In Memoriam

Agosto 2011


José María Pérez y Aureliano Calvo, policías nacionales asesinados por ETA en 1979

30 de Agosto de 2011 - 09:10:13 - M.J. Grech

El jueves 30 de agosto de 1979 la banda terrorista ETA asesinaba a dos policías nacionales con una diferencia de horas entre uno y otro, uno en Zumárraga y otro en San Sebastián.

A primera hora de la mañana tres etarras tendieron una emboscada a siete agentes de Policía cuando iban de la estación de Zumárraga a la comisaría, provocando la muerte del agente JOSE MARÍA PÉREZ RODRÍGUEZ. Los agentes, vestidos de paisano, habían llegado a la localidad guipuzcoana procedentes de San Sebastián, donde habían tomado un tren a las 7:30 horas, para hacer el relevo en la comisaría. Llegaron a la estación hacia las 8:50 horas, se apearon del tren y, tras cruzar las vías, se dirigieron a pie a la comisaría que estaba a unos trescientos metros de distancia, tomando un atajo por un camino vecinal que les obligaba a subir un repecho.

Al superar el desnivel del repecho, el primer agente vio a dos individuos encapuchados armados con metralletas, por lo que dio la voz de alarma al tiempo que se ponía a cubierto. Al mismo tiempo, un tercer terrorista, apostado detrás de un camión, comenzó a disparar. Todos los policías se arrojaron al suelo y se pusieron a cubierto, a excepción de José María Pérez Rodríguez, que fue alcanzado por una ráfaga que lo hirió mortalmente. Los policías nacionales trataron de repeler la agresión disparando sus armas reglamentarias, aunque ninguno de los tres terroristas resultó herido. Los autores del atentado huyeron en la furgoneta Ebro de color verde desde la que había disparado uno de ellos. En el lugar de los hechos se recogieron casi setenta casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca FN, disparados por los etarras. José María fue alcanzado por seis impactos de bala y, aunque fue trasladado inmediatamente a la Clínica Orbegozo, ingresó cadáver. 

El 6 de marzo de 1990 la justicia francesa concedió la extradición de Félix Ramón Gil Ostoaga, alias Zaldi, por el asesinato del agente Pérez Rodríguez. Sin embargo, unos meses después, el Tribunal de Casación anuló dicha decisión al considerar que, según la legislación francesa, los delitos habían prescrito. Posteriormente Gil Ostoaga fue entregado a España para ser juzgado por otros seis crímenes. En la documentación presentada para solicitar su extradición, las autoridades españolas señalaron que los autores del asesinato de José María Pérez, además de Gil Ostoaga, fueron los ya fallecidos Miguel Ángel Goikoetxea Elorriaga, alias Txapela, Ignacio Gabirondo Agote, Donibane, y Carlos Lucio Fernández, Zaharra, junto a un quinto terrorista, Pedro María Leguina Aurre, alias Kepatxu, que entonces se encontraba en la clandestinidad.

El 31 de diciembre de 1999 Leguina Aurre fue detenido en el aeropuerto Charles de Gaulle de París. Pese a que las autoridades españolas consideraban a Leguina Aurre responsable de más de veinte asesinatos cometidos entre 1975 y 1981, entre ellos el atentado en la estación de Zumárraga, no ha podido ser juzgado por la mayor parte de esos delitos puesto que habían prescrito. Entregado por Francia en diciembre de 2001, en la actualidad cumple penas que suman 90 años de prisión por otros crímenes.

José María Pérez Rodríguez tenía 25 años y era natural de Gilena, en la provincia de Sevilla. Sus restos mortales fueron trasladados al aeropuerto de Fuenterrabía para llevarlos a Sevilla en un avión militar. Fue enterrado en San Juan de Aznalfarache.

 

Doce horas después del atentado de Zumárraga, en la tarde del 30 de agosto fue encontrado en San Sebastián el cadáver del policía nacional AURELIANO CALVO VAL dentro del taxi con el que trabajaba en sus horas libres. El vehículo estaba en la avenida de Tolosa, junto al colegio inglés, y el cadáver presentaba varios impactos de bala. "Aureliano salió a las seis de la tarde del 30 de agosto de 1979 de casa y no volvió jamás (...) No quise saber los detalles ni quise preguntar (...) yo tenía que sacar a mis pequeños adelante" contó su viuda, Carmen Ibarlucea, en Contra el olvido, de Cristina Cuesta (Temas de Hoy, 2000).

Los taxistas donostiarras efectuaron al día siguiente un paro como protesta por el asesinato que costó la vida a Aureliano. No se sabe por qué ETA acabó con la vida de Aureliano, aunque su viuda sí contó en Contra el olvido que "los años previos al atentado estuvieron llenos de miedo. Muchas veces le dije a mi marido que nos fuéramos porque el día a día era una permanente angustia".

Aureliano Calvo Val, de 38 años, había nacido en Quintanas de Valdelucio (Burgos). Estaba casado con Carmen Ibarlucea, y tenía tres hijos: dos niñas de 12 y 3 años, y un niño de 6 meses. Sus restos mortales fueron trasladados por carretera a su localidad natal, donde recibieron sepultura. En abril de 2007, y con motivo de un homenaje a víctimas del terrorismo de Guipúzcoa, Carmen Ibarlucea señaló a El Diario Vasco que ella era "una víctima de los 'años de plomo'. He estado en el total olvido, incluso te hacían sentirte culpable" (23/04/2007). Pese a ello, no quiso irse de San Sebastián: "Siempre quise permanecer en el País Vasco, jamás me planteé irme después del atentado. El País Vasco es mi tierra" (Cristina Cuesta, Contra el olvido, Temas de Hoy, 2000).

Eloy García Cambra, policía municipal, y Manuel Indiano, concejal del PP en Zumárraga

29 de Agosto de 2011 - 09:10:13 - M.J. Grech

El 29 de agosto de 1972 la banda terrorista ETA asesina en Galdácano al policía municipal ELOY GARCÍA CAMBRA cuando cuatro de sus miembros eran conducidos al cuartel de la Policía Municipal de la localidad para ser identificados.

La noche anterior, el lunes 28 de agosto, García Cambra había localizado un coche Seat 600 que le infundió sospechas. El vehículo estaba aparentemente abandonado, con las puertas abiertas y las llaves escondidas debajo de la alfombrilla, por lo que establecieron un servicio de vigilancia en torno al mismo. Al día siguiente por la mañana, observó que un individuo se acercaba al coche, por lo que le abordó preguntándole si era de su propiedad. El individuo, de aspecto sospechoso, respondió que era el coche de un amigo y otras vaguedades, que hicieron aumentar las sospechas del policía municipal. Por otro lado, al observar que otros tres desconocidos merodeaban por los alrededores, Eloy García le preguntó si los conocía, a lo que el sospechoso dijo que no. Tras estas explicaciones, el individuo se subió en un autobús de la línea Galdácano-Bilbao, descendiendo en la primera parada, dentro aún del casco urbano, donde le recogieron los otros tres individuos, que habían tomado previamente en un taxi. Estas extrañas maniobras habían sido observadas por Eloy García Cambra que decidió subir al Land Rover de la Policía Municipal con su compañero, el agente Ignacio Rubio, y dirigirse a un cruce de carreteras por donde era posible que pasase el taxi, como así sucedió.

Al llegar el taxi a Plazacoeche, los agentes municipales lo pararon y pidieron la documentación a los cuatro sospechosos. Estos manifestaron que no la llevaban encima por lo que los municipales pidieron ayuda a una pareja de la Guardia Civil, que se encontraba de servicio en el cruce de carreteras donde habían interceptado el taxi, y decidieron trasladarlos al cuartel de la Policía Municipal. El sargento de la Guardia Civil, Herminio Nebreda del Álamo, se montó en el taxi con tres de los sospechosos, mientras al cuarto lo llevaron en el Land Rover con los dos policías municipales y el otro agente de la Guardia Civil.

En el momento en el que llegaron al cuartel de Galdácano, se bajaron del Land Rover, primero los dos policías municipales y el guardia civil y, a continuación, el individuo sospechoso, que era el mismo que había intentado subirse en el Seat 600 unas horas antes. Inesperadamente, el sospechoso dio un empujón al guardia civil y disparó a quemarropa contra García Cambra, que fue alcanzado por dos disparos en la nuca y en la espalda. Se inició entonces un intenso tiroteo, en el que resultó herido en una pierna el sargento Herminio Nebreda del Álamo. 

Los agresores huyeron corriendo hacia las afueras de Galdácano, aunque volvieron posteriormente con la intención de sustraer un Mini-Morris aparcado en la calle. Preguntaron por su dueño, Vicente Aranguren, a quien le pidieron colaboración para trasladar a un herido en accidente laboral. El dueño accedió a llevarles a Bilbao e, incluso, uno de ellos sacó un pañuelo blanco por la ventanilla para tener preferencia de paso. Antes de llegar a la clínica donde tenía que ser atendido el supuesto herido por accidente laboral, los cuatro sospechosos se bajaron del coche, y le dieron al dueño doscientas pesetas para compensarle por los gastos de gasolina.

En el lugar de los hechos los terroristas dejaron abandonada una cartera con ganzúas para abrir coches, una caja con munición del calibre 9 milímetros, una navaja de muelle grande y diversos papeles escritos en euskera. En el Seat 600 se encontró una caja de munición del calibre 9 milímetros, tres permisos de conducir robados, una libreta con anotaciones, ejemplares de propaganda y relaciones de matrículas de coches, la mayoría de la Policía de San Sebastián y de Bilbao, aunque también de particulares. Por la documentación incautada se logró conocer quiénes fueron los autores del atentado, por lo que las Fuerzas de Seguridad iniciaron una amplia operación de rastreo en la que se interrogó a unas cuarenta personas y se detuvo a varias personas supuestamente relacionadas con el ETA-V Asamblea. En su edición del 7 de septiembre de 1972 el diario ABC informaba que la Guardia Civil había identificado de forma fehaciente a los cuatro terroristas que habían intervenido en el asesinato de García Cambra, datos que coincidían con los que tenía la Jefatura Superior de Policía de Bilbao. Los terroristas que participaron eran José Ignacio Múgica Arregui, alias Ezquerra, Roberto y Bigotes; José Luis Zabalonde Loibe, alias El Cojo e Iker; Isidro Garayalde Bedialauneta, alias Mamarru y Ondarrú, experto en explosivos, y José Antonio Aranguren Múgica, alias Julen. Los cuatro eran miembros de ETA militar liberados.

El 30 de agosto por la tarde se celebró el funeral por el alma del policía municipal asesinado, presidido por el ministro de Justicia, Antonio María de Oriol y Urquijo, al que asistieron miles de personas. Casi todos los comercios de la localidad permanecieron cerrados durante una hora en señal de duelo. 

Eloy García Cambra tenía 44 años y era natural de San Martín de Unx (Navarra). Vivía en el barrio Capitán Aldecoa de Galdácano (actualmente Tximelarre Goikoa), y era un hombre popular y apreciado por sus vecinos. Estaba casado con Milagros Martínez Sanz y tenía cuatro hijos: dos varones de 16 y 18 años y dos chicas de 15 y 13. Pertenecía desde quince años antes al cuerpo de la Policía Municipal. Tras su asesinato el Ayuntamiento de la localidad le dedicó una calle con su nombre en el barrio donde vivía. El 19 de octubre de 1972 le concedieron la Cruz al Mérito Policial, con distintivo rojo, a título póstumo, pensionada en la persona de su viuda. En septiembre de 1974 el presidente de la Diputación de Vizcaya, Pedro Arístegui, propuso la concesión de la Medalla de Plata de la Provincia a título póstumo a García Cambra y al guardia civil Martín Durán Grande, asesinado en Bilbao en septiembre de 1974. Los dos habían sido asesinados por ETA en acto de servicio. En abril de 2007, el Ayuntamiento de Galdácano realizó un homenaje a las once víctimas mortales del municipio y se inauguró un monolito en su memoria, al que sólo pudieron asistir los familiares de García Cambra y Leoncio Sáinz, que sobrevivió a un atentado. Eloy García Cambra fue la quinta víctima asesinada por ETA y la única del año 1972.

Poco después de las diez de la mañana del martes 29 de agosto de 2000, la banda terrorista ETA asesinaba en Zumárraga (Guipúzcoa) al concejal del Partido Popular en la localidad MANUEL INDIANO AZAUSTRE, cuando se encontraba solo atendiendo un comercio de golosinas de su propiedad. Los terroristas, miembros del grupo Buruntza de ETA, lo acribillaron disparándole hasta catorce disparos, de los que al menos siete impactaron en el pecho y el abdomen, causándole la muerte.

Después de trabajar durante algún tiempo en una empresa en Urrechu, Manuel se había quedado en el paro y decidió adquirir, en régimen de traspaso, un pequeño negocio en la calle Islas Filipinas de Zumárraga. Después de realizar reformas en el local lo había abierto al público dos meses antes de ser asesinado. El Kokolo era una tienda donde se vendían golosinas, revistas y pan. Cuando los terroristas entraron en la tienda, el edil intentó huir, refugiándose en la trastienda, pero los etarras lo siguieron y le acribillaron a disparos. Un cliente lo encontró tendido agonizando en el suelo de la parte trasera del negocio. Trasladado al Hospital Comarcal de Zumárraga, los médicos intentaron reanimarlo, pero no pudieron hacer nada y certificaron su muerte una hora después del ingreso.

Indiano no llevaba escolta desde el 3 de abril de ese mismo año. Renunció a ella, pese a las recriminaciones de sus compañeros de partido, por considerarla incompatible con la venta de dulces a los niños. El edil había barajado la posibilidad de dejar el Ayuntamiento, pero no se decidió a tiempo.

Manuel Indiano no era militante del Partido Popular, pero había concurrido como independiente en el puesto número seis de las listas populares. Tras las elecciones, el PP sacó dos concejales en Zumárraga, pero el segundo en la candidatura, Faustino Villanueva, renunció a su cargo alegando incompatibilidad con su trabajo en Proyecto Hombre, institución dedicada a la rehabilitación de drogodependientes. Las tres mujeres que le precedían en la lista renunciaron a reemplazarlo, por lo que Indiano ocupó el puesto de Villanueva. Llevaba sólo seis meses ejerciendo cuando fue asesinado.

ETA reivindicó el asesinato mediante un comunicado enviado al diario Gara el 22 de septiembre en el que decía que Indiano había sido traído de España por el PP "para rellenar su lista". En el mismo comunicado la banda terrorista reivindicó el atentado contra José Ramón Recalde el 14 de septiembre de 2000, que sobrevivió al atentado pese a recibir un disparo en la cabeza.

Los padres del concejal, que vivían en Madrid decidieron no viajar a Zumárraga el día de su asesinato debido a que estaban muy afectados. Sí se trasladaron hasta la localidad una hermana y un hermano del fallecido, quienes velaron su cadáver en el tanatorio del cementerio de Polloe, donde se le practicó la autopsia. La familia decidió que las honras fúnebres por Manuel Indiano se celebraran al día siguiente, 30 de agosto en Madrid. En Zumárraga también se celebró el 30 de agosto una misa en recuerdo del edil asesinado.

Tras el pleno del Ayuntamiento de Zumárraga en el que representantes del PP y del PSOE increparon a los de Euskal Herritarrok, se celebraron dos manifestaciones. Por un lado, socialistas y populares se manifestaron bajo el lema "ETA, basta ya". Por otro, los nacionalistas, con la pancarta "ETA, déjalo. El pueblo tiene la palabra".

Diez años después del asesinato, en noviembre de 2010, la Audiencia Nacional condenó a 31 años y 6 meses de prisión a Francisco Javier Makazaga por el asesinato de Manuel Indiano. La sentencia da por probado que Makazaga y otros dos etarras no identificados dispararon "no menos de 14 veces, al menos seis de ellas por la espalda" al concejal cuando se encontraba en su establecimiento. Destaca, además, que el etarra debe ser condenado al máximo legal dada "la saña" empleada en su muerte. Los magistrados han tenido en cuenta a la hora de dictar sentencia la situación de absoluta desprotección de la víctima y el lugar donde se ejecutó el atentado, "una tienda de golosinas y pan a la que acuden menores", y califican al asesino como alguien "frío, carente de toda empatía y del más mínimo rasgo de humanidad". Entre las pruebas valoradas por el tribunal para la condena, se encuentra una carta remitida por el etarra tras su detención, un año después de los hechos, a la dirección de ETA en Francia en la que había escrito de su puño y letra: "Los tres hicimos lo de Indiano".

En una carta remitida a los medios de comunicación en octubre de 2010, cuando el juicio quedó visto para sentencia, la viuda de Indiano dijo:

"(...)Tras 10 años del asesinato de mi marido Manuel Indiano, hoy la justicia ha sentado en el banquillo a uno de sus asesinos, a los cuales digo alto y claro que nunca les perdonaré el asesinato de Manuel, como tampoco el dolor y daño causado a mi familia y a mí misma como consecuencia de tan vil asesinato. Pido a los jueces que caiga sobre este asesino todo el peso de la Ley, ya que a mi marido lo asesinaron a traición sin darle la oportunidad de defenderse, ellos se benefician de nuestra democracia, hoy tienen un juicio justo. Por eso no se les debe de conceder ninguna clemencia. Pido al Gobierno que en nombre de mi marido no se ceda al chantaje de los terroristas, a Manuel lo asesinaron por defender España, y el gobierno de su país no puede ni debe mancillar su memoria trapicheando con sus asesinos. Pido a Instituciones Penitenciarias que no apliquen ningún privilegio a este asesino, bastantes beneficios a los terroristas hemos tenido que soportar las víctimas del terrorismo. Pido al Ministro de Interior que este asesino cumpla condena en la cárcel más lejana al País Vasco, no me importa que los familiares de este asesino tengan que hacer cientos de kilómetros para ver a su hijo, ellos lo verán con vida, mi hija y yo hacemos también cientos de kilómetros para poner flores en una tumba, espero no tener que ver al Ministro diciendo que este terrorista no es de ETA como lo ha hecho este verano con otros compañeros de pistolas del asesino de mi marido".

Manuel Indiano Azaustre, de 29 años, era natural de Madrid, donde fue enterrado. En esa ciudad estudió electrónica y se trasladó a Zumárraga tras iniciar una relación con Encarnación Carrillo, que trabajaba entonces como limpiadora en el Ayuntamiento de la localidad. Encarnación estaba embarazada de siete meses cuando asesinaron a Manuel. Debido al estado en que se quedó al enterarse del asesinato de Manuel, los médicos decidieron que ingresara en observación en el Hospital de Zumárraga. A lo largo de toda la mañana se acercaron al centro hospitalario representantes políticos, como la presidenta del PP en Guipúzcoa, María San Gil, los socialistas Rodolfo Ares y Manuel Huertas, Begoña Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna, además del portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, y el delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar.

La hija de Manuel y Encarnación, María, nació en octubre de 2000. La concejala de Bienestar Social de Zumárraga, Usua Busca, de Eusko Alkartasuna (EA) se volcó a la hora de ayudar a Encarnación, hasta el punto de amadrinar a la hija del edil asesinado. Este fue el motivo por el que el entorno proetarra inició una campaña de acoso y derribo contra ella, que tomó la decisión de dimitir como concejala en enero de 2002. Usua Busca no asistió al pleno en el que se formalizó su renuncia, pero se leyó una carta en la que explicaba que dejaba su cargo debido a las amenazas sufridas por ella y su familia. Entre otras, un falso aviso de bomba en su domicilio y manifestaciones delante de su casa de simpatizantes de ETA. Encarnación acabó poniendo tierra por medio y se instaló en Andalucía, con su hija Ayeisha, nacida de un matrimonio anterior, y la pequeña María.

Dos agentes de los Servicios de Información y un empresario de Irún

28 de Agosto de 2011 - 09:10:13 - M.J. Grech

A las once y veinte minutos del lunes 28 de agosto de 1978, la banda terrorista ETA asesinaba en Mondragón (Guipúzcoa) al cabo primero de la Guardia Civil AURELIO SALGUEIRO LÓPEZ perteneciente al Servicio de Información (SIGC) cuando, vestido de paisano, se dirigía al cuartel después de haber recogido la correspondencia en la estafeta de correos.

Este itinerario lo realizaba diariamente y siempre a la misma hora. A mitad del recorrido entre Correos y el cuartel, en una pequeña plazoleta donde confluían las calles Zarugalde, Toribio Aguirre e Ignacio Zuloaga, fue abordado por dos miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas que le dispararon varios tiros por la espalda con una pistola. Aurelio Salgueiro cayó al suelo boca arriba, quedando la correspondencia desparramada junto a su cuerpo, y fue rematado en el suelo delante de uno de sus hijos, de 14 años, con el que se acababa de encontrar.

Inmediatamente después de producirse el asesinato, los dos terroristas se dieron a la fuga en un vehículo Renault 5 TL de color amarillo en el que les esperaba un tercer individuo. El coche había sido robado a punta de pistola en Éibar a las nueve y media de la mañana del mismo día. Los terroristas obligaron a su propietario a subir al mismo y posteriormente lo dejaron atado y abandonado en Arrate. El vehículo fue encontrado a las cinco y media de la tarde en las cercanías de Éibar. 

La víctima había recibido cuatro impactos de bala alojados en el tórax y en la cabeza. El cuerpo del guardia civil permaneció en el suelo durante más de quince minutos desangrándose sin que nadie acudiera a socorrerlo, mientras su hijo, en estado de shock, daba aviso al cuartel. Aurelio fue trasladado en un turismo particular al centro asistencial de Mondragón, donde ingresó cadáver.

La capilla ardiente por el guardia civil se instaló a las cinco de la tarde en el cuartel de la Guardia Civil y el funeral tuvo lugar al día siguiente, a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Mondragón.

El 29 de agosto una llamada a Egin reivindicó en nombre de un Comando Autónomo, Independentista y Anticapitalista el asesinato de Aurelio Salgueiro, que "había sido sentenciado por las asambleas populares por ser miembro de las fuerzas represivas".

La pistola con la que asesinaron a Aurelio Salgueiro, una Browning GP-35, fue incautada a José María Iturrioz Garmendia el 15 de noviembre de 1978 cuando fue abatido por agentes de la Guardia Civil después de ametrallar la casa-cuartel de Arechavaleta. En la acción participaron también otros dos miembros de los CAA, Roberto Aramburu Uribarren y Enrique Zurutuza Odriozola. Tras el ametrallamiento, se produjo una persecución y un tiroteo que finalizó en Mondragón donde, además de Iturrioz Garmendia, resultaron muertos Aramburu Uribarren y una vecina de la localidad, Emilia Larrea Sáez de Adacia. Zurutuza Odriozola resultó herido de gravedad y fue detenido posteriormente.

Aurelio Salgueiro López, tenía 46 años y era natural de Monforte de Lemos (Lugo), localidad donde fueron enterrados sus restos mortales. Estaba casado y tenía siete hijos con edades comprendidas entre los 18 años, el mayor, y 11 meses la pequeña. Llevaba ocho años en el cuartel de Mondragón, al que fue destinado en agosto de 1970.

Horas después, a las nueve y media de la noche del lunes 28 de agosto de 1978, la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Fuenterrabía (Guipúzcoa) al jefe del Servicio de Información de la comisaría de Irún, el inspector de Policía ALFONSO ESTEVAS-GILMAIN MUÑOZ, cuando se disponía a aparcar su coche cerca del edificio Miramar de Fuenterrabía, junto al Bidasoa, donde tenía su domicilio. Los terroristas, que utilizaron un Seat de color blanco para huir, dispararon dos ráfagas de metralleta, desde un lateral del vehículo y desde la parte trasera, provocándole la muerte en el acto. Su mujer y uno de sus tres hijos, que llegaban en ese momento a casa, fueron testigos del asesinato. En el lugar de los hechos se recogieron diecinueve casquillos del calibre 9 milímetros parabellum.

El 30 de agosto ETA-pm reivindicó el asesinato del inspector Alfonso Estevas-Gilmain en un largo comunicado de cuatro folios enviado a los diarios Egin y Deia en el que se vertían diversas acusaciones. La banda terrorista justificó su asesinato acusando a la víctima de estar relacionada con el atentado sufrido en el sur de Francia por el exdirigente de ETA Juan José Etxabe, dato desmentido por la familia en otro comunicado enviado por su viuda el 6 de septiembre. El atentado contra Etxabe también se utilizó como justificación para asesinar a Tomás Sulibarria Goitia, contra el que habían atentado el 30 de agosto de 1978, dos días después de asesinar a Alfonso Estevas-Gilmain, sin conseguir acabar con su vida, y al que asesinaron finalmente dos años después, el 3 de junio de 1980. Tras el primer intento de asesinarlo, el 30 de agosto de 1978, la banda terrorista ETA emitió un comunicado responsabilizándose del atentado contra Sulibarria, en el que le acusaba de "haber traicionado a la organización" y ser miembro a sueldo de los Servicios de Seguridad españoles desde que había sido detenido por un breve espacio de tiempo tres años antes, en 1975. La versión de la banda fue que Sulibarria huyó a Francia en mayo de 1978 con la intención de "introducirse entre los refugiados para llegar a tener acceso a aquellos a quienes el Gobierno atribuye una mayor influencia política". Fruto de esa actividad y "en colaboración con su enlace de los servicios de seguridad españoles", continuaba el comunicado de la banda, Sulibarria preparó el atentado en San Juan de Luz contra el exdirigente de ETA Juan José Etxabe y su mujer en julio de 1978.

Alfonso Estevas-Gilmain Muñoz, de 41 años, era natural de Madrid, aunque residía en Fuenterrabía desde que tenía 18 años. Estaba casado y tenía tres hijos varones de 12, 11 y 6 años de edad. Estaba destinado en Irún, donde llevaba doce años, dos de ellos como jefe del Servicio de Información del Cuerpo General de Policía. Además, él y su mujer regentaban el Hostal Álvarez Quintero en Fuenterrabía. Alfonso era una persona muy conocida en la localidad en la que vivía, donde había empezado a estudiar euskera, además de la carrera de Derecho. Unas trescientas personas asistieron a su funeral en la capilla de la Policía Armada en Irún, presidido por la viuda, el padre y sus hijos, al que asistió el gobernador civil de Guipúzcoa, Antonio Oyarzabal. El lugar del funeral fue elegido por la familia de la víctima, que expresó el deseo de que tuviera carácter privado, por lo que no se permitió la entrada de fotógrafos y redactores de los medios de comunicación. La mayoría de los asistentes eran miembros del Cuerpo General de Policía y de la Guardia Civil. Posteriormente sus restos mortales fueron trasladados a Madrid, su ciudad natal, donde fue enterrado por expreso deseo de sus familiares.

A las 8:45 horas del 28 de agosto de 1980 la banda terrorista ETA asesinaba en Irún (Guipúzcoa) a JESÚS MARÍA ECHEVESTE TOLEDO cuando se dirigía andando desde su domicilio a su trabajo como apoderado en la agencia de aduanas Sucesores de Echeandía, de la que era copropietario con su hermano, un negocio que habían heredado de su padre. Ese trayecto andando, de aproximadamente medio kilómetro, y a esa hora, era su rutina diaria.

La mañana del 28 de agosto salió a la calle Fueros, donde vivía con su mujer, Milagros, y la cruzó para dirigirse al quiosco de prensa, donde compró un periódico y un paquete de tabaco. A continuación, se dirigió por la calle Berrocarán, mientras le echaba un vistazo al periódico. Al llegar a la altura del Bar Weekend le salió al paso un terrorista que disparó dos veces con una escopeta de cañones recortados. Jesús María cayó de bruces sobre el maletero de un vehículo estacionado en la calle y después quedó tendido en el suelo. El terrorista, con un cómplice que le daba cobertura, se montó en un Ford Fiesta estacionado en doble fila donde les esperaba un tercer etarra, al parecer una mujer. El vehículo había sido robado a su propietario en el barrio de Amara en San Sebastián esa misma mañana. Los terroristas lo dejaron atado a un árbol en la localidad de Oyarzun.

Jesús María Echeveste, gravemente herido, hizo un amago de incorporarse, pero viendo que no podía, solicitó ayuda y que llamasen a una ambulancia. La víctima había recibido varios impactos de posta en el brazo izquierdo, en la zona abdominal y en la columna. Alguien avisó a la empresa de la que era copropietario y personal de la misma se trasladó al lugar donde Jesús María yacía en el suelo. Minutos después, una ambulancia de la Cruz Roja lo trasladó a la Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu. En un primer momento no se le pudo intervenir, debido a que su estado era crítico y a que hacía falta sangre de su grupo sanguíneo. Se hizo un llamamiento público y la respuesta fue masiva, llegando donantes de distintas localidades de la provincia. Hacia las 14:15 horas falleció cuando estaba siendo intervenido.

El mismo día del asesinato, representantes del Partido Nacionalista Vasco (PNV), del Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE) y del Partido Comunista de Euskadi (PCE) de Irún hicieron público un comunicado en el que convocaban a todos los iruneses a una manifestación silenciosa al término del funeral por el alma del empresario.

Jesús María Echeveste Toledo tenía 46 años y era ingeniero industrial. Estaba casado y no tenía hijos. La víctima carecía de vinculaciones políticas conocidas, aunque era simpatizante del PNV, partido al que, según informó el diario ABC (19/08/1980), estaban afiliados su mujer y su hermano. Este mismo periódico señaló que nadie sabe el motivo por el que fue asesinado, porque mientras unos negaban que hubiese recibido amenazas, otros señalaban que se había negado a pagar el llamado impuesto revolucionario. También hubo rumores de que su asesinato se hubiese debido a una equivocación de la banda terrorista, pues un miembro de la ejecutiva de UCD, que había abandonado Guipúzcoa tres meses antes al conocer que estaba en una lista de ETA, vivía en el mismo domicilio que Jesús María y Milagros.

José García Gastiain, comerciante herido en un tiroteo de ETA contra la Policía

26 de Agosto de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El 26 de agosto de 1978 fallecía en Vitoria el comerciante jubilado JOSÉ GARCÍA GASTIAIN, que no pudo superar las graves heridas sufridas la noche anterior.

A las diez y media de la noche del 25 de agosto García Gastiain tuvo la mala suerte de encontrarse en la línea de fuego de dos terroristas que, en esos momentos, estaban ametrallando el cuartel de la Policía Nacional de la capital alavesa. El agente de Policía que hacía guardia ante el cuartel logró protegerse del ataque y resultó ileso, pero uno de los disparos hirió de gravedad a José García, que escasos momentos antes había salido de su domicilio después de cenar para aparcar su vehículo en un taller de la familia.

La víctima fue trasladada al Hospital de Vitoria, donde se le intervino quirúrgicamente, pero falleció en la mañana del día siguiente como consecuencia de las heridas producidas. Según el parte médico, la bala le penetró por la región parietal derecha, alojándose en el lóbulo temporal, produciéndole "fractura múltiple de bóveda craneal con hemorragia y pérdida de masa cerebral".

Tras el ametrallamiento, los terroristas se dieron a la fuga en un automóvil donde les esperaban otros dos etarras. El coche, un Renault 6 que había sido robado previamente, apareció a medianoche en la calle de La Paloma de Vitoria. En su interior se encontró una pistola Firebird y munición. La banda terrorista ETA intentó eludir su responsabilidad negando que fuesen sus disparos los que habían matado a José García, ya que la Policía también disparó para repeler la agresión. Por ello, y en un primer momento, se produjo cierta tensión, debido a que pensaron que sólo habían disparado los agentes. Sin embargo, en el lugar de los hechos se recogieron siete casquillos del calibre 9 milímetros parabellum, marca Geco, munición empleada habitualmente por la banda terrorista.

La misma noche del 25 de agosto la banda terrorista ETA secuestró en su domicilio de Guecho al hijo del industrial Javier Artiach, que fue liberado el mismo día tras el pago de 9,5 millones de pesetas. El industrial, de 45 años y cuatro hijos, fue llevado a punta de pistola a una sucursal bancaria por dos terroristas, mientras otros dos mantenían a su hijo en un coche bajo la amenaza de asesinarlo si no cumplía con el pago. Entre los participantes en el secuestro se encuentra José Antonio Alcocer Gabaldón, alias Zapatones, detenido en junio de 1980.

En 1980 la Audiencia Nacional condenó a seis años de prisión a José Luis Gómez Sampedro, detenido en febrero de 1979, por su participación en el atentado. Es hasta ahora el único condenado por el asesinato de José García Gastiain.

En abril de 1985 fue absuelto el etarra José Manuel Sánchez Beiztegui, extraditado por Francia en septiembre de 1984, de su participación en el ametrallamiento que acabó con la vida de García Gastiain, y para el que el fiscal pedía 118 años de prisión. La Fiscalía basó fundamentalmente su acusación en el testimonio ante la Policía del entonces miembro de ETA José Luis Gómez Sampedro, condenado por los mismos hechos, que acusó a Sánchez Beiztegui de formar parte del grupo que ametralló el cuartel de la Policía en Vitoria. Esa primera declaración la ratificó ante el juez que instruyó el caso. Posteriormente, sin embargo, se retractó de la misma alegando que su declaración había sido obtenida bajo torturas.

El 3 de abril de 2004 son detenidos en Francia en una operación conjunta de la Policía Judicial francesa y la Guardia Civil, los etarras Félix Ignacio Esparza Luri, Félix Alberto López de Lacalle Gauna, alias Mobutu, y Mercedes Chivite Berango, miembros de la dirección del aparato logístico y operativo de la banda terrorista ETA. Mobutu figuraba como buscado en cinco sumarios de la Audiencia Nacional, entre ellos el asesinato de José García Gastiain.

José García Gastiain, de 68 años de edad, estaba casado y tenía dos hijos, de 20 y 15 años.

Miguel Garrido Romero y Vicente Gómez Duarte, tedax de la Guardia Civil

25 de Agosto de 2011 - 09:10:12 - M.J. Grech

En la madrugada del miércoles 25 de agosto de 1982 los guardias civiles MIGUEL GARRIDO ROMERO y VICENTE GÓMEZ DUARTE fallecen en el intento de desactivar una bomba colocada por la banda terrorista ETA en una sucursal del Banco de Vizcaya en Munguía (Vizcaya). La explosión provoca heridas graves al cabo primero Pedro Robles Barberán.

En torno a las dos de la madrugada un comunicante anónimo llamó al cuartel de la Policía Municipal de Munguía avisando de la colocación de una bomba en la sucursal del Banco de Vizcaya de la calle La Concordia. Efectivos de la Policía Nacional y de la Local establecieron un cordón de seguridad y desalojaron las viviendas que se encontraban sobre ella.

Hacia las tres de la madrugada entró en acción un equipo de desactivación de explosivos de la Guardia Civil compuesto por el cabo primero Pedro Robles Barberán y los agentes Vicente Gómez Duarte y Miguel Garrido Romero. Tras identificar la bolsa sospechosa y confirmar con un perro adiestrado que se trataba de un artefacto explosivo, comenzó la tarea de desactivación, protegidos con material antiexplosivos, cascos y gafas.

En primer lugar, y ayudados por unas cuerdas de cuyos extremos colgaban unos garfios especiales, zarandearon desde una prudente distancia la bolsa, con el fin de verificar la posible naturaleza del artefacto. A pesar de los bruscos movimientos, el explosivo no llegó a detonar, por lo que muchos testigos presenciales pensaron que se trataba de una falsa alarma. Pese a ello, los tres especialistas de la Guardia Civil intentaron engancharla con una pinza mecánica para intentar separar sus componentes. Cuando el robot acababa de atrapar la bolsa, se produjo la explosión. El guardia Vicente Gómez Duarte fue alcanzado de lleno quedando totalmente destrozado. Falleció en el acto. Su compañero Miguel Garrido Romero, sufrió también gravísimas heridas y desprendimiento de miembros. Falleció cuando era conducido al hospital.

El cabo primero Pedro Robles Barberán fue alcanzado en la cara y las piernas. Trasladado al Hospital Civil de Basurto, fue intervenido quirúrgicamente durante más de nueve horas, con la participación de equipos médicos de traumatología, oftalmología y cirugía plástica maxilofacial. Robles Barberán era natural de Alcañiz (Teruel), tenía 31 años y estaba casado.

El atentado, reivindicado por la banda terrorista ETA mediante un comunicado enviado al diario Egin, era parte de la campaña contra los principales bancos iniciada en junio de 1982. La banda pretendía presionar a los bancos y, dos meses antes, había enviado cartas exigiendo determinadas cantidades de dinero por el llamado impuesto revolucionario. El día 6 de junio de ese año hicieron explosión sendas bombas en las sucursales de los Bancos de Vizcaya y Santander en Pasajes y Rentería.

El funeral por el alma de los dos guardias civiles se celebró al día siguiente en el Gobierno Civil de Vizcaya, con la asistencia del ministro del Interior, Juan José Rosón, el director general de la Guardia Civil, Aramburu Topete, y el delegado del Gobierno, Jaime Mayor Oreja. Tras el funeral, los cadáveres de ambos guardias civiles fueron trasladados en un avión del Ejército del Aire a Sevilla para ser enterrados posteriormente en sus localidades de origen.

Miguel Garrido Romero, de 22 años, era natural de Santa Olalla (Huelva) y estaba soltero. Estaba destinado en Vizcaya como Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos.

 

 

 

Vicente Gómez Duarte cumplía 26 años el mismo día que fue asesinado por ETA. Era natural de Sevilla y estaba soltero. Igual que su compañero asesinado era Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos.

 

 

Antonio Fernández y José Antonio Ferri, guardias civiles, y José Santana, policía nacional

21 de Agosto de 2011 - 09:10:12 - M.J. Grech

A las siete y media de la mañana del domingo 21 de agosto de 1988 la banda terrorista ETA asesinaba en Estella (Navarra), haciendo explotar un coche-bomba al paso de una patrulla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, a los agentes ANTONIO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ y JOSÉ ANTONIO FERRI PÉREZ.

El atentado se produjo a la altura del número 47 del paseo de la Inmaculada de la localidad navarra. El coche-bomba, un Seat 1430 matrícula de Bilbao, estaba estacionado en un paso de cebra y contenía veinticinco kilos de amonal y otros cuarenta de metralla con fragmentos de acero. Fue accionado a distancia por los terroristas al paso del Talbot Horizon en el que viajaban los dos guardias civiles, que murieron en el acto. Los cuerpos de los dos agentes quedaron carbonizados por el incendio que se desencadenó tras la explosión. La extracción de los cadáveres calcinados de los dos guardias civiles, que permanecían sentados en sus asientos, fue muy dificultosa y los equipos de la DYA,  bomberos y SOS-Navarra necesitaron utilizar equipos cortachapas. Sobre las 10:30 horas el juez ordenó el levantamiento de los cadáveres, que fueron conducidos al Hospital Comarcal de Estella.

El coche utilizado para el atentado había sido robado a sus propietarios a las dos y cuarto de la madrugada en las proximidades de Estella. Los terroristas los dejaron encadenados a un árbol, al igual que al conductor de otro automóvil, un Renault 7 matriculado en Vitoria, que habían sustraído también a punta de pistola dos horas antes, y que se supone fue el que utilizaron los etarras en su huida. El coche-bomba quedó irreconocible y un gran fragmento del mismo voló por encima de un bloque de seis pisos y cayó en un patio interior situado a unos doscientos metros del lugar del atentado. Tres vehículos estacionados en las inmediaciones, así como ventanas y balcones de varios bloques de viviendas, resultaron gravemente dañados, al igual que numerosos establecimientos comerciales.

La violenta explosión del coche bomba provocó también heridas a María del Puy García Michelena, de 24 años, que en el momento de producirse el atentado preparaba el biberón para sus hijos gemelos de dos meses de edad en un primer piso del número 47 del paseo de la Inmaculada, lugar en el que se produjo la explosión. La metralla alcanzó el domicilio de la joven madre, hiriendo a su hijo de dos meses, Héctor Catalán. Según testigos presenciales, la mujer salió a la calle gritando y con el bebé en los brazos lleno de sangre. Inmediatamente fue conducida al Hospital Comarcal de Estella, donde fue atendida de diversas erosiones y heridas varias en el brazo izquierdo y rodilla derecha por rotura de cristales, con pronóstico leve. El bebé sufría heridas incisas en el brazo y pómulo izquierdos y erosiones varias en el cráneo por rotura de cristales, también con pronóstico leve. Ambos fueron enviados a su domicilio en las horas siguientes.

La capilla ardiente con los cuerpos de los dos agentes se instaló por la tarde del mismo día de su asesinato en el Ayuntamiento de Estella y los funerales se celebraron al día siguiente a las once de la mañana en la Iglesia de San Juan de esta localidad. A ellos asistieron el ministro del Interior, José Luis Corcuera; el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, y el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán.

El asesinato de los dos guardias civiles se produjo en un momento en el que la banda terrorista ETA había publicado varios comunicados en los que mostraba su voluntad de negociar y proponía una tregua de dos meses. La curiosa forma que tenía de demostrar esa voluntad era asesinando guardias civiles, pues pocas horas antes del doble asesinato en Estella, la banda terrorista había hecho estallar un coche-bomba en las proximidades de Vergara (Guipúzcoa) en el que tres guardias civiles y un civil resultaron heridos, algunos de gravedad. La explosión se produjo a las 12:30 horas del 19 de agosto al paso de tres vehículos de la Guardia Civil. Poco después, ETA hizo estallar otro artefacto en Éibar (Vizcaya) al paso de otro vehículo del Instituto Armado, resultando heridos dos guardias civiles, uno de ellos de gravedad, y un civil que conducía un todoterreno en el momento de la explosión.

Todos los partidos políticos de Estella, con la excepción habitual de Herri Batasuna (HB), condenaron el asesinato de los dos guardias civiles. El concejal de HB, Patxi Lage, dijo sentirse afectado, aunque se negó a condenarlo. Esta cínica actitud provocó que la alcaldesa de Estella, Rosa López, dijese que "es increíble que quienes apoyan este tipo de sucesos tengan el cinismo de mostrarse afectados" (ABC, 22/08/1988). Pero no quedó ahí la cosa porque, por primera vez, todos los partidos políticos de la Corporación Municipal decidieron por unanimidad destituir a Patxi Lage de su cargo como presidente de la Comisión de Sanidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Estella: "Estamos hartos de tener miedo y nos sentimos orgullosos junto con el pueblo de Estella de ser los primeros en adoptar esta medida y queremos dar ejemplo a todo el mundo", dijo la alcaldesa (ABC, 22/08/1988).

Y es que el asesinato de los dos agentes había provocado una gran indignación en la localidad navarra, donde eran muy apreciados. Unos días antes del atentado, los agentes Fernández y Ferri habían participado en una arriesgada operación de salvamento durante un incendio que se había desatado en Estella. Más de cinco mil vecinos participaron en la manifestación silenciosa en repulsa por el atentado que recorrió las calles de la ciudad.

El asesinato de Antonio Fernández y José Antonio Ferri era el primer atentado mortal de ETA en Estella. En esta localidad, justo diez años después, todos los partidos vascos nacionalistas, incluido Herri Batasuna, firmaron el Pacto de Estella o Lizarra, que tenía como objetivo explícito la consecución de la soberanía de Euskadi, pacto que fue consecuencia casi directa de la reacción social sin precedentes que provocó el "asesinato a cámara lenta" de Miguel Ángel Blanco.

En 1992 la Audiencia Nacional absolvió al etarra Germán Rubenach Roig, alias Antxon, de su vinculación con el asesinato de los dos guardias civiles al considerar que no estaba probada su participación en los hechos que le imputaba la Fiscalía. Rubenach había sido detenido el 25 de  junio de 1990 en la Foz de Lumbier (Navarra), tras asesinar al sargento de la Guardia Civil José Luis Hervás Mañas cuando procedía a identificarle junto a los también etarras Juan María Lizarralde Urreta y María Susana Arregui Maiztegui. Tras cometer el crimen se apropiaron de la pistola del sargento y entablaron un tiroteo con otros tres agentes de la Benemérita, en el que resultó herido grave el sargento José Domínguez Peris, mientras que Rubenach fue herido en una pierna. Las Fuerzas de Seguridad cercaron el lugar, lo que llevó, esa misma tarde, a la localización de Rubenach, gravemente herido por un disparo en la cabeza. Al día siguiente se encontraron los cadáveres de Lizarralde y Arregui. Aunque diversas sentencias judiciales no lograron esclarecer completamente el episodio, en el hospital Rubenach declaró, en presencia de su abogado y de la juez de Aoiz (Navarra), que, al sentirse rodeados por las Fuerzas de Seguridad, Lizarralde se suicidó, mientras que él mismo disparó a Arregui con el arma del sargento Hervás y luego intentó suicidarse, si bien posteriormente cambió su versión de los hechos.

Antonio Fernández Álvarez era natural de Salamanca y tenía 35 años. Había ingresado en la Guardia Civil en el año 1976, en la Agrupación de Tráfico, y estaba destinado en Estella desde 1979. Estaba casado y tenía dos hijos varones de 10 y 6 años de edad.

 

 

 

José Antonio Ferri Pérez, natural de Ibi (Alicante), tenía 34 años. Ingresó en la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en 1976 y estaba destinado en Estella desde 1986, proveniente de Barcelona. Estaba casado y tenía tres hijos de 10, 8 y 3 años de edad.

 

 

Hacia las ocho menos cuarto de la tarde del domingo 21 de agosto de 1994 la banda terrorista ETA asesinaba en Berango (Vizcaya) de dos tiros en la cabeza al policía nacional JOSÉ SANTANA RAMOS mientras jugaba a las cartas con unos amigos en la sede social del Partido Nacionalista Vasco de la localidad. En el mismo atentado resultaron heridos de carácter reservado, por el rebote de uno de los disparos, José Benedicto Herrero Hernández, de 71 años, una de las tres personas que jugaba a las cartas con el policía asesinado, y otras dos personas. Herrero estuvo durante un tiempo ingresado en el Hospital de Cruces y tardó 143 días en restablecerse de sus fracturas de húmero y radio. Según informaron testigos presenciales, José Santana se encontraba acompañado por una de sus hijas, de 8 años, que presenció el atentado mientras esperaba a su compañera, agente de la Ertzaintza.

Faltaban pocos minutos para las ocho de la tarde cuando el etarra José Luis Martín Carmona, acompañado de Lourdes Churruca Medinabeitia, se bajó de un taxi y entró a cara descubierta en el batzoki de Berango, en la calle Sabino Arana. Acercándose a la mesa donde José Santana jugaba a las cartas, le disparó dos tiros en la cabeza, provocándole la muerte en el acto. A continuación emprendió la huida junto a Lourdes Churruca, etarra que cubrió el asesinato desde la puerta del establecimiento. Ambos se montaron en un taxi, conducido por un tercer terrorista, que había sido robado minutos antes en una parada de Guecho, y su propietario encerrado en el maletero. El taxi, con el taxista, fue abandonado en Algorta, a unos cuatro kilómetros de Berango. Según el testimonio del propietario del taxi que se utilizó en la acción, un Mercedes de color blanco, los terroristas habían solicitado un servicio normal de taxi en Algorta. Después, uno de ellos le amenazó con una pistola y le obligó a introducirse en el maletero del vehículo. Una vez cometido el atentado, los terroristas abandonaron el automóvil en la calle Nicolás de la localidad de Algorta. Varias personas avisaron a la Ertzaintza, alertadas por los gritos de socorro del taxista, que permanecía encerrado en el interior del maletero del automóvil.

Vecinos de la localidad de Berango comentaron que la víctima era bastante conocida en el pueblo y acudía habitualmente al batzoki, donde jugaba a las cartas casi todos los días. Los responsables del mismo explicaron que ninguna persona que se encontraba a cargo del local pudo observar cómo sucedían los hechos, ya que todos ellos se encontraban en la cocina en el momento del atentado. Era la primera vez que la banda terrorista cometía un atentado en una sede social del PNV, y tuvo lugar un día después de que el grupo Vizcaya intentara llevar a cabo un atentado terrorista en Basauri.

A las 12:00 horas del día siguiente se celebró el funeral por el agente de la Policía Nacional en la Iglesia de los Agustinos de Bilbao, al que acudió el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, y el director general de la Policía, Miguel Ángel Olivares.

Los días previos al asesinato de José Santana las Fuerzas de Seguridad del Estado habían alertado sobre la posibilidad de un recrudecimiento de los atentados en vísperas de la Semana Grande de Bilbao. Días antes, simpatizantes de Herri Batasuna se habían manifestado en San Sebastián en apoyo a la banda asesina ETA coreando gritos como "Contra la represión, coche-bomba solución". Por las mismas fechas, dos ertzainas recibieron una paliza a manos de un grupo de proetarras en un bar-sede de Herri Batasuna de la parte vieja de San Sebastián, y días después del asesinato de José Santana, el 27 de agosto, un policía salvó la vida al tirarse al río Oyarzun abrasado por las llamas de un cóctel molotov que lanzaron contra el vehículo en el que patrullaba.

Cuando se produjo el asesinato de José Santana, el Partido Nacionalista Vasco, y más concretamente Xabier Arzalluz, presionaba a favor de una política de reinserción de los presos etarras, además de repetir hasta la saciedad que no era conveniente una victoria policial sobre la banda sino una salida negociada. Pero más lamentable y significativo fue que las declaraciones de Arzalluz en las que proponía que las víctimas del terrorismo no pudieran cobrar indemnizaciones ni del Estado ni de sus asesinos, lo que condenaría a la indigencia a muchas de ellas, no tuviesen respuesta del Gobierno central.

En 1997 la Audiencia Nacional condenó a 30 años de reclusión mayor a los terroristas José Luis Martín Carmona y Lourdes Churruca Medinabeitia. En 1999 se condenó a 14 años de reclusión a Aitor Bores Gutiérrez como cómplice del atentado, siendo el etarra que consiguió información sobre los horarios, trayectos y lugares visitados por el policía nacional. Además, la noche anterior al asesinato, los autores materiales durmieron en el domicilio de Bores Gutiérrez. Por último, en 2003 la Audiencia Nacional condenó, también en concepto de cómplice, a Jorge Martínez Aedo a 17 años de reclusión menor. Este cómplice de asesinos dijo en el juicio que lo único que recordaba del asesinato del policía era que se rió "un montón viendo a Arzalluz en televisión con un rebote de la hostia" después de que "le dieran a un txakurra" (Efe, 24/04/2003). Martínez Aedo fue detenido en Francia en noviembre de 1997 y entregado a España en julio de 2002. Estaba integrado en un grupo de apoyo al Vizcaya de ETA, el grupo Manguis, que se dedicaba a proveer de vehículos y matrículas falsas a los asesinos de la banda.

José Santana Ramos, de 37 años, era natural de Minas de Riotinto (Huelva). Tenía tres hijos y residía en Berango. Ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía en 1979 y fue destinado a Bilbao en 1982, donde prestaba servicios en el Puerto de Santurce, en la sección de documentación para el control de pasajeros del ferry que comunicaba la capital vizcaína con Portsmouth (Reino Unido). Sus restos mortales se trasladaron tras el funeral oficial celebrado en Bilbao a Dos Hermanas (Sevilla), donde recibieron sepultura.

 

Irene Fernández y José Ángel de Jesús, guardias civiles asesinados en Sallent de Gállego

20 de Agosto de 2011 - 09:10:13 - M.J. Grech

A las seis de la mañana del domingo 20 de agosto de 2000, la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad de Sallent de Gállego (Huesca) a los guardias civiles IRENE FERNÁNDEZ PERERA y JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS, mediante una bomba-lapa colocada en el coche oficial en el que se disponían a iniciar su ronda diaria. La agente Fernández Perera, cuyo cuerpo salió despedido a diez metros del lugar de la explosión, murió en el acto, mientras que su compañero de patrulla, el guardia civil José Ángel de Jesús, falleció mientras era trasladado en ambulancia hasta el Hospital Provincial San Jorge de Huesca. El artefacto estaba provisto de un temporizador, un dispositivo antimovimiento y tres kilos de dinamita.

Los dos guardias civiles se disponían a realizar la ronda de vigilancia que tenían asignada aquel día. Para ello se dirigieron, poco después de las 6:00 horas, hacia el todoterreno oficial aparcado en la plaza del Valle de Tena, donde los agentes solían estacionar los coches-patrulla, al carecer el acuartelamiento de aparcamiento suficiente para estacionar todos los vehículos. Esta circunstancia fue aprovechada por el etarra José Ignacio Guridi Lasa para colocar la bomba-lapa en los bajos del todoterreno. En cuanto la agente Irene Fernández puso en marcha el Nissan Patrol, la bomba explotó dejando el coche partido en dos y hecho un amasijo de hierros.

La gran explosión despertó a los habitantes de la tranquila y turística localidad de Sallent de Gállego, en el Pirineo Aragonés. "El estallido ha sido estremecedor, ha conmocionado al pueblo", declaró el alcalde, el socialista José Luis Sánchez, que fue de los primeros en llegar al lugar del atentado. "Han matado a dos jóvenes, esto es lo más doloroso", dijo todavía emocionado, añadiendo que el atentado no tenía explicación "ni en Sallent ni en ningún otro sitio del país" y confió en que la democracia fuese fuerte y sepa "sobreponerse de estos golpes".

Cerca del lugar del atentado se efectuó, alrededor de las diez de la mañana, una explosión controlada al sospecharse de un vehículo, un Ford Sierra con la matrícula doblada, que resultó ser una falsa alarma.

El director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, se desplazó hasta la localidad "para estar con los compañeros de las dos víctimas y compartir con ellos el dolor. Hoy estamos aquí para llorar y honrar a dos jovencísimos guardias civiles, que han muerto cumpliendo con su deber. Han demostrado que los hombres y mujeres de la Guardia Civil hacen bueno el juramento de cumplir con su deber hasta la muerte si fuera necesario. Hoy es día de dolor, pero a partir de mañana la muerte de estos dos jóvenes guardias será un acicate para la Guardia Civil para seguir en la lucha contra ETA. Que los ciudadanos tengan la seguridad de que terminaremos ganando". También acudieron a Sallent el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, y el vicepresidente, José Ángel Biel.

La capilla ardiente con los restos mortales de los dos guardias civiles se instaló en el Salón del Trono de la Subdelegación del Gobierno en Huesca. Durante las primeras horas de la tarde fueron llegando a la capital oscense los familiares de las dos víctimas, que precisaron ser asistidos por psicólogos de la Cruz Roja. El ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, tras visitar la capilla ardiente, se refirió a "la gran proeza de ETA, de lo que debe estar muy orgullosa, matar a dos españoles de 22 y 32 años, a dos jóvenes guardias civiles".

Al día siguiente se celebró en la catedral de Huesca un solemne funeral, tras el cual los féretros fueron trasladados a las localidades natales de los dos guardias civiles asesinados. El Gobierno de Aragón decretó tres días de luto oficial y se realizaron numerosas concentraciones y manifestaciones de repulsa por toda la geografía aragonesa y del resto de España.

En su sentencia de 2004 la Audiencia Nacional especifica que el entonces máximo responsable del aparato militar de la banda, Javier García Gaztelu, alias Txapote, era quien daba instrucciones al grupo Ttotto de ETA (que toma su nombre del alias de José Luis Geresta Mujika, uno de los asesinos de Miguel Ángel Blanco) para cometer atentados, entre ellos el de Sallent de Gállego. Así se desprende de la documentación incautada tras la detención del etarra. En la misma sentencia se condena a José Ignacio Guridi Lasa, detenido en Ordicia en febrero de 2001, a 75 años de prisión por el asesinato de los dos guardias civiles.

En abril de 2011 se sentaron en el banquillo por este asesinato Javier García Gaztelu, Aitor Aguirrebarrena Beldarrain, alias Peio, y Asier Arzalluz Goñi, como autores materiales junto con Guridi Lasa. En su escrito de calificación, la Fiscalía relata que Txapote informó a José Ignacio Guridi Lasa, condenado en 2004, de la existencia de un Nissan Patrol de la Guardia Civil en Sallent de Gállego "al que se podía colocar una bomba-lapa en los bajos" porque permanecía fuera del cuartel por falta de espacio. Los etarras se trasladaron en agosto de 2000 hasta el cuartel en un vehículo propiedad de la entonces novia de Aguirrebarrena y, una vez contrastada la información de Txapote, regresaron a Guipúzcoa. Después de que Txapote facilitara en Francia los explosivos a Aguirrebarrena, Guridi Lasa confeccionó la bomba-lapa en una cuadra de cabras que su familia tiene en Cizurquil (Guipúzcoa). El 19 de agosto, Guridi Lasa, Aguirrebarrena y Arzalluz viajaron hasta Sallent de Gállego y a las 23:00 horas, Guridi Lasa colocó la bomba-lapa, tras lo cual regresaron a Guipúzcoa. En mayo de 2011 la Audiencia Nacional condenó a los tres etarras a 75 años de prisión por el asesinato de Irene y José Ángel. El etarra Txapote interrumpió el juicio reclamando "mano dura hasta la independencia".

Irene Fernández Perera, de 32 años, era natural de Las Agüeras (Asturias), en el concejo de Quirós. Acababa de regresar de sus vacaciones en Asturias cuando fue asesinada. Fue la primera guardia del Instituto Armado asesinada por ETA, aunque no la primera mujer miembro de las Fuerzas de Seguridad asesinada por la banda: el 16 de junio de 1981 la banda mató a tiros a la inspectora María José García Sánchez, primera agente de Policía muerta en un atentado terrorista. Irene Fernández, técnica de laboratorio, estaba soltera y era hija única. Ingresó en la Guardia Civil en 1995, y llevaba tres años destinada en Sallent de Gállego, donde era muy apreciada por los vecinos. Una señora recordaba que la guardia civil estaba muy integrada en el pueblo, donde disponía de un apartamento: "Todos estaban muy contentos con ella". El 22 de agosto las cenizas de Irene Fernández fueron depositadas en el cementerio de Las Agüeras, con la presencia de sus padres, María de los Ángeles Perera y José Antonio Fernández. "Siento odio, impotencia y ganas de hacer lo mismo con los que la mataron. Han matado a mi hija, llena de ilusión y de vida y sólo pido al Gobierno que haga algo", aseguró la madre de Irene tras su funeral. En octubre de 2000 se inauguró en Gijón una calle con el nombre de la agente asesinada.

José Ángel de Jesús Encinas, de 22 años, era natural de Talavera de la Reina (Toledo), donde más de cinco mil personas asistieron a su despedida. Tras los oficios religiosos, el cuerpo sin vida del joven guardia civil fue conducido al cementerio municipal para recibir sepultura en la intimidad por expreso deseo de la familia. José Ángel, hijo de guardia civil, ingresó en el Instituto Armado con 17 años. Llevaba tres meses en Sallent de Gállego y quería ingresar en el Servicio de Montaña de la Guardia Civil. Anteriormente estuvo dos años destinado en Hinojosa de San Vicente (Toledo), localidad que le nombró hijo adoptivo pocas semanas después de su asesinato. José Ángel era un gran deportista y defendió durante ocho años la portería del equipo de fútbol Barrio Santa María, que pasó luego a llamarse Unión Deportiva Talavera. El 21 de diciembre de 2005 se inauguró en su localidad natal el Complejo Deportivo José Ángel de Jesús Encinas.

José Manuel Juan Boix, atleta aragonés, y al coronel de artillería José María Picatoste

18 de Agosto de 2011 - 09:10:13 - M.J. Grech

El 18 de agosto de 1979 fallecía en el Hospital de La Paz el joven atleta JOSÉ MANUEL JUAN BOIX veinte días después de quedar gravemente herido como consecuencia de la explosión de la segunda bomba de una cadena de atentados indiscriminados de la banda terrorista ETA en el aeropuerto de Barajas y en las estaciones de tren de Chamartín y Atocha. Con su muerte se elevaba a siete el número de víctimas mortales provocadas por las explosiones: cinco de ellas murieron el mismo 29 de julio de 1979 y la sexta víctima, Dionisio Rey Amez, falleció el 2 de agosto.

José Manuel fue herido por la segunda de las bombas, la de la estación de Chamartín, que mató en el acto a la estudiante danesa Dorothy Fertig. Ingresado en La Paz, se le diagnosticó un politraumatismo de pronóstico muy grave y, aunque los primeros partes médicos indicaban una evolución favorable, la situación empeoró, falleciendo el 18 de agosto.

José Manuel Juan Boix tenía 18 años y era natural de Zaragoza. Estudiante y prometedor atleta, se le vaticinaba un gran futuro como corredor de fondo. Cuando fue asesinado por ETA era el atleta aragonés de fondo con mayor proyección internacional y acababa de ganar el Campeonato de España junior de tres mil metros lisos. Poco antes, se había proclamado campeón del mundo en Limerick (Irlanda), como parte del equipo junior de campo a través, y había conseguido la mínima para participar en el Campeonato de Europa Junior al Aire Libre. Su corta vida deportiva la desarrolló en dos clubes aragoneses: el Iris y el Scorpio 71. La pista de atletismo de Zaragoza lleva su nombre y cada año, desde su asesinato, se organiza un Memorial en su nombre en esa ciudad. La primera vez que se disputó la prueba fue el 5 de julio de 1980, ganándola Jorge García, compañero de José Manuel en la selección española que ganó el Campeonato Mundial de campo a través junior en el año 1979.

En la tarde del 18 de agosto de 1986 la banda terrorista ETA asesinaba en Villareal de Álava a JOSÉ MARÍA PICATOSTE GONZÁLEZ DE ECHÁVARRI, coronel del Ejército de Tierra en la reserva activa, que se encontraba en la localidad alavesa pasando unos días de vacaciones con su familia.

El asesinato se produjo en el aparcamiento del restaurante Casa Astola poco después de las 18:20 horas. Dos jóvenes le dispararon varias veces cuando el militar, que iba de paisano, acababa de entrar en su vehículo, un Seat 1.500, acompañado de su mujer, dos hijos, una sobrina y otro matrimonio, después de haber tomado un café en el local y despedirse de uno de sus hijos que se marchaba a Francia. La víctima fue alcanzada tres veces, dos de ellas en el costado y una en el cuello, falleciendo prácticamente en el acto. Su mujer resultó herida por los cristales del vehículo rotos por los disparos de los terroristas. En el lugar de los hechos se hallaron cuatro casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum.

En el momento de producirse el asesinato se encontraban en la barra del establecimiento media docena de personas. Al parecer, dentro del mismo local se encontraban los etarras, miembros del grupo Araba de ETA, tomando un refresco a la espera de que el militar saliese del mismo.

El coche usado por los asesinos, un Ford Fiesta rojo, fue encontrado hora y media después de que se cometiera el crimen en el kilómetro 22 de la carretera 625, a la altura del puerto de Cruceta, en la localidad alavesa de Aramayona. Fuerzas expertas en la detección de explosivos inspeccionaron el interior del vehículo y rastrearon los alrededores por si pudiera tratarse de un coche-trampa.

Un hijo de la víctima, José María Picatoste, mientras esperaba la llegada del juez que ordenara el levantamiento del cadáver, se dirigió a los periodistas gritando: "Nosotros no perdonamos. Desde ahora, están sentenciados a muerte. Esto no es política, son muertes, y han matado a mi padre. Lo único que hacen es destrozar familias. Y que conste bien claro que queremos al País Vasco".

De forma sorprendente, porque lo habitual en el brazo político de la banda terrorista ha sido lo contrario, un concejal de Villarreal perteneciente a Herri Batasuna, José Enrique Martínez de Sarriá, apoyó la moción del Ayuntamiento que condenaba el asesinato del coronel Picatoste y que calificaba a la víctima de "un hombre de bien" (ABC, 20/08/1986).

El asesinato del coronel de Artillería coincidió en el tiempo con el debate entre las fuerzas políticas vascas sobre la conveniencia o no de negociar con la banda terrorista ETA. Un día antes, Arzalluz había hecho unas polémicas declaraciones, en las que recordaba que "ETA había querido negociar, y Madrid no", añadiendo que "en Madrid hay gente que no quiere que ETA acabe". Por ese motivo, su partido y el Gobierno vasco estaban haciendo gestiones para establecer relaciones con la banda terrorista. El dirigente socialista Ricardo García Damborenea, por su parte, manifestó que estas polémicas sólo servían para hacer propaganda a ETA y que la banda "no quiere negociar y no ha dado todavía el primer paso para manifestar su voluntad de diálogo, que es dejar de matar". En opinión de García Damborenea, "al PNV se le ha quedado pequeño el Estatuto de Autonomía y no encuentra fórmula jurídica ni excusa política para romper el techo del Estatuto y se agarra a un clavo ardiendo con la esperanza de que, a través de la negociación con ETA, se amplíen los techos".

En 1989 la Audiencia Nacional condenó a Francisco Antonio Cabello Pérez y a Juan María Gabirondo Agote por el asesinato de José María Picatoste, con los agravantes de alevosía y premeditación, a 29 años de prisión. En el mismo fallo se condenó a Eduardo Sainz Lobato a 27 años de prisión por los delitos de atentado y pertenencia a banda armada, pero sin el agravante de alevosía y premeditación. Por último, Jon Joseba Arrejolaleiba Madina fue condenado por pertenencia a banda armada a 7 años de prisión. Arrejolaleiba había realizado labores de información desde dos años antes de que se cometiera el asesinato.

José María Picatoste González de Echávarri, de 58 años de edad, estaba casado y tenía cuatro hijos. Era coronel de Artillería en la reserva activa y estaba destinado en el cuartel general de la brigada de Artillería de Burgos cuando fue asesinado. Pertenecía a la séptima promoción de la Academia General de Zaragoza y era especialista en artillería antiaérea. El coronel acostumbraba pasar algunos días de vacaciones en Villarreal de Álava. Iba a pasar a la reserva tres meses después y nunca había recibido amenazas, según comentaron sus familiares. El cuerpo del coronel asesinado fue trasladado en la noche de su asesinato al depósito de cadáveres del Hospital Santiago Apóstol de Vitoria, para practicarle la autopsia. Después sus restos mortales fueron llevados hasta Logroño, donde se instaló la capilla ardiente en las dependencias del Gobierno Militar. El funeral tuvo lugar el 20 de agosto en esta ciudad, de donde era natural su mujer y dos de sus hijos menores. Fueron presididos por el ministro de Defensa, Narcís Serra, y el jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor, José María Sáenz de Tejada.

José Manuel Fernández y Juan Manuel Martínez, guardias civiles asesinados en Oyarzun

17 de Agosto de 2011 - 09:10:14 - M.J. Grech

Minutos después de las cuatro de la tarde del 17 de agosto de 1992, la banda terrorista ETA asesinaba en el aparcamiento de un hipermercado de la localidad guipuzcoana de Oyarzun a los jóvenes guardias civiles JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ LOZANO y JUAN MANUEL MARTÍNEZ GIL.

Los dos agentes, vestidos de paisano y desarmados, acababan de salir del hipermercado, tras realizar unas compras, y se subieron al vehículo de Fernández Lozano, un Renault 19 con matrícula de Granada. En ese momento un terrorista se acercó al coche y efectuó nueve disparos, que les alcanzaron en la cabeza y el cuello, emprendiendo inmediatamente la huida en una furgoneta donde le esperaba un segundo terrorista. Fernández Lozano, con tres impactos en la cabeza, murió en el acto, mientras que Martínez Gil, alcanzado por un proyectil en la garganta, fue trasladado en estado muy grave al Hospital de Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián, falleciendo poco después. Los dos guardias civiles residían en el cuartel de Intxaurrondo de San Sebastián y llevaban menos de un año destinados en el País Vasco.

Desde el asesinato en Irún del policía nacional Juan Manuel Helices, el 23 de abril de 1992, la banda no había vuelto a asesinar, aunque sí había cometido otros atentados, algunos de ellos con coche-bomba que, por fortuna, no provocaron víctimas mortales, aunque sí heridos, algunos de gravedad. El 24 de mayo la banda hizo estallar un coche-bomba en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón, hiriendo a siete policías que prestaban servicio de vigilancia durante el partido que enfrentaba al Atlético de Madrid y el Logroñés. Entre los heridos se encontraba Juan Antonio García Casquero, que en 2008 se convertiría en presidente de la AVT. En junio, una potente bomba destrozó de madrugada la casa-cuartel de la Guardia Civil en Lerma (Burgos), mientras dormían los agentes y sus familias, que pudieron ser desalojadas a tiempo al ser detectadas antes de la explosión las mochilas con las bombas por los vigilantes del recinto. Y también en junio, la banda terrorista ETA hizo estallar otro coche-bomba en Madrid al paso de una furgoneta de la Armada en la calle Madre de Dios. Resultaron heridos de gravedad el soldado Francisco Pérez García, el capitán de navío Miguel López Nuche, el capitán de fragata Juan Antonio Muñoz Roig y el teniente coronel de Infantería de Marina Manuel Aldereguía Couceiro.

El asesinato de los guardias civiles José Manuel Fernández Lozano y Juan Manuel Martínez Gil era el primer atentado de la banda terrorista ETA desde que el 10 de julio de ese año hubiera ofrecido una tregua de dos meses condicionada a que el Gobierno central reiniciase negociaciones. Literalmente, la propuesta de la banda, según el escrito en el que la hizo pública, decía que condicionaba la tregua a que se produjera un "comienzo de una nueva fase de contactos oficiales en un país neutral". Los dos meses de tregua coincidieron con la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, durante los cuales no hubo atentados. Sólo ocho días después de la clausura, ETA asesinaba a los dos guardias civiles en Oyarzun.

El día anterior al atentado, el diario Egin recordaba que en el curso de las interrumpidas conversaciones entre el Partido Nacionalista Vasco y Herri Batasuna, el PNV se había comprometido a solicitar al Gobierno el establecimiento de un contacto con los etarras deportados en Santo Domingo, en el caso de que no se produjeran atentados antes del 1 de septiembre de 1992. Sólo unas horas antes del doble asesinato, el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, había asegurado que ETA no actuaba porque no quería, y no porque no pudiera, y añadió que su partido estaba dispuesto a propiciar un final dialogado de la violencia.

Dos días después del atentado, la banda asesina ETA afirmaba en un comunicado a los medios de comunicación que mantenía la oferta de tregua, pero advertía que seguiría teniendo "todos sus frentes abiertos" mientras "el Gobierno español no abandone el juego sucio y la estrategia de alargamiento del conflicto que está llevando a cabo con el Gobierno francés".

En el funeral oficial, celebrado en la Iglesia de la Sagrada Familia en San Sebastián y presidido por José Luis Corcuera, ministro del Interior, se vivieron momentos de tensión cuando el sacerdote oficiante, Bartolomé Auzmendi, leyó el Padre Nuestro en euskera. Muchos asistentes abandonaron la iglesia y se oyeron frases como "¡Canallas, sinvergüenzas!" o "¡Esto es una burla!".

José Manuel Fernández Lozano, de 25 años, estaba casado y tenía un hijo que no había cumplido el año. Era natural de Alfacar (Granada) y pertenecía a la Guardia Civil desde tres años antes de su asesinato. Antes de ser destinado a Oyarzun, estuvo en Alustante (Guadalajara). El funeral por su alma se celebró en Alfacar, donde fueron inhumados sus restos mortales.

 

Juan Manuel Martínez Gil, de 23 años, era natural de Orense, aunque desde niño residió en Gondomar (Pontevedra), donde estuvo destinado su padre, José Martínez, sargento de la Guardia Civil durante varios años. Juan Manuel llevaba tres meses prestando servicio en Guipúzcoa. Anteriormente había estado destinado en Burgos. Sus restos mortales fueron enterrados en Sarreus (Orense), localidad natal de su madre, con la presencia de más de dos mil personas entre familiares, amigos, compañeros de la Guardia Civil, y autoridades de los Gobiernos central y autonómico, además del alcalde y concejales del Ayuntamiento de Sarreus.

Antonio López, antiguo guardia de Franco, y Clément Perret, presunto miembro del GAL

16 de Agosto de 2011 - 09:10:14 - M.J. Grech

El jueves 16 de agosto de 1979, la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en la localidad vizcaína de Sondica a ANTONIO LÓPEZ CARRERA, antiguo miembro de la Guardia de Franco.

Esa noche Antonio y su mujer habían salido a cenar con unos amigos a un restaurante en Sondica, algo que hacían una vez por semana. Tras terminar de cenar, regresaron a su domicilio. Cuando ya estaban cerca, la mujer se dio cuenta de que se había olvidado un jersey, por lo que Antonio volvió al restaurante a recogerlo, mientras ella subía al domicilio. Una vez recogido el jersey, Antonio emprendió de nuevo la vuelta a su casa, pero en el camino le esperaban tres terroristas de la banda ETA en un Renault 7 que habían robado media hora antes. Fue ametrallado por la espalda y alcanzado por siete disparos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, muriendo en el acto.

Según el propietario del automóvil utilizado por los terroristas, éstos le interceptaron en la carretera de Guecho y le ordenaron que bajara del coche. Posteriormente, lo ataron a un árbol con cadenas y le quitaron el Documento Nacional de Identidad. Lo abandonaron allí advirtiéndole que no diera cuenta del hecho a la Policía hasta pasadas dos horas.

En 1982, la Audiencia Nacional condenó como autores del atentado a José María Astola Iruretagoyena, Juan Bilbao Moro y Luis Alberto Pastor Landa a 26 años de cárcel.

Antonio López Carrera, más conocido como Gento, tenía 66 años. Había nacido en Camposanto (Cantabria) y tenía cuatro hijos, tres de los cuales estaban ya casados. Llevaba residiendo unos cuarenta años en Vizcaya. Hasta su jubilación había trabajado en la factoría de Astilleros Españoles en Olabeaga. Había pertenecido a la Guardia de Franco y, al parecer, había recibido amenazas. Algunos vecinos de Sondica manifestaron tras el atentado que Antonio López tenía vinculaciones con la extrema derecha.

A las tres y cuarto de la tarde del viernes 16 de agosto de 1985, miembros del grupo Argala de ETA asesinaban en Benicasim (Castellón de la Plana) al empresario francés CLÉMENT PERRET. Dos etarras se presentaron en la pizzería que regentaba junto a su hermano Gilbert en la localidad castellonense y, tras localizarle, abrieron fuego contra él. Perret recibió trece impactos de bala que le provocaron la muerte en el acto, y Miguel Palanques Sanahuja, camarero de 19 años, resultó herido de bala en una pierna.

Los dos terroristas irrumpieron en el restaurante, por puertas diferentes, y dispararon contra Clément Perret, que en ese momento se encontraba sirviendo una de las mesas. La víctima recibió un primer disparo, mortal de necesidad, y luego fue rematado en el suelo. Seguidamente, los terroristas huyeron a bordo de un vehículo con matrícula francesa en el que les esperaba un tercer terrorista. En el momento de cometerse el atentado, el restaurante estaba lleno de clientes. Además, estaban también presentes Gilbert Perret, un hermano de ambos, la esposa de Clément y un sobrino.

Al día siguiente, la banda terrorista ETA reivindicó el asesinato de Perret a través de un comunicado dictado telefónicamente, en catalán y en euskera, a una telefonista del Avui. También hubo una segunda reivindicación al diario Egin. La banda terrorista anunciaba, además, la continuación de su campaña de atentados contra organismos del Estado español, especialmente el estamento militar y sus servicios de inteligencia.

Clément Perret y su hermano Gilbert, además de Jean Pierre Chérid, habían sido citados en varios medios de comunicación españoles en abril de 1985 como presuntos integrantes de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Según estas informaciones los tres habrían pertenecido a la Organisation de l´Armée Secrète (OAS), banda que se opuso a la descolonización de Argelia. Como miembros de los GAL, y según esas informaciones, el 23 de noviembre de 1980 los tres habrían cruzado la frontera franco-española de Irún minutos después de haber cometido un atentado en un bar de Hendaya frecuentado por proetarras. En el atentado murieron ametrallados dos ciudadanos franceses, Jean Pierre Aramendi y José Camio, y resultaron heridas otras diez personas.

Sin embargo, desde que salieron esas informaciones en la prensa vinculándolos con la guerra sucia contra ETA, los hermanos Perret habían recibido numerosas amenazas de muerte, y en algunos momentos recibieron protección de la Policía. Fuentes francesas confirmaron que un responsable de ETA militar, muy próximo al por entonces jefe de la organización terrorista, Domingo Iturbe Abasolo, alias Txomin, estuvo buscando información en París a principios de 1985 en medios oficiales y periodísticos sobre supuestos miembros de los GAL refugiados en España, y especialmente en la comunidad valenciana.

Además, el nombre de los hermanos Perret había salido en la prensa valenciana con motivo de la explosión de un artefacto que destruyó el restaurante El Rincón del Arrantzale, ubicado en el Grao de Castellón. El diario Levante de Valencia atribuyó al accionista mayoritario de la sociedad y propietario del restaurante, José Luis Araquistain, de origen vasco, amistad con los hermanos Clément y Gilbert Perret, de los que el rotativo decía que eran comensales habituales en el local. Estas circunstancias fueron desmentidas por el propio Araquistain.

Fuentes del Gobierno Civil de Castellón desmintieron en el periódico ABC que los hermanos Perret tuvieran nada que ver los GAL (17/08/1985). En el mismo periódico, Gilbert Perret declaró que su "hermano hacía once años que no salía de aquí y sólo se dedicaba a sus negocios. La Prensa ha facilitado abundante información en los últimos tiempos sobre nuestras residencias y propiedades (...). La Prensa ha matado a mi hermano" (ABC, 18/08/1985).

En 1992 la Audiencia Nacional condenó a Henri Parot como autor del asesinato a la pena de 29 años de reclusión mayor. En 1997 el Tribunal Criminal de París condenó a cadena perpetua a Jacques Esnal y Jean Parot. El primero fue considerado autor material, mientras que el segundo era el conductor del vehículo en el que huyeron del lugar de los hechos. Este mismo tribunal condenó en rebeldía en 1998 a cadena perpetua a José Luis Arrieta Zubimendi, alias Azkoiti, por complicidad en el asesinato del empresario francés. El caso de Arrieta Zubimendi fue uno de los más polémicos en las relaciones entre Francia y España en la lucha antiterrorista. Azkoiti fue puesto en libertad vigilada por las autoridades francesas en febrero de 1993, cuando Francia ya había concedido su extradición a España. El etarra aprovechó para huir y a finales de los noventa se situó de nuevo en la dirección de la banda terrorista. En octubre de 1994 se dictó contra él orden de busca y captura. José Luis Arrieta Zubimendi murió de un ataque al corazón en la clandestinidad en Toulouse en el año 2001.

El grupo Argala de ETA, también llamado Itinerante y Francés, se creó en 1978 y fue desarticulado en marzo de 1990. La nacionalidad francesa de sus integrantes y su movilidad dificultaron su captura. Se les considera responsables de numerosos atentados, principalmente en Madrid y Zaragoza, que provocaron la muerte de treinta y siete personas y lesiones a decenas.

Clément Perret, industrial francés de 45 años de edad, había nacido en Aix-en-Provence (Francia) el 13 de diciembre de 1939. Estaba casado y residía en Benicasim (Castellón de la Plana). Vino por primera vez a España en 1971 y fue expulsado en 1974.

Manuel Ferreira, policía municipal, y José Miguel Moros, obrero de una constructora

13 de Agosto de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A la una y media de la tarde del día 13 de agosto de 1979, la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Portugalete al policía municipal MANUEL FERREIRA SIMOIS cuando se encontraba regulando el tráfico en la confluencia de las calles General Castaños y Gregorio Uzquiano, muy concurridas por la celebración en esos días de las fiestas patronales.

Hacia las 13:30 horas el agente ordenó a los ocupantes de un Seat 1430 que venían por la calle Gregorio Uzquiano que se detuviesen para dejar paso a los vehículos procedentes de la otra calle. Uno de los ocupantes, encapuchado, se apeó del vehículo con una pistola en la mano y efectuó cuatro disparos, casi a bocajarro, contra el policía municipal. Manuel Ferreira Simois, que resultó alcanzado por los disparos en el pecho y en la cabeza, dio varios pasos y se tambaleó, cayendo sobre el asfalto gravemente herido. En ese momento, los agresores arrancaron el coche y dando un brusco giro de volante, tomaron la dirección contraria a la que circulaban, dirigiéndose por la calle de Gregorio Uzquiano hacia Sestao.

Aún con vida, el policía municipal fue trasladado en un coche hasta la Clínica San Juan de Dios de Portugalete, en donde, a la vista de la gravedad de sus heridas, decidieron enviarlo en ambulancia hasta la Hospital de Cruces en Baracaldo. Pero no llegó a tiempo, falleciendo durante el traslado.

La Guardia Civil localizó, horas más tarde, el vehículo utilizado en el atentado en la transversal Abatxolo, de Portugalete, que había sido robado por la mañana en la localidad vizcaína. En su interior se encontraron dos casquillos del calibre 9 milímetros parabellum, marca Geco. En el lugar de los hechos se recogieron otros dos casquillos más de idénticas características.

La víctima había recibido repetidas amenazas de muerte desde un año antes de ser asesinado, una de ellas en forma de esquela con su nombre, que se la habían hecho llegar a su domicilio por carta, y también pintadas en la paredes de edificios frente a su domicilio en las que se anunciaba su muerte. Manuel había prestado servicio como guardaespaldas del anterior alcalde de Portugalete. Persona reservada y discreta, que no hablaba de política, algunos vecinos hablaron de que tenía vinculaciones con la extrema derecha.

Siete alcaldes de la margen izquierda de la ría (Baracaldo, Sestao, Santurce, Portugalete, Trapagaran y Ortuella), condenaron duramente a los autores del asesinato. El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Portugalete, reunido el mismo día del atentado, declaró, con el voto en contra de los tres concejales que Herri Batasuna tenía en el consistorio, dos días de luto oficial. Asimismo, en señal de protesta y de repulsa por el brutal atentado, los policías municipales de Portugalete se mantuvieron en huelga durante todo el día 14 de agosto.

El funeral por Manuel Ferreira se celebró al día siguiente en la parroquia de María Madre de la Iglesia de Portugalete, con la asistencia de familiares y miembros de la Corporación municipal.

Manuel Ferreira Simois, de 47 años, era natural de Untas (Orense), aunque llevaba quince años residiendo en el País Vasco. Residía en Santurce, estaba casado y tenía ocho hijos. Había ingresado en la plantilla del cuerpo de Policía Municipal de Portugalete exactamente diez años antes, en 1969. Uno de sus hijos, Francisco Javier Ferreira Castro, ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía. Quince años más tarde, fue víctima de otro atentado de ETA, en el que resultó herido leve. El 18 de junio de 1994, la banda terrorista colocó una bomba-lapa en su vehículo en Santurce, donde vivía. La bomba se activó cuando el agente aparcó en el Cuartel de Basauri (Vizcaya), donde prestaba sus servicios como radiopatrulla, tras haber recorrido casi veinte kilómetros sentado encima de la misma. Por un fallo en el ensamblaje del artefacto, estalló el iniciador, pero no el grueso de la carga explosiva compuesta por medio kilo de amerital. El policía sólo sufrió heridas leves, aunque tuvo que estar dos días ingresado por quemaduras en la zona sacra y una pequeña fisura. Una de las etarras que, presuntamente, participó en la colocación del mismo fue Mónica Martínez López, alias Monike y Julai.

El 13 de agosto de 1986 falleció en el Hospital de Cruces de Baracaldo JOSÉ MIGUEL MOROS PEÑA, a consecuencia de las graves lesiones que le causó la explosión de una bomba, el 27 de junio de 1986, en la empresa Constructora Ugandía donde trabajaba. La empresa estaba subcontratada por Dragados y Construcciones, encargada de realizar el Plan de Saneamiento Integral del Consorcio de Aguas del Gran Bilbao.

José Miguel había resultado herido de gravedad a las 7:50 horas del día 27 de junio, al hacer explosión una bomba colocada en una máquina perforadora, utilizada en las obras de construcción de una depuradora en el término municipal de Portugalete, justamente cuando el joven pretendía poner ésta en funcionamiento. La explosión le causó la amputación del antebrazo izquierdo, además de otras heridas muy graves en la cara. La bomba, cuyo mecanismo de relojería falló, se activó con las vibraciones y el calor originados por la puesta en marcha del motor de la máquina.

La colocación de la bomba fue anunciada por una llamada anónima a la Policía Municipal de Santurce a las 23:45 horas del día anterior, que informó de ello a la Policía Nacional y a la Municipal de Portugalete. Un equipo de desactivación de la Policía Nacional inspeccionó las grúas y retiró paquetes sospechosos sin encontrar ningún artefacto. El jefe superior de Policía de Bilbao informó que los policías de Santurce consideraron que se trataba "de una de tantas falsas alarmas", por lo que no se vio oportuno revisar nuevamente la zona a la luz del día.

De la acción se responsabilizó el grupo Iraultza (Revolución), surgido cinco años antes "como respuesta a la ofensiva represiva e ideológica contra el movimiento de resistencia vasca". En esos años Iraultza reivindicó atentados con explosivos contra numerosas empresas instaladas en el País Vasco, "en una línea de apoyo a las movilizaciones obreras". Además de otras acciones con explosivos contra locales pertenecientes a la Administración estatal, Iraultza había venido atentando en los años anteriores contra empresas y propiedades estadounidenses.

José Miguel Moros Peña, de 18 años de edad, vecino de la localidad vizcaína de Portugalete, llevaba dos meses trabajando en la empresa Constructora Ugandía. Era su primer empleo.

En el año 2002, el Ayuntamiento de Portugalete rindió homenaje tanto a José Miguel Moros Peña como al policía municipal Manuel Ferreira Simois. Durante el homenaje, los padres de José Miguel, Margarita y Julián, colocaron un ramo de flores en el monumento dedicado a las víctimas del terrorismo en el parque de Ellacuría.

Conrada Muñoz, asesinada por ETA con una carta-bomba destinada a su hijo

11 de Agosto de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A la una y media del mediodía del 11 de agosto de 1989 la banda terrorista ETA asesinaba en el pueblo granadino de Montillana mediante una carta-bomba, a CONRADA MUÑOZ HERRERA, madre del funcionario de prisiones Dionisio Bolívar Muñoz, destinado en ese momento en el centro penitenciario del Salto del Negro en Las Palmas de Gran Canaria.

El etarra José María Arregui Erostarbe, considerado por entonces el jefe del aparato logístico de la banda asesina ETA, había preparado dos artefactos explosivos que simulaban ser sendos libros. Francisco Múgica Garmendia entregó los artefactos a Henri Parot y Jacques Esnal, que fueron los encargados de remitirlos a dos funcionarios de prisiones: Dionisio Bolívar y Juan Antonio Piñero, funcionario de la prisión de Murcia. El 10 de agosto, Juan Antonio Piñero recibió un paquete que le resultó sospechoso, por lo que lo llevó al centro penitenciario de Murcia para pasarlo por el detector de objetos extraños. Allí mismo la Policía procedió a desactivarlo con éxito.

El 11 de agosto, Conrada Muñoz recibió un paquete en su casa del pueblo, a unos cincuenta kilómetros de Granada, donde estaba pasando las vacaciones de verano. En principio, el sobre lo habían remitido a su domicilio habitual de Granada, y de allí alguien lo reenvió a Montillana. El destinatario era su hijo Dionisio, que ya no vivía en Granada pero que, un año antes, había registrado esa dirección postal como propia cuando estaba destinado en la prisión de Murcia. A pesar de que otro de sus hijos, José María, mostró reservas al ver el paquete, que venía remitido "De tu mejor amigo de Murcia", Conrada decidió abrirlo. Nada más quitar el envoltorio, el artefacto, compuesto por 600 gramos de explosivo plástico, estalló causándole heridas muy graves. Trasladada urgentemente al Hospital de Granada, ingresó cadáver. La explosión hirió también de carácter leve a José María y a una sobrina, Laura Deus Vaqueiro, de nacionalidad portuguesa, que pasaba unos días de vacaciones en Montillana.

El destinatario de la carta-bomba, Dionisio Bolívar, no mantenía ningún contacto con los cinco etarras que, en el momento de atentado, estaban recluidos en la prisión del Salto del Negro en Las Palmas, pues llevaba sólo un año de servicio en la galería de delincuentes juveniles de la mencionada prisión, donde había sido trasladado desde la de Murcia.

Los ministros del Interior y de Justicia, José Luis Corcuera y Enrique Múgica, respectivamente, interrumpieron sus vacaciones nada más enterarse del atentado y regresaron urgentemente a Madrid.

Enrique Múgica manifestó el 12 de agosto, durante la celebración del funeral por Conrada Muñoz, que el Gobierno mantendría su política de "dispersar a los presos de ETA por las cárceles españolas", y negó que existiera relación entre dicha política y el atentado, así como que hubiera vías de diálogo con la organización terrorista. "No hay negociaciones. A ETA hay que vencerla y ellos se están dando cuenta ya de que han perdido la guerra", señaló.

Al funeral celebrado en la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, en Granada, asistieron también el ministro del Interior, José Luis Corcuera, el director general de Instituciones Penitenciarias, Antoni Asunción, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Garrido. En la iglesia, abarrotada de público, se produjeron escenas de tensión motivadas porque algunos de los asistentes increparon a los redactores gráficos y a las autoridades.

Los sindicatos de funcionarios de prisiones, por su parte, condenaron el atentado y acusaron al Gobierno de no preocuparse por su vida y la de sus familiares. La Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) acusó al Gobierno de "mentir descaradamente a un colectivo que es, en este momento, su cebo político". CSIF reclamó al Ministerio de Justicia "la protección que se comprometió a adoptar después del atentado de Meco", y exigió que el fiscal general del Estado actuase cuando se hacen públicas amenazas de muerte, "corroboradas luego por hechos". La Unión de Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (UFIP) resaltó la facilidad con la que los terroristas acceden a las direcciones de los funcionarios, y denunció una vez más la indefensión en la que se encontraban.

En 1995 la Audiencia Nacional condenó por este atentado a 98 años de prisión mayor a Henri Parot. En 2002 fueron condenados a sendas penas de 83 años Múgica Garmendia y Arregui Erostarbe. Por su parte, el etarra Jacques Esnal cumple condena a perpetuidad desde 1997 en Francia por la comisión de veintiún atentados en España entre 1978 y 1989.

Conrada Muñoz Herrera, de 53 años, fue la primera persona asesinada por ETA en la provincia de Granada. En abril de 1995, con ocasión del asesinato de Mariano de Juan Santamaría, El Mundo recogió el testimonio de algunas víctimas del terrorismo. Dionisio Bolívar Baeza, viudo de Conrada, decía esto: "Si la Iglesia católica vasca representada por el obispo Setién y sus ‘discípulos’ condenara sin paliativos a los terroristas, podría contribuir mejor a la erradicación de esta banda de asesinos. Yo creo que se está haciendo poco en la lucha contra el terrorismo. La solución pasa por el cumplimiento íntegro de las condenas que la Justicia imponga, la indemnización a las víctimas por los daños ocasionados y que, de una vez por todas, el Gobierno y la Iglesia vasca se dejen de medias tintas y se decidan a terminar con esta lacra".

José Antonio Díaz, albañil, Francisco Casanova y los Vecinos de Paz de Berriozar

9 de Agosto de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A última hora de la noche del martes 9 de agosto de 1994, la banda terrorista ETA asesinaba frente a su domicilio en Bilbao al albañil JOSÉ ANTONIO DÍAZ LOSADA. Hacia las 23:30 horas, el joven regresaba a su casa junto a su mujer y su hija de catorce meses en una furgoneta de su propiedad. José Antonio dejó a su familia frente al portal, mientras él se fue a aparcar el vehículo. Cuando se dirigía de nuevo hacia el portal de su domicilio dos individuos se le acercaron por la espalda y, sin previo aviso, uno de ellos le disparó en la cabeza, mientras el segundo cubría la acción. El proyectil penetró por el pómulo izquierdo y quedó alojado en la cabeza de la víctima.

El cuerpo de José Antonio Díaz quedó tendido en el suelo, aún con vida, mientras los dos etarras escaparon a pie hasta un vehículo donde les esperaba un tercer terrorista. Un miembro de la Ertzaintza, que vivía cerca del domicilio de la víctima y que presenció parte de los hechos, persiguió sin éxito a los dos terroristas. Cuando llegó al lugar la ambulancia de la DYA, el joven aún mantenía las constantes vitales. Falleció durante su traslado al Hospital de Basurto.

La banda terrorista ETA justificó el asesinato acusándole de estar vinculado con el tráfico de drogas. Es cierto que la víctima tenía antecedentes penales por consumo y tráfico de droga a pequeña escala, atentado contra la autoridad, resistencia, desobediencia y robo con violencia e intimidación, según indicaron fuentes policiales y del Gobierno Civil, y en 1993, José Antonio había cumplido un año de cárcel por estos motivos. Sin embargo, vecinos, familiares y amigos coincidieron en señalar que, tras su estancia en la cárcel, había cambiado, había encontrado un trabajo como albañil y vivía dedicado a su mujer y a su niña de poco más de un año.

Su madre, Manuela, comentó que su hijo llevaba una vida muy normal. "Venía siempre pronto a casa, para poder estar con su mujer y su hija", aseguró. Además, no le constaba que su hijo hubiera recibido amenazas de ETA. Todos los vecinos coincidieron en que el joven "se había formalizado y había centrado su vida en los últimos meses" (...) Vivía dedicado "a su familia y su trabajo" como albañil. Uno de sus cuñados dijo que José Antonio "merecía otra oportunidad. Él ya había pagado todas sus culpas. Toda la familia se volcó para que pudiera desengancharse y desintoxicarse. También había cumplido una condena de un año en la prisión de Basauri. ¿Qué más podía hacer? ¿Quién tiene derecho a matarle, sea de ETA o de lo que sea?" (El Correo, 11/08/1994)

En su papel de justiciera contra el tráfico de drogas, presunto o real, de sus víctimas, la banda terrorista ETA contaba con la colaboración de varios grupos de personas que se encargaban de apuntar y señalar a las personas vinculadas con el tráfico de estupefacientes, según fuentes policiales. La arbitrariedad con la que actuaban esta suerte de chivatos de la peor calaña ha sido la causa de innumerables errores de la banda. Por otra parte, y en el supuesto de que efectivamente esas víctimas hubiesen sido traficantes de drogas o tuviesen relación con ese mundo como consumidores, ETA se ha atribuido en estos atentados, por la gracia de Dios, un papel que nadie le ha otorgado. Así se manifestó el Partido Nacionalista Vasco (PNV) en su condena del "brutal y absurdo" asesinato, en un comunicado en el que criticaban que una vez más la banda terrorista "haya asumido las funciones de juez y verdugo dictando y ejecutando penas de muerte contra personas supuestamente relacionadas con el mundo de la droga", y aseguraban que "el peor ‘caballo’ (heroína) que tiene la sociedad vasca es ETA, porque por donde pasa sólo deja sangre y dolor". En el mismo sentido se manifestó la plataforma Gesto por la Paz, que señaló que la banda terrorista "arrebata la vida a quien se le antoja". El portavoz del Partido Popular en el País Vasco, Gregorio Ordóñez, manifestó que el asesinato "deja una familia destrozada y, por eso, los únicos que no pueden hacer de jueces, sino de reos, son los asesinos de ETA".

José Antonio Díaz Losada, de 29 años de edad, era natural de Bilbao. Estaba casado y tenía una hija de catorce meses. A su funeral en la parroquia bilbaína de Nuestra Señora del Rosario celebrado el 11 de agosto, sin presencia de autoridades, acudieron cientos de personas, y muchas de ellas tuvieron que seguir la ceremonia desde el exterior.

Un día después del asesinato del empresario José María Korta Uranga, la banda terrorista ETA asesinaba en Berriozar (Navarra) al subteniente de Infantería del Ejército de Tierra FRANCISCO CASANOVA VICENTE. La víctima recibió varios tiros en la nuca a las tres y cuarto de la tarde del miércoles 9 de agosto de 2000 mientras aparcaba su coche en el garaje de su domicilio ubicado en una zona residencial de la localidad navarra. El asesino se introdujo en el garaje tras el automóvil del militar, mientras un segundo terrorista esperaba en la puerta, y le disparó varias veces.

El subteniente Casanova regresaba del acuartelamiento de Aizoain y, tras abrir la puerta del garaje, había enfilado la cuesta de acceso al mismo. Detrás del vehículo entraron en el garaje dos terroristas. Uno de ellos se quedó en la puerta vigilando y el segundo se situó junto a la ventanilla delantera izquierda, sacó una pistola y disparó varios tiros que alcanzaron al subteniente en la nuca. A continuación, salieron a pie del garaje y, en la misma moto en la que habían llegado, emprendieron la huida. La Guardia Civil recogió en el lugar del atentado sólo dos casquillos del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF. La esposa del fallecido, Rosalía, y uno de sus hijos, de 11 años, fueron las primeras personas que se acercaron hasta el cuerpo del subteniente, que falleció en el acto. Un vecino que también había salido de su casa al escuchar los disparos contó que vio a la mujer abrazada al cuerpo de su esposo llorando y gritando mientras el pequeño le decía que a su padre "le faltaba un ojo".

Nada más producirse el atentado, la Guardia Civil acordonó la zona mientras realizaba la inspección ocular y la toma de declaraciones a los testigos del asesinato. Además, se instalaron numerosos controles de tráfico en las salidas de Pamplona, controles que también se colocaron en carreteras cercanas a Guipúzcoa. A las seis de la tarde, el juez de guardia ordenó el levantamiento del cadáver que fue trasladado, entre aplausos de los concentrados en la calle Askatasuna, al Instituto Anatómico Forense para realizarle la autopsia.

Este fue el primer atentado que ETA realizaba en Navarra desde que finalizara la tregua de 1998. El anterior, perpetrado el 6 de mayo de 1998, acabó con la vida del concejal de UPN en Pamplona Tomás Caballero.

El Ayuntamiento de Berriozar, con el apoyo de todas las fuerzas políticas salvo Euskal Herritarrok, formación a la que pertenecía el alcalde, José Manuel Goldaracena, presentó en un pleno extraordinario un texto en el que se condenaba de forma "rotunda y enérgica" el asesinato del subteniente Casanova. José Manuel Goldaracena presentó un comunicado alternativo que contó sólo con el apoyo de los cinco concejales de su partido. Semanas después, los cuatro concejales del Partido Socialista (PSOE), los dos de Izquierda Unida (IU) y los dos de Convergencia de Demócratas de Navarra (CDN) presentaron una moción de censura contra Goldaracena, permitiendo que el socialista Benito Ríos se convirtiera en el nuevo alcalde de Berriozar.

En 2004, la Audiencia Nacional condenó a Alberto Viedma Morillas y Mikel Javier Ayensa Laborda, miembros del grupo Ekaitza de ETA, a 30 años de prisión mayor por un delito de homicidio terrorista con el agravante de alevosía, porque actuaron por la espalda y sin posibilidad de defensa, "con una frialdad que repugna a todo ser humano".

Ayensa Laborda fue el que se introdujo en el garaje y realizó los disparos, mientras Viedma Morillas le daba cobertura. Ambos etarras admitieron en dependencias policiales su participación en el atentado, aunque en el juicio se negaron a declarar. Ayensa reconoció, tras ser detenido por la Guardia Civil en Navarra en febrero de 2002, que intentaron acabar con la vida del militar en siete ocasiones durante los Sanfermines de ese año, pero que no pudieron hacerlo debido a que el militar debía de estar de vacaciones. En agosto, añadió, fueron otro día, pero tampoco apareció Casanova por su domicilio. El día 9, sin embargo, lograron su objetivo. Las declaraciones autoinculpatorias de los dos asesinos se produjeron con asistencia de letrado, con todos los derechos que la ley concede y sin objeción alguna, según precisaron los jueces en la sentencia condenatoria. La misma recoge que los dos procesados decidieron "de común acuerdo terminar con la vida" de Casanova. Para ello efectuaron diversas vigilancias del militar y comprobaron sus horarios de salida del cuartel de Aizoain, desde donde se trasladaba directamente hasta su domicilio, ubicado en la urbanización Zortziko de Berriozar, en la calle Askatasuna. De esta forma, alcanzaron la convicción de que "el lugar más idóneo para ejecutar la acción criminal" era el garaje de su vivienda.

Francisco Casanova Vicente, de 46 años, había nacido en la localidad riojana de Igea y desde su niñez vivió en Castejón (Navarra), pueblo del que eran naturales sus padres. El fallecido estaba casado con Rosalía Sáinz-Aja, y tenía dos hijos, Javier, de 11 años, y Laura, de 7. La familia residía desde diez años antes en Berriozar, localidad cercana a Pamplona. Casanova Vicente pertenecía a la escala básica de suboficiales de Infantería y estaba destinado en el acuartelamiento de Aizoain, donde realizaba tareas administrativas. Este cuartel se encuentra a unos pocos kilómetros de Berriozar y es base del Regimiento de Cazadores de Montaña América 66. Sus restos mortales fueron inhumados al día siguiente en el cementerio de Castejón, donde aún vivían sus padres. Previamente se había celebrado el funeral en la Iglesia de San Francisco Javier de la localidad con la asistencia de centenares de personas, entre familiares, militares, políticos y vecinos. La víctima pertenecía al grupo de jotas Ecos de Navarra de Berriozar, y en los días previos a su asesinato había estado ensayando para las fiestas municipales. Desde 2001 se celebra en Berriozar el Encuentro de Jotas Francisco Casanova en memoria del subteniente asesinado. Además, y desde 2003, la escuela de música de Berriozar lleva el nombre del militar asesinado.

Tras el asesinato de Francisco Casanova, Paco para sus vecinos, se constituyó en Berriozar el colectivo Vecinos de Paz, que tiene como objetivo denunciar y combatir el terrorismo etarra. En su carta de presentación dicen: "Somos personas con diferentes ideas políticas e inquietudes, como cualquier vecino de cualquier pueblo o ciudad, pero algo en común nos une: el posicionamiento en contra del terrorismo y de toda ideología que lo ensalce, disculpe o justifique; nos une la defensa de la vida y la libertad, y el apoyo a las víctimas". Gracias a Vecinos de Paz, y a las aportaciones privadas procedentes de toda España, se construyó en el pueblo un monumento en homenaje a las víctimas del terrorismo, que ha sido atacado en varias ocasiones. Además, el colectivo realizó el documental Berriozar: Puerta de la Libertad, que recoge las experiencias vividas tras el asesinato de Francisco Casanova y los esfuerzos para erigir el monumento a las víctimas. Entre otras cosas, se cuenta cómo las piedras con las que se levantó el monumento tuvieron que ser transportadas por un camionero de Cantabria porque el miedo a las represalias hizo que ningún transportista de la zona quisiera hacerlo. "Desde esa amarga y calurosa tarde de agosto, dijimos que Paco no quedaría en el olvido. Es por eso que desde el 2000, cada 9 de agosto, los Vecinos de Paz de Berriozar, le homenajeamos con jotas y música, aficiones que a Paco entusiasmaban", puede leerse en la página web del colectivo.

Demetrio Lesmes Martín, Antonio Nieves Cañuelo y el empresario José María Korta

8 de Agosto de 2011 - 09:10:13 - M.J. Grech

Poco después de las 14:25 horas del 8 de agosto de 1975, tres miembros de la banda terrorista ETA asesinaban a tiros en el barrio de La Florida de Hernani (Guipúzcoa) al guarda jurado DEMETRIO LESMES MARTÍN, que regresaba andando de su trabajo en Aceros y Fundiciones del Norte, de la empresa Orbegozo, S.A.

Cuando se encontraba a doscientos metros de su domicilio se le acercaron dos individuos que intercambiaron con Lesmes varias palabras. Uno de ellos sacó una pistola y le disparó tres tiros, provocando que Demetrio cayese al suelo gravemente herido. Cuando estaba ya en el suelo, el otro terrorista sacó una metralleta y lo remató efectuando veinte disparos. En el lugar del atentado se recogieron quince casquillos de bala. Varios compañeros de trabajo oyeron los disparos y acudieron en su ayuda. Al ver que aún respiraba, pararon un vehículo y lo trasladaron al ambulatorio de Hernani, pero al comprobar que se encontraba cerrado, tuvieron que llevarlo hasta la residencia sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián, donde ingresó cadáver.

Los etarras huyeron en un Morris donde les esperaba un tercer terrorista. El coche utilizado para cometer el atentado había sido robado en San Sebastián y se encontró en el paseo de los Fueros de esa localidad.

Hacía poco más de un mes, el 15 de julio de 1975, Demetrio había sido objeto de un atentado similar del que milagrosamente había conseguido salir ileso. Aquella vez, Lesmes Martín se dirigía en coche a la fábrica para incorporarse al turno de las diez de la noche, y los etarras le esperaban en una rotonda. Al verle pasar, lo siguieron y, cuando se encontraba ante la puerta de la fábrica, los terroristas abrieron fuego con una pistola y una metralleta desde las ventanillas del vehículo. Demetrio se tiró al suelo y salvó así la vida. Los que le dispararon ese día fueron los mismos que lo hicieron el 8 de agosto.

Demetrio Lesmes había comentado en repetidas ocasiones con sus compañeros que temía por su vida: "pronto vendrán a por mí", les había dicho cuando se producía algún asesinato de la banda. Cuando asesinaron al conductor de autobuses Carlos Arguimberri y al taxista Francisco Expósito, Demetrio dijo "esos se van acercando". La víctima había recibido varias amenazas anónimas que había denunciado ante la Guardia Civil.

Demetrio Lesmes Martín, de 55 años, era natural de Sotoserrano (Salamanca). Estaba casado y tenía tres hijas de 25, 20 y 18 años. Desde 1946 trabajaba en la empresa Orbegozo S.A. El funeral por su alma se celebró el 9 de agosto en la parroquia de San José Obrero de Hernani, con la asistencia del ministro de Asuntos Exteriores, Pedro Cortina, del presidente de la Diputación, Juan María Araluce Villar, que sería también asesinado por ETA el 4 de octubre de 1976, y de Marcelino Oreja, consejero nacional del Movimiento y procurador por Guipúzcoa.

El miércoles 8 de agosto de 1979, a las doce y cuarto del mediodía, la banda terrorista ETA ametrallaba un Land Rover de la Guardia Civil que circulaba por una carretera de uso interior del aeropuerto vizcaíno de Sondica, provocando la muerte del agente ANTONIO NIEVES CAÑUELO y graves heridas a otros dos guardias civiles, Juan Cortijo Durán y Benito Rodríguez Lara.

El Land Rover de la Guardia Civil estaba realizando el servicio cotidiano de vigilancia del aeropuerto. Antonio Nieves conducía el vehículo oficial de la Guardia Civil, y habían llegado al final de la pista de aterrizaje, a unos quinientos metros de la torre de control del aeropuerto, en un terreno correspondiente al municipio de Lujua (Vizcaya). A unos cincuenta metros, ocultos detrás de una tapia del cementerio británico, les esperaban dos terroristas con fusiles de asalto. Previamente, los terroristas -cuatro en total- habían secuestrado al encargado del cementerio, a su mujer y a una hija del matrimonio y les retuvieron en el interior de una capilla. Después llegaron otras tres personas -una monja y dos jóvenes- que también fueron retenidas.

Mientras dos terroristas vigilaban a los rehenes, otros dos se apostaron detrás de la tapia del cementerio esperando el paso de la patrulla. Cuando los tuvieron a unos cincuenta metros, comenzó el ametrallamiento del vehículo. Antonio fue alcanzado por los disparos, y el vehículo empezó a dar bandazos y una vuelta de campana, cayendo totalmente destrozado por un terraplén en el límite de la pista. El coche quedó situado boca abajo, y el techo del Land Rover quedó hundido sobre la parte que ocupaba Antonio.

Tras el atentado, los terroristas huyeron con el coche particular del guarda, un Seat 1430. En el lugar de los hechos se recogieron más de cincuenta casquillos de la marca Geco.

Las primeras personas que llegaron al lugar del atentado fueron el propio personal del aeropuerto, que trasladaron urgentemente a los tres guardias civiles al Hospital Civil de Basurto, pero Antonio ingreso cadáver. Sus compañeros Juan Cortijo Durán, natural de Navazuelas (Cáceres) y de 30 años de edad, y Benito Rodríguez Suárez, natural de Vega de Tera (Zamora) de 23 años de edad, consiguieron salvar la vida.

Antonio Nieves Cañuelo, de 23 años, era natural de Marmolejo (Jaén). Estaba casado y tenía dos hijos. La capilla ardiente se instaló en el cuartel de La Salve de Bilbao, donde al día siguiente se celebró el funeral por su alma. Tras finalizar éste, el féretro fue sacado a hombros por sus compañeros y sus restos mortales fueron trasladados en un furgón a su pueblo natal, donde fueron inhumados.

El martes 8 de agosto de 2000 la banda terrorista ETA asesinaba en Zumaya (Guipúzcoa) mediante la explosión de un coche-bomba aparcado junto a su vehículo al presidente de la patronal guipuzcoana (Adegi) JOSÉ MARÍA KORTA URANGA.

La víspera, cuatro miembros de la banda terrorista ETA habían muerto en Bilbao al estallar el explosivo que transportaban en un vehículo cuando se dirigían a cometer un atentado. Se trataba de Francisco Rementería, Ekain Ruiz Ibarguren, Zigor Aranbarri Garamendi y Urko Gerrikagoitia Aguirre. Según un comunicado de ETA, con su habitual lenguaje acartonado, "fue un accidente de combate que ocurrió cuando nuestros cuatro compañeros de lucha iban a realizar una acción" (Gara, 01/09/2000).

Como queriendo demostrar que la capacidad de la banda asesina seguía intacta, trece horas después ETA utilizó el mismo sistema, el coche-bomba, para asesinar a José María Korta. Eligieron, además, un objetivo que personificaba a toda la clase empresarial vasca, contra la que llevaba atentando los últimos meses. José María era un empresario considerado afín al Partido Nacionalista Vasco que se había manifestado siempre contra la violencia y se había negado a pagar el impuesto revolucionario y a que lo hiciesen los demás empresarios vascos. Hacía sólo tres semanas que José María había enviado una circular a las empresas asociadas a Adegi instándolas a que no cedieran a la extorsión. "Me da lo mismo que atenten contra mi vida profesional o personal (...) Tengo la intención de continuar al frente de nuestras empresas, invirtiendo aquí y generando nuevos proyectos que garanticen el futuro", había declarado.

Ese 8 de agosto Korta Uranga salió de la empresa y, cuando se disponía a montarse en el automóvil, un etarra activó a distancia el artefacto explosivo alojado en un turismo aparcado junto al suyo. Los terroristas estaban apostados en algún lugar con suficiente visibilidad, posiblemente en la carretera ubicada al otro lado del río Urola. En el momento en que observaron que José María salía de la nave y se acercaba a su coche, accionaron el explosivo por medio de un mando a distancia. La deflagración fue tan potente que el coche bomba quedó partido en dos mitades, una de las cuales cayó hacia el río Urola. Además, la onda expansiva provocó algunos daños en la fachada de la factoría.

El vehículo del presidente de la patronal guipuzcoana estaba aparcado en batería, mirando hacia el cauce del río. Junto a él se encontraba estacionado el coche-bomba, un Fiat Tipo de color blanco, con matrícula de San Sebastián, que había sido robado cinco días antes, el 3 de agosto, en Legazpia. La víctima tenía la costumbre de estacionar su coche todos los días en el mismo lugar, justo enfrente de la entrada principal de la nave.

El empresario, gravemente herido y en situación de parada cardiorrespiratoria, fue socorrido por trabajadores de Mecanizados Korta y de otra empresa del sector situada en el mismo polígono industrial. Una de las primeras personas en acudir tras la explosión fue Javier Korta, hermano de la víctima. Posteriormente, facultativos de DYA trataron de reanimarlo, pero murió cuarenta minutos después de la explosión. El cuerpo del presidente de Adegi quedó tendido en el suelo a unos diez metros del vehículo, cubierto con una sábana blanca, hasta pasadas las cuatro de la tarde, cuando el juez de guardia ordenó el levantamiento del cadáver.

En la empresa Korta S.A., dedicada a la fabricación de piezas de alta precisión (engranajes, rodamientos y otros elementos) trabajaban cinco hermanos del fallecido, además de dos de sus hijos y varios sobrinos. Aproximadamente la mitad de la plantilla, formada por sesenta personas, se encontraba trabajando en el momento del atentado. Los restos mortales de José María fueron llevados al Instituto Anatómico Forense de Polloe. Tras practicarle la autopsia, fue trasladado al Ayuntamiento de Zumaya, donde quedó instalada la capilla ardiente hasta la celebración del funeral al día siguiente.

Apenas un mes después de su asesinato, el 10 de septiembre de 2000, la banda terrorista ETA continuó el acoso a la familia Korta, destruyendo con una bomba la discoteca Txitxarro en Deva, propiedad de un hermano del empresario asesinado, Narciso Korta, que había formado parte activa de las protestas contra Euskal Herritarrok y contra ETA tras el asesinato de José María. También continuó la campaña de extorsión a otros empresarios vascos, como Mikel Alberdi Mondragón, empresario guipuzcoano afiliado al Partido Nacionalista Vasco, cuyas oficinas en Legutiano sufrieron graves daños por la explosión de otra bomba colocada por ETA.

En 2003 la Audiencia Nacional condenó a 25 años de prisión mayor a Ibon Etxezarreta Etxaniz, y a 27 años de prisión mayor a Patxi Xavier Makazaga, por el asesinato de Korta Uranga.

José María Korta Uranga, de 57 años, era natural de Cestona (Guipúzcoa), donde fue enterrado. Estaba casado con Marian Zearreta y tenía tres hijos. Era un gran aficionado al esquí y el ciclismo, y simpatizante del Partido Nacionalista Vasco, aunque no estaba afiliado a ningún partido político. Realizó estudios en el seminario de San Sebastián y había pasado temporadas en Suiza aprendiendo francés. En 1971 se incorporó a la empresa familiar Korta S.A., dedicada a la fabricación de piezas mecánicas de alta precisión. En 1994 fue nombrado presidente de la Asociación de Empresarios de Guipúzcoa (Adegi), cargo que ocupó hasta su asesinato.

Francisco Gil, otra víctima de la hipócrita campaña de HB y ETA contra el narcotráfico

7 de Agosto de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

Pasadas las diez y media de la noche del día 7 de agosto de 1991 el etarra Juan Ramón Rojo González, encapuchado y armado con un subfusil, asesinaba a tiros en Irún (Guipúzcoa) a FRANCISCO GIL MENDOZA, mientras su hermano Alfredo, que se encontraba con él en la plaza de Urdanibia de la localidad guipuzcoana, consiguió huir antes de que lo asesinaran.

Esa noche los hermanos se encontraban sentados en un banco de la plaza cuando advirtieron la presencia de un encapuchado que, mientras se dirigía hacia ellos, sacó un subfusil que llevaba escondido debajo del jersey. Los dos jóvenes empezaron a correr, momento en el que Rojo González, desde una distancia aproximada de treinta metros, lanzó una ráfaga de disparos, alcanzando a Francisco en la cabeza y en la espalda. En el lugar de los hechos se recogieron doce casquillos del calibre 9 milímetros parabellum, marca FN.

Francisco Gil pudo andar todavía unos metros hasta que, gravemente herido, cayó desplomado. Fue atendido primero en el Hospital Comarcal del Bidasoa y, debido a su gravedad, lo trasladaron a la Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu, donde ingresó cadáver. Antes, un grupo de proetarras se negó a socorrer al joven herido, cuando su hermano, desesperado, entró en el Bar Deportivo, situado en la misma plaza, pidiendo ayuda a los dueños y clientes del establecimiento. Los encargados del bar, frecuentado por simpatizantes de Herri Batasuna, subieron el volumen de la música y una de las camareras arrojó un vaso contra Alfredo que arremetió contra el equipo de música (ABC, 9/08/1991).

Desde mayo de 1980 la banda asesina ETA abrazó la causa de la lucha contra supuestos traficantes de drogas, cometiendo auténticos disparates, pues en la mayoría de los casos o los asesinados no tenían nada que ver con el tráfico de drogas, o simplemente eran consumidores que trapicheaban con pequeñas cantidades sólo para conseguir la dosis que necesitaban para su propio consumo. Este es el caso de Francisco Gil que, al igual que su hermano Alfredo, era consumidor de droga, pero que en ningún caso era un narcotraficante, que es de lo que les acusaba la banda asesina. Según fuentes de la Policía Municipal de Irún habían sido detenidos alguna vez por traficar con drogas a pequeña escala.

Apenas quince días antes de que ETA iniciase en 1980 su campaña de asesinatos para acabar supuestamente con el narcotráfico, la Mesa Nacional de Herri Batasuna había hecho pública una declaración en la que afirmaba que la heroína se estaba introduciendo de forma masiva en el País Vasco con clara intencionalidad política. El objetivo era, según HB, apartar a los jóvenes vascos de cualquier otro tipo de intereses y preocupaciones, como los sociales, políticos, culturales etc. Una campaña parecida, pero contra las discotecas, la había iniciado ETA con ese mismo tipo de argumentaciones -"destrozar a nuestro pueblo, enajenarlo", conducirlo "a un mundo falso"- en 1972 afirmando, además, que la Policía estaba muy interesada en el mantenimiento de las salas de fiesta e, incluso, que las financiaban ("Comunicado de ETA al pueblo trabajador vasco", abril 1972, Documentos Y, vol. 12, citado por Alonso, Domínguez y García Rey en Vidas rotas, pág. 816).

A lo largo de su historia, la banda terrorista ETA ha fagocitado causas que, a priori, podían contar con el apoyo de parte de la sociedad, como la causa ecologista o la supuesta lucha contra las drogas. Sin embargo, la familia de Francisco Gil, a diferencia de lo que ocurrió en otros casos, no quiso callarse, y dio la cara por el joven que, sí, era consumidor de drogas, pero no era un narcotraficante. En una carta a varios medios de comunicación decían: "Es posible, casi seguro, que trapicheara con algunas dosis para conseguir las pesetas suficientes para su autoconsumo" pero "no era un narcotraficante. No hacía dinero con la droga, ni tenía bienes ni un gran tren de vida (...) No entendemos por qué nos lo han matado, pero sí sabemos que su muerte no servirá para nada, que los drogadictos no dejarán la droga porque hayan matado a uno de ellos, ni los que realmente trafican y hacen dinero con la desgracia ajena van a pararse por eso (...) Esperamos que los padres y familiares de drogadictos comprendan nuestro dolor por su muerte violenta y griten con nosotros: ¡Basta ya de asesinatos, de marginación y de desprecio!" (Agencia Efe, 13/08/1991).

El asesinato de Francisco Gil Mendoza fue cometido por miembros del grupo Irún de ETA (Juan Ramón Rojo González, Iñaki Recarte Ibarra y José Ramón Goñi Ruiz), grupo ‘legal’ de la banda de apoyo al grupo Iparhaizea de ETA que actuaba en la comarca de Irún. Las Fuerzas de Seguridad consideran que los tres no sólo asesinaron al joven, sino que robaron armas en un cuartel y colocaron explosivos en un bar de Irún y bajo el vehículo de un vecino de Fuenterrabía.

Juan Ramón Rojo González fue detenido por la Guardia Civil en enero de 1992 en Basauri (Vizcaya) junto a Pedro Urra Guridi. Desde un primer momento, el etarra exculpó a José Ramón Goñi Ruiz, hijo del ex gobernador civil de Guipúzcoa José Ramón Goñi Tirapu, del asesinato de Gil Mendoza. Por su parte, Iñaki Recarte, detenido un año después del crimen, confesó que se había jugado a cara o cruz con Rojo González quién de los dos perpetraba el asesinato de los hermanos Gil Mendoza. Finalmente fue Rojo el que disparó. De Goñi Ruiz no se sabe nada desde 1992, cuando se dio a la fuga tras las detenciones de Rojo González y Recarte Ibarra. Pasó a la clandestinidad y está en paradero desconocido (elcorreo.com 21/12/2008).

En 1996 la Audiencia Nacional condenó a sendas penas de 30 años de prisión mayor a Juan Ramón Rojo González y a Iñaki Recarte Ibarra por el asesinato de Francisco Gil. En la sentencia se recoge el motivo por el que decidieron matarlo: "como entre los objetivos de ETA figuraba eliminar corporalmente a dicha clase de traficantes, los procesados decidieron dar muerte a los hermanos Gil".

Francisco Gil Mendoza, de 27 años, era natural de San Sebastián, aunque en el momento de su asesinato residía en la localidad vasco-francesa de Hendaya. Su padre, pintor de profesión, residía en dicha localidad desde su juventud, con su mujer y sus cinco hijos, varios de los cuales, entre ellos Francisco y Alfredo, no vivían ya en el domicilio familiar.

Antonio Ligero y Rafael Mucientes, policías nacionales asesinados por ETA en Vitoria

6 de Agosto de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A las cuatro de la tarde del 6 de agosto de 1987 la banda terrorista ETA asesinaba en Vitoria mediante la explosión de un coche-bomba a los policías nacionales ANTONIO LIGERO HEC y RAFAEL MUCIENTES SANZ, en un atentado en el que también resultó herida por la metralla Obdulia Vega Solac. El atentado se produjo en plenas fiestas patronales de Vitoria en honor de la Virgen Blanca.

Los agentes formaban parte de una patrulla de rutina compuesta por dos coches de la Policía que transitaban por el Alto de Armentia. Miembros de la banda terrorista habían colocado un coche-bomba en la cuneta de una curva situada en la carretera que va desde el Alto de Armentia hasta el paseo de San Prudencio en Vitoria. El coche-bomba estaba cargado con treinta kilos de explosivo y cuarenta de metralla. En el momento en el que los coches se pusieron a la altura de la bomba, uno de los terroristas accionó el detonador a distancia. La explosión alcanzó de lleno al segundo turismo, que resultó materialmente destrozado, y sus dos ocupantes, Antonio Ligero y Rafael Mucientes, fallecieron prácticamente en el acto. Restos del turismo se esparcieron por los alrededores encontrándose trozos del mismo a un centenar de metros. En el lugar de los hechos se recogieron también bolas de rodamiento de considerable diámetro y tuercas que formaban parte de los cuarenta kilos de metralla del artefacto. Los agentes asesinados pertenecían a la IV Compañía de la 56ª Bandera de la Policía Nacional, con sede en Vitoria, y llevaban varios años destinados en la capital alavesa.

Los dos policías nacionales fueron trasladados urgentemente al Hospital de Santiago, donde ingresaron cadáveres. Presentaban fractura de cráneo con salida de masa encefálica y graves quemaduras por todo el cuerpo. Fragmentos de la metralla que integraba el artefacto se incrustaron en viviendas situadas a centenares de metros del lugar de la explosión. Parte de esta metralla alcanzó la pierna de Obdulia Vega Solac, que fue dada de alta tras ser atendida en un centro sanitario de Vitoria.

La zona en la que se produjo el atentado era un lugar de esparcimiento de la capital alavesa. En el momento de la explosión, numerosas personas comían en restaurantes de los alrededores. Los cristales de domicilios y restaurantes quedaron hechos añicos y algunas puertas se desencajaron por la violencia de la explosión, escuchada en un radio de varios kilómetros.

A los pocos minutos de producirse el atentado llegó al lugar de los hechos Julen Elorriaga, delegado del Gobierno en el País Vasco. Su residencia oficial, Los Olivos, situada en el Alto de Urbieta, está muy cerca del lugar de la explosión.

Durante la celebración del funeral, un grupo de agentes de la Policía Nacional increpó a los representantes políticos presentes y reclamó que sus miembros fueran trasladados a otros puntos de destino en España. Por este motivo, la Dirección General de la Policía abrió expediente a una docena de policías. En esa época eran frecuentes las protestas sindicales por las pésimas condiciones y la deficiente calidad de los acuartelamientos de los policías destinados en el País Vasco, unido a que muchos agentes sufrían el denominado síndrome del Norte derivado de la alta tensión que padecían las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por el terrorismo y el rechazo social. En los días posteriores al asesinato de Antonio Ligero y Rafael Mucientes el Ministerio del Interior anunció la puesta en marcha de gabinetes psicológicos para atender a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado destinados en el País Vasco y en Navarra.

Un día después del asesinato de Rafael y Antonio, la banda terrorista ETA lanzó siete granadas contra la casa-cuartel de la Guardia Civil en Zaráuz (Guipúzcoa), hiriendo de gravedad por una esquirla en el cerebro a Borja Blanco Vega, un bebé de doce meses hijo de un guardia civil. Su hermano de siete años y la abuela del niño también resultaron heridos.

Diferentes sentencias de la Audiencia Nacional especifican que los responsables del atentado fueron José Javier Arizkuren Ruiz, alias Kantauri, Juan Carlos Arruti Azpitarte, alias Paterra, y María Soledad Iparraguirre Guenechea, alias Anboto. Para ello contaron con la colaboración del matrimonio formado por Miren Gotzone López de Luzuriaga e Ignacio Fernández de Larrinoa, que les alojaron en su domicilio desde finales de julio y les ayudaron a huir a Francia.

En 1991 la Audiencia Nacional condenó a 57 años de reclusión mayor a Juan Carlos Arruti Azpitarte, además de a otras penas de reclusión menor. En la misma sentencia fueron condenados a las mismas penas Ignacio Fernández de Larrinoa y Miren Gotzone López de Luzuriaga porque "ayudaron a los miembros del comando en los preparativos". En enero de 2008 fue condenado José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, a 82 años de cárcel. En febrero de 2010, la Audiencia Nacional impidió que Arruti Azpitarte, Paterra, saliese de prisión -en la que está desde 1989 cumpliendo penas que suman un total de 403 años- al aplicarle la doctrina Parot. De este modo, la excarcelación de este asesino se verá aplazada hasta el año 2019.

María Soledad Iparraguirre, alias Anboto, fue detenida en Francia en octubre de 2004. Con un currículum espeluznante como miembro de los grupos Araba y Madrid de ETA, ha sido la etarra que más lejos ha llegado en la cúpula de la banda, después de María Dolores González Katarain, Yoyes. Estaba huida desde 1981. El 24 de septiembre de 2010 el Consejo de Ministros aprobó continuar con el procedimiento de solicitud a Francia de la ampliación de extradición activa de Iparraguirre concretamente por el atentado del 6 de agosto de 1987. La etarra se encuentra actualmente en la prisión francesa de Fresnes en París, mientras Francia decide sobre otras solicitudes anteriores de extradición.

Antonio Ligero Hec, de 30 años, era natural de Conil de la Frontera (Cádiz), donde una calle lleva su nombre. Estaba casado y tenía dos hijos. Había ingresado en 1979 en el Cuerpo Nacional de Policía. En marzo de 1984 le fue asignado el destino de Vitoria. Antes de incorporarse a la Policía Nacional había sido mecánico naval.

 

 

Rafael Mucientes Sanz, de 37 años, era natural de la localidad vallisoletana de Mojados. Estaba casado y tenía dos hijas. Había ingresado en 1971 en el Cuerpo Nacional de Policía. Desde 1982 prestaba servicio en la IV Compañía de la 56ª Bandera de la Policía Nacional, con sede en Vitoria.

 

 

 

Manuel Peronié, policía municipal, y la última víctima de República Dominicana

5 de Agosto de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

Pasadas las tres y cuarto de la madrugada del 5 de agosto de 1983, la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad guipuzcoana de Oyarzun al policía municipal de San Sebastián MANUEL PERONIÉ DÍEZ, cuando regresaba a su domicilio tras cenar en un restaurante junto a su amigo Víctor Zabala Urturi y ambos se resistieron a ser secuestrados.

El atentado se produjo a cuarenta metros escasos de la plaza de San Esteban de Oyarzun, localidad que estaba celebrando sus fiestas patronales. Manuel Peronié y su amigo Víctor Zabala se disponían a montar en el vehículo del primero, cuando fueron interceptados pistola en mano por tres terroristas del grupo Donosti de ETA. Los dos amigos fueron obligados a permanecer sentados en el bordillo de la calle junto a un pequeño jardín situado a un costado de la carretera que comunica Oyarzun con Rentería, a la espera de que un cuarto terrorista trajese un vehículo que pretendían utilizar para secuestrarlos.

Durante la espera, que se prolongó por espacio de un minuto, los dos amigos preguntaron insistentemente por las razones de su secuestro, pero fueron obligados a permanecer en silencio bajo la amenaza de las armas. Sin embargo, en un momento de descuido, justo cuando iban a ser introducidos en el vehículo, Manuel y Víctor trataron de huir corriendo, al tiempo que pedían auxilio a gritos. En ese momento, uno de los secuestradores abrió fuego contra ellos. Manuel fue alcanzado en el torso y en la ingle, mientras Víctor huyó carretera abajo perseguido de cerca por uno de los terroristas que descargó su pistola contra él. Sin dejar de correr, a pesar de sus heridas, Víctor Zabala logró escapar e interceptar un vehículo que lo trasladó a un puesto de la Cruz Roja.

También fueron alcanzados por los disparos una pareja de jóvenes, Coro Izaguirre e Íñigo Bengoechea, que pasaban en una moto cerca del lugar de los hechos. Efectivos de la Cruz Roja recogieron el cuerpo sin vida de Manuel Peronié y trasladaron a los dos jóvenes heridos a la Residencia Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián.

Víctor Zabala Urturi, de 45 años, era el delegado de ventas de la empresa Rank-Xerox en San Sebastián. Cuando llegó al hospital, no dejaba de repetir "¿Por qué, por qué?". Después de ser intervenido de sus heridas en el antebrazo y en la cadera, manifestó que hasta ver cómo asesinaban a su amigo no creyó en ningún momento que sus secuestradores estuvieran dispuestos a matarlos. "Mientras esperábamos la llegada del coche en el que querían meternos estuvimos intentando hacerles ver que se habían equivocado. Les dijimos nuestros nombres, dónde vivíamos, quiénes éramos... y todas esas cosas que uno dice cuando tiene miedo" relató. E insistían en preguntarles que qué querían hacer con ellos y qué habían hecho. "Pero nos ordenaron que nos callásemos y que permaneciéramos allí sentados. Era una zona poco iluminada, pero a nuestro lado pasaron algunas personas que, supongo, vieron las pistolas con las que nos apuntaban. Cuando llegó el coche les dijimos que no les acompañábamos, nos levantamos y, entonces Manuel, primero, y luego yo también, empezamos a gritar auxilio a la gente de la plaza. Vi caer a mi amigo y eché a correr. Uno de los dos me siguió disparando hasta que se le agotaron las balas. Estaba herido pero salí corriendo carretera abajo porque sabía que esa era mi única salvación. Paré un coche en la carretera y le dije a su conductor, un hombre joven, que me sacara de allí que me querían matar y que estaba herido".

Los terroristas huyeron en un coche en dirección a Rentería, pero a dos kilómetros de Oyarzun colisionaron con otro vehículo y se salieron de la carretera, por lo que tuvieron que seguir la huida a pie campo a través. La Policía encontró en el interior del automóvil  una metralleta con dos cargadores, una pistola Browning y abundante munición del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF.

En protesta por el asesinato de Manuel, la Policía Municipal de San Sebastián y los trabajadores del Ayuntamiento iniciaron una huelga el mismo 5 de agosto. El alcalde de San Sebastián, el nacionalista Ramón Labayen, pidió a los donostiarras que mostrasen su solidaridad con Manuel Peronié.

Al funeral, celebrado al día siguiente en la Iglesia de San Ignacio, totalmente llena de público, asistieron, además de la familia de Manuel Peronié, el delegado general del Gobierno en la comunidad autónoma vasca, Ramón Jáuregui, que había interrumpido sus vacaciones para poder asistir a las honras fúnebres; el director general de la Policía, Rafael del Río; los gobernadores civil y militar de Guipúzcoa; el alcalde de San Sebastián, Ramón Labayen; los concejales del Ayuntamiento donostiarra, así como el cuerpo en pleno de la Policía Municipal, cuyos componentes lucían en sus uniformes brazaletes negros. Previamente se había llevado a cabo en el cementerio de Polloe la inhumación de los restos mortales del policía municipal asesinado, acto al que sólo acudieron familiares del fallecido y compañeros del cuerpo.

Al término del funeral se organizó una manifestación silenciosa que recorrió las principales calles de la capital guipuzcoana. La marcha estuvo precedida por una dotación motorizada de la Policía Municipal, y estaba encabezada por el alcalde de San Sebastián y miembro del PNV, Ramón Labayen, y por concejales de este partido, del PSOE, Alianza Popular y Euskadiko Ezquerra. Seguía después la Policía Municipal, así como varios centenares de personas. Al pasar frente al domicilio de Manuel Peronié, situado en la calle Iparraguirre, los manifestantes se detuvieron durante un minuto para, posteriormente, seguir la marcha hasta la Inspección de la Policía Municipal, donde el público rompió a aplaudir a los miembros del cuerpo municipal, mientras algunos de los concejales del Ayuntamiento de San Sebastián abrazaban a los agentes municipales.

Los nombres de Manuel Peronié y de otro policía municipal adscrito al servicio de la brigada volante de San Sebastián, habían aparecido hacía varios meses en unos pasquines repartidos en el casco viejo de San Sebastián en los que se les acusaba de haber maltratado a un vecino que tuvo que ser asistido posteriormente a consecuencia de los golpes. Según fuentes de la Policía Municipal, Manuel Peronié se limitó a defenderse de la agresión y de los insultos de una persona que se interfirió en un servicio policial llevado a cabo de madrugada el mes de marzo de 1983. Esos pasquines fueron distribuidos con la firma de Herri Batasuna. Este fue el motivo por el que el concejal socialista de Oyarzun, Carlos García Cañibano, declarase que el asesinato de Manuel Peronié debía pesar sobre las conciencias de quienes habían publicado y distribuido dichos pasquines.

La Audiencia Nacional condenó en 1986 a Jesús María Zabarte Arregui a 29 años de reclusión mayor por el asesinato de Manuel Peronié, así como a otros 15 años de reclusión menor por el asesinato frustrado de Víctor Zabala. A las mismas penas fue condenado en 1989 Juan José Iradi Lizarazu. De los otros dos terroristas que participaron en el atentado no se sabe nada.

Manuel Peronié Díez, de 27 años y soltero, era agente de la Policía Municipal de San Sebastián desde un año antes de su asesinato. Estaba integrado en una brigada volante que patrullaba por las noches la ciudad. Veinticinco años después, en octubre de 2008, el Ayuntamiento de San Sebastián rindió homenaje al agente municipal y al jefe de la Guardia Municipal, el teniente coronel Miguel Garciarena Baraibar, asesinado el 27 de noviembre 1980, recibiendo ambos su primer reconocimiento público. Sus nombres figuran desde entonces en el recibidor de las dependencias del cuerpo policial, junto a una placa dedicada al sargento de la Guardia Municipal Alfonso Morcillo, también asesinado por ETA el 15 de diciembre de 1994.

En la madrugada del 5 de agosto de 1986 falleció en el Hospital de La Paz el guardia JUAN IGNACIO CALVO GUERRERO, que resultó gravemente herido en el atentado que la banda terrorista ETA cometió el 14 de julio en la plaza de la República Dominicana de Madrid. De esta forma se convirtió en la decimosegunda víctima mortal del atentado, todos ellos jóvenes guardias civiles. Juan Ignacio se encontraba desde el día del atentado en la UVI de La Paz. A pesar de los esfuerzos médicos, no pudo superar las graves heridas sufridas.

Juan Ignacio Calvo Guerrero, de 25 años, era natural de la Pola de Gordón (León). Estaba casado y tenía un hijo de corta edad. El agente había estado destinado en Mieres (Asturias) y había llegado a Madrid pocas semanas antes del atentado.

Cecilio y Silvia, última niña asesinada por ETA, y dos guardias civiles

4 de Agosto de 2011 - 09:10:02 - M.J. Grech

A las ocho y media de la mañana del sábado 4 de agosto de 1979 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Éibar (Guipúzcoa) al guardia civil JUAN JOSÉ TAUSTE SÁNCHEZ cuando se disponía a arrancar su automóvil aparcado en una calle de la localidad para dirigirse al cuartel donde trabajaba.

Juan José salió del portal del domicilio de sus suegros, donde se había instalado con su mujer, y se dirigió al lugar donde tenía aparcado su vehículo, un Ford Fiesta matrícula de Jaén. Nada más sentarse en el asiento del conductor dos terroristas, que le estaban esperando, sacaron sendas armas de fuego y le dispararon a corta distancia. A continuación los terroristas volvieron a ocultar sus armas y huyeron a pie del lugar en dirección a un cruce de caminos situado a escasos metros de la autopista Bilbao-Behobia, donde muy probablemente les esperaba un vehículo con el que se dieron a la fuga. En el lugar de los hechos se recogieron varios casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF.

Los disparos alcanzaron a Juan en el estómago, en el tórax y en la cabeza. El primero que se percató del atentado terrorista fue un policía municipal que se encontraba de servicio en la zona y que dio aviso inmediato a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. El barrio de San Salvador, próximo al lugar del crimen, celebraba sus fiestas aquellos días, y algunos vecinos confundieron los disparos con cohetes de las fiestas, incluida su esposa, que sólo se dio cuenta de lo que había pasado cuando se escucharon algunos gritos y se formó un corrillo de gente alrededor del automóvil. Concepción bajó de la vivienda y se encontró a su marido moribundo. Ella misma comenzó a sacarle del coche mientras gritaba: "¿Qué le han hecho a mi marido?". Juan Tauste fue trasladado inmediatamente al Hospital Militar de San Sebastián, donde llegó cadáver.

El atentado fue reivindicado por ETA militar en un comunicado enviado a diversos medios de comunicación de Bilbao, donde también asumía la colocación de un artefacto explosivo en el domicilio del cónsul francés en la capital vizcaína. En ese comunicado la banda asesina expresaba su intención de seguir adelante con su campaña para que las Fuerzas de Orden Público abandonasen el País Vasco y contra los intereses franceses en la comunidad autónoma.

Juan José Tauste Sánchez, de 26 años, se había casado el 17 de junio con María Concepción García Bouzas, de 18 años, en el santuario de Arrate en Éibar. El joven matrimonio se instaló en casa de los padres de Concepción en esa localidad, donde Juan José estaba destinado. El agente era natural de Villacarrillo (Jaén), donde con motivo del veinticinco aniversario de su asesinato se le rindió un homenaje y se le dio su nombre a una calle.

A la una y veinte del mediodía del domingo 4 de agosto de 1985 la banda terrorista ETA asesinaba en Elgóibar de un tiro en la nuca al guardia civil en situación de reserva activa JOSÉ EXPÓSITO AFÁN. Hacía media hora que había finalizado en Vitoria el funeral por el guardia civil Fernando Amor Calvo, muerto el día anterior mientras intentaba desactivar un artefacto explosivo en Luyando (Álava).

José Expósito fue alcanzado por un único disparo en la nuca cuando, desarmado y vestido de paisano, caminaba en solitario por la céntrica plaza de la Magdalena de Elgóibar. La bala, calibre 9 milímetros parabellum, le atravesó el cerebro, provocándole la muerte instantánea. Los clientes de un bar situado a escasos metros del lugar del atentado oyeron el disparo y al salir se encontraron a la víctima caída de bruces en la acera en mitad de un gran charco de sangre. El cuerpo del guardia civil asesinado permaneció en el lugar del atentado cubierto con una manta y protegido del sol por una furgoneta hasta que finalmente, a las cuatro de la tarde el juez al que correspondía el levantamiento del cadáver autorizó su traslado al depósito del cementerio de la localidad. A continuación, el cuerpo de José Expósito fue conducido a su domicilio, donde quedó constituida la capilla ardiente ante la presencia de un comandante y varios oficiales de la Guardia Civil y compañeros de la víctima.

El funeral por su memoria se celebró al día siguiente, 5 de agosto, en la parroquia de San Bartolomé de Elgóibar. Poco antes de iniciarse el funeral, a las siete de la tarde, la iglesia quedó abarrotada por centenares de vecinos que secundaron el llamamiento efectuado expresamente por la junta local del PNV. El féretro, cubierto con una bandera española sobre la que descansaba el tricornio, fue introducido a hombros por los familiares del guardia civil, y ante la presencia de unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que le rindieron homenaje. Ese mismo día el alcalde de la localidad, el peneuvista Lucio Beitia, afirmó que Expósito "era un vecino más, estaba plenamente integrado y su muerte ha sido una verdadera sorpresa para la gran mayoría de este pueblo".

El mismo día del asesinato de José Expósito unas quinientas personas convocadas por el Comité Pro Refugiados se manifestaron en Elgóibar para protestar por el asesinato en Saint Jean Pied de Port (Francia) del etarra Juan María Otegui Elizegui, alias Txato, a manos de los GAL. En Itsasondo, localidad natal del miembro de ETA, la Guardia Civil impidió la celebración del funeral religioso. La corporación municipal de esta localidad, integrada por representantes de Herri Batasuna, Partido Nacionalista Vasco y Euskadiko Ezkerra, nombraron a Juan María Otegui "hijo predilecto de la villa". Otegui Elizegui participó, entre otros atentados, en el asesinato del teniente coronel retirado de la Guardia Civil Luis Cadarso San Juan, el 14 de abril de 1981.

José Expósito Afán, de 62 años, era natural de Aguilar de la Frontera (Córdoba), pero llevaba treinta y cinco años viviendo en el País Vasco. Estaba casado y tenía cuatro hijos, tres chicos y una chica de edades comprendidas entre los 20 y los 31 años. Ingresó en la Guardia Civil en 1949 y un año antes de ser asesinado había pasado a la reserva activa. Hasta ese momento había trabajado en el Departamento de Intervención y Revisión de Armas, lo que le convirtió en una persona muy conocida en la localidad. Según la Policía Municipal de Elgóibar, José Expósito se encontraba perfectamente integrado en la población, tenía su propia cuadrilla de amigos y estaba bien considerado, en general, por su disposición a hacer favores a sus vecinos, como la aceleración de los trámites para la renovación de los documentos nacionales de identidad, de los pasaportes o de las licencias de caza. Las mismas fuentes apuntaban que a la hora en que fue asesinado José acostumbraba a realizar su habitual ronda de bares, un hábito que compartía casi siempre con amigos de su cuadrilla.

A las 20:30 horas del domingo 4 de agosto de 2002 la banda asesina ETA hizo explotar un coche-bomba cargado con cien kilos de dinamita Titadyne y metralla frente a la casa-cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante) y junto a una glorieta muy concurrida de la localidad. La explosión mató a CECILIO GALLEGO ALAMINOS, ciudadano jubilado que esperaba la llegada de un autobús en la parada situada enfrente del cuartel para dirigirse a Torrevieja, y a la niña de seis años SILVIA MARTÍNEZ SANTIAGO, hija de José Joaquín Martínez, agente de la Guardia Civil, que se encontraba en ese momento jugando en su domicilio de la casa-cuartel junto a su madre, Toñi Santiago, una tía y un primo.

La explosión causó, además, heridas de diversa consideración a otras cincuenta y seis personas, según consta en el escrito fiscal (entre ellos Borja, primo de Silvia de tres años y medio, que sufrió cortes en la cara, el brazo y la pierna derecha) y cuantiosos daños materiales en los inmuebles cercanos. Dos pisos de la casa-cuartel de la Guardia Civil resultaron destrozados y decenas de edificios de los alrededores resultaron dañados por la onda expansiva de la explosión, por lo que unos ciento cincuenta vecinos tuvieron que ser realojados por el Ayuntamiento. La explosión provocó una densa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia, el estallido de cristales de numerosas ventanas y la caída de tabiques de los inmuebles cercanos. Además, la deflagración del coche bomba mantuvo esta zona de Santa Pola conocida como El Palmeral sin fluido eléctrico. La detonación del vehículo pudo ser oída en un radio de varios kilómetros, según explicaron comerciantes del lugar. La zona fue acordonada por agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado pues se temía que se produjera la explosión de un segundo coche-bomba.

Un equipo de la Cruz Roja se desplazó hasta el lugar para atender a los heridos por la explosión. Los más graves, cuatro personas, fueron trasladados al Hospital General de Elche, el centro sanitario más cercano al lugar en el que se produjo el atentado. Los más leves fueron atendidos en el lugar de los hechos en una especie de hospital de campaña.

El coche-bomba estaba situado junto a la verja del cuartel de la Guardia Civil de la localidad alicantina, al lado de una glorieta muy concurrida, pues allí se encontraban varias paradas de autobuses que comunicaban Santa Pola con Alicante y Torrevieja. Media hora después iba a celebrarse un festival de danza infantil en el lugar, lo que podía haber provocado un drama aún mucho mayor. A Cecilio Gallego la onda expansiva le lanzó a varios metros del lugar, provocándole la muerte en el acto. La niña Silvia sufrió heridas de extrema gravedad y murió mientras era trasladada al hospital.

El objetivo de la banda terrorista era provocar una matanza, pues no se recibió ningún aviso sobre la colocación del coche-bomba, según indicaron fuentes de la Delegación del Gobierno. Nada más tener noticia de la acción terrorista, el ministro del Interior, Ángel Acebes, que se encontraba descansando en esa provincia con su familia, se trasladó hasta el lugar de los hechos. El titular de Interior se mostró convencido de que la intención de ETA fue colocar el coche en el lugar exacto "en el que más daño podía hacer, junto a las viviendas", destrozando todo el ala del edificio. El ministro, que visitó a la familia de la niña asesinada, aseguró que el número de víctimas "se habría multiplicado" si en el momento de la explosión se hubiesen encontrado más personas en ese ala de la casa cuartel.

Tras conocer la noticia del doble asesinato, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, en un tono muy duro, y muy diferente al que actualmente se utiliza hacia el entorno proetarra, manifestó que no estaba dispuesto "a que se siga enterrando víctimas mientras que los dirigentes de Batasuna, que son basura humana y responsables tanto como los comandos de ETA de esos crímenes, estén sueltos por la calle". Por su parte, el hoy presidente del Gobierno, y entonces líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró que Batasuna se "había situado una vez más al lado de la violencia y el crimen" y que era "el momento de aplicar las leyes con firmeza y seguridad, con consenso y garantías jurídicas". Estaba aludiendo implícitamente a aplicar al brazo político de ETA la Ley Orgánica 6/2002, conocida comúnmente como Ley de Partidos, aprobada por el Consejo de Ministros en junio de 2002, semanas antes del asesinato de Cecilio y Silvia. En marzo de 2003 el Tribunal Supremo ilegalizó Euskal Herritarrok y Batasuna, alegando en el fallo su apoyo a la banda terrorista ETA y su no rechazo a la violencia.

El cambio tan radical en la política antiterrorista que Rodríguez Zapatero dio al llegar al Gobierno motivó una dura y emotiva carta pública de Toñi, madre de Silvia, enviada a Libertad Digital el 4 de julio de 2006:

"(...) Sr. Zapatero, quiero que sepa que con su cobardía, con su desvergüenza, con su indignidad, con su maldito talante, con su pacto con los etarras, con su declaración del día 29 de junio para iniciar el proceso de diálogo, usted, transcurridos casi cuatro años, ha vuelto a asesinar a Silvia.

Usted sólo ha conseguido que los sentimientos que tuve que vivir aquella tarde del atentado, vuelvan a resurgir hoy en mí. Sentimientos que todavía trato de canalizar, después de casi tres años de ayuda psicológica y de un tratamiento médico contra la ansiedad.

Con su gestión en la política antiterrorista, ha conseguido que tenga el mismo desprecio por usted que siento por los asesinos de mi hija, de sus colaboradores y de quienes aplauden y festejan los atentados y que, para mí, son tan asesinos como aquellos que colocaron el coche bomba, cargado con 50 kgs. de explosivo, debajo del balcón de mi casa.

Usted se ha puesto de rodillas ante esos asesinos, usted y su gobierno han claudicado ante esos canallas, pero por favor no nos pida a las víctimas comprensión. Sr. Zapatero, usted no cuenta con mi autorización para negociar con la sangre de mi hija.

Usted que fue tan cobarde el pasado día 28 de junio de no querer mirarme a los ojos en el Congreso de los Diputados, usted que dio las órdenes oportunas para impedir que accediéramos a las proximidades del recinto con una corona de flores, humillándonos y tratándonos como si fuésemos delincuentes, usted no conseguirá silenciar mi voz.

En su anuncio de negociación, tan esperado por la banda terrorista ETA, usted nombra a las víctimas del terrorismo, a su memoria, a su dignidad y a su honor. Casualmente siempre olvida usted mencionar la palabra "justicia". En los dos años y medio que lleva en el poder, nunca le he escuchado mencionar esta palabra cuando se refiere a las víctimas. Justicia es lo que espero conseguir contra los miserables que asesinaron a mi hija, aunque pacte usted con ellos o con el mismísimo demonio ...

Por último le rogaría que no hable usted tan alegremente del dolor de las personas que hemos sufrido un atentado terrorista. A mí, como madre de Silvia, me ha demostrado que no le importa lo más mínimo el asesinato de una niña inocente. Sr. Zapatero, desgraciadamente para mí, todos los días 4 de agosto que me queden por vivir tengo que recordar que, ese fatídico día mi hija fue brutalmente asesinada.

En mi memoria quedará, que mientras usted celebra alegremente su cumpleaños ese día, en unión de sus dos hijas y de su esposa; a mi hija, con seis añitos no le permitieron cumplir ninguno más esos individuos con lo que usted ahora negocia. A Ella y a todas las personas que fueron asesinadas les va a tener que agradecer su continuidad en el gobierno. No me queda la menor duda de que esas ansías de poder es lo que le lleva a usted a traicionar la memoria de las víctimas inocentes.

Señor Zapatero, NEGOCIACIÓN EN MI NOMBRE, NO".

Al día siguiente del asesinato, más de cinco mil personas se congregaron en la Iglesia de la Asunción de Santa Pola, en su interior y en su exterior, para despedir a Cecilio y a Silvia y mostrar su rechazo a la banda asesina. El 6 de agosto, unos veinte mil ciudadanos se manifestaron en esa localidad alicantina contra ETA y su brazo político.

Mes y medio después del atentado, el 20 de septiembre de 2002, fueron detenidos en la localidad francesa de Bagneres de Luchon los presuntos autores materiales del atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola. Se trata de los etarras Óscar Celarain Ortiz, alias Peio, y Andoni Otegi Eraso, alias Iosu, integrados en el grupo Argala de ETA. En febrero de 2011 la Fiscalía pidió en su escrito provisional de conclusiones que sean condenados a 1.180 años de cárcel. La Fiscalía sostiene que los dos etarras se alojaron entre el 28 de julio y el 4 de agosto de 2002 en el camping Bahía de Santa Pola, situado apenas a cuatrocientos metros del lugar del atentado. Allí se registraron con una identidad falsa y se desplazaron en ciclomotor y bicicleta para grabar imágenes del cuartel antes de cometer el atentado. Todo ello ha quedado acreditado por la documentación que se les incautó cuando se les detuvo (vídeos y fotografías). Además, la Justicia francesa ha remitido a la Audiencia Nacional la "autocrítica" manuscrita realizada por Otegi Eraso que se le incautó al número uno de ETA Juan Ibon Fernández de Iradi, alias Susper. En ella reconocía las actividades que ambos etarras habían llevado a cabo en España en el verano de 2002, entre las que se encontraba el atentado de Santa Pola.

Casi diez años después del atentado, el 18 de mayo de 2012 la Audiencia Nacional condenó a 843 años de cárcel a los etarras Andoni Otegi y Óscar Celarain al considerar probado "sin ningún género de duda" que fueron los autores del atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante), que la banda perpetró el 4 de agosto de 2002.

La sentencia atribuye a los dos terroristas el asesinato de Silvia Martínez Santiago, de seis años de edad, y de Cecilio Gallego, de 57, así como otros 51 delitos en grado de tentativa y un delito de estragos terroristas. En la resolución, el tribunal considera que con la colocación del coche bomba los etarras "trataron de causar el mayor número de muertes posibles". Por esta razón, Celarain y Otegi colocaron el vehículo bomba "sin previo aviso junto a la valla del acuartelamiento de la Guardia Civil en Santa Pola, donde vivían numerosas familias con niños, prácticamente pegado a las viviendas, a una hora y en un momento de mayor presencia de aquellas en sus casas, así como de personas en los alrededores, todas ellas totalmente indefensas".

Junto a los 843 años de cárcel, la Audiencia obliga a los dos asesinos de la banda a indemnizar a los padres de la pequeña Silvia, que declararon durante el juicio, con 211.768 euros, así como con 75.539 a familia de Cecilio Gallego. También establece indemnizaciones de más de nueve millones de euros al Estado y al Consorcio de Compensación de Seguros por los daños causados en la casa cuartel (6 millones), la cuantía de las ayudas que concedió a las víctimas (otros 2,5 millones) y las que otorgó a los perjudicados por daños materiales (839.000 euros).

Cecilio Gallego Alaminos, nacido en 1945 en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y residente en Torrevieja desde hacía más de treinta años, estaba casado y era padre de cuatro hijos. Estuvo empleado en Telefónica hasta que se jubiló. En octubre de 2002 el Ayuntamiento de Torrevieja lo nombró hijo adoptivo a título póstumo. Entre sus grandes aficiones, destacaban la música (era miembro del Coro y Orquesta Las Salinas, donde solía tocar el laúd, además de impartir clases de guitarra a estudiantes de varios colegios públicos) y el balonmano, habiendo presidido el Club Balonmano Torrevieja. Uno de sus hijos, Juan Carlos, era el entrenador de ese equipo en el momento en que su padre fue asesinado. Desde 2007 se celebra el torneo de balonmano Memorial Cecilio Gallego en Torrevieja, donde el pabellón deportivo lleva el nombre de la víctima. Los restos mortales de Cecilio Gallego fueron enterrados en el cementerio de Torrevieja.

Silvia Martínez Santiago, de 6 años, era en esos momentos la única hija del matrimonio formado por José Joaquín Martínez, guardia civil, y Toñi Santiago. Posteriormente han tenido dos hijos más: Javier, que tiene 6 años, y Carla, de 9 meses. Cuando nació Javier, Toñi comentó que "el mayor deseo de Silvia era tener un hermanito. Soñaba y deseaba ser la hermana mayor. Tristemente, no pudo realizar ese sueño porque una banda de asesinos acabó con su vida prematuramente. Cuando nuestro pequeñín tenga uso de razón, le hablaremos de su hermana, le contaremos cómo era ella" (Revista de la Fundación Víctimas del Terrorismo, octubre 2006). Los padres de Silvia han pasado un auténtico calvario desde el asesinato de su hija. Toñi ha estado muy involucrada con la Rebelión Cívica contra la negociación con ETA. En el quinto aniversario del asesinato de Silvia, en una concentración silenciosa en Santa Pola, Toñi dijo que quiere que "la memoria de nuestra hija no caiga en el olvido y que no pase a ser un número más en la larga lista de víctimas de la banda terrorista, como algunos pretenden". Los restos mortales de la niña Silvia fueron enterrados en el cementerio de Muchamiel.

Fernando Amor, artificiero de la Guardia Civil, y la última víctima de Hipercor

3 de Agosto de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El 3 de agosto de 1985 el artificiero de la Guardia Civil FERNANDO AMOR CALVO falleció durante el proceso de desactivación de un artefacto explosivo colocado por la banda terrorista ETA en Luyando (Álava). La bomba, seis kilos de Goma 2 dentro de una caja de galletas, había sido colocada junto a la puerta del disco-pub El Peñón.

Hacia las seis de la mañana de ese día, un comunicante anónimo alertó a la Cruz Roja de Amurrio de la colocación del explosivo en el vecino pueblo de Luyando. Desde la Cruz Roja dieron aviso a la Ertzaintza, que todavía no disponía de una unidad de artificieros. Ese fue el motivo por el que recurrieron a los expertos de la Guardia Civil.

Tras desalojar las viviendas próximas al pub, los artificieros de la Benemérita intentaron en un primer momento provocar la explosión del artefacto empleando agua a presión y efectuando varios disparos. Al no conseguirlo decidieron desactivarlo manualmente. En el momento en el que Fernando Amor Calvo se disponía a hacerlo, el artefacto estalló.

El artificiero fue trasladado inmediatamente al Hospital de Cruces de Bilbao, donde fue atendido por un equipo de médicos desde primeras horas de la mañana. Presentaba fracturas de cráneo y pierna derecha, amputación traumática de ambas manos y estallido pulmonar bilateral. Falleció a las 12:30 horas.

Fuentes oficiales señalaron que la colocación del artefacto tenía por objetivo el disco-pub El Peñón y descartaron que fuera una bomba trampa destinada a atentar contra la Guardia Civil.

La capilla ardiente quedó instalada en el cuartel de la Guardia Civil de Vitoria y los funerales religiosos se celebraron al día siguiente, 4 de agosto, a la una del mediodía en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de la capital alavesa. El féretro fue conducido por compañeros de la víctima desde el acuartelamiento de la Guardia Civil de Sansomendi hasta la iglesia. El funeral estuvo presidido por el director de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal -que acudió a Vitoria en representación del ministro del Interior, José Barrionuevo-; el director de la Guardia Civil, general José Antonio Sáenz de Santamaría; los gobernadores civiles de Álava y Vizcaya, y mandos de la Policía Nacional, de la propia Guardia Civil y de la Ertzaintza.

Fernando Amor Calvo, de 25 años de edad, era natural de San Saturnino (La Coruña). Llevaba en la Guardia Civil desde 1981 y pertenecía al equipo de los Tedax de la Comandancia de Álava. Se había casado unas semanas antes de su fallecimiento, en el mes de junio.

 

 

El 3 de agosto de 1987 fallecía en el Hospital del Valle de Hebrón MARÍA PAZ DIÉGUEZ FERNÁNDEZ, mes y medio después de que la banda terrorista ETA hiciera explotar un coche-bomba en el aparcamiento de Hipercor en Barcelona. María Paz fue la vigesimoprimera víctima mortal del atentado. El fallecimiento se produjo como consecuencia de "una infección muy grave y generalizada en todo su cuerpo que culminó con una hemorragia digestiva (...). La víctima, con quemaduras en el 80% de su cuerpo, había sido sometida a una operación de incisión de las quemaduras y de cobertura con injertos de piel de otras partes del cuerpo", según rezaba el parte médico (El País, 04/08/1987).

María Paz Diéguez Fernández tenía 57 años y era natural de Martiño-O Bolo (Orense). Estaba casada con Albino Fernández Cueto y tenía dos hijos. Su funeral y entierro tuvieron lugar el 6 de agosto en su localidad natal, sin presencia de autoridades oficiales por expreso deseo de la familia.

 

 

 

Melitón Manzanas, inspector jefe de Policía, Dionisio Rey y Mario González

2 de Agosto de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El 2 de agosto de 1968 la banda terrorista ETA asesinaba en Irún (Guipúzcoa) al inspector jefe de Policía MELITÓN MANZANAS GONZÁLEZ, casi dos meses después de que el 7 de junio Txabi Echebarrieta acabase a tiros con la vida del agente José Antonio Pardines Arcay. Echebarrieta murió horas más tarde en un enfrentamiento con la Guardia Civil en Tolosa. El etarra que le acompañaba, Iñaki Sarasketa, fue detenido y condenado a muerte, aunque la pena le fue conmutada por cadena perpetua y, posteriormente, se vio beneficiado por las medidas de amnistía aprobadas tras la muerte de Franco, saliendo de prisión en 1977.

El día que asesinaron al agente Pardines, Echebarrieta y Sarasketa se dirigían a San Sebastián para preparar el asesinato del inspector Melitón Manzanas. Es decir, los preparativos del asesinato del jefe de la Brigada de Investigación Social, en lo que ETA llamó 'Operación Sagarra' (manzana en vasco) se iniciaron bastante tiempo antes de la muerte del etarra Echebarrieta.

Iñaki Sarasketa, que acompañaba a Echebarrieta el día que asesinaron al agente Pardines, contó cómo se preparó el atentado contra Melitón Manzanas: "La primera información sobre sus movimientos me la dio Jon Oñatibia, miembro del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y antiguo delegado del Gobierno vasco en Nueva York. Fue una decisión personal, no digo que el PNV tuviera nada que ver. Supimos qué autobús cogía, a qué hora, incluso dónde solía sentarse. Yo se la pasé a Txabi" (El Mundo, 7/07/1998). Los primeros seguimientos del policía los hicieron el propio Echebarrieta y Jokin Gorostidi. Sin embargo el asesinato de Melitón fue presentado posteriormente como una respuesta de ETA a la pérdida del primer miembro de la banda, aunque la realidad fue bien distinta.

Sobre la personalidad de Jon Oñatibia, es interesante la información que proporciona José Díaz Herrera en Los Mitos del Nacionalismo vasco, (Planeta 2005) tras analizar documentación inédita en los archivos de la CIA. Según esa documentación, Oñatibia había sido uno de los hombres de confianza del lehendakari Aguirre para controlar las redes de espionaje que el PNV puso a disposición del OSS, y su sucesora la CIA, durante los años cuarenta y cincuenta. Estas redes, además de infiltrarse y espiar a distintas organizaciones y partidos contrarios a los intereses norteamericanos en América del Sur, espiaron a las distintas fuerzas republicanas y a sus líderes, entregando esta información a la CIA. Uno de los personajes clave en estas redes de espionaje fue Jon Oñatibia. Cuenta Díaz Herrera que, entre otras cosas, fue el encargado de recuperar la documentación que había dejado el espía Jesús Galíndez tras su desaparición, tal y como le confirmó en entrevista el abogado Richard N. Gardner. A mediados de los años sesenta, y conservando la nacionalidad norteamericana, Oñatibia regresó al País Vasco y se estableció en Oñate, donde oficialmente vivía dando clases a estudiantes norteamericanos. Sarasketa señala que Oñatibia actuó por su propia cuenta ("fue una decisión personal" contó a El Mundo), pero Díaz Herrera deja flotar la duda de que un personaje clave de los servicios del nacionalismo vasco actuase por libre. "El asesinato de Melitón Manzanas, con datos facilitados por los agentes de Aguirre, revela que la historia pasa de padres a hijos y continúa" (Los Mitos del Nacionalismo vasco, pág. 731).

Tras la muerte de Echebarrieta en el enfrentamiento con la Guardia Civil, el Biltzar Tzipia de ETA (Comité Central) decidió continuar con los planes de asesinar a Manzanas y también al policía que desempeñaba las mismas funciones en Vizcaya, aunque este último atentado no llegó a llevarse a cabo. El encargado de organizar el asesinato fue Xabier Izko de la Iglesia que fue también el autor material del atentado.

El asesinato se produjo hacia las 15:30 horas en el descansillo del primer piso de Villa Arana, una casona de Irún con la forma del típico caserío vasco. La planta baja la ocupaba un negocio de equipos de imagen y sonido, y sobre la tienda había dos pisos. En el primero vivían Melitón Manzanas, su mujer y su hija.

Ese día, Melitón se trasladó en autobús desde la comisaría de San Sebastián a su domicilio en Irún. Al llegar a Villa Arana, abrió la puerta y subió la escalera. Su mujer le oyó y abrió la puerta. Le dijo "vienes mojado"... y en ese momento sonó un disparo que alcanzó a Manzanas por la espalda. La mujer vio al asesino, un individuo joven, de estatura media, bigote y largas patillas. Incluso llegó a forcejear con él. El asesino realizó varios disparos más, aunque no llegó a herir a la mujer del policía. También fue testigo la hija de Melitón, que se asomó a la puerta del domicilio al oír el primer disparo. Su madre la empujó al interior de la casa y ella se acercó a una ventana, pidiendo ayuda a gritos. En el lugar de los hechos se recogieron siete proyectiles del calibre 7,65. El etarra, Izko de la Iglesia, había esperado a Melitón Manzanas dentro de la casa, en un pequeño sótano situado a la izquierda de la escalera.

Melitón Manzanas falleció casi en el acto. Había recibido tres tiros en la cabeza, uno en la mano y otro en la muñeca. ETA reivindicó el atentado en una octavilla que difundió en agosto de 1968, donde se podía leer "Melitón Manzanas, ejecutado". Ante los rumores y falsas noticias que se sucedieron poniendo en duda la autoría del atentado, ETA volvió a difundir un comunicado de prensa el 13 de octubre de 1968, para reafirmar que había sido la autora. El crimen y su propaganda eran fundamentales para la banda en esos momentos, que ponía así en práctica su estrategia de acción-represión-acción contra el régimen franquista. Además, en este caso la figura del policía asesinado era propicia para hacer propaganda, pues Melitón Manzanas ya había sido acusado por miembros de la oposición al franquismo de practicar malos tratos y torturas a los detenidos.

Es frecuente que se utilice este tema para justificar el asesinato. Aunque de forma directa no se justifique, en el fondo se ha presentado el asesinato como una acción de justicia por parte de ETA. En relación con esto es importante señalar que, pese a que la banda terrorista haya alegado históricamente motivos de lo más variopintos para matar (injusticias varias, opresión de las clases populares, defensa del medio ambiente, lucha contra la drogas, la condición de confidente de las víctimas, supuestas torturas y malos tratos...), los verdaderos motivos por los que asesinaba ETA los expuso la propia banda en su revista Zutik en diciembre de 1961 (citado por José Díaz Herrera en Los Mitos del Nacionalismo, pág. 514): "Nuestro enemigo no es Franco. En este momento es la Dictadura de Franco, pero podría serlo la Democracia, la Monarquía o la República. Nuestro enemigo es España encarnada en cualquier sistema, forma de Estado o de Gobierno que niegue la libertad de los vascos a crear su Estado independiente". Los demás motivos alegados para asesinar no dejan de ser meros artificios propagandísticos. Por lo tanto, cabe concluir que aunque a Manzanas le hubieran acusado de cualquier otra cosa que no fuese cometer torturas, el resultado habría sido posiblemente el mismo: lo habrían asesinado por representar todo aquello que odia ETA.

La respuesta del Gobierno al asesinato de Melitón Manzanas fue la declaración del estado de excepción en Giupúzcoa por un período de tres meses a partir del 5 de agosto, medida que fue prorrogada en octubre por otros tres meses más. Esta medida implicaba la suspensión de los artículos 14, 15 y 18 del Fuero de los Españoles que regulaban la libertad de residencia, la inviolabilidad del domicilio y el periodo de detención policial. Para reforzar el estado de excepción, el 14 de agosto el Consejo de Ministros aprobó un Decreto Ley sobre represión del bandidaje y terrorismo, que significaba la inclusión en el ámbito de la jurisdicción militar de los delitos de propaganda, huelgas o sabotajes si estos perseguían fines políticos.

Xabier Izko de la Iglesia fue condenado en el Consejo de Guerra de Burgos de 1970 como autor material del asesinato de Melitón Manzanas, aunque el etarra siempre negó que fuera la persona que hizo los disparos. El asesinato del jefe de la Brigada de Investigación Social de San Sebastián fue una de las acusaciones centrales contra los dieciséis miembros de ETA que se sentaron en el banquillo del Consejo de Guerra celebrado en Burgos en diciembre de 1970. Seis de los acusados fueron condenados a muerte, aunque la condena fue posteriormente revocada y sustituida por cadena perpetua, y los diez restantes acumularon penas que sumaban más de 500 años de cárcel. La banda terrorista ETA quedó diezmada por la represión franquista, que llevó a la cárcel a una parte considerable de sus cuadros dirigentes durante 1968 y 1969.

En 1968 no hubo ninguna víctima mortal más después del asesinato de Melitón Manzanas. En 1969, la única víctima mortal fue el taxista de Arrigorriaga Fermín Monasterio  por resistirse a llevar al etarra Miguel Etxevarría Iztueta, alias Makagüen, que huía de una redada policial en un piso del casco viejo de Bilbao en la que fueron apresados Mario Onaindia, Txutxo Abrisketa y Víctor Arana Bilbao. En 1970 y 1971 no hubo víctimas mortales, aunque sí se produjo una intensificación de los atentados de la mano del líder de ETA en esos momentos, el fraile benedictino Eustakio Mendizabal, alias Txikia -que murió en 1972 por disparos de la Policía-, y en 1972 sólo hubo una víctima mortal: el asesinato el 29 de agosto del policía municipal Eloy García Cambra, atentado no planificado, sino que se produjo durante la detención de un sospechoso en la estación de autobuses de Galdácano (Vizcaya).

Sin embargo, el Consejo de Guerra de Burgos acabaría provocando graves dificultades al régimen de Franco, pues las protestas por las condenas a muerte se extendieron por todo el mundo hasta conseguir que fueran conmutadas por las de cadena perpetua. Además, la oleada de solidaridad que despertó el Consejo provocó un flujo de nuevos militantes hacia una banda que en esos momentos estaba totalmente debilitada, no sólo por la acción de las Fuerzas de Seguridad, sino por la crisis interna de ETA con la celebración de la VI Asamblea en 1970, crisis que dividió a la banda en dos: el frente obrero y el militar. El frente militar se transformó en ETA-V Asamblea, que sería la que se quedaría finalmente con la "marca" y con la estrategia de los asesinatos y atentados como fórmula de actuación. El año 1973 sería el del gran golpe propagandístico de ETA: el asesinato, en noviembre, del almirante Luis Carrero Blanco, su escolta, el policía Juan Antonio Bueno Fernández, y su chófer, José Luis Pérez Mogena. A todos los efectos, y durante muchos años, el de Carrero Blanco fue el único atentado con víctimas mortales de ese año, porque los otros tres asesinados por ETA en 1973 fueron los jóvenes gallegos José Humberto Fouz Escobero, Jorge Juan García Carneiro y Fernando Quiroga Veiga que, el 24 de marzo, cruzaron la frontera francesa para ver la película El último tango en París y, tras ser secuestrados y torturados hasta la muerte, nunca más se supo de ellos.

Melitón Manzanas González, de 59 años de edad, nació en junio de 1909 en San Sebastián. En esta ciudad estudió Peritaje mercantil y, en su juventud, formó parte de un grupo teatral. Al mes de iniciarse la Guerra Civil, fue detenido y encarcelado en el fuerte de Guadalupe, donde permaneció hasta ser liberado por las tropas que se alzaron contra la República. Al terminar la guerra, entró en el Cuerpo General de Policía como inspector en 1941. Estuvo destinado en Irún y, de aquí, pasó a San Sebastián como jefe de la Brigada Social. Su actuación en la comisaría de San Sebastián le hizo "acreedor de más de cincuenta felicitaciones públicas por su destacadas acciones policiales al servicio de la región en donde encontró una alevosa pero gloriosa muerte", como rezaba una reseña oficial difundida tras su asesinato (Alonso, R., Domínguez, F., García Rey, M., Vidas rotas, Espasa, 2010). Estaba casado y tenía una hija.

El 2 de agosto de 1979 falleció en la residencia Francisco Franco DIONISIO REY AMEZ, cuatro días después de que estallase en Atocha la tercera bomba de una cadena de atentados indiscriminados de la banda terrorista ETA en el aeropuerto de Barajas y las estaciones de tren de Chamartín y Atocha. La bomba de esta última estación alcanzó de lleno a tres miembros de una misma familia: Guadalupe Redondo Vian, que falleció en el acto, su marido Dionisio Rey, que lo haría cuatro días después, y la hija de ambos, Carmen Rey Redondo, que consiguió sobrevivir pese a la gravedad de sus heridas.

Dionisio Rey Amez era policía nacional retirado. Natural de León, tras su fallecimiento fue trasladado a su tierra natal, donde fue enterrado.

El 2 de agosto de 1980 la banda terrorista ETA secuestraba y asesinaba en Éibar (Guipúzcoa) a MARIO GONZÁLEZ BLASCO, trabajador de la empresa Agruminsa en Vizcaya.

El secuestro de Mario González se produjo poco después de las seis de la mañana. Tras finalizar su turno de trabajo como soldador en el pozo minero Bodovile perteneciente a Agruminsa, la víctima se dirigió a su domicilio en la localidad minera de San Salvador del Valle a bordo de un Land Rover de su propiedad acompañado por otro trabajador de la misma empresa. El vehículo fue interceptado por varios terroristas encapuchados que, tras dejar atado al vehículo al acompañante en un monte cercano, secuestraron a Mario y huyeron a bordo de otro automóvil.

Hacia las tres de la tarde se recibieron en las redacciones de varios medios de comunicación vascos sendas llamadas en las que se anunciaba, en nombre de ETA político-militar, el "secuestro y ejecución de Mario González". El anónimo comunicante anunció la difusión de un nuevo comunicado explicando las causas del asesinato y precisó que el cadáver se encontraba en un barranco del barrio de Aguinaga, en las afueras de Éibar, "cerca del lugar donde había sido asesinado Jesús María Zubikaray Badiola" militante de EIA (Partido para la Revolución Vasca), simpatizante de la coalición Euskadiko Ezkerra y antiguo militante de ETA, asesinado seis meses antes, el 2 de febrero, en un atentado reivindicado por el Batallón Vasco Español.

Para esa hora, un vecino del barrio de Aguinaga de Éibar había descubierto ya el cuerpo sin vida de Mario y había dado aviso a la Policía Municipal hacia las 13:00 horas, siete después del secuestro. El cuerpo de Mario, abandonado a unos cincuenta metros del lugar donde apareció el cadáver de Zubikaray, un paraje conocido como Zubitxa, presentaba ocho impactos de bala: uno en la cabeza, con orificio de entrada a la altura del pómulo derecho, y el resto en el tórax, cerca del corazón, todos ellos mortales de necesidad. Los terroristas habían colocado sobre el cadáver un recorte de prensa en el que aparecía una fotografía de Zubikaray que pegaron con un esparadrapo en la camisa de la víctima. La banda terrorista ETA acusaba a Mario de estar relacionado con el asesinato de Zubikaray.

Los trabajadores de los tres turnos de la empresa Agruminsa acordaron realizar un paro de veinticuatro horas en señal de duelo por el asesinato de su compañero. Por su parte, el pleno del Ayuntamiento de San Salvador del Valle condenó en sesión extraordinaria el atentado. Varios concejales del Ayuntamiento, además de familiares, amigos y compañeros de la víctima, asistieron al funeral por su alma celebrado en la parroquia de María Magdalena de La Arboleda en San Salvador del Valle, en cuyo cementerio fueron enterrados sus restos mortales.

Mario González Blasco, tenía 51 años y, desde veinticinco años antes, trabajaba como soldador en la empresa Agruminsa de la localidad vizcaína de Gallarta. Era natural del enclave minero de La Arboleda, barrio de San Salvador del Valle, en la margen izquierda vizcaína. Afiliado a Comisiones Obreras desde 1979, estaba casado y tenía dos hijos.

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