presos y refugiados de ETA m puede ser más consecuencia de la coacción que de la voluntad política. Luis Ignacio, entonces militante de la izquierda proetarra, hizo unas declaraciones muy duras contra la banda asesina, asociando el comportamiento mostrado por ETA en ese atentado con las actuaciones de la Mafia siciliana y de las organizaciones nazis. A su juicio, el atentado demostraba que ETA militar temía a la reinserción y era la respuesta a las dudas sobre su futuro inmediato que quizás albergaban gran parte de los miembros de la banda. "Un buen día, por lo que sea, empezamos a dudar, seguimos haciéndolo y terminamos dándonos cuenta de que el bonito sector abertzale en el que nos encontrábamos tiene un gran parecido con la Mafia siciliana". Y añadió: "Interiorizando ya en los asuntos de ETA, nos encontramos con un fanatismo ideológico en algunos sectores con resultados típicamente mafiosos que evidentemente nos llevan a pensar en qué será de lo que nos quieren liberar y qué podríamos esperar con alguien así en el poder". El hermano de Yoyes atribuyó el atentado "al grupo que queriendo seguir actuando como hasta ahora ve que necesita tener al resto alrededor, debido al acoso que sufren los refugiados por parte de los Gobiernos español y francés, ya que marchándose los que no hacen nada, quedan en total evidencia los que hacen algo. Ahora se entiende mejor, ahora los presos tienen dos cárceles; el asesinato es un mensaje claro a toda la organización y punto. Lo que no interesa para nada es un debate en el que se tienen todas las de perder. Los nazis no lo harían mejor".

Las declaraciones del hermano de Yoyes abundaban sobre el hecho de que un exetarra, acogido a las vías de reinserción, había alertado diez días antes a María Dolores de la existencia de una consigna concreta de la banda terrorista para atentar contra alguno de los activistas reinsertados de mayor relieve. El objetivo de ETA con esa acción era abortar un incipiente debate entre una parte de los presos y los refugiados en torno a la posibilidad de abandonar la lucha armada. Según este exetarra la banda terrorista ETA había señalado a cuatro o cinco personas que, por su relevancia, podrían ser objeto de un atentado, y sospechaba que en la relación de potenciales víctimas figuraba de manera destacada el nombre de María Dolores. Yoyes se mostró preocupada por la noticia, pero argumentó que cualquier precaución resultaría inútil a la larga y que no estaba dispuesta a volver al exilio. La orden de asesinar a algún exetarra, según la información transmitida a María Dolores, fue impuesta por el sector más duro de ETA militar, que había adquirido mayor peso en la organización a raíz de la expulsión a Gabón desde Francia de Txomin Iturbe. En el curso de la conversación, Yoyes indicó a su interlocutor que las noticias que le transmitía confirmaban sus temores, que iban en aumento desde que se produjo el alejamiento de Iturbe de la dirección ejecutiva de ETA como consecuencia de su reclusión durante varios meses en una prisión francesa y de su deportación posterior a mediados de julio. El por entonces máximo dirigente de la banda terrorista había ofrecido a María Dolores González, antes de que ésta regresara en secreto a España el 17 de octubre de 1985, garantías personales de que no se tomarían represalias contra ella mientras de él dependiera, y le había pedido que no hiciera el juego a los partidos políticos favorables a la reinserción y que evitara realizar cualquier tipo de declaración pública porque podría resultar muy perjudicial para ETA, condición esta última que la exdirigente cumplió escrupulosamente. Pese a tener conocimiento de lo que se estaba preparando, Yoyes decidió seguir haciendo su vida normal, convencida, según explicó al compañero que le había informado, de la inutilidad de cualquier tipo de medidas de protección temporales. La única precaución eficaz, había explicado la propia María Dolores, habría sido abandonar de nuevo a su familia, alejarse del País Vasco y volver al extranjero, solución que ella no estaba dispuesta a aceptar.

El diputado del PNV, Joseba Azkarraga, que había gestionado ante el Ministerio del Interior una parte considerable de los indultos a presos que habían abandonado ETA, confirmó que su impresión era que, efectivamente, se estaba dando ese debate en el seno de la banda terrorista. "Algo se estaba moviendo en torno a este tema. Había indicios de que comenzaba un debate. Lo de Yoyes parece motivado precisamente por esta circunstancia". El asesinato de Yoyes se produjo pocas semanas después de que se conociera el fracaso de las iniciativas paralelas de diálogo con ETA militar, dirigidas a una negociación con la banda terrorista. Los contactos quedaron rotos por la negativa del Gobierno a retrasar la deportación de Txomin Iturbe que había pedido, en la vía de contactos abierta a través del PNV, un plazo de tres semanas para convencer a sus compañeros de la posibilidad de llegar a un acuerdo. No obstante, se produjo finalmente el traslado a Gabón y su pérdida de peso en la organización terrorista.

Yoyes no era la única ni la primera etarra que se había acogido a las medidas de reinserción. Desde principios de los ochenta cerca de dos centenares de terroristas se habían acogido a la reinserción que ofrecía el Gobierno, lo que propició el regreso del exilio de muchos polimilis (exmiembros de la autodisuelta ETA político-militar) y también de algunos milis (de la rama militar) gracias a medidas individuales e indultos parciales. Tras la Ley de Amnistía de 1977, Yoyes no tenía causas pendientes en España, por lo que su regreso al País Vasco dependía sólo de que el Gobierno le garantizase que no le buscarían alguna causa para llevarla ante los tribunales, por una parte, y de que ETA no atentase contra ella, por otra. Una vez que logró el compromiso de ambos, regresó al País Vasco.

En relación a las garantías dadas por la banda terrorista, se manifestó también Juanjo Dorronsoro, marido de Yoyes, tras el asesinato. Dorronsoro declaró que fuentes vinculadas a ETA militar negaron expresamente en los primeros meses de 1986 ante personas próximas a Yoyes que la banda fuese a atentar contra ella, y desmintió que altos cargos de la Guardia Civíl o exetarras reinsertados le hubieran alertado de la posibilidad de un atentado. Señaló que la única persona que les alertó de la posibilidad de que ETA atentase contra ella fue un conocido de la familia. "En enero esta persona nos informó que en el otro lado [en referencia al País Vasco francés] corría el rumor de que ETA preparaba un atentado contra Yoyes. Tratamos de comprobar esta información y la respuesta que se nos dio desde el otro lado fue que no había nada de eso y que todo era un rumor sin fundamento". Yoyes y Juanjo dieron credibilidad a esta respuesta, por lo que no adoptaron ningún tipo de precaución, en la confianza de que el compromiso del dirigente etarra, Domingo Iturbe Abasolo, Txomin, sería suficiente para que ETA no atentase contra María Dolores. "Creímos, efectivamente, que todo había sido un rumor sin fundamento, y no tomamos las medidas que, evidentemente, habríamos adoptado si hubiéramos sospechado que ETA m tenía intención de matarla".

A Yoyes le perjudicó la publicidad que se dio a su regreso, algo que ella no buscó en absoluto. Su presencia en el País Vasco se hizo pública al mes siguiente de su regreso, y poco después algunas calles de Ordicia se llenaron de pintadas amenazadoras en las que se le acusaba de ser una traidora. La campaña contra Yoyes provocó tensiones en Herri Batasuna (HB) de Ordicia, partido en el que militaban familiares directos de la víctima. La noticia de su vuelta suscitó entonces el siguiente comentario incrédulo de un destacado dirigente de HB: "Es como si me dicen que Txomin se ha arrepentido; no me lo creo". Desde que se acogió a la reinserción, María Dolores se había negado sistemáticamente a ser entrevistada por los medios de comunicación y guardó silencio absoluto, probablemente con la idea de que esta actitud calmaría a los que la acusaban de traidora a la banda. Su marido, Juanjo Dorronsoro, manifestó reiteradamente que Yoyes sólo hablaría para exponer su análisis de la situación política vasca en el caso de que se sintiera verdaderamente atosigada.

También le perjudicó la deportación de Txomin. La nueva cúpula etarra, más dura, formada por Francisco Mújica Garmendia, Pakito; José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, y José María Arregi Erostarbe, Fitipaldi, decidió que había que acabar con Yoyes. Pakito fue quien dio la orden definitiva de acabar con Yoyes, igual que anteriormente hizo con Eduardo Moreno Bergaretxe, alias Pertur. Los ejecutores fueron José Antonio López Ruiz, Kubati, y José Miguel Latasa Guetaria, Fermín. Cuatro de los cinco son actualmente disidentes de ETA. Incluso Txelis ha manifestado recientemente en el diario El País (27/02/2011) su intención de obtener el perdón de la familia de Yoyes cuando se cumplen veinticinco años de su asesinato.

En 1987 fue detenido José Antonio López Ruiz, Kubati, como presunto autor del asesinato de Yoyes. La Audiencia Nacional lo condenó a 29 años de reclusión mayor por un delito de asesinato, y a 7 años por otro delito de estragos. En la misma sentencia se condenó a José Miguel Latasa Guetaria, Fermín, a 27 años por un delito de asesinato. Latasa Guetaria, vecino de Ordicia, fue quien realizó las labores de vigilancia sobre María Dolores. Expulsado de ETA en 1994, cuando salió de la cárcel en 1998 la banda terrorista intentó matarlo por su "actitud colaboracionista con el Estado español".

María Dolores González Catarain, de 32 años, nació en Villafranca de Ordicia (Guipúzcoa). Con 18 años se trasladó a San Sebastián para iniciar estudios de Magisterio, que no terminó al integrarse en la banda terrorista ETA a finales del franquismo, en 1973. Tras participar en el intento de volar un autobús de la Guardia Civil en la carretera de Martutene, el grupo del que formaba parte fue desarticulado y Yoyes cruzó la frontera, instalándose en Bayona. En el seno de ETA tuvo puestos de responsabilidad en el aparato político con José Miguel Beñarán, Argala, siendo la primera mujer que llegó a ocupar un puesto directivo en la banda terrorista. Pocos meses antes de la muerte de Franco conoce a Juan José Dorronsoro, que no militaba en ETA. El asesinato de Argala en 1978, y su enfrentamiento con el sector más radical de ETA, fue lo que hizo que se desvinculara de la banda y la abandonase en 1979, yéndose a vivir a México en 1980, donde estuvo seis años y donde nació su hijo. Durante su exilio en este país se licenció en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana de Ciudad de México. En 1985 decidió acogerse a las medidas de reinserción propiciadas por el Ministerio del Interior tras la amnistía de 1977. La exdirigente etarra había negociado su vuelta directamente con el Ministerio de Interior a través de la embajada de España en México. En una primera etapa se instaló en París y, más tarde, regresó al País Vasco. Desde entonces residía en San Sebastián, pero acudía regularmente a Ordicia, su pueblo natal, donde vivían sus padres y algunos de sus hermanos. Su viudo, Juan José Dorronsoro, y su hijo Akaitz, llevaron una vida discreta tras el asesinato de Yoyes. Juanjo, que ha protegido al niño evitando que se convirtiera en "el hijo de un símbolo", se jubiló anticipadamente en 2004 como profesor en el Instituto Santo Tomás de San Sebastián. Según informes de la Guardia Civil, sectores proetarras intentaron aproximaciones al hijo durante su etapa universitaria, aunque sin éxito. En cuanto a los hermanos de Yoyes, que en la época en que la asesinaron "eran entre los radicales los más radicales de todos, cambiaron tras el asesinato de Yoyes. Asun, la mayor, militante de las Gestoras pro Amnistía, trabaja ahora, con idéntica pasión, con Gesto por la Paz. A Isa, que en tiempos estuvo en ETA y sufrió prisión por ello, se la ve en las manifestaciones contra ETA. También a Glori, que confiesa que la muerte de su hermana supuso un cambio radical en su vida. Lo de José Luis es diferente. Fue concejal de HB y miembro de ETA, y sólo 10 años después de la muerte de su hermana se atrevió a decir en la televisión vasca que nadie tiene derecho a matar a nadie" (El País, 18/10/1998).

A las cinco y media de la tarde del sábado 10 de septiembre de 1988 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Izurza (Vizcaya) al agente de policía, PEDRO ANTONIO FONTE SALIDO, y al inspector MARTÍN MARTÍNEZ VELASCO. El agente Fonte Salido fue acribillado mientras esperaba en un vehículo camuflado a que su compañero saliera del Bar Ozaeta, situado en la carretera que va de Vitoria a Durango. El inspector Martínez Velasco fue asesinado segundos antes mientras hablaba por teléfono dentro del bar, donde en esos momentos jugaban a las cartas una docena de personas. Ambos estaban adscritos a la Brigada de Información Antiterrorista de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao.

Según testigos presenciales, los tres etarras que llevaron a cabo el atentado actuaron con celeridad y de forma casi simultánea. Dos de ellos, que esperaban dentro del bar, dispararon repetidamente por la espalda contra el inspector Martínez Velasco, mientras hablaba por teléfono, al tiempo que el tercero tiroteaba, a través de la ventanilla del coche policial, a Pedro Antonio Fonte. Los policías recibieron diecisiete impactos de bala y fallecieron en el acto. En el lugar de los hechos, la Ertzaintza recogió varios casquillos del calibre 9 milímetros parabellum. Los terroristas pudieron identificar a los policías por la emisora que llevaba el vehículo, un Opel Corsa de color blanco, según hipótesis barajada por la Ertzaintza.

Los terroristas, que actuaron a cara descubierta, no huyeron en un vehículo robado con anterioridad, lo habitual en los atentados de ETA, sino en un coche propiedad de uno de los clientes del Bar Ozaeta del que se apoderaron después de cometer el doble asesinato.

El coche, un Peugeot 505 gris, fue encontrado media hora después frente al ambulatorio de Durango, a dos kilómetros del lugar del atentado. Los especialistas en desactivación de explosivos inspeccionaron el coche en previsión de que albergara alguna bomba trampa, y tomaron huellas dactilares.

Los dos policías asesinados fueron sorprendidos por los terroristas cuando llevaban a cabo una labor de investigación en diferentes bares que podían estar siendo utilizados por miembros o simpatizantes de ETA para contactar telefónicamente, según informó El País (12/09/1988). La Brigada de Información Antiterrorista de Bilbao seguía, en las semanas previas al doble asesinato, una serie de indicios sobre la presencia de un grupo de ETA en el área de Durando, dentro de la cual se encuentra la localidad de Izurza. Martín Martínez Velasco y Pedro Antonio Fonte Salido habían visitado ya en varias ocasiones el Bar Ozaeta, donde fueron asesinados, por lo que es probable que fueran detectados en alguna ocasión anterior. El hecho de que los terroristas no acudiesen con un coche propio sino que huyesen en un vehículo robado a uno de los clientes del bar, podría indicar que controlaban perfectamente el área del atentado y que habían descubierto la labor investigadora iniciada por los agentes. Izurza, además, es una pequeña localidad de unos cuatrocientos habitantes, lo que habría facilitado la detección de unos forasteros, según señalaron medios de la lucha antiterrorista. Los servicios de información policial tenían sospechas de que el bar en que fueron asesinados los policías nacionales, así como otros establecimientos de localidades próximas, servían de punto de contacto de etarras y proetarras, que utilizaban los teléfonos públicos para realizar o recibir llamadas de terroristas.

Por su parte, el diario ABC (12/09/1988) informó que el inspector Martín Martínez había formado parte de una rueda de reconocimiento en un Juzgado de Bilbao tres meses antes del atentado. Debido a que la legislación procesal de la época no garantizaba el anonimato de los agentes de la lucha antiterrorista, este periódico señaló la posibilidad de que Martín Martínez hubiese sido identificado en dicha rueda.

Al día siguiente del atentado, a las diez de la mañana, se celebró el funeral por los policías asesinados en la Iglesia de los Padres Agustinos de Bilbao. Al mismo asistió, entre otros, el ministro del Interior, José Luis Corcuera, que al terminar hizo unas breves declaraciones en las que señaló que los policías asesinados eran trabajadores, miembros de familias humildes, y subrayó el sarcasmo que supone que los asesinos justifiquen sus crímenes en nombre del pueblo trabajador vasco. "Espero que la mayoría del pueblo vasco no olvide mañana, lunes, la indignación que hoy siente por este atentado". La ceremonia se desarrolló en un ambiente cargado de emoción por las escenas de dolor protagonizadas por los familiares, amigos y compañeros de las víctimas. Concluida la ceremonia, un pequeño grupo de personas dio gritos aislados de "ETA asesina" y "Gobierno culpable", junto con vítores a la Policía, a la Guardia Civil y a España.

En 1991 la Audiencia Nacional condenó a Juan Carlos Arruti Azpitarte, alias Paterra, a 30 años de reclusión por cada uno de los dos asesinatos. Gracias a la aplicación de la doctrina Parot por la Audiencia Nacional en febrero de 2010, la excarcelación de este asesino, con condenas que suman 403 años por diferentes atentados, se ha visto aplazada hasta el año 2019. El fiscal en sus conclusiones determinó que los otros dos autores materiales del atentado fueron Juan Ignacio Oyarbide Aramburu, alias Txiribita, y Manuel Urionabarrenechea Betanzos, alias Manu, fallecidos en Irún durante el enfrentamiento con la Guardia Civil en septiembre de 1989 en el que fue detenido Paterra. También fue condenada a 12 años como encubridora María Begoña Arroyo Pérez Nanclares, quien escondió durante cinco días a los asesinos en su domicilio de Abadiano (Vizcaya).

Pedro Antonio Fonte Salido tenía 27 años y estaba soltero. Natural de Neda (La Coruña), sus restos mortales fueron trasladados en un avión de la Fuerza Aérea a El Ferrol (La Coruña), donde residía su familia, y enterrados el lunes 12 de septiembre, en el panteón familiar del cementerio de la localidad coruñesa de Vilachá, en el municipio de Monfero.

 

 

Martín Martínez Velasco tenía 33 años de edad. Era natural de San Andrés de Montejos, en el Bierzo leonés, y se había casado menos de un año antes de ser asesinado. Sus restos mortales se enterraron en el cementerio de Derio (Vizcaya) por expreso deseo de su familia. Una semana después, unos dos mil ciudadanos se manifestaron en Ponferrada (León), convocados por los familiares y amigos de la víctima.

Manuel Ávila y Federico Carro, guardias civiles asesinados por ETA en Guernica

9 de Septiembre de 2011 - 09:10:12 - M.J. Grech

Un día después del asesinato del subteniente de la Guardia Civil Cristóbal Martín Luengo de un tiro en la nuca en Bilbao, la banda terrorista ETA asesinaba en Guernica (Vizcaya) a otros dos guardias civiles mediante la explosión de un coche-bomba. Pocos minutos antes de las diez y media de la noche del 9 de septiembre de 1987, el cabo FEDERICO CARRO JIMÉNEZ y el guardia MANUEL ÁVILA GARCÍA, que patrullaban vestidos de paisano en un vehículo oficial, pero sin distintivo alguno, se acercaron a un automóvil, un Ford Fiesta de color rojo que les resultó sospechoso. Cuando se disponían a inspeccionarlo, se produjo la explosión del mismo mediante un mando a distancia accionado por el asesino Juan Carlos Balerdi, miembro del grupo Éibar de ETA.

La explosión provocó la muerte en el acto del guardia Manuel Ávila y heridas gravísimas al cabo Federico Carro, con pérdida del setenta por ciento de masa encefálica, falleciendo mientras se le trasladaba al Hospital de Cruces. A mitad de camino, a la altura del puente de Balmasín, la ambulancia sufrió una avería y tuvo que ser asistida por una dotación de la Cruz Roja de Baracaldo, que completó el traslado.

El coche-bomba estaba estacionado a unos cincuenta metros de la casa cuartel de la Guardia Civil, a las afueras de Guernica -en la carretera que conduce a Lequeitio-, en un camino vecinal y junto a una chabola. Los guardias civiles asesinados se ocupaban del reconocimiento del itinerario que separa la fábrica de armas Astra, Unceta y Cía. del acuartelamiento.

La onda expansiva del artefacto alcanzó a la chabola próxima al coche bomba, que ardió completamente. El fuego alcanzó también unos cables de electricidad de alta tensión, por lo que algunos barrios de Guernica quedaron sin suministro eléctrico durante varias horas. Asimismo, las casas colindantes al cuartel sufrieron diversos desperfectos, como rotura de cristales. La casa cuartel, sin embargo, no resultó afectada, pero el apagón de luz, que afectó a calles y carreteras colindantes, provocó algún accidente y añadió confusión a la situación.

Tras producirse el atentado, efectivos de la Guardia Civil, a los que se unieron miembros de la Policía Municipal de Guernica y de la Ertzaintza, paralizaron el tráfico e hicieron discurrir la circulación por una ruta alternativa, mientras varios centenares de vecinos se congregaron en el lugar de los hechos para enterarse de lo ocurrido. Asimismo, miembros del equipo de desactivación de explosivos de la Guardia Civil rastrearon los alrededores con perros adiestrados en previsión de que pudiera haber sido colocada alguna otra bomba.

La capilla ardiente con los restos mortales de los guardias civiles asesinados se instaló al día siguiente por la mañana en el Gobierno Civil de Vizcaya. A las siete de la tarde se celebraron los funerales en la parroquia de San José de los Padres Agustinos de Bilbao.

César Milano Manso, gobernador civil de Álava y delegado del Gobierno en el País Vasco en funciones, manifestó tras el atentado, en declaraciones a Antena 3, que el Ejecutivo no iba a cambiar la estrategia de la lucha antiterrorista y que seguiría "con las medidas policiales y las medidas políticas". Milano hizo un llamamiento a los ciudadanos para que ayudasen a todos los poderes públicos "a acabar con esta lacra", y calificó el atentado de una nueva venganza del "sindicato del crimen". "ETA pretende poner en tensión a la sociedad para conseguir sus objetivos, si es que los tienen claros y si, por otro lado, fueran alcanzables". Milano recordó que él había calificado el asesinato del subteniente de la Guardia Civil Cristóbal Martín Luengo el día anterior de venganza de ETA por la desarticulación del grupo Barcelona, y dijo que este nuevo atentado, en sólo cuarenta y ocho horas, era una nueva venganza por el mismo motivo.

La Asociación por la Paz en Euskadi fue la primera formación en condenar el doble asesinato y convocó para el día siguiente concentraciones silenciosas en diversas localidades del País Vasco.

Al día siguiente, la banda terrorista ETA atacó con granadas el acuartelamiento de la Guardia Civil en Ordicia (Guipúzcoa), causando sólo desperfectos materiales. Sólo uno de los cinco proyectiles impactó en la fachada principal del cuartel. Otra granada estalló en el aparcamiento de la Compañía Auxiliar del Ferrocarril, colindante al acuartelamiento, dañando varios de los vehículos estacionados.

En 1994 la Audiencia Nacional condenó a Jesús María Ciganda Sarratea, Juan Carlos Balerdi Iturralde, alias Eneko, Fermín Urdiain Ciriza, alias Txiki, Iñaki Zugadi García y Miren Josune Onaindia Susaeta a más de 62 años de cárcel a cada uno de ellos. Pese a estas condenas, y a otras impuestas por otros asesinatos cometidos como integrante del grupo Éibar de ETA, Fermín Urdiain fue puesto en libertad en enero de 2006, tras haber cumplido sólo 16 años y 9 meses de prisión. En el atentado que acabó con la vida de Manuel Ávila y Federico Carro también participó el etarra Cándido Zubikarai Badiola, que fue quien trasladó a los etarras hasta Guernica para colocar el coche-bomba y los escondió posteriormente en su domicilio en Ondárroa.

En relación con este atentado la Policía detuvo al día siguiente en Bilbao por su presunta relación con el doble asesinato a un agente de la Ertzaintza y a su esposa. Se trataba de Pedro Gamecho Léniz y de Lidia Zabala. La infiltración de etarras y proetarras en la Policía Autonómica vasca, o su captación posterior por la banda terrorista, ha sido un problema grave en este cuerpo policial. La mayoría de los ertzainas detenidos por sus vinculaciones con ETA pertenecían a las primeras promociones, cuando los sistemas de selección no contaban con los filtros que se desarrollaron posteriormente. Hasta once ertzainas han sido detenidos por formar parte de la quinta columna de ETA en la Policía Autonómica vasca desde la creación del cuerpo, tal y como informaba el diario ABC en su edición del 19 de julio de 1993.

Manuel Ávila García, guardia de 22 años, soltero, era natural de Alcalá la Real (Jaén). Había ingresado en el Instituto Armado el 1 de febrero de 1984 y llevaba destinado en el acuartelamiento de Guernica desde el mes de febrero de 1987. Al entierro de Manuel Ávila García el 11 de septiembre en la localidad de Mures (Jaén) asistieron unas 2.000 personas.

 

Federico Carro Jiménez, cabo de la Guardia Civil de 29 años y soltero también, era natural de León. Había ingresado en el Cuerpo el 2 de febrero de 1982 y ascendió a cabo en octubre de 1986. Estaba destinado en Guernica desde el 1 de abril de 1987. Su padre, Federico Carro Villagómez, era coronel de aviación, ya retirado en el momento en que asesinaron a su hijo. Carro Jiménez fue enterrado en Burgos. En abril de 2010 el Ayuntamiento de León decidió, tras una propuesta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), cambiar el nombre de la calle Víctimas del Terrorismo por el de Federico Carro.

Cristóbal Martín Luengo, subteniente de la Guardia Civil asesinado en Bilbao

8 de Septiembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

Hacia las tres de la tarde del día 8 de septiembre de 1987, la banda terrorista ETA asesinaba en Bilbao de un disparo en la nuca, muy cerca de su domicilio en el barrio de Arangoiti, al subteniente de la Guardia Civil CRISTÓBAL MARTÍN LUENGO. Su mujer y una de sus hijas bajaron inmediatamente del domicilio a auxiliarle, pero no pudieron hacer nada. Cristóbal Martín Luengo fue trasladado en una ambulancia al Hospital Civil de Basurto, donde ingresó cadáver. El rebote de una de las balas alcanzó a Julián Pérez Gómez, que resultó herido leve.

Los dos asesinos se dieron a la fuga en un taxi robado un cuarto de hora antes, que les aguardaba con las puertas traseras abiertas y estaba conducido por un tercer etarra. El taxi había sido robado en la plaza de San Pedro en Guecho por dos de ellos. Allí pidieron al taxista que se dirigiera al polideportivo de Archanda, y en el trayecto se identificaron como miembros de ETA, explicándole que necesitaban el vehículo para hacer un transporte de armas. Tras meter al taxista en el maletero, recogieron a un tercer etarra y se dirigieron a Bilbao a cometer el atentado.

Las fuerzas políticas vascas, a excepción de Herri Batasuna (HB), condenaron el atentado, y lo relacionaron, de una u otra manera, con la oferta de diálogo del Gobierno a ETA. Este atentado era el primero que se producía con víctimas mortales desde el último contacto que se había mantenido en Argel el 10 de agosto de 1987 entre los comisarios Manuel Ballesteros y Jesús Martínez Torres, por parte del Gobierno, y Eugenio Etxebeste, alias Antxon, por parte de la banda asesina.

El 10 de septiembre se celebró en Bilbao el funeral por el subteniente de la Guardia Civil al que asistieron varios centenares de personas. El féretro con los restos mortales de Martín Luengo fue despedido con vivas a la Guardia Civil.

En octubre de 1997 la Audiencia Nacional condenó a Joseba Koldobika Begoña Ibarra a 33 años de prisión por el asesinato de Cristóbal Martín Luego. También fue condenado por robo de vehículo con toma de rehén. El etarra había huido a Francia desde donde había sido extraditado a España en diciembre de 1996.

"El asesino de mi padre fue detenido en Francia y extraditado a España. De una condena de casi cuarenta años a la que fue sentenciado, por su asesinato y el secuestro de un taxista en su huida, no cumplió más de nueve años; lleva mucho tiempo en libertad, haciendo vida normal, con su familia, sus amigos, trabajando, riendo, viendo crecer a sus hijos y envejecer a su mujer... Mi padre no pudo hacerlo y nuestras vidas nunca volvieron a ser las mismas".

Así se expresaba una hija del subteniente asesinado en marzo de 2009 en una "Carta de una joven a su padre asesinado por ETA" (El Confidencial, 10/03/2009). Efectivamente, a Koldobika se le concedió el tercer grado (régimen abierto) en marzo de 1999, por una supuesta enfermedad que le impedía continuar en la cárcel. Concretamente, el etarra padecía una depresión, por lo que accedió a un régimen de semilibertad.

Según el Ministerio del Interior, el etarra Félix Ignacio Esparza Luri, detenido en Francia el 2 de abril de 2004, también participó en el asesinato del subteniente Martín Luengo.

Cristóbal Martín Luengo, de 50 años, era natural de Valderrodrigo (Salamanca) lugar donde fue enterrado. Estaba casado y era padre de tres hijos de 19, 17 y 4 años. Había ingresado en la Guardia Civil en 1960, y estaba destinado en Bilbao desde hacía veinte años. Desde 1983 desempeñaba trabajos administrativos en el Gobierno Militar de Vizcaya.

"(...) Parte de la familia abandonamos el País Vasco [tras el asesinato] y mi madre, la gran heroína de nuestras vidas, nunca pudo rehacer su vida. No obstante, ella sola supo sacar fuerzas y tirar del carro de la vida que le había tocado vivir. Sacó a sus tres hijos adelante y consiguió que, a pesar de todo, los tres siguiéramos con nuestras vidas. Además, esta gran heroína, nuestra madre, nos enseñó con su ejemplo a enfrentarnos a la vida con coraje y valentía" (El Confidencial, 10/03/2009).

Basilio Altuna, policía nacional, y Arturo Quintanilla Salas, empresario

6 de Septiembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A las diez y cuarto de la noche del sábado 6 de septiembre de 1980, la banda terrorista ETA asesinaba de un disparo en la cabeza al capitán de la Policía Nacional BASILIO ALTUNA FERNÁNDEZ DE ARROYABE mientras presenciaba un baile en la plaza de la localidad alavesa de Erenchun, a doce kilómetros de la capital, en compañía de un grupo de familiares y amigos. El proyectil le atravesó la cabeza y le provocó la muerte en el acto. El autor del atentado aprovechó la confusión para huir en un automóvil que le esperaba en una de las calles del pueblo. El cadáver permaneció en el suelo durante dos horas hasta que el juez ordenó su levantamiento.

Según señalaron varios vecinos del pueblo, Basilio Altuna estaba amenazado desde hacía cuatro años, coincidiendo con su permanencia en Vitoria como teniente durante los sucesos de marzo de 1976, en los que perdieron la vida cinco trabajadores durante una huelga general por disparos de la Policía. ETA político-militar señaló este suceso como justificación del asesinato del capitán Altuna en una llamada telefónica hecha a medios de comunicación vascos en la que asumía la autoría del atentado. Además, la banda asesina acusaba a Altuna de participar en actividades ligadas a organizaciones ultraderechistas.

La viuda e hijos de la víctima remitieron a los medios de comunicación vascos una carta en la que emplazaban a los asesinos a que demostrasen que Basilio Altuna tuviese alguna responsabilidad en los hechos de marzo de 1976. En la carta, la familia del capitán asesinado subrayaba que ETA pm no escapaba a las contradicciones que paralizaban a la sociedad, y que la complejidad de los problemas actuales no podía resolverse en una película de buenos y malos. "Bien sabemos que nuestra verdad poco podrá hacer contra la gran mentira que lleva el sello de una organización tan prestigiada, pero no por ello vamos a callar". Tras indicar que el servicio de información de ETA pm había contado con largos años para elaborar datos en torno a la figura del capitán Altuna –"aunque no se ha preocupado de hacerlo con objetividad"-, la familia reconocía que participó en las jornadas de febrero y marzo de 1976 en Vitoria, en los que resultaron muertos cinco trabajadores. Sin embargo, añadían que "una investigación clara y fiable demostraría (...) que su actuación estuvo dirigida en todo momento a evitar cualquier enfrentamiento". "Hacer responsable a un teniente de aquel período negro es hacer gala de un simplismo que no podemos permitirnos". La familia desmentía asimismo la acusación de que fuese organizador de las actividades de la extrema derecha, señalando que constituía una afrenta a su propia dignidad. "Emplazamos públicamente a ETA pm a que proporcione datos significativos de las supuestas actividades de nuestro padre, que, al parecer, eran tan bien conocidas. Estamos por una sociedad de personas libres y en plena capacidad de convivencia". ETA, como no podría ser de otra forma, guardó silencio de forma cobarde, como siempre que ha asesinado y justificado después el asesinato con falsas acusaciones.

Dos días después, el 8 de septiembre, el cadáver del capitán Altuna fue inhumado en el cementerio de Santa Isabel, en Vitoria. El féretro fue conducido en un furgón fúnebre desde la capilla ardiente, instalada en el Gobierno Civil de Álava, hasta el cementerio, donde fue  introducido en el panteón familiar en presencia de su viuda e hijos, así como de las autoridades militares y civiles que acudieron posteriormente al funeral celebrado una hora después en la catedral de Vitoria. Antes de que comenzase el acto religioso, que se desarrolló sin incidentes, uno de los hijos del fallecido pidió que se guardase silencio durante la ceremonia y una vez finalizada la misma. A la salida del templo, vigilado estrechamente por efectivos de la Policía Nacional, no se escuchó grito alguno ni se corearon consignas. En la ceremonia, a la que asistieron mil quinientas personas, estuvieron presentes el delegado del Gobierno en el País Vasco, el general Santamaría, los gobernadores civiles de Burgos y Álava; el alcalde de Vitoria, el nacionalista José Ángel Cuerda; el presidente de UCD del País Vasco, Jesús María Viana, y representantes del PSOE y Alianza Popular (AP).

El asesinato de Basilio Altuna ha quedado impune, como muchos de los cometidos por la rama político-militar de ETA. El 9 de febrero de 2006 Ángel Altuna Urcelay, hijo de Basilio, y José Ignacio Ustarán Muela, hijo de José Ignacio Ustarán Ramírez, asesinado también por ETA pm el 29 de septiembre de 1980, escribieron un artículo en el diario ABC sobre el proceso de reinserción de estos terroristas, que ha provocado que se paralizasen las investigaciones de procesos ya abiertos: "No se reabrieron los casos archivados ni se investigaron los asesinatos de ETA político-militar por aclarar (...) las víctimas del terrorismo de ETA político-militar vivieron una situación sobrevenida que se resume en una palabra: impunidad. (...) Los poderes del Estado avalaron esta salida y, a día de hoy, nadie de los beneficiados por aquellas medidas ha reconocido públicamente el daño realizado anteriormente".

En agosto de ese mismo año, Ángel Altuna volvió sobre el tema en un artículo publicado en la revista de la Fundación Víctimas del Terrorismo, explicando cómo dos años después del asesinato de su padre la banda terrorista se escindió: "Unos decidieron su disolución sin entregar arma alguna -recuerda-, y otros decidieron continuar con la práctica del terror. Los que decidieron su disolución no se arrepintieron y no reconocieron daño alguno. Los poderes del Estado posibilitaron ‘una puerta de atrás’ para estas personas que habían delinquido. Tengo la certeza de que en aquel momento hubo dejación de funciones". Y añadía: "Dos años después del asesinato de mi padre muchos de ellos se paseaban por las calles de mi ciudad y se les daba trabajo en instituciones públicas". Altuna señalaba que, desde esas fechas, "ETA ha asesinado a más de quinientas personas", y que la bienintencionada apreciación de que con la reintegración de esos individuos a la vida normal sin exigirles nada a cambio habría un "efecto contagio" en el resto de los etarras fracasó de forma traumática. "Se pide ahora generosidad pero se olvida que ya la hubo y volvieron a manchar sus manos de sangre".

Basilio Altuna Fernández de Arroyabe, natural de Azua (Álava), tenía 57 años. Estaba casado con Ángela Urcelay y tenía cuatro hijos, tres hijos y una hija, el más pequeño de 10 años. El capitán Altuna estaba destinado en la compañía de la Reserva General de Miranda de Ebro, pero acudía todos los años a Erenchun, localidad de donde era natural su mujer, para pasar las fiestas. Anteriormente estuvo destinado en Leganés (Madrid). Ángel, uno de los hijos de Basilio, escribió en el libro Olvidados, de Iñaki Arteta y Alfonso Galletero: "Tener un hijo te lo cambia todo. Hace que la perspectiva de lo que es importante se modifique de forma radical. Desaparecen miedos antiguos que giraban en torno a ti y aparecen miedos nuevos [...]. Lo que no tenía previsto en ese momento era que llegaría un día en el que esa personita a la que amo hasta el dolor me haría una pregunta difícil, muy difícil de contestar a una niña de cuatro años: ‘Papá, ¿cómo murió el abuelito?’. Escribo estas líneas con la intención de hacer constar que mi padre no murió en un accidente de tráfico, como parece que mucha gente aquí, en el País Vasco, quisiera creer. Escribo estas líneas para reivindicar la figura de nuestro padre, Basilio Altuna, para condenar su asesinato a manos de la banda terrorista ETA, para criticar el comportamiento de una sociedad que no supo responder al terror y para que mi hija, en un futuro no muy lejano, pueda encontrar respuesta a su pregunta. Mi padre, Basilio Altuna, fue asesinado la noche del 6 de septiembre de 1980 en Erenchun, un pueblecito cercano a Vitoria. Eran las fiestas del pueblo de mi madre y había acudido a celebrarlo con familiares y amigos. En un momento, y en el frontón donde se desarrollaba la verbena, un pistolero se acercó por detrás y le asestó un tiro en la nuca. Murió en el acto. Mi padre dejó mujer -Angelita- y cuatro hijos -yo soy el tercero de ellos-. Ahí empezó un proceso que aún no ha culminado por el que ser hijo de policía, en el País Vasco, ha tenido, tiene y tendrá un costo terrible. Pero el verdadero y trágico valor superior reside en la vida arrebatada de nuestro padre, Basilio. Yo tenía 17 años y me hice violentamente adulto aquella noche".

En la madrugada del martes 6 de septiembre de 1983, la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en la localidad guipuzcoana de Hernani al industrial hostelero ARTURO QUINTANILLA SALAS.

El atentado fue perpetrado por dos terroristas en el momento en el que Quintanilla Salas, su mujer y su hija mayor, de 15 años, se introducían en su coche para dirigirse al domicilio familiar, después de haber cerrado el Bar Jose Mari de su propiedad. Su hija, testigo presencial del asesinato, contó a El País cómo fue el atentado: "Mi padre estaba arrancando, cuando se acercó un coche oscuro, de color azul o negro; al colocarse a nuestro lado, el que estaba sentado junto al conductor bajó el cristal de la ventanilla, asomó la cabeza y el brazo y empezó a dispararnos a poquísima distancia, ya que la calle es muy estrecha y apenas caben dos coches. Con el primer disparo mi padre cayó reclinado a un costado, y mi madre y yo sentimos en la cara como nos rozaban las balas; pudieron habernos matado a los tres. El que disparaba vestía una cazadora oscura, gafas negras y llevaba el pelo corto".

Arturo Quintanilla había sido amenazado por ETA militar y había recibido avisos de colocación de artefactos explosivos en el bar de su propiedad. Según contó su hija tras el asesinato había intentado pagar, en dos ocasiones, el denominado "impuesto revolucionario". "Mi padre estaba dispuesto a entregar los diez millones de pesetas que le exigieron hace ya tiempo, pero no pudo hacer efectivo el pago porque ningún representante de ETA acudió a las citas que ellos mismos habían convocado en el otro lado [en referencia al País Vasco-francés]. Sé que, después de la primera cita, mis padres estuvieron indagando y que al final alguien les dijo que permanecieran tranquilos y que esperaran una segunda cita, a la que tampoco se presentó nadie". Sin embargo, otras fuentes citadas por el periódico como "de toda solvencia", señalaron que el industrial trató de engañar a ETA posteriormente, haciéndole creer que se encontraba arruinado. Todo apuntaba, según las informaciones de El País, a que el motivo del asesinato fue que ETA comprobó la falsedad de los datos presentados por Quintanilla. En ABC, sin embargo, señalaban que la víctima no había podido pagar la cantidad exigida en concepto de "impuesto revolucionario" y que había intentado renegociar con ETA dicha cantidad, acudiendo por dos veces al sur de Francia sin poder contactar con ningún miembro de la banda asesina. La última cita fue dos meses antes del atentado, cuando el hostelero recibió una nueva carta de extorsión. Añadía ABC que Quintanilla, vinculado al Partido Nacionalista Vasco (PNV), "había asumido algunos cargos en los sindicatos verticales del régimen anterior, dentro de la rama de hostelería".

Al día siguiente del atentado, a las siete y media de la tarde, se celebró el funeral por el alma de Arturo Quintanilla en Astigarraga, con la iglesia abarrotada y la presencia del delegado del Gobierno en el País Vasco, Ramón Jáuregui, y representantes del Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE).

En 1985 la Audiencia Nacional condenó a José Antonio Pagola Cortajarena como integrante del grupo que acabó con la vida de Arturo Quintanilla Salas a más de 23 años de cárcel. El etarra salió de prisión en octubre de 2003, tras cumplir 19 años de los 78 totales a los que fue condenado por su actividad terrorista.

En relación con este asesinato, fue juzgado y absuelto por la Audiencia Nacional, por falta de pruebas, el etarra Rosario Picabea Ugalde, alias Errota, extraditado a España en noviembre de 1996. Picabea fue detenido en Francia junto a Iñaki Bilbao Beascoechea, alias Iñaki de Lemona, y el terrorista chileno Bernardo Mella Durán, cuando supuestamente se disponía a reorganizar y encabezar la nueva cúpula de la banda terrorista ETA tras la captura de la dirección etarra en Bidart. Del mismo grupo terrorista que Pagola Cortajarena y Picabea Ugalde, el Tximistarri, formaban parte Manuel Arteaga, alias Manu, y Juan María Ormazabal, alias Turko, etarra fallecido en un enfrentamiento con la Ertzaintza en agosto de 1991 que acabaría con el asesinato del ertzaina Alfonso Mentxaca Lejona.

Arturo Quintanilla Salas, de 44 años, era natural de Burgos, aunque había vivido en Hernani desde que era niño. Estaba casado y tenía tres hijos, una chica de 15 años, testigo del asesinato, y dos niños de 12 y 10 años. El pequeño estaba con sus abuelos el día del atentado y el mayor en Barcelona de vacaciones. Los tres estudiaban en la ikastola Urumea próxima al lugar del atentado.

Daniel Villar Enciso, primera víctima mortal después del asesinato de Miguel Ángel Blanco

5 de Septiembre de 2011 - 09:10:02 - M.J. Grech

A las 21:20 horas del viernes 5 de septiembre de 1997, la banda terrorista ETA asesinaba en Basauri (Vizcaya) al policía nacional DANIEL VILLAR ENCISO mediante una bomba-lapa colocada bajo el asiento del conductor de su vehículo, un Citroën de color oscuro y matrícula de Bilbao. La explosión de la bomba se produjo en el momento en que el policía puso en marcha el coche. Inmediatamente después se originó un incendio dentro del vehículo.

Varios testigos presenciales contaron que Daniel pedía auxilio desde el interior del vehículo mientras se quemaba vivo. “Cuando nos acercamos al coche movía el brazo como pidiendo auxilio. Entonces abrimos la puerta y, al verle consciente, le preguntamos si estaba bien. Al darnos cuenta de que no podía hablar, le dijimos que nos hiciera un gesto y él nos guiñó el ojo (…) Entonces le sacamos del coche en llamas tirándole de los brazos” contó una de las personas que acudió a socorrerle. Una de ellas resultó herida con quemaduras de diversa consideración al intentar sacar al agente del vehículo. Finalmente consiguieron rescatarlo del amasijo de hierros. La víctima, agonizante, fue trasladada al Hospital de Cruces en una ambulancia de la Cruz Roja, donde ingresó en estado crítico a las 21:40 horas. Durante treinta y cinco minutos los médicos intentaron reanimarlo, pero fue inútil. Falleció a las 22:15 horas.

La capilla ardiente se instaló al día siguiente, 6 de septiembre, en la sede de la Subdelegación del Gobierno. Ese mismo día viajaron a la capital vizcaína Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior, y Ricardo Martí Fluxá, secretario de Estado para la Seguridad. Todos los partidos políticos vascos, con excepción de Herri Batasuna, condenaron el atentado e insistieron en la imposibilidad de negociar con aquellos que tan sólo actúan mediante el asesinato. Enrique Villar, delegado del Gobierno en el País Vasco, calificó el atentado de “auténtica salvajada” y pidió a las fuerzas democráticas unidad para luchar contra este “cáncer” del País Vasco. El Partido Socialista de Euskadi aseguró en un comunicado que este atentado demostraba que “ETA es ciega y sorda, y no ve ni escucha el clamor del pueblo que le ha dicho, sin más, que desaparezca”. Carlos Iturgaiz, presidente del PP vasco, manifestó por su parte que “si ETA cree que va a conseguir algo con estos actos, se confunde; ya que con asesinos y su brazo político, HB, no hay nada que hablar ni negociar”.

Más interés tienen las declaraciones de los partidos nacionalistas, un año antes de que firmasen el pacto soberanista de Estella. Iñigo Urkullu, portavoz del PNV en Vizcaya, señaló que “ETA no ha sabido recoger el clamor y el mensaje” enviado por su partido y gran parte de la sociedad, que le emplazó a decretar una tregua tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco. “Desgraciadamente, no nos sorprende este atentado, porque sabemos que la dinámica que le queda a ETA es matar, porque es lo único que sabe”, indicó. Sabiendo lo que sucedió posteriormente, sólo pueden calificarse de miserables y cínicas estas declaraciones de un miembro de un partido que, un año después, firmaría el Pacto de Estella con, entre otros, el brazo político de esos que sólo saben matar, en palabras de Urkullu. Fue precisamente el rechazo y la movilización social que provocaron el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco lo que asustó al PNV y lo que propició su acercamiento a Herri Batasuna. El Pacto de Estella o Lizarra agudizó la radicalización de los nacionalistas institucionales, propiciada por el miedo a que el fin de ETA los convirtiese en una fuerza vulgar, como ya analizamos a propósito del asesinato del concejal de Ermua. La evolución posterior de los acontecimientos permite afirmar que fueron el PNV y los demás partidos nacionalistas vascos los que vinieron a rescatar a ETA del acoso al que la sociedad y los partidos políticos no nacionalistas la estaban sometiendo, un rescate en absoluto desinteresado.

En 1999 la Audiencia Nacional condenó a 25 años de prisión al etarra Pedro (Kepa) del Hoyo Hernández como autor del atentado que acabó con la vida de Daniel Villar. Del Hoyo Hernández formaba parte del grupo Vizcaya de ETA, desarticulado tras la muerte de dos de sus dirigentes en un enfrentamiento con la Guardia Civil el 23 de septiembre de 1997, pocos días después del asesinato de Daniel Villar. Los dos etarras muertos, José Miguel Bustinza Yurrebaso, alias Iván y El Viejo, y Salvador Gaztelumendi Gil, alias Gaizka, captaron a un gran número de etarras como colaboradores con la misión de facilitar alojamiento, robar vehículos, elaborar información de objetivos de la banda terrorista y guardar las armas y explosivos del grupo en lonjas alquiladas para ello.

La desarticulación del grupo Vizcaya llevó al banquillo a veintitrés etarras en febrero de 2000. Antes de su desarticulación, el grupo Vizcaya cometió numerosos atentados, entre los que figuran el asesinato de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía Modesto Rico Pasarín (el 17 de febrero de 1997), Luis Andrés Samperio Sañudo (el 24 de abril de 1997) y Daniel Villar Enciso, así como el del guardia civil José Manuel García Fernández (el 3 de mayo de 1997).

Daniel Villar Enciso, de 39 años, era natural de Madrid, aunque llevaba varios años residiendo en Basauri. Estaba casado con Socorro López Zarra y tenía dos hijos de 11 y 10 años. En varias ocasiones sus superiores le habían propuesto trasladarse a otras zonas de España, pero el agente declinó estos ofrecimientos pues estaba muy integrado en el País Vasco. Pertenecía a la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía y estaba destinado en el Servicio de Seguridad del cuartel de la Policía de Basauri. Daniel Villar fue enterrado en Orgaz (Toledo), de donde era natural su viuda y donde la familia solía pasar las vacaciones. Una calle de la localidad lleva el nombre del agente asesinado.

Al funeral no asistieron dirigentes de los partidos nacionalistas vascos, a excepción de Juan María Atutxa, consejero vasco de Interior, ausencia que fue criticada por los sindicatos policiales. Más triste es que en 2003, al cumplirse el quinto aniversario del asesinato de Daniel Villar, el Ayuntamiento de Basauri, gobernado por el PNV, rechazó dedicar una plaza del pueblo al policía asesinado por la banda ETA.

Amancio Barreiro Gens, taxista gallego secuestrado y asesinado en Aguinaga

4 de Septiembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

En la madrugada del 4 de septiembre de 1978 apareció en Aguinaga (Guipúzcoa) el cadáver del taxista AMANCIO BARREIRO GENS, visto por última vez con vida el sábado 2 de septiembre cerca de Pasajes. El taxista había sido asesinado con dos tiros a bocajarro en la cabeza tras ser secuestrado por dos miembros de la banda terrorista ETA. El cadáver se encontraba boca abajo, con las gafas puestas y un gran charco de sangre junto a la cabeza. Presentaba también un impacto de bala en el vientre. La Policía recogió en el lugar de los hechos cuatro casquillos de bala del calibre 7,65 mm.

La última ocasión en que fue visto con vida se encontraba en un garaje de Trincherpe, junto a Pasajes, donde limpiaba su vehículo después de regresar de un viaje a Málaga. Así lo vio su esposa en torno a las 19:30 horas. No volvió a casa esa noche, ni tampoco llamó a su mujer, cosa que siempre hacía cuando le surgía algún servicio largo.

Su automóvil -un Mercedes con matrícula de Madrid- fue localizado por la Guardia Civil de tráfico a las cinco de la tarde del domingo 3 de septiembre, casi a la misma hora en que su esposa, alarmada por la falta de noticias, denunciaba la desaparición de Amancio. El coche se encontraba abandonado en la carretera N-634, a pocos kilómetros de Orio, con las puertas abiertas y las llaves puestas. El rastreo inmediato de la zona no dio ningún resultado.

La Guardia Civil localizó el cadáver en la zona que les había indicado una voz anónima por medio de una llamada telefónica a la comisaría de Irún en torno a las tres de la madrugada del lunes 4 de septiembre. Cuando empezó a clarear el día, el cuerpo del taxista fue localizado en una pista forestal. El comunicante afirmó que Amancio Barreiro había sido ejecutado, aunque no especificó los motivos ni la filiación de los autores del hecho. Posteriormente un autodenominado Comando Autónomo Iparraguirre reivindicó el asesinato.

La investigación posterior, según se recoge en la sentencia de la Audiencia Nacional de 1981 que condenó como autor material del asesinato a Jesús María Larzabal Bastarrica, alias Mikel y Lagun, a 26 años de reclusión mayor, determinó que el sábado 2 de septiembre dos miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas solicitaron los servicios de Amancio Barreiro para que los trasladaran a Usurbil. Cuando llegaron a la cuesta de Aguinaga, los etarras le indicaron que cogiera un camino vecinal para dirigirse a un caserío. Tras alejarse de la carretera le amenazaron con pistolas y le pidieron la documentación. Una vez que comprobaron que era la persona a la que buscaban, le dispararon a bocajarro y huyeron en el propio taxi de Amancio. Según contaron los asesinos en el juicio, Amancio les suplicó que no lo asesinaran, que tenía dos hijos. Pero de nada sirvieron las súplicas. "Primero [Jesús María Larzabal] le pegó uno en la pierna, para que no pudiera huir. Además, estos cobardes reconocieron que papá suplicó de rodillas que no le mataran, que tenía dos hijos pequeños..." contó en 2009 Mercedes Barreiro Vázquez, hija de Amancio (soitu.es 14/09/2009).

En la misma sentencia de 1981 se condenó a seis años de reclusión a José Ángel Cincunegui Urdampilleta en concepto de encubridor del crimen. Cincunegui fue quien trasladó a los autores materiales del asesinato al lugar donde solicitaron los servicios de Amancio, y quien los recogió posteriormente. Lamentablemente, el asesino Larzabal y su cómplice Cincunegui salieron a la calle cuando sólo habían cumplido dos años de la pena impuesta.

En junio de 2006 la Audiencia Nacional ha reabierto el caso del asesinato de Amancio al instruir diligencias contra un nuevo encausado, Antonio Mario Celaya Otaño, como presunto autor material del asesinato del taxista pontevedrés. Celaya Otaño fue detenido en Francia en 2002, tras disfrutar de un dorado exilio en México. La reapertura del caso cogió por sorpresa a los familiares de Amancio, algo habitual en los juicios contra etarras, en los que suele ser frecuente no informar a los familiares directos de los asesinados. Al tener conocimiento de la reapertura, la hija menor del taxista, Mercedes Barreiro Vázquez, que tenía 9 años cuando asesinaron a su padre, declaró a El Faro de Vigo que lo que espera "es que este señor se pudra en la cárcel lo que le queda de vida, o por lo menos los 30 años que se contemplan para delitos de sangre". En pleno proceso de paz del Gobierno de Rodríguez Zapatero, tanto ella como José Barreiro, hermano de Amancio, se mostraron desencantados con la justicia española y totalmente en contra de la negociación con la banda asesina ETA a cambio de contrapartidas. "Hay que negociar sí, pero no se puede negociar a cambio de algo. La realidad es que aún no han entregado las armas, y no se han arrepentido de nada". La hija de Amancio reconoció que no es capaz de perdonar. "Yo nunca jamás perdonaré a los asesinos de mi padre. Cuando aquello pasó yo tenía nueve años, pero lo recuerdo todo perfectamente" (El Faro de Vigo, 27/06/2006). En 2007 la Audiencia Nacional condenó a Celaya Otaño a seis años de prisión como colaborador, con Cincunegui, en el asesinato de Amancio, pero como ya había cumplido parte de la condena en Francia, a los seis meses fue puesto en libertad. No fue condenado como autor material pese a existir una carta autoinculpatoria del propio etarra.

Amancio Barreiro Gens, de 36 años, era natural de Vilar de Cordeiro (Pontevedra) y residía en Pasajes. Estaba casado con Mercedes Vázquez y tenía dos hijos, de 11 y 9 años: Josecho y Merche. Según su esposa había sido ya amenazado por la banda terrorista ETA. En un reportaje publicado en soitu.es en 2009 se narraba cómo Amancio Barreiro había decidido emigrar desde Vilar de Cordeiro al País Vasco "para ganarse el pan". Buen mecánico, pronto se hizo cargo de un taller en Pasajes (Guipúzcoa), situado enfrente del bar de los Vázquez, otra familia de inmigrantes gallegos. La hija pequeña, Mercedes, acabó casándose con Amancio, y ampliaron la familia con el nacimiento de Josecho y Merche. A mediados de los sesenta, Amancio decidió cambiar de trabajo y entró a formar parte de la compañía de taxis 'París', junto a sus cuñados, empresa que centró su negocio en recorrer toda España con grandes turismos. Pero en los setenta el ambiente empezó a enrarecerse. "Era terrible. Esos años los terroristas colocaron en la diana a los taxistas y les iban a buscar a casa. Decían que, como en el taxi van muchas personas, los conductores eran confidentes policiales y chivatos", señala Mercedes, viuda de Amancio.

Este ambiente asfixiante y el miedo cada vez mayor a que asesinasen a Amancio, llevó al matrimonio a plantearse emigrar de nuevo. Su mujer le animó a enviar una solicitud para la Renault de Valladolid, que fue aprobada en el verano de 1978. "Tenía previsto hacer los últimos servicios ese primer fin de semana de septiembre y marcharse el lunes. Yo iba a quedarme hasta que los niños acabaran el curso que empezaban, pero los asesinos nos rompieron todos los planes aquel 4 de septiembre", cuenta Mercedes. Además de quedarse viuda y sus dos niños huérfanos, "tuvieron que llorarlo entre las cuatro paredes de su casa, ver cómo los vecinos se cambiaban de acera para no darles el pésame, cómo las monjas del colegio de la niña se negaban a oficiar una misa, contemplar las malas caras en los comercios del barrio, o aguantar cómo las compañeras del colegio se acercaban para espetarles a los huérfanos 'a tu padre le han matado por chivato'". "Hasta un vecino de toda la vida, al que mi marido había prestado un gran turismo para la boda de sus hijos, nos dijo que 'a saber lo que Amancio hizo para que le hagan eso...' Nos dio la espalda gente que creíamos nuestros amigos", contó su viuda más de treinta años después.

Mercedes y sus hijos aguantaron un año en San Sebastián, que fue terrible. Después decidieron instalarse en Santiago de Compostela, pero el miedo a la estigmatización continuó, por lo que le dijo a sus hijos que en el colegio contasen que su padre había muerto en un accidente de tráfico (soitu.es, 14/09/2009).

Antonio Fernández, trabajador portuario al que ETA acusa de ser confidente

3 de Septiembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

Pasadas las ocho de la mañana del 3 de septiembre de 1980, la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Santurce (Vizcaya) al trabajador portuario ANTONIO FERNÁNDEZ GUZMÁN cuando se dirigía a pie hacia el puerto por la calle del Capitán Mendizábal.

Como cada mañana, Antonio Fernández Guzmán, conductor de carretilla mecánica de elevación y transporte, se dirigía caminando desde su domicilio, en el número 4 de la calle de la Virgen del Mar, a los muelles de la localidad marinera vizcaína. En la confluencia de la calle del Capitán Mendizábal con la de Juan XXIII salieron dos etarras encapuchados que le dispararon cuatro tiros de pistola a corta distancia, alcanzándole en el tórax y el cuello. Antonio murió en el acto.

Con toda tranquilidad, los asesinos huyeron del lugar en un Simca 1200 color rojo, robado horas antes. En el atentado, en calidad de grupo de apoyo, participaron otros etarras que ocupaban una furgoneta DKW de color amarillo.

Minutos después de producirse el atentado llegaron al lugar del mismo dotaciones de la Policía Nacional y del Cuerpo Superior de Policía que recogieron junto al cadáver de Antonio Fernández cuatro casquillos del calibre 9 milímetros parabellum, marca Geco.

Mientras se realizaban las primeras gestiones policiales pasó por el lugar del atentado Nicolás Fernández Guzmán, uno de los cinco hermanos de la víctima, que se enteró del asesinato al descubrir, en medio de un corro de curiosos, el cuerpo sin vida de su hermano tendido sobre la calzada. Nicolás no se explicaba los motivos por los que lo habían matado y señaló a los periodistas que su hermano "no tenía ningún tipo de militancia política ni sindical".

Sin embargo, ocho meses antes Antonio Fernández había sido acusado de ser confidente policial en una serie de pasquines que aparecieron pegados en las paredes de los muelles de Santurce. Algunos amigos de la víctima retiraron los pasquines y lograron contactar con sus autores, a los que aclararon que tales acusaciones eran falsas. Sin embargo, horas después del atentado ETA reivindicaba el asesinato mediante una llamada al diario Egin en la que lo justificaba basándose en las acusaciones que se habían hecho contra la víctima ocho meses antes.

Aunque a día de hoy no ha sido juzgado ni condenado ningún asesino de la banda terrorista ETA por este atentado, el etarra José Luis Quintanilla Rueda, miembro del grupo Orbea de ETA, aparece relacionado con este asesinato, según información publicada por el diario ABC (06/10/1987). Quintanilla Rueda fue detenido en Francia en una redada masiva en octubre de 1987, junto a otros noventa y tres presuntos miembros de la banda. De ellos, doce fueron deportados a Argelia y cuarenta y nueve entregados a España, entre ellos Quintanilla Rueda.

Antonio Fernández Guzmán, de 37 años de edad, era natural de Huelma (Jaén), aunque residía en Santurce desde diez años antes de ser asesinado. Estaba casado y tenía dos hijos. Trabajaba en la empresa Termesa, dedicada a las tareas de estiba y desestiba.

José Manuel Alba Morales, Luis Alberto Sánchez García y Antonio Heredero Gil

2 de Septiembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

Hacia las seis de la mañana del 2 de septiembre de 1990 la banda terrorista ETA asesinaba al guardia civil JOSÉ MANUEL ALBA MORALES y al civil LUIS ALBERTO SÁNCHEZ GARCÍA mediante un coche-bomba lanzado por la rampa que daba acceso al muelle de Uribitarte del puerto de Bilbao. La rampa llevaba hasta la garita del Servicio Fiscal de la Guardia Civil donde trabajaba el agente Alba. Resultaron también heridos por la explosión dos empleados municipales del Servicio de Ordenación de Tráfico (OTA), Anselmo Amézaga Regúlez, de 29 años de edad, y Julio Fernández Fernández, de 24, que fueron trasladados al Hospital de Basurto, donde quedaron ingresados. Julio Fernández sufrió traumatismo, contusiones y heridas varias por la acción de la metralla, siendo su pronóstico grave. Por su parte, Anselmo Amézaga presentaba una herida en el hombro derecho con pérdida de sustancia, abrasión en la piel y erosiones en cuero cabelludo. Su estado era menos grave, según el parte facilitado por el departamento de urgencias del centro hospitalario. Asimismo, resultaron heridos el agente de la Guardia Civil Juan Carlos Calzada Martín y el ciudadano Miguel Suquía Mendinueta.

Luis Alberto Sánchez murió al intentar detener la caída del coche, un Ford Fiesta que había sido robado la noche anterior a una pareja. Los dueños del Ford Fiesta fueron encontrados atados a un árbol con dos grilletes, dos candados y una cadena de dos metros de largo, en el monte Umbe en Guecho (Vizcaya) poco después de que se produjera el atentado.

El vehículo contenía una bomba compuesta por 60 kilos de amonal y metralla que fue activada por control remoto. Luis Alberto se había acercado momentos antes hasta las inmediaciones de la garita de la Guardia Civil para solicitar la ayuda de dos policías municipales que se encontraban allí, ya que su coche se había quedado sin batería. Dos trabajadores del OTA y una pareja de guardias civiles intentaban ayudarle a poner el vehículo en marcha. En ese momento, el coche-bomba fue lanzado marcha atrás por la calle de la Travesía de Uribitarte, que desemboca en la garita de la Guardia Civil. Cuando intentaban detenerlo, y antes de que colisionara con el puesto de la Guardia Civil, se produjo la explosión.

El coche-bomba quedó completamente destrozado y la onda expansiva produjo un enorme socavón en el suelo, ocasionando numerosos desperfectos en los coches y camiones que se encontraban en el lugar de los hechos. Asimismo, las ventanas de los edificios y tiendas en un radio de doscientos metros alrededor de la garita quedaron hechas añicos, sembrando la calle de cristales.

El atentado se produjo cuatro días después de que las administraciones central y vasca acordaran la adecuación de los Cuerpos de Seguridad del Estado en el País Vasco y el despliegue de la Ertzaintza. Era la primera vez que la banda terrorista ETA utilizaba el método del coche-bomba kamikaze lanzado sin conductor hacia su objetivo. Pocos meses después, el 29 de mayo de 1991, la banda asesina utilizaría el mismo método contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Vic, provocando la muerte directa de nueve personas, cinco de ellas menores de edad. También en este caso los etarras aprovecharon la pendiente de una de las calles laterales que daban a la casa cuartel para lanzar el coche-bomba y, una vez dentro del patio, donde en esos momentos jugaban varios niños, activar el explosivo mediante un mando a distancia.

En 1995 la Audiencia Nacional absolvió por falta de pruebas a cuatro miembros de la banda terrorista ETA para los que la Fiscalía solicitaba 360 años por este atentado. La sentencia consideró que no había quedado acreditado que Jesús María Mendinueta Flores, Joseba Iñaki Zugadi García, Fernando del Olmo Vega e Inmaculada Pacho Martín tuvieran "ninguna participación concreta y directa" en dicho atentado.

En el año 2006 fue juzgado en la Audiencia Nacional Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi -que en 2005 solicitó ser extraditado desde Francia-, como autor directo del atentado junto a Juan María Ormazabal, alias Turco -etarra fallecido en un enfrentamiento con la Ertzaintza en agosto de 1991 en el que el terrorista asesinó al ertzaina Alfonso Mentxaka- y un tercer terrorista no identificado. Gadafi ha sido ya condenado a más de 1.200 años de cárcel en los veinte juicios celebrados contra él en la Audiencia Nacional desde que fue extraditado.

José Manuel Alba Morales, de 22 años, falleció en el Hospital de Basurto una hora después del atentado. Estaba casado y su mujer estaba embarazada de su primer hijo. Natural de Zaragoza, la mayor parte de su familia residía en Córdoba, donde fueron enterrados sus restos mortales. Llevaba sólo tres meses destinado en la Compañía de Especialistas Fiscales de la Guardia Civil de Bilbao y el 2 de septiembre era su último día de trabajo antes de irse de vacaciones. El funeral por su alma se celebró el 3 de septiembre en la Iglesia de los Padres Agustinos de Bilbao.

Luis Alberto Sánchez García, de 28 años, era natural de Baracaldo (Vizcaya). Era simpatizante de Herri Batasuna, y concejales de esta coalición proetarra en el Ayuntamiento de Bilbao asistieron al funeral celebrado en la Iglesia de Cristo Rey de la capital vizcaína. Con gran cinismo, el dirigente de HB Jon Idígoras manifestó que a ellos no les "hace falta que muera un simpatizante de HB para reflexionar sobre lo que está pasando aquí".

 

Hacia las 16:30 horas del 2 de septiembre de 1992, la banda terrorista ETA asesinaba en Salamanca al coronel del Ejército de Tierra en la reserva ANTONIO HEREDERO GIL mediante una bomba lapa adosada a los bajos de su coche que se activó por el sistema conocido como "de péndulo" al moverse el vehículo.

Heredero Gil, que tenía previsto salir de vacaciones al día siguiente, había tomado minutos antes un café con hielo en la cafetería Vinaroz, ubicada a unos metros del garaje. La bomba explotó justo en el momento en que salía del garaje del grupo de viviendas del paseo de la Estación, número 38, donde el militar tenía alquilada una plaza de aparcamiento. El vehículo del coronel, un Opel de color gris metalizado, quedó completamente destrozado y su cadáver irreconocible.

El presidente del Gobierno, Felipe González, que se encontraba en Estrasburgo, dijo a los periodistas tras el asesinato de Heredero Gil que "las condenas ya no sirven (...) seguiremos con nuestra estrategia de lucha antiterrorista hasta la erradicación completa de esta plaga". Además, señaló que el atentado no afectará a ningún eventual proceso de negociación con los terroristas, "por la sencilla razón de que nunca nos hemos planteado una tal negociación".

Nada más producirse el atentado se establecieron numerosos controles para evitar una posible huida de los terroristas, especialmente en las carreteras que conducen hacia Portugal.

La capilla ardiente quedó instalada por la noche en el cuartel General Arroquia. El 4 de septiembre más de tres mil salmantinos dieron el último adiós a Heredero Gil en un funeral que se celebró en la Iglesia de María Auxiliadora al que asistió Julián García Vargas, ministro de Defensa, y otras autoridades militares y civiles. El ministro le impuso a título póstumo la Medalla al Mérito Militar de primera clase con distintivo blanco. Los restos mortales del militar asesinado fueron inhumados en el cementerio de Salamanca. El 6 de septiembre, la Comisión Justicia y Paz convocó una concentración silenciosa en la plaza Mayor de Salamanca a la que asistieron la viuda y los tres hijos del coronel asesinado.

Antonio Heredero Gil, de 55 años, pertenecía al cuerpo de Caballería del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Natural de Calatayud (Zaragoza) estaba casado y tenía tres hijos. Llevaba más de veinte años residiendo en Salamanca. Heredero Gil había sido ascendido hacía pocos meses, y en el momento de su asesinato se encontraba destinado en el Patronato de Huérfanos del Ejército en el cuartel de Caballería Julián Sánchez El Charro. Antonio Heredero Gil fue la primera víctima mortal que ETA provocaba con un atentado en Castilla y León. Casi veinte años después, no se sabe quién acabó con su vida.

Alfonso Mentxaka Lejona, ertzaina asesinado en una operación contra ETA

1 de Septiembre de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El 1 de septiembre de 1991 falleció en el Hospital de Basurto el ertzaina ALFONSO MENTXAKA LEJONA, a consecuencia de las heridas sufridas durante un tiroteo entablado el 29 de agosto de 1991 entre miembros del grupo Vizcaya de ETA y de la Ertzaintza en Bilbao. En el tiroteo también murió el etarra Juan María Ormazabal Ibarguren, alias Turko, y resultó herido Jesús María Mendinueta Flores, alias Manu, ambos con un sanguinario currículo a sus espaldas. En la operación, iniciada cinco meses antes, se detuvo a otros siete etarras.

Con la intervención policial en el barrio bilbaíno de Begoña los agentes de la Ertzaintza evitaron un atentado inminente y neutralizaron a uno de los pocos grupos operativos con los que contaba ETA, a falta de detener a Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi. El incremento de la presencia policial en Bilbao y sus alrededores había forzado a los integrantes del grupo Vizcaya a buscar nuevos escenarios para cometer atentados, fundamentalmente en La Rioja.

La noche del 29 de agosto la Unidad Especial de Intervención de la Ertzaintza culminaba un amplio dispositivo de seguimiento contra miembros del grupo Vizcaya de ETA. En el marco de esa operación antiterrorista los ertzainas siguieron a Turko y Manu hasta el recinto ferial de Bilbao, en el barrio de Begoña. Allí se reunieron con los presuntos miembros de ETA Itziar Martínez Sustacha, Pedro Mariano Márquez del Fresno y Félix Abrisketa. La operación de seguimiento de la Policía Autonómica vasca se había acelerado al tener constancia de que estaban preparando un atentado.

Al sentirse vigilados, los terroristas se dispersaron y se mezclaron con los transeúntes. Varios agentes de paisano detuvieron a Itziar Martínez Sustacha y a Pedro Mariano Márquez del Fresno, que no opusieron resistencia, mientras Ormazabal y Mendinueta se dieron a la fuga e intentaron robar un vehículo que resultó ser un coche camuflado de la Ertzaintza, en cuyo interior se encontraba el agente Alfonso Mentxaka sentado en el asiento del conductor. Los etarras le conminaron a poner en marcha el vehículo y el ertzaina intentó huir. En ese momento Ormazabal disparó contra él dejándole gravemente herido. Varios ertzainas se acercaron al vehículo y comenzó un intercambio de disparos con los asesinos en el que resultó muerto en el acto Ormazabal y herido en las piernas Mendinueta Flores. Ormazabal llevaba dos pistolas y, antes de ser abatido por las balas de la Ertzaintza mientras intentaba rematar al policía herido, vació uno de sus cargadores y parte del otro. Mendinueta echó a correr, pero fue alcanzado por un disparo en una pierna y se desplomó a pocos metros. Durante el tiempo que duró el tiroteo se vivieron escenas de pánico en el recinto ferial, según confirmaron varios testigos.

El agente Mentxaka Lejona falleció en la madrugada del 1 de septiembre en el Hospital de Basurto. Había sido alcanzado por tres disparos en las piernas y el pulmón izquierdo. Tras conocer la noticia de su muerte, el consejero de Interior del Gobierno vasco, Juan María Atutxa, mostró su "desprecio y rechazo por quienes provocan estos hechos" y acusó a ETA de "segar una joven vida dedicada a preservar los derechos y libertades de los vascos. Estos asesinos han matado a un hijo de este pueblo dedicado a trabajar, desde sus propias instituciones, en la defensa del modelo de autogobierno refrendado por la mayoría de los vascos".

El responsable de Interior del Ejecutivo autónomo tuvo además que salir al paso de las declaraciones que habían efectuado los abogados de la familia del etarra y de Herri Batasuna, en las que se acusaba a la Ertzaintza de "rematar a Ormazabal con un tiro en la sien". Atutxa calificó estas afirmaciones como "especulaciones malintencionadas que suponen una injuria para la Ertzaintza", y señaló que se emprenderían "las acciones legales oportunas" contra los responsables de las mismas. Asimismo, solicitó comparecer en el Parlamento de Vitoria para explicar la actuación de la Ertzaintza en Bilbao. La ejecutiva vizcaína del PNV, por su parte, mostró en un comunicado su dolor y "rabia contenida" por la muerte del ertzaina y recalcó que ETA "y sus grupos afines" se tienen que dar cuenta de que la violencia "sólo sirve para llevar la desolación y la angustia a familias vascas que no tienen nada que ver con su cruzada armada".

Al funeral celebrado en la Iglesia de San Juan Bautista de Sondica asistió el Gobierno vasco en pleno, con su presidente, José Antonio Ardanza, a la cabeza. También asistieron representantes del Gobierno de España y de diferentes cuerpos policiales. Al terminar, un grupo de dantzaris bailó un aurresku en honor de Alfonso Mentxaka antes de que sus restos mortales fueran llevados al cementerio de Sondica, su localidad natal.

Juan María Ormazabal Ibarguren fue el primer etarra fallecido por enfrentamiento directo con la Policía Autónoma vasca. Pocos días antes, el 17 de agosto, otros tres etarras resultaron muertos en un intercambio de tiros con la Guardia Civil en el barrio de Morlans de San Sebastián. Los etarras Patxi Itziar, Iñaki Ormaetxea Antepara y Jokin Leunda mantuvieron un tiroteo que se prolongó durante varias horas, en el que dos agentes de la Guardia Civil resultaron heridos de gravedad. El capitán Diego Bravo Aragón, de 30 años, sufrió la amputación de un dedo, mientras que el cabo primero José Luis Renco Prieto, de 26, resultó herido en la médula quedando parapléjico de cintura para abajo. En mayo de 2010 la Ertzaintza retiró, en cumplimiento de una orden de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, un monolito en el monte Arno de Motrico (Guipúzcoa) erigido en memoria de los tres asesinos muertos en este enfrentamiento con la Guardia Civil.

En 1995 la Audiencia Nacional condenó a Jesús María Mendinueta Flores a veintisiete años de reclusión mayor como autor de un delito de atentado con resultado de muerte, aunque en la sentencia se especificaba que el autor de los disparos que acabaron con la vida de Mentxaka Lejona había sido Ormazabal Ibarguren.

Alfonso Mentxaka Lejona, de 29 años, era natural de Sondica (Vizcaya). Estaba casado y no tenía hijos. Pertenecía a la sexta promoción de la Ertzaintza, habiéndose incorporado al servicio en 1986. Tras ser destinado a Éibar, ingresó en la Unidad Especial de la Policía Autonómica vasca, y cuando fue asesinado era miembro del Grupo Especial de Intervención. Era el quinto miembro de la Ertzaintza que moría en la lucha contra la banda terrorista ETA.

En formato RSS© Copyright Libertad Digital SA. Juan Esplandiu 13, 28007 Madrid.
Tel: 91 409 4766 - Fax: 91 409 4899