In Memoriam

Julio 2011


Tres asesinatos más de ETA y una víctima de la masacre de la plaza República Dominicana

31 de Julio de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A las doce menos cuarto de la mañana del jueves 31 de julio de 1975, la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en la parada de taxis de la localidad de Usurbil (Guipúzcoa), a doce kilómetros de San Sebastián, a FRANCISCO EXPÓSITO CAMIO.

Francisco se encontraba en el asiento posterior de su taxi leyendo el periódico con las puertas abiertas, debido al intenso calor que hacía ese día, esperando la llegada de algún cliente. En ese momento aparecieron dos individuos que, sin mediar palabra, dispararon sobre él a muy poca distancia, causándole la muerte casi en el acto. Un tercer terrorista les esperaba a bordo de un vehículo en el que se dieron a la fuga.

Desde su domicilio, junto a la parada de taxi, la esposa de Francisco oyó los disparos y creyó, inicialmente, que se trataba de cohetes, aunque el ruido de las explosiones sonaba demasiado fuerte, por lo que se asomó al balcón de la vivienda y pudo ver que el taxi de su marido tenía los cristales rotos. Inmediatamente bajó y cuando llegó al coche vio cómo su marido estaba jadeando: "Todavía respiraba cuando le cogí en mis brazos, pero al poco tiempo dejó de respirar. Había, muerto", comentó la esposa, que también pudo ver a tres jóvenes que corrían en dirección a un coche, un Mini Morris de color gris, a los que vio meterse en el coche y salir huyendo rápidamente en dirección a San Sebastián.

A la salida de Usurbil, los etarras lanzaron algunas octavillas de propaganda firmadas por ETA, en las que esta organización se atribuía el asesinato y lo justificaba acusándole de ser confidente de la Guardia Civil.

Uno de sus amigos comentó tras el asesinato que "Francisco Expósito tenía la virtud de ser amigo de todos. Compañero solícito que deseaba hacer siempre el bien porque le salía de dentro". Francisco y su esposa tenían pensado salir al día siguiente, 1 de agosto, de viaje a Alemania, donde una de sus hijas acababa de tener un hijo.

Francisco Expósito Camio había nacido en Usurbil y tenía 54 años. Estaba casado y tenía cuatro hijas. Fue ciclista profesional en la modalidad de ciclo-cross entre los años 1942 y 1953, alzándose con catorce victorias. Consiguió ser campeón de España en 1951 en la edición celebrada en San Sebastián, y fue tres veces subcampeón. Su afición a la bicicleta le hizo participar como chófer en alguna Vuelta Ciclista a España. Tras abandonar la práctica activa de este deporte, comenzó a ejercer de taxista en Usurbil para ganarse la vida.

A las cinco de la tarde del domingo 31 de julio de 1983, los Comandos Autónomos Anticapitalistas asesinaban a tiros en Guetaria (Guipúzcoa) a los guardias civiles RAFAEL GIL MARÍN y ENRIQUE RÚA DÍAZ, adscritos a la Comandancia de Zarauz. Los guardias se encontraban de paisano en el puerto de Guetaria en tareas de vigilancia de dos embarcaciones capturadas hacía cinco semanas en una operación contra el contrabando de tabaco americano. Las lanchas habían sido aprehendidas por el servicio de información fiscal de la Guardia Civil en la ría de Deba y trasladadas al puerto de Guetaria.

El agente Rafael Gil se encontraba en el interior de un coche Seat 131, en el asiento situado junto al conductor, con el respaldo reclinado cuando fue asesinado. Su compañero, Enrique Rúa, que estaba en traje de baño, apareció junto al coche, en el borde de uno de los diques del puerto. Al parecer, se encontraba sentado de espaldas al vehículo, mirando al mar y dispuesto a darse un chapuzón. Uno de los terroristas disparó contra Enrique a quemarropa con una escopeta, mientras el segundo tiroteaba con una pistola a Rafael. Los dos murieron en el acto.

La zona estaba muy concurrida de visitantes por ser un día propicio para comer en los restaurantes cercanos al puerto, pero nadie quiso aportar datos para reconstruir con exactitud los hechos e identificar a sus autores. A los pocos minutos de producirse el atentado, fuerzas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil establecieron controles en las carreteras de acceso a San Sebastián, así como en la autopista Bilbao-Behobia.

Poco después de producirse el atentado se presentó en el lugar de los hechos el gobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elorriaga, acompañado por el concejal socialista del Ayuntamiento de San Sebastián, Carlos García. Sin embargo el médico forense y el juez tardaron más de cuatro horas en presentarse, por lo que los cadáveres permanecieron en el lugar donde fueron asesinados cubiertos con mantas hasta las nueve de la noche.

Los funerales por el alma de los dos guardias asesinados tuvieron lugar al día siguiente 1 de agosto, a las doce del mediodía en Zarauz, con la presencia del delegado del Gobierno, Ramón Jáuregui, el consejero de Interior del Ejecutivo autonómico, Luis María Retolaza; el secretario del PSE-PSOE, José María Benegas; el gobernador civil de la provincia, Julen Elorriaga, dirigentes de otros partidos políticos y autoridades policiales y militares.

Los actos fúnebres, a los que también asistió el ministro del Interior, José Barrionuevo, se desarrollaron en un ambiente de una enorme emoción. El trayecto entre la casa cuartel y el templo donde se ofició el funeral fue cubierto a pie y la comitiva transcurrió por la calle central de Zarauz, entre hileras de personas en respetuoso silencio. En un momento se pudieron oír las palabras de la viuda de una de las víctimas preguntando entre sollozos: "¿Por qué, por qué? Son personas como vosotros". El clima de indignación contenida en el que se desarrolló la ceremonia religiosa explotó al final a la salida del templo, dando lugar a escenas emotivas protagonizadas por los familiares de las víctimas. Algunos de los asistentes reclamaron la adopción, por parte del Gobierno, de medidas más enérgicas en la lucha antiterrorista. Hubo gritos esporádicos de "Justicia", "más dureza", "más palo", y otros de contenido parecido, a los que se unió un "¡Viva Tejero!" que no fue secundado. Una de las viudas se dirigió al ministro pidiéndole entre sollozos: "Haga algo, señor; o habrá más muertos". Un grupo de personas reprochó en voz alta que Carlos Garaikoetxea, presidente del Gobierno vasco, no asistiese al funeral. Varios centenares de personas esperaban en los alrededores la salida de los féretros antes de ser trasladados a sus localidades natales

Rafael Gil Marín tenía de 30 años y era natural de Valencia de las Torres (Badajoz). Estaba casado y era padre de tres hijos, dos niños y una niña. Llevaba destinado en el cuartel de Zarauz desde el 31 de marzo de 1983.

 

 

Enrique Rúa Díaz tenía 27 años, era natural de Verín (Orense). Estaba casado y era padre de una niña. Estuvo destinado en Pamplona hasta el 1 de julio de 1982, cuando pasó a la Agrupación de Tráfico de Guipúzcoa. Posteriormente fue trasladado a Zarauz.

 

 

El 31 de julio de 1986 fallecía en el Hospital Provincial de Madrid, tras varios días de agonía, el guardia civil MIGUEL ÁNGEL DE LA HIGUERA LÓPEZ, que había resultado herido de gravedad en el atentado perpetrado por ETA el 14 de julio en la Plaza de la República Dominicana de Madrid. Era la víctima número once del brutal atentado.

Miguel Ángel de la Higuera López, de 20 años de edad, era natural de Alfacar (Granada) y llevaba cuatro meses en la Guardia Civil. Era el menor de una familia humilde de siete hermanos y sólo había estudiado hasta octavo de educación primaria. Además, era un gran aficionado a las motos, por lo que le conocían con el alias de Ángel Nieto, su ídolo (Ideal, 17/07/1986). Fue enterrado en Alfacar el 1 de agosto.

Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvà, las dos últimas víctimas de ETA en España

30 de Julio de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El 30 de julio de 2009 la banda terrorista ETA asesinaba en Palma de Mallorca, mediante una bomba-lapa en los bajos de un todoterreno del Instituto Armado, a los guardias civiles CARLOS ENRIQUE SÁENZ DE TEJADA GARCÍA y DIEGO SALVÀ LEZÁUN. El vehículo estaba aparcado frente a un edificio que sirve de sede a la Policía Local, Correos y la Oficina de Denuncias de la Guardia Civil situado en la zona turística de Palmanova. Poco antes de las 14:00 horas, los dos agentes se subieron al coche oficial y, en el momento en el que lo pusieron en marcha, el explosivo se activó por el movimiento. Los dos jóvenes murieron en el acto, destrozados por la potente explosión, convirtiéndose en las dos primeras víctimas mortales en la isla. El atentado se produjo dos días antes de la llegada de los Reyes.

Ambos guardias civiles iban de paisano, trabajaban en labores de mantenimiento y estaban de servicio en el momento de la explosión. El vehículo de la Guardia Civil, que quedó reventado, estaba aparcado desde las diez de la mañana en un lugar cercano al cuartel. Carlos y Diego habían circulado en su coche durante la mañana, a las diez pararon en el cuartel y, al reemprender el camino, a las dos menos diez, explosionó el artefacto. En un primer momento se especuló con la posibilidad de que en el intervalo de la parada fuese colocada la bomba, preparada para que explotara cuando el vehículo se moviese. Sin embargo, investigaciones posteriores han llevado a la Policía a plantearse la posibilidad de que hubiese sido colocada con bastante tiempo de antelación.

La dependienta de una farmacia cercana relató que la explosión había sido bestial, haciendo eco en la playa. La detonación se pudo escuchar a varios kilómetros de distancia de Palmanova, una zona turística de Calviá. El director del Hotel Cas Saboner, situado a unos cien metros del cuartel de la Guardia Civil, no olvidará lo que vio en el lugar del atentado: un cuerpo en el exterior del vehículo, agentes saliendo de las dependencias del cuartel para apagar las llamas con un extintor... Tras el atentado, cientos de personas permanecieron recluidas por el cordón policial en hoteles y viviendas.

Horas más tarde, artificieros de la Guardia Civil localizaron una segunda bomba-lapa adherida a un todoterreno de la Benemérita a medio kilómetro de donde acababan de ser asesinados Carlos y Diego. Estaba colocada en un vehículo del Instituto Armado aparcado junto al cuartel viejo de Palmanova. Ante la dificultad a la hora de desactivarla, se optó por hacerla explotar. Afortunadamente, el vehículo estaba averiado y no había sido utilizado en todo el día

Era el segundo atentado de la banda en menos de 48 horas. El día antes, de madrugada, la banda asesina hizo explotar una furgoneta-bomba con casi 300 kilos de amonitol frente a la casa-cuartel de Burgos. Cuando explotó, dormían en su interior ciento diecisiete personas, entre ellas cuarenta y un menores. Milagrosamente no hubo víctimas mortales, pero sí sesenta y cuatro heridos, aunque ninguno de ellos de gravedad. Sí consiguieron asesinar en Palma de Mallorca, un día antes de que se cumpliesen los 50 años del nacimiento de la banda asesina, cuando la banda terrorista remitió una carta al presidente del Gobierno vasco en el exilio, José Antonio Aguirre.

El lehendakari, Patxi López, escribió en su blog una advertencia clara para los terroristas: "Que se preparen ahora para el más frío invierno de sus vidas". La izquierda proetarra reiteró su discurso habitual cuando ETA asesina: "La derrota militar de ETA sencillamente no es posible y así se ha demostrado a lo largo de los 50 años de su existencia (...) el conflicto político no puede ser reducido a un problema antiterrorista".

Por otra parte, el Ministerio de Exteriores británico colgó en su página web una nueva advertencia a sus ciudadanos con respecto a España en la que avisaba del "alto riesgo de terrorismo en España" debido a los dos últimos atentados de ETA perpetrados en Burgos y Mallorca, y advertía de que "los ataques pueden ser indiscriminados, incluso en lugares frecuentados por visitantes extranjeros". Diez días después del asesinato de los dos agentes de la Guardia Civil, la banda terrorista volvió a sembrar el pánico y el caos en Mallorca haciendo explotar cuatro artefactos de escasa potencia en establecimientos comerciales y hosteleros de Palma.

Dos años después del asesinato de Carlos y Diego, sigue sin saberse quiénes fueron los autores materiales del atentado. Sí se sabe quién lo planeó: Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, alias Ata, uno de los terroristas más sanguinarios de la historia reciente de ETA. Él se encargó personalmente, desde Francia, de planearlo y de diseñar la operación, además de entrenar en los montes franceses al grupo que lo ejecutó. Todo ello, según fuentes de inteligencia, a espaldas de la cúpula militar de ETA que, desde la ruptura de la tregua en 2007, estaba sumida en una guerra entre los más radicales, capitaneados por Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki, y el propio Ata, y los partidarios de un final negociado de la actividad de la banda, con Javier López Peña, alias Thierry, a la cabeza. Ni siquiera la detención de Ata en mayo de 2010 consiguió despejar las incógnitas sobre quiénes fueron los autores materiales del asesinato de los dos guardias civiles. Sí se sabe que los ejecutores del atentado disponían de detonadores que podían colocarse con más de un año de antelación, por lo que la Policía baraja la hipótesis de que los terroristas abandonaron la isla antes de matar a Carlos y Diego y antes de que explotasen, diez días más tarde, las bombas en restaurantes y puntos turísticos de Palma. Además, se sabe que esos detonadores de orden anticipada se pueden utilizar también con bombas lapa (Diario de Mallorca, 27/04/2011).

Carlos Sáenz de Tejada García nació en Burgos en 1980, por lo que tenía 28 años cuando fue asesinado. Hijo de José Antonio Sáenz de Tejada y Esther María García, Carlos estaba soltero y dio muestras, desde joven, de su vocación por servir en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Tras finalizar sus estudios secundarios, intentó acceder al Cuerpo Nacional de Policía, pero no consiguió superar las pruebas de acceso. Como solución alternativa, con veinte años se incorporó al Ejército. Su primer destino fue la Academia de Ingenieros en Hoyo de Manzanares (Madrid), siendo adscrito posteriormente a la Unidad de Transmisiones I en el acuartelamiento de Castrillo del Val (Burgos). Le gustaba su trabajo en el Ejército, pero por limitaciones legales no pudo permanecer más tiempo en ese puesto. Por ello decidió preparar las oposiciones para incorporarse a la Guardia Civil, cosa que hizo en febrero de 2008. En julio fue destinado a Mallorca, como agente en prácticas, en el cuartel de Calviá. Unos días antes de ser asesinado se le había asignado como destino oficial ese mismo puesto. "Carlos no tenía miedo al terrorismo. Quería ir destinado al País Vasco, pero después de varios meses en Mallorca le gustó ese destino", dijo su primo Guzmán Ortega (El País, 31/07/2009). Sus restos mortales fueron trasladados a Burgos y  cientos de burgaleses asistieron a su funeral, que terminó con un prolongado aplauso de los asistentes. El Ayuntamiento de Burgos acordó poner su nombre a una calle de la ciudad y nombrarle hijo predilecto.

Diego Salvà Lezáun nació en Pamplona en 1981, por lo que tenía 27 años cuando fue asesinado. Cuando tenía tres años se trasladó con su familia a Palma de Mallorca, ciudad donde creció y vivió siempre. Hijo de Montserrat Lezáun Portillo y del urólogo Antonio Salvà Verd, era el segundo de siete hermanos. Estaba soltero, pero tenía novia desde seis años antes de ser asesinado. Pese a vivir en Palma desde pequeño, era el más ‘rojillo’ de la familia, "un tío que daba todo por su honor y por su equipo, Osasuna". Además, era un apasionado de las motos y un gran deportista, con un carácter luchador y vitalista. Estudió en el instituto Juan Alcocer de Palma y su sueño era ser guardia civil, algo que le venía de familia, pues su abuelo, Pedro Portillo, fue agente de la Benemérita. Ingresó en la Guardia Civil en agosto de 2008. Poco después, en marzo de 2009, sufrió un gravísimo accidente de moto que le mantuvo en coma veintitrés días por un traumatismo craneoencefálico severo. Posteriormente tuvo que superar una larga convalecencia, por lo que estuvo varios meses ausente de su destino profesional en Palma, al que estaba asignado desde enero de 2009 como agente en prácticas. Su recuperación puede decirse que fue milagrosa. Su hermano Eduardo contó que "de pronto, despertó y le pidió a una de mis hermanas que le sentase en la cama. Y, a partir de ese día, todos los hermanos nos relevábamos, cada cinco horas, y le enseñamos, de nuevo, a gatear, a andar, a comer, a hablar, a todo. Era como criar a un bebé. Fue bestial. Piense que Diego era un toro. Pesaba ochenta y cinco kilos y, tras el accidente, perdió veinticinco. Una vez recuperado, pasó nuevas pruebas en la Guardia Civil y supongo que, de momento, iban a destinarlo al papeleo. ¿Sabe qué pienso? Que Dios le concedió una prórroga. Le dijo: ‘Baja otra vez, despídete y vuelve a subir. Aquí te espero’. No creo que nadie haya tenido los veintisiete años tan hermosos y felices que ha tenido Diego" (El Periódico de Catalunya, 30/08/2009). Fue asesinado justo el día que volvía al trabajo tras el período de baja médica.

Con Carlos y Diego suman tres el número total de víctimas mortales que la actividad criminal de ETA dejó en el año 2009, tras el asesinato el 19 de junio en Arrigorriaga (Vizcaya) del policía nacional Eduardo Puelles García.

El 5 de diciembre de 2009 Diego Salvà y Carlos Sáenz de Tejada fueron homenajeados por el Ayuntamiento de la ciudad en la que fueron asesinados. El alcalde Carlos Delgado entregó a los padres la Medalla de Oro de Calviá, donde dos calles llevan el nombre de ambos guardias civiles. Montserrat Lezáun y Esther María García, madres de los agentes asesinados, descubrieron las placas de las calles con los nombres de sus hijos.

El triple atentado de Barajas, Chamartín y Atocha, y ocho víctimas más de ETA

29 de Julio de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

Horas después del asesinato de los policías Emilio López de la Peña y Miguel Ángel Saro Pérez, en torno a las once menos cuarto de la noche del 28 de julio de 1979, miembros de la banda terrorista ETA ametrallaban desde un Peugeot 404 la casa cuartel de la Guardia Civil en el barrio donostiarra de Herrera, alcanzando a tres agentes. Dos de ellos, el brigada MOISÉS CORDERO LÓPEZ y el agente ANTONIO PASTOR MARTÍN fallecieron horas después, el 29 de julio de 1979, en la residencia Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián. Un tercer guardia civil, José Álvarez Hillos, resultó herido, pero logró salir adelante.

El automóvil Peugeot 404 utilizado por los etarras para cometer el atentado fue encontrado al día siguiente en el barrio donostiarra de Alza en San Sebastián. En su interior aparecieron varios casquillos de fusil Cetme y del calibre 9 milímetros parabellum, marca FN. El vehículo presentaba varios impactos de bala en la parte izquierda del cristal trasero.

El atentado fue reivindicado el 30 de julio por ETA militar, en el mismo comunicado en el que se atribuía el asesinato de los policías nacionales Emilio López de la Peña y Miguel Ángel Saro Pérez y el tiroteo a dos guardias civiles de Tráfico en Pamplona, que resultaron heridos. Ese fin de semana se produjeron otros atentados, sin víctimas mortales, en el País Vasco y Navarra. En Pamplona, dos policías resultaron conmocionados al intentar desactivar una bomba colocada en una de las ventanas de un antiguo cuartel deshabitado de la Policía Nacional. Un artefacto colocado en las taquillas del puente colgante de Portugalete produjo daños materiales en las viviendas cercanas. Y en el barrio de Urioste de Bilbao, los ocupantes de un vehículo intentaron atropellar a dos guardias civiles que se encontraban en un control de carretera.

Moisés Cordero López, brigada de la Guardia Civil, recibió seis impactos de bala y falleció a las tres y media de la madrugada en la residencia sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu. Natural de Isla Cristina (Huelva), tenía 51 años, estaba casado, y era padre de tres hijos de 21, 19 y 11 años. Fue enterrado en el pueblo onubense de Encinasola, donde pasó su infancia y juventud. Estaba destinado en el cuartel de Herrera desde el 1 de julio.

 

Antonio Pastor Martín, agente de la Guardia Civil de 24 años, falleció la tarde del domingo 29 de julio de 1979 tras varias intervenciones quirúrgicas y transfusiones de sangre. Había ingresado en la Guardia Civil el 15 de febrero de 1979 y llevaba sólo dos días destinado en el cuartel de Herrera. Antonio Pastor estaba casado y su cadáver fue trasladado a Palencia, de donde era natural, tras celebrarse el funeral en el Hospital Militar de San Sebastián. En enero de 2010 el delegado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Palencia, León y Valladolid, Víctor Manuel Villalobos Blanco, entregó al alcalde, Heliodoro Gallego, una solicitud para que el Ayuntamiento le dedique una calle en su ciudad natal.

La ofensiva iniciada por ETA militar el día anterior en Bilbao y San Sebastián, con el asesinato de dos policías y dos guardias civiles, la continuó el 29 de julio de 1979 en Madrid la rama político-militar de la banda asesina con una cadena de atentados indiscriminados en el aeropuerto de Barajas y en las estaciones de tren de Atocha y Chamartín que dejarían siete víctimas mortales y más de cien heridos.

En sólo catorce minutos la banda terrorista ETA sembró el caos, el pánico y el terror en Madrid. Resultaba ciertamente paradójico que una de las ramas de ETA asesinaba para oponerse al Estatuto de Guernica, mientras la otra ponía en marcha su campaña de "Con el Estatuto, los presos a la calle" con tres bombas consecutivas en Madrid.

La primera de ellas explotaba a las 13.01 horas en la consigna de equipajes de llegadas nacionales del aeropuerto de Barajas de Madrid, causando la muerte en el acto de JOSÉ MANUEL AMAYA PÉREZ, delegado del equipo de submarinismo de Tenerife que se disponía a coger un avión de vuelta a la isla tras participar en un campeonato en Oviedo. Se trataba de una maleta-bomba, cargada con seis kilos de amonita, situada cerca de la pared interior de la consigna contigua a los servicios. Varios miembros del equipo de submarinismo resultaron alcanzados por la onda expansiva y heridos de gravedad: Francisco Rodríguez, Luis Ulé y Juan Antonio Galindo. Otras cuatro personas también resultaron gravemente heridas.

Unos minutos después, el presidente Suárez y el ministro del Interior, Antonio Ibáñez Freire, recibían la noticia mientras estaban reunidos en el salón de Consejos de la Moncloa y el Gobierno llevaba algo más de dos horas estudiando el plan económico. Pocos minutos más tarde, a las 13:11 horas de la tarde, explotaba otra bomba, esta vez colocada en las taquillas automáticas de la estación de Chamartín, causando la muerte en el acto de la estudiante danesa DOROTHY FERTIG, que fue decapitada por la onda expansiva. La maleta llena de explosivos, igual que la de Barajas con unos seis kilos de amonita, estaba en una de las taquillas automáticas del armario central de la consigna, junto a la sala de espera llena de viajeros y muy cerca de las cafeterías de la planta baja. La explosión provocó medio centenar de heridos, entre ellos una joven alemana compañera de Dorothy Fertig. Un viajero marroquí relató que oyó "un tremendo ruido" y cayó contra el suelo. "Junto a mí había una cabeza de una joven". Este marroquí estaba con su mujer y sus tres hijos esperando el tren para Algeciras y relató que fue lanzado muy lejos y que, con el brazo colgando, fue a buscar a sus hijos entre la confusión y el pánico que provocó la explosión. Casi todos los heridos fueron trasladados al Hospital de La Paz. Uno de ellos, el joven atleta José Manuel Juan Boix, falleció casi tres semanas después, el 18 de agosto de 1979. Hubo, además, cuantiosos daños materiales, y el servicio ferroviario tuvo que ser interrumpido durante horas.

Cuatro minutos después, a las 13.15 horas, una tercera bomba explotaba en la oficina de facturación de coches-cama en la estación de Atocha, detrás de la caseta de información a los viajeros y, como las otras dos, en una cabina de consigna de equipajes. La explosión provocó la muerte en el acto del guardia civil JUAN LUNA AZOL y del ama de casa GUADALUPE REDONDO VIAN, y la del joven JESÚS EMILIO PÉREZ PALMA, que falleció pocas horas después en la residencia sanitaria Primero de Octubre. El marido de Guadalupe, Dionisio Rey Amez, falleció cuatro días después, el 2 de agosto. También resultó herida grave la hija de ambos, Carmen Rey Redondo. Esta tercera explosión provocó más de cuarenta heridos, alguno en estado grave o muy grave, que fueron trasladados al Hospital Primero de Octubre.

A partir de ese momento el caos y la confusión de los instantes iniciales dieron paso a la movilización de efectivos sanitarios y de ciudadanos particulares que acudían masivamente a la llamada de las emisoras de radio pidiendo sangre. La respuesta ejemplar de los madrileños hizo que se cubriesen enseguida las necesidades y que las emisoras de radio tuviesen que pedir que no acudiese nadie más a los hospitales.

Barajas, Chamartín y Atocha temblaron con unos seis kilos de explosivos de alta velocidad que, en los tres casos, se había colocado en maletas con temporizadores. Los tres atentados dejaron un saldo de siete muertos (dos de ellos en días posteriores) y ciento trece heridos, algunos muy graves, que se repartieron entre La Paz, Primero de Octubre, el Francisco Franco y la casa de socorro de Retiro-Mediodía. Veinte heridos menos graves fueron atendidos en el botiquín de las instalaciones de Renfe.

Entre los heridos más graves trasladados a La Paz estaban Agustina Rubia Carballo, Ángel Galindo Gutiérrez, Francisco la Rubia Baena, Eladio Vallina Mayo, Manuel Gallardo Mera, Francisco Rodríguez Padón, Luis Hanle, José Francisco Espejo Roig, Javier Rodríguez Villarino, Eusebio García Martín e Ildefonso Gallardo Serrano. En el Hospital Francisco Franco fueron ingresados Magdalena Olmedia Márquez, Francisca Pico Gómez, Nicolás Peñaranda Romero, Juan Díaz Martínez, Gerardo Cuesta Recio, Consuelo Alina de Juanes, Francisco Alcaide Carmona, los británicos Benjamín Patrick Gaunt y Thomas Murty, y los canadienses Georget Alace Dagon y Angeles Lapace. En el Primero de Octubre, Isabel García Sánchez (mutilada), Gonzalo Joaquín Viana, José María (Chema) Arconada Blanca y María Rosales Mazachin.

Chema Arconada, uno de los supervivientes de la bomba de Atocha, comentó al diario El Mundo el 4 de febrero de 2007, con ocasión de la manifestación del Foro de Ermua en Madrid, que no puede volver a su Mondragón natal desde que su condición de víctima de la banda le hizo tomar conciencia de la necesidad de movilizarse para reivindicar sus derechos, por lo que se fue a vivir a Palencia. El 29 de julio de 1979 tenía 20 años y estaba en Atocha esperando el TALGO que le iba a llevar a Sevilla. Para Chema, lo peor es que no pudo volver a practicar su afición favorita: la espeleología. "Cuando volví a Mondragón, me recibieron como si nada. Un daño colateral de su lucha", rememoró. A juicio de Chema, ETA "ya sólo es una mafia, pero si quieres vivir bien allí, tienes que ser como ellos". "Las víctimas somos gente independiente que quiere vivir en paz, pero también en libertad".

La banda asesina ETA, viendo los resultados del triple atentado, intentó trasladar la responsabilidad de los asesinatos a las autoridades alegando que se había avisado a la agencia Euskadi Press. Efectivamente, hubo un aviso apenas una hora antes a la agencia vasca. La agencia avisó a la Policía y, a las 12:40 horas, a la Agencia Efe, indicándoles que iban a facilitarles un comunicado. A continuación pasaron una grabación en donde se oía una voz de hombre que, precipitadamente, decía: "ETA, organización armada para la revolución vasca, en su segunda fase de la operación, hoy, 29 de julio de 1979, entre las doce y las catorce horas harán explosión tres bombas en Madrid: en Barajas, Chamartín y Atocha". No hubo tiempo de desalojar las instalaciones amenazadas. Además, en aquellas fechas se recibían, sólo en Madrid, entre quince y veinte falsas amenazas de bomba.

El triple atentado provocó la indignación de los ciudadanos, los políticos y los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. La prensa francesa condenó duramente los atentados, especialmente la de derechas, y lo mismo hizo la alemana. El impacto fue tremendo. El Gobierno estuvo reunido todo el día, mientras llovían las condenas. Ramón Rubial, dirigente socialista español, presidente del PSOE hasta su muerte en 1999 y primer lehendakari vasco de la etapa preautonómica en el Consejo General Vasco, declaró desde Asturias: "Sólo hay una manera de liquidar a ETA: lo que hizo Francia con la OAS", aunque luego matizó: "esto no lo puede decir ningún demócrata".

La presión sufrida hizo que el 2 de agosto ETA político-militar anunciase su decisión de parar su "lucha armada", al tiempo que daba información sobre varias bombas colocadas en Sitges, Salou y Alicante que todavía no habían explotado.

José Manuel Amaya Pérez, nacido en Melilla, residía en Tenerife desde los 9 años, cuando su padre, comandante de Infantería, fue trasladado a la isla, donde creció y donde fue enterrado. Tenía 32 años, estaba casado y tenía dos hijos. Venía de participar con un club isleño en el Campeonato Subacuático celebrado en el embalse de San Andrés, en Veriña, Asturias, y le mató la bomba que estalló en Barajas. Estuvo cuatro años trabajando en Nigeria y con el dinero ganado se compró una casa en Santa Cruz. Al regresar a la isla comenzó a trabajar en la dársena pesquera, compatibilizándolo con su dedicación a la Federación Tinerfeña de Actividades Subacuáticas, porque el fondo del mar era su gran pasión. Su hermana Clotilde contó que "no le gustaba estudiar. Hizo de todo, hasta de taxista. Cuando se metió en las actividades subacuáticas encontró su pasión" (La Opinión de Tenerife, 27/03/2006). Su cadáver llegó al aeropuerto de Los Rodeos el 30 de julio. Clotilde Amaya recordó de esta manera cómo se enteró de la noticia:

Era un domingo caluroso de julio, el típico día de verano. A eso de las ocho de la tarde, estábamos viendo la televisión. Estaba en mi casa (en aquel entonces vivía en la calle Salamanca) y nos había visitado mi madre. De repente, en el Telediario, nombraron el nombre de mi hermano en las informaciones sobre varios atentados de ETA. Nos quedamos paralizados. Pensamos que a lo mejor había otra persona que se llamaba igual. Pero los datos que dio el presentador coincidían con los de mi hermano: el nombre completo, la edad, que regresaba de un torneo de submarinismo en Asturias... Fueron momentos de histeria. No sabíamos qué hacer, ni a quién llamar. No nos habían comunicado nada. Fue algo increíble (...) La familia recibió numerosas condolencias. Nos enviaron condolencias de todos los lados y muchas autoridades fueron al funeral y al entierro. Pero a partir de ahí, nadie se acordó más. Si le soy sincera, me duele.

Dorothy Fertig era una joven estudiante danesa de 20 años. Murió en el acto en la explosión de la bomba de Chamartín. Un compañera suya, alemana, resultó herida por la explosión.

 

 

 

Juan Luna Azol, guardia civil retirado de 53 años, era natural de Jaén. Fue una de las cuatro víctimas mortales que provocó la bomba que estalló en la estación de Atocha.

 

 

 

Jesús Emilio Pérez Palma falleció en la residencia sanitaria Primero de Octubre horas después de quedar gravemente herido por la bomba que estalló en la estación de Atocha.

 

 

 

Guadalupe Redondo Vian, ama de casa de 59 años, falleció en el acto por la explosión de la bomba que estalló en la estación de Atocha. Su marido, Dionisio Rey Amez, falleció cuatro días después, mientras que su hija, Carmen Rey Redondo, fue ingresada en La Paz en estado grave con traumatismo craneoencefálico, aunque consiguió salvar la vida.

 

 

El 29 de julio de 1985 miembros de la banda terrorista ETA ametrallaban al vicealmirante de la Armada y director general de Política de Defensa, FAUSTO ESCRIGAS ESTRADA, y a su chófer, Francisco Marañón García, que quedó gravemente herido. El atentado se produjo a unos cien metros del domicilio del vicealmirante, que se dirigía en ese momento al Ministerio de Defensa, para incorporarse a su despacho tras pasar varios días de descanso en Puentedeume (La Coruña). Iñaki de Juana Chaos, Belén González Peñalva y Juan Manuel Soares Gamboa cruzaron su vehículo en la confluencia de las calles Comandante Zorita y Dulcinea, cortando de esta forma el paso del vehículo en el que iban el militar y su chófer. En ese momento, Soares Gamboa ametralló el vehículo oficial con varias ráfagas, matando en el acto al vicealmirante Escrigas, que recibió doce impactos de bala, e hiriendo a Francisco Marañón, que fue alcanzado en la cabeza y las piernas. El terrorista efectuó, al menos, dos ráfagas de metralleta por la parte derecha del automóvil oficial, y posteriormente realizó otra por la parte izquierda. Las dos ventanillas laterales derechas y la lateral delantera izquierda quedaron destrozadas. A continuación, se montó en el vehículo donde esperaban De Juana y González Peñalva, dándose a la fuga.

"El conductor, con la cara llena de sangre, intentó salir por su pie, pero se cayó al suelo, y el militar, de uniforme blanco, estaba quieto en la parte de atrás, con la mandíbula destrozada", comentó entre sollozos una mujer testigo de los hechos.

El automóvil utilizado por los terroristas fue abandonado, con cinco kilogramos de explosivo en su interior, en la calle de Anastasio Herrero, poco transitada, estrecha y situada aproximadamente a un kilómetro del lugar del atentado. El coche fue dejado en doble fila e impedía el paso de otros coches, por lo que algunos automovilistas, ayudados por empleados de un taller próximo, lo estuvieron moviendo y empujándolo incluso con otro coche para retirarlo y facilitar el tránsito. El coche fue localizado desde un helicóptero policial poco antes de las nueve de la mañana. En su interior, la Policía observó que había una bolsa de deportes junto a los pedales del conductor y otra en el maletero. Toda la zona contigua fue acordonada por la Policía y desalojadas las casas cercanas. Varios artificieros inspeccionaron el vehículo y lograron desactivar un sistema de relojería que hubiera provocado la explosión del artefacto hacia las 13:05 horas.

Entre las personalidades que acudieron a la clínica La Paz para interesarse por las víctimas estuvieron los ministros de Defensa y Sanidad, Narcís Serra y Ernest Lluch, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, los jefes de Estado Mayor de la Armada y del Ejército de Tierra. También estuvo la esposa del vicealmirante Escrigas, María Flor Rodríguez. A las cuatro de la tarde quedó instalada en el Ministerio de Defensa la capilla ardiente con los restos del vicealmirante. El funeral se celebró al día siguiente, 30 de julio, con la asistencia de Felipe González, y posteriormente sus restos mortales fueron trasladados a bordo de un avión militar a El Ferrol, su localidad natal, donde fue enterrado.

Francisco Marañón García, de 57 años, conductor del vehículo oficial en el que viajaba el militar, llegó al hospital en un estado calificado como "crítico", con una bala alojada en el cerebro y habiendo perdido mucha sangre. Si la pérdida de una vida humana es algo irreparable, sobrevivir a un atentado de estas características con secuelas de por vida, puede ser una auténtica tortura. Las secuelas que le quedaron en las extremidades le imposibilitaron desenvolverse por sí solo el resto de su vida, requiriendo ayuda permanente hasta que falleció en 2007. "Cuando muera, en la lápida deberían poner: ‘Ahí tenéis un trozo de carne con ojos’, porque eso es lo que soy yo, un trozo de carne con ojos", dijo Francisco Marañón, uno de los protagonistas del documental Trece entre mil, de Iñaki Arteta y Alfonso Galletero (2005) y uno de los testimonios recogido en Olvidados, de los mismos autores (Adhara, 2006):

"Y lo que digo yo, a los caballos de carreras cuando no sirven, cuando se han roto una pata, pum, un tiro y a dejar de sufrir. Así tendrían que hacer conmigo y adiós a los dolores (...) Era un 29 de julio de 1985, de eso me acuerdo perfectamente. Yo, como siempre, iba hablando con el almirante. Teníamos la costumbre de ir con la ventanilla bajada, pero él siempre sacaba el brazo y yo no hacía más que decirle: ‘Almirante, meta el brazo para dentro que un día viene un coche y se lo corta’. ‘Anda, anda, cállate y no digas burradas’, recuerdo que me dijo. Y llegamos al semáforo. Luego ya no recuerdo nada más que un ‘ta ta ta ta’, ‘ta ta ta ta’, durante años estuve escuchando el sonido de aquella metralleta (...) Aquel día, creo que fue aquel día o uno de aquellos días, le dije al ayudante del almirante: ‘Le voy a pedir permiso al almirante para irme de vacaciones’. ‘Espérate’, me dijo, ‘le vas a llevar a Pontedeume, lo dejas, te vienes para acá y te vas con permiso. Ya te avisaré yo’. Lo tenía todo para irme de permiso. Nos íbamos a ir en una roulotte que había comprado aquel año. No la llegué a estrenar. De lo que aún me acuerdo con nitidez es de que mi mujer me había dicho: ‘A ver si esta noche vienes antes porque el nieto hace seis años’. Mi mujer era muy golosa y había comprado una tarta enorme. Le dije: ‘No te apures que vendré a tiempo de celebrar el cumpleaños’. ¡Qué seis años tuvo mi pobre nieto! (...) Yo ya no me enteré de nada hasta tres o cuatro meses después. No sé ni cuanto tiempo estuve en la UVI. El médico dijo que me quedaría ciego o tonto, pero se equivocó, aunque me tuvieron que enseñar de nuevo a hablar (...) Cuando desperté y me enteré en la situación en la que me encontraba lo único que deseaba era morirme. Y el caso es que intenté tirarme por la ventana, pero como no podía andar tuve que utilizar una silla de estas y antes de alcanzar la ventana me caí. Me tuvieron que atar. Mi pobre mujer era la que peleaba conmigo. Yo lloré mucho aquellos días y mi mujer lloraba conmigo. Nada me quita de la cabeza que la enfermedad que cogió ella en el pecho fue por los disgustos que tenía. Al final la operaron (...) Murió el 11 de diciembre de 1987. El cáncer de mama se la llevó (...) Ahora, por la mañana viene Betty y estoy acompañado por ella. Luego me acuesta y me quedo ahí. Los domingos no me levanto de la cama porque nadie me acuesta, no hay nadie para acostarme. Y sólo puedo esperar".

En 1995 la Audiencia Nacional condenó a 48 años de reclusión mayor a Inés del Río Prada por su colaboración en el atentado que acabó con la vida del vicealmirante Escrigas Estrada e hirió gravemente a Francisco Marañón. Por la misma sentencia fueron condenados Iñaki de Juana Chaos y Esteban Esteban Nieto a 55 años cada uno. En 1996 fue condenado Juan Manuel Soares Gamboa a 27 años y en 2006, Belén González Peñalva, extraditada por Francia en 2005, fue condenada a un total de 53 años.

Fausto Escrigas Estrada, de 59 años, había nacido en El Ferrol (La Coruña) y estaba casado con María Flor Rodríguez. Tenía cuatro hijos, dos de ellos marinos, como él. Desde febrero de 1984 ocupaba la Dirección General de Política de Defensa, donde estudiaba y preparaba los asuntos competencia del Ministerio en sus ámbitos interior y exterior. Narcís Serra manifestó que el asesinato de Escrigas había sido "un mazazo personal", porque el vicealmirante era uno de sus "colaboradores más sólidos". Su sucesor en el cargo, el teniente general Francisco Veguillas Elices, fue asesinado exactamente nueve años después, el 29 de julio de 1994.

Ese mismo día 29 de julio de 1985 por la noche, la banda terrorista ETA asesinaba en Vitoria, de un tiro en la nuca, al subcomisario del Cuerpo Superior de Policía AGUSTÍN RUIZ FERNÁNDEZ DE RETANA cuando se dirigía en compañía de unos amigos a un bar del centro de Vitoria. Varios individuos le abordaron por detrás y uno de ellos le disparó un único tiro en el cuello. La víctima cayó mortalmente herida, en medio de un gran charco de sangre, mientras los agresores emprendían la huida a pie.

El cuerpo de Agustín fue recogido por miembros de la propia Policía Nacional, que lo trasladaron hasta el Hospital General Santiago Apóstol, de Vitoria, donde ingresó cadáver.

En el momento de producirse el atentado la calle, situada en las inmediaciones del casco antiguo de Vitoria, estaba muy concurrida. Uno de los amigos que iba con él esa noche, y que presenció su asesinato desde unos metros detrás de él, señaló que "se trataba de una persona maravillosa, incapaz de hacer mal a nadie, y a quien todos querían mucho. Todos los días tomaba vinos por esta zona, y nunca nos había comentado que tuviera miedo o se sintiera amenazado". Agustín solía ir desarmado cuando salía por las noches, a pesar de que había recibido amenazas de ETA. Al frecuentar siempre la misma zona de bares de la capital alavesa, era un blanco fácil de la banda asesina.

En 1987 la Audiencia Nacional condenó a los etarras Ricardo Izaga González, alias Txomin, y Jesús Díaz de Heredia Ruiz de Arbulo, alias Josu, a 29 años de reclusión mayor por el asesinato del subcomisario de Policía. Ambos fueron detenidos en febrero de 1986 en Vitoria. Izaga González fue excarcelado en 2002. Jesús Díaz de Heredia Ruiz de Arbulo tenía fijada la fecha de excarcelación para octubre de 2009, pero la aplicación de la doctrina Parot ha retrasado su salida hasta febrero de 2016.

Agustín Ruiz Fernández de Retana, de 43 años y soltero, era natural de la localidad alavesa de Mendoza. Estaba destinado en las oficinas de expedición del Documento Nacional de Identidad en la comisaría de la Policía Nacional de Vitoria. Era, además, colaborador directo de la gobernadora civil de Álava, Alicia Izaguirre. El 30 de julio se celebró en Vitoria el funeral por su alma.

El 29 de julio de 1994 la banda terrorista ETA hizo estallar un coche-bomba en Madrid al paso del vehículo en el que viajaba el teniente general del Ejército y director general de Política de Defensa, FRANCISCO VEGUILLAS ELICES, que había sucedido en el puesto al vicealmirante Fausto Escrigas Estrada, asesinado el mismo día nueve años antes. La explosión provocó la muerte casi en el acto del teniente general Veguillas y de su chófer, el conductor civil del Ministerio de Defensa, FRANCISCO JOAQUÍN MARTÍN MOYA, además de la de CÉSAR GARCÍA CONTONENTE, operario de una compañía de danza que se encontraba en esos momentos trabajando en la zona. La onda expansiva reventó a César García y parte de su cuerpo quedó colgando de uno de los balcones próximos. Los responsables del Instituto Anatómico Forense tardaron casi cuatro horas en identificar los tres cadáveres, ya que los cuerpos quedaron totalmente destrozados y carbonizados.

Otras diecinueve personas resultaron también heridas por la onda expansiva, dos de ellas de gravedad. Entre los heridos se encontraban dos policías municipales que patrullaban la zona, tres guardias civiles, escoltas del teniente general que viajaban en otro vehículo, y otros tres operarios de Los Ballets de Madrid que trabajaban junto a su compañero César García.

El atentado, perpetrado por miembros del grupo Madrid de ETA, se produjo en la madrileña plaza de Ramales, una zona histórica de la capital a escasos metros del Palacio de Oriente. En torno a las ocho y media de la mañana, el etarra Mikel Azurmendi Peñagaricano, alias Hankas, tras ser avisado por Juan Arri Pascual, alias Carlos y Munipa, de la llegada a la plaza del vehículo oficial blindado procedente de la calle Arenal, accionó el mando a distancia que activó el mecanismo del artefacto cuando el coche del objetivo de ETA pasaba a la altura del coche-bomba.

Además de los muertos y heridos, la explosión de los 49 kilos de amosal y dos de amerital, metidos en dos ollas de cocina y con dos bidones de gasolina, provocó daños en cuarenta viviendas y locales, además de en sesenta y cinco vehículos estacionados en las proximidades. Algunos trozos de los turismos fueron arrancados de cuajo y lanzados por el aire a varias decenas de metros, como el techo de un automóvil que apareció en el tejado de una casa.

El vehículo utilizado por los terroristas para cometer el atentado había sido robado días antes en Madrid. Probablemente, los etarras aparcaron el vehículo minutos antes del atentado, en la plaza de Ramales esquina con la calle Santiago, puesto que estaba mal estacionado y sobresalía un poco de la esquina.

Al lugar del atentado se desplazaron inmediatamente los ministros de Defensa, Julián García Vargas, y de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, así como otras autoridades como el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano. También acudieron al lugar de los hechos el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, y el director general de la Policía, Ángel Olivares.

El triple asesinato fue ampliamente cubierto por la prensa española, en un momento en el que estaba en cuestión la política de reinserción de etarras, incluidos aquellos con delitos de sangre, puesta en marcha desde que, el 5 de mayo de 1994, Juan Alberto Belloch había asumido la doble cartera ministerial de Justicia e Interior. Por ello ABC tituló al día siguiente "ETA da las gracias a Felipe González por la reinserción de terroristas con delitos de sangre". Tanto González, como Belloch, Margarita Robles, secretaria de Estado de Interior, y María Teresa Fernández de la Vega, secretaria de Estado de Justicia, impulsaron la política de beneficios de régimen abierto para los etarras.

Meses después, el portavoz de Herri Batasuna, Floren Aoiz, hizo la siguiente valoración: "El atentado del mes de julio fue uno de los golpes más fuertes contra el Estado desde la muerte de Carrero Blanco. Se ha ocultado la importancia real de lo que ha supuesto el liderazgo político de ETA ante una parte importante de la sociedad".

Mikel Azurmendi Peñagaricano, alias Hankas, fue detenido en marzo de 1998 en Sevilla, cuando ya estaba integrado en el grupo Andalucía de ETA. En febrero de 2001 la Audiencia Nacional lo condenó a 208 años de prisión mayor por el atentado de la plaza de Ramales. En abril de 2003 es extraditado por Francia Álvaro Juan Arri Pascual, alias Carlos y Munipa. En diciembre de 2005 la Audiencia Nacional lo condena a 208 años de reclusión por su participación directa en el mismo atentado. El tribunal considera probada su integración desde 1992 en el grupo Madrid de ETA, junto a Mikel Azurmendi y otros. En noviembre 2003 es también extraditada por Francia la etarra Idoia Martínez García, alias Francisca y Olga, presuntamente implicada en este atentado según fuentes del Ministerio del Interior.

César García Contonente, de 24 años, era tramoyista de la compañía privada de danza Los Ballets de Madrid, donde su novia Laura Jorquera era bailarina. Aquella mañana se encontraba cargando un camión con material para la compañía de ballet que actuaba esa tarde en Hoyo de Manzanares (Madrid). Fue inhumado en el cementerio de Carabanchel de Madrid, y a sus actos fúnebres no asistió ningún representante de la Administración, algo que criticaron familiares, amigos y compañeros de la víctima (El Mundo, 31/07/1994). Hijo de José María García y Olvido Contonente, en el primer aniversario el padre dijo que no podía perdonar a los asesinos de su hijo: "Lo siento, pero no lo puedo olvidar, aunque sea católico no podré perdonar nunca" (Agencia Efe, 29/07/1995). Su mujer Olvido, quien le ayudaba en una tienda de alimentación, no había podido trabajar desde que asesinaron a César. Una calle de Leganés y el polideportivo municipal de Cardiel de los Montes (Toledo) llevan el nombre de César García Contonente.

Francisco Joaquín Martín Moya, estaba casado y tenía tres hijos. Era conductor civil del Parque Móvil del Estado, destinado en el Ministerio de Defensa. Fue condecorado a título póstumo en 2001 con la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil. Su funeral se celebró a la vez que el del teniente general Veguillas Elices, en el patio de armas del Cuartel General del Ejército de Tierra, con la asistencia de numerosas autoridades civiles y militares. Al término del mismo, el ministro de Defensa impuso sobre el féretro la Cruz del Mérito Militar. Los restos mortales de Francisco Joaquín Martín fueron incinerados en el cementerio de La Almudena de Madrid.

Francisco Veguillas Elices, de 69 años, ocupaba la Dirección General de Política de Defensa en el Ministerio dirigido entonces por Julián García Vargas. Además, era una persona muy próxima al vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, pues había sido jefe de su gabinete técnico. Natural de Alcalá de Henares (Madrid), estaba casado con Amalia Altenburg y no tenía hijos. Ingresó en el Ejército en 1942 y tenía un brillante currículum. Entre otros puestos, fue agregado militar en la Embajada de España en Washington. Ascendió al generalato en 1982 y participó en diversas negociaciones militares internacionales. Además, estaba en posesión de numerosas distinciones militares. El teniente general Veguillas Elices fue un elemento clave para la reforma de las Fuerzas Armadas y de la modernización de la política de defensa, siendo la mano derecha de Narcís Serra y de García Vargas durante sus periodos al mando del Ministerio de Defensa. Su viuda declaró que le extrañaba la poca vigilancia que había en la zona donde se cometió el atentado: "¡qué poca vigilancia hubo!.. tan cerca de Capitanía. ¿Qué hacía aquel coche ahí?.. ¡Si hemos estado al lado de ellos! ¡Si nos los hemos cruzado por la calle! Seguro" (El País, 23/04/1995). En la misma entrevista, dijo que no se puede perdonar a los terroristas: "Ni perdonar, ni olvidar. Los santos perdonan, pero nosotros somos humanos".

Pasadas las once y media de la mañana del miércoles 29 de julio de 2000, ETA asesinaba en Tolosa (Guipúzcoa) al directivo de Aldeasa y ex gobernador civil de Guipúzcoa JUAN MARÍA JÁUREGUI APALATEGUI. La víctima residía desde tres años antes en Chile, y pasaba unos días de vacaciones en el País Vasco. Era objetivo de ETA desde su época de gobernador civil, no "por ser un buen o un mal hombre, sino por su cargo, ni más ni menos" (Zutabe de agosto de 2000 publicado por Gara en noviembre de ese año).

Jáuregui recibió dos disparos en la nuca cuando se encontraba sentado en una de las mesas del Bar-restaurante Frontón, en compañía del periodista de la televisión autonómica Euskal Telebista, Jaime Otamendi, con el que mantenía una estrecha relación. El exgobernador fue trasladado en una ambulancia medicalizada, todavía con vida pero en estado crítico, a la Clínica de la Asunción de Tolosa. El informe médico indicaba que la víctima presentaba "dos orificios de bala de probable entrada a nivel parietotemporal y occipitoparietal, ambos del lado derecho, con dos orificios de probable salida a nivel poroparietal izquierdo y borde inferior del pabellón auricular del mismo lado". Además, tenía "una mínima actividad electrocardiográfica, por lo que se iniciaron maniobras de reanimación cardiorrespiratoria. Tras 55 minutos, y cesada todo tipo de actividad eléctrica electrocardiográfica, se dejaron de aplicar las medidas de reanimación certificando el fallecimiento del herido" a las 13:30 horas.

Una hora antes hizo explosión un coche en Villabona, localidad próxima a Tolosa, siendo el vehículo utilizado por los terroristas en su huida. Contenía poco más de un kilo de dinamita de la sustraída en Bretaña en septiembre de 1999 que fue activada mediante un temporizador. El vehículo había sido robado el 21 de julio en Elgóibar.

Juan María Jáuregui había salido de su casa, situada en su localidad natal de Legorreta, alrededor de las once de la mañana y se dirigió directamente en su coche al bar del frontón Beobide, donde acostumbraba a acudir los sábados cuando estaba de visita en el País Vasco. Según explicó un empleado del local los dos terroristas entraron un cuarto de hora antes de que dispararan contra el ex gobernador civil, cuando la víctima ya se encontraba en el bar. Los dos etarras pidieron una consumición y permanecieron en la barra hasta que, en un momento dado, uno de ellos fue al cuarto de baño. Tras salir, disparó por la espalda a la víctima. Después de disparar, los pistoleros abandonaron el lugar corriendo y continuaron la huida en un coche donde les esperaba un tercer terrorista.

Se presentaron en el lugar del atentado concejales del PSE-EE, de la coalición PNV-EA y de Euskal Herritarrok (EH), así como el alcalde de la coalición de la izquierda proetarra, Antxon Izaguirre. Algunos de ellos, que fueron compañeros de Jáuregui cuando ocupó el cargo de concejal en el Ayuntamiento de la villa papelera, no pudieron contener las lágrimas al conocer que había fallecido. El cadáver del ex gobernador civil fue trasladado a las 15:00 horas al Instituto Anatómico forense de Polloe, en San Sebastián, donde se le practicó la autopsia. A continuación, el cuerpo fue conducido hasta la Casa del Pueblo de la capital donostiarra, donde quedó instalada la capilla ardiente.

El dirigente socialista había abandonado el País Vasco en 1996, después de cesar en su cargo al perder el PSOE las elecciones generales de ese año y ser informado de que era objetivo de la banda terrorista. En abril de 1996, miembros del grupo Donosti proyectaron asesinarlo mediante un coche-bomba. El plan consistía en atraer al gobernador civil al barrio donostiarra de Alza asesinando previamente a un guardia civil que residía en la zona y, una vez constatada su presencia, hacer explotar el coche bomba estacionado en una curva de las inmediaciones. El plan se descubrió a raíz de la desarticulación parcial del grupo Donosti un mes antes, con la detención del etarra Valentín Lasarte. La documentación incautada por la Ertzaintza puso de manifiesto que Jáuregui era objetivo de ETA y que había sido sometido a una prolongada vigilancia por confidentes de la banda. Además de las características y matrículas reservadas de los vehículos oficiales utilizados por el gobernador civil y sus escoltas, y el punto idóneo para estacionar el coche-bomba, ya entonces los etarras conocían al detalle las costumbres del gobernador civil como sus visitas al café Frontón de Tolosa, donde fue abatido a tiros. El seguimiento se extendió también a Legorreta, su pueblo natal.

El ex gobernador civil pidió al ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, que hiciera gestiones para encontrarle una ocupación fuera del País Vasco. De este modo, Jáuregui comenzó a trabajar en la empresa de la cadena de tiendas de aeropuertos Aldeasa, siendo trasladado en un primer momento a Canarias, donde fue ascendido como jefe de la empresa para Sudamérica, fijando su residencia en Chile desde 1997. El 4 de agosto de 2000 tenía que viajar a Buenos Aires (Argentina) y tras el verano tenía previsto regresar de nuevo a España para instalarse en Madrid como subdirector del área de Internacional de la compañía.

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, señaló que Juan María Jáuregui no llevaba escolta porque su residencia estaba fijada fuera del País Vasco y añadió que no tenía conocimiento de que estuviese en España. En este sentido, el delegado del Gobierno indicó haber hecho todo lo posible, junto al Gobierno del PP, "para sacarle del País Vasco donde corría un gran peligro". Sin embargo, fuentes socialistas indicaron que allegados del ex gobernador civil habían pedido protección policial a la Ertzaintza cuando supieron que Jáuregui iba a llegar al País Vasco. Estas fuentes indicaron que, días antes de que Juan Mari llegara desde Chile a Legorreta, aparecieron en su casa unas pintadas, lo que motivó que sus familiares solicitaran protección a la Policía Autonómica. El departamento de Interior del Gobierno Vasco desmintió este aspecto a través de su gabinete de prensa: "Los familiares no habían pedido a la Ertzaintza protección. Por su condición de ex gobernador civil, siempre tuvo protección de la Policía Nacional. Pero en este caso, insistimos en que no se había solicitado protección a la Ertzaintza".

En febrero de 2004 la Audiencia Nacional condenó a Patxi Xabier Makazaga e Ibon Etxezarreta a 39 años de cárcel, y a Luis María Carrasco a 36 años. Los tres eran miembros del grupo Buruntza de ETA a los que dirigentes de la banda, sabiendo que Jáuregui estaba en Guipúzcoa, les encargaron que lo asesinaran. Lo intentaron el 22 de julio, pero desistieron al encontrarse en El Frontón personas que les conocían. Sí lo consiguieron una semana más tarde, el 29 de julio. Mientras Etxezarreta se quedaba a la espera en el vehículo en el que luego emprenderían la huida, Carrasco y Makazaga entraron en el bar y pidieron unas consumiciones. Cuando se cercioraron de que era factible, Makazaga se acercó a Jáuregui y le disparó por la espalda dos tiros en la cabeza.

Juan María Jáuregui Apalategui, de 44 años, estaba casado con Maixabel Lasa. El matrimonio tenía una hija, María, de 19 años, que en el momento del asesinato se encontraba practicando montañismo en Leiza con unos amigos. Era euskaldún nacido en Legorreta, en la comarca guipuzcoana del Goyerri, militó durante su juventud en la lucha antifranquista y durante un periodo corto de tiempo en las filas de ETA. Cuando se escindieron las ramas de ETA-V y ETA-VI Asamblea "Jáuregui se comprometió con esta última opción, que abandonaba la lucha armada. El sector mayoritario de ETA-VI evolucionó pronto hacia el trotskismo, lo que no aceptó un grupo denominado los ‘minos’ (minoritarios), que era partidario de una aproximación a la izquierda tradicional representada por el Partido Comunista" (El País, 31/07/2000). Juan Mari llegó a ser encarcelado por participar en las protestas contra el juicio de Burgos. Estuvo afiliado al partido comunista desde 1973 y hasta mediados de los ochenta, cuando se integró en el Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE). También estuvo muy activo en Comisiones Obreras.

Cursó estudios de Sociología en la Universidad de Deusto y fue concejal del Ayuntamiento de Tolosa por el PSE-EE (PSOE), cargo que desempeñó hasta ser nombrado gobernador civil de Guipúzcoa por el Consejo de Ministros en septiembre de 1994 a instancias del entonces ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch. Jáuregui sustituyó en el cargo a José María Gurruchaga, que procedía de la época de José Luis Corcuera y mantenía fuertes enfrentamientos con la secretaria de Estado para la Seguridad, Margarita Robles. Robles quería sacar adelante una investigación sobre torturas en el cuartel de Intxaurrondo y sobre lo que entonces era el incipiente ‘caso Lasa- Zabala’. En los dos años siguientes, Jáuregui colaboró desde el Gobierno Civil en la investigación del comisario Enrique de Federico sobre el caso. En mayo de 1996 fue destituido como gobernador civil por el primer gobierno del PP. "Juan Mari Jáuregui (era) un buen exponente de esa generación de vascos de izquierdas que sufrieron la cárcel con Franco y la muerte con ETA", dijo de él su compañero de partido Ramón Jáuregui (El Diario Vasco, 31/07/2000).

En septiembre de 2000, sus familiares y amigos esparcieron las cenizas de Jáuregui en un paraje de su localidad natal. Su viuda, Maixabel Lasa, descubrió un monolito con un lauburu (estela funeraria vasca) y la inscripción en euskera "Los que te queremos te recordamos". El monolito fue destruido por unos vándalos en mayo de 2008. Maixabel, entonces directora de Atención a las Víctimas del Gobierno vasco, aseguró que lo restaurarían todas las veces que fuera necesario. Ese mismo año, en noviembre, la banda terrorista señaló a Maixabel como "una militante antiabertzale que derrama lágrimas de cocodrilo" en las que "diluir la opresión del pueblo vasco". Al verse en el punto de mira de ETA, Maixabel llegó a plantearse abandonar el País Vasco.

Ofensiva de ETA en 1979 en respuesta al Estatuto y dos víctimas más en 1991 y 2001

28 de Julio de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

En el comunicado de reivindicación del asesinato el 21 de julio de 1979 del camarero Jesús María Colomo Rodríguez, enviado el 24 de julio a varios medios de comunicación del País Vasco, la banda terrorista ETA anunciaba el comienzo de una nueva ofensiva terrorista en respuesta a la aprobación del Estatuto en su primer trámite, y señalaba que proseguiría la "acción armada ofensiva contra todos los soportes del Estado español en Euskadi". No tardaron mucho en hacer realidad su amenaza. El 28 de julio de 1979 la banda terrorista ETA, en su rama militar, asesinaba a dos policías nacionales en Bilbao y dejaba heridos graves a dos guardias civiles en San Sebastián, que fallecieron al día siguiente, 29 de julio.

A media mañana del día 28, efectivos de la Compañía de Reserva de la Policía Nacional, con base en Basauri, habían establecido un control de carretera de los automóviles que transitaban entre Bilbao y Erandio y Las Arenas, paralelos a la ría. En un momento determinado, dos integrantes del dispositivo, el cabo MIGUEL ÁNGEL SARO PÉREZ y el agente EMILIO LÓPEZ DE LA PEÑA, se acercaron a un estanco situado a unos doscientos metros del dispositivo, para comprar un par de cordones de zapatos, varias postales y unas pastillas de jabón. Al salir del establecimiento, dos o tres miembros de la banda terrorista ETA-m, dispararon contra ellos desde un Renault 5, previamente robado a punta de pistola, que se dio inmediatamente a la fuga. El vehículo sería abandonado posteriormente en Las Arenas.

El intenso tráfico, habitual a esas horas a la entrada del barrio de Lutxana, y una curva pronunciada entre la tienda y el control policial impidieron que sus compañeros pudieran ver ni oír nada. Los policías, gravemente heridos, fueron trasladados inmediatamente al Hospital de Basurto y fallecieron poco después de ingresar.

El Consejo General Vasco emitió un comunicado condenando en términos muy enérgicos la acción terrorista, "incalificable desde una perspectiva humana, ética y política".

Emilio López de la Peña, agente de la Policía Nacional de 30 años, estaba soltero, pero iba a contraer matrimonio el 2 de septiembre de 1979. Era natural de Segovia, lugar donde tenía planeado casarse. Tanto su novia como su madre y su hermana, se enteraron del asesinato de Emilio mientras prestaban sus servicios en la clínica donde estaban contratadas.

 

Miguel Ángel Saro Pérez, cabo primero de la Policía Nacional de 30 años, estaba casado y tenía tres hijos. Era natural de Santander.

 

 

Horas después, en torno a las once menos cuarto de la noche, miembros de la banda terrorista ETA ametrallaban la casa-cuartel del barrio donostiarra de Herrera, alcanzando a tres agentes. Dos de ellos, Moisés Cordero López y Antonio Pastor Martín, fallecieron en la madrugada y en la tarde del 29 de julio, respectivamente, en la residencia Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián.

A las 14:30 horas del 28 de julio de 1991 la banda terrorista ETA asesinaba en Guecho (Vizcaya) al guardia civil CARLOS PÉREZ DACOSTA y hería gravemente al agente Francisco Aguilera Granados, al explotar un coche-bomba al paso del vehículo particular, sin distintivos oficiales, ocupado por los dos miembros del Instituto Armado.

El atentado se produjo en la confluencia de las calles Santa Ana y Amaya del barrio de Las Arenas, casi en el límite del núcleo urbano. Los terroristas aparcaron el coche-bomba, cargado con unos 20 kilos de explosivo y metralla, junto a una señal de stop donde el automóvil de los guardias civiles debía detenerse, y fue activado con un mando a distancia.

La explosión pudo escucharse desde poblaciones próximas y alcanzó de lleno a Carlos Pérez Dacosta, que ocupaba el asiento junto al conductor. El otro guardia civil, Francisco Aguilera Granados, que conducía el vehículo, resultó gravemente herido. Fue trasladado al Hospital de la Seguridad Social de Cruces, en Baracaldo. Además resultaron heridos numerosos transeúntes, tres de los cuales también tuvieron que ser hospitalizados, y se produjeron cuantiosos daños materiales.

El vehículo empleado por los terroristas para fabricar el coche-bomba era un taxi de color marrón, matrícula de Bilbao, robado por dos personas a punta de pistola tres horas antes en la localidad vizcaína de Amorebieta. El propietario fue rescatado en el monte San Miguel, donde había sido abandonado atado a un árbol.

La banda terrorista había desencadenado una oleada de atentados contra los miembros de los cuerpos de seguridad y sus familiares en vísperas de la visita de los Reyes al País Vasco, prevista para los días 30 y 31 de julio de 1991. Dos días antes del atentado que le había costado la vida a Carlos Pérez Dacosta, ETA había intentado reproducir la matanza de la casa-cuartel de Vic del 29 de mayo de 1991, haciendo estallar un coche-bomba cargado con 60 kilos de amosal y metralla junto a la casa-cuartel de Irún (Guipúzcoa), donde residían un centenar de guardias civiles con sus familias. Cuatro agentes y doce familiares, entre ellos algunos niños, resultaron heridos por la potente explosión que se produjo de madrugada. Un día después, otro coche-bomba estallaba a las dos de la madrugada en el barrio de Amara de San Sebastián, al paso de un coche patrulla del Cuerpo Nacional de Policía. La fortuna quiso que los agentes resultaran ilesos.

Francisco Aguilera Granados, de 21 años, era natural de Córdoba y llevaba destinado en el País Vasco desde el 1 de noviembre de 1990. Resultó gravemente herido, pero consiguió recuperarse tras ser intervenido en el Hospital de la Seguridad Social de Cruces, en Baracaldo.

Carlos Pérez Dacosta, de 22 años, era natural de San Vitero (Zamora). Estaba destinado en el País Vasco desde el 1 de junio de 1990. Al día siguiente se celebró el funeral por su alma en la Iglesia de San José de Bilbao. Un segundo funeral se celebró en su pueblo natal, donde fueron trasladados sus restos mortales para ser inhumados.

El 28 de julio de 2001 fallecía en Madrid el abogado y general de Brigada del Ejército JUSTO OREJA PEDRAZA, un mes después de que resultase gravemente herido por la explosión de un artefacto explosivo alojado en una bicicleta y activado por el etarra Aitor García Aliaga. El 28 de junio hacia las 8:30 horas, Oreja Pedraza salió de su domicilio en la calle López de Hoyos de Madrid para dirigirse al garaje donde le esperaba un soldado en el coche oficial. Cuando apenas había recorrido unos metros, el estallido del artefacto explosivo le impactó de lleno. Su esposa y el menor de sus cuatro hijos, que iban a salir de casa con él pero que a última hora cambiaron de planes, bajaron a la calle en cuanto oyeron la explosión.

Un vecino explicó que un joven depositó una mochila en una bicicleta tipo mountain bike, que estaba apoyada sobre una farola, y se marchó de allí a toda prisa. Uno o dos minutos después se produjo la explosión del artefacto que, según las primeras investigaciones, estaba compuesto por unos cuatro kilos de dinamita.

La explosión le provocó graves quemaduras en la mitad de su cuerpo. Además, la onda expansiva, que lo lanzó contra la pared de una sucursal del BBVA cuyos ventanales quedaron destrozados, le causó traumatismo craneoencefálico y ocular, fractura de muñeca y contusión pulmonar. El soldado que cada día recogía al general lo trasladó en el coche oficial hasta el Hospital de La Paz. Por la tarde, el general Justo Oreja fue trasladado a la Unidad de Quemados Críticos. Tras un mes de agonía, falleció en ese centro sanitario por un fallo multiorgánico.

Otras diecinueve personas que se encontraban en las inmediaciones del lugar de la explosión resultaron heridas de diversa consideración. Trece fueron hospitalizadas, pero la mayoría recibió el alta médica durante las horas siguientes. Por la noche únicamente permanecía hospitalizada, además del general Oreja, una mujer que tenía múltiples erosiones en la cara y en las extremidades. La onda expansiva provocó, además, daños en unas setenta viviendas de una veintena de bloques, que se vieron afectadas sobre todo con la rotura de cristales y persianas pero sin que resultaran dañadas las estructuras de los edificios.

Seis horas y media después de la explosión de la bicicleta-bomba, los terroristas hicieron estallar en una calle próxima un artefacto colocado en el coche que utilizaron para huir del lugar del atentado. Cuando los Tedax inspeccionaban el vehículo, encontraron un segundo artefacto explosivo sin estallar que, muy probablemente, era una bomba-trampa con la que los asesinos de la banda quisieron asesinar a más policías. El automóvil, un Peugeot 405, fue robado en el mes de marzo en el barrio madrileño de Moratalaz, lo que afianzaba las sospechas policiales de que ETA disponía de cierta infraestructura en Madrid capital y probablemente también en localidades de la sierra norte de la comunidad.

El mismo 28 de julio el arzobispo castrense, José Manuel Estepa, ofició el funeral por Justo Oreja Pedraza en el patio de la sede del Ministerio de Defensa. A las exequias asistieron el presidente del Gobierno, José María Aznar, el ministro de Defensa, Federico Trillo, el líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, y la totalidad de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. El Gobierno concedió a la víctima la Gran Cruz del Mérito Militar a título póstumo, que fue recogida por la viuda de manos de Aznar, junto con la bandera de España y la gorra de su esposo. El 29 de julio los restos mortales de Justo Oreja fueron inhumados en la intimidad en el cementerio de Tres Cantos de Madrid.

En 2006 la Audiencia Nacional condenó a sendas penas de 323 años de cárcel a Ana Belén Egüés Gurruchaga y a Aitor García Aliaga, detenidos en noviembre de 2001 minutos después de cometer un atentado contra el secretario general de Policía Científica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Juan Junquera, que resultó herido leve. La detención fue posible gracias a la colaboración de un ciudadano que sospechó de ellos y les siguió, dando aviso a la Policía. La sentencia consideró hechos probados que los dos etarras habían vigilado los hábitos del general Oreja Pedraza y colocaron la bicicleta-bomba junto al número 134 de la calle López de Hoyos de Madrid, bomba que fue activada por Aitor García Aliaga mediante un mando a distancia.

En diciembre de 2010, la Audiencia Nacional condenó por este mismo asesinato al etarra Juan Luis Rubenach Roig, mientras que el segundo acusado, Gorka Palacios Alday, fue absuelto por falta de pruebas. En su sentencia, la sección tercera de la Sala de lo Penal considera que la participación de Rubenach en estos hechos ha quedado "plenamente probada" (se encontraron huellas suyas en un vehículo utilizado en el atentado), pero no así la de Palacios, porque no existe "un dato fáctico que corrobore" su intervención. Gorka Palacios cumple una condena de 83 años por el asesinato del policía nacional Luis Ortiz de la Rosa. El fiscal Pedro Rubira reclamaba para los dos acusados 319 años y como prueba contra Palacios esgrimió únicamente las declaraciones policiales de los integrantes del grupo Buru Ahuste de ETA, Ana Belén Egüés y Aitor García Aliaga, ya condenados en 2006. Rubenach y Palacios fueron entregados por Francia en marzo de 2010 en virtud de la reclamación del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional por varios delitos terroristas, entre ellos asesinato, lesiones y estragos.

Justo Oreja Pedraza, de 62 años, era natural de Aldeavieja de Tormes (Salamanca), estaba casado y tenía cuatro hijos. Licenciado en Derecho, Ciencias Sociales y Ciencias de la Información, aprobó la oposición de interventor militar, ingresando como teniente en Toledo, su primer destino. De ahí fue trasladado a Madrid, donde vivió los siguientes treinta y cinco años. En noviembre de 1997 ascendió a general de Brigada. Cuando fue asesinado prestaba sus servicios como jefe de la División de Estudios y Coordinación de la Intervención General de la Defensa. Tenía previsto pasar a la reserva antes de que concluyera el año 2001. Su asesinato lo impidió.

José Manuel Olarte, empresario asesinado por el contenido del 'Informe Navajas'

27 de Julio de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

En la madrugada del jueves 27 de julio de 1994 el etarra Valentín Lasarte Oliden, a cara descubierta y acompañado por una terrorista que le dio cobertura, asesinaba de un tiro en la nuca al empresario guipuzcoano JOSÉ MANUEL OLARTE URREIZTI mientras jugaba a las cartas con un grupo de amigos en la sociedad gastronómica La Unión Artesana, en la parte vieja de San Sebastián. Herido de muerte, José Manuel fallecía poco antes de las dos de la madrugada en el Hospital Nuestra Señora de Aránzazu.

Según el relato de Lasarte Oliden en su declaración ante el juez Garzón en marzo de 1996, él se encontró con Olarte de forma casual, cuando acudió a tomar café al establecimiento donde estaba el empresario con sus amigos, después de haber celebrado el cumpleaños de su padre. Al verle, el asesino se fue a su domicilio, muy cerca de la sociedad gastronómica, cogió una pistola de tiro olímpico que había comprado en Hendaya (Francia) y regresó al local para tirotear a José Manuel. Durante su declaración judicial, confesó que no había recibido ninguna orden de la dirección de la banda, sino que lo hizo motu proprio. A la una de la madrugada, Lasarte se acercó por la espalda a José Manuel Olarte, conocido en determinado ambientes como Plomos y Pistolas, y le disparó un único disparo en la nuca. A continuación, huyó del lugar junto a la terrorista que le dio cobertura.

La sociedad gastronómica La Unión Artesana, donde se cometió el atentado, se encuentra a unos trescientos metros de la sociedad gastronómica Gaztelupe, donde el 19 de enero de 1993 fue asesinado el exfutbolista y empresario José Antonio Santamaría Vaqueriza, en un atentado muy similar: un tiro en la nuca disparado por Valentín Lasarte mientras cenaba con sus amigos con motivo de la Tamborrada que daba inicio a las fiestas patronales de San Sebastián.

José Antonio Santamaría y José Manuel Olarte habían aparecido en un informe de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de San Sebastián, conocido como 'Informe Navajas', como personas clave de supuestas redes de contrabando y narcotráfico de Guipúzcoa. Parte de su contenido fue desvelado en 1989 en Diario 16 y, posteriormente, por el diario Egin. El abogado de ambos empresarios, Fernando Múgica Herzog, fue también asesinado por ETA en febrero de 1996, con participación, una vez más, del etarra Valentín Lasarte Oliden.

El llamado 'Informe Navajas', elaborado por el fiscal Luis Navajas, revelaba supuestas implicaciones de empresarios guipuzcoanos y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el contrabando y el tráfico de drogas. De Olarte se indicaba que era el encargado de "tener los contactos con los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a los que se controla, así como de cobrar todas las cantidades que van destinadas a aquellos". En el informe se decía también que dependía directamente de José Antonio Santamaría. Publicado por primera vez en Diario 16, las acusaciones de la Fiscalía nunca llegaron a concretarse en cargo alguno contra José Manuel Olarte, que incluso había ganado una demanda contra El Independiente por calificarle de "confidente y narcotraficante" en un artículo en 1990, tal y como comunicó Múgica Herzog a El Mundo al día siguiente del asesinato de su cliente.

Desde que se hizo público el informe, fragmentos del mismo fueron difundidos en varias ocasiones por el diario Egin. Además, Olarte Urreizti apareció también citado en el libro La red Galindo, de José Benigno Rei Rodríguez, conocido como Pepe Rei, jefe del equipo de investigación del diario proetarra. Según los datos facilitados en dicho libro, Olarte estaba en paradero desconocido tras el atentado que costó la vida al exjugador de la Real Sociedad, José Antonio Santamaría, y había sido investigado ya a raíz de la desaparición de una parte del alijo de una tonelada de cocaína aprehendido en Irún en el mes de mayo de 1988. Pepe Rei, que citaba en su informe investigaciones realizadas por agentes anticorrupción de la Guardia Civil, señalaba en su libro que Olarte "valiéndose de su condición de confidente de altos vuelos, operaba en droga y tenía establecidos sólidos contactos, incluso con Colombia".

Igual que Santamaría, Olarte estaba condenado a muerte por todas esas informaciones aparecidas en periódicos y libros. El gobernador civil de Guipúzcoa, José María Gurruchaga, señaló a El País que la víctima había sido informada personalmente, tres meses antes de su asesinato, de que ETA tenía detallada información sobre sus movimientos. Por otra parte, su nombre apareció por vez primera en papeles de ETA en 1982, antes del 'Informe Navajas', y posteriormente en agosto de 1991 en la documentación intervenida al grupo Ipar Haizea de ETA, lo que le llevó a solicitar licencia de armas.

Para Santamaría y para Olarte la justicia llegó tarde. El juicio por Santamaría se celebró en abril de 1994 en la Audiencia Provincial de San Sebastián. El juez Luis Blázquez criticó en su sentencia "la escasa prueba acusatoria" aportada por el Ministerio Fiscal, impidiendo dar por válidas sus conclusiones y no condenando a Santamaría. Hacía un año y tres meses que había sido asesinado. En el caso de Olarte, las diligencias abiertas contra él en 1991 en el juzgado número 1 de San Sebastián, fueron posteriormente archivadas.

El asesinato suscitó una oleada de condenas y la bandera de San Sebastián ondeó a media asta en el Ayuntamiento. La patronal guipuzcoana Adegi declaró que "una vez más quienes se autoproclaman jueces y verdugos no dudan en matar y difundir el terror".

Herri Batasuna, por su parte, atribuyó el asesinato "a la espiral de violencia alimentada por el Estado español" y su portavoz Floren Aoiz afirmó: "Hay mucho narcotraficante en la calle protegido por el Gobierno".

En 1997 la Audiencia Nacional condenó a 29 años de reclusión mayor a Valentín Lasarte Oliden por el asesinato de Olarte Urreizti.

José Manuel Olarte Urreizti tenía 42 años y estaba soltero. Fue aspirante a ertzaina, pero no llegó a superar las pruebas. Su funeral se celebró en la Iglesia de San Vicente, con la asistencia, entre otros, del entonces alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, y otros concejales del Ayuntamiento, además de representantes del Gobierno vasco. Tras el acto religioso, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Polloe con la asistencia de una veintena de familiares y amigos, entre los que se encontraba su novia.

Ignacio Mateu y Adrián González, guardias civiles, e Isidro Usabiaga, empresario

26 de Julio de 2011 - 09:10:02 - M.J. Grech

Sobre las ocho de la mañana del 26 de julio de 1986, la banda terrorista ETA asesinaba en Arechavaleta (Guipúzcoa) al teniente de la Guardia Civil IGNACIO MATEU ISTÚRIZ y al agente ADRIÁN GONZÁLEZ REVILLA, mediante una bomba-trampa oculta entre la hierba en un campo próximo a la localidad guipuzcoana.

Esa madrugada miembros de la banda habían lanzado dos granadas anticarro de carga hueca contra la casa-cuartel de la Guardia Civil en Arechavaleta, que no causaron ni daños personales ni materiales. La primera, lanzada a las 6:40 horas, quedó a una distancia de unos cincuenta metros del cuartel. Miembros de los Grupos Antiterroristas Rurales (GAR) del Instituto Armado acudieron a la zona a inspeccionar los alrededores y poco después encontraron, a una distancia de doscientos metros, la segunda de las granadas. Cuando inspeccionaban una zona de campo próxima al cuartel, estalló la bomba-trampa que alcanzó de lleno al guardia primero Adrián González y al teniente Ignacio Mateu. El primero falleció en el acto, pues la bomba le destrozó la cabeza. El teniente Mateu fue trasladado urgentemente en ambulancia al Hospital Ortiz de Zárate de Vitoria, pero no llegó a tiempo, falleciendo durante el trayecto al centro sanitario.

Horas antes de producirse estos atentados contra el cuartel de Arechavaleta, el cuartel de la Guardia Civil de Ordicia también fue objeto de otra acción terrorista que causó tres heridos leves que fueron atendidos en el mismo cuartel sin necesidad de que fuesen trasladados a ningún centro hospitalario. Una de las granadas penetró en un pabellón deshabitado que se encuentra en las proximidades del edificio, la segunda fue arrojada al patio del acuartelamiento, y las otras dos cayeron en un campo próximo.

Los funerales el teniente Mateu y el agente González se celebraron a las diez de la mañana del día siguiente en la base de los Grupos Antiterroristas Rurales en Logroño, donde quedó instalada la capilla ardiente.

El 9 de febrero de 2004 fue detenido en el sur de Francia el etarra Luis Enrique Gárate Galarza, alias Zorro, que participó presuntamente en el atentado en el que murieron el teniente Ignacio Mateu Istúriz y el guardia civil Adrián González Revilla. Condenado a 15 años en Francia, fue entregado temporalmente a España en marzo de 2010 para ser juzgado por diversos atentados cometidos en los años ochenta.

Adrián González Revilla había nacido en Cillamayor (Palencia) el 23 de noviembre de 1957, por lo que tenía 29 años cuando fue asesinado. Desde cinco años antes pertenecía a la Guardia Civil, cuatro de ellos en los GAR. Pertenecía, igual que su superior el teniente Mateu, al cuartel de los GAR de Logroño. Sus restos mortales fueron inhumados en Palencia.

 

Ignacio Mateu Istúriz, de 27 años y natural de Madrid, estaba soltero. Ingresó en la Guardia Civil en 1981, y desde tres años antes servía en los Grupos Antiterroristas Rurales, encuadrado en la unidad de Logroño. El teniente Mateu era uno de los siete hijos del magistrado suplente del Tribunal Supremo y último presidente del Tribunal de Orden Público, José Francisco Mateu Cánoves, asesinado a tiros por ETA el 16 de noviembre de 1978. El padre, que estaba amenazado por la banda desde antes de ser asesinado, le aconsejó que se alistara en otro cuerpo de las Fuerzas Armadas cuando Ignacio le comunicó que quería incorporarse a la Guardia Civil, porque "con uno en la familia que esté amenazado ya es suficiente" (ABC, 27/07/1986). Por no contradecirle, ingresó en la Academia Militar de Zaragoza. Tras el asesinato del padre, solicitó una gracia especial al rey Juan Carlos, que le fue otorgada: pidió su traslado a la Guardia Civil y lo enviaron al País Vasco. El mismo día de su asesinato, el teniente Mateu había preparado todo para trasladarse a Madrid, donde tenía previsto realizar un curso de idiomas durante dos años, causando baja temporal en el País Vasco, pero al enterarse del ataque con granadas a los cuarteles de la Guardia Civil, Mateu aplazó el viaje. El diario ABC contó que,  el mismo día del asesinato, la familia Mateu hizo pública una nota en la que pedía que no hubiera representación de autoridades públicas durante la celebración de las exequias, y que sobre el féretro se pusiera una bandera de España sin escudo, porque ninguno representaba "la concordia nacional".

Su hermano Jaime habló recientemente a propósito de la lucha contra el terrorismo:

La situación actual es muy mala. Lo que hay que hacer con los terroristas es ejercer presión policial y si en algún momento los etarras quisieran entablar algún tipo de diálogo, lo primero que tenían que hacer es ponerse en fila con todo su armamento. Y decir señores, aquí estamos y además venimos a pedir perdón a las víctimas. Yo personalmente no lo aceptaría. Yo ni perdono ni olvido, me debato entre mis firmes creencias religiosas, tendría que perdonar, pero no. Vivo sin odio y sin rencor, pero no perdono. Desearía que se planteara la cadena perpetua, porque hay supuestos asesinos, como el de mi padre, Henri Parot, que se deben pudrir en la cárcel porque estas personas son irrecuperables para la sociedad. Y rechazo todas las conversaciones que se han mantenido con los terroristas. Aquí tiene que haber unos ganadores y unos perdedores. Y entendemos que los perdedores tienen que ser los malos, los que asesinan. Por eso ahora mismo la situación es vergonzosa (El Norte de Castilla, 31/03/2011).

 

Alrededor de las 4:30 horas de la madrugada del viernes 26 de julio de 1996, la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Villafranca de Ordicia al empresario ISIDRO USABIAGA ESNAOLA, tras ser chantajeado, amenazado y acosado durante tres años por ETA y los proetarras. El empresario fue tiroteado cuando regresaba a su casa después de haber estado cenando en la sociedad gastronómica a la que asistía con asiduidad para celebrar las fiestas patronales de la localidad. Su asesinato se produjo tres meses después de la liberación del empresario José María Aldaya en abril de 1996, tras permanecer secuestrado por la banda desde mayo del año anterior.

Esa noche, Isidro Usabiaga se despidió de sus amigos pasadas las cuatro de la madrugada. La Policía sospecha que los autores del atentado siguieron al industrial durante buena parte de la noche, buscando el momento propicio para asesinarlo. Alrededor de las cuatro y media de la madrugada, cuando estaba en la calle Filipineta, se produjo el asesinato, a escasos metros de un local juvenil frecuentado por simpatizantes de Herri Batasuna y a unos cincuenta metros de su domicilio. El empresario recibió cinco impactos de bala -uno de ellos en la parte posterior de la cabeza, tres en el pecho y un quinto en la pierna-, que le provocaron la muerte prácticamente de forma instantánea. La Ertzaintza recogió cinco casquillos del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF, en el lugar donde cayó abatido el industrial.

No hubo testigos presenciales y el empresario estuvo tirado en la calle hasta que un vecino descubrió su cuerpo tendido en el suelo en mitad de un gran charco de sangre, pero aún con vida, cuando faltaban pocos minutos para las cinco de la madrugada. Una ambulancia lo trasladó al ambulatorio de la localidad de Beasain, pero murió durante el trayecto.

Instantes después del asesinato, se produjo un ataque contra la oficina de seguros que regentaba en la localidad la cuñada de la víctima, casada con Juan Lorenzo, un hermano de Isidro. Unos desconocidos rompieron con un tronco los cristales del local. Era la tercera vez que la agencia sufría ataques de los proetarras. El 25 de marzo, en uno de esos ataques, Juan Lorenzo Usabiaga fue agredido con cócteles molotov por unos encapuchados cuando se enfrentó a ellos para evitar que quemaran el local que regentaba su esposa.

La familia Usabiaga había sufrido desde 1993 la presión de la banda terrorista que les exigía el pago del chantaje económico conocido como impuesto revolucionario. La banda les exigía pagar 60 millones de pesetas, a lo que Isidro se negaba, "aunque lo matasen". Sin embargo llegó a abonar 10 millones a la red de extorsión que dirigía Carlos Almorza Arrieta, alias Pedrito de Andoain, desarticulada por la Ertzaintza en agosto de 1993, en una operación en la que se recuperó el dinero. Según la Consejería de Interior, Usabiaga no colaboró con la Policía autónoma en la desarticulación de esta red de extorsión de ETA. Interior sostiene que el empresario entregó al menos 10 millones a los terroristas e insertó publicidad en el diario Egin, lo que a su juicio era una forma encubierta de pagar a la banda la extorsión económica. En la misma nota, la Consejería de Interior condenaba la acción criminal y señalaba que el asesinato del empresario dejaba claro que "el pago a ETA no evita el riesgo de atentado". Lo cierto es que la operación grabada por la Ertzaintza contribuyó a desarticular la red de extorsión de la banda y que, desde entonces, su familia fue acosada por ETA y su entorno. Vecinos de Ordicia comentaron que "la gente de la izquierda abertzale la tenía tomada con la familia Usabiaga".

Según fuentes policiales, era la segunda vez que ETA había intentado asesinar a Isidro Usabiaga. Una semana antes, dos individuos robaron un coche a punta de pistola y obligaron al propietario a conducir hasta una zona próxima al domicilio del empresario conocida como Los Chalés. Algún problema hizo que la banda desistiera de atentar ese día y, tras dejar a los propietarios del vehículo atados a un árbol, abandonaron el coche en una calle de Ordicia.

En 2003 la Audiencia Nacional condenó a Carlos Almorza Arrieta, Pedrito de Andoain, a 4 años de reclusión menor por las amenazas vertidas contra Usabiaga en julio de 1993 para que pagase el chantaje económico exigido por la banda terrorista. En una de las conversaciones telefónicas que el empresario mantuvo con los terroristas amenazaron también a su hijo, y le dijeron que "al chaval igual le damos un susto". Almorza Arrieta dirigía desde Francia a un grupo de miembros de ETA que se encargaban de extorsionar a empresarios en el País Vasco. En el año 2004, Pedrito de Andoain firmó, junto a Francisco Múgica Garmendia y otros cuatro presos de ETA, un escrito en el que pedía el abandono de las armas y el fin de la violencia. Por este motivo, la dirección de la organización terrorista lo suspendió de militancia en ETA el 9 de julio de 2005, al igual que hizo con el resto de los críticos. Almorza salió de prisión en diciembre de 2008.

Con el asesinato a tiros de Isidro Usabiaga eran ya once los empresarios asesinados por ETA por negarse a ceder al chantaje económico, y muchos más los que habían sufrido acoso y amenazas, provocando su exilio fuera del País Vasco. El primer atentado por este motivo fue cometido el 2 de noviembre de 1978 contra el industrial irunés José Luis Legasa Ubiría, en lo que sería el debut de la criminal carrera del sanguinario Henri Parot. Previamente, en 1976 Legasa Ubiría había denunciado a la Policía francesa el intento de extorsión al que le tenía sometido ETA. Gracias a esta denuncia, fue detenido Javier Aya Zulaica, alias Trepa, y condenado a tres años de cárcel por el Tribunal de Bayona. ETA no perdonó esa denuncia y dos años después asesinó a José Luis Legasa.

Siete años antes del asesinato de Usabiaga se había creado la Fundación Goierriko Herrien Ekintza (Acción de los Pueblos del Goierri), que agrupaba a los empresarios y ayuntamientos de la comarca, con el objetivo de defenderse del chantaje terrorista y de desafiar a la banda negándose a abandonar el País Vasco y a pagar la extorsión exigida por ETA. Un mes antes, la banda había intentado asesinar a otro empresario, José María Ruiz de Urchegui, secretario general de la patronal guipuzcoana Adegui. Ruiz de Urchegui se encontraba fuera de España en esos momentos, pero la bomba-lapa colocada en su coche amputó las piernas a su primo, Santiago Leceta, empleado de la patronal, e hirió a otros dos trabajadores. En agosto de 2000 ETA asesinaría al presidente de Adegui, José María Korta Uranga.

Todos los partidos del Ayuntamiento de Ordicia, con excepción de Herri Batasuna, aprobaron en un pleno extraordinario el mismo día del asesinato de Usabiaga una moción de censura en la que expresaron su "más enérgica condena y repulsa" por el asesinato de Isidro Usabiaga. "No consideramos casualidad que mientras este hombre yacía en el suelo otros intereses de la familia fueran atacados por enésima vez (...) Con el asesinato de Isidro han arrancado un pedazo del corazón de Ordizia". El asesinato "ha sido el resultado de una campaña de acoso y derribo" contra un hombre que "lo único que ha hecho ha sido trabajar por Ordizia y decir ‘no’ al impuesto revolucionario", señalaba el escrito aprobado. Los dos concejales de HB - el tercero, Josu Aierbe, estaba en esos momentos encarcelado- acudieron al Ayuntamiento escoltados por militantes de HB que portaban pegatinas con el lema Euskal Herria Askatu (País Vasco libre). Los batasunos rechazaron la moción apelando a la pretendida "guerra entre el pueblo vasco y el Estado español", en un discurso ridículo, como todos los suyos, pero que sonó aún más esperpéntico y ridículo cuando acababan de asesinar a un vasco de pura cepa. El Ayuntamiento pidió, además, a los vecinos que colocasen sábanas con crespones negros en sus casas y se sumasen a la manifestación convocada por Gesto por la Paz.

Isidro Usabiaga Esnaola, nacido en Villafranca de Ordicia, tenía 52 años y tres hijos. Era el más emprendedor de una familia de siete hermanos que había creado con ellos un complejo empresarial con actividades en diversos sectores, como la construcción, el transporte o los seguros. Comenzó sus actividades empresariales con un almacén de piensos y después puso en marcha una empresa de grúas y transportes especiales. Además, estaba muy implicado en actividades sociales en la zona y, siguiendo los pasos de su padre, era bombero voluntario en Ordicia. Un día después del asesinato de su hermano, Belén Usabiaga dijo sentirse "impotente" pero aseguró que no iban a echarles del País Vasco: "Vamos a seguir aquí, en Euskadi, luchando con más fuerza que nunca".

Isidro Usabiaga fue la quinta y última víctima mortal del año 1996, tras Fernando Múgica Herzog, Francisco Tomás y Valiente, el ertzaina Ramón Doral Trabadelo y el sargento del Ejército Miguel Ángel Ayllón Díaz-González.

Félix Galíndez, comercial de Amurrio, y Juan Rodríguez, policía municipal de Lequeitio

25 de Julio de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

Poco antes de las diez de la mañana del 25 de julio de 1981, la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en la localidad alavesa de Amurrio al comercial FÉLIX GALÍNDEZ LLANO, dedicado a la compraventa de pisos.

Dos etarras se presentaron en la puerta de la Pensión Ochoa, donde residía Félix desde hacía muchos años, haciendo sonar insistentemente el timbre del portal. El propio Félix bajó a abrir en pijama. Nada más aparecer en el umbral, los desconocidos le dispararon a bocajarro sin que mediase palabra entre ellos. Vecinos de la zona aseguraron haber escuchado cuatro disparos, aunque sólo uno de ellos alcanzó a la víctima. En el lugar de los hechos, la Guardia Civil recogió un casquillo de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF.

Los etarras emprendieron la huida a bordo de un Ford Fiesta, matrícula de Bilbao, donde les esperaba un tercer terrorista. El vehículo había sido robado a punta de pistola a primera hora de la mañana en la vecina localidad de Arrigorriaga. Su propietario fue encontrado a media mañana por un buscador de setas, atado a un árbol en un monte del municipio de Orozco. Horas después, la Guardia Civil localizó el coche en Astigarraga.

Una de las primeras personas que acudió al lugar de los hechos fue un hermano de la víctima, Sixto, misionero en Filipinas que había llegado unos días antes para pasar unas vacaciones con sus familiares en el País Vasco. El sacerdote, de la orden de los Capuchinos, administró la extremaunción a Félix. Cuatro años después, el 26 de junio de 1985, la banda terrorista asesinaría a su hermano Estanislao, el cartero de Amurrio.

La banda terrorista ETA reivindicó el asesinato de Félix y ese mismo día aparecieron en Amurrio unas octavillas en las que, bajo la acusación de ser informadores de la Policía, se amenazaba de muerte a cuatro vecinos del pueblo, entre los que figuraban los hermanos Galíndez.

Sin embargo, los vecinos no dieron crédito a estas acusaciones y especularon con la posibilidad de que hubiera sido un error. La parroquia de Santa María de Amurrio se llenó completamente durante la celebración del funeral el domingo 26 de julio. Entre los asistentes, además de familiares y amigos, se encontraba el Ayuntamiento en pleno, varios parlamentarios y diputados vascos y representantes de diferentes partidos políticos.

El Ayuntamiento de Amurrio, cuyas banderas ondearon a media asta, expresó por unanimidad "su condena más rigurosa contra este nuevo acto de violencia en la vida de un ciudadano y, en definitiva, contra todo nuestro pueblo".

Félix Galíndez Llano, de 54 años, estaba soltero y era natural de Amurrio. Había estado empleado anteriormente en la empresa Orfebrerías Alavesas. Por motivos de salud, dejó ese empleo siete años antes de ser asesinado, dedicándose desde entonces a la compraventa de pisos y lonjas en una inmobiliaria. La víctima comía cada día en el Bar Torrejón y pernoctaba en la Pensión Ochoa desde treinta años antes. Estaba considerado por sus vecinos como "un solterón solitario y un tanto huraño", pero que "no estaba metido en política". La propietaria de la pensión explicó que ella tenía la costumbre de abrir siempre la puerta, pero que en esta ocasión estaba atareada en la cocina, por lo que fue Félix quien lo hizo. "No entiendo quién ha podido matar a Félix. Es incomprensible, porque nunca se había metido en ningún problema". El otro inquilino de la pensión, que se encontraba en aquellos momentos en el salón, manifestó que escuchó los disparos y que, al asomarse a la puerta, comprobó que Félix estaba mortalmente herido. "A continuación me asomé a la ventana y vi a dos jóvenes que se montaron en un coche Ford Fiesta en el que huyeron".

Minutos antes de las dos de la tarde del 25 de julio de 1984, la banda terrorista ETA asesinaba en Lequeitio (Vizcaya) de un tiro en la nuca al policía municipal JUAN RODRÍGUEZ ROSALES.

El atentado se produjo cuando Juan Rodríguez se dirigía a pie desde su domicilio, situado a escasos metros del Ayuntamiento, hasta el cuartel de la Policía Municipal para cubrir su servicio de vigilancia en la Casa Consistorial. El agente vestía de uniforme –pantalón azul marino y camisa azul clara-, pero iba desarmado. Dos etarras, un hombre y una mujer, le esperaban a escasos metros del Ayuntamiento, donde se encontraba el puesto de la Policía Municipal. Uno de ellos se le acercó por la espalda y realizó un solo disparo en la nuca, con salida por la frente, que le provocó la muerte en el acto. Los pistoleros de la banda llevaban un rato esperando su llegada al Ayuntamiento, ya que el relevo de la guardia se producía exactamente a las 14:00 horas. En el lugar donde fue asesinado se recogió un casquillo de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca FN.

En el interior del Ayuntamiento se encontraban, en esos momentos, los dos funcionarios que debían ser relevados en su turno. Oyeron la detonación, pero pensaron que era un petardo, hasta que dos jóvenes les avisaron de que su compañero se encontraba sangrando en el suelo. "No creo que estuviera amenazado", declaró un compañero de Juan, que añadió que "era una persona sencilla, como nosotros, que chiquiteaba y no guardaba ningún tipo de precaución".

La primera señal de protesta por el atentado la protagonizó la banda municipal de Lequeitio, que solía actuar los días festivos en la plaza del pueblo, y suspendió inmediatamente su sesión musical.

Una de sus hijas, María, recordó el asesinato de su padre en Olvidados, el libro de Iñaki Arteta y Alfonso Galletero (Adhara, 2006):

"Han pasado muchos años, pero cada vez que oigo que, desde el Parlamento Vasco o desde otras instancias, se piden medidas de humanización para los presos etarras me entra una rabia y una angustia que me parece que voy a reventar. Porque ellos están en la cárcel pero están vivos, pueden ver a sus hijos, pueden ver a sus mujeres... pero yo, desde aquel fatídico 25 de julio a las 14:00 del año 1984 no he podido ver a mi padre, no he podido recibir un beso de mi padre, no he podido hablar con mi padre, no he podido estar nunca más con él (...) Mi padre nació en un pueblo de la provincia de Jaén, Valdepeñas de Jaén, pero se trasladó al País Vasco en lo que hoy conocemos como años de la emigración. Buscaba, como todos, un trabajo mejor y una vida mejor de la que tenía aquí, en Andalucía. En Lequeitio, que fue donde recaló, trabajó en todo aquello que pudo, en un taller mecánico, luego en la construcción y, por último, optó por ser policía municipal del pueblo. A petición del Ayuntamiento tenía que combinar su trabajo con el de conductor de la ambulancia del pueblo. Cerca de donde vivíamos, un poco por debajo, estaba el cuartel de la Guardia Civil. Mi padre tenía buena relación con ellos. Hay que tener en cuenta que muchos de ellos eran andaluces y a mi padre siempre le gustó darles un poco de apoyo, que no se sintieran tan solos. A través de mi padre fui conociéndolos yo también y terminé enamorándome de uno de ellos, el que hoy es mi marido. Y fue a partir de ese momento, del momento en que empiezo a salir con un guardia civil, cuando comienzo a sentir que se producen cambios a mi alrededor. No entre mis buenas amigas, pero sí entre otras menos cercanas, que habían sido compañeras mías durante el instituto. Empezó a haber gente que me retiró el saludo (...) El día que mataron a mi padre yo estaba en mi casa de Vitoria. (...) Eran las 14:00 o así. Siempre he sospechado, y no hay quien me convenza de lo contrario, que lo tenían fichado, que hubo un chivatazo de alguien que lo conocía, porque aquel día mi padre había cambiado de turno con un compañero. Sólo los muy cercanos sabían ese detalle y los etarras que lo mataron lo conocían. A la salida de casa, -nosotros vivíamos cerca de donde se encontraba el cuartelillo de la Policía Municipal-, por la acera por la que mi padre bajaba, lo estaba esperando José Félix Zabarte y en el extremo de la acera, junto al bordillo y haciendo como que se ataba unas zapatillas, Carmen Guisasola. Mi padre pasó por la acera por entre los dos y, al pasar, Carmen Guisasola se levantó, sacó una pistola y le disparó un tiro en la nuca. Mi madre, desde su casa, sintió el disparo. (...) Mi madre se marchó de allí porque era incapaz de pasar cada día por el lugar en el que mi padre había caído muerto. No podía superarlo. (...) Lo que yo quiero es que se haga justicia, que los terroristas paguen sus penas, que no se les perdone un minuto de cárcel, que no se olvide a nuestros muertos y que se reconozca el sufrimiento y el sacrificio de las víctimas. Eso es lo que yo quiero".

En 1986 la Audiencia Nacional condenó a José Félix Zabarte Jainaga, miembro del grupo Vizcaya de ETA, a 29 años de cárcel. En 2002 fue condenada a la misma pena María del Carmen Guisasola Solozabal.

Juan Rodríguez Rosales, de 48 años, era natural de la localidad andaluza de Valdepeñas de Jaén (Jaén), estaba casado y tenía tres hijas. Pertenecía al cuerpo de la Policía Municipal desde el año 1969 y,  anteriormente, había trabajado en un garaje y en una serrería. El gobernador civil de Jaén telefoneó tras el atentado a la familia de la víctima para interesarse personalmente y manifestarles su pésame por la pérdida. Numerosos vecinos acudieron esa misma tarde al domicilio de la víctima, donde se instaló la capilla ardiente, para manifestar su más enérgica repulsa. Un familiar del policía municipal señaló que se trataba de una persona muy querida en el pueblo. "Fíjese hasta qué punto, que nosotros queremos llevarle a Jaén para enterrarlo allí y los de Lequeitio quieren que se hagan aquí todos los oficios religiosos", dijo.

Ramiro Salazar Suero, propietario de un taller, asesinado por ETA en Vitoria

23 de Julio de 2011 - 09:10:02 - M.J. Grech

Alrededor de las nueve y media de la mañana del 23 de julio de 1983, la banda terrorista ETA asesinaba en Vitoria al empresario RAMIRO SALAZAR SUERO, propietario de un taller de compraventa de vehículos. Dos pistoleros a cara descubierta le dispararon en la nuca cuando se disponía a abrir el establecimiento en la avenida de los Pinos de la capital alavesa. Los etarras llevaban un rato merodeando por la zona, esperando la llegada de Ramiro, lo siguieron y lo abordaron por la espalda, disparándole sin que tuviese tiempo de reaccionar. Los terroristas emprendieron la huida a pie, en dirección al centro de la ciudad.

La víctima, socorrida en primer término por un cabo de la Cruz Roja, tenía una herida de bala en la sien izquierda, que le había dejado gravemente herido. El cabo, que pasaba casualmente por el lugar, detuvo su vehículo al oír el disparo y solicitó ayuda a una dotación de la Policía Nacional para introducirlo en el vehículo de la Cruz Roja. Ramiro fue trasladado al Hospital General Santiago Apóstol, donde ingresó a las diez de la mañana en situación de coma y con parada cardiaca. Estuvo tres horas debatiéndose entre la vida y la muerte. Quince minutos antes de la una del mediodía, el empresario falleció sin que los médicos que le atendían pudieran hacer nada por salvar su vida.

En el lugar de los hechos se recogió posteriormente un casquillo del calibre 9 milímetros parabellum, marca FN. Pocas horas después, ETA asumió la autoría del asesinato mediante una llamada al diario Egin.

En 1993 la Audiencia Nacional condenó a Ignacio Pujana Alberdi, miembro del grupo Totorramendi de ETA, a 28 años de reclusión mayor por el asesinato de Ramiro Salazar. Las Fuerzas de Seguridad atribuyen a Luis Enrique Gárate Galarza, alias Zorro, su presunta participación en este atentado. El etarra fue detenido en el suroeste de Francia el 9 de febrero de 2004, después de tratar de eludir un control de aduanas en la localidad de Cognac, a unos cien kilómetros de Burdeos, cuando transportaba una furgoneta cargada de explosivos y armas junto a Ibon Elorrieta Sanz. Gárate Galarza fue condenado a 15 años en Francia, y en marzo de 2010 fue entregado temporalmente a España para ser juzgado por su participación en diversos atentados cometidos en los años ochenta, varios de los cuales se saldaron con asesinatos.

Ramiro Salazar Suero, de 35 años de edad, era natural de Urbina (Álava), localidad próxima a Vitoria. Propietario de la empresa Automóviles Salazar, estaba casado y tenía dos hijos. Su esposa se encontraba en avanzado estado de gestación en el momento del atentado. Ramiro Salazar no había tenido, al parecer, ningún problema laboral ni se le conocían actividades políticas. Sin embargo, en el mes de abril unos desconocidos rompieron los cristales de su establecimiento por lo que Ramiro presentó la correspondiente denuncia en comisaría. Aunque en un principio el negocio estaba destinado a la compraventa de automóviles, el propietario había obtenido poco antes de su asesinato la autorización de venta de coches de varias marcas extranjeras.

Francisco López Bescos, guardia civil, y una víctima del atentado contra Aznar

22 de Julio de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El 22 de julio de 1980 la banda terrorista ETA asesinaba en Villamediana (La Rioja) al teniente de la Guardia Civil FRANCISCO LÓPEZ BESCOS, al hacer estallar varias cargas explosivas al paso de un convoy de tres autobuses con ciento veinte guardias civiles procedentes de Andalucía y Cataluña.

En aquellos años la Guardia Civil solía concentrar en La Rioja a agentes procedentes de varias comandancias que, tras unos días de adiestramiento, eran enviados al País Vasco para reforzar la lucha contra el terrorismo. Ese día los guardias civiles iban a realizar prácticas en un tramo en construcción y fuera de servicio de la autopista Bilbao-Zaragoza, y estaban siendo trasladados en tres autobuses desde Logroño. Para acceder desde el camino de obra paralelo al puente de la A-68, la autopista del Ebro por entonces en construcción, había una pequeña rampa que obligaba a los vehículos a reducir la velocidad. Esta lentitud obligada había sido observada por los terroristas varios días antes como una circunstancia que permitiría atacar a un objetivo fácil, casi inmóvil. Era la quinta salida que hacía el convoy a ese mismo lugar para realizar las prácticas, y todo estaba preparado para un asesinato en masa.

El convoy apenas había recorrido tres kilómetros desde Logroño hasta Villamediana por la carretera local 601. Antes de tomar el llamado Camino Real junto a una fábrica de yesos y escayolas en el paraje de Santa María, miembros de la banda terrorista ETA activaron por control remoto las diez cargas que habían ocultado la noche anterior.

Sobre por qué no estallaron los diez artefactos hay dos versiones. La oficial señaló que se había producido un fallo en la activación de los mecanismos. Sin embargo, José, uno de los guardias civiles que iba en el convoy, recuerda nítidamente lo que sucedió ese día: "eran tres autobuses los que íbamos a hacer las prácticas, y un Land Rover por delante haciendo de escolta. Un autobús con trabajadores que construían aquella autopista se coló entre los autobuses antes de que los etarras accionaran la bomba". En opinión de este guardia civil, natural de Albolote, los etarras observaron esta coyuntura desde la distancia y decidieron no explosionar la mitad de las bombas para no afectar al vehículo de trabajadores. "Yo iba en uno de dos primeros autobuses que atravesaron la vía de servicio, luego pasó el de los trabajadores, y fue al paso del tercer autobús cuando explotaron los tres artefactos que alcanzaron de lleno al vehículo". Y añade: "querían matar a miembros del cuerpo y no a civiles". "Tras la explosión hubo un gran tumulto, ruido de voces, gritos, imagínate... algunos agentes salieron a ver si veían a alguien en los alrededores del lugar del atentado, pero no encontraron a nadie", recuerda José (testimonio recogido por Francisco J. Navarro en el blog Las palabras no caen en el vacío, 10/08/2008).

Las explosiones alcanzaron al autobús que circulaba en último lugar. La onda expansiva y la metralla hirieron de gravedad al teniente Francisco López Bescos y a otros treinta y seis miembros de la Guardia Civil. El teniente fue trasladado inmediatamente a la Clínica Clavijo de Logroño, donde falleció minutos después de ingresar. Del resto de guardias civiles, dos de ellos resultaron heridos de gravedad: el sargento primero Rafael Ruiz Ruiz y el agente Sebastián Fernández Macías. El resto fue distribuido entre diversos centros sanitarios de Logroño y algunos fueron trasladados a Zaragoza para ser intervenidos quirúrgicamente. Son los cabos primeros Francisco Méndez Pérez, Juan Molina Lara, Antonio Román Acebedo y Santiago Moriches Cintas; y los guardias civiles Tomás Parra Baena, Antonio Ruiz Peña, Jesús Cabello Sánchez, Antonio Muñoz López, Joaquín Lago Chica, Francisco Terrón Moreno, Francisco Valenzuela, Elías Romero Huerta, Fernando Gordillo Morales, Antonio Ruiz Peñas, Manuel Rengel Borrego, Santos Valseca Fernández, Miguel Pazo Majaron, Francisco Mata Camuñas, Manuel López González, Manuel Jiménez Gómez, Teodoro Cabana Lavera, Alfonso Rabadán Rodríguez, Jesús López Cruz, Bonifacio Bas Muñoz Hierro, Rafael Ocaña Pérez, Rafael Santana Cozar, José Alcázar Eslava, Antonio Romero Díaz, Rafael Heredia García, José Pérez Cabezas, Miguel Infante Luque y Andrés Sevilla.

Las diez cargas explosivas estaban colocadas a una distancia de cincuenta metros cada una, ocultas bajo tierra y piedras en un talud lateral junto al camino de obra que debían tomar antes de llegar a la autopista donde iban a realizar las prácticas de control de carretera. Cada una de las cargas explosivas estaba compuesta por cinco kilos de Goma 2 y amonal, más abundante metralla formada por tuercas, tornillos de gran volumen y piezas de hierro. En total fueron accionadas a distancia tres de las cargas que sumaban aproximadamente 15 kilos de explosivos. Las siete bombas que no llegaron a estallar fueron desactivadas posteriormente por las Fuerzas de Seguridad.

El funeral en memoria del teniente López Bescos se celebró al día siguiente, miércoles 23 de julio, en el patio de la Segunda Comandancia de la Guardia Civil de Logroño. La capilla ardiente se instaló al aire libre, donde tuvo lugar el acto religioso con la presencia de la viuda del teniente y sus cinco hijos. La nutrida representación de autoridades civiles y militares estaba encabezada por el ministro del interior, Juan José Rosón, y por el general Aramburu Topete, director de la Guardia Civil. Rosón tuvo que escuchar gritos contra su persona, que se extendieron en contra del presidente Suárez y contra la banda terrorista ETA.

Poco después, al abandonar el patio, algunos guardias gritaron "tres, sólo tres", en referencia a los meses de permanencia en comisión de servicio en el País Vasco. Los ciento veinte guardias que viajaban en el convoy atacado estaban siendo preparados para cumplir su servicio de quince meses en el País Vasco. Ese mismo día cuatro agentes solicitaron la baja en el Cuerpo y les fue aceptada inmediatamente. Hubo guardias civiles que fueron expulsados del Cuerpo por no querer ir al País Vasco. Un día después del funeral, cuatro mil personas se manifestaron en Logroño contra el terrorismo bajo el lema "Democracia, sí; Terrorismo, no". Al día siguiente por la tarde, la banda terrorista ETA reivindicó el atentado en un comunicado en el que se señalaba "que de seguir la intensa actividad policial desarrollada actualmente en el País Vasco la organización responderá, si es preciso, con fórmulas de combate desconocidas hasta ahora". La competencia propagandística entre bandas terroristas hizo que también el GRAPO, en llamada telefónica a la delegación de Logroño del diario La Gaceta del Norte, reivindicase el atentado. Sin embargo, las primeras investigaciones policiales a última hora del 22 de julio apuntaban a la banda terrorista ETA como autora del atentado, por la cantidad de explosivo utilizado, la técnica para accionarlo y la utilización de metralla con tornillos y tuercas (citado por Francisco J. Navarro en el blog Las palabras no caen en el vacío, 10/08/2008).

Apenas una semana después del atentado, el 1 de agosto de 1980, fue detenido Manuel María Pastor, quien presuntamente pasó información sobre las rutinas y movimientos de la Guardia Civil de Logroño a ETA militar. El seis de agosto de 1980, se detuvo a tres personas en Navarra. Uno de ellos, Iosu Goyeneche, cumplía en esos momentos el servicio militar en Logroño. Muy probablemente, la información para atentar salió del cuartel de Infantería de Logroño, como evoca José, el guardia civil de Albolote cuyo testimonio recoge Francisco J. Navarro en el blog citado. De los ciento veinte guardias en prácticas, un grupo estaba alojado en el Cuartel Móvil de la Guardia Civil y otro en Infantería, donde convivían los números en prácticas y los soldados que hacían la mili.

Por otra parte, "por la forma de proceder y el material utilizado" el atentado fue idea de Isidro María Garalde Bedialauneta, alias Mamarru, que se habría desplazado a Logroño con otros miembros de la banda terrorista, según se recoge en la página web de la Guardia Civil.

En 1983, la Audiencia Nacional condenó a Isidro Etxabe Urrestrilla como autor del atentado a una pena de 25 años de prisión mayor. En 1996 fue también condenado Juan Manuel Soares Gamboa a 206 años por su participación en el mismo atentado. El arrepentido Soares Gamboa declaró en la Audiencia Nacional que alquiló un piso franco en Logroño en 1980 donde alojó a un 'comando' de ETA, que preparó y ejecutó el atentado de Villamediana. Soares también facilitó a los etarras "palas para que escondieran el explosivo".

Francisco López Bescos, teniente de la Guardia Civil de 49 años, era natural de Berbegal (Huesca). Estaba casado con Pilar Fondón y tenía cinco hijos. Desde septiembre de 1975 estaba destinado en la Academia del Servicio Fiscal en Sabadell (Barcelona), donde impartía clases.

El 22 de julio de 1995 fallecía en Madrid MARGARITA GONZÁLEZ MANSILLA, después de haber permanecido en coma más de tres meses tras ser gravemente herida el 19 de abril de ese año en el atentado contra el entonces líder de la oposición y presidente del Partido Popular, José María Aznar. Ese día, horas después, murió asesinado por la explosión de una bomba-trampa el policía Eduardo López Moreno en Endarlaza (Navarra).

La víctima quedó sepultada mientras dormía por los escombros en que quedó convertida su vivienda, una casa baja situada a escasos metros del lugar donde explotó el coche-bomba, en la calle José Silva de Madrid. Su marido, Agustín Mansilla Gómez, estaba en el baño en el momento de la explosión. Eran aproximadamente las 8:05 horas cuando, al paso del vehículo de José María Aznar, hizo explosión un potentísimo coche-bomba cargado con cuarenta kilos de amosal y otros cuarenta de metralla.

La casa de Margarita y Agustín quedó prácticamente destruida. Él, atrapado hasta la cintura por los escombros, oyó cómo su mujer le llamaba en tres ocasiones tras derrumbarse la casa. Los miembros del SAMUR, que fueron los primeros en llegar, encontraron a Margarita en parada cardiorrespiratoria. Consiguieron reanimarla y la trasladaron al Hospital Ramón y Cajal, donde permaneció en coma hasta su fallecimiento el 22 de julio.

Durante su estancia en el hospital, uno de sus hijos contó, al mes siguiente del atentado, cómo te acabas acostumbrando al dolor de ver a tu madre en esa situación: "Al principio fue un auténtico drama. No sabías cuánto iba a durar, cuándo iba a morirse. Ahora, ya no te lo preguntas. Vas al hospital, acompañas a tu madre en sus últimos momentos. Sabes que en cualquier momento se te va a ir. Así nos lo han dicho los médicos: es irreversible" (El Mundo, "La víctima silenciosa").

En el atentado resultaron heridas otra veintena de personas que sufrieron quemaduras y traumatismos de diversa consideración, entre ellas el líder del PP, aunque éste de carácter leve. El potente blindaje del vehículo en el que viajaba, un Audi V8 con quinientos kilos de chapa y dos mil kilos de peso, le salvó la vida a él, al chófer y al guardaespaldas. La onda expansiva y la metralla impactaron de lleno contra la puerta del lateral en el que viajaba el dirigente del PP.

Los terroristas activaron el coche-bomba con un cable de trescientos metros de longitud, en vez de con su habitual sistema de mando a distancia por radio. Sabían que este método no les habría funcionado, porque el coche del líder del PP iba equipado con un inhibidor de frecuencias que habría interrumpido las emisiones del mando a distancia. Además del blindaje, los terroristas activaron la bomba con un ligero error de cálculo, obligados a efectuar la detonación desde un punto de la calle de José Silva que les impidió precisar el blanco.

José María Aznar fue asistido de urgencia en la Clínica Belén, en la que entró a pie. Externamente sólo presentaba ligeros rasguños en la cara. "Estoy bien, estoy bien. ¿Cómo están los míos (los agentes de su escolta)?", fueron las primeras palabras que dijo a los médicos. A continuación fue trasladado a la Clínica Ruber, de la calle de Juan Bravo, para ser sometido a una exploración neurológica exhaustiva. La clínica Belén, situada a pocos metros del lugar del atentado, fue desalojada parcialmente poco después a causa de una falsa amenaza de bomba.

La onda expansiva del coche-bomba perdió parte de su poder mortífero por ser una calle muy abierta y de edificios bajos. Una docena de automóviles aparcados en la misma sufrió graves destrozos por el incendio causado tras la explosión, así como numerosas viviendas de los alrededores, cuyos cristales saltaron hechos añicos. Un total de 37 edificios, 126 viviendas, 16 locales comerciales, oficinas y 20 vehículos resultaron dañados en el atentado. Dos de los edificios fueron declarados en ruina total.

Los dos etarras que perpetraron el atentado huyeron en un Fiat Uno con matrícula falsa a cuyo volante les esperaba un tercer terrorista. Los etarras dejaron abandonado este vehículo en un descampado de la calle de Mauricio Legendre, cerca de la estación de Chamartín, con un artefacto incendiario de 3 o 4 kilos que estalló alrededor de las nueve de la mañana, borrando todas las huellas de los terroristas.

Margarita González Mansilla tenía 69 años. Estaba casada con Agustín Mansilla Gómez, que resultó herido, y tenían un hijo, agente del Cuerpo Nacional de Policía, y una hija. Fue enterrada el 25 de julio en Puebla de Alcocer (Badajoz).

 

Un general y un teniente coronel asesinados en Madrid y un camarero asesinado en Beasain

21 de Julio de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A las ocho y media de la mañana del viernes 21 de julio de 1978, la banda terrorista ETA asesinaba a tiros al general de Brigada del Ejército, JUAN MANUEL SÁNCHEZ-RAMOS IZQUIERDO, y a su ayudante, el teniente coronel JUAN ANTONIO PÉREZ RODRÍGUEZ, enfrente del domicilio del general en la calle de Bristol del Parque de las Avenidas de Madrid. El atentado se produjo el mismo día que, con doscientos cincuenta y ocho votos a favor, dos en contra y catorce abstenciones, el Congreso de los Diputados aprobaba el proyecto del texto de la Constitución Española.

El general acababa de subir al automóvil oficial aparcado frente a su domicilio para dirigirse a su despacho en el Cuartel General del Ejército. En el asiento posterior del vehículo ya se encontraba su ayudante, el teniente coronel Pérez Rodríguez, al que, como todos los días, había recogido con anterioridad en su domicilio de la calle de Colombia el chófer del vehículo oficial, el soldado Pedro de las Heras. Cuando el conductor había cerrado la puerta trasera del vehículo aparecieron dos terroristas, un hombre y una mujer, que abrieron fuego a través de las dos ventanillas traseras sobre el general y su ayudante. El hombre disparó contra el teniente coronel y la mujer contra el general. Ambos murieron en el acto, después de haber recibido entre diez y quince impactos de bala. Poco después fueron recogidos once casquillos de bala en el lugar del atentado.

"Ya se habían metido los dos en el coche -contaba el conductor instantes después del atentado-, e iba yo a sacar la funda del banderín, cuando los vi: una chica vestida de verde y un chico con bigote. Eran jóvenes, de unos veintitantos años. La chica vino por la parte derecha y disparó sobre el general. El chico, desde la parte izquierda, donde estaba sentado el ayudante. Yo retrocedí y entonces el chico volvió la cabeza y me miró, pero luego continuó hacia un taxi marca Renault 12, aparcado enfrente. Yo venía a buscar al general todos los días, más o menos a la misma hora. Primero recogía al ayudante en la calle de Colombia, donde vive, y luego veníamos aquí a recoger al general".

El atentado se produjo con una gran rapidez y los pistoleros de la banda huyeron en dirección a la M-30 en el taxi aparcado enfrente, donde les esperaba una tercera persona. El taxi había sido robado a su propietario media hora antes. "Al preguntarles la dirección a la que les debía llevar -declaró posteriormente el propietario- el joven de mi derecha me indicó, sacando una pistola, que lo que querían era el coche, y que saliese del mismo y no pasaría nada (...) Una vez que bajé del taxi y se fueron con él los tres jóvenes, llamé por teléfono a mi antiguo jefe, del que fui chófer, el general de Infantería Antonio Alemán Ramírez, el cual llamó a su vez al 091 para comunicar lo ocurrido, indicándome que efectuase la denuncia, lo que hice en la comisaría de San Blas".

Aunque la rapidez del atentado cogió por sorpresa a los escasos testigos que lo presenciaron, un sargento de la Policía Armada de paisano que pasaba en ese momento por la calle de Bristol en su automóvil, pudo ver los instantes finales del atentado y siguió al taxi en el que los terroristas habían emprendido la huida por la M-30. La persecución continuó hasta cerca de la estación de Chamartín, donde abrió fuego contra el taxi, alcanzándolo en una de las ruedas traseras. Los terroristas se vieron obligados a robar otro vehículo a punta de pistola para continuar la huida. El sargento de Policía consiguió, además, herir a uno de los terroristas, Isidro Etxabe Urrestilla, alias Zumai, que pese a ello consiguió escapar y llegar a Francia donde le curaron las heridas.

En el taxi, que fue llevado a la sede de la Dirección General de Seguridad, fueron halladas dos granadas de mano, una pistola y munición. En un segundo vehículo robado en la M-30 los etarras continuaron la huida por la carretera de Burgos, abandonándolo en la puerta de una fábrica.

Una hora más tarde de cometerse el atentado, hacia las nueve y media de la mañana, el juez de guardia ordenó el levantamiento de los cadáveres. Poco después llegaron dos ambulancias que trasladaron los cuerpos de los militares asesinados al Hospital Militar Gómez Ulla. El cuerpo del general presentaba varios impactos de bala, mientras que su ayudante sólo parecía tener un disparo en la sien.

Isidro Etxabe Urrestrilla, Zumai, un histórico de la banda detenido en 1981 en Madrid junto al fallecido Joseba Arregui, fue condenado por la Audiencia Nacional en 1982 a 70 años de cárcel por el doble asesinato. No obstante, obtuvo la libertad en 1994, después de criticar la continuidad del terrorismo. En diciembre de 1990 dirigió una carta a la dirección de la banda terrorista en la que criticaba duramente la estrategia política seguida por ETA en los últimos tiempos, a la que llegaba a calificar de "locura". Isidro Etxabe había acumulado penas de 201 años por varios asesinatos. Tras condenar el asesinato del niño Fabio Moreno en Erandio y el atentado contra Irene Villa y su madre, María Jesús González, fue excarcelado. Había pasado 14 años en prisión.

La mujer que acompañaba a Etxabe nunca fue detenida ni juzgada.

José Antonio Pérez Rodríguez, teniente coronel del Ejército de 59 años, era natural de El Ferrol. Estaba casado y tenía tres hijos. Su mujer era invidente y una de sus hijas estaba enferma. Técnico en armamento, había realizado poco antes de su asesinato un curso de control de fuego de artillería antiaérea y proyectiles dirigidos en EEUU. Inició su carrera militar como voluntario en Infantería de Marina en el año 1937. Ascendió a teniente de Artillería en 1947, a capitán en 1959 y obtuvo el empleo de comandante en 1961. Desde cuatro años antes de ser asesinado era teniente coronel. Estaba en posesión de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Fue también condecorado con la medalla de Campaña, la Cruz Roja del Mérito Militar y una Cruz de Guerra.

Juan Manuel Sánchez-Ramos Izquierdo, general de Brigada de 64 años, era de San Fernando (Cádiz). Estaba casado con Carmen Pertegaiz y tenía tres hijos y varios nietos. En el momento de su asesinato era jefe de Armamento de Artillería de la Dirección General de Apoyo al Material de la JSAL (Jefatura Superior de Apoyo Logístico). Se encontraba en la situación B y le faltaban dos años para pasar a la reserva. En círculos militares "era conocido como un hombre de talante liberal, muy religioso y con un gran prestigio profesional como técnico de armamento" (El País, 22/07/1978). A los dieciséis años ingresó en el Ejército como soldado de Infantería de Marina. En 1934 inició sus estudios en la Academia de Artillería, de la que salió en 1937. Ascendió a capitán de Artillería en 1939 y a comandante en 1944. Ostentó el empleo de teniente coronel desde 1958 a 1968, año en el que asciende a coronel. Desde el 17 de diciembre de 1972 era general.

Un año más tarde, a las once de la noche del sábado 21 de julio de 1979, la banda terrorista ETA asesinaba en Beasain (Guipúzcoa) de un disparo en la cabeza al camarero JESÚS MARÍA COLOMO RODRÍGUEZ. La víctima se ganaba la vida trabajando como camarero en dos establecimientos distintos. Por un lado ayudaba a su padre en el Bar del Círculo Tradicionalista de Villafranca de Ordicia, y por otro, estaba empleado en la discoteca Sunday de Beasain.

Ese sábado, Jesús María estacionó su Renault 12 y se encaminó, en torno a las 23:00 horas, hacia la sala de fiestas Sunday. Un terrorista le disparó a bocajarro cinco disparos, de los que tres le alcanzaron en la cabeza. Trasladado urgentemente a la Clínica de San Miguel, falleció antes de llegar.

En esa sala de fiestas de Beasain estuvieron el 6 de enero de 1979 el guardia civil Antonio Ramírez Gallardo y su novia, Hortensia González Ruiz la noche que fueron acribillados a balazos por miembros de la banda terrorista.

Al día siguiente el Ayuntamiento de Villafranca de Ordicia acordaba en votación secreta, por doce votos a favor y tres en contra, condenar el asesinato de Jesús María Colomo, considerando que el objetivo de este tipo de hechos es "mantener un clima de frustración y amargura que impida el avance de nuestro pueblo por vías de entendimiento y responsabilidad política". Decidieron también que las fiestas de la localidad, que debían haber comenzado el día anterior por la tarde, no comenzasen hasta después de celebrado el funeral por el alma de Jesús María, que tuvo lugar a última hora de la tarde del domingo. Durante ese día permanecieron cerrados la mayor parte de los bares de la localidad.

El lunes 24 de julio, ETA militar enviaba un comunicado a distintos medios de comunicación del País Vasco en el que señalaba que proseguirían con la "acción armada ofensiva contra todos los soportes del Estado español en Euskadi". En ese comunicado la banda reivindicaba el asesinato de Jesús María Colomo.

Jesús María Colomo Rodríguez, de 26 años, estaba casado y su mujer se encontraba en avanzado estado de gestación. Era natural de Larraga (Navarra) aunque desde hacía veinte años vivía en Villafranca de Ordicia con su familia. Carlos Colomo, hermano de Jesús María, envió una carta a los concejales del Ayuntamiento para agradecer su actitud tras el asesinato. En la carta hacía referencia a la personalidad de su hermano: "Se habían corrido bulos de que tenía una ideología proclive a la derecha. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que eso no era cierto. Últimamente había participado en manifestaciones pro amnistía y pro estatuto. Según sus amigos, había votado en la elecciones generales a la coalición Herri Batasuna, y en las municipales, al PNV. Había apoyado a los bares abiertos a favor de las ikastolas". Carlos Colomo Rodríguez era dirigente de la Organización Revolucionaria de los Trabajadores de Barcelona y miembro de la Comisión ejecutiva del Partido de los Trabajadores de España.

Antonio Torrón, guardia civil, el comandante Barangua y el coronel Martín-Posadillo

19 de Julio de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

Apenas dos semanas después del asesinato de Alberto Aznar Feix, la banda terrorista ETA volvía a asesinar en Portugalete (Vizcaya). A las 14:40 horas del 19 de julio de 1984, dos terroristas asesinaban de un tiro en la nuca al sargento de la guardia civil ANTONIO TORRÓN SANTAMARÍA en el portal de su domicilio.

El sargento de la Guardia Civil, adscrito a la compañía de especialistas fiscales en el puerto de Santurce, volvía de su trabajo vestido de paisano. En torno a las 14:30 horas llegó al portal de su domicilio. Pese a que solía tomar medidas de autoprotección, no se dio cuenta de que dos terroristas se le acercaron por la espalda. Le dispararon un único tiro en la nuca y se desplomó en el suelo prácticamente muerto. En el lugar de los hechos se recogió un casquillo de bala marca SF del calibre 9 milímetros parabellum. Los asesinos emprendieron la huida a pie por las calles de Portugalete, según contaron testigos presenciales, mientras unas vecinas trataban de evitar que se desangrara, tapándole la herida con una toalla. Una de ellas subió al domicilio para comunicarle a la esposa que su marido había sido asesinado.

Euskadiko Ezkerra (EE) y PCE-EPK manifestaron tras el atentado su más enérgica protesta por este atentado. Para EE, el asesinato de Antonio Torrón era una provocación contra las medidas de reinserción de etarras. Por su parte, la ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi (PSE) reiteró su llamamiento al lehendakari del Gobierno vasco, Carlos Garaikoetxea, para que asistiese a los funerales por la víctima. El ministro del Interior, José Barrionuevo, comentó en Radio Nacional de España con tristeza e ironía que el atentado era "una hazaña de valientes gudaris".

A primeras horas de la tarde se instaló la capilla ardiente en el Gobierno Civil de Vizcaya. El funeral se celebró al día siguiente, 20 de julio, en la Iglesia de los Agustinos de Portugalete, donde fue enterrado.

En agosto de 2009 fue detenido por la Policía Nacional el etarra Juan Manuel Inciarte Gallardo, alias Buto y Jeremías, nada más llegar al aeropuerto de Barajas. En situación de busca y captura desde julio de 1991, el etarra llevaba varios años afincado en México, de donde fue expulsado debido a su situación irregular en el país. La detención de Inciarte Gallardo comenzó a gestarse con una denuncia anónima en México que indicaba la presencia de un ciudadano extranjero que podría residir en el país de forma ilegal. Ante la posibilidad de que su nacionalidad fuese española y se tratase de un miembro de ETA, comenzó la investigación de la Comisaría General de Información, que comprobó la verdadera identidad del individuo. Las Fuerzas de Seguridad lo consideran presunto autor material del asesinato de Antonio Torrón, entre otros cometidos como miembro del grupo Vizcaya de ETA.

Antonio Torrón Santamaría, de 55 años, estaba casado con Pilar Gómez Heredia y tenía dos hijos: José Antonio, de 29 años, y María Pilar, de 27. Natural de Burgos, llevaba treinta años viviendo en Vizcaya, quince de ellos en Portugalete. Antonio iba a retirarse en marzo de 1985 y pensaba abandonar el País Vasco en esa fecha, según declaró su hija María Pilar. "Estaba contando los días que le quedaban hasta marzo de 1985". "Mi padre no estaba amenazado; jamás había hecho nada". Sin embargo, reconoció que su padre tenía miedo y tomaba medidas de precaución, cambiando con frecuencia de hábitos. "Nunca solía volver a la misma hora de su trabajo, y normalmente volvía en su coche, porque tenía miedo". El sargento de la Guardia Civil estaba destinado en la unidad del Servicio Fiscal en el puerto de Santurce, no muy lejos de su domicilio de Portugalete.

A las once y cuarto del 19 de julio de 1989, Henri Parot y Jacques Esnal, miembros del denominado grupo Francés de ETA, asesinaban en Madrid al comandante del Ejército de Tierra IGNACIO BARANGUA ARBUÉS y al coronel JOSÉ MARÍA MARTÍN-POSADILLO MUÑIZ cuando salían del Cuartel General del Ejército en un vehículo oficial conducido por el soldado Fernando Vilches Herranz, que prestaba su primer día de servicio y resultó gravemente herido.

El atentado se produjo en un momento en el que los rumores sobre la posible reanudación de las negociaciones, tras el fracaso de la Conversaciones de Argel entre el Gobierno de Felipe González y ETA, eran cada vez más fuertes, pese a los desmentidos del propio presidente del Ejecutivo. El mismo día del asesinato de los dos militares, el juez Baltasar Garzón declaraba en Estrasburgo: "Nunca ya deberá propugnarse tipo alguno de negociación o pacto con una organización criminal que ha anulado su propia capacidad de negociar políticamente" (El País, 20/07/1989)

Los etarras siguieron el vehículo oficial que, al llegar a la avenida Ciudad de Barcelona, se detuvo para hacer unas gestiones frente a una oficina de Renfe, cerca de la estación de Atocha. En ese momento, sin que a las víctimas les diese tiempo de apearse del automóvil, fueron tiroteados a través de la luneta trasera y de las ventanas laterales, provocando la muerte en el acto del coronel y el comandante, y dejando gravemente herido al soldado conductor. En el lugar del atentado se encontraron cinco casquillos del calibre 9 milímetros parabellum y veintiséis del calibre 7,62. Los terroristas hicieron los disparos desde un vehículo Peugeot 505 robado el 28 de mayo en Guipúzcoa, que se situó a la altura del coche oficial, y dispararon apostados desde las ventanillas.

El vehículo utilizado por los terroristas fue localizado poco después por la Policía a escasa distancia del lugar del atentado, aparcado en doble fila a la altura del número 27 de la avenida Menéndez y Pelayo, esquina con la calle de Ibiza. Un equipo de desactivación de explosivos del Cuerpo Nacional de Policía revisó exhaustivamente el coche hasta descartar que hubiese alguna bomba-trampa.

El alcalde de Madrid, Agustín Rodríguez Sahagún, y su primer teniente de alcalde, José María Álvarez del Manzano, se trasladaron al lugar del atentado, donde expresaron su absoluta repulsa por el crimen. A continuación, Rodríguez Sahagún se trasladó al Hospital Gregorio Marañón para interesarse por el estado del soldado herido.

Los cadáveres de los dos militares permanecieron en el interior del vehículo hasta que, en torno a la una de la tarde, el juez de guardia ordenó su levantamiento. La capilla ardiente de los dos mandos militares se instaló en el Cuartel General del Ejército.

El soldado Fernando Vilches Herranz, de 18 años, fue alcanzado por tres proyectiles. Uno de ellos quedó alojado en la segunda vértebra cervical y le produjo contusión medular. Fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón, donde se le intervino de sus heridas, calificadas de muy graves. Fernando se había incorporado al servicio militar en el mes de mayo de 1979 y realizaba su primer servicio como conductor. Tardó ciento cuarenta días en recibir el alta médica, pero quedó con numerosas secuelas que le imposibilitaron para desempeñar "las funciones de la que, hasta el momento del hecho, era su profesión de carpintero y montador de cubiertas" (Sentencia nº 33 de la Audiencia Nacional del año 2001 por la que se condenó a Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito, como autor por cooperación necesaria).

En 1993 la Audiencia Nacional condenó a dos penas de 28 años de prisión mayor a Henri Parot como autor material del atentado, y otros 19 años de prisión menor por el delito de asesinato frustrado. En la sentencia se consideran como hechos probados que la dirección de ETA había encargado a Parot y Jacques Esnal que cometieran atentados contra militares en Madrid, para lo que ambos se desplazaron desde Francia. Cuando vieron salir el vehículo oficial del Cuartel General del Ejército, lo siguieron, atentando contra él minutos después. Parot disparó cinco balas con una pistola Sig-Sauer contra el coche ocupado por los militares, mientras que Jacques Esnal lo ametralló con un Kalashnikov. Este último fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal de lo Criminal de París junto a Jean Parot, hermano de Henri, por la comisión de más de veinte asesinatos en España.

Años después, en 2001, fue condenado Francisco Múgica Garmendia, como autor por cooperación necesaria del atentado, a dos penas de 28 años de prisión mayor, y a 19 de prisión menor por el asesinato frustrado del soldado Fernando Vilches.

Ignacio Barangua Arbués, comandante del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra de 36 años, era natural de Zaragoza. Estaba casado y tenía una hija de 12 años. En el momento de su asesinato estaba destinado en la Dirección de Transportes del Mando Superior de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

 

 

José María Martín-Posadillo, coronel del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra de 56 años, era natural de Toledo. Estaba casado con María Isabel Franco y tenía tres hijos. Igual que el comandante Barangua, estaba destinado en la Dirección de Transportes del Mando Superior de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra cuando fue asesinado. El coronel fue enterrado en Zaragoza.

 

En marzo de 2005 ambos militares fueron ascendidos, con carácter honorífico y a título póstumo, por Real Decreto del Consejo de Ministros.

Ramón Ledo y Javier Esteban, víctima del atentado de la plaza República Dominicana

18 de Julio de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El 18 de julio de 1980 la banda terrorista ETA asesina en Vergara (Guipúzcoa) al joven RAMÓN LEDO TABOADA, chapista de profesión. Dos encapuchados armados entraron en el taller de carrocería Aitor, donde trabajaba, y preguntaron por él. Ramón se identificó y los terroristas, sin cruzar palabra, le dispararon a bocajarro, dejándole gravemente herido. Trasladado urgentemente por sus compañeros al centro asistencial de Mondragón, falleció minutos después de ingresar con cinco impactos de bala en la cabeza, la yugular y el pecho. En la entrada del taller donde fue asesinado se recogieron nueve casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF.

Los etarras se dieron a la fuga en cuanto comprobaron que la víctima caía al suelo. Utilizaron para la huida un Seat 131 de color blanco, cuya sustracción fue denunciada por su propietario en la localidad vizcaína de Elorrio después de que se hubiese cometido el atentado. Por este motivo, el gobernador civil de Guipúzcoa ordenó su detención para investigar en qué circunstancias el vehículo había pasado a manos de ETA y la razón de que no se presentara denuncia hasta varias horas después. El automóvil fue localizado por la Policía poco antes de las nueve de la noche en el casco urbano de Vergara.

En 1981 la Audiencia Nacional condenó a José Ramón Bidaburu Otaduy, Pedro Juan Guridi Arocena y Félix Bengoa Unzurrunzaga a 25 años de prisión mayor por el asesinato de Ramón. La sentencia consideró probado que Bidaburu Otaduy y Guridi Arocena robaron en Elorrio un vehículo, dejando a su propietario atado en un pinar próximo, y se dirigieron a Vergara. Allí recogieron a Bengoa Unzurrunzaga que les condujo al taller donde trabajaba la víctima.

Ramón Ledo Taboada, de 23 años, era natural de Chantada (Lugo). Había regresado poco tiempo antes de su asesinato del servicio militar. Aunque trabajaba en Vergara desde seis meses antes, residía en Zumárraga. Se había casado recientemente y su mujer estaba a punto de dar a luz. El Ayuntamiento condenó el atentado en un pleno extraordinario convocado al día siguiente.

Poco antes de las once y media de la mañana del viernes 18 de julio de 1986, fallecía en la residencia sanitaria de La Paz el guardia civil JAVIER ESTEBAN PLAZA que había resultado gravemente herido cuatro días antes en el atentado cometido por la banda terrorista ETA en la plaza de la República Dominicana de Madrid. Javier había sufrido un traumatismo craneoencefálico por herida de metralla, con salida de masa encefálica en la región parietal derecha, y permanecía ingresado en la unidad de reanimación de cirugía desde que fue sometido a una intervención quirúrgica el lunes 14 de julio, día del atentado. Con su muerte eran ya diez los guardias civiles asesinados en dicho atentado.

Javier Esteban Plaza, de 26 años, era natural de Guadalajara. Ingresó en la Guardia Civil el 2 de mayo de 1985, en la academia de Úbeda. En el momento del atentado era alumno de la Escuela de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, igual que los otros nueve compañeros fallecidos el mismo día del atentado. Estaba soltero, pero tenía novia.

Alberto López-Jaureguízar, trabajador de Tabacalera, y una víctima más de Hipercor

16 de Julio de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

Antes de las nueve de la mañana del 16 de julio de 1982, la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en el barrio de Algorta de Guecho (Vizcaya) a ALBERTO LÓPEZ-JAUREGUÍZAR PONCELA, apoderado de Tabacalera en las oficinas de Bilbao y militante de Alianza Popular.

Ese día su mujer, María Victoria Vidaur, y sus cuatro hijos se iban de vacaciones y Alberto quería hacerle una revisión al coche antes de ir a trabajar, pues cuando terminase la jornada laboral iba a llevarles al apartamento que habían alquilado. "Nos íbamos de vacaciones ese día. Alberto iba a dejarnos a un apartamento que habíamos alquilado mi hermana y yo para estar con los niños" (Arteta, Iñaki y Galletero, Alfonso, Olvidados, Adhara, 2006).

Alberto subió al vehículo y se disponía a ponerlo en marcha cuando tres miembros de la banda terrorista ETA se colocaron a ambos lados del turismo y le dispararon a bocajarro causándole la muerte en el acto. En el lugar del atentado se recogieron dos casquillos de bala calibre 9 milímetros especial parabellum, marcas FN y SF. Inmediatamente después, los etarras emprendieron la huida en un Seat Ritmo que había sido robado a punta de pistola media hora antes de materializar el atentado en Larrabasterra, situada a unos cinco kilómetros del lugar donde fue tiroteado Alberto. Su propietario fue encontrado maniatado y amordazado en la localidad de Berango, cercana a Larrabasterra.

Minutos después, el encargado de una tienda llamó al timbre del domicilio familiar para avisar de que "había pasado algo". La mujer y los hijos salieron corriendo y al llegar se encontraron a Alberto muerto. "Mis hijas estuvieron allí, con su padre muerto, hasta el levantamiento del cadáver. Llamé a los trinitarios, vinieron a darle la extremaunción, levantaron el cadáver, lo pusieron en la calle, mis hijas se arrodillaron, lo besaron en plena calle y hasta el funeral" (Arteta, Iñaki y Galletero, Alfonso, Olvidados, Adhara, 2006).

Una hora después del asesinato, el cuerpo de Alberto López-Jaureguízar fue trasladado en una ambulancia al depósito de cadáveres de la Residencia Sanitaria de Cruces de Baracaldo. Presentaba dos orificios de entrada de bala por la espalda y salida a la altura del tórax.

Su viuda comentó que su marido no había sufrido ningún tipo de amenazas, ni había sido extorsionado por la banda, y resaltó la modesta situación económica de su familia, "de la que da idea el hecho de que el coche que llevaba mi marido lo compramos hace unos dieciocho años". "Llevábamos una vida familiar tranquila y ordenada. Desde hace dos años no salíamos al cine ni a ninguna cafetería, no por miedo ni por ninguna otra razón parecida, sino simplemente porque llevábamos una vida sencilla", añadió desde su domicilio de Algorta, donde la familia esperaba reunida a que llegase la hija mayor, que se encontraba en Galicia disfrutando de unas vacaciones después de haber superado con éxito el primer curso de BUP. El funeral por Alberto López-Jaureguízar se celebró al día siguiente en la parroquia de San Nicolás de Bari de Algorta.

El Partido Comunista de Euskadi y los trabajadores de Tabacalera en Vizcaya expresaron públicamente su repulsa por el asesinato de Alberto López-Jaureguízar. "Era un modelo de persona, y su política era el orden y la justicia", señalaron. Al mismo tiempo, Jorge Verstrynge, secretario general de AP, manifestó que con esta muerte "ya pasan de treinta, entre afiliados y simpatizantes, los mártires, hombres y mujeres, con los que AP ha contribuido, con lo que más se puede dar, la vida, para la causa de la unidad de España, de los derechos del hombre y de un regionalismo sano y bien entendido".

Alberto López-Jaureguízar Poncela, de 42 años, era natural de Bilbao. Estaba casado con María Victoria Vidaur y tenía cuatro hijos (tres chicas y un chico) de edades comprendidas entre los 16 y los 6 años. Vivía con su familia en Algorta y, desde veinticinco años antes del atentado trabajaba para Tabacalera, primero de simple empleado y después como apoderado en Bilbao. Apenas dos semanas antes del asesinato se había afiliado a Alianza Popular. Alberto fue testigo presencial de un atentado en Bilbao y esa circunstancia lo marcó. "Fueron años muy duros, años sangrientos, de cien muertos al año, de amenazas de bomba que nos tenían todos los días con el alma en vilo. Años en los que sentimos una gran soledad en nuestras vidas, porque veíamos cómo el nacionalismo se iba apoderando de las calles, del pensamiento y de los símbolos de todos los vascos" contó María Victoria en Olvidados. Empezó a ir a funerales y cuando mataban a un policía ponía en su casa la bandera española con el crespón negro: "Yo creo que fue aquella bandera española con el crespón, más aún que la propia política, lo que le costó la vida", dijo su viuda. Quince días después del asesinato, la familia de Alberto abandonó el País Vasco y se instaló en Alicante: "Con una tristeza y una sensación de soledad enorme, me vine a Alicante (...) Mis hijos eran muy pequeños y pensé que se adaptarían mejor, pero las secuelas les fueron saliendo después" (Arteta, Iñaki y Galletero, Alfonso, Olvidados Adhara, 2006).

El 16 de julio de 1987 falleció en la unidad de quemados del Hospital Valle de Hebrón BÁRBARA SERRET CERVANTES a consecuencia de las graves quemaduras que sufrió en el brutal atentado que la banda terrorista cometió en el Hipercor de Barcelona casi un mes antes. Su estado era de extrema gravedad desde el 19 de junio y había sido intervenida dos veces. Bárbara Serret Cervantes tenía 32 años y estaba casada con José Asensio Renedo.

José María Martín Carpena, concejal del PP asesinado por ETA en Málaga

15 de Julio de 2011 - 09:10:13 - M.J. Grech

A las diez menos veinte de la noche del sábado 15 de julio de 2000, la banda terrorista ETA asesinaba en Málaga a JOSÉ MARÍA MARTÍN CARPENA, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga. José María iba acompañado de su mujer, Elvira Calvente, y su hija de 17 años, a la que iba a llevar a un concierto de Maná en La Malagueta. Por su parte, Martín Carpena y su mujer pensaban dirigirse al barrio de Churriana en Málaga, donde el acalde, Francisco de la Torre, iba a pronunciar el Pregón de la Biznaga.

En el momento en el que se disponían a entrar en el vehículo oficial, el concejal fue abordado por el etarra Igor Solana Matarrán, que esperaba en la calle desde hora y media antes. Le disparó seis tiros, cuatro de los cuales alcanzaron al edil popular. Uno de los disparos, en la nuca, le provocó la muerte en el acto. A continuación, el pistolero se dirigió corriendo a un vehículo donde le esperaba Harriet Iragi Gurrutxaga y emprendieron la huida. "Al principio creí que el muchacho de la gorra estaba de broma y por eso me dirigí hacia él y le regañé; después, cuando vi que apuntaba fríamente con una pistola y que José María se agarraba a la ventanilla rota del coche y caía al suelo, me di cuenta del drama y entonces me puse a gritar pidiendo una ambulancia, caminando sin rumbo fijo y sin saber en esos momentos qué hacer ni a quién recurrir", relataba su viuda cinco días después.

En el lugar del atentado se recogieron posteriormente seis casquillos del calibre 9 milímetros parabellum. El juez ordenó el levantamiento del cadáver a las once y veinte minutos de la noche y, a continuación, los restos mortales de Martín Carpena fueron trasladados al tanatorio de Málaga para practicarle la autopsia.

El atentado se produjo el mismo día en que la Iglesia vasca había pedido el respaldo explícito de los políticos hacia las víctimas de la violencia etarra. La víctima no tenía escolta oficial y no había recibido amenazas. Como a todos los ediles del consistorio, se les había retirado la protección unos meses antes. La ministra de Sanidad y exalcaldesa de Málaga, Celia Villalobos, aseguró que el concejal asesinado era muy escrupuloso con las medidas de autoprotección recomendadas por Interior para los cargos públicos municipales.

En el lugar del atentado tuvo lugar una manifestación espontánea de vecinos que, consternados, profirieron gritos de indignación e insultos contra los asesinos de la banda terrorista ETA. Esa misma noche se organizó una concentración, también espontánea, ante el Ayuntamiento.

Al día siguiente se instaló la capilla ardiente en el consistorio. La corporación municipal recibió el cuerpo sin vida del concejal a la entrada del Ayuntamiento. El alcalde y varios concejales de todos los grupos con representación municipal fueron los encargados de portar el féretro a hombros y llevarlo hasta la capilla ardiente, con la hija y la mujer abriendo el cortejo delante del ataúd, y la madre y el hermano cerrándolo detrás del féretro. Los ministros del Interior, Jaime Mayor Oreja, y de Administraciones Públicas, Jesús Posada, así como el secretario general del PP, Javier Arenas, y el delegado del gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado, llegaron al Ayuntamiento poco después de las doce de la mañana para asistir a la capilla ardiente del concejal. A las 17:45 horas, hicieron lo propio José María Aznar y Ana Botella.

A las 18:00 horas se celebró el funeral en la Catedral de Málaga, abarrotada por miles de vecinos que quisieron darle el último adiós al concejal. El féretro, sacado a hombros por sus compañeros de corporación, recibió una prolongada ovación de las más de dos mil personas que se encontraban a las puertas del Ayuntamiento. Se corearon algunas consignas como "¡Asesinos!, ¡Asesinos!" y "Vascos sí, ETA no", mientras la comitiva recorría los quinientos metros que separan el Ayuntamiento de la Catedral. José María Aznar y Manuel Chaves acompañaron a pie el cortejo fúnebre. Tras el funeral, los restos mortales fueron inhumados en el cementerio de San Gabriel de Málaga.

Al día siguiente del asesinato, el Gobierno municipal de Málaga concedió a Martín Carpena la Medalla de Oro de la ciudad a título póstumo. En septiembre de 2000 el consistorio aprobó que el Palacio de los Deportes Ciudad de Málaga pasara a tomar el nombre del concejal popular asesinado.

En diciembre de 2001 la Audiencia Nacional condenó a Igor Solana Matarrán y a Harriet Iragi Gurrutxaga a sendas penas de 30 años de reclusión por el asesinato de Martín Carpena. Solana e Iragi, miembros del grupo Andalucía de ETA, fueron detenidos el 16 octubre de 2000 en Sevilla justo después de asesinar al coronel del Ejército y médico Antonio Muñoz Cariñanos.

José María Martín Carpena, de 50 años, presidente de las juntas de distrito de Carretera de Cádiz y Puerta de la Torre, era concejal desde el 21 de abril de 1997. En las elecciones municipales de 1999 ocupó el número quince de la candidatura que encabezó la ministra de Sanidad, Celia Villalobos. Natural de Málaga, estaba casado con Elvira Calvente y tenía una hija de 17 años. "No sé qué me deparará el futuro, tan sólo sé que tengo pánico a bajar las escaleras y encontrarme de golpe con el lugar donde asesinaron a José María delante de mí y de nuestra hija. A los asesinos de mi marido sólo les deseo que sufran lo mismo que estoy sufriendo yo", dijo su viuda pocos días después del asesinato (Sur, 20/07/2000).

Diplomado en Administración de Empresas, Martín Carpena era funcionario del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el Ministerio de Asuntos Sociales. Amante de la música, en su juventud formó parte del grupo musical Los Amables. José María vivía en Nueva Málaga, una barriada sencilla de trabajadores. Los sábados oficiaba bodas y en su barrio participó activamente en la fundación de la Cofradía de Nueva Esperanza, vinculada a la Parroquia de San Joaquín y Santa Ana, donde acudía con regularidad a misa. Antonio Romero, entonces coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, dijo de él que "era un hombre afable y buena gente que se llevaba muy bien con los compañeros de la oposición". Martín Carpena carecía de escolta, a pesar de que su nombre había aparecido en papeles incautados al grupo Andalucía de ETA (La Razón, 16/07/2000).

La masacre de la plaza de la República Dominicana y cuatro víctimas más

14 de Julio de 2011 - 09:10:12 - M.J. Grech

A las 7:45 horas del 14 de julio de 1986, tres semanas después de que el PSOE ganara las elecciones generales por mayoría absoluta, la banda terrorista ETA provocó una masacre de guardias civiles en la plaza de la República Dominicana de Madrid. Una furgoneta-bomba, que estalló al paso de un convoy de vehículos de la Guardia Civil procedente de la Escuela de Tráfico de la calle Príncipe de Vergara, mató en el acto a cinco guardias civiles: CARMELO BELLA ÁLAMO, natural de Badajoz; JOSÉ CALVO GUTIÉRREZ, de Barcelona; MIGUEL ÁNGEL CORNEJO ROS, de Valencia; JESÚS MARÍA FREIXES MONTES, de Lérida, y JESÚS JIMÉNEZ JIMENO, de Teruel. Otros cuatro guardias civiles murieron en las horas posteriores al atentado: ANDRÉS JOSÉ FERNÁNDEZ PERTIERRA, natural de Gijón; JOSÉ JOAQUÍN GARCÍA RUIZ, de Burgos; SANTIAGO IGLESIAS GODINO, de Alicante, y ANTONIO LANCHARRO REYES, de Badajoz. Tres más lo hicieron en los siguientes días: Javier Esteban Plaza, que falleció cuatro días después, el 18 de julio; Miguel Ángel de la Higuera López, que falleció el 31 de julio; y Juan Ignacio Calvo Guerrero, que lo hizo el 5 de agosto, convirtiéndose en la víctima número doce del brutal atentado.

El atentado de ETA que mayor número de víctimas mortales se había cobrado desde el inicio del proceso democrático se produjo un día después de la deportación a Gabón del dirigente etarra Txomin Iturbe y veinticuatro horas antes de la constitución del nuevo Parlamento. Fuentes de la lucha antiterrorista relacionaron, en un principio, el atentado con la deportación de Iturbe a Gabón. Sin embargo, el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, desvinculó ambos hechos, señalando que la acción criminal estaba preparada antes de que se conociera la expulsión.

Con estas doce víctimas mortales, el atentado de la plaza de la República Dominicana pasa a ocupar el tercer lugar entre los atentados múltiples cometidos por la banda, después del coche-bomba en el Hipercor de Barcelona (con veintiuna víctimas mortales) y el atentado de la Cafetería Rolando en Madrid el 13 de septiembre de 1974 (con trece, todas ellas civiles, menos el policía Félix Ayuso Pinel, que murió más de dos años después, el 11 de enero de 1977).

Otras setenta y ocho personas, entre agentes de la Benemérita y civiles, sufrieron heridas de diversa consideración. Siete guardias civiles fueron heridos de gravedad: Jesús García Rangel, con secuelas físicas y psíquicas irreversibles e incompatibles con el desempeño de su profesión; Miguel Ángel Martínez Díaz, al que los trastornos neuróticos y postraumáticos provocados por el sufrimiento padecido le obligaron también a abandonar su profesión; Jacinto López Martínez, que también tuvo que pedir la baja laboral permanente por las heridas sufridas; Juan Izquierdo Sánchez, que perdió el ojo derecho y el 60% de la audición del oído izquierdo; Miguel Ángel Dorado Castellanos, obligado asimismo a abandonar su profesión a causa de las secuelas en ambos oídos y en el ojo izquierdo y las alteraciones epilépticas provocadas por el atentado; Gabriel Aranda Sánchez, que también tuvo que abandonar definitivamente la Guardia Civil por las secuelas del atentado, y José Manuel Jiménez Sánchez, que sufrió la pérdida del ojo derecho y otras heridas que le imposibilitaron seguir ejerciendo como guardia civil. Muchos más guardias civiles arrastraron secuelas durante años, viéndose obligados a dejar la Guardia Civil por causa del estrés postraumático, ansiedad, pesadillas y miedos. "Después del miedo a morir, te queda el miedo a vivir", dijo uno de ellos a El Mundo (25/06/2006). Muchos de ellos ni han sido reconocidos como víctimas del terrorismo ni han recibido ayudas para sufragar las costosas terapias psicológicas que han tenido que realizar.

El convoy atacado estaba formado por un autobús, un microbús y un todoterreno, en funciones de coche-escolta, que había salido de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil en el número 250 de la calle Príncipe de Vergara y se dirigía hacia la Venta de la Rubia, a las afueras de Madrid, donde los guardias iban a realizar prácticas de conducción en motocicleta. En el convoy viajaban setenta guardias civiles alumnos de la Agrupación de Tráfico. Los mayores de la promoción tenían veinticinco años. Los más jóvenes, diecinueve. El convoy no variaba su horario y recorrido, al menos en los días anteriores al atentado: dejaba Príncipe de Vergara para girar a la derecha en la plaza y dirigirse a la carretera de circunvalación M-30 por la calle de Costa Rica.

En el número 7 de la plaza de la República Dominicana los etarras Idoia López Riaño y Juan Manuel Soares Gamboa habían aparcado una furgoneta-bomba marca Sava cargada con 35 kilos de Goma 2 y cinco ollas a presión con varios kilos de metralla compuesta por tornillos, tuercas, varillas metálicas y eslabones de cadenas de acero. Anton Troitiño Arranz, situado en una parada de autobús cercana, accionó el mando a distancia cuando vio que el convoy se puso a la altura de la furgoneta-bomba. Muy cerca, José Ignacio de Juana Chaos esperaba en un vehículo en el que emprendieron la huida. En las labores de vigilancia y en la preparación del explosivo participaron también Esteban Esteban Nieto e Inés del Río Prada. Todos los asesinos formaban parte del grupo Madrid de ETA.

La explosión fue brutal. El vehículo más afectado fue el minibús, aunque también fue alcanzado el autobús. El vehículo escolta de la Guardia Civil quedó descolgado del convoy en el momento de la explosión, al detenerse en el semáforo previo al cruce con la plaza. Además, otros muchos vehículos, establecimientos e inmuebles de los alrededores sufrieron cuantiosos daños materiales. Especialmente afectado quedó el inmueble situado en el número 8 de la plaza de la República Dominicana, a cuya altura se encontraba aparcado el coche-bomba. Una agencia de viajes, una tienda de comestibles, una perfumería y un quiosco de prensa, entre otros, se vieron seriamente dañados. La mayoría de los cristales de los inmuebles vecinos, en un radio de cien metros, quedaron hechos añicos, así como los marcos de las ventanas más próximas al lugar del atentado. El acceso al metro de la estación de Colombia, situado a unos seis metros de donde se encontraba estacionado el coche-bomba, tuvo que ser cerrado porque "la onda expansiva provocó el desprendimiento de los falsos techos del vestíbulo de la estación y la mayor parte de las instalaciones fijas existentes en el mismo, con desprendimiento de las puertas de acceso y otros desperfectos en dependencias interiores", según señalaba un comunicado de la Compañía Metropolitana hecho público poco después del atentado.

La furgoneta-bomba, que quedó convertida en un amasijo de hierros deformes, se encontraba estacionada en la plaza desde unos días antes, según informaron desde la Delegación del Gobierno. Su matrícula era falsa y el artefacto, oculto en el maletero, estaba cubierto por papel higiénico. Por otra parte, fuentes policiales precisaron que la bomba fue accionada mediante un mando a distancia, por lo que los autores materiales se encontraban a una distancia de 150 o 200 metros.

Tras la explosión se desató una espesa humareda, que alcanzaba hasta el cuarto piso del inmueble más cercano. Chatarra de los vehículos afectados se podía observar en un radio de setenta metros. Los cuerpos de dos de los guardias civiles muertos quedaron tendidos en la calle. Otros dos fueron sacados del interior del vehículo. Uno de ellos tenía las piernas seccionadas y otro presentaba la cabeza prácticamente cortada, según personas que, en un primer momento, colaboraron en las tareas de rescate... Las escenas eran dantescas, muchos agentes estaban completamente desfigurados.

Fue una auténtica carnicería, justo lo que quería ETA que fuese. Su entonces dirigente, Santiago Arrospide Sarasola, alias Santi Potros, había ordenado "emprender una dura campaña de atentados". Algunos objetivos los fijaría la propia cúpula de la banda asesina, y otros los dejarían a elección de los propios ejecutores "siempre que tales objetivos se encarnaran en personas pertenecientes a la Guardia Civil" (sentencia de la Audiencia Nacional, 2003). El asesino Esteban Esteban Nieto dijo en el juicio que "cuando ETA hace sus acciones pretende causar el mayor número de bajas posibles. Estamos en guerra y es lógico que los que hicieron la acción lo supieran". Por su parte, el no menos asesino De Juana Chaos restó importancia a la masacre, considerando que no era ni más ni menos importante que cualquier otro atentado de la banda.

Tras el atentado, especialistas en explosivos de la Policía extrajeron muestras del artefacto para determinar la cantidad y el tipo de explosivo utilizado. Pasadas las 10:00 horas, los restos de la furgoneta utilizada como coche-bomba fueron trasladados a dependencias policiales con la intención de continuar el examen de la misma. Nada más producirse el atentado, la Policía y la Guardia Civil establecieron fuertes controles en las salidas de Madrid.

En el lugar del atentado -donde algunos ciudadanos colocaron enseguida ramos de flores- se congregaron un par de centenares de personas que se arremolinaron en torno a los vehículos siniestrados. Algunas personas gritaron consignas ultraderechistas, como las que pedían la libertad de Antonio Tejero, ex teniente coronel condenado por la intentona golpista del 23-F, y se corearon frases contra el Gobierno y a favor del restablecimiento de la pena de muerte. En el momento en que se extraían los cadáveres de dos de los guardias civiles del interior del vehículo, los gritos y consignas arreciaron, así como los insultos y provocaciones contra los informadores de diversos medios de comunicación.

El alcalde de Madrid, Juan Barranco, hizo un llamamiento a los madrileños para guardar, a las doce de la mañana del día siguiente, martes 15 de julio, tres minutos de silencio en solidaridad con las víctimas del atentado, sus familiares y los cuerpos de seguridad.

La capilla ardiente se instaló el mismo lunes al mediodía en la Dirección General de la Guardia Civil. Allí, junto a los familiares y compañeros -algunos de ellos heridos-, acudieron, entre otros, el secretario de la Casa Real, Sabino Fernández Campo; el jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante Ángel Liberal Lucini; el director general de la Guardia Civil, José Antonio Sáenz de Santamaría, y el presidente de Alianza Popular, Manuel Fraga. El ministro del Interior, José Barrionuevo, aguardó en el lugar la llegada de los féretros con los cuerpos de los fallecidos, que fueron recibidos con honores. Los ataúdes estaban cubiertos por la bandera nacional y con un tricornio encima.

El funeral se celebró en el mismo lugar al día siguiente, presidido por Barrionuevo. Un grupo de personas aguardó en el exterior de la Dirección General de la Guardia Civil e insultó a las autoridades políticas que accedían al recinto, llegando incluso a apedrear los vehículos de sus comitivas y las furgonetas de los medios de comunicación que cubrían la celebración del mismo.

En 2008 se inauguró en la plaza de la República Dominicana un monumento en homenaje a las víctimas del terrorismo sufragado íntegramente por donaciones de ciudadanos anónimos a iniciativa de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES).

En 1989 la Audiencia Nacional condenó a José Ignacio de Juana Chaos, Antonio Troitiño Arranz, como autores materiales, y Esteban Esteban Nieto e Inés del Río Prada, como colaboradores necesarios, a sendas penas de 2.232 años de cárcel, que resultan de sumar: 30 años por un delito de atentado con resultado de muerte; 29 años de reclusión mayor por cada uno de los once delitos consumados de asesinato; 24 años por cada uno de los setenta y ocho delitos de asesinato frustrado y 11 años más por un delito de estragos. El escrito de conclusiones de la Fiscalía fue elaborado por la fiscal Carmen Tagle González, asesinada por la banda terrorista el 12 de septiembre de 1989, un mes antes de la celebración del juicio. Troitiño Arranz salió de prisión en abril de 2011, cuando sólo había cumplido 24 años de prisión, al aplicársele una doctrina del Tribunal Constitucional sobre el cómputo de la prisión preventiva. En la actualidad, se encuentra en paradero desconocido, después de que la Audiencia Nacional rectificase su decisión y dictase orden de busca y captura contra él.

En el año 2000 se condenó a Juan Manuel Soares Gamboa a 1.401 años, que vio atenuada la pena por su arrepentimiento y colaboración con las autoridades. Durante el juicio pidió perdón a todas las víctimas de ETA, y dijo: "He visto una serie de testimonios, han pasado ante nosotros personas con graves secuelas y muchas de ellas agravadas por el paso del tiempo y son horrorosas de verdad (...) Nunca lo había visto tan de cerca y quiero solicitar el perdón de todas las víctimas por mi acción criminal, que hago extensiva a todas las víctimas de ETA, porque yo entiendo que en algún momento fui cómplice".

En 2003, finalmente, la Audiencia Nacional condenó a Santiago Arrospide Sarasola a 1.920 años de cárcel y a Idoia López Riaño a 1.472 años.

Carmelo Bella Álamo, de 22 años, era natural de Granja de Torrehermosa (Badajoz), donde fue enterrado. Había ingresado en la Guardia Civil un año antes de su asesinato y estaba destinado en el Destacamento de Tráfico de Arganda.

 

 

José Calvo Gutiérrez, de 19 años, era natural de Barcelona y había ingresado en la Guardia Civil en mayo de 1985. Estaba destinado en el Destacamento de Tráfico de Barajas.

 

 

Miguel Ángel Cornejo Ros, de 24 años, era natural de Burjasot (Valencia). Estaba casado y se había incorporado a la Guardia Civil en mayo de 1985.

 

 

 

Jesús María Freixes Montes, de 21 años, había ingresado en la Benemérita el 1 de marzo de 1986, por lo que llevaba sólo cuatro meses y medio. Fue enterrado en el cementerio municipal de Lérida. Su padre, Francisco Freixes, era concejal independiente en el Ayuntamiento de Lérida y corresponsal del diario ABC cuando su hijo fue asesinado. Su hermana Teresa, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, escribió una carta a ETA publicada en varios medios de comunicación en la que les calificaba de asesinos y de cobardes, y se mostraba incapaz de entender que se pudiera defender el nacionalismo a través de la violencia y el asesinato. En la misma añadía que a su hermano Chus sus compañeros le llamaban El Lleida por su defensa del catalán.

Jesús Jiménez Jimeno, de 20 años, y natural de Cascante del Río (Teruel), se había incorporado a la Guardia Civil el 1 de marzo de 1986, igual que Freixes Montes. Estaba destinado en el Destacamento de Tráfico de Teruel.

 

 

Andrés José Fernández Pertierra, de 20 años, era natural de Gijón (Asturias). Había ingresado en la Guardia Civil tres meses y medio antes de ser asesinado.

 

 

 

José Joaquín García Ruiz, de 21 años, era natural de Merindad de Valdivieso (Burgos). Igual que el agente Fernández Pertierra, llevaba apenas tres meses y medio en el Instituto Armado. Estaba soltero y destinado en el Destacamento de Tráfico de Briviesca-Autopista.

 

 

Santiago Iglesias Godino, de 20 años, nació en Hondón de las Nieves (Alicante). Igual que varios de sus compañeros asesinados, ingresó en la Guardia Civil tres meses y medio antes de ser asesinado. Su cuerpo no estuvo presente en el funeral oficial celebrado en la Dirección General de la Guardia Civil al día siguiente porque su familia decidió donar sus órganos.

 

Antonio Lancharro Reyes, de 21 años y soltero, había nacido en Monesterio (Badajoz), donde una calle lleva su nombre. Su hermana Manuela contó en 2007 que, cuando tenía 17 años y era una adolescente "desorientada", perdió a su "hermano, amigo y confidente" y, con él, el norte de su vida. "Con esa edad yo no salía a ninguna parte si no era con él. Íbamos siempre juntos y, si le gustaba alguna chica, recuerdo que me lo contaba para que le echara una mano". Manuela convertida ya en madre de familia, ha logrado levantar cabeza, después de largos años sin poder hablar con nadie de lo que le pasó a su hermano mayor. Eran los años de plomo. "En aquel entonces las cosas no eran como ahora. No teníamos psicólogos a nuestra disposición. No podía hablar con nadie, y menos con mis padres. Lo único que quería es que mi madre no llorara más". (El Comercio, 18/02/2007).

Justo un año después de la masacre de la plaza de la República Dominicana de Madrid, la mañana del 14 de julio de 1987 la banda terrorista ETA atacó un convoy de cuatro vehículos de los Grupos Antiterroristas Rurales (GAR), en el que viajaban catorce agentes del Cuerpo, en una carretera vecinal de Oñate (Guipúzcoa). La onda expansiva del artefacto explosivo, activado a distancia al paso del convoy, alcanzó de lleno al todoterreno que encabezaba la marcha, provocando la muerte en el acto del agente PEDRO GALNARES BARRERAS y del cabo primero ANTONIO ÁNGEL LÓPEZ MARTÍNEZ-COLMENERO.

Otros dos guardias civiles resultaron gravemente heridos: Andrés Castillejo Martín, de 31 años, natural de Villanueva del Rey (Córdoba), casado y padre de un niño de 8 años, y Antonio Grande Lozano, natural de León, de 32 años, soltero, sufrieron choque traumático, fracturas y heridas provocadas por la metralla de pronóstico grave. Otros diez agentes de la Benemérita resultaron heridos de diversa gravedad: José Martínez Rodríguez, Agustín Álvarez Belmonte, Francisco Montes Urbano, Benedicto Martín, Pedro Delicado Navarro, Manuel Tejeiro Méndez, Antonio Martínez Hernández, José Rodríguez Chacopino, José Antonio González García y Juan Barreal Fernández. Los heridos fueron trasladados inicialmente a un centro médico de Beasaín y después al Hospital Santiago de Vitoria.

La bomba, compuesta por veinte kilos de Goma 2 y diez de metralla, estaba camuflada entre las zarzas que recubren el pretil de piedra que bordea la carretera entre Oñate y Legazpia, y empotrada en el suelo. La explosión alcanzó de lleno al primero de los cuatro vehículos del convoy que periódicamente recorre esa carretera. El vehículo, que contaba con protección semiblindada, fue proyectado a más de ocho metros y quedó destrozado en el arcén contrario, envuelto en una densa columna de humo negro.

El artefacto adosado al pretil de la carretera era del tipo conocido como hornillo, confeccionado a partir de una caja de acero laminado en cuyo interior alojaron el explosivo y la metralla, y fue accionado con mando a distancia, sin cable. Este sistema permite explosionar una bomba desde una distancia superior incluso a los quinientos metros, siempre que las ondas de radio que emite el mando no encuentren a su paso ningún obstáculo físico.

En previsión de este tipo de atentados la Guardia Civil desarrollaba regularmente en el País Vasco un servicio denominado limpieza de itinerarios, que consiste precisamente en la inspección de los arcenes y taludes que bordean las carreteras de paso obligado para sus efectivos. El comandante Enrique Galindo, máximo responsable de la Guardia Civil de Guipúzcoa, indicó que el punto en el que se produjo el atentado, en el polígono de Olakue de Oñate, fue inspeccionado días atrás. A su juicio, los terroristas colocaron la bomba hacía muy pocos días, enterados de que las unidades antiterroristas rurales recorren ese lugar al menos una vez cada dos días.

Al día siguiente se celebraban los funerales por los guardias civiles asesinados, a los que acudió el ministro del Interior, José Barrionuevo. El titular de Interior mostró la solidaridad gubernamental con todos los que "dedican su trabajo, su esfuerzo y su profesión a la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y a defender los derechos humanos de todas las personas sin ninguna excepción". En declaraciones a los medios de comunicación, hizo un encendido elogio de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: "Yo creo que nos dan una lección. Cuando hay algunos que pretenden darnos lecciones de democracia, de ponerse como ejemplos de demócratas destacando solamente o dedicándose preferentemente, casi con exclusividad, a la defensa de los derechos de los delincuentes y de los terroristas. Yo creo que es oportuno poner de relieve cómo sin declaraciones, sin presumir, sin ponerse como ejemplo, hay hombres que dedican su esfuerzo, de verdad, a luchar por la democracia y por la convivencia y por las libertades". Por su parte, el PNV subrayó que los guardias civiles muertos son víctimas idénticas a las personas que habían perdido la vida en el centro comercial de Hipercor en Barcelona menos de un mes antes.

En 1999, la Audiencia Nacional condenó a los etarras Xabier Ugarte Villar, José Luis Erostegui Bidaguren (que fue quien activó la bomba al paso del convoy), Jesús María Uribetxeberria Bolinaga, José Miguel Gaztelu Ochandorena y Xabier Usandizaga Galarraga a un total de 145 años de cárcel cada uno como autores del atentado, doble asesinato consumado, dos asesinatos frustrados y diez delitos de lesiones.

Pedro Galnares Barrera, de 26 años, era natural de Potes (Cantabria). Estaba casado y su mujer se encontraba en avanzado estado de gestación. El agente Galnares era el conductor del vehículo que abría la marcha del convoy.

 

 

Antonio Ángel López Martínez-Colmenero, cabo primero de la Guardia Civil de 31 años, era natural de Cabreiroa (Orense). Estaba casado y era padre de una hija de 9 años. El padre de Antonio también era guardia civil.

 

 

Cuatro días después del asesinato del policía nacional Luis Ortiz de la Rosa, el 14 de julio de 2001 la banda terrorista ETA cometía dos atentados con una diferencia de pocas horas y que provocaron la muerte del concejal de Unión del Pueblo Navarro en el Ayuntamiento de Leiza, JOSÉ JAVIER MÚGICA ASTIBIA, y del jefe de la Inspección General de Guipúzcoa de la Ertzaintza, Mikel María Uribe Aurkia.

A primera hora de la mañana del sábado 14 de julio, una bomba-lapa colocada por ETA en los bajos de su furgoneta acababa con la vida de José Javier Múgica, concejal de UPN en Leiza, una localidad gobernada con mayoría absoluta por Euskal Herritarrok.

Su asesinato se produjo horas antes de que Juan José Ibarretxe jurara en Guernica su cargo como presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma vasca. Aquella mañana, Múgica Astibia se había comprometido a realizar un reportaje fotográfico a una pareja de novios, por lo que, tras desayunar junto a su familia, salió del domicilio y se dirigió a la furgoneta, aparcada frente a su vivienda. Cuando encendió el motor del vehículo, la bomba-lapa se activó provocándole la muerte en el acto. La víctima acababa de comprar esa furgoneta porque la anterior se la habían quemado terroristas callejeros. "No siento rabia ni odio. Me amenazan con dianas, me insultan. Ahora nos dejan sin poder ir de vacaciones. Y todo esto, ¿por qué? Voy a seguir trabajando por Leiza, por los vecinos, y defendiendo mis ideas sin hacer mal a nadie", comentó el concejal.

La semana anterior al atentado decidió irse unos días para "quitarse de en medio" según comentó un vecino. Estuvo tres días en Fitero y regresó el viernes porque debía realizar el reportaje fotográfico a una pareja de novios. Alguien debió avisar a los terroristas de que había vuelto, por lo que aprovecharon la noche para colocar la bomba-lapa en los bajos de su furgoneta, entre el bastidor y la caja de cambios. La bomba estaba compuesta por tres kilos de explosivo Titadine. La fuerte explosión, que calcinó por completo la furgoneta marca Volkswagen, lanzó el cuerpo del edil al asfalto, donde quedó tendido. La explosión provocó numerosos daños materiales en varios vehículos estacionados en la zona e importantes destrozos en la fachada y las ventanas del inmueble vecino.

El concejal asesinado había recibido el 3 de diciembre de 2000 de manos del presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, el diploma acreditativo de la concesión de la Medalla de Oro de Navarra, máximo galardón de la Comunidad Foral, concedido a las víctimas del terrorismo. El motivo por el que se le concedió era las numerosas amenazas de muerte recibidas y por el incendio, en agosto de ese año 2000, de su furgoneta de trabajo por parte de los proetarras.

Jaime Ignacio del Burgo, por entonces portavoz de UPN en el Congreso de los Diputados, señaló a los medios de comunicación que el atentado contra su compañero de partido suponía la culminación de las amenazas que habían aparecido en los diarios Gara y Egunkaria. Un mes antes, el 7 de junio, se publicó una larga entrevista a tres etarras en esos diarios en la que dejaron claro que los miembros de UPN eran objetivos potenciales de la banda.

El equipo de Gobierno de Euskal Herritarrok recibió duros insultos de la población en un tenso pleno municipal. El Ayuntamiento optó por "lamentar profundamente lo sucedido" con los votos de EH y la abstención de Eusko Alkartasuna. Algunos de los asistentes calificaron de "cobardes" a los concejales proetarras. El funeral se celebró a las 18:00 horas, en la iglesia parroquial de Leiza, con presencia del arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Fernando Sebastián, y con la asistencia del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, y todos sus compañeros de partido.

La banda asesina ETA reivindicó el atentado en un comunicado del que se hacía eco el diario Gara el 26 de julio de 2001. Los presuntos autores materiales de la muerte del concejal fueron los integrantes del grupo Argala 2 de ETA Andoni Otegi, jefe del grupo; Oscar Celarain y Juan Carlos Besance Zugasti, alias Fenómeno, cuyo testimonio en octubre de 2010, tras su detención en septiembre, resultó clave tanto para la imputación de sus dos compañeros como para desvelar el grado de implicación del exjefe militar de la banda en el caso, Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote. Este último compareció ante la Audiencia Nacional el 15 de abril de 2011, a pesar de que la orden de extradición de Francia no incluía la causa del edil de UPN. Txapote alegó en su defensa que ya estaba detenido en Francia cuando se asesinó Múgica Astibia. Sin embargo, en un informe elaborado por los Servicios de Información de la Guardia Civil se certifica la implicación del etarra en el atentado, pues en la agenda que le fue intervenida figuraban varios encuentros con los tres terroristas que finalmente ejecutaron el asesinato.

Por otra parte, el etarra Ibon Urrestarazu, detenido en noviembre de 2004, confesó a la Policía su participación en el asesinato de José Javier Múgica.

José Javier Múgica Astibia, de 49 años, había nacido en un caserío del municipio navarro de Leiza, una localidad de 3.500 habitantes encerrada entre montañas, donde todo el mundo se conoce. De origen humilde, estaba casado con Reyes Zubeldia y tenía tres hijos: Javier, Daniel y Raquel. El segundo hijo del matrimonio, Daniel Múgica Zubeldia, fue elegido concejal por UPN en Leiza en mayo de 2003, aunque renunció en noviembre de 2006 por no poder compatibilizar su ocupación profesional con el trabajo de concejal en la corporación local, siendo sustituido por Juan José Larralde Cerezales.

Múgica Astibia era vascoparlante, euskaldún de raza, pero se sentía español y era contrario a una posible adhesión de Navarra a una virtual Euskalherria independiente. El que se sintiese vasco y español era algo que la banda asesina y su entorno, guardianes de las esencias de lo vasco, nunca han tolerado. La decisión de encabezar las listas de UPN de su pueblo en 1999 le costó padecer el acoso violento de la izquierda proetarra. Leiza es uno de los feudos batasunos en Navarra, las casas del pueblo están llenas de grafitis independentistas, contra la Guardia Civil, contra España o contra el PP y a favor de la reunificación de presos de la banda asesina... José Javier salió elegido junto a María Flora Michelena que, antes de que José Javier fuese asesinado, había dimitido incapaz de soportar las presiones ejercidas por el entorno de la banda terrorista. El testigo de María Flora lo recogió Gerardo Caballero. En esas elecciones de 1999 Euskal Herritarrok ganó por mayoría absoluta en Leiza. Pese al acoso de los proetarras, Múgica Astibia no llevaba escolta, aunque tomaba precauciones.

La víctima compaginaba su cargo como concejal en el Ayuntamiento con su profesión de fotógrafo y la conducción de autobuses escolares. Alguna vez tuvo que soportar que los escolares a los que transportaba le llamaran fascista. "Alumnos batasunos lo vejaban en el autobús que conducía sin que ni la dirección del colegio público de Leiza ni el consejo escolar lo amparasen" (Jaime Ignacio del Burgo, Diario de Navarra, 15/07/2001). Desde muy joven manifestó una gran vocación por la fotografía que acabó convirtiéndose en su medio de vida. Con gran esfuerzo, consiguió abrir un pequeño local desde el que, con su entrega y amabilidad, retrató a varias generaciones de sus paisanos. En 2009, la sociedad Larrea de Leiza convocó el I Concurso de Fotografía José Javier Múgica en honor del concejal asesinado. Además, era un gran aficionado a la música y formaba parte de la coral Jeiki de Leiza, integrada por cuarenta vecinos de la localidad. Tal y como se recogía en la página web de UPN, José Javier y su familia estaban muy volcados con la causa saharaui, no sólo promocionando las estancias de niños en la localidad, sino acogiendo ellos mismos a uno de ellos durante las vacaciones de verano.

Unas diez horas después del asesinato de José Javier Múgica Astibia, la banda terrorista ETA acribillaba en Leaburu (Guipúzcoa) con dos ráfagas de subfusil a MIKEL MARÍA URIBE AURKIA, jefe de la Inspección General de Guipúzcoa de la Ertzaintza. Eran aproximadamente las 20:00 horas y el ertzaina estaba aparcando su todoterreno en una calle de la localidad guipuzcoana. Se disponía a cenar con su cuadrilla de amigos en la sociedad gastronómica Zazpi Bide, algo que hacía casi todos los fines de semana. Unas horas antes, Juan José Ibarretxe había leído su discurso en la toma de posesión como presidente del Gobierno autonómico, en el que había dicho, entre otras cosas, que iba a "combatir a ETA con todas las fuerzas". "Dicen los analistas que ETA mata a ertzainas cada vez que quiere advertir de algo al PNV. Horas antes de que la banda matara al ertzaina con dos ráfagas de subfusil, Ibarretxe leía su discurso de toma de posesión del sillón presidencial. Los analistas no saben qué mensaje quiso enviar ETA esta vez al lehendakari" (Crónica de El Mundo, 22/07/2001)

El atentado fue cometido por miembros del grupo Erezuma de ETA y ordenado por el dirigente etarra Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote. Siguiendo las instrucciones de Txapote, los etarras Ibon Etxezarreta, Luis María Carrasco y Santiago Vicente Aragón se trasladaron a Leaburu en un vehículo robado previamente. Aguardaron en una explanada detrás del Ayuntamiento a que Patxi Xavier Makazaga les avisara de que el ertzaina estaba llegando a la sociedad gastronómica donde iba a cenar. Etxezarreta condujo el vehículo hasta el todoterreno de Mikel Uribe, facilitando que Aragón lo ametrallara con un subfusil. A continuación, Carrasco se apeó del vehículo y disparó varias veces, vaciando el cargador de su pistola contra el policía malherido. La víctima fue trasladada gravemente herida al Hospital Donostia, donde falleció poco después.

ETA culminaba así una jornada terrible. Si por la mañana eran los miembros del PNV los que transmitían su solidaridad a los del Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro, por la noche era el vicepresidente primero y ministro de Interior, Mariano Rajoy, el que telefoneaba a Ibarretxe y a Javier Balza, consejero de Interior del Gobierno vasco, para lamentar el asesinato de Uribe. Juan José Ibarretxe se desplazó al Hospital Donostia en el que falleció el ertzaina y Mariano Rajoy hizo lo propio en Leiza, donde apuntó que los inductores del asesinato se encontraban probablemente en la localidad navarra.

La localidad de Leaburu en la fecha del asesinato de Uribe Aurkia estaba gobernada por Euskal Herritarrok. Al día siguiente del crimen

los vecinos de Leaburu dieron muestras de los efectos del miedo en el Territorio Udalbiltza: ni uno sólo salió a la calle para expresar su rechazo al atentado (...) Un grupo de compañeros de Mikel Uribe, entre los que se encontraba su hermano, también ertzaina, se concentró a mediodía en la plaza del ayuntamiento para repudiar el asesinato. Los policías estuvieron con sus banderas durante quince minutos sin que se les sumara ni un solo vecino. Fueron los propios agentes los que tuvieron que entrar en el ayuntamiento gobernado por Batasuna sin oposición para colocar la ikurriña a media asta y ponerle un crespón negro" (Domínguez, Florencio, Las Raíces del Miedo. Euskadi, una sociedad atemorizada, Aguilar, 2003).

En el mismo libro, Domínguez señala que el "Territorio Udalbiltza" lo forman

una serie de pequeños municipios del centro de Guipúzcoa en los que la presencia de Batasuna es dominante y asfixiante para quienes no comulgan con las imposiciones de esta formación.

En el mismo sentido, Antonio Elorza habla de "una situación que recuerda la de Sicilia bajo la Mafia y también a la Alemania nazi. El imperio de ETA se basa en la generalización del miedo" (El País, 20/07/2001).

En abril de 2004 la Audiencia Nacional condenó a Ibon Etxezarreta Etxaniz, Luis María Carrasco Aseginolaza, Santiago Vicente Aragón y Patxi Xabier Makazaga Azurmendi a sendas penas de 30 años de prisión mayor. En el mismo fallo fue condenada Oskarbi Jauregi Amundarain a 20 años de cárcel en concepto de cómplice del asesinato del ertzaina. La misma sentencia establece que Ainhoa García Montero, entonces presa en Francia, y el fallecido Hodei Galarraga habían colaborado en la grabación de un vídeo del lugar donde tendría lugar el asesinato y de sus alrededores "para facilitar las diversas vías de huida para cometerlo". En 2005 el Tribunal Supremo le rebajó la condena a Oskarbi Jauregi de 20 a 13 años y 6 meses, por no haberse motivado en forma alguna la decisión de imponerle la pena máxima como cómplice "cosa que, de modo evidente, vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva".

Mikel María Uribe Aurkia, tenía 44 años y residía con su familia desde cinco años antes de su asesinato en Legorreta, adonde llegaron desde Irún. Estaba casado con Maite y tenía un hijo, Ibai, de 13 años. Era gran aficionado al fútbol y al atletismo. "Vinieron a Legorreta buscando un poco de tranquilidad, eso sí, pero de ahí a que se sintieran amenazados, no sé", dijo tras el asesinato Izaskun Zubeldia concejal de PNV-EA en el Ayuntamiento de Legorreta y amiga de Maite y Mikel. En el mismo reportaje de El Mundo se contaba que Ibai acudió al entierro de su padre con "la boina del ertzaina y una ikurriña que defendió hasta su muerte de manos de aquellos que dicen luchar por la misma tierra y por la misma bandera" (El Mundo, 22/07/2001).

Antonio Gómez y Aurelio Navío, guardias civiles, y Manuel García, policía nacional

13 de Julio de 2011 - 09:10:12 - M.J. Grech

El 13 de julio de 1980 la banda terrorista ETA asesinaba en Orio (Guipúzcoa) a los guardias civiles ANTONIO GÓMEZ RAMOS y AURELIO NAVÍO NAVÍO. Las víctimas formaban parte de un convoy de la Guardia Civil de tres vehículos, con ocho agentes a bordo, que en torno a las 14:00 horas descendían hacia el acuartelamiento desde el polvorín de Explosivos Río Tinto en Aya (Guipúzcoa), después de que otro grupo de guardias civiles les hubiesen relevado en el servicio de vigilancia en el que habían estado las veinticuatro horas anteriores.

Al llegar a las afueras de Orio, la patrulla fue sorprendida por varios miembros de la banda terrorista que, desde dos posiciones, abrieron fuego cruzado contra los vehículos. Antes de abrir fuego, los terroristas lanzaron tres granadas de fabricación casera, una de las cuales alcanzó al primero de los vehículos, que quedó detenido en la cuneta y provocó que todo el convoy se parase. Esta primera granada hirió de muerte de Antonio Gómez Ramos que, tambaleándose y herido, se desplomó en la carretera. Antes, disparó hasta morir hacia uno de los puntos de donde venían los disparos. Mientras, sus compañeros, Jesús Díaz Blanco y Aurelio Navío Navío, trataron de protegerse detrás del vehículo y de responder a los disparos de los terroristas.

El segundo vehículo fue también alcanzado por una granada, quedando parado unos veinte metros por delante del primero, a la izquierda de la calzada, y sus ocupantes se apearon para repeler el ataque, que llegaba desde los dos lados de la carretera. El tercer vehículo recibió fuego unos cincuenta metros antes del lugar donde atacaron al primer vehículo.

Los guardias civiles que les acababan de dar el relevo en el polvorín de Explosivos Río Tinto bajaron a apoyar a sus compañeros. Uno de ellos alcanzó con fuego de pistola al etarra Carlos Lucio Fernández, que cruzaba en ese momento la carretera armado con un Cetme. Después hirió a Ignacio Gabirondo Agote con un subfusil. Ambos terroristas fallecieron y los demás emprendieron la huida en un Seat 131 tipo ranchera. Entre ellos estaba Miguel Ángel Apalategui Ayerbe, alias Apala.

En el ataque resultaron gravemente heridos los guardias civiles Francisco Villoria Villoria, Ramiro Cerviño Pereiro y Jesús Díaz Blanco, que fueron trasladados al Hospital de la Cruz Roja en San Sebastián. Ramiro Cerviño narraba a El Correo (12/02/2007) que las secuelas del atentado las ha seguido arrastrando casi tres décadas después: "Tengo tres operaciones en la boca y durante veintipico años me fueron extrayendo metralla en La Coruña y en Madrid. Recientemente me encontraron metralla próxima al corazón y unas esquirlas en el pulmón derecho".

Los cuerpos sin vida de Antonio Gómez y Aurelio Navío y de los dos etarras -que llevaban chalecos antibalas- fueron trasladados a la residencia sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu, de la capital donostiarra. Tras certificarse la muerte, los cadáveres de los etarras fueron trasladados al cementerio de Polloe, mientras que los de los guardias civiles fueron llevados al Hospital Militar, donde se instaló la capilla ardiente. Horas después del atentado llegaban a San Sebastián el general Sáenz de Santamaría y el director general de la Guardia Civil, general Aramburu Topete, que asistieron en compañía de otras autoridades civiles y militares a los funerales que se celebraron al día siguiente.

Durante toda la jornada del domingo, la Guardia Civil rastreó amplias zonas de Guipúzcoa en una operación en la que utilizaron varios helicópteros y perros policía. En el lugar del atentado se encontraron un fusil Cetme, una escopeta Remington y tres granadas de mano de potencia limitada fabricadas con métodos rudimentarios. Los terroristas utilizaron para cometer el atentado un Seat 131 que habían robado a punta de pistola a las diez de la mañana en la localidad de Lasarte-Oria a Claudio Rivero, al que amenazaron de muerte si denunciaba el hecho antes de las cuatro de la tarde. Más tarde, el propietario del vehículo fue detenido por la Policía, acusado de no haber prestado la colaboración necesaria que podría haber puesto en alerta a las Fuerzas de Seguridad.

El objetivo de esta emboscada era repetir la masacre de Ispáster del 1 de febrero de ese mismo año, en la que fallecieron seis guardias civiles. La heroica y eficaz reacción de los guardias civiles hizo que la operación no tuviera el resultado que los etarras perseguían, y que dos terroristas resultasen muertos. Uno de ellos, Gabirondo Agote, era uno de los más sádicos y despiadados criminales con los que contaba la banda asesina ETA, con un larguísimo historial de asesinatos a sus espaldas.

En marzo de 1989 la Audiencia Nacional condenó por dos delitos consumados y nueve frustrados de asesinato a dos penas de 9 años de prisión mayor y nueve penas de 3 años de prisión menor a Juan María Tapia Irujo, Jerónimo Azcue Arrizabalaga e Isidro Etxabe Urrestrilla como encubridores del atentado de Orio.

Antonio Gómez Ramos, natural de Vilardebós (Orense), tenía 22 años, estaba casado desde ocho meses antes de ser asesinado. Era el menor de ocho hermanos, todos ellos miembros de la Guardia Civil. Antonio era el conductor del primer vehículo del convoy atacado.

 

 

Aurelio Navío Navío, tenía 33 años y estaba soltero, aunque tenía previsto casarse el 10 de marzo. Su traslado forzoso al País Vasco desde Vic, donde estaba destinado desde 1973, hizo que tuviera que suspender la boda. Natural de Tordelloso (Guadalajara) sus restos mortales recibieron sepultura en Barcelona.

 

 

A las nueve menos cuarto de la mañana del 13 de julio de 1983, ETA asesinaba a tiros en las inmediaciones de la estación del ferrocarril de la localidad vizcaína de Sopelana al policía nacional MANUEL FRANCISCO GARCÍA SAN MIGUEL, cuando regresaba a su domicilio tras acabar su servicio como conductor de un coche celular del 091 en Guecho.

Manuel se vistió de paisano antes de salir de la comisaría de Guecho, y se dirigió a la estación para coger el tren con destino a Sopelana, donde vivía con su familia desde dos meses antes. Era un trayecto de apenas cinco kilómetros. Al llegar a Sopelana, el policía se apeó del tren y, cuando se disponía a dirigirse hacia su domicilio, en la calle Zubike, dos individuos se le acercaron por la espalda y le dispararon dos tiros en la cabeza, provocándole la muerte casi en el acto. Cuando estaba ya en el suelo, los terroristas lo remataron con un tercer disparo. En el lugar del atentado se recogieron posteriormente tres casquillos marca SF, calibre 9 milímetros parabellum. Manuel recibió los disparos en el cuello y el pecho y quedó tendido en el suelo, en mitad de un gran charco de sangre.

El gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, hizo por radio una petición pública de colaboración ciudadana, y advirtió a los autores del atentado "que no descansaremos hasta localizarlos, que vamos a ir por ellos y que lo van a pagar sin ninguna duda". Lo cierto es que, a día de hoy, no se sabe quiénes acabaron con la vida del policía nacional.

Manuel Francisco García San Miguel era natural de Guitiriz (Lugo). Poco menos de un año antes había sido destinado a la agrupación de conductores de Bilbao y estaba adscrito al parque móvil de la comisaría de Guecho. De 27 años, estaba casado con Milagros Fernández y tenía una hija que había nacido poco antes de ser asesinado. La capilla ardiente quedó instalada en el acuartelamiento de la Policía Nacional de Basauri, donde al día siguiente se celebró el funeral por su alma.

El Corona de Aragón y el asesinato a cámara lenta de Miguel Ángel Blanco

12 de Julio de 2011 - 09:10:12 - M.J. Grech

A las ocho de la mañana del día 12 de julio de 1979 se desató un terrible incendio en el Hotel Corona de Aragón de Zaragoza que provocó la muerte de un número indeterminado de personas (más de ochenta) y heridas de diversa consideración a un número superior al centenar de personas. Cualquier cifra que se dé a día de hoy es, necesariamente, aproximada. La ocultación de datos en el caso del Corona de Aragón ha sido tal que es imposible dar con certeza una cifra de muertos y de heridos, al igual que es imposible atribuir fehacientemente el atentado a un grupo terrorista concreto.

En un listado basado en la obra Víctimas del terrorismo, 1968-2004 (Dykinson, 2004) de María Belén Pulgar se da la cifra de ochenta víctimas mortales, y se dice que "esta cifra es la más aproximada pero no exacta, porque muchos de los heridos fueron trasladados a hospitales donde fallecieron con posterioridad, algunos hasta un mes más tarde, sin quedar constancia en ninguno de los listados aparecidos (centros hospitalarios, listados de hotel, medios de comunicación...)".

El listado completo de esas ochenta víctimas mortales es el siguiente: Carlos Teodoro Walle Joris; José Domingo Pujadas; Francisco Duifain De Alba; Joaquín Ismael Peris Coret; Cristóbal Alvero Sánchez; Benita Molano Leno; Serafín Ares Espiñeira; Joaquín Antolí Belenguer; Francisco Sidera Casals; Francisco Javier Puig Villaro; José María Sanz Herranz; Fernando Noguero Gómez; Arabela Torres Bardo; Carmen Pallaruelo Turón; José Miguel Carcamo Lastra; Rodrigo Dávila (hijo); Roberto Dávila; Juan Ángel Castellini; Jean Arthur Furnelle; Louise Laude Augusta-Farcy; Genara García O´Neil; Gonzalo Montes Martínez; José Molina Campayo; Blanca Iris Carllini; Francisco Comes Quer; Ángel Fullana Llodras; Mercedes Payol; Tomás Revuelta Catalán; Vicente Rubert Cherma; Mª Fernanda Rubert Gimeno; Wallace Kent Foster; Basilia Torres; Jin Thaelman; José Luis Serrano Sánchez; Eugenio Díaz Iglesias; José Jiménez Gil; Ángel Cabello Iruela, su mujer, Asunción Baeza Escolano, y su hija de 15 años, Asunción Cabello Baeza; José Andrés Bonet Bofill; Isabel Durán Milara; David Giménez Pérez; Ángel Hernández Pérez; Patrick Du Breuil Anchagno; Ángel Martínez Torres; Juan Ramón Albanell Córdoba; Teresa Berdor Labe; José Fernández Olivé; Alfonso Queipo De Llano Acuña; Robert Bashlow; Begoña Álvarez Velasco; Miguel Ángel Santos Álvarez; Manuel Antonio Moro Hernández; Inmaculada Fernández Caballero; José Luis Martínez Muñio; Joaquín Danzberber Ammermann; Juan Francisco Juan Martínez; Emilia Guillermina Bouza Álvarez; Amparo Gimeno Pujol; Enrique Pérez Gimeno; Manuel Moya Gimeno; Ana María Pérez Gimeno; Arnold Rivero; Rosa María Ezquerro Escribano; Leocadio Olabarria García-Rivero; Santiago Martín Pérez; Erosina Segarra Narváez; Feldmann Kim; Santiago González Camiruaga; Rodrigo Peñalosa Esteban Infantes; Rodrigo Peñalosa López-Pin; José Del Amo Villar; Luis Prieto Fernández; Marta Bamala Duch; Carlos Alberto Mauro Albrizio; Santos Ainsa Cristóbal; María Concepción García Llorente; Joaquín Valero Pérez; Mercedes Vega Neira y Manuel Moro Hernández. 

Aquel día se alojaban en el Hotel Corona de Aragón la viuda de Franco, su yerno y su hija -los marqueses de Villaverde-, y dos de sus nietos, además de diversos mandos militares. Iba a celebrarse el acto de entrega de despachos de la XXXVI promoción de la Academia General Militar en Zaragoza, por lo que la mitad de los huéspedes del hotel eran familiares o amigos de los cadetes de la Academia General que ese día recibían sus galones de alférez.

El Corona de Aragón era el único hotel de cinco estrellas de Zaragoza, con 237 habitaciones, garaje, piscina, sala de convenciones, peluquería, salón de belleza, sauna y gimnasio, aire acondicionado en las habitaciones, guardería para perros y bingo.

El incendio se produjo el mismo día en que el Ayuntamiento de Zaragoza tenía previsto, abordar el establecimiento de ordenanzas municipales de seguridad en grandes edificios y locales públicos, y provocó una pugna dialéctica entre el gobernador civil y el alcalde de la ciudad en todo lo relativo a la información del incendio.

Nadie pulsó ninguna señal de alarma; los extintores, de los que había 170 distribuidos por los pasillos de todo el hotel, no se llegaron a utilizar en ningún momento; los teléfonos de las habitaciones ocupadas tampoco intentaron conectar con la centralita. En muy pocos minutos, de dos a cinco, según las declaraciones de algunos empleados del hotel, el edificio se vio envuelto en una lengua de fuego. Muchos de los huéspedes quedaron en sus camas (eran las ocho de la mañana), inconscientes por la acción del calor y del humo, y perecieron asfixiados, sin llegar a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo.

El primer aviso recibido por los bomberos, cuyo parque se encontraba muy próximo al lugar del incendio, hablaba de que una de las chimeneas del hotel se había prendido, por lo que salió una dotación convencional, dispuesta a afrontar un siniestro de pequeña magnitud. Cinco horas después, extinguido ya el fuego, el número de víctimas, entre muertos y heridos, se contaba por decenas.

El incendio se inició alrededor de las ocho de la mañana, en la freiduría de la cafetería Formigal, perteneciente al hotel, cuando se estaban preparando los desayunos. Eso es lo que se dijo oficialmente en los primeros momentos y lo que se mantuvo durante tres décadas desde instancias gubernamentales. El hotel tenía mucha madera y suelo de moqueta, lo que contribuyó a la propagación de las llamas, especialmente en la planta primera y la recepción. Fuentes del parque de bomberos de Zaragoza manifestaron que el principal problema con que tuvieron que enfrentarse para extinguir el fuego y para rescatar a sus ocupantes no fue el fuego ni el humo, sino el pánico de la gente. "Les pedíamos, a través de los megáfonos, que conservaran la calma, ya que íbamos a rescatarlos, pero el pánico ha sido tremendo. La gente pedía auxilio y algunos se lanzaron al vacío sin esperar nuestra ayuda".

La llegada de todos los servicios de urgencia provocó en los primeros momentos un enorme caos. En la vía Imperial, frente al edificio en llamas, se apiñaban coches de bomberos, ambulancias, coches-patrulla y grúas de empresas privadas, así como numerosos miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Municipal, bomberos de Zaragoza y de la base aérea, voluntarios de la Cruz Roja y soldados. Además, el Ejército acordonó la zona ante el temor de que las llamas alcanzaran a un depósito subterráneo que contenía unos 150.000 litros de fueloil.

La presencia de miembros de la familia Franco entre los huéspedes del hotel impulsó a muchas personas, incluidos algunos directivos de la empresa propietaria del hotel, a suponer que el incendio había sido provocado. Este rumor, rápidamente desmentido por el gobernador civil de la provincia, Francisco Laína García, y por el jefe superior de Policía, provocó una psicosis de tragedia en la ciudad. Máxime cuando llamadas telefónicas anónimas, algunas de ellas con voz femenina, anunciaron la colocación de artefactos explosivos en los principales hoteles de la ciudad, así como en las sedes de entidades bancarias, empresas inmobiliarias y otros grandes locales situados en la zona más céntrica de Zaragoza, preferentemente en el paseo de la Independencia. Algunos de estos establecimientos (Hotel Goya, Caja de Ahorros de la Inmaculada, etcétera) fueron desalojados por orden de la Policía. Mientras tanto, las emisoras de radio difundían llamamientos solicitando sangre para los centros hospitalarios adonde iban llegando los heridos, necesidad que pronto se vio cubierta con creces. A lo largo del día, los balances provisionales de las víctimas, que se sucedían con febril rapidez, cambiaron la psicosis de pánico vivida en Zaragoza en las primeras horas por un profundo sentimiento de tragedia.

El rápido desmentido de Francisco Laína y su interés por descartar la posibilidad de que fuese un atentado, pues nada más producirse el incendio reunió a los periodistas para decirles que se desechaba cualquier otra posibilidad que no fuese un incendio fortuito, ha resultado siempre altamente sospechoso para todos los que han estudiado el tema. Desde entonces, Laína García tuvo una fulgurante carrera política en lo que algunos han querido ver, precisamente, un premio a su supuesta labor de ocultación en el incendio del Corona de Aragón.

El primero de los funerales fue organizado de manera exclusiva por las autoridades castrenses en memoria de las víctimas militares y sus familiares. El segundo -al que asistieron unas tres mil personas-, lo organizó el Ayuntamiento en la Catedral de la Seo y fue oficiado por el arzobispo de Zaragoza.

Hoy en día el caso del Corona de Aragón sigue siendo confuso, entre otras cosas porque nunca se investigó realmente lo que ocurrió. Oficialmente se dijo que el incendio había tenido su origen en la churrería de la cafetería. Tanto Francisco Laína García, gobernador civil de Zaragoza, como el alcalde de la ciudad, el socialista Ramón Sáinz de Baranda, se apresuraron a acallar los rumores que, desde el mismo día del incendio, atribuían el mismo a un atentado terrorista. "El tema ya no está en mi mano. Es cosa del juez. En un principio manifesté que se trataba de un accidente. Eran los datos que teníamos en aquel momento: que el fuego se inició al prenderse el aceite de la freidora de churros. Tampoco en estos momentos tengo datos que varíen esta versión" (Laína García, El País, 22/07/1979). En la misma edición de El País, Sainz de Baranda decía: "Yo cada vez estoy más convencido de que el incendio fue accidental (...) Sin embargo, no puede hablarse de una sola causa, sino de varias concausas. Por ejemplo, las condiciones del techo de la cafetería Picadilly, o el tiempo que se tardó en avisar a los bomberos".

Sin embargo, desde el primer momento se apuntó la idea de que era un atentado de ETA. Ya en el funeral celebrado el día 13 de julio, y pese a los nuevos desmentidos oficiales, estos rumores iban en aumento y habían tomado cuerpo de manera especial en algunos círculos militares de la capital aragonesa. De hecho, varios generales y tenientes generales que asistieron a los actos de entrega de despachos en la Academia llegaron a establecer contacto telefónico con La Moncloa en términos muy duros por la ocultación de las verdaderas causas. Este extremo fue desmentido por el secretario de Estado para la Información, Josep Meliá, que manifestó que "efectivamente, hubo llamadas telefónicas desde Zaragoza de algunos militares a sus superiores -no a la Moncloa- que quedaron controladas y aclaradas inmediatamente al explicarse que el incendio había sido fortuito y que no se debía a ningún acto terrorista" (El País, 14/07/1979).

Sea como fuere, en esos momentos quienes pilotaban la transición consideraron que no convenía decir la verdad a la opinión pública, para evitar que la inestabilidad política que ello conllevaría provocase una involución en el proceso democrático. La investigación de los técnicos del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo arrojaba, sin embargo, otro resultado: una explosión en el vestíbulo del hotel había provocado un fuego que se propagó por las escaleras. El juez instructor del sumario por el incendio del Hotel Corona de Aragón se resistió a admitir la versión oficial y dictaminó causas exógenas. De este modo, el 8 de mayo de 1980, elevó a la Audiencia Nacional una exposición razonada de los hechos "a fin de que ésta determine competencias". Dicho de otra forma, el juez instructor no se consideraba competente en el caso por estimar que el incendio fue provocado por causas exógenas, lo que llevaba directamente a la atribución del mismo a un atentado terrorista.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo, por su parte, ha venido reivindicando desde su creación el reconocimiento por parte de las autoridades de que el incendio fue un atentado terrorista de ETA. En línea con esta postura, el matrimonio formado por el teniente retirado de la Guardia Civil, Ángel Cabello Iruela de 55 años de edad, natural de Rascafría (Madrid) y Asunción Baeza Escolano, además de uno de sus tres hijos, Asunción Cabello Baeza, de 15 años, figuran en la página web de la Guardia Civil como víctimas del terrorismo. En el año 2000, el Gobierno del PP concedió a las familias de los fallecidos del Corona la indemnización que les correspondía en aplicación de la ley de Solidaridad con las Víctimas de Terrorismo de 1999. La decisión partió del entonces ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja.

Casi tres décadas después, el Tribunal Supremo establecía que el incendio del Hotel Corona de Aragón fue un atentado terrorista en una sentencia en la que se reconoce el derecho a la concesión de una medalla honorífica como víctima del terrorismo a una de las fallecidas en el incendio, María Concepción García Llorente. La Sección Sexta de la sala de lo Contencioso-Administrativo asumió las conclusiones de un perito de la familia que aseguró: "Este incendio no pudo provocarse por una sola y aislada persona, ni de forma casual. Necesariamente han tenido que intervenir un mínimo de tres personas, debidamente concertadas entre sí". Añadía que esto es así porque se produjeron "tres igniciones prácticamente simultáneas junto al piano, junto al conducto de humos y junto a la salida de la churrera". Los magistrados señalaron que si se tienen en cuenta las circunstancias expuestas en el dictamen, en el que se alude a un "concierto mínimo de tres personas", así como a la "utilización de napalm unido al magnesio para la producción o la intensificación del incendio", se impone reconocer el derecho a la concesión de la distinción solicitada". Para llegar a esta conclusión, también se ha tenido en cuenta que este "grupo de personas necesariamente hubo de contar con conocimientos altamente especializados" y también con "el adiestramiento necesario para moverse entre las llamas, conocer dónde efectivamente habían de producirse las igniciones y cómo entrar y salir del hotel sin lesión para ellos". Aunque la sala de lo Civil del Supremo ya había mencionado el uso de pirogel, napalm o elementos exógenos que provocaron el incendio y había absuelto de responsabilidad a la empresa del hotel, nunca hasta ese momento la Justicia había reconocido que el siniestro de Zaragoza se produjo en un contexto histórico singular. "No cabe ignorar la realidad social (del país)", dice la sentencia, que también recuerda "la importancia que la violencia terrorista ha tenido en la más reciente historia de España". Subraya que el país sufre el terrorismo desde hace décadas y con un altísimo coste de vidas humanas desde la llegada de la democracia, lo que "resultaba especialmente grave y notorio en la fecha en que se produjeron los hechos de referencia, a mediados de 1979".

La sentencia del Supremo supuso un mazazo a la posición del Gobierno, que denegó la condecoración a los fallecidos del Corona, al entender que no había pruebas de que el incendio fuera un atentado terrorista, y anuló el acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2007 en el que se denegaba la medalla. El Ministerio del Interior desoyó, en octubre de 2004, la recomendación del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog, a favor de ese reconocimiento moral. El Ejecutivo socialista entendía que no había base legal para la medalla, pese a que habían recibido la indemnización como víctimas de terrorismo en virtud de la ley 32/1999. El abogado del Estado intentó explicar, sin éxito, que los familiares podían recibir la indemnización de la ley de Solidaridad con las Víctimas de Terrorismo de 1999, pero no obtener la condecoración, puesto que esto se reservaba a quienes sufrieron actos de grupos terroristas.

Una vez asentado judicialmente que el incendio no fue un accidente, sino un atentado terrorista, y situándonos en 1979, hay varias posibilidades de autoría.

Por un lado estaban los GRAPO. Este grupo terrorista, tras los secuestros de Antonio María de Oriol, presidente del Consejo de Estado, y del teniente general Emilio Villaescusa (1977), sólo llevó a cabo atentados poco complicados técnica y operativamente y nunca utilizó material inflamable tipo napalm. De todos los sospechosos es el único al que se puede descartar con casi total seguridad.

En aquellos años aun estaban activos los grupos de extrema derecha. Descoordinados, sin apenas capacidad técnica y organizativa, aun así pudieron haber actuado en la creencia de que un atentado masivo contra los militares y sus familias, entre los que estaban los Franco, podía provocar un golpe de Estado. Lo cierto es que El Alcázar y la ultra derecha utilizaron desde el primer momento lo ocurrido en el hotel zaragozano para su propaganda a favor de una solución militar, por lo que no se les puede excluir totalmente. En contra de esta opción, nos encontramos con la falta de una mínima capacidad técnica y organizativa con la que siempre se movieron estos grupos. Tampoco, ni antes ni después, usaron líquido inflamable sofisticado. La tesis de la extrema derecha es la que ha sostenido, entre otros, el periodista de investigación Fernando Rueda, incluso después de la sentencia del Tribunal Supremo.

Finalmente tenemos a las dos ramas de ETA activas aquellos años: la político-militar y la militar. Ambas habían lanzado desde el año anterior una brutal ofensiva que culminaría en el sangriento 1980. Las dos ramas tenían suficiente capacidad informativa para recabar detallada información del hotel. También contaban con medios técnicos suficientes para fabricar sofisticadas bombas incendiarias. Por último, tenían suficientes militantes con experiencia en el crimen y en la realización de atentados espectaculares.

Se puede argumentar que no ha sido el modus operandi habitual de la banda. Pero no se puede obviar que ETA no ha tenido el menor problema en variar sus métodos habituales. Al fin y al cabo el primer gran atentado espectacular, el de Carrero Blanco, se realiza mediante un sistema, el túnel con explosivos, que no se volverá a repetir. Por otra parte, ETA utilizó napalm años después, en el brutal atentado contra el Hipercor de Barcelona. En definitiva, de todos los grupos terroristas sospechosos era el único con la suficiente capacidad técnica y organizativa para cometer una masacre de esas características.

Tenemos, por otro lado, las reivindicaciones que se hicieron del atentado, que hay que tomar con todas las precauciones del mundo, especialmente las que se hicieron a El Heraldo de Aragón, que fueron dos: una de ETA y otra del FRAP. Esta segunda hay que descartarla completamente, puesto que el FRAP fue totalmente desarticulado cuatro años antes, en 1975. Así lo recoge José García San Pedro en su estudio sobre los grupos terroristas de la época:

Una de estas organizaciones es el Partido Comunista Español marxista-leninista [PCE (m-1)] de cuyo seno, y como consecuencia de las reacciones desencadenadas por el Consejo de Guerra de Burgos contra miembros de ETA, surgirá en enero de 1971 el Comité Organizador pro-FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), que en 1973 se constituye en el Frente Armado del PCE (m-1) como FRAP (Centro Español de Documentación: Terrorismo y Justicia en España, págs. 115 y ss). El FRAP estaba llamado a ser el embrión de un futuro ejército popular cuya estructura básica estaría formada por ‘escuadras de tiro’, compuestas por grupos de tres a cinco hombres y encuadradas orgánicamente en ‘destacamentos de asalto’ que a su vez constituirían ‘batallones de choque’ incluidos en ‘brigadas móviles’. La realidad fue que, a pesar de este voluntarista y pretencioso planteamiento, no lograron pasar de la primera fase estructural, y sus actividades violentas se redujeron a una serie de atracos y robos (‘expropiaciones’ y ‘requisas’) y a cuatro asesinatos de componentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, siendo desarticulados en 1975 (García San Pedro, José, Terrorismo: aspectos criminológicos y legales, Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1993, pág. 164).

De la lectura de este texto se desprende que la reivindicación a El Heraldo por parte del FRAP se debió, muy posiblemente, a un intento claro de intoxicación. Por lo tanto, estas reivindicaciones a El Heraldo que, además, fueron conocidas por la opinión pública muchos años después, ofrecen escasa credibilidad, aunque tampoco hay que descartarlas.

Más interés tiene la reivindicación que hizo ETA en Radio Bayona. Aún manteniendo todas las precauciones, ya que el caso del Corona de Aragón no sería ni el primero ni el último atentado en el que se han realizado reivindicaciones absolutamente inverosímiles, hay que hacer notar que sí ha sido habitual, y más entonces, que la banda terrorista ETA reivindicara sus atentados en medios vasco franceses. Y concretamente en Radio Bayona la banda había reivindicado muchos de sus asesinatos.

Por otra parte, y como hemos dicho, estas reivindicaciones fueron también cuidadosamente escamoteadas a la opinión pública, como parte de la trama de ocultación del atentado. Laína García consiguió que no se publicara la supuesta llamada de ETA a la prensa zaragozana atribuyéndose la autoría, y el Gobierno de que no trascendiera en España la reivindicación hecha posteriormente por ETA a Radio Bayona. Si realmente no se hubiera querido ocultar las verdaderas causas, lo lógico habría sido no sólo que no se hubiese ocultado la existencia de esos comunicados, sino que se hubiesen investigado para tratar de dilucidar su veracidad. Más de tres décadas después este aspecto del atentado será siempre objeto de controversia.

Quedarían dos aspectos importantes sobre los que reflexionar: el primero es por qué querría la banda terrorista ETA atentar contra el Corona de Aragón, sabiendo que en el mismo estarían alojados muchos civiles. El segundo aspecto es por qué el Gobierno de Suárez no quiso que se supiese que había sido un atentado terrorista, fuera quienes fueran sus autores.

En relación al primero, es evidente que ETA y sus partidarios han tenido una obsesión, rayana con lo patológico, con Franco y el franquismo. Durante décadas los etarras y los proetarras han tildado a los no nacionalistas de franquistas, directamente, y en su paranoia han llegado a convertir a España en sinónimo de Franco. En este contexto ideológico sí adquiere sentido un atentado contra familiares del dictador que se encontraban alojados en el hotel, dato que era conocido y se había anunciado públicamente. Los daños colaterales que se pudiesen provocar no era algo que haya preocupado especialmente a la banda, como ha quedado patente en numerosos atentados. Pero una vez que se había fracasado en el objetivo de acabar con la familia Franco, carecía de sentido reivindicarlo, independientemente de la veracidad que le demos a las reivindicaciones a El Heraldo y Radio Bayona, ya que no les reportaría ningún beneficio propagandístico, más bien todo lo contrario. Por otra parte, la atribución a ETA de este atentado siempre ha sido utilizada por los terminales mediáticos etarras para hacer victimismo. Sirva de ejemplo lo publicado recientemente por el historiador Iñaki Egaña en Gara, en un artículo en el que intenta desvincular a ETA del asesinato de la niña Begoña Urroz: "La intoxicación fue tomando cuerpo como en otras ocasiones. Algunas de ellas fueron muy sonadas, como cuando diversos medios de comunicación atribuyeron a ETA las autorías de asesinatos de grupos parapoliciales: Tomás Alba, Eduardo Moreno, Santi Brouard, Josean Cardosa, Josu Muguruza... O la bomba en la guardería Iturriaga que causó tres muertos. O la explosión de la caldera en la escuela de Ortuella, o el accidente del monte Oiz, o el incendio del Hotel Corona de Aragón en Zaragoza... o las 10 bombas que explotaron en Madrid el 11 de marzo de 2004" (Gara, 10 de marzo de 2010). Aquí quien realmente está intoxicando es el propio Egaña, porque presenta a la "pobrecita ETA" como víctima de una campaña de insidias para desacreditarla, cuando ni siquiera en la contundente sentencia del Tribunal Supremo del año 2009 se cita expresamente a ETA. En todo caso, las agraviadas y escarnecidas han sido las víctimas, a las que se les ha ocultado durante años que no fue un accidente, sino un atentado terrorista.

El segundo aspecto relevante es el motivo por el que al Gobierno de UCD no le interesó investigar la posible autoría terrorista del incendio. Evidentemente, sólo puede obedecer a motivaciones políticas. En esos momentos al débil Ejecutivo lo último que le interesaba era asumir la autoría terrorista, la que fuera, del incendio. De haberlo hecho, se hubiera visto obligado, muy posiblemente, a adoptar unas medidas de excepción cuyo coste político no estaba dispuesto a asumir. Por otra parte, no era la primera vez que el Gobierno de Adolfo Suárez ocultaba datos a la opinión pública para no caldear el ambiente, como ocurrió con la tortura sufrida por Javier de Ybarra durante su secuestro, de cuya autopsia se ocultaron a los ciudadanos los datos más horribles. En el caso del Corona de Aragón se fue más allá en la ocultación, pues directamente se negó la autoría terrorista.

Para concluir, más allá de lo que íntimamente podamos pensar sobre este atentado, sería irresponsable acusar directamente a ETA de lo ocurrido en el Hotel Corona de Aragón, habida cuenta de que no hubo nunca una verdadera investigación y la causa se cerró en falso. Pero sería exactamente igual de irresponsable borrar a ETA de la lista de sospechosos y no señalar que eran los que tenían más interés en realizar una masacre así, además de ser prácticamente los únicos con capacidad técnica y material para llevarla a cabo.

Por una de esas ironías que tiene la historia, en el mismo BOE de 18 de febrero de 2011 en el que se publicaba la condecoración a las víctimas del atentado del Hotel Corona de Aragón, se publicaba también el Real Decreto por el que se condecoraba a la persona que más hizo por ocultar que fue un atentado, Francisco Laína García, como muy acertadamente señalaba el constitucionalista Carlos Ruiz Miguel en su blog Desde el Atlántico el 23 de febrero de 2011.

Al mediodía del viernes 10 de julio de 1997, la banda terrorista ETA secuestraba en la estación guipuzcoana de Éibar al concejal del Partido Popular en la localidad de Ermua MIGUEL ÁNGEL BLANCO GARRIDO, e imponía un plazo de 48 horas al Gobierno para que trasladara al País Vasco a los presos de ETA o, de lo contrario, lo ejecutarían.

El cruel secuestro, con un ultimátum materialmente imposible de cumplir en el plazo dado por los asesinos y torturadores de la banda terrorista ETA, recuerda mucho al secuestro y asesinato del ingeniero José María Ryan, otra crónica de una muerte anunciada. Lo que hizo ETA con Miguel Ángel fue matarlo despacio, y la sociedad, horrorizada, lo vivió como "un asesinato a cámara lenta", como lo describió José Luis Barbería en el décimo aniversario de su muerte en un artículo titulado "El día que todos fuimos Miguel Ángel Blanco" (El País, 08/07/2007).

El calvario y la agonía del concejal desencadenaron impresionantes muestras de solidaridad con él y con su familia y provocaron una auténtica catarsis social. En el caso de Miguel Ángel, la conmoción que produjo el ultimátum dado al Gobierno de Aznar fue aún mayor, si cabe, pues la sociedad española estaba todavía en estado de shock por las terribles imágenes de dolor y sufrimiento del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, recién liberado por la Guardia Civil, imágenes que recordaban a las que todos hemos visto de las víctimas de los campos de concentración nazis. La liberación de Ortega Lara se había producido diez días antes, el 30 de junio de 1997, tras 532 días secuestrado en un cuartucho inmundo y minúsculo, lleno de humedad, un "ataúd viviente". La tortura a la que fue sometido desde el 17 de enero de 1996 fue tan insoportable que Ortega Lara reconocería, tras su liberación, que se había puesto como fecha tope para quitarse la vida el 5 de julio. Al ver esas imágenes de un Ortega Lara cadavérico, Miguel Ángel le había comentado a su madre, pocos días antes de su propio secuestro: "Amatxo, si a mí me pasara algo así, yo preferiría que me mataran".

El calvario se inició cuando el joven concejal volvía al trabajo después de comer en casa de sus padres. A las 15:20 horas tomó el tren en dirección a Éibar, donde estaba la empresa Eman Consulting en la que prestaba sus servicios como licenciado en Ciencias Empresariales. Nada más salir de la estación fue abordado por la terrorista Irantzu Gallastegi Sodupe, que le condujo hasta un vehículo de color oscuro estacionado en las proximidades, donde se encontraban otros dos terroristas: Francisco Javier García Gaztelu y José Luis Geresta Mujika. Tres horas después, la emisora Egin Irratia comunicaba que Miguel Ángel sería asesinado si el Gobierno no trasladaba a los presos de ETA a cárceles del País Vasco antes de las 16:00 horas del sábado 12 de julio. Semejante chantaje no sólo era imposible de cumplir materialmente, como hemos señalado, sino que era absolutamente inasumible por un Estado democrático.

Este ultimátum provocó la mayor reacción ciudadana que jamás se había conocido en España en contra de ETA y a favor de la libertad de una persona secuestrada. En esas cuarenta y ocho terribles horas se calcula que unos seis millones de personas en todo el país salieron a la calle para pedir la libertad de Miguel Ángel. En total se celebraron más de 1.500 convocatorias de actos públicos improvisados y en el País Vasco se llevaron a cabo 30 movilizaciones. Las contramanifestaciones convocadas por Herri Batasuna fueron ridículas: cincuenta personas en Vitoria, y poco más de un centenar en Guipúzcoa y en Bilbao.

La tensión y la rabia se desbordaron a partir del segundo día de secuestro y, por primera vez, los simpatizantes de ETA tuvieron que ser protegidos de personas que, al mismo tiempo que pedían la liberación de Miguel Ángel, se lanzaron a atacar las sedes de Herri Batasuna al grito de "¡asesinos, sin pistolas no sois nada!". El propio alcalde de Ermua por el PSE-EE, Carlos Totorica, evitó extintor en mano el incendio de la sede de Batasuna en su municipio. También pudimos ver imágenes de miembros de la Ertzaintza protegiendo a los proetarras, mientras los manifestantes les gritaban "No les protejáis, que luego os matarán". Algunos ertzainas se despojaron de los pasamontañas con los que protegían su identidad, dando a entender que estaban con aquellos que desafiaban a los terroristas y a quienes les apoyaban. La madrugada del sábado fue una plegaria continua de decenas de miles de españoles que estuvieron toda la noche implorando a la banda asesina que no asesinara a Miguel Ángel.

Pero todo fue inútil. Cincuenta minutos después de agotarse el plazo del ultimátum planteado al Gobierno por la banda de alimañas, el sábado 12 de julio a las 16:50 horas, ETA cumplía puntualmente su palabra, consumándose la tragedia. En un descampado situado entre el Hotel Chartel y el barrio de Cocheras del municipio de Lasarte (Guipúzcoa) Francisco Javier García Gaztelu efectuó dos disparos con una Beretta del calibre 22 en la cabeza del concejal del PP, forzado a ponerse de rodillas, con las manos atadas en la espalda y sujeto por José Luis Geresta Mujika, de forma que Miguel Ángel no pudiera moverse y el asesino pudiese llevar a cabo tranquilamente la hazaña de acabar con la vida de un chico normal, un joven desarmado e indefenso. Un acto cobarde que contrasta con la valentía de la que dio muestras Miguel Ángel en su corta trayectoria política. Carlos Totorica, alcalde de Ermua, dijo de él que "nunca se callaba" y "que había presenciado réplicas de Miguel Ángel a concejales de HB como nunca antes había visto a nadie". Uno de ellos, precisamente del Ayuntamiento de Éibar, fue quien facilitó la información necesaria para que lo mataran. Se trata del concejal Ibon Muñoa Arizmendarreta.

El edil popular fue encontrado poco después por dos personas que paseaban con sus perros, maniatado, gravemente herido y con un hilo de vida. Los dos vecinos, que reconocieron de inmediato a Miguel Ángel, avisaron inmediatamente a los servicios asistenciales, que acudieron al lugar en escasos minutos. Una ambulancia de la DYA ofreció los primeros auxilios a Miguel Ángel en el lugar en el que fue encontrado, para trasladarlo inmediatamente a una UVI móvil del Servicio Vasco de Salud, y de ahí al Hospital Nuestra Señora de Aránzazu de la capital guipuzcoana. Tras un primer examen del herido, los médicos del hospital le practicaron un escáner para conocer el lugar exacto en el que se alojaban las balas, ya que ambas heridas presentaban orificio de entrada, pero no de salida. La situación de los proyectiles dentro de la cabeza del concejal desaconsejó a los facultativos la intervención quirúrgica. A última hora del día los médicos se mostraron sumamente pesimistas sobre el futuro de Blanco Garrido, que se encontraba en estado de "coma neurológico profundo".

A las 18:00 horas, la madre, la hermana, la novia y la portavoz de la familia Blanco abandonaron su domicilio familiar en Ermua para dirigirse al hospital, una vez que contaron con la confirmación del Ministerio del Interior de que la persona que había sido encontrada malherida en Lasarte era Miguel Ángel. Su llegada al centro hospitalario fue recibida por un grupo de personas que aguardaban tras el cordón policial con una fuerte ovación de apoyo.

Mientras la atención se centraba en el hospital, las fuerzas de seguridad rastreaban las inmediaciones del barrio de Oztaran de Lasarte en busca de alguna pista que pudiera conducir hasta los autores del atentado. Tras el hallazgo del cuerpo, un comunicante que dijo hablar en nombre de ETA avisó de la colocación de un coche-bomba en las inmediaciones de Lasarte-Oria. Los tres cuerpos de seguridad -Ertzaintza, Guardia Civil y Policía Nacional- acordonaron y rastrearon los alrededores en busca de un Seat Toledo azul, en el que, según algunos testigos, podrían haber huido los terroristas. Sin embargo, la búsqueda resultó infructuosa, por lo que fuentes del Departamento vasco de Interior consideraron que el falso aviso pretendía aportar pistas erróneas a la investigación, posiblemente porque Miguel Ángel Blanco fue hallado antes de lo que los terroristas preveían.

Antes de la medianoche del 12 de julio se daba el parte médico de que Miguel Ángel acababa de morir.

Si las cuarenta y ocho horas que duró el secuestro provocaron una reacción ciudadana nunca vista, el desgraciado desenlace motivó una movilización de repulsa aún más espectacular tanto en ámbitos políticos como entre los ciudadanos. Pocas horas después de conocerse la noticia, los partidos democráticos acordaron reunir la Mesa de Ajuria Enea para el día siguiente, mientras en Ermua, miles de personas respondieron con gritos de "Asesinos, asesinos", "Hijos de puta, hijos de puta" o "A por ellos".

Al día siguiente, domingo 13 de julio, varios concejales de Ermua llevaban del coche fúnebre al Ayuntamiento los restos mortales de Miguel Ángel, en cuyo salón de plenos se instaló la capilla ardiente por la que desfilaron miles de vecinos de la localidad, que al día siguiente, lunes 14 de julio acudieron a su entierro, también en Ermua.

El asesinato de Miguel Ángel no sólo conmocionó a los españoles, sino a ciudadanos e instituciones de todo el mundo. Innumerables testimonios de repulsa llegaron desde fuera de España. El Papa Juan Pablo II denunció el bárbaro asesinato del concejal popular durante la oración del Ángelus. Por su parte el Gobierno francés, a través del primer ministro Lionel Jospin, y del presidente de la República, condenó igualmente el asesinato. El jefe del Estado, Jacques Chirac declaró que "todo mi país está con España". Jospin, a su vez, en un comunicado al Ejecutivo español señaló que "Francia comparte la emoción e indignación provocadas por este crimen odioso". Asimismo el Ministerio de Asuntos Exteriores hizo palpable su repulsa por el asesinato, al que calificó de "acto cobarde e inhumano que sólo puede suscitar horror y condena".

Sin duda el asesinato de Miguel Ángel supuso un punto de inflexión de la ciudadanía, especialmente del País Vasco, ante los crímenes de ETA, y tras él surgieron numerosos colectivos y fundaciones de víctimas del terrorismo que mostraban abiertamente su hartazgo hacia la violencia. De las movilizaciones durante el secuestro y de las posteriores al asesinato surgió el denominado "espíritu de Ermua" de contestación social al terrorismo y a sus simpatizantes que, en este caso, habían sido parte activa en el secuestro.

Sin embargo, y por desgracia, secuestrar y asesinar sí tuvo éxito, porque los efectos a largo plazo fueron justamente los contrarios, como describía fríamente Txapote: "Este tipo de ekintzas (atentados) hay que valorarlas a un año vista", comentó el etarra durante la charla que, meses después del asesinato, mantuvo con el colaborador de ETA y exconcejal de Batasuna de Ermua, Ibon Muñoa, que les había alojado en su casa mientras preparaban el secuestro y les había facilitado placas de matrícula falsificadas, además de prestarles su propio vehículo. "Los contactos con el PNV fueron más fáciles que nunca después de la acción contra Miguel Ángel Blanco", escribió ETA en su boletín interno Zutabe (citado por José Luis Barbería, El País, 08/07/2007).

Por lo tanto, las movilizaciones trajeron un efecto inesperado para todos, salvo quizás para los asesinos. Florencio Dominguez Iribarren (Las Raíces del Miedo. Euskadi, una sociedad atemorizada, Ed. Aguilar, 2003, pág. 240 y siguiente) lo explica con claridad meridana:

Sorprendentemente aquella movilización fue percibida como una amenaza no desde el mundo etarra, sino desde el nacionalismo institucional, que temía que el rechazo a ETA se tradujera en un rechazo al nacionalismo y ello provocara un cambio de mayoría política en Euskadi. El miedo a perder el poder como consecuencia de una reacción al hartazgo ante el terrorismo fue la causa de un cambio radical en el seno del PNV.

Koldo San Sebastián, periodista y militante de PNV en un artículo publicado en 'Deia' reveló la angustia con la que amplios sectores de este partido político vivieron los acontecimientos de julio de 1997, no por el crimen de ETA, sino por la reacción popular contra aquel: ‘Días después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, centenares de militantes del PNV nos reunimos en asamblea para ver cómo afrontábamos la brutal campaña mediático-política que se había desatado contra nosotros (...) Había quien pensaba que, efectivamente, sin ETA nos convertiríamos en una fuerza vulgar. Para quien conozca un poco la historia del PNV se vivieron los momentos más críticos desde 1936 (incluso más críticos que los de la última escisión)’.

Coincide en este punto con Joseba Arregui, ex consejero de Cultura y una de las pocas voces críticas en el seno del PNV, quien en su obra 'La nación vasca posible', expresa la existencia de un miedo ‘a que el nacionalismo, en su conjunto, pudiera perder la mayoría de la adhesión de la sociedad vasca, percibido en las manifestaciones por el asesinato de Miguel Angel Blanco’.

El artículo de Koldo San Sebastián muestra la cara real de las bases nacionalistas. Se ha dicho siempre que el PNV tiene un doble lenguaje, uno en Madrid y otro en el País Vasco, pero junto a los pronunciamientos públicos está el lenguaje real de la militancia en los batzokis, donde se podía oír cosas como que "sin ETA nos convertiríamos en una fuerza vulgar".

Más allá de lo que inicialmente parecía, el resultado final de la tortura y asesinato de Miguel Ángel Blanco fue una importante victoria para ETA. Así lo percibió la banda criminal, como muestra el Zutabe de agosto de 1998 donde explicaban que "esto [el asesinato de Miguel Ángel] llevó a los otros partidos nacionalistas que estaban en la tranquilidad autonomista a resurgir y reactivar su pensamiento abertzale".

Florencio Domínguez sentenció en el libro antes citado:

Como Lemóniz a principios de los ochenta y la autovía una década más tarde, el asesinato de Miguel Angel Blanco se convertía en el mejor desmentido de la inutilidad del terrorismo y por tanto, en una pieza fundamental del engranaje de retroalimenación de la propia organización terrorista.

Al año siguiente del asesinato de Miguel Ángel Blanco, todos los partidos vascos nacionalistas, incluido Herri Batasuna, firmaron el Pacto de Estella o Lizarra, que tenía como objetivo explícito la consecución de la soberanía de Euskadi. Muchos analistas han calificado el asesinato de Miguel Ángel Blanco no como un error de la banda, por la reacción social sin precedentes que provocó, sino como un órdago que ETA lanzó al PNV, órdago que, evidentemente, funcionó. En cierto modo el PNV rescató a ETA del acoso social, pero lo hizo por propio interés, por su propia supervivencia como partido. Si desaparecía ETA, el PNV tendría los días contados a medio plazo. Sin ETA, sin las pistolas, el PNV se habría convertido en "una fuerza vulgar".

En marzo de 1999 el cadáver del etarra José Luis Geresta Mujika, alias Oker y Ttotto, que fue quien sujetó a Miguel Ángel mientras García Gaztelu le metía dos tiros en la cabeza, fue encontrado con un orificio de bala en la sien derecha en un descampado de Rentería, solo once días después de la caída de otros dos miembros del grupo Donosti. Si inicialmente las hipótesis policiales y judiciales mantuvieron que Geresta se había suicidado, informes forenses posteriores no aclararon definitivamente esta circunstancia, lo que alimentó las sospechas en el entorno proetarra de que existía una "mano negra" detrás de la muerte de este etarra. Un informe elaborado por el Instituto de Toxicología apuntó la posibilidad de que alguien manipulara el cuerpo del etarra inmediatamente después de su muerte, ya que le arrancaron dos muelas y le dañaron una tercera. Asimismo, avaló también la tesis de que estas extracciones se pudieron producir con la intención de crear confusión sobre el suicidio. Por este motivo, según el informe, las extracciones fueron realizadas instantes después de su muerte, para dar apariencia de que el cuerpo había sido torturado. Las extracciones fueron hechas de manera limpia y de forma simultánea. Además, a los investigadores que elaboraron este informe pericial les sorprendió el hecho de que se arrancaran dos de las muelas situadas en la parte posterior de la boca, en la zona de más difícil acceso. José Antonio Saenz de Santamaría, exmilitar y asesor contra el terrorismo del Ministerio del Interior socialista entre 1986 y 1996, encuadró la muerte de Geresta como un episodio más de la guerra sucia contra ETA en una entrevista publicada por el diario La Razón el 19 de noviembre del 2001.

En 2003 la Audiencia Nacional condenó a Ibon Muñoa Arizmendarreta, concejal de Herri Batasuna en Éibar, a la pena de 14 años de prisión como cómplice de un delito de secuestro terrorista. Miguel Ángel Blanco trabajaba en una empresa próxima a la sociedad familiar Recambios Automóviles Muñoa, SL, de la que el miembro de HB era responsable. Además de proporcionar a los terroristas datos muy precisos de los movimientos y características de la víctima, Muñoa facilitó a los asesinos su turismo particular, que dejó aparcado en la estación de tren de Éibar, por si se averiaba el que utilizaron finalmente para cometer el secuestro. Además los alojó en su casa particular de Éibar durante los angustiosos días en los que se prolongó el secuestro que mantuvo en vilo a toda España. El exconcejal de HB puso a disposición de los terroristas otra vivienda de su propiedad en la costa guipuzcoana.

En julio de 2006 los terroristas Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, e Irantzu Gallastegi Sodupe, alias Amaia, fueron condenados a 50 años de cárcel por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Miguel Ángel Blanco Garrido tenía 29 años. Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad del País Vasco, había conseguido un trabajo en Eman Consulting pocos meses antes de su asesinato. Anteriormente había trabajado con su padre en la construcción. Miguel Ángel era hijo de inmigrantes gallegos, Miguel Blanco (albañil) y Consuelo Garrido (ama de casa), ambos nacidos en Junquera de Espadañedo (Orense) y tenía una hermana, María del Mar. Aficionado al deporte y a la música, tocaba la batería en el grupo Póker y era admirador de Héroes del Silencio. Tenía una novia desde hacía siete años con la que tenía planes de boda para septiembre de ese año. Miguel Ángel se afilió a las nuevas generaciones del PP en 1995 de la mano de su amigo, y entonces presidente de esta formación, Iñaki Ortega Cachón, durante una campaña de captación de candidatos. La falta de efectivos lo colocó en tercer lugar en las listas municipales y las elecciones lo situaron en el Ayuntamiento de Ermua, donde el Partido Popular se convirtió en la segunda fuerza política tras los comicios de 1995. Así lo describía su hermana Marimar: "Miguel era un chico muy nervioso y activo, bastante extrovertido. Contaba chistes con frecuencia y tenía un carácter fuerte, de esos que perseveran en los objetivos".

Joaquín Gorjón, guardia civil retirado, y Luis Ortiz de la Rosa, policía nacional

10 de Julio de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A las 7:20 horas del viernes 10 de julio de 1981, ETA asesinaba a tiros en Basauri (Vizcaya) al guardia civil retirado JOAQUÍN GORJÓN GONZÁLEZ mientras esperaba el tren en el andén de la estación de ferrocarril para trasladarse a Bilbao, donde trabajaba como empleado en una agencia de aduanas.

En ese momento había un centenar de personas en el andén, la mayoría trabajadores que esperaban la llegada del tren que cubre la línea Orduña-Bilbao. Un individuo, sin mediar palabra, sacó una pistola y efectuó dos disparos que alcanzaron a Joaquín en la espalda y en el cuello. La víctima cayó mortalmente herida en el andén mientras el pistolero y dos acompañantes emprendían la huida a pie y se montaban en un coche que esperaba fuera de la estación.

Los etarras utilizaron dos vehículos para cometer el atentado, uno para desplazarse hasta Basauri y otro en el transcurso de la huida. Media hora antes de asesinar a Gorjón González dos etarras robaron un Seat 124 de color beige en el barrio bilbaíno de Deusto, obligando al conductor a cambiar de asiento y a acompañarles, primero a recoger a otros dos terroristas, y después hasta las inmediaciones de la estación de Basauri. Tras cometer el asesinato, abandonaron al dueño del coche en Basauri y emprendieron la huida.

La Policía Municipal de la localidad vizcaína dio la alarma a la Guardia Civil, que localizó el coche en la entrada de Bilbao. Para entonces los terroristas habían robado un segundo vehículo que fue detectado por dos coches patrulla de la Policía Nacional. Se inició entonces una persecución hasta el casco viejo de la capital, donde los etarras abandonaron el coche y continuaron la fuga a pie por las calles del centro de la ciudad. En esta persecución se produjo un intercambio de disparos en el que resultaron heridos el etarra Sebastián Echaniz que, a pesar de ello, consiguió huir -fue trasladado por sus compañeros a un piso y, al día siguiente, conducido a Francia para ser atendido de las heridas-, y dos transeúntes que, según fuentes policiales, fueron utilizados como escudo por los etarras. Aurora Múgica Múgica resultó herida de carácter leve, y Ovidio Ferreira Martín, de carácter grave. Ovidio Ferreira recibió dos impactos, uno en la pierna y otro en la cara. Esta segunda bala quedó alojada en la parte posterior del cráneo y, a consecuencia de la misma, falleció cuatro días después, el 14 de julio de 1981.

En 2005 la Audiencia Nacional condenó a Sebastián Echaniz Alcorta, Enrique Letona Viteri y José Antonio Borde Gaztelumendi como autores materiales del asesinato de Joaquín Gorjón. Por otra parte, en junio de 2004 fue detenido en Francia, junto a otros siete miembros de la banda terrorista, el histórico Luis Armando Zabalo Bilbao, alias Mikel, procesado por la Audiencia Nacional por haber participado, presuntamente, en el asesinato de Gorjón González. No obstante, dada la fecha de la comisión del asesinato, y de acuerdo con la legislación francesa, el delito habría prescrito. En octubre de 2004 el Consejo de Ministros acordó pedir a las autoridades francesas la extradición de Zabalo Bilbao.

Joaquín Gorjón González, de 59 años de edad, se había retirado de la Guardia Civil en 1972, pasando a trabajar desde entonces en una agencia de aduanas bilbaína. Natural de Vilvestre (Salamanca), estaba casado y tenía seis hijos de edades comprendidas entre los 37 y los 22 años. El mayor de sus hijos, José Gorjón Recio, era militante de CCOO, y otro iba a recibir dos días después, el 12 de julio, su despacho de alférez en la Academia General Militar de Zaragoza. Por expreso deseo de la familia no se celebró ningún acto público en su memoria. Durante el entierro de Joaquín Gorjón en la localidad vallisoletana de La Seca se produjeron incidentes entre un grupo de jóvenes que cantaban el Cara al Sol y dos hijos de la víctima, que les pidieron que se callasen porque su padre "no era político. Era tan sólo un hombre bueno, así que callaros". "Le habéis matado entre los dos extremismos. Lo que hay que hacer es acabar con los radicalismos", dijo uno de los hijos.

Veinte años después, el domingo 10 de julio de 2001, la banda terrorista ETA colocaba en el madrileño barrio de Aluche un coche-bomba. Posteriormente, minutos antes de las 20:00 horas, los etarras avisaron de la colocación del mismo mediante llamada telefónica al servicio de urgencia 091 de la Policía Nacional, a la Policía Municipal y a los Bomberos. Se procedió a acordonar la zona y a evacuar parcialmente los edificios colindantes a la calle Ocaña, donde los terroristas habían aparcado el coche cargado de explosivos. Sin embargo, cuarenta y cinco minutos después de recibirse la llamada, el coche-bomba explotó activado por un temporizador, alcanzando de lleno al policía nacional LUIS ORTIZ DE LA ROSA que participaba en el desalojo de la zona y revisaba matrículas intentando localizar el vehículo sospechoso. El agente falleció en el acto al recibir todo el impacto de la onda expansiva.

La explosión provocó, además, heridas de diferente consideración a veinte personas, además de importantes daños materiales en los inmuebles y comercios cercanos. Al menos nueve viviendas resultaron afectadas en su interior y la casi totalidad de las fachadas de los edificios de la calle quedaron destrozadas. Trece personas necesitaron atención médica en el lugar de los hechos y varias de ellas tuvieron que ser trasladadas a diferentes hospitales. Ninguno de ellos resultó herido de gravedad. Según informó el Ministerio del Interior, la rápida actuación de los servicios policiales tras la llamada telefónica evitó una verdadera matanza en el barrio.

El coche-bomba, cargado con 40 kilos de explosivo, había sido estacionado en la calle Ocaña, en uno de los laterales del edificio de la subdirección general de informática del Ministerio de Justicia. El titular de este departamento, Ángel Acebes, indicó que todo hacía sospechar que este edificio era el objetivo de los etarras. En las inmediaciones del edificio hay una parroquia en la que, en el momento de la explosión, se acababa de celebrar misa.

El coche utilizado por los terroristas para el atentado era un Peugeot 205 rojo robado en el mes de marzo en el barrio de Moratalaz en Madrid, barrio en el que el grupo Madrid de ETA robó gran parte de los vehículos utilizados en los atentados de los años anteriores. Los terroristas contaban con una amplia y segura infraestructura en la Comunidad de Madrid, con pisos francos y varios garajes. El hecho de que el vehículo utilizado en el atentado que costó la vida a Luis Ortiz de la Rosa estuviera denunciado desde marzo como robado, dejaba claro que la banda terrorista tenía dónde esconder los coches durante meses con plenas garantías de que no serían descubiertos. El coche-bomba que acabó con la vida de Luis Ortiz de la Rosa era el sexto que la banda terrorista colocaba en Madrid desde que decretase el fin de la tregua en noviembre de 1999, siendo el primero el colocado el 21 de enero de 2000, que acabó con la vida del teniente coronel Pedro Antonio Blanco García

La capilla ardiente del policía asesinado fue instalada de madrugada en la Delegación del Gobierno. A la misma acudió el presidente del Gobierno, José María Aznar, que colocó sobre el ataúd la Medalla de Honor al Mérito Policial concedida a título póstumo. El 11 de julio el féretro con sus restos mortales fue recibido por más de mil personas en la plaza del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias. La entrada del ataúd en la Iglesia parroquial fue acompañada por fuertes aplausos mientras la Banda de la Policía Nacional interpretaba la marcha fúnebre Piedad.

La Audiencia Nacional condenó en 2004 a sendas penas de 83 años de cárcel a los etarras Ana Belén Egüés Gurruchaga y a Aitor García Aliaga. En septiembre de 2010 fue condenado a 83 años de cárcel, como coautor de este atentado, el etarra Gorka Palacios. Los magistrados consideraron probado que el exdirigente etarra participó, junto a sus compañeros del grupo Madrid de ETA ya condenados, Aitor García y Ana Belén Egües y otras personas "no identificadas" en la elaboración del artefacto explosivo colocado en el coche-bomba, y fue además quien recabó toda la información del lugar para perpetrar el atentado. Fue la primera condena de Palacios en España después de que fuera entregado temporalmente por las autoridades francesas en marzo de 2010. Gorka Palacios fue detenido en 2003 en Francia acusado de ser el jefe militar de la banda armada, por lo que fue juzgado junto al exdirigente Juan Ibon Fernández Iradi, alias Súsper y condenado en noviembre de 2009 a 18 años de prisión por el Tribunal de lo Criminal de París.

Luis Ortiz de la Rosa tenía 33 años. Ese día estaba fuera de servicio, pero se ofreció a ayudar a sus compañeros organizando el perímetro de seguridad. Natural de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), donde residía y donde fue enterrado, estaba casado y era padre de una niña de año y medio. Su viuda declaró a El Mundo pocos días después del atentado que hubiese preferido que su marido "hubiese salido en dirección contraria, que hubiese sido un cobarde, pero que estuviera aquí conmigo y con la niña". Ortiz de la Rosa había salido de la Academia de Policía en 1996, de donde pasó a prestar servicio en la Comisaría del distrito Centro. En enero de 2001 fue destinado en la comisaría del madrileño distrito de La Latina, donde desempeñaba su trabajo cuando fue asesinado.

Juan Merino y Antonio Trujillo, guardias civiles asesinados por ETA en San Sebastián

9 de Julio de 2011 - 09:10:13 - M.J. Grech

A las 8:15 horas del 9 de julio de 1985 la banda terrorista ETA asesinaba en San Sebastián a ANTONIO JESÚS TRUJILLO COMINO y a JUAN MERINO ANTÚNEZ, dos guardias civiles de paisano encargados de la custodia de la Delegación de Hacienda de la capital donostiarra.

Los guardias civiles estaban dentro de un coche aparcado escuchando música con las ventanillas bajadas. Los terroristas, que llevaban el pañuelo rojo anudado al cuello típico de las fiestas de San Fermín, abordaron el coche policial simulando formar parte de los miles de jóvenes que volvían esos días de las fiestas a las capitales del País Vasco. Al llegar a la altura del vehículo, empezaron a disparar simultáneamente y a quemarropa por ambos lados a través de las ventanillas delanteras del mismo. Los guardias civiles murieron prácticamente en el acto y quedaron recostados dentro del coche uno sobre el otro.

Juan y Antonio apenas llevaban dos meses destinados en San Sebastián. Ambos procedían del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid), y cubrían asiduamente la vigilancia de la Delegación de Hacienda, edificio que había sufrido varios atentados y frecuentes avisos de bomba.

Según testigos presenciales del atentado, los asesinos huyeron pistola en mano y se introdujeron en uno de los accesos peatonales del aparcamiento subterráneo de la calle de Oquendo, a escasos veinte metros del lugar donde habían quedado acribillados los dos guardias civiles.

Inmediatamente después de escucharse los cinco disparos, otros dos guardias civiles salieron de la Delegación de Hacienda, echaron una rápida ojeada a los guardias que agonizaban, ordenaron a los vecinos que avisaran a un médico y al 091 y penetraron en el aparcamiento en busca de los asesinos. Diez minutos más tarde la Policía cerró los accesos del estacionamiento subterráneo y registró, sin resultados, los vehículos y a sus usuarios. Lo más probable es que los etarras salieran del aparcamiento por otra entrada peatonal que desemboca en la calle de la República Argentina, donde continuaron su huida en coche, de ahí que su búsqueda en el interior del aparcamiento resultase infructuosa.

A las diez de la mañana un individuo telefoneó a la DYA en nombre de ETA militar para indicar que habían abandonado un Renault 7 en la zona de Cocheras, en el garaje de los autobuses urbanos de San Sebastián. El propietario del coche, Domingo Alunda, fue encontrado atado y amordazado en el portamaletas. Tras ser liberado, Domingo afirmó que había sido abordado a punta de pistola en Pasajes cuando iba a trabajar, y que había permanecido atado y amordazado en el portamaletas más de una hora.

Fuentes oficiales señalaron tras el atentado que en este tipo de servicios las parejas de guardias civiles tienen órdenes precisas de no permanecer juntos en el interior del coche cuando éste está aparcado. Varios vecinos indicaron que los guardias encargados de este servicio utilizaban el punto en el que se produjo el atentado como lugar preferente, casi exclusivo, desde el que ejercer la vigilancia, ya sea en el interior de los coches o bien sentados en uno de los bancos del jardín que bordea un lateral del Hotel María Cristina, frente al edificio de la Delegación de Hacienda.

Dos horas después de las diez de la mañana los cadáveres de Juan Merino y Antonio Trujillo fueron trasladados al cementerio donostiarra de Polloe para practicarles la autopsia. Los guardias tenían impactos en la cabeza, en el cuello y en el hombro, debido a la trayectoria descendente seguida por las balas. La mano de uno de los guardias descansaba sobre su muslo derecho, cerca de la pistola reglamentaria que tenía entre las piernas y que no tuvo tiempo de utilizar.

La Policía recogió dos casquillos de bala en la acera y al menos otros dos más en la calzada. Practicada la autopsia, los cadáveres fueron llevados al edificio del Gobierno Civil. El funeral tuvo lugar a las seis de la tarde en la Iglesia de la Sagrada Familia, en el barrio de Amara. Al mismo asistieron el ministro de Interior, José Barrionuevo, y el delegado del Gobierno en el País Vasco, Ramón Jáuregui. A la entrada y a la salida del funeral se vivieron momentos de tensión y se profirieron insultos contra Barrionuevo y contra ETA. Los asesinatos y atentados se sucedían un día tras otro y el ambiente estaba cada vez más encendido. Una semana antes del asesinato de Juan y Antonio, el policía nacional José Antonio Sevilla había resultado gravemente herido en Pamplona cuando un terrorista le disparó a la cabeza mientras se encontraba en un bar de la capital navarra. El agente sobrevivió al atentado, pero sufrió graves secuelas, entre ellas la pérdida de un ojo. Años después acabó quedando completamente ciego.

Juan Merino Antúnez, de 21 años, casado y sin hijos, era natural de Llanes (Asturias). Había sido trasladado a San Sebastián el 1 de mayo de 1985.

 

 

 

Antonio Jesús Trujillo Comino, de 22 años, estaba soltero, aunque tenía fijada la fecha de su boda para el mes siguiente a su asesinato. Era natural de Priego de Córdoba. Al igual que Juan, su primer y último destino, tras salir del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro en Madrid, fue San Sebastián.

 

Jáuregui Bernaola, juez de paz de Lemona, y Mª Rosa Valdellou, víctima de Hipercor

8 de Julio de 2011 - 09:10:13 - M.J. Grech

A las cuatro menos cuarto de la tarde del 8 de julio de 1978, la banda terrorista ETA asesinaba a tiros al juez de paz de Lemona (Vizcaya), JOSÉ JAVIER JÁUREGUI BERNAOLA, en el interior del bar propiedad de su familia.

José Javier Jáuregui se encontraba solo atendiendo el establecimiento que hacía las veces de taberna y expendeduría de tabaco en Lemona. A esta hora no había nadie en el local y el último cliente había salido minutos antes. Dos terroristas del grupo Kioto de ETA entraron en el bar con la cara cubierta por capuchas y preguntaron si era José Javier Jáuregui. Éste les contestó afirmativamente y, mientras la víctima se dirigía hacia ellos, le dispararon a bocajarro. Jáuregui fue alcanzado por cinco impactos de bala, cuatro en el pecho y uno en un brazo. En el lugar de los hechos la Guardia Civil recogió seis casquillos del calibre 9 milímetros parabellum, marca Geco.

Tras abandonar precipitadamente el establecimiento, y haciendo un disparo intimidatorio al aire, huyeron en dirección a Amorebieta en un Simca 1200 color azul. Hora y media después el vehículo sería localizado en esta localidad por la Guardia Civil, con las llaves de contacto puestas. El coche había sido robado a punta de pistola una hora antes del atentado en la localidad de Durango a Jesús Sanz de Viana, al que dejaron maniatado cerca de Amorebieta.

Jaime Jáuregui, hermano de José Javier y médico en Durango, señaló que su hermano "no pertenecía a ningún grupo político. Como ocurre en todos los pueblos, tenía amigos y enemigos. Nosotros somos de aquí. Era juez de paz desde hace cinco o seis años. Mi hermano solía sacar de cuando en cuando la bandera española al balcón, pero eso no creo que sea motivo para matarle". Señaló que su hermano había sido amenazado bastantes veces, sobre todo por teléfono, y que las amenazas se hicieron más frecuentes en los meses anteriores a su asesinato. Cuando se inauguró el batzoki de Lemona incluso pintaron en la fachada del bar "Javi vas a cascar". Tras recibir estas amenazas, dejó de sacar la bandera de España fuera del local como medida de precaución.

Una mujer cercana a la familia contó que, pocos días antes del asesinato, cuando viajaba con José Javier a Bilbao, fueron seguidos por unos desconocidos. Y también en los días previos al atentado un individuo fue a su establecimiento y, aunque no amenazó a la víctima, se identificó como miembro de ETA y le dijo que acababa de regresar de Francia y no tenía dinero. La reacción de José Javier fue perdonarle la consumición que acababa de hacer: un vino y un bocadillo.

El asesinato de José Javier fue, por lo tanto, algo que se veía venir, otra crónica de una muerte anunciada, como la de Pagazaurtundúa, José María Portell y tantos y tantos otros. Además, se enmarca en la 'caza de brujas' emprendida por la banda terrorista ETA contra vascos que se sentían españoles, que se inició con Carlos Arguimberri tres años antes.

José Javier Jáuregui Bernaola, de 38 años de edad, soltero y juez de paz de Lemona, gestionaba el Bar La Herradura en esta localidad vizcaína, propiedad de su familia, trabajo que compatibilizaba con el de conductor de una ambulancia de la Seguridad Social en Sestao. Precisamente a las cuatro de la tarde iba a entrar de servicio en un turno que debía concluir a las doce de la noche. Además, era también exconsejero local del Movimiento, según informó El País.

El 8 de julio de 1987 falleció MARÍA ROSA VALDELLOU MESTRE a consecuencia de las graves heridas sufridas por la explosión de un coche-bomba en el aparcamiento del Hipercor de Barcelona el 19 de junio de 1987.

María Rosa Valdellou Mestre, de 57 años, era natural de Barcelona. Estaba casada con Marcos Cabré Beltrán y tenía cuatro hijos. Falleció "a causa de una insuficiencia respiratoria aguda y un shock refractario" fruto de las quemaduras que le afectaban al 80% del cuerpo.

Carlos Arguimberri, el inicio de la 'caza de brujas' contra los vascos no nacionalistas

7 de Julio de 2011 - 09:10:11 - M.J. Grech

El 7 de julio de 1975 dos miembros de la banda terrorista ETA asesinaban en Deva a CARLOS ARGUIMBERRI ELORRIAGA, conductor de autobús y exconcejal del Ayuntamiento de esa localidad guipuzcoana.

El asesinato tuvo lugar al mediodía, en el kilómetro 40 de la carretera nacional Bilbao-San Sebastián, cuando Carlos llevaba a numerosos pasajeros de Deva a Icíar. Dos terroristas que iban dentro del autobús se acercaron al conductor y le obligaron a salirse de la carretera general. Tras gritarle "hi txakur bat haiz" ("eres un perro") le dispararon a bocajarro nueve tiros por la espalda. Entre los veintidós pasajeros estaban un hermano y una hermana de Carlos, con los que regentaba un restaurante en Icíar, además de varias mujeres que salieron horrorizadas del autobús. Mientras el cuerpo de Carlos caía sobre el volante acribillado a balazos, el autobús, sin frenos, reculó hasta estrellarse contra un talud situado a la derecha de la calzada y casi se lleva por delante a una de las mujeres que se había caído al suelo al salir corriendo del mismo.

Seguidamente, los dos pistoleros salieron del autobús disparando algunos tiros intimidatorios con el fin de evitar cualquier posible persecución de los viajeros, casi todos ellos de la comarca, y se dieron a la fuga en un turismo blanco en el que les esperaban otros dos terroristas.

Con el asesinato de Carlos Arguimberri, la banda asesina ETA inició una campaña de atentados mortales contra personas a las que acusaba de ser confidentes policiales, como ya contamos a propósito del asesinato del taxista Ignacio Arocena el 15 de febrero de 1980. La inmensa mayoría de las veces ese tipo de acusaciones y rumores eran falsos, y lo que hizo ETA fue utilizarlos como excusa para asesinar a aquellos vascos que no eran nacionalistas. Con el asesinato de Carlos se inició la siguiente fase de la limpieza ideológica que permitiría que, en un corto espacio de tiempo, el nacionalismo en general, y ETA en particular, se apoderara con total impunidad de las zonas rurales vascas.

Además, es importante señalar que este asesinato vino precedido por una serie de acciones intimidatorias en los años anteriores. Primero fueron las amenazas, luego los ataques contra bienes inmuebles y vehículos, y finalmente, los asesinatos. Desde entonces, ETA desplegará su violencia contra aquellos vascos que se sentían lo que eran, es decir, tan vascos como españoles. Al final del proceso, el miedo, consistente y mantenido, atenazó a una sociedad entera. Ese miedo les hizo abrazar, de forma mayoritaria, cualquiera de las variantes del nacionalismo como única forma de sobrevivir.

El proceso había empezado unos años antes. El 14 de agosto de 1968 fue incendiado y destruido el caserío del alcalde de Lazcano. Durante 1969 y 1970 la banda fue prácticamente desarticulada, y los ataques cesaron casi por completo. Pero en 1971 se produjo el  "desembarco" de cientos de militantes (John Sullivan, El nacionalismo vasco radical, Alianza Editorial, 1988), que se agrupaban bajo una escisión de las juventudes del PNV denominada EGI-Batasuna. Se reiniciaron, entonces, las acciones de persecución e intimidación a los vascos que no estaban dispuestos a tragar con los delirios racistas, totalitarios, y más que dudosamente acordes con la realidad histórica vasca, de Sabino Arana.

El 29 de noviembre de 1971 era incendiada y destruida la boutique Gurruchaga de San Sebastián. El 10 de diciembre le tocaba al caserío Mainguama de José María Recondo en Urnieta y el 14 de diciembre de 1971 la destrucción llegaba a la droguería del alcalde de Ondárroa. Estos actos de intimidación constante a los vascos no nacionalistas fueron reivindicados en el mismo comunicado en el que la banda se hizo responsable del secuestro de Lorenzo Zabala Suinaga el 19 de enero de 1972, liberado tres días después. La nueva ETA, formada por los que fueran cachorros del PNV, dejaba claro que serían implacables para conseguir sus fines y enviaba, de paso, un mensaje a determinados sectores de la sociedad vasca.

Florencio Domínguez en Las Raíces del Miedo. Euskadi, una sociedad atemorizada (Aguilar, 2003, pág. 22) explica perfectamente el salto cualitativo que suponía el asesinato de Carlos Arguimberri:

La extensión del miedo se produce cuando diferentes sectores de la sociedad vasca empiezan a sentir que corren peligro de ser atacados, al igual que les ocurre a otros conciudadanos con los que pueden tener algún grado de identificación. Con el asesinato de Carlos Arguimberri Elorriaga, ETA comienza a atacar a ciudadanos vascos de a pie utilizando como excusa la acusación de ser confidentes de la policía. Arguimberri representa el principio de una línea de acciones de ETA que se mantendrá de forma ininterrumpida durante una década y que se saldará con la muerte de casi un centenar de personas. Hasta entonces ETA sólo había buscado la muerte de policías, guardias civiles o representantes del poder, como Carrero (...) A partir de 1975, hay civiles que son objetivo directo de ETA. En una primera etapa, que se extiende desde 1975 a 1977, la práctica totalidad de las víctimas acusadas de confidentes son de origen vasco como lo revelan sus apellidos: Arguimberri, Camio, Arregui, Guezala, Albizu, Cortadi, Azpiroz. ETA, en explicaciones elaboradas después de perpetrar sus primeros crímenes, sostiene que, a diferencia de los miembros de la Policía y la Guardia Civil ‘los chivatos son en gran parte nacidos en Euskadi Sur. Su conocimiento de los movimientos obreros y populares vascos les convierten en los ojos y oídos del aparato de represión’ (Zutiz 65, agosto 1975). En esta fase, los ataques contra supuestos confidentes son escasos, apenas una decena, pero sin embargo son suficientes para provocar la aparición en el seno del nacionalismo afín a ETA de un fenómeno maccarthysta, una auténtica caza de brujas en busca del confidente infiltrado, que en ocasiones incurre abiertamente en la paranoia.

Casi todos los autores no españoles que han escrito sobre ETA o han sido ambiguos y equidistantes, o han caído abiertamente embobados ante la dialéctica de los puños y el tiro en la nuca de la banda. Posiblemente porque no vivieron, como sí lo vivió la investigadora alemana Marianne Heiberg, cómo salió la serpiente del huevo. Heiberg residió entre febrero de 1975 y septiembre de 1976 en Elgueta, pequeña localidad de mil doscientos habitantes. En su tesis doctoral describió el asfixiante clima que se creó contra los vascos no nacionalistas. Muy gráficamente expuso cómo quedaban señaladas ante la sociedad "aquellas personas que, de una manera u otra, quebrantaban las normas del lugar, revelándose como antivascos... el paralelismo entre las acusaciones de chivatazo y las acusaciones de brujería de otras partes del mundo era realmente sorprendente". (Heiberg, Marianne, La formación de la nación vasca. Editorial Arias Montano, Madrid 1991).

Carlos Arguimberri se convirtió, de este modo, en la primera víctima de una locura colectiva que, en el fondo, tenía poco de locura y sí mucho de frío, cruel y despiadado cálculo tendente a conseguir que las zonas rurales quedaran total y absolutamente en manos de los diferentes seguidores de Sabino Arana. Tal vez así nos podemos explicar, más fácilmente, los recientes resultados de Bildu en esas zonas, poniendo de manifiesto hasta qué punto ha tenido éxito la estrategia descrita por Marianne Heiberg y Florencio Domínguez que se inició en los setenta.

En el caso concreto del asesinato de Carlos Arguimberri, ejemplo acabado de esa caza de brujas maccarthysta, quien más datos ha dado sobre los años previos a su asesinato ha sido el antropólogo Joseba Zulaika, que conoció personalmente a la víctima. Cuenta Zulaika cómo desde los años sesenta una parte de la población de Icíar empezó a involucrarse en actividades nacionalistas, actividades en las que Carlos quedó al margen. Posiblemente por este motivo, empezó a extenderse el rumor de que era un chivato y se le culpó, entre otras cosas, del traslado del sacerdote decidido por el obispado y de alguna detención. "Según todo lo que he podido saber, no había un ápice de verdad en tales rumores", escribió Zulaika. De esta forma, los rumores y maledicencias convirtieron a Carlos en el "villano oficial" de la localidad, siendo objeto de una agresiva campaña de acoso que desembocó en su asesinato. Previamente al atentado, los jóvenes de la localidad boicotearon una sala de fiestas que había promovido mientras fue concejal en Deva; miembros de un grupo católico elaboraron pintadas en 1972 donde se podía leer "Karlos hil" ("muerte a Carlos"), y la banda terrorista ETA le incendió el autobús antes de asesinarlo (Joseba Zulaika, Violencia vasca. Metáfora y sacramento, Nerea, 1990, citado por Rogelio Alonso, Florencio Domínguez y Marcos García Rey en Vidas Rotas, Espasa, 2010).

Carlos Arguimberri Elorriaga, de 43 años, estaba soltero. Era un hombre del pueblo, muy trabajador, siempre dispuesto a hacer favores, y muy apreciado por los vecinos, por lo que la noticia de su asesinato produjo una gran conmoción en la comarca. Pertenecía a una familia carlista del barrio de Icíar, en el municipio de Deva. Su padre fue sepulturero, carpintero y cartero, y Carlos había trabajado de zapatero y de conductor de autobús. Fue alcalde pedáneo y concejal del Ayuntamiento de Deva hasta 1974. En el momento de su asesinato Carlos Arguimberri era consejero local del Movimiento y se hallaba especialmente vinculado a la Hermandad de Labradores y Granjeros.

Txomin Merino, supuesto confidente, un guardia civil y un teniente del Ejército

5 de Julio de 2011 - 09:10:12 - M.J. Grech

A las once de la noche del 5 de julio de 1978 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros al joven DOMINGO MERINO ARÉVALO bajo la acusación, una vez más, de ser confidente de la Policía. El asesinato se produjo cuando la víctima aparcaba su vehículo en el Hotel Duque de Zarauz donde llevaba viviendo tres meses. Los etarras estaban en el interior del aparcamiento del hotel y, cuando le vieron llegar, le dispararon a corta distancia provocándole la muerte en el acto. La víctima presentaba seis impactos de bala.

El vehículo utilizado por los terroristas, un Citroën GS, fue robado a punta de pistola hacia las siete de la tarde a su propietario, Ramiro Ramírez Pérez, en la entrada de Zarauz. Ramírez Pérez fue amordazado y abandonado en el Alto de Orio.

En un primer momento se pensó que el atentado era obra de miembros de la extrema derecha, porque según declaraciones de un íntimo amigo, Eugenio Treku, Domingo simpatizaba con la  izquierda proetarra. "Desconozco la identidad de los autores, pero estoy seguro de que son enemigos del País Vasco. Pensar en una represalia de ETA no cabe en mi cabeza. Txomin y yo teníamos unas ideas similares respecto al problema de Euskadi y luchábamos, como otros muchos, por salir adelante. Conocía muy bien a Txomin y estoy convencido de que no fue confidente de la Guardia Civil, como se ha dicho por ahí" (ABC 07/07/1978). Incluso se recibió una llamada en la revista Interviú en la que la Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A) reivindicaba el asesinato y añadía, como coletilla, que "seguirían actuando". Por otra parte, Txomin Merino había sido detenido en el año 1973, y condenado a dos años de prisión por distribuir "propaganda subversiva" y tenencia de moneda falsa. Estuvo interno en las cárceles de Jaén, Madrid, Martutene y Logroño, donde cumplió un total de dieciocho meses de prisión.

Sin embargo, ETA reivindicó el atentado al día siguiente, argumentando que la víctima se encontraba íntimamente relacionada con la Guardia Civil y que tenían constancia del intento de Domingo de aproximarse "a los sectores revolucionarios de la izquierda abertzale" con el fin de pasar información a las fuerzas policiales. El extenso manifiesto acusatorio señalaba que, hacía poco tiempo, Domingo había usurpado la personalidad del etarra Txomin Iturbe para extorsionar a algunos empresarios y exigirles el pago de un impuesto revolucionario.

Los rumores sobre "la personalidad oscura" de Txomin Merino se dispararon en Zarauz, y se hizo alusión a su presencia cotidiana en establecimientos públicos, en los que "derrochaba fuertes sumas de dinero" a pesar de encontrarse sin trabajo fijo, dado que se dedicaba esporádicamente a la venta ambulante de tejidos, al tiempo que vivía en un hotel confortable no acorde con su poder adquisitivo.

Una hermana de Domingo declaró no tener ni idea de los motivos por los que fue asesinado. "Txomin nos mantenía al margen de todo lo que hacía. Por eso desconocíamos que hubiera recibido amenazas".

Las fuerzas de seguridad consideran que uno de los etarras que participó en el asesinato de Merino fue Pedro María Leguina Aurre, alias Txiki, Xepa y Kepatxu, extraditado por Francia en diciembre de 2001. Leguina Aurre está acusado de participar en más de veinte asesinatos entre los años 70 y 80.

Domingo Merino Arévalo, de 28 años, era natural de Ciudad Real, aunque vivía en el País Vasco desde los ocho años, cuando sus padres se trasladaron a la localidad guipuzcoana de Cestona. Tras su período de estancia en la cárcel, se fue a Francia, donde permaneció ocho meses. A la vuelta, se separó de su mujer y comenzó a trabajar en la venta de telas. Su mujer se trasladó a vivir a Logroño con la hija de ambos, de seis años.

El domingo 5 de julio de 1981, la banda terrorista ETA cometía dos asesinatos en menos de tres horas, uno en Guipúzcoa y otro en Vizcaya, acabando con la vida de un guardia civil y un teniente del Ejército.

A las 6:30 horas, miembros del grupo Donosti de ETA tiroteaban el vehículo oficial en el que viajaban el guardia civil de Tráfico LUIS MIRANDA BLANCO y su compañero José Paradero Garrote, cuando circulaban por la Nacional I Madrid-Irún a la altura de la localidad guipuzcoana de Lezo.

Los terroristas esperaban a los agentes parapetados tras un muro de unos dos metros de altura que se encuentra en el Alto de Gainchurisqueta. Cuando vieron aparecer el vehículo de la Guardia Civil de Tráfico, lo tirotearon y se dieron a la fuga, a pesar de que a pocos metros del automóvil de Tráfico circulaba otro vehículo de la Guardia Civil sin señales externas de identificación, precisamente como medida de protección frente a posibles atentados.

Los disparos alcanzaron de lleno al primer automóvil, hiriendo mortalmente al agente Luis Miranda, que fue trasladado en un coche particular al Hospital de la Cruz Roja de San Sebastián, donde ingresó cadáver. Poco más tarde llegó al mismo centro el guardia civil José Paradero, que también viajaba en el primer automóvil. Se le pronosticó herida por arma de fuego, con orificio de entrada y salida en hemitórax derecho, afectación de la pared costal, fractura abierta y pérdidas de sustancia ósea, muscular y cutánea en tercio medio de pierna derecha. El pronóstico de sus heridas fue calificado de grave, aunque evolucionó favorablemente en los días siguientes.

El arma utilizada por los agresores, según fuentes oficiales, fue un fusil Cetme, de uso reglamentario en el Ejército y en las Fuerzas de Seguridad, que podría haber sido robado en Orio. En el lugar del atentado se recogieron más de una docena de casquillos de bala del calibre 7,62. Los etarras emplearon para cometer el atentado un automóvil Talbot 150, que tres terroristas habían robado a punta de pistola a las cuatro de la madrugada en la discoteca Ku, situada en el monte Igueldo. Al propietario del coche robado y a sus acompañantes los dejaron atados a unos árboles.

Pocas horas después del ametrallamiento del vehículo de la Guardia Civil de Tráfico se trasladó desde Madrid a San Sebastián en helicóptero el general director de la Guardia Civil, Luis Aramburu Topete, que visitó la capilla ardiente y se interesó también por el estado de José Paradero, ingresado en el Hospital de la Cruz Roja.

Al día siguiente, lunes 6 de julio, en el Salón del Trono del Gobierno Civil de Guipúzcoa se celebró el funeral por el alma del Luis Miranda, al que asistieron autoridades provinciales y locales, representaciones militares y mandos de la zona de la Guardia Civil, así como los padres y la viuda de la víctima. El féretro fue sacado a hombros por compañeros del Cuerpo al término de la ceremonia e introducido en un furgón que lo trasladó hasta el aeropuerto de Fuenterrabía, mientras una compañía de la Guardia Civil le rendía honores. Desde el aeropuerto guipuzcoano, el cuerpo sin vida del agente fallecido fue conducido a bordo de un avión militar a Sevilla, adonde llegó a las cuatro de la tarde. Tras una emotiva ceremonia religiosa, el féretro fue cubierto con la bandera nacional y llevado a hombros por guardias civiles y policías nacionales hasta el lugar de su enterramiento.

La Audiencia Nacional condenó en 1985 al etarra Jesús María Zabarte Arregui a 29 años de reclusión mayor por el asesinato de Luis Miranda, y a otros 16 años de reclusión menor por el asesinato frustrado de José Paradero. En 1988 fue condenado a las mismas penas Ignacio Esteban Erro Zazu, así como lo fue en 1996 Luis María Lizarralde Izaguirre.

Luis Miranda Blanco, de 28 años, había nacido en Sevilla, estaba casado y tenía dos hijas, de cinco y tres años. Su esposa estaba embarazada del tercero.

Dos horas y media después del asesinato del guardia civil Luis Miranda, la banda terrorista ETA volvía a asesinar. Esta vez en Baracaldo (Vizcaya) al teniente del Ejército MAGÍN FERNÁNDEZ FERRERO. Eran aproximadamente las nueve de la mañana cuando varios terroristas tirotearon al militar en el momento en que acababa de abrir al público el establecimiento de venta de periódicos propiedad de su esposa, situado en el barrio de Zuazo de Baracaldo.

Minutos antes, varios terroristas habían robado un vehículo en el que se dirigieron al quiosco de prensa. La víctima, que estaba descargando los paquetes de periódicos en el interior del establecimiento, pudo ver en la puerta a los terroristas armados con metralletas. Magín Fernández trató de huir, pero los pistoleros de la banda le tirotearon por la espalda. Una vez en el suelo, lo remataron con un tiro en la cabeza. En el quiosco se recogieron catorce casquillos de bala.

A primeras horas de la tarde del domingo se instaló la capilla ardiente en el acuartelamiento de Garellano, en Bilbao. Al mismo llegaron a media tarde el ministro de Defensa, Alberto Oliart; el jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Gabeiras Montero, y el capitán general de la VI Región Militar, Luis Polanco Mejorada, que asistieron junto a altos mandos militares y los familiares de la víctima a una misa celebrada por el capellán castrense, a la que no se permitió el acceso a los medios informativos.

Al día siguiente a las diez de la mañana se celebraba, también en Garellano, el funeral oficial de cuerpo presente, con asistencia del capitán general de la VI Región Militar, los gobernadores civil y militar de Vizcaya, el consejero de Interior del Gobierno vasco, Luís María de Retolaza, el presidente de la Diputación de Vizcaya, representantes de los partidos UCD, AP y PSOE y mandos militares. Su viuda permaneció durante todo el acto religioso de rodillas, sin poder contener el llanto. En la homilía, el capellán castrense, que calificó el atentado de "crimen alevoso", dijo que en el País Vasco "se vive una paradoja trágica porque un puñado de hombres, arrogándose el derecho divino a la vida, asesinan y matan. Pido a Dios", dijo, "que él perdone a los asesinos y consuele a los familiares de las víctimas". Finalizado el funeral una compañía con banda rindió honores al teniente Fernández Ferrero.

Las Fuerzas de Seguridad atribuyen al etarra José Antonio Borde Gaztelumendi, extraditado por México en 2002, su participación en el asesinato de Magín Fernández.

Magín Fernández Ferrero era de Villazala del Páramo (León). Tenía 44 años, estaba casado y era padre de dos hijos: una chica de 14 años y un niño de 4. Fue enterrado en Baracaldo, donde llevaba viviendo veinte años. Estaba destinado en la IV zona del IMEC.

Juan Antonio García, guardia civil asesinado con una bomba bajo su vehículo

4 de Julio de 2011 - 09:10:12 - M.J. Grech

En la madrugada del 4 de julio de 1982, la banda terrorista ETA asesinaba en Burguete (Navarra) al guardia civil JUAN ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ mediante la colocación de una bomba bajo su vehículo, y hería gravemente a su amigo, Francisco Javier López García, también guardia civil. Ambos tenían 21 años, los dos eran hijos de guardias civiles, estaban solteros y habían sido destinados al Grupo Especial de Intervención de Montaña con base en la localidad navarra de Burguete.

Juan Antonio y Francisco Javier habían estado divirtiéndose y tomando copas esa noche de domingo. En torno a las 2:40 horas abandonaron la discoteca Irrintzi y se subieron al vehículo propiedad de Juan Antonio. Al poner en marcha el coche, se produjo la explosión de una bomba colocada junto a las ruedas traseras del vehículo. Un segundo artefacto situado en la parte delantera no llegó a estallar. Ambos artefactos estaban compuestos por 3 kilos de Goma 2 y abundante metralla. Los terroristas habían colocado dos cargas bajo las ruedas delanteras y traseras del vehículo de forma tal que, al mover el coche, en una u otra dirección, hiciesen explotar el artefacto por simple presión de las mismas. Los artificieros del equipo EDEX de la Guardia Civil procedieron posteriormente a desactivar el segundo explosivo.

Juan Antonio fue alcanzado en la espalda por la onda expansiva y la metralla, resultando gravemente herido. Falleció mientras era trasladado al Hospital Provincial de Navarra. Su amigo, Francisco López García, también resultó herido en la espalda por la metralla, pero pudo salvar la vida tras ser intervenido quirúrgicamente. La dirección del hospital de Navarra facilitó, a media mañana del 4 de julio, un parte médico en el que señalaba que el herido presentaba cinco heridas de metralla en región dorsolumbar, con desgarros musculares y ablación cutánea, además de una doble fractura occipital. Su pronóstico fue calificado de grave.

Tan pronto se tuvo noticia del atentado, unidades especiales de los GAR (Grupos Antiterroristas Rurales) de la Guardia Civil montaron un dispositivo de control y rastreo de la zona donde se había producido el atentado.

Juan Antonio García González era natural de Marchamalo (Guadalajara). Había estado tres años destinado en la Comandancia de Navarra y llevaba tres meses destinado en Burguete. Cuando fue asesinado, su padre era jefe del puesto de la Guardia Civil de Abéjar (Ávila). La capilla ardiente del guardia civil se instaló en el Salón del Trono del Gobierno Civil de Navarra. Una guardia de honor estuvo escoltando en todo momento el cadáver, hasta la celebración de los funerales, que tuvieron lugar a primera hora de la tarde del 4 de julio en la Iglesia de San Miguel de Pamplona.

A los funerales asistieron, entre otras personalidades, el director general de la Seguridad del Estado, Francisco Laína; el subdirector general de la Guardia Civil, general Hermosilla; el gobernador civil de Navarra, Francisco Javier Ansuátegui y el presidente de la Diputación Foral, Juan Manuel Arza, así como los familiares del guardia civil asesinado. En el momento de la entrada del féretro al templo cubierto por la bandera nacional, y portado a hombros por sus compañeros, el público prorrumpió en una salva de aplausos y dio vivas a la Guardia Civil y a España. Posteriormente, el féretro que contenía los restos mortales del guardia civil fue trasladado a Guadalajara, donde fue enterrado.

Ps. Ayer me escribió un correo Fátima García González, que vive en EEUU, agradeciendo que recordásemos a su primo. El correo dice: "Muchas gracias por este memorial que me ha emocionado. Soy Fátima García González, prima de Juan Antonio García González. Significa mucho para una familia que ha pasado por este drama que se acuerden de él y no lo dejen en el olvido, pues entregó su vida por ser guardia civil, de lo que se sentía verdaderamente orgulloso, como toda mi familia. Sinceramente, muchas gracias".

José Luis Jiménez Barrero, artificiero de la Policía herido grave dos días antes

3 de Julio de 2011 - 09:10:12 - M.J. Grech

El 3 de julio de 1991 fallecía el policía nacional JOSÉ LUIS JIMÉNEZ BARRERO, dos días después de haber resultado gravemente herido en el intento de desarticulación de un paquete-bomba enviado por la banda terrorista ETA a un alto cargo del Ministerio de Justicia.

El paquete, enviado el 27 de junio, fue devuelto a la empresa de mensajería, que lo mantuvo en una nave en Villaverde (Madrid). Tras avisar los propios terroristas a la empresa de que en alguna de sus dependencias había un paquete-bomba, varios artificieros de la Policía Nacional procedieron a intentar su desactivación. Después de varios intentos, y cuando iban a iniciar la desactivación manual, el paquete explotó matando en el acto a Luis Claraco López y a Pedro Domínguez Pérez, ambos Tedax de la Policía Nacional. El tercer agente, José Luis Jiménez Barrero, resultó gravemente herido.

José Luis quedó ingresado en el Hospital Doce de Octubre, clínicamente muerto y en estado de coma irreversible, aunque su actividad cerebral no cesó hasta dos días después, el día 3 de julio.

Un mes después, otra carta-bomba remitida por la banda terrorista ETA hirió a varias personas en la sede del Gobierno de La Rioja, en Logroño. A finales de agosto, un policía nacional resultó herido en su domicilio en Madrid al explotar una carta-bomba remitida también por ETA.

José Luis Jiménez Barrero tenía 41 años y era natural de Santa Cruz del Valle (Ávila). Estaba casado y tenía dos hijas. Fue enterrado en su localidad natal el 4 de julio, donde le despidieron más de un millar de personas entre familiares, allegados, compañeros del Cuerpo Nacional de Policía, autoridades y vecinos de Santa Cruz del Valle.

Joaquín Becerra, obrero afiliado a UGT, y Alberto Aznar, coronel retirado

2 de Julio de 2011 - 09:10:12 - M.J. Grech

A las 20:45 horas del 2 de julio de 1980, la banda terrorista ETA asesinaba en Amurrio (Álava) a JOAQUÍN BECERRA CALVENTE, mientras trabajaba en uno de los dos bares, el Mendiko y La Florida, que su familia regentaba en la localidad.

Joaquín se encontraba atendiendo a los clientes cuando su hermana le avisó de que tres personas decían haberle dado un golpe a su coche. Al salir al exterior, se encontró con dos individuos que le dispararon siete tiros, causándole la muerte en el acto. Seguidamente, los autores del atentado huyeron en un automóvil de color azul que les esperaba muy cerca del bar. En el momento del asesinato, varios guardias civiles se encontraban en el interior del establecimiento.

Vecinos de Amurrio manifestaron que Joaquín Becerra era muy reservado, hacía vida familiar y no se le conocía ideología política alguna, motivo por el que les extrañaba muchísimo su asesinato. Joaquín trabajaba, además, como especialista en la empresa Tubos del Nervión de Amurrio y estaba afiliado a UGT desde 1977.

La banda terrorista emitió un comunicado el 9 de julio en el que asumía la autoría y acusaba a la víctima de "ser un confidente policial", una excusa como otra cualquiera para matar. En contestación al mismo, UGT salió al paso indicando que "no puede haber ninguna justificación para lo injustificable" y añadiendo "que ya es viejo el truco de miente, que algo queda". A última hora del día siguiente, el Ayuntamiento de Amurrio celebró un pleno extraordinario en el que condenó el asesinato de Joaquín.

Joaquín Becerra Calvente tenía 40 años y estaba soltero. Trabajaba como obrero especialista en la empresa Tubos del Nervión, de Amurrio, y además ayudaba a su familia en los dos bares de su propiedad. Era natural de Cortes de la Frontera (Málaga), aunque residía en Amurrio desde veinte años antes de ser asesinado.

El 2 de julio de 1984 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Portugalete al teniente coronel de Artillería retirado ALBERTO AZNAR FEIX. El asesinato se produjo en torno a las dos de la tarde en presencia de la madre del militar retirado, que tenía 92 años.

Alberto, retirado desde tres años antes y recién recuperado de un amago de infarto, volvía con su madre de dar su paseo habitual. Al llegar al portal del domicilio, se detuvieron a charlar con una vecina. En ese momento un terrorista se acercó y le disparó a bocajarro. Alberto cayó desplomado. Una ambulancia lo trasladó al Hospital de Cruces, pero el militar falleció antes de llegar al centro sanitario. En el lugar de los hechos se encontraron dos casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca FN.

El pistolero, con otro terrorista que le acompañaba, huyó a pie por una de las calles adyacentes que llevan a la carretera de Bilbao. En la huida tiró el cargador de su arma.

En el momento del atentado, numerosas personas tomaban chiquitos en los bares de Ángel y Gil, situados a ambos lados del portal en el que vivía Alberto Aznar y que la víctima solía frecuentar. Algunos conocidos relataron que el militar solía acompañar a su madre todos los días a dar un paseo, y que estaba completamente retirado de todo tipo de trabajo.

La capilla ardiente se instaló a última hora de la noche en el Gobierno Militar de Vizcaya y el funeral se celebró al día siguiente en la Iglesia de Santa María de Portugalete. Al Gobierno Militar acudieron el ministro de Defensa, Narcís Serra, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, José María Sáez de Tejada, así como la esposa y los dos hijos de la víctima.

En 1986 la Audiencia Nacional condenó a los etarras Juan Manuel Gaztelumendi y Joaquín Urain Larrañaga, miembros del grupo Vizcaya de ETA, a 29 años de reclusión por este asesinato.

Alberto Aznar Feix, de 64 años de edad, era natural de Bilbao. Estaba casado en segundas nupcias, tras haber enviudado, y tenía dos hijos de su primer matrimonio, Teresa y Alberto, de 21 y 20 años respectivamente. Se había retirado del servicio activo cuatro años antes de ser asesinado con el grado de teniente coronel del Arma de Artillería. Aznar Feix formó parte varios años antes de la comisión liquidadora del Regimiento de Artillería Mixto de Basauri.

Dos artificieros de la Policía, asesinados por ETA al desactivar un paquete-bomba

1 de Julio de 2011 - 09:10:13 - M.J. Grech

Hacia las diez y cuarto de la noche del 1 de julio de 1991 un paquete-bomba hacía explosión en la empresa Express Cargo, en el polígono industrial de Villaverde (Madrid), causando la muerte en el acto a dos artificieros de la Policía Nacional, el subinspector PEDRO DOMÍNGUEZ PÉREZ y el agente LUIS CLARACO LÓPEZ. Un tercer miembro de los Tedax, el agente José Luis Jiménez Barrero, resultó gravemente herido. Permaneció clínicamente muerto dos días más, falleciendo el 3 de julio.

El paquete, con unos siete kilos de explosivo, había sido enviado desde Valladolid a un alto cargo del Ministerio de Justicia, que anteriormente había ocupado el puesto de subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. El paquete llegó el 27 de junio al Ministerio y los servicios de seguridad no pudieron comprobar su contenido por verse todo opaco a través del escáner. Tenía unas dimensiones de 40 centímetros de largo, 15 de grosor y 20 de ancho. Ese mismo día se entregó también en Valladolid el paquete que hizo explosión el jueves 28 de junio en la cárcel sevillana Sevilla-1 y que provocó la muerte a cuatro personas -un funcionario, dos reclusos y el familiar de otro recluso- y heridas de diversa consideración a otras treinta.

Al rechazar el Ministerio el paquete, la empresa Express Cargo lo depositó en un almacén situado en el barrio de Villaverde en Madrid, donde permaneció catalogado como "incidencia". Y así estuvo el envío hasta el 1 de julio, cuando una llamada anónima avisó a la delegación de Express Cargo en Aranda de Duero (Burgos) de que en alguna de sus dependencias tenía que haber un paquete-bomba.

La central de Express Cargo avisó a todas sus delegaciones hasta que se detectó el paquete en el almacén de Villaverde. Los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX) llegaron a la empresa sobre las seis de la tarde y adoptaron todo tipo de precauciones, según la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Los funcionarios utilizaron un robot para desplazar el paquete y los artificieros cebaron el bulto en dos ocasiones. Los agentes tenían órdenes expresas de sus superiores de "no arriesgar nada" en su labor de desactivación. Después de varias horas de trabajo, sobre las 22:15 horas, y cuando parecía que todo estaba controlado, el paquete hizo explosión. El artefacto tenía una trampa consistente en un doble detonador y estalló cuando los artificieros intentaban desactivarlo manualmente. La explosión fue muy fuerte y la onda expansiva derrumbó 35 metros cuadrados del tejado de la nave.

Al lugar de la explosión acudieron el ministro del Interior, José Luis Corcuera, el director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, y el alcalde de Madrid, Agustín Rodríguez Sahagún.

En julio de 2010 se sentó en el banquillo de la Audiencia Nacional el exjefe de ETA José Luis Urrusolo Sistiaga por el asesinato de los tres agentes del Tedax. Urrusolo Sistiaga, alias Joseba, fue extraditado por Francia en 2001 para ser juzgado por dieciséis asesinatos y dos secuestros entre otros delitos. Durante el juicio, y a preguntas de la defensa, el etarra señaló que había abandonado la organización terrorista en 1994. En septiembre de 2008 hizo pública una carta en la que, junto a la también etarra Carmen Guisasola, se desvinculaba del Movimiento de Presos Vascos y criticaba la estrategia de ETA y de Batasuna.

Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, antes del 25 de junio de 1991 Joseba averiguó y anotó la dirección de la sede del Ministerio de Justicia en la calle San Bernardo de Madrid número 21 con la finalidad de enviar un paquete-bomba a cargos políticos o funcionarios destinados allí. "En ejecución del plan concebido", añade el escrito, miembros no identificados de la banda terrorista facturaron un paquete-bomba desde la empresa de paquetería Express Cargo de Valladolid. El fiscal consideró a Urrusolo Sistiaga coautor de un delito de estragos terroristas, uno de atentado contra funcionarios, uno de asesinato en grado de tentativa y dos de asesinato terrorista.

El 28 de julio de 2010 Urrusolo Sistiaga fue condenado a penas que suman 119 años de cárcel como cooperador necesario en el atentado que costó la vida a los tres policías. Según se recoge en la sentencia, en una agenda que se intervino en 1992 al ser desarticulado el grupo del que Urrusolo formaba parte, se encontraron anotaciones con la dirección del Ministerio de Justicia para que ETA lo enviara a una persona en ese departamento. También había anotaciones sobre empresas de mensajería escritas por una etarra huida. Un hombre y una mujer no identificados se encargaron de enviar desde Valladolid el paquete cargado de explosivos.

Los jueces al dictar sentencia tuvieron en cuenta que Urrusolo Sistiaga no negó haber escrito las notas de la agenda intervenida por la Policía, y que un informe pericial realizado por expertos en grafología de la Guardia Civil acreditó que el acusado era el autor de las anotaciones. La sentencia señala que el plan del atentado, "concretado entre el acusado" y la otra etarra huida, "dio lugar a que personas de la organización ETA, utilizando la información por aquellos conseguida, montaran el explosivo, lo ocultaran en una caja y lo facturaran".

Luis Claraco López, de 39 años, era natural de Linares (Jaén). Estaba casado y tenía tres hijos. El funeral por su alma tuvo lugar en la parroquia de San Francisco de su localidad natal, al que asistieron unos doscientos vecinos, además del delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Garrido, y de mandos provinciales de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Pedro Domínguez Pérez, subinspector de la Policía Nacional de 45 años, era natural de Forfoleda (Salamanca), donde fue enterrado. Estaba casado y tenía tres hijos. A su funeral asistieron varios centenares de vecinos de Forfoleda y de otros pueblos de la comarca.

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