In Memoriam

Mayo 2011


ETA asesina a un trabajador de una fábrica, tres policías y un niño de trece años

30 de Mayo de 2011 - 09:10:13 - M.J. Grech

A las seis y media de la tarde del 30 de mayo de 1985 la banda terrorista ETA asesina en Marquina (Vizcaya) de un tiro en la nuca a JOSÉ MARTÍNEZ PARENS, jefe de personal de la fábrica de armas Esperanza y Cía.

Esa tarde, y una vez que finalizó su jornada laboral, José tomó unos chiquitos con sus amigos en el Bar Dantzari de Marquina. De ahí se dirigió al Bar Enda, junto a su domicilio. Cuando se disponía a entrar en el local, dos terroristas abordaron a la víctima en plena calle y uno de ellos efectuó un solo disparo de pistola, con un proyectil 9 milímetros parabellum, marca FN, fabricado en 1978. El proyectil, que penetró por la nuca, atravesó la cabeza de José saliendo por uno de sus ojos. Su mujer y una de sus hijas se encontraban en un parque cercano, por lo que fueron de las primeras personas en llegar hasta el cuerpo caído de la víctima. Pese a la gravedad de la herida, José permanecía aún con vida cuando, diez minutos después de producirse el atentado, era introducido en una ambulancia que le trasladó al Hospital de Galdácano, en el que ingresó ya cadáver. Su mujer, que le acompañaba en el trayecto, se desmayó y tuvo que ser atendida al llegar al servicio de urgencias.

Amigos de la víctima aseguraron que José no tenía afinidades políticas destacadas, y que se trataba de una persona muy abierta, que alternaba todas las tardes con la gente del pueblo.

El 31 de mayo, los vecinos de la localidad vizcaína de Marquina, de 5.000 habitantes, efectuaron un paro prácticamente total en señal de protesta por el asesinato de José. Las tiendas, bares y locales comerciales del pueblo cerraron sus puertas desde primeras horas de la mañana y las calles de la localidad vizcaína aparecieron sembradas de octavillas con frases contrarias a ETA. En unas papeletas blancas se podía leer un texto impreso en grandes letras negras, con una esquela: "Fuera ETA, ETA kampora". En otras, sobre fondo verde, figuraba el siguiente texto: "En esta tierra, los únicos que sobran son los terroristas; que se vayan".

En 1986 la Audiencia Nacional condenó a 27 años de prisión al etarra José Félix Zabarte como responsable del disparo en la nuca que acabó con la vida de Martínez Parens.

José Martínez Parens era natural de Hellín (Albacete) y llevaba trece años viviendo en Marquina, adonde llegó procedente de Benidorm (Alicante). Tenía 32 años y estaba casado con Coro Arrieta Arrillaga, natural de Marquina. El matrimonio tenía dos hijas de 9 y 2 años en el momento en que su padre fue asesinado.

Apenas tres horas después, en torno a las 21:40 horas de ese 30 de mayo de 1985, un niño de 13 años, ALFREDO AGUIRRE BELASCOÁIN, y el policía nacional FRANCISCO MIGUEL SÁNCHEZ, son asesinados en Pamplona al hacer explosión un artefacto preparado contra la Policía Nacional. En el mismo atentado también sufrieron heridas de gravedad otros tres policías nacionales: Manuel Tello Barranco, Alfonso Quintá Expósito y Manuel Barrigas Villar.

Poco antes de las nueve y media de la noche se recibió una llamada de auxilio en el 091 de Pamplona para que fuesen cuanto antes al número 16 de la Bajada de Javier, como se conoce en Pamplona a la calle Bajada de San Francisco Javier. Al parecer, y según esa llamada, un drogadicto estaba pegando a su madre. El comunicante urgió a que fuesen cuanto antes, porque la iba a matar. Cuando llegaron los dos coches zeta de la Policía Nacional al casco viejo, hizo explosión una bomba colocada en una bolsa de basura junto a una farmacia.

La bolsa la había dejado minutos antes la asesina Mercedes Galdós Arsuaga, simulando ser una mujer embarazada. En el momento de la explosión, Alfredo, que acababa de guardar su bicicleta, estaba llamando por el telefonillo del domicilio de una vecina, donde estaba su madre. El niño fue alcanzado de lleno y murió en el acto. Francisco Miguel Sánchez, herido grave, fue trasladado junto a sus compañeros al Hospital de Navarra. Falleció nada más ingresar debido a las importantes heridas y mutilaciones que sufría.

La zona, en el casco viejo pamplonica, se encontraba a esa hora llena de ciudadanos que habían acudido a visitar las casetas de la Feria del Libro, instalada en las proximidades. La bomba originó la rotura de los cristales de las viviendas próximas, así como de los vehículos aparcados en las inmediaciones. Al ser una calle muy estrecha, la onda expansiva provocó importantes daños en algunos de los pisos situados sobre la farmacia.

La madre de Alfredo, Carmen Belascoáin, que se encontraba en casa de la vecina a cuya puerta llamó el chaval por el telefonillo, bajó como una loca a la calle al oír la explosión. Con motivo del 25 aniversario del asesinato contó por primera vez en El Diario de Navarra (30/05/2010) como vivió esos momentos:

Mi marido y yo estábamos dando una vuelta por el Club Natación, éramos socios. Él estuvo un rato allí y luego subió a casa y cogió la bici. Cuando llegamos a nuestra calle, estaba andando en bicicleta (...). Nosotros vivimos en el 13 de la calle y es en el número 16 donde pasó todo. Allí vivía una amiga mía con su madre, que era una mujer mayor, de unos 80 años. Mi marido y yo subimos un momento porque me había pedido que le pusiera unas flores en un jarrón. Yo tenía mucha maña. Estaba colocándolas y Alfredico se había ido a dejar la bici en la bajera. La guardábamos ahí. Entonces oí dos timbrazos de abajo. Siempre, cuando era alguien de casa, llamábamos con dos timbrazos, para saber que era de la familia. Nada más oírlos, acto seguido, fue el boom. Tremendo, una explosión muy fuerte (...). Bajé como una loca al portal y estaba todo destrozado. En la puerta había un cuerpo tendido. Yo creí que era mi hijo y lo cogí en brazos. Pero no era Alfredo. Era el policía. Entonces levanté la vista y vi, allí, en medio de la calle... a mi hijo. Estaba tirado. Con una bota de deporte que había estrenado aquel día; se le había caído, estaba allí, a su lado. Estaba sangrando. Corriendo, lo cogí y le dije: ‘Hijo mío, qué te han hecho. ¿Qué te han hecho?’. Pobrecico. Yo creo que aún estaba vivo porque todavía movía la boca. Todavía movía la boca... Pero claro, se desangró. Era todo un reguero de sangre (...). Después de eso ya tengo todo más borroso en la mente. Recuerdo que quería ir con él en la ambulancia, pero no me dejaron. Ya no volví a ver a mi hijo.

En su comunicado de reivindicación la banda asesina ETA calificó la muerte de Alfredo de "accidental" e, incluso, expresaba su "tristeza" por el crimen. En 1987 la Audiencia Nacional condenó a Mercedes Galdós Arsuaga, Juan José Legorburu Guerediaga y José Ramón Artola Santiesteban a sendas penas de 85 años por dos delitos de asesinato, uno de ellos con alevosía y premeditación, y por tres delitos de asesinato en grado de frustración.

En la entrevista en El Diario de Navarra, la madre de Alfredo contó que "lo que más duro me ha resultado es haber vivido la salida de la cárcel de la asesina de mi hijo, Mercedes Galdós. Toda jocosa y feliz, con la gente esperándola para recibirla como si fuera una heroína. Eso lo he sentido como imperdonable. Ahora no sé si se cumplen más años, pero entonces... Le echaron muchísimos y ¿cuántos pasó? Ni lo sé. Cada vez que pienso en eso lo quiero olvidar. Dicen que le redujeron la condena por buena conducta. Y yo escucho eso y me río, buena conducta, qué querían si no, ¿que se liara a tiros allí dentro, en la cárcel?".

Alfredo Aguirre Belascoáin tenía 13 años y era hijo de un empleado de banca, Luis Aguirre, y de María del Carmen Belascoáin Tabar. Nacido en Pamplona, Alfredo era el segundo de dos hermanos, un niño rubio y de complexión deportista. Estudiaba séptimo de EGB en los Jesuitas de Pamplona y, aunque no era buen estudiante, sí destacaba en los deportes. Entre otros, practicaba el piragüismo en el Club Natación Pamplona, donde le auguraron un gran futuro. El mismo día de su asesinato estuvo practicando en el río Arga. Su entrenador, Juan Ramón Itoiz, manifestó que tenía mucho nervio y una gran afición por el piragüismo. "Era una de nuestras promesas". A Alfredo le apodaban Godo, y era un chaval muy querido por todos sus compañeros. En la pizarra del colegio sus compañeros escribieron "Godo, no te olvidaremos nunca". En el funeral su féretro fue portado por los piragüistas del Club Natación Pamplona. Antes de enterrarlo, sus amigos colocaron sobre el ataúd el remo con el que habitualmente entrenaba. Su madre sigue sin haber superado el asesinato de Alfredo, del que se acuerda todos los días. "Esto que nos pasó a nosotros es una angustia para toda la vida. Dice la gente que han pasado 25 años. Para mí no ha pasado nada. Días" dijo en El Diario de Navarra, donde describió como era su niño:

¿Cómo era? Pues no es que yo lo diga, lo decía todo el mundo, todo el barrio lo decía igual. De otros se dice después lo buenos que eran, cuando han muerto, pero de éste me lo decían todos en vida. Todos. Tenía un don de gentes... Impresionante, saludando a todo el mundo, siempre contento, siempre cantando. Llegaba a casa y me decía: ‘Mamá, enséñame a bailar’ y se ponía a bailar conmigo. Un besucón, un cariñoso, un fuera de serie... Que se ve que no era para este mundo y así se me fue... Me han chafado la vida entera, entera....

Francisco Miguel Sánchez, de 32 años, casado y con dos hijos de corta edad, era natural de Villaverde del Río (Sevilla). Con motivo del 25 aniversario del asesinato, y durante los actos de homenaje que organizó el colectivo Libertad Ya en Pamplona, Verónica, hija de Francisco, afirmo que "todo se supera con esfuerzo" y que "siempre quedan los recuerdos", pero destacó que "no olvidamos". Además, aludió a los asesinos y señaló que "nunca serán personas, sólo animales con ganas de destruir". Asimismo, abogó por "la desaparición de la violencia" y señaló que "quienes les aplauden y no condenan los actos de los terroristas son igual que ellos".

El viernes 30 de mayo de 2003, la banda terrorista ETA asesinaba en Sangüesa (Navarra) a los policías nacionales BONIFACIO MARTÍN HERNANDO y JULIÁN EMBID LUNA, segunda y tercera víctimas mortales de las tres que la banda asesinó ese año. El 8 de febrero había sido tiroteado en un bar de Andoain (Guipúzcoa) Joseba Pagazaurtundúa.

El atentado se produjo en torno a las doce y media de la tarde en la céntrica plaza de Santo Domingo en Sangüesa. Hasta ahí habían acudido, a primera hora de la mañana, tres policías nacionales para facilitar a los vecinos de la localidad la renovación del DNI. Sangüesa tiene apenas cinco mil habitantes y se encuentra a unos 50 kilómetros de Pamplona, en la frontera con Aragón. Era un servicio que los agentes prestaban periódicamente, cada varias semanas, en la Casa de Cultura del municipio. De esa forma evitaban a los vecinos la molestia de tener que desplazarse hasta Pamplona a hacer las gestiones. Para que los vecinos pudieran pedir cita, la visita era anunciada públicamente con días de antelación en el Ayuntamiento.

Tras aparcar su coche en la plaza de Santo Domingo, un punto céntrico que hace las veces de aparcamiento, los tres agentes trabajaron durante toda la mañana en la Casa de Cultura, situada a escasos metros del vehículo. Ahí estuvieron atendiendo al público hasta pasado el mediodía. Al terminar su trabajo, volvieron a la plaza y entraron en el vehículo para regresar a Pamplona. Al accionar el contacto, estalló una potente bomba-lapa que los terroristas habían adosado en los bajos. El artefacto consistía en una fiambrera con unos tres kilos de dinamita de tipo Titadyn. Los terroristas, presumiblemente avisados de la visita de los policías, habían colocado el artefacto a lo largo de la mañana en los bajos del vehículo. La potente deflagración destrozó completamente el vehículo, que incluso se elevó unos metros por encima del suelo para terminar cayendo envuelto en llamas y despidiendo una intensa columna de humo. Bonifacio y Julián, que ya se habían sentado en los asientos delanteros del coche, fallecieron en el acto despedazados por la explosión.

El tercer agente, Ramón Rodríguez Fernández, de 44 años y natural de Granada, pudo salvar su vida al no haberse montado aún en el vehículo cuando se produjo la explosión. No obstante, sufrió heridas muy graves en sus miembros inferiores, abdomen y tórax. Ramón recibió rápida asistencia por parte de José Luis Lorenzo, candidato socialista a la alcaldía de la localidad. Lorenzo lo alejó de los restos del vehículo ardiendo y esperó junto a él hasta que pudo llegar asistencia sanitaria. También resultó herido grave Carlos Gallo Vilches, de 37 años, empleado de Telefónica. Fue ingresado en la planta de cirugía cardiovascular del Hospital de Navarra con "sección en tronco tibioperoneo izquierdo", según el parte médico que facilitó el centro sanitario.

El atentado provocó heridas leves por cortes y contusiones a decenas de personas que se encontraban en las inmediaciones de la céntrica plaza donde se produjo la explosión, que causó también cuantiosos daños materiales. Los heridos leves fueron atendidos en el centro de salud de Sangüesa y posteriormente dados de alta.

Minutos después del atentado, la Guardia Civil estableció controles y fuertes dispositivos de vigilancia en los alrededores de Sangüesa, pero los autores del atentado ya habían huido, presumiblemente horas antes. A día de hoy sigue sin saberse quién acabó con la vida de Bonifacio y Julián.

Hasta el lugar del atentado se desplazaron a lo largo del día numerosas autoridades, entre ellas el ministro del Interior, Ángel Acebes, que también visitó a los dos heridos más graves en el Hospital de Pamplona. Estuvieron presentes, además, los principales dirigentes políticos de Navarra, encabezados por su presidente, Miguel Sanz; el presidente del Parlamento foral, José Luis Castejón, y el secretario general del PSN, Juan José Lizarbe.

Una semana después del asesinato de los policías, el Parlamento vasco bloqueó la disolución del grupo de Batasuna, ilegalizado meses atrás, gracias a la oposición del PNV y Eusko Alkartasuna. La oposición de los nacionalistas a cumplir el mandato del Tribunal Supremo de disolver el grupo ilegal Batasuna coincidió en el tiempo con la decisión de la Unión Europea de incluir al partido proetarra en la lista pública de organizaciones terroristas. Juan María Atutxa, presidente del Parlamento vasco en esos momentos, sería condenado en 2008 por un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

Bonifacio Martín Hernando, de 58 años, era natural de Sanchorreja (Ávila), donde pasaba largas temporadas y donde sus paisanos le recordaban como una persona "buenísima, bromista y muy querido". Estaba casado con Carmen y tenía dos hijas, Leticia y Ana, de 25 y 24 años. Ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía en 1971 y, desde 1974, estaba destinado en Pamplona. En el momento de su asesinato estaba destinado en la Brigada de Extranjería y Documentación. Más de mil personas le dieron el adiós en su localidad natal con pancartas en las que se podía leer "Boni, Sanchorreja te quiere". En diciembre de 2003 el Ayuntamiento de Sanchorreja nombró a Bonifacio hijo predilecto de la localidad. Al acto acudieron su viuda y sus dos hijas que, posteriormente, descubrieron la placa con el nombre del agente asesinado y que da nombre a la calle en la que vivía. 

Julián Embid Luna, de 53 años, era de Sabiñán (Zaragoza). Estaba casado y tenía dos hijos. Destinado en Pamplona desde 1983, había ingresado en el Cuerpo Nacional de Policía en 1974. Residía en la localidad de Cizur Mayor (Pamplona) y en el momento de su asesinato, igual que Bonifacio, trabajaba en la Brigada de Extranjería y Documentación. En la manifestación de repulsa por su asesinato, su hija Ana, dijo: "... todo cambia en un segundo por culpa de gente que se cree que en Navarra sólo existen ellos, a los que debemos respetar y permitir todo lo que hagan. Ante ellos, los demás navarros somos de categoría inferior y no tenemos derecho a la vida ya que ellos nos la arrebatan. Pero una cosa os vamos a decir: seguimos vivos, nos vais a seguir viendo, a la hora de la compra, a la hora del café, en cualquier actividad cotidiana (...) Seguiremos en nuestra tierra, Navarra, que Boni y Julio sentían suya". Su localidad natal, Sabiñán, le dedicó un homenaje en el aniversario de su asesinato y se instaló una placa de recuerdo en la que se podía leer "A la memoria de Julián Embid Luna, el Juli". Además, el agente fue nombrado hijo predilecto y el municipio le dedicó un parque infantil.

Una de las salvajadas de ETA: el atentado contra la casa cuartel de Vic

29 de Mayo de 2011 - 09:10:13 - M.J. Grech

A las siete y cinco de la tarde del 29 de mayo de 1991, la banda asesina ETA lanzaba un coche-bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Vic (Barcelona), que quedó totalmente destruida. La explosión provocó la muerte directa de nueve personas. Dos guardias civiles: JUAN CHINCOA ALÉS y JUAN SALAS PÍRIZ; dos mujeres: NURIA RIBÓ PARERA, mujer del guardia civil Juan Chincoa, y MAUDILIA DUQUE DURÁN, suegra del guardia civil Juan Salas, también fallecido; y cinco menores de edad: FRANCISCO CIPRIANO DÍAZ SÁNCHEZ, de 17 años; MARÍA PILAR QUESADA ARAQUE, de 8 años; ANA CRISTINA PORRAS LÓPEZ, de 10 años; ROSA MARÍA ROSA MUÑOZ, de 14 años, y VANESSA RUIZ LARA, de 11 años. Además, el guardia civil en la reserva RAMÓN MAYO GARCÍA falleció al ser atropellado por una ambulancia que evacuaba a los heridos mientras prestaba auxilio a los afectados por la explosión.

Vic, localidad de unos 30.000 habitantes, situada a unos setenta kilómetros al norte de Barcelona, era una de las subsedes donde se iban a celebrar pruebas de los Juegos Olímpicos de 1992, concretamente las de hockey sobre patines, que iban a tener carácter de exhibición. La banda asesina ETA había amenazado reiteradas veces con atentar contra objetivos relacionados con los Juegos Olímpicos que se iban a celebrar en la capital catalana en 1992.

El vehículo utilizado, un Renault 6 cargado con 216 kilos de explosivos (doce bombonas con dieciocho kilos de amonal cada una), fue proyectado aprovechando la ligera pendiente de una de las calles laterales en las que se encontraba ubicada la casa cuartel. Una vez que el coche-bomba estuvo dentro del patio de la casa cuartel, el etarra Juan Carlos Monteagudo activó el explosivo con un telemando.

En la casa cuartel de Vic vivían catorce agentes de la Guardia Civil, trece mujeres y veintidós niños. El atentado se produjo cuando numerosos familiares de los guardias se encontraban en sus viviendas y algunos niños, como era habitual a esas horas, jugaban en el patio. Los niños iban al colegio por la mañana, pero a las siete de la tarde, hora del atentado, lo habitual es que hubiese 10 ó 12 de ellos jugando en el patio. Por ello las niñas asesinadas fueron las más afectadas por la explosión y sus cuerpos quedaron literalmente destrozados.

Cuarenta y cuatro personas resultaron con heridas de diversa consideración, algunas de ellas muy graves, con importantes mutilaciones (a una de las niñas heridas tuvieron que amputarle una pierna) y secuelas. Entre los heridos muy graves que consiguió sobrevivir, el niño de 2 años Rafael Reinoso Sánchez, que sufrió fractura de la base del cráneo.

Debido al estado en el que quedó el edificio se tuvieron que utilizar grúas y perros adiestrados para localizar a las víctimas bajo los escombros. A las diez de la noche los servicios de rescate lograron sacar con vida a una joven de 18 años y a una niña con su chupete en la boca.

La deflagración, a la que siguió un incendio, derrumbó el inmueble construido en los años sesenta y del que sólo quedó en pie la fachada. La explosión causó daños materiales en medio centenar de edificios situados en un radio de doscientos metros, principalmente en ventanas y cristaleras, aunque el edificio situado justo enfrente tuvo que ser derribado debido a los graves daños estructurales sufridos. Entre los inmuebles más cercanos al lugar de la explosión figura un colegio de religiosas con setecientos alumnos que en el momento del atentado estaba casi vacío.

La calle donde estaba la casa cuartel había sido cortada con motivo de una carrera ciclista comarcal, en la que el pueblo de Vic rendía homenaje al corredor local Melchor Mauri, que había ganado diez días antes la Vuelta Ciclista a España. Gran parte de la dotación de guardias se encontraba de servicio, cubriendo precisamente la competición deportiva, por lo que la mayoría de víctimas fueron familiares de los agentes.

El Hospital General de Vic quedó colapsado una hora después de la masacre, por lo que algunos heridos tuvieron que ser trasladados en helicóptero a otros centros hospitalarios de Barcelona. Las autoridades locales realizaron llamamientos radiofónicos para que los médicos de la ciudad se personasen en los centros hospitalarios y los habitantes de Vic acudieron a donar sangre masivamente. Numerosos vecinos ofrecieron sus hogares a los damnificados y el obispo de Vic, Josep María Guix, también ofreció las instalaciones del Seminario Diocesano para acoger a los guardias y a sus familiares que se quedaron sin vivienda.

El presidente de la Generalidad, Jordi Pujol, el consejero de Gobernación, Josep Gomis, y el gobernador civil de Barcelona, Ferran Cardenal, acudieron inmediatamente al lugar del atentado. Gomis fue increpado por uno de los guardias que sobrevivió al atentado, presa de un ataque de nervios.

Este atentado mostró la catadura moral de un personaje como Josep Lluis Carod-Rovira. Dos días después de la masacre, el por entonces diputado y portavoz en el Parlamento catalán de Ezquerra Republicana de Cataluña (ERC) escribió una carta abierta publicada en el diario Avui en la que pedía a la banda asesina ETA que no atentara más en Cataluña. Bajo el título "ETA, Kataluñatik Kanpora!", Carod-Rovira escribió: "Nada de lo que voy a decir es nuevo para vosotros. Os lo dije ya, hace medio año, en algún lugar de Euskadi, cuando en nombre de mi partido os pedí, formalmente, que no actuaseis más en mi país. Habéis respetado la petición durante seis meses. Ahora, sólo me atrevo a pediros que, cuando queráis atentar contra España, os situéis previamente en el mapa". Lo que sucedió después es de todos sabido. Mientras la banda criminal a la que Carod-Rovira suplicaba que no matase en Cataluña seguía asesinando, el abyecto político nacionalista continuó reuniéndose con los asesinos. Algunas de esas reuniones trascendieron a la opinión pública. Así, los días 3 y 4 de enero de 2004 se reunió en Perpiñán (Francia) con Mikel Albizu, alias Mikel Antza, y José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, para pedirles, de nuevo, que no cometieran más acciones terroristas en Cataluña. En un comunicado hecho público el 28 de febrero posterior, la banda asesina confirmó el pacto con el nacionalista catalán y anunció una tregua para dejar de matar sólo en Cataluña.

Pero si de cataduras morales hablamos, también hay que referirse a la reacción de Herri Batasuna. Tras no condenar el atentado, algo habitual en ellos, añadieron en un comunicado público que los dos etarras muertos en la operación de la Guardia Civil del día siguiente (Monteagudo y Erezuma), autores materiales de la masacre, "convirtieron sus vidas en permanente entrega a la causa de la paz y la libertad".

Pese a la reacción inicial que provocó la masacre, el paso del tiempo dejó en el olvido a las víctimas del atentado y a sus familiares. Así se denunció con motivo del décimo aniversario del mismo. Familiares de los asesinados se quejaron públicamente de que el Ayuntamiento de la ciudad jamás hubiera hablado con las víctimas. Cinco años después, en 2006, el Ayuntamiento de Vic aprobó por unanimidad destinar un espacio en el lugar donde estaba la casa cuartel "para erigir un monumento, una placa o un símbolo en recuerdo de las diez personas que fallecieron". El símbolo se instalaría "dentro de unos años, cuando el Ayuntamiento venda el actual solar que servirá para financiar parte del nuevo teatro municipal", según recoge el texto oficial.

Al día siguiente de la brutal masacre, la Guardia Civil desarticuló al grupo Barcelona de ETA, autor del atentado, en una operación llevada a cabo en un chalé de la localidad barcelonesa de Lissá de Munt. Durante la operación murieron los etarras Juan Carlos Monteagudo Povo (jefe del grupo y exdirigente de Terra Lliure) y Juan Félix Erezuma Uriarte, que se resistieron a su detención con armas de fuego, pero se detuvo al tercer autor directo de la matanza, Juan José Zubieta Zubeldia, que no opuso resistencia. En la misma operación se detuvo a Pilar Ferreiro Bravo y a Jordi Mas Trullenque, profesor ayudante de Matemáticas Aplicadas en la Universidad Autónoma de Barcelona.

En el chalé se incautaron numerosos efectos (armas, explosivos, útiles para la confección de artefactos...) y documentación. Entre ésta destaca el informe que los asesinos estaban haciendo para el entonces máximo dirigente de la banda asesina, Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito. El texto, publicado por la revista Cambio 16 (10/06/1991), y sin finalizar debido a la intervención de la Guardia Civil, decía: "En la ekintza [acción] nos marcamos dos objetivos: uno militar y otro político. En primer lugar, como objetivo militar, ver si era posible meter un kamikaze [coche-bomba teledirigido] en el patio del cuartel. Como segundo objetivo, esta vez político, destruir el cuartel sin afectar demasiado al colegio que está al lado. El primer apartado tenía varias variables. La primera, ver si era posible otra...". Aquí se interrumpió bruscamente el informe al irrumpir por sorpresa la Guardia Civil en el chalé.

En junio de 1993 la Audiencia Nacional condenó a Juan José Zubieta Zubeldia a una pena total de 1.311 años como autor material. El fiscal Ignacio Gordillo calificó el atentado como "uno de los más bárbaros, alevosos y cobardes" que se han juzgado en la Audiencia Nacional, cuya única finalidad fue la de "provocar el mayor número de muertes posibles", y acusó a Zubieta de ser "autor directo" de nueve asesinatos y otros 44 asesinatos frustrados.

En diciembre de ese mismo año, se le condenó a otros 28 años y 6 meses de prisión por los delitos de depósito de armas de guerra y tenencia de explosivos. En la misma sentencia se condenó a Pilar Ferreiro Bravo y Jordi Mas Trullenque, a 8 y 6 años respectivamente, por su colaboración con el grupo Barcelona de ETA. Ferreiro Bravo alojó en su domicilio a Zubieta Zubeldia, Monteagudo Povo y Erezuma Uriarte. Además, convenció a Mas Trullenque, con el que mantenía relaciones sentimentales, de que alquilara el chalé de Llissá de Munt, donde los etarras se ocultaron y prepararon la masacre de Vic.

Juan Chincoa Alés, guardia civil de 30 años, era natural de Martín de la Jara (Sevilla). También fue asesinada en el atentado su esposa, Nuria Ribó Parera, de 26 años. Su hija Ana fue una de las heridas. Quedó huérfana de padre y madre antes de cumplir los 2 años.

 

Francisco Cipriano Díaz Sánchez tenía 17 años cuando fue asesinado por la banda terrorista ETA en la casa cuartel de Vic. En el momento de la explosión se encontraba estudiando en su domicilio del acuartelamiento. Murió en el acto por la onda expansiva provocada por el coche-bomba. Francisco estudiaba tercero de enseñanza secundaria en el Instituto Callis de Vic. Sus padres estaban ese día en Zaragoza asistiendo a un funeral, y su hermana Pilar, de 18 años, también resultó herida por la explosión.

Ana Cristina Porras López, de 10 años, murió en el acto mientras jugaba con sus amigas en el patio de la casa cuartel. Su hermana Isabel Porras López, de 7 años, resultó herida de gravedad y se le tuvo que amputar parte de la pierna izquierda. Eran hijas del guardia civil Teodoro Porras.

 

 

Vanessa Ruiz Lara, de 9 años, también murió en el acto. Era amiga del colegio de hijas de guardias civiles. Como en otras ocasiones, su madre, Emilia Lara, había dejado que su niña fuera a jugar al patio de la casa cuartel con sus amigas, hijas de los guardias civiles. Con motivo del asesinato de Silvia Martín Santiago en agosto de 2002, Virginia Ródenas recordó en un artículo publicado en ABC la historia de otros padres que perdieron a sus hijos a manos de esta banda de alimañas. Entre otras trágicas historias se recuerda el caso de Vanessa y cómo su madre tuvo que aguantar en el juicio la declaración del asesino exterminador de niños Juan José Zubieta Zubeldía, uno de los tres autores materiales del atentado. Como respuesta a la pregunta del abogado acusador de "si no vio a los niños jugar segundos antes de lanzar el vehículo explosivo" dijo: "ése es un hecho que no valoramos porque no es nuestro problema que los guardias civiles utilicen a los niños como escudos humanos". Y añadía Emilia: "Me destrozaron la vida. ¿Qué significa que te destrocen la vida? Lo hemos dicho tanto que parece que no es nada. ¿Hay mayor dolor que perder a un hijo? ¿Puede haber algo más terrible que te arrebaten de esa manera tan brutal a tu hija de nueve años? Jamás nos ha llamado nadie del Ayuntamiento, nadie se ha interesado por nosotros, si seguimos vivos o hemos reventado. Diez años después no ha habido el más mínimo reconocimiento a los nueve muertos del atentado de Vic, cinco de ellos niños. Nada. Sólo el olvido. Y después de que te asesinan a un hijo ¿puede haber algo más doloroso que le entierren en el olvido? Ana Chincoa, que no tenía más de dos años, perdió a su madre y a su padre en el atentado. ¿Quién se acuerda de ella?" (Los Domingos de ABC, 11 de agosto de 2002). Emilia y la hermana pequeña de Vanessa, Cristina Ruiz, fueron entrevistadas en el documental Trece entre mil de Iñaki Arteta. Este es el testimonio de Cristina: "Siempre que salíamos del colegio íbamos un día al parque que había al lado de mi casa y otro día al cuartel. Ese día tocó ir al cuartel. A mí me cayó un ladrillo en la cabeza y me quedé ahí también. Ya luego vino un guardia y me cogió y me sacó para fuera". Cristina contaba cómo desde el asesinato de su hermana mayor visiona periódicamente un vídeo en el que está con Vanessa tres días antes del atentado, en el campo: "A lo mejor hay semanas que lo pongo tres días seguidos o pasan tres semanas y lo pongo otra vez (...) Tengo a mis hermanos, pero no es lo mismo. Ahora mismo me gustaría que estuviera para darme consejos, hablar de cosas (...)".

María Pilar Quesada Araque, de 8 años, estudiaba en el colegio del Sagrat Cor, situado a escasos metros de la casa cuartel en la que vivía. Al domingo siguiente iba a recibir la primera comunión. Por ese motivo, la niña había ido minutos antes de la explosión del coche-bomba al colegio para mostrarle a las monjas unas fotografías de estudio que le habían hecho con motivo de la celebración del citado sacramento.

 

Rosa María Rosa Muñoz, de 14 años, murió también en el acto mientras jugaba con sus amigas en el patio de la casa cuartel. Sus hermanos, Pedro y David, de 15 y 17 años en esos momentos, se salvaron de milagro, pues esa tarde se estaban examinando en la Escuela Industrial de Vic. En el momento en que asesinaron a su hija, su padre, el cabo de la Guardia Civil David Rosa, se encontraba en Madrid cursando estudios para ascender de graduación. Su madre, María Angustias Muñoz, estaba terminando su jornada laboral en un taller de confección cuando oyó la explosión. No le dejaron ver el cuerpo de su hija, que tuvo que ser reconocido por una vecina y compañera de trabajo. María Angustias confesó a ABC (01/06/1991) que querían quedarse en Vic, "porque es donde hemos enterrado a mi hija y es el pueblo donde ella se quería quedar. Ella estaba bien en Vic, hablaba catalán y tenía buenas amigas".

Juan Salas Píriz, guardia civil de 48 años, era natural de Olivenza (Badajoz). Estaba casado con Manuela Morgado Duque, que resultó herida, y tenía dos hijos. La explosión del coche-bomba también mató a la suegra de Juan, y madre de Manuela, Maudilia Duque Durán, de 78 años y natural de Alburquerque (Badajoz). 

 

Ramón Mayo García, de 55 años y casado, era guardia civil en situación de reserva activa. Natural de Talavera la Real (Badajoz), falleció atropellado por una ambulancia que evacuaba a los heridos mientras él mismo prestaba auxilio a los afectados por la explosión. Ramón fue reconocido como víctima del terrorismo por el Consejo de Ministros en el año 2005. Hubo otros tres heridos consecuencia de accidentes que se produjeron durante las labores de rescate y evacuación de los heridos: Josefina López Muñoz, de 48 años; Salvador Rodríguez Caña, de 17 años, y Juan Manuel Ruiz Alcalá, de 29 años.

ETA acribilla a dos guardias civiles en la central de Correos de Pamplona

28 de Mayo de 2011 - 09:10:12 - M.J. Grech

A las once de la mañana del 28 de mayo de 1983 ETA asesinaba en Pamplona a los guardias civiles ANTONIO CONEJO SALGUERO y FIDEL LÁZARO APARICIO cuando se encontraban vigilando en el interior del edificio central de Correos de la capital Navarra, situado en el Paseo Sarasate de Pamplona.

Tres guardias civiles se encargaban de la seguridad del edificio. Dos de ellos en la zona de acceso al público y un tercero en el interior de una garita blindada. Dos etarras se introdujeron en el edificio donde, en esos momentos, se encontraban unas sesenta persona entre empleados y clientes. Cuando estaban a un metro de distancia de los guardias civiles los terroristas sacaron sendos revólveres del calibre 38 y dispararon doce tiros.

Los guardias cayeron al suelo y ahí fueron rematados, sin que el tercer guardia civil fuese capaz de reaccionar. Los etarras contaron con la ayuda de una tercera persona, al parecer una mujer. En medio del pánico provocado por el tiroteo, los pistoleros huyeron del lugar con toda tranquilidad.

El tercer guardia civil acudió al lugar donde se hallaban sus dos compañeros agonizando en medio de dos charcos de sangre. Los guardias civiles fueron trasladados rápidamente al Hospital de Navarra, el cabo primero Antonio Conejo, y a la Clínica Universitaria, el guardia civil Fidel Lázaro. Ambos ingresaron ya cadáveres.

A los pocos minutos de producirse el atentado, varias personas que habían acudido al lugar de los hechos colocaron una bandera española y dos ramos de flores donde habían caído los guardias. El delegado del Gobierno en Navarra, Luis Roldán, acudió también al edificio de Correos, junto con miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional y varios parlamentarios navarros.

El atentado se produjo a unos doscientos metros escasos del palacio de la Diputación Foral de Navarra, donde había comenzado la reunión de la junta preparatoria del recién elegido Parlamento de esta comunidad para decidir la fecha de constitución de la Cámara. Los partidos políticos que integraban el Parlamento, con excepción de Herri Batasuna que no asistía a las sesiones, condenaron el atentado en duros términos.

La capilla ardiente con los cuerpos de los dos guardias civiles se instaló por la tarde en las dependencias de la Delegación del Gobierno. Al día siguiente, 29 de mayo, se celebró el funeral por sus almas en la Iglesia de San Miguel de Pamplona. Los féretros con los restos mortales de los guardias civiles fueron llevados a hombros por sus compañeros desde el edificio de la Delegación del Gobierno hasta la iglesia. Al funeral asistió el Rey Juan Carlos, acompañado del ministro del Interior, José Barrionuevo, y altos mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Posteriormente, una marcha con varios centenares de personas recorrió las calles de Pamplona gritando consignas en contra de la banda asesina ETA.

El asesinato de Antonio y Fidel fue reivindicado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, pero judicialmente ha quedado impune.

Antonio Conejo Salguero, de 41 años, era de Valle de Santa Ana (Badajoz). Estaba casado con Mercedes Pérez y tenía dos hijas de 12 y 11 años. Cabo primero de la Guardia Civil, pasó muchos años trabajando en las oficinas de la Comandancia de la Guardia Civil. El día de su asesinato estrenaba destino en Correos. Su hija Ana recordó en 2008, a través de las páginas del Diario de Navarra, como fue ese día: "Recuerdo a compañeros de mi padre de la Comandancia que lloraban y que pregunté a mi madre qué pasaba. Me respondió que habían matado a mi padre. ‘¿Por qué si es tan bueno?’. Mi madre nos explicó que no lo habían matado porque fuera malo, sino por el uniforme que llevaba. No tuvimos la ayuda de ningún psicólogo, afortunadamente ahora se hacen las cosas mejor. Entonces me dieron un valium (...). Hubo algunas promesas que no se cumplieron. A mi padre le faltaba muy poco para ascender a sargento y nos dijeron que se iba a efectuar esa promoción, también que iban a colocar una placa a él y a Fidel en Correos... Pero nadie se acordó de eso, aunque algunos terroristas aún tengan su placa en las plazas (...). Nos quedamos sin casa, puesto que el último año habíamos vivido en la Comandancia. Fuimos a vivir a la de mis abuelos. En cuatro años cambié cuatro veces de colegio. Pero lo peor fue que, de la noche a la mañana, habíamos perdido a un padre que con nosotras siempre había sido muy cariñoso. El recuerdo posterior es que tengo que acompañar a mi madre, que sufrió depresiones muy fuertes, cada tarde al cementerio. Mi padre siempre quiso que las dos hijas estudiáramos y así lo hicimos. La Asociación de Víctimas nos dio una ayuda de cien mil pesetas y con alguna beca pude estudiar Geografía e Historia y mi hermana Derecho".

Fidel Lázaro Aparicio era natural de Torrehermosa (Zaragoza). Tenía 48 años y estaba soltero. Unos minutos antes había comentado a un oficial de Correos que tenía pensado marcharse de vacaciones en los próximos días. Llevaba catorce años destinado en Navarra y tenía planeado pasar a la reserva y volver a su tierra natal. El 27 de agosto de 2010 el Ayuntamiento de Torrehermosa organizó un homenaje al guardia civil asesinado, con asistencia de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Durante el acto se descubrió una placa en la calle en la que nació, junto a la Plaza Villarreal de la localidad.

ETA asesina a Luis Ollo Ochoa y hiere gravemente a su mujer

27 de Mayo de 2011 - 09:10:13 - M.J. Grech

A las ocho y cuarto de la noche del 27 de mayo de 1984 la banda terrorista ETA asesinaba en Pamplona, mediante una bomba-lapa colocada en su vehículo, al capitán de la Guardia Civil LUIS OLLO OCHOA.

El capitán, jefe de la Compañía de la Guardia Civil de Aoiz, había ido ese domingo al piso de su propiedad en el barrio de la Chantrea en Pamplona. En torno a las ocho de la tarde abandonó la vivienda, acompañado por su mujer, para regresar de nuevo a su destino, en la localidad de Aoiz. Se dirigió a su vehículo, se introdujo en el mismo y lo puso en marcha. La vibración del motor hizo estallar la potente bomba colocada en los bajos del coche, compuesta por una carga de cuatro o cinco kilos de Goma 2. 

El vehículo de la víctima quedó totalmente destrozado y el techo del turismo fue lanzado a una distancia de unos quince metros. La explosión provocó, además, fuertes destrozos en los vehículos aparcados en las inmediaciones, así como la rotura de numerosos cristales de viviendas y de varios establecimientos comerciales.

Luis murió en el acto atrapado en el amasijo de hierros en que quedó convertido el coche. Su mujer, Esther Pérez de Aramendi, que no llegó a entrar en el vehículo, resultó herida de gravedad. Su cuerpo fue lanzado por efecto de la onda expansiva a varios metros del lugar de la explosión. Fue intervenida quirúrgicamente en la residencia sanitaria Virgen del Camino. A última hora de la noche abandonó la Unidad de Vigilancia Intensiva en un estado calificado como de pronóstico reservado. Se le había reventado un tímpano y tenía heridas en el cráneo.

La capilla ardiente por el capitán de la Guardia Civil se instaló en la Delegación del Gobierno en Navarra y el entierro tuvo lugar al día siguiente.

Por este atentado la Audiencia Nacional dictó varias sentencias condenatorias contra los terroristas implicados en el mismo. En 1988 fue condenado a penas que sumaban 47 años de prisión el etarra Juan José Legorburu Guerediaga. En 1996 fueron condenados Jesús Jiménez Zurbano a 45 años, y Francisco Javier Martínez Nogales, alias El Floral, a 18, como cómplice. En 2001 fueron condenados a sendas penas que sumaban 49 años de prisión Jesús María Altable Echarte y Miguel Santiago Izpurua García. Finalmente, en 2005 fue condenado José Javier Zabaleta Elosegui, alias Baldo, a 49 años por ordenar el atentado. Presuntamente también participó en el atentado la etarra Mercedes Galdós Arsuaga.

Luis Ollo Ochoa, de 54 años, estaba destinado en el cuartel de Aoiz, donde mandaba el destacamento existente en esta población, una de las más importantes de Navarra. Anteriormente había estado destinado en el Servicio de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Pamplona con el grado de teniente. Había sido amenazado de muerte por ETA en varias ocasiones.

Era natural de Ochagavía, en el Pirineo navarro, estaba casado con Esther Pérez de Aramendi y tenía dos hijos: una chica de 24, que acababa de terminar la carrera de Medicina, y un chico de 22 años, alumno de la escuela militar de suboficiales de Talarn (Lérida). El matrimonio residía en los días laborables en la localidad de Aoiz, y los fines de semana los pasaban en su domicilio de Pamplona.

ETA asesina en Algorta a un inspector de Policía delante de su hijo de tres años

26 de Mayo de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

Cinco días después del asesinato de los policías Máximo Díaz Bardera y Francisco Rivas López, el 26 de mayo de 1985 la banda terrorista ETA acababa con la vida del inspector de Policía MOISÉS COSME HERRERO LUENGO en Algorta.

Moisés, alcanzado por dos disparos en la cabeza, fue asesinado delante de su hijo de tres años. Ese domingo Moisés había salido a comprar el periódico a la plaza del pueblo acompañado del niño. Cuando regresaban a casa, dos etarras descendieron de un Renault 5 azul matrícula de Bilbao y se acercaron al policía por la espalda. Uno de ellos sacó una pistola que tenía escondida dentro de unos periódicos y le disparó en la nuca. Cuando cayó al suelo, lo remató con otro disparo en la cabeza. Todo ello ocurrió delante de su hijo de tan sólo tres años.

El niño salió corriendo al ver a su padre sin vida en mitad de un charco de sangre y estuvo vagando por las calles de Algorta durante horas. Finalmente fue encontrado por agentes de la Policía Municipal llorando y lejos del lugar del asesinato. En su media lengua, y entre sollozos, el niño sólo repetía "han matado a mi papá, han matado a mi papá".

El asesinato se produjo en el cruce entre la avenida de Algorta y la calle de Alanco, a pocos metros de la gasolinera Goñi, uno de los enclaves más transitados de Algorta, especialmente los domingos. Además, ese día salía del centro de la localidad la carrera ciclista para aficionados de la comunidad autónoma vasca.

El cuerpo sin vida del inspector fue cubierto con una manta. Al lado del cadáver se recogieron dos casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum marca FN. Los asesinos huyeron por una calle transversal, probablemente en dirección al barrio de Fadura, en la parte baja del pueblo, donde se celebraba una fiesta.

El Renault azul del que descendieron los dos asesinos fue hallado pocos minutos después del atentado aparcado en la calle de Villaondoeta, en el barrio de Villamonte. Un equipo de especialistas en desactivación de explosivos de la Policía Nacional inspeccionó el vehículo antes de retirarlo, en previsión de que pudiera tratarse de un coche bomba.

Los asesinos de Moisés Herrero no han sido juzgados. Sin embargo, según informaciones publicadas por el Ministerio de Interior uno de los autores del atentado fue Félix Ignacio Esparza Luri. El etarra fue detenido en Saint-Paul-les-Dax (Francia) en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Gendarmería francesa en abril de 2004. El Tribunal de Apelación de París admitió su extradición a España una vez que hubiese cumplido la condena de 17 años impuesta en Francia. En abril de 2010 fue entregado temporalmente a España para ser juzgado por múltiples atentados.

Por otro lado, informaciones publicadas en prensa señalan también a Francisco Rementeria Barruetabeña, alias Patxi, como presunto autor del asesinato de Moisés. Rementería falleció en agosto de 2000 cuando explotó el artefacto, preparado para cometer un atentado, que transportaba en un vehículo. Un tercer implicado sería Juan Manuel Inciarte Gallardo, alias Buto y Jeremías. Este etarra, uno de los más activos entre 1983 y 1985, fue entregado por México a España en agosto de 2009. Llevaba 23 años fugado con otra identidad.

Moisés Cosme Herrero Luengo, de 30 años, estaba casado y tenía  dos hijos de corta edad. Llevaba tres años y medio viviendo en el País Vasco. Estaba destinado en la comisaría de Guecho, localidad en la que vivía con su mujer y sus dos hijos. Era natural de la localidad de Martín Miguel (Segovia), aunque fue enterrado en Juarros de Riomoros, pueblo donde también había vivido muchos años. Moisés había sido policía de la escala básica antes de entrar en el Cuerpo Superior de Policía. Su asesinato, además de romper a una familia, truncó una brillante carrera policial. Tres semanas antes de ser asesinado, el 2 de mayo, había sido felicitado por la Audiencia Territorial de Vizcaya por su trabajo de información y captura de un grupo de narcotraficantes.

ETA asesina a tres militares y un civil en Madrid, y a un empresario en Éibar

25 de Mayo de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A las nueve y cuarto de la mañana del 25 de mayo de 1979, dos miembros de la banda terrorista ETA, armados con metralletas y granadas de mano y disfrazados con monos azules de trabajo, asesinaban en el madrileño barrio de Prosperidad al teniente general LUIS GÓMEZ HORTIGÜELA, jefe superior de Personal del Ejército, a sus colaboradores los coroneles AGUSTÍN LASO CORRAL y JESÚS ÁBALOS GIMÉNEZ, y al conductor civil LUIS GÓMEZ BORRERO.

El atentado se produjo en la calle del Corazón de María, esquina con Clara del Rey. Los terroristas actuaron con total impunidad, dadas las características del lugar y la falta de escolta del coche oficial donde viajaban las víctimas, que hacía el recorrido todos los días sobre la misma hora para llevar a los oficiales a su puesto de trabajo. No obstante, en la zona vivía un gran número de oficiales del Ejército, por lo que era frecuente la vigilancia de policías militares. Una patrulla de éstos prestaba servicio en los alrededores del domicilio del teniente general Luis Gómez Hortigüela, pero no a lo largo del trayecto que habitualmente realizaba para ir al Cuartel General del Ejército.

El teniente general Luis Gómez Hortigüela y sus ayudantes salieron poco después de las nueve de la mañana de su domicilio, situado en la colonia de pisos de militares en el número 3 de la calle de Luis de Salazar. El coche oficial en el que viajaban, un Seat 1430 negro, tenía que salir obligatoriamente hacia la calle del Corazón de María, y de ésta hacia la confluencia con Clara del Rey, puesto que ambas son de dirección única. Al acercarse a este punto, a unos cien metros de la esquina de Luis de Salazar con Corazón de María, el vehículo aminoró la velocidad, puesto que enfrente hay un cruce con semáforos.

No se sabe con certeza desde cuándo estaban en el lugar los asesinos pero, en cualquier caso, se encontraban esperando cuando el coche oficial pasó junto a la acera. Los dos individuos iban vestidos con monos azules de trabajo y llevaban casco blanco, del tipo de los utilizados por los trabajadores de la construcción, además de unas bolsas de plástico usadas, por lo que se confundían con los trabajadores de las construcciones que se realizaban en la zona.

Aprovechando la poca velocidad del vehículo, los dos asesinos se acercaron a él, sacaron sus armas y dispararon dos ráfagas de metralleta, una por el costado del conductor y otra por la parte de detrás. Los cuatro ocupantes del coche fueron alcanzados por los disparos e, inmediatamente después, los terroristas arrojaron una granada de mano que explotó dentro del coche, para asegurarse que ninguno sobreviviese.

Los tres militares resultaron muertos en el acto, mientras el conductor quedó gravemente herido, con varios impactos de bala y pérdida de masa encefálica. Fue recogido por el portero de una casa próxima y trasladado a la Residencia de La Paz. Falleció a los pocos minutos de ingresar.

El vehículo había quedado completamente destrozado con el techo reventado y todos los cristales rotos. En el lugar de los hechos se recogieron 52 casquillos de bala, calibre nueve milímetros parabellum, marca FN.

Los autores del atentado se dirigieron acto seguido a pie hacia la esquina de Corazón de María con López de Hoyos, junto al Colegio Simancas, donde estaba aparcado el vehículo en el que huyeron, un Seat 124 blanco. El coche había sido alquilado dos días antes en Burgos por una persona que utilizó un carnet de identidad extraviado por su propietario en Bilbao. Los terroristas se dieron a la fuga por la calle de López de Hoyos en dirección a un nudo de calles con salidas a la M-30, tanto en dirección norte como sur, y a la calle de Arturo Soria y zona de Canillas.

Sólo cuatro personas que pasaban casualmente por el lugar del atentado pudieron presenciar los hechos directamente, además de los niños del Colegio Simancas que estuviesen ese día en la calle. Los cuatro testigos fueron llevados a declarar a la Brigada Regional de Información.

A los pocos minutos se presentaron en el lugar de los hechos el vicepresidente del Gobierno, general Gutiérrez Mellado, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general José Gabeiras. Más tarde acudió el ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún. También acudieron ambulancias y personal del juzgado militar para levantar los cadáveres, pero el estado de los mismos era tal que se decidió no moverlos del coche, sino que trajeron un furgón de la Guardia Civil de gran tamaño, destinado al transporte de caballos, en el que fue introducido el coche cubierto con una manta.

Pasadas las once de la mañana, unas horas después del atentado, ETA militar reivindicaba su autoría, con una llamada anónima al diario El País, en la que leyó el siguiente mensaje: "Lo repetiré una sola vez. ETA militar reivindica el atentado de esta mañana".

El atentado fue cometido por cuatro terroristas del grupo Argala de ETA, formado por ciudadanos franceses y dirigido por Henri Parot. La orden de atentar contra el teniente general Gómez Hortigüela la dio Domingo Iturbe Abasolo. En 1991 fue condenado por la Audiencia Nacional Henri Parot, uno de los cuatro autores del atentado, a 30 años de reclusión por cada una de las víctimas.

Jesús Ábalos Giménez tenía 61 años. Era natural de Zaragoza, estaba casado y tenía cinco hijos. Ingresó voluntario en el Ejército en octubre de 1936, alcanzando el grado de alférez provisional durante la Guerra Civil. Tras terminar la guerra, siguió su carrera militar. Fue ayudante de campo de los generales González Vidaurreta y Coloma Gallegos. En el momento de su asesinato había pasado a la situación B y era el secretario del teniente general Gómez Hortigüela.

 

Luis Gómez Borrero era natural de Burgos. Tenía 37 años y era empleado civil del Ministerio de Defensa, en el que trabajaba como conductor. Fue el único de los cuatro que no murió en el acto, sino que falleció poco después de ser ingresado en el hospital.

 

 

Luis Gómez Hortigüela nació en Burgos en 1910, por lo que tenía 69 años cuando fue asesinado. Estaba casado con Ángela Arnillo y tenía cinco hijos. Ingresó en la Academia de Infantería en 1925 y fue herido durante la Guerra Civil. Por ello recibió la Medalla Militar Individual y la Laureada de San Fernando, concedida a su unidad de manera colectiva. En el momento de su asesinato estaba al frente de la Jefatura Superior de Personal del Ejército. Luis Gómez Hortigüela era el cargo militar más alto asesinado por ETA hasta aquel momento. El atentado se produjo apenas cuatro meses después de que la banda terrorista hubiese asesinado al gobernador militar de Madrid, el general Constantino Ortín Gil, el 3 de enero de ese año. En el balcón de su casa su familia colgó, poco después del atentado, dos banderas de España con crespones negros. Una de las hijas de Luis, Pilar, iba a casarse al día siguiente, también con un militar.

Agustín Laso Corral, ayudante del teniente general Gómez Hortigüela, nació en Mata de Almunia (Salamanca) en 1919, por lo que tenía 60 años cuando fue asesinado. Ingresó en el Ejército en julio de 1937 y participó en la Guerra Civil. Diplomado en paracaidismo, escalada y esquí, ascendió a coronel en diciembre de 1978 y pasó a la escala B en marzo de 1979. Estaba casado y tenía cinco hijos.

 

 

Pasadas las ocho y media de la noche del miércoles 25 de mayo de 1988, ETA asesinaba a tiros en Éibar a SEBASTIÁN AIZPIRI LEYARISTI, propietario del restaurante Chalcha de esta localidad y de una carnicería en Elgóibar. En torno a las 20:00 horas de ese día había cerrado la carnicería y se dirigió a Éibar. Cuando se dirigía solo y a pie al restaurante, uno de los más típicos de la localidad guipuzcoana, dos etarras se le acercaron por la espalda y le dispararon dos tiros en la cabeza que le provocaron la muerte en el acto. Su cuerpo quedó tendido en medio de un gran charco de sangre en unas estrechas escaleras que dan acceso a la calle Isasi, donde se encuentra su restaurante. Sobre las diez de la noche, el juez ordenó el levantamiento del cadáver.

Sebastián era una persona muy conocida en la localidad. Había sido objeto desde enero de ese año de una campaña basada en rumores anónimos que le acusaban de ser traficante de drogas. Los rumores le acusaban también de haber obtenido su libertad, tras una detención, a cambio del pago de varios millones de pesetas. La campaña había sido brutal y Aizpiri pidió entonces al juzgado de Éibar que realizara una investigación pública sobre su persona, investigación que dio resultado negativo, y publicó varios anuncios en el diario El Correo Español- El Pueblo Vasco desmintiendo las acusaciones. Los Ayuntamientos de Éibar y Elgóibar aprobaron entonces sendas mociones de apoyo a Aizpiri, a quien consideraban "objeto de una campaña de calumnias". Unos días más tarde, el 6 de junio, la banda asesinó en Elgóibar a Francisco Javier Zabaleta Aizpitarte, amigo de Sebastián, acusado también por los terroristas de ser traficante de drogas.

Tras el atentado, Herri Batasuna difundió una nota en la que decía lamentar la muerte de Sebastian Aizpiri Lejaristi, cuyo nombre figuraba en una lista de eventuales víctimas de ETA que la policía francesa había intervenido al dirigente de la organización terrorista Santiago Arrospide, Santi Potros. El restaurante Chalcha que regentaba aparecía en la relación de empresas sometidas al chantaje económico de ETA descubierta en la cooperativa Sokoa.

Poco después del asesinato, su hermana Ana Aizpiri, periodista de profesión, denunció el "chantaje mafioso" al que fue sometido su hermano.

Siento que todos los ciudadanos somos espiados por ETA. Herri Batasuna es la policía secreta de ETA (...). ¿Por qué en vez de estar en los ayuntamientos no montan un chiringuito en la plaza que diga: oficina de información de ETA?.

El gobernador civil de Guipúzcoa, José Ramón Goñi Tirapu, afirmó que existe un "paralelismo cínico entre la actual campaña de HB en contra de la droga y este asesinato". Goñi Tirapu añadió que "este asesinato es de un cinismo increíble. Primero se calumnia infamemente y luego se asesina a una persona honesta como Sebastián Aizpiri". "Este señor", continuó el gobernador civil, "no tenía ningún tipo de relación con la droga y, sin embargo, en las últimas operaciones de incautación de droga sí que aparecen personas de HB vinculadas a la trama de la droga en Guipúzcoa". Se estaba refiriendo, al parecer, a las supuestas simpatías políticas de varios de los detenidos en una operación policial llevada a cabo el 23 de abril en Fuenterrabía, en la que se incautaron 1.188 kilos de hachís.

El de su hermana Ana es uno de los testimonios que se recogen en el libro Olvidados (Adhara, 2006), de Iñaki Arteta y Alfonso Galletero. Este es un breve resumen de sus palabras:

No me podía creer que eso hubiera podido suceder, que a mi hermano le hubiesen dado dos tiros en la nuca y lo hubiesen matado. Es verdad que él había sido objeto de una campaña bien orquestada, y que estaba surtiendo efecto. Estaban difamándolo: decían que era traficante de drogas. Después de que lo mataran yo misma pude ver algunos papelillos, apuntes manuscritos de algún informador de ETA, llenos de mentiras sobre mi hermano (...). Recuerdo la sensación de frío y de absurdo que me duró varios meses. Pero yo no era ajena a la realidad y tenía muy claro que alguien, en la vecindad de su establecimiento comercial, había observado todos sus movimientos cada día, le había vigilado para transmitir a otros la información, y otros le habían esperado para matarle (...). Desde entonces me resulta difícil regresar a mi pueblo (...). Denuncié entonces algo que era evidente para todos: la connivencia entre HB y ETA. Y eso ha tenido una carga importante sobre mí (...). Años después hubo gente de HB que difundió un rumor sobre mí del mismo carácter que el rumor de mi hermano: que me habían detenido en el aeropuerto de Barajas en posesión de cocaína, rumor netamente falso e injurioso, pues era evidente que no había podido ser detenida ya que mi voz se oía, por mi trabajo de periodista, en los informativos de la televisión vasca, todos los días a la misma hora. Mucha gente me ha odiado por la acusación que vertí sobre HB y otra mucha me ha admirado, claro (...). Yo perdí a la mayoría de mis amigos. No sentí cercanía, ni un sentimiento de empatía hacia mí (...). Creo que [Sebastián] nunca llegó a pensar que pudieran matarlo. A mí no me lo dijo nunca pero personas mejor informadas y más autorizadas concluyeron, por las circunstancias de su asesinato, que los de la ETA le habían estado pidiendo dinero y que él se había negado (...). Es muy desagradable vivir en Euskadi para una persona a la que le han asesinado un familiar o un amigo (...). Está claro que las víctimas vamos a seguir llevando para el resto de nuestras vidas un hueco, un archivo en nuestra memoria muy duro de abrir. Creo que si los partidos políticos, que tienen muchas víctimas en sus filas, no abogan con mucha entereza y determinación y con mucho cuidado con las palabras, por velar por la memoria de las víctimas que ha habido en el País Vasco y en otras comunidades de España, el futuro de las víctimas es el olvido.

También relató en el mismo libro que tras el atentado nadie del sector de la hostelería, "ningún cocinero reputado" dio muestras de solidaridad con ellos. "Hay que tener en cuenta que la adscripción ideológica al nacionalismo radical tiene en el sector de la hostelería una buena cuota", añadió.

En 1991 la Audiencia Nacional condenó a los etarras miembros del grupo Éibar Jesús María Ciganda Sarratea y Juan Carlos Balerdi Iturralde, alias Eneko, a sendas penas de 30 años de reclusión mayor como autores de un delito de asesinato con premeditación. La sentencia especificó que fue Ciganda quien disparó a Aizpiri. También fue condenado por este asesinato Cándido Zubikarai Badiola quien, junto a su mujer Make Goñi, colaboró con el grupo Éibar en su actividad asesina de los años ochenta. En el piso de su propiedad fueron detenidos los terroristas del grupo en una operación de la Guardia Civil en abril de 1989. En ese piso estaba también su hijo Eñaut de 5 años, que, con el tiempo, se haría jugador de fútbol profesional, siendo portero suplente de la Real Sociedad. Eñaut ha participado en marchas proetarras que piden el acercamiento de los asesinos de la banda a cárceles del País Vasco.

Sebastián Aizpiri Leyaristi, tenía 39 años. Era natural de Elgóibar (Guipúzcoa), localidad en la que fue enterrado.

ETA asesina a dos policías, un ertzaina y a un directivo de 'El Diario Vasco'

24 de Mayo de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A las ocho y diez de la mañana del 24 de mayo de 1989 la banda terrorista ETA asesinaba en Bilbao, mediante la explosión de un coche-bomba, a los policías nacionales JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ GARCÍA y MANUEL JÓDAR CABRERA, y al ertzaina LUIS HORTELANO GARCÍA.

Los agentes fallecidos estaban adscritos a los grupos de especialistas en desactivación de explosivos de sus respectivos cuerpos. Los tres policías saltaron en pedazos al estallar un bidón con veinte kilos de amonal, cuarenta de metralla y un multiplicador de pentrita colocado en el maletero de un taxi robado. Los cuerpos quedaron reducidos a fragmentos, y los restos esparcidos a varias decenas de metros a la redonda. El fragmento humano mayor que pudo recogerse era del tamaño de un libro. Otras once personas –cuatro policías, un bombero y seis civiles- resultaron heridos de diversa gravedad.

El atentado fue cuidadosamente preparado por la organización terrorista para dificultar la desactivación del coche bomba y garantizar que se produjesen víctimas. Primero, y para atraer a las Fuerzas de Seguridad del Estado, colocaron un artefacto explosivo de escasa potencia cerca de un concesionario de Peugeot en el barrio bilbaíno de Zorroza. A la vez, dejaron estacionado cerca un taxi cargado con explosivos. Cuando estalló el primer artefacto, llegaron al lugar varios miembros de los equipos de desactivación de explosivos de la Policía Nacional y de la Ertzaintza. Tras inspeccionar los alrededores, repararon en el taxi, cuya desaparición había sido denunciada por su propietario después de que dos terroristas lo robaran a punta de pistola la noche anterior.

En el maletero del vehículo estaba la potente bomba, así que los artificieros iniciaron el procedimiento de desactivación. Después de manipular durante más de dos horas el artefacto y de neutralizar varios sistemas trampa de activación, se decidieron a retirar el bidón que contenía el amonal, mientras una cuarta persona fotografiaba la operación. En ese momento se produjo la brutal explosión. Los terroristas habían colocado un sistema de iniciación oculto entre cemento para que no pudiese ser detectado por los especialistas en desactivación de explosivos.

El atentado coincidió con la víspera de la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo del 15 de junio, que se inició a las 00:00 horas del mismo día 24 de mayo. Todos los partidos políticos vascos, con excepción de Herri Batasuna, acordaron en señal de luto y repulsa suspender los actos de la primera jornada de campaña y retrasar 24 horas el inicio de las actividades de ésta.

En 1995 la Audiencia Nacional condenó a José Luis Martín Carmona a 76 años de reclusión mayor como autor del atentado. Anteriormente habían sido condenados los etarras Fernando del Olmo Vega e Inmaculada Pacho Martín por su participación en el mismo. Del Olmo Vega fue detenido en 1991 y condenado a 88 años. Cumple actualmente su condena en la prisión de Almería y tiene prevista la salida de la cárcel en febrero de 2012, aunque la doctrina Parot la puede retrasar hasta 2020. En cuanto a Pacho Martín, ha sido condenada en nueve sentencias a penas que suman 500 años de cárcel por cinco asesinatos. Al aplicársele la doctrina Parot, su puesta en libertad se ha retrasado al 2021. De lo contrario, habría salido de prisión en marzo de 2008.

Luis Hortelano García, de 33 años, era natural de Bilbao. Casado y con dos hijos, había ingresado en el Cuerpo Nacional de Policía en 1982, abandonándolo cuatro años más tarde para incorporarse a la Ertzaintza. Por su experiencia en la desactivación de explosivos, fue nombrado jefe de la Unidad Especial de Desactivación de Explosivos de la Policía Autónoma vasca. Solía acompañar a los artificieros de la Policía Nacional para mantenerse al día sobre nuevas técnicas en desactivación. Por ese motivo fue ese día a intentar desactivar la bomba en el maletero del taxi.

Manuel Jódar Cabrera era de Rubite (Granada) y tenía 35 años. Estaba casado y tenía también dos hijos. Ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía en 1975. La familia de Manuel Jódar tuvo que abandonar el País Vasco tras nueve años de acoso, según denunciaron ante el juez Garzón en 2003 en el marco de un procedimiento judicial abierto contra la limpieza étnica en esa comunidad autónoma.

 

José María Sánchez García era de Galinduste (Salamanca) donde veraneaba con su familia y donde fue enterrado. De 34 años, estaba casado con Ana María Lerena, con la que tenía, igual que sus dos compañeros, dos hijos: una niña de 5 y un niño de 4. Había ingresado en el Cuerpo Nacional de Policía en 1981.

 

 

Poco después de las ocho y media de la mañana del jueves 24 de mayo de 2001 el director financiero de El Diario Vasco, SANTIAGO OLEAGA ELEJABARRIETA, fue tiroteado por la espalda por dos miembros de ETA. Santiago fue alcanzado por siete disparos.

Esa mañana, Santiago se había dirigido en su vehículo al centro médico Fundación Matía de San Sebastián, en el barrio de El Antiguo, al que acudía desde hacía un mes para realizar ejercicios de rehabilitación por una lesión en el hombro provocada por su afición al deporte de la pala. Los etarras le estaban esperando en los alrededores del centro y, en cuanto estacionó su vehículo en el aparcamiento y se bajó del mismo, le tirotearon hasta la muerte. Al parecer, Oleaga advirtió la presencia de los dos etarras e intentó escapar, pero los disparos frustraron su huida. Su cuerpo quedó tendido en un pequeño jardín situado frente a su automóvil.

El cuerpo de Santiago Oleaga fue descubierto por un trabajador del servicio de limpieza de la Fundación Matía. Según un responsable de este centro sanitario, que no quiso identificarse, el empleado de la limpieza del hospital, que en el momento del atentado se encontraba en el exterior del edificio, fue alertado por un hombre que le dijo que en el aparcamiento del centro "había una persona a la que le habían pegado varios tiros y que estaba muerta". Este empleado avisó inmediatamente al personal del hospital, por lo que un médico y el citado responsable acudieron a intentar socorrer a la víctima. "Fuimos pensando que íbamos a ayudar, pero el médico comprobó enseguida, al tomarle el pulso, que era cadáver, por lo que no intentó siquiera hacer maniobras de reanimación", relató. El médico y el responsable del hospital pensaron inmediatamente que se trataba de un atentado, ya que pudieron apreciar con claridad "que tenía dos orificios, uno de ellos en la nuca".

Los terroristas utilizaron dos armas diferentes para cometer el asesinato, tal y como confirmaron esa misma noche fuentes de la Consejería de Interior del Gobierno vasco. Dichas fuentes explicaron que los primeros análisis de balística habían determinado que los asesinos de Oleaga efectuaron cuatro disparos con una de ellas y tres con la otra.

Los asesinos se dieron a la fuga en un Renault 5, con matrícula de San Sebastián doblada. Una hora más tarde, el coche fue explosionado en el barrio de Aiete, cerca del Hospital San Juan de Dios, que se encuentra a dos minutos del lugar del atentado, sin que se produjeran heridos. La explosión fue provocada por una bomba que contenía medio kilo de explosivo y un recipiente con disolvente para que se incendiara tras la deflagración. Según la Ertzaintza, el objetivo de los terroristas era borrar cualquier evidencia que posibilitara su detención.

En 2006 la Audiencia Nacional condenó a Luis María Carrasco Aseginolaza a 47 años de cárcel como autor material del asesinato, y a Ibon Etxezarreta Etxaniz a 40 años por los mismos delitos que el anterior, salvo el de tenencia ilícita de armas. Estos dos terroristas fueron, además, los que en los días previos al 24 de mayo realizaron labores de vigilancia sobre los hábitos de la víctima. En la misma sentencia fue condenado Patxi Xavier Makazaga Azurmendi a 18 años de prisión por un delito de terrorismo con resultado de muerte y robo terrorista. Makazaga Azurmendi era el enlace del grupo Buruntza de la banda con la dirección de ETA, y fue quien dio la orden de acabar con la vida de Santiago a los autores materiales. Por último Oskarbi Jáuregui Amundarain, que fue quien robó el vehículo con el que los etarras se desplazaron al aparcamiento del centro médico, fue condenado a 2 años de reclusión por falsificación de documento oficial.

Santiago Oleaga Elejabarrieta, de 54 años, casado con Amaya Guridi y con dos hijos, era una persona esencialmente buena, como lo definieron todos los que le conocieron. Natural de Durango (Vizcaya), llevaba 25 años vinculado al diario guipuzcoano, primero como jefe de administración y después como director financiero, cargo que ocupó hasta ser asesinado. Había estudiado Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Deusto. Según el vicepresidente del periódico, Vicente Zaragüeta, "era un hombre muy cordial que no se metía en política y sólo se dedicaba a la administración y a la gestión financiera". 

Santiago no llevaba escolta, no estaba amenazado y no se consideraba objetivo de ETA. No obstante, el asesinato de Oleaga, tal y como contó Florencio Domínguez en Las raíces del miedo. Euskadi, una sociedad atemorizada (Aguilar, 2003), fue la culminación de un proceso que se inició con una "primera fase de acoso ideológico" a El Diario Vasco en diciembre de 2000, protagonizada por Herri Batasuna que encabezó concentraciones de protesta en distintas sedes del periódico bajo el lema "Contra la Brunete mediática". De la fase de acoso ideológico se pasó a la de "violencia callejera", también en ese mismo mes de diciembre de 2000, con ataques a las sedes del periódico en Éibar y San Sebastián. Posteriormente, tras la captura del grupo Ttotto de ETA, en febrero de 2001, se supo que la banda terrorista había decidido penetrar en la sede de San Sebastián y dinamitarla. Otra documentación intervenida al grupo Gaua permitió saber que ETA pretendía atentar contra el director del periódico, José Gabriel Mujika. Toda esta escalada culminó con el asesinato de Santiago Oleaga.

El acoso a los medios de comunicación ha sido otra de las constantes de la banda terrorista. Unos días antes del asesinato de Oleaga, el 15 de mayo, el periodista Gorka Landaburu recibió en su casa de Zaráuz un paquete-bomba que, supuestamente, contenía una revista a la que estaba suscrito. Al abrirlo, el artefacto que contenía estalló causándole graves daños en el rostro y el abdomen, además de la amputación de tres dedos de la mano izquierda y uno de la derecha.

ETA asesina a Martín Merquelán, Virgilio do Nascimento y Miguel Peralta

23 de Mayo de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El 23 de mayo de 1978 la banda terrorista ETA asesina al taxista MARTÍN MERQUELÁN SARRIEGUI. Esa noche, en torno a las 22:00 horas, un individuo requirió los servicios de Martín en la parada de taxi de la localidad guipuzcoana de Irún para que le trasladara al barrio de Guruze.

Durante el trayecto, otros dos hombres se subieron al vehículo y obligaron a Martín a que se desviase hacia un antiguo recinto militar abandonado situado en la carretera que une Oyarzun con el Castillo del Inglés.

Hacia la media noche, su mujer se inquietó al ver que no regresaba a casa y se puso en contacto con los compañeros de su marido, que le contaron que había dejado la parada del taxi acompañado de un cliente. A las 00:30 horas, los taxistas denunciaron la desaparición de Martín en la comisaría y, poco después, se encontró su coche abandonado y con las puertas abiertas en Pasajes.

A las cuatro de la madrugada apareció su cuerpo sin vida en la carretera que conduce al Castillo del Inglés, con hematomas y cuatro dedos de la mano rotos. Al parecer, Martín ofreció resistencia a sus secuestradores y por eso fue golpeado. Además, presentaba dos impactos de bala disparados a bocajarro, uno de ellos con entrada por la parte posterior de la cabeza. En el lugar del crimen se encontraron dos casquillos del calibre 9 milímetros parabellum y una bala sin disparar.

Martín Merquelán Sarriegui tenía 48 años. Estaba casado y tenía cinco hijos. El 25 de mayo, los taxistas de Guipúzcoa suspendieron los servicios en señal de protesta y llevaron crespones negros por su compañero asesinado.

El 23 de mayo de 1990 fue tiroteado por la banda terrorista ETA a la salida de un bar VIRGILIO DO NASCIMENTO AFONSO, ciudadano portugués. En un principio, la investigación de la Policía Nacional se orientó hacia un posible ajuste de cuentas por la supuesta relación de la víctima con el tráfico de estupefacientes.

Sin embargo, poco más de un mes después la banda terrorista ETA hizo pública una nota que dio un giro radical a la investigación. En un comunicado hecho público el 26 de junio de 1990 a través del diario Egin, escrito íntegramente en vasco, la banda asesina reivindicaba el asesinato de Virgilio do Nascimento y dos más cometidos en el mes de junio: el de Rafael San Sebastián Flechoso el 10 de junio, que la banda reconoció ser un error, y el de José Lasanta Martínez, el 13 de junio. El motivo que alegó la banda para asesinar a Virgilio fue que se dedicaba al tráfico de drogas, algo confirmado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El portugués era responsable de una banda dedicada al tráfico de drogas, vehículos robados y armas. Según información publicada en ABC, Virgilio do Nascimento había sido detenido en 1989 y se le había incautado un arma. Por otra parte, el Servicio Fiscal de la Guardia Civil investigaba, desde dos años antes de su asesinato, las actividades de la víctima.

Virgilio do Nascimento Afonso tenía 24 años. Su cadáver apareció tiroteado en el barrio donostiarra de Buenavista.

El 23 de mayo de 1994 ETA asesina en Madrid al teniente de Ingenieros del Ejército de Tierra MIGUEL PERALTA UTRERA mediante una bomba-lapa adosada a los bajos de su coche. Los etarras aprovecharon que el militar aparcaba su vehículo en la calle en las proximidades de su domicilio, en una zona de viviendas militares, para colocarla bajo el mismo.

Minutos antes del estallido, Miguel había dejado a su hija Laura, de 15 años, en el instituto de Enseñanza Secundaria donde estudiaba. Durante el trayecto desde su domicilio al centro educativo la bomba ya estaba colocada, pero no estalló, lo que salvó la vida de la niña. De ahí se dirigió al Cuartel General del Mando de Transmisiones Estratégicas de Prado del Rey. La bomba hizo explosión mientras circulaba por la carretera de Extremadura. Además de la muerte de Miguel, la onda expansiva hirió gravemente a Raúl Caballero Linares y Agustín Konya.

En el año 2000 la Audiencia Nacional condenó a Mikel Azurmendi Peñagaricano a un total de 36 años de reclusión mayor por el asesinato de Miguel Peralta. En la misma sentencia se recoge que la bomba-lapa fue confeccionada por Azurmendi, Mercedes Chivite Berango y Álvaro Juan Arri Pascual. Este último la adosó a los bajos del coche con la ayuda de la etarra Idoia Martínez García. Pese a ello, y a que Mikel Azurmendi admitió en ese juicio la participación de Arri Pascual, este fue absuelto en 2005 por la misma sección y sala de la Audiencia Nacional al carecer de pruebas suficientes para condenarlo.

Mercedes Chivite Berango fue condenada en Francia en enero de 2010, junto a su pareja Félix López de Lacalle Gauna, alias Mobutu, a 12 años como responsables de las compras internacionales de armas de la banda. En la misma sentencia, el Tribunal de lo Criminal de París ordenaba su expulsión a España para responder ante la justicia por varios atentados cometidos en los años 80 y 90. Mobutu y Chivite cayeron en manos de las fuerzas del orden el 2 de abril de 2004 en una casa rural cerca de Angulema apenas doce horas después de que le hubiera ocurrido lo mismo al entonces jefe del aparato logístico de la banda, Félix Ignacio Esparza Luri. En cuanto a Idoia Martínez García, una de las etarras más sanguinarias de la banda asesina, fue detenida el 6 de noviembre de 1997 en la localidad francesa de La Rochelle y extraditada a España por Francia en noviembre de 2003. Actualmente se encuentra cumpliendo condena en la prisión de Teixeiro en La Coruña por otros atentados y sigue teniendo varias causas pendientes con la justicia española por numerosos atentados.

Miguel Peralta Utrera tenía 47 años. Era de Medina Sidonia (Cádiz), estaba casado y tenía cuatro hijos de edades comprendidas entre los 22 y los 15 años. Sus restos mortales recibieron sepultura en la localidad gaditana de Chiclana, tras el funeral celebrado en el acuartelamiento donde estaba destinado, presidido por el arzobispo general castrense monseñor José Manuel Estepa. Los dos hijos varones del teniente portaron hasta el nicho el féretro de su padre, junto a oficiales de la Guardia Civil y del Ejército de Tierra.

ETA asesina a los policías nacionales Máximo Díaz Bardera y Francisco Rivas López

21 de Mayo de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A última hora de la tarde del martes 21 de mayo de 1985 la banda terrorista ETA asesinaba a los policías nacionales MÁXIMO DÍAZ BARDERA y FRANCISCO RIVAS LÓPEZ cuando paseaban, vestidos de paisano y fuera de servicio, por una ladera del monte Ulía, entre San Sebastián y Pasajes. Los terroristas abordaron a sus víctimas en un paraje aislado y las mataron de un tiro a bocajarro en la cabeza. Aparentemente, los policías no opusieron resistencia, pues sus cuerpos no presentaban más señales de violencia que un agujero negro de sangre coagulada en la sien.

Los agentes habían salido de paseo, con los perros de ambos, en torno a las 16:00 horas. Ya de noche, el perro de Francisco apareció en su domicilio. A las 21:00 horas, las familias de ambos policías, extrañadas de que no hubiesen regresado, presentaron una denuncia.

Un centenar de policías, ayudados por un helicóptero de la Guardia Civil, inició el rastreo del monte, especialmente el paraje del Faro de la Plata, un lugar al que Máximo y Francisco solían acudir habitualmente con sus perros. Los cadáveres fueron localizados pasadas las 10:00 horas del miércoles 22 de mayo, tras una noche de intensos rastreos en el monte Ulía y una vez que, en torno a las 9:30 horas, un autodenominado portavoz de ETA indicara al diario Egin el punto exacto del asesinato.

Varios policías se dirigieron hacia la zona y al acercarse oyeron unos gemidos. Siguiendo el quejido llegaron a una zona de zarzales, donde encontraron los cuerpos tumbados boca arriba de los dos policías, a ambos lados del sendero y a la misma altura, frente al mar. La perra de Máximo aullaba de tristeza recostada sobre el pecho de su dueño, y la mano del otro compañero descansaba sobre el suelo, en una postura forzada. Cerca de ambos, había un pequeño ramillete de margaritas, al lado de un casquillo 9 milímetros parabellum, marca SF.

En mayo de 2008, cuando se cumplían 23 años del asesinato, María del Pilar Díaz Ríos, la hija mayor de Máximo, recordaba en una carta escrita al diario El Mundo ese terrible día en que quedó huérfana y en que su padre no llegó a recogerla al colegio:

Hoy es martes, 21 de mayo de 1985. Acabo de salir del cole y estoy esperando a que mi papá venga a buscarme (...) Es el mejor papá del mundo y el mejor policía. En mi familia somos cinco personas: mi papá tiene 35 años, mamá tiene 30 años, yo soy la mayor de tres hermanos y tengo 8 años, y mis dos hermanos tienen 6 y 3 años. Somos una familia feliz (...) Mi papá tarda mucho, los demás niños ya se han ido con sus papás y mi papá no ha venido todavía. (...) Estoy sola en el patio. No lo entiendo. Mi papá no viene. Pero va a venir, porque la palabra de mi papá es ley y si me dijo que venía es que va a venir. Pues verán ustedes, mi padre no vino a buscarme esa tarde al colegio, tuve que irme sola a casa. Pero tampoco vino a casa esa noche... Mi padre no volvió a casa nunca más.

Y recordaba que el ramo de margaritas que se encontraron al lado de los cuerpos de Francisco y Máximo eran para su madre y para ella:

Mi padre había cogido unas flores para mamá y para que yo, su hija María del Pilar, le llevara flores a la Virgen, porque el mes de mayo, para los católicos, es el mes de María. Y la ETA les asesinó. ETA nos asesinó a todos ese día (...) Cuando asesinaron a papá, yo ocupé su lugar, dejando de ser una niña de ocho años para ser el cabeza de familia. Mis hermanos y yo no tuvimos más alternativa que ingresar en colegios de huérfanos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas. En ellos hemos permanecido internos, hasta hace poco tiempo, cuando, gracias a la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo del gobierno de Aznar, pude comprar una casa y reunir en ella a mi familia. Después de reconstruir los pedazos que esos repugnantes asesinos cobardes de la ETA dejaron de mi familia y de mí, el amor de una hija a su padre me llevó a reivindicar: Memoria, Dignidad y Justicia.

Desde que conoció a Francisco José Alcaraz y empezó a participar en la Rebelión Cívica por él liderada, María del Pilar se siente menos sola. Como declaró el 6 de noviembre de 2010 en el programa Sin Complejos de esRadio, "cuando iba en la pancarta y miré hacia atrás y vi a toda esa gente maravillosa, me sentí menos huérfana". Por el contrario, también recordó cómo en los duros años que tuvo que vivir en el País Vasco tras la muerte de su padre, cada vez que la sociedad miraba hacia otro lado "hacía que me sintiera una apestada". "Ya éramos víctimas del terrorismo desde que nacimos por el hecho de ser hijos de nuestros padres, hijos de policías y guardias civiles".

El asesinato de Máximo y Francisco nunca fue resuelto judicialmente. Incluso se ha afirmado que jamás se ha encontrado ningún dato fidedigno que permitiera identificar a los autores del atentado. Como relataba en la carta a El Mundo

(...) Mi abogada y amiga, Manuela [Rubio Valero] y yo, empezamos a buscar respuestas sobre el atentado de papá, ya que desde el asesinato, mi familia y yo nunca hemos recibido información de ningún tipo por parte de las instituciones publicas. Y todo para descubrir que el asesinato de mi padre ha prescrito, lo que implica que los asesinos nunca serán juzgados". Y añadió: "Mi padre juró proteger a España y a los españoles de bien, y ¡vive Dios, que cumplió su palabra! A papá le asesinaron por ser España, porque su uniforme representa el Estado de Derecho español, el Orden y la Ley. Y en agradecimiento a sus servicios prestados a España, ni España, ni el Estado de Derecho español, ni el Orden, ni la Ley han hecho justicia a un hombre bueno, como papá, ni a otros muchos hombres buenos, que además, para mayor indignación, eran sacados en sus féretros por la puerta de atrás de las iglesias, a hurtadillas. Con un gran abatimiento y con un sentimiento de desolación y desconsuelo absolutos. Con un inmenso dolor en mi corazón y en mi alma, me veo en la necesidad de denunciar esta aberración legal que permite la prescripción de los delitos de terrorismo.

El 26 de abril de 2011 María del Pilar Díaz señaló a Libertad Digital que la instrucción de este atentado, si se puede llamar así a lo que se hizo en este caso, fue desastrosa. Por ejemplo "el juez de instrucción jamás pidió la inspección ocular del lugar de los hechos a la Policía, que a su padre no le hicieron autopsia, que no se investigó nada, que el juez nunca pidió informes a la Policía", agregó. Para poder acceder al sumario del asesinato de su padre, y tras encontrarse un montón de trabas por parte de la Audiencia Nacional, María del Pilar amenazó con encadenarse a la puerta de la misma, tras lo cual consiguió que se lo diesen, sumario "que tuvo que leer de pie, al lado de una fotocopiadora y una papelera".

Sin embargo, hay al menos dos informaciones publicadas en el diario ABC, nueve y diez años después del atentado (03/08/94 y 15/08/95), en las que se hace referencia a Ramón Zapirain Tellechea como presunto autor del asesinato de Máximo y Francisco. Zapirain integró, junto a Arturo Cubillas Fontán, Idoia López Riaño y José Angel Aguirre Aguirre, el denominado grupo Oker de ETA. Zapirain y Aguirre fueron detenidos en noviembre de 1985 y, pese a ser considerados presuntos autores del asesinato de Máximo y Francisco, no se les juzgó por este atentado, aunque sí por otros asesinatos, como el de Facal Soto, cometido apenas tres meses antes que el de Máximo y Francisco. Por ello resulta cuando menos chocante que, diez años después, el diario ABC siguiese haciendo alusión a Zapirain Tellechea como presunto autor del asesinato de los dos policías.

Máximo Díaz Bardera tenía 35 años. Era natural de Pedro Bernardo (Ávila), estaba casado y tenía tres hijos de 8, 6 y 3 años. Trabajaba en San Sebastián donde, desde once años antes de ser asesinado, era el encargado de la centralita de teléfonos del Gobierno Civil.

 

 

Francisco Rivas López, de 50 años, era de Torremocha (Guadalajara) pero llevaba 26 años destinado en San Sebastián, su primer y único destino. Estaba casado con Concepción Ayerbe y tenía una hija de 19 años. Al igual que su compañero y amigo Máximo, vivía con su familia en Pasajes de San Pedro, en una barriada de casas reservada a la Policía Nacional que estaba ubicada en la ladera sur del monte Ulía.

Ps. Una vez terminada esta semblanza, María del Pilar Díaz Ríos, hija de Máximo, me envía este correo electrónico: "Hay un mensaje que me gustaría transmitir. Mi padre pasó muchas noches al raso del cielo para proteger a los españoles de bien. Otras veces el agua le entraba por el cuello de la camisa del uniforme y le salía por la pernera del pantalón pero a mi padre no le importaba porque estaba salvando la vida de los españoles buenos. Muchos días tuvo frío y sueño, y estuvo todo el día sin comer, pero lo importante era que su sacrificio salvaba la vida de los españoles buenos. Por eso quiero hacer un llamamiento a los españoles buenos, quiero decirles que cuando los malvados les golpeen duro, cuando estén cansados, cuando tengan sueño, hambre y frío, recuerden que mi padre juró ante Dios y ante la Bandera de España protegerles de los malvados y ¡vive Dios! que mi padre, como Ángel Custodio de España, cumplió su juramento. Por eso, ahora, es mi obligación como hija, deciros a los españoles de bien que aunque los malvados os golpeen duro, aunque estéis cansados, tengáis sueño, hambre o frío os levantéis y resistáis como antes lo hizo mi padre por vosotros y defendáis España con el mismo orgullo y honor que él lo hizo y así mantendréis viva su memoria, su dignidad y le haréis justicia. A él, mi padre, y a todas las victimas del terrorismo".  

ETA asesina a un policía en Arrigorriaga y a un sargento en Córdoba

20 de Mayo de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

Pasadas las cinco de la tarde del 20 de mayo de 1986, ETA asesinaba de un tiro en la nuca al policía nacional MANUEL FUENTES PEDREIRA en el frontón de la localidad vizcaína de Arrigorriaga, donde acababa de jugar un partido de pelota.

Manuel Fuentes vivía en la calle de Santa Isabel, justo enfrente del recinto deportivo al que acudía muchas tardes para jugar a pala. Después de las cinco de la tarde, cuando el agente había terminado de jugar un partido, se sentó vestido con un chándal en las gradas a descansar y esperar turno para volver a entrar en juego. Dos terroristas, un hombre y una mujer, se sentaron detrás de él. Esperaron unos segundos y, sin mediar palabra, la mujer le disparó por la espalda un único proyectil en la cabeza, con entrada por la nuca y salida frontal. La víctima se desplomó sobre el escalón superior de las gradas del frontón.

Los terroristas escaparon a pie hasta un taxi robado previamente, en el que les esperaba otro etarra al volante. El vehículo tomó una carretera de la red provincial en dirección a la localidad de Arrigorriaga.

Antes de perpetrar el atentado el comando había bloqueado la entrada de la calle de Santa Isabel, por la que sólo se puede circular en un sentido, con otro vehículo para asegurarse mejor la huida.

El cadáver de Manuel Fuentes, cubierto con una manta, permaneció en el frontón hasta que el juez ordenó a las 18:30 horas su traslado al Hospital Civil de Basurto para practicarle la autopsia. En el suelo del frontón se recogió un casquillo de bala, de calibre 9 milímetros, marca SF, fabricado en 1979.

El Partido Nacionalista Vasco condenó "sin paliativos" el asesinato de Manuel Fuentes y destacó su especial gravedad en un momento en que su formación política se está "esforzando al máximo por conseguir una solución al problema de la violencia a través del diálogo". El Partido Socialista de Euskadi declaró que la muerte del agente es obra "del grupo fascista llamado ETA" al que "lo único que queda, como profesionales del crimen, es seguir asesinando".

A la ceremonia religiosa celebrada al día siguiente asistieron numerosas autoridades civiles y militares, entre las que se encontraban Julián Sancristóbal, director de la Seguridad del Estado; el director general de la Policía, Rafael del Río; el general inspector de la Policía Nacional, Félix Alcalá Galiano y también el general Vallejo, jefe de la Quinta Zona de la Guardia Civil. También asistieron algunos miembros de la Ertzaintza.

En febrero de 2007 el Ayuntamiento de Arrigorriaga organizó un homenaje a las víctimas del terrorismo relacionadas con esa localidad. La moción fue aprobada por PNV, EA e IU, con la oposición de PSE-PSOE y PP, e incluía también un reconocimiento al etarra José Miguel Beñarán Ordeñana, alias Argala, asesinado en 1978 por el Batallón Vasco Español. Los familiares del etarra se negaron a recibir el homenaje. Un hermano de Argala, Pablo Beñarán, escribió una carta en Gara en la que tachaba el acto que pretendía hacer el Ayuntamiento de "marketing político, hueco y para la foto". Finalmente, el Ayuntamiento rectificó y excluyó a Argala del homenaje, que se hizo sólo a las dos víctimas de la localidad: el taxista Fermín Monasterio Pérez, asesinado por ETA el 9 de abril de 1969, y el agente Manuel Fuentes. En su memoria se colocó una placa en el frontón donde fue asesinado.

Manuel Fuentes Pedreira estaba destinado en el Parque Móvil de Bilbao y trabajaba en el acuartelamiento de Basauri como conductor. Tenía 39 años y era natural de La Golada (Pontevedra), donde fue enterrado. Manuel había estado destinado en Vizcaya desde años antes de ser asesinado y, tras su traslado a otros puntos de España, pidió volver al País Vasco por encontrarse totalmente integrado en esta comunidad autónoma. En el momento de su asesinato convivía con su novia, Dolores Quintanilla

El lunes 20 de mayo de 1996 es asesinado en Córdoba el sargento del Ejército MIGUEL ÁNGEL AYLLÓN DÍAZ-GONZÁLEZ, al estallar una bomba instalada en un contenedor de basura. Eran las 7:40 horas. El joven militar saltó por los aires y quedó en la acera con el rostro desfigurado, tal y como relataron testigos presenciales. Era la cuarta víctima mortal de las cinco que asesinó la banda terrorista ETA en el año 1996: Fernando Múgica Herzog, Francisco Tomás y Valiente, Ramón Doral Trabadelo y el empresario Isidro Usabiaga Esnaola, asesinado el 26 de julio de 1996.

El objetivo de la banda terrorista era atentar contra un grupo de militares que esperaba ser recogido por un minibús militar en la avenida Carlos III. Cada mañana utilizaban el minibús para trasladarse a la Comandancia Militar de Cerro Muriano, a unos 15 kilómetros de Córdoba. Sólo la precipitación de los terroristas impidió una masacre similar a la realizada en 1995 en la barriada madrileña de Vallecas, ya que la bomba, accionada por control remoto, estalló unos segundos antes de que el vehículo militar se acercara a la parada, y justo cuando se encontraba oculto por un turismo. Fuentes policiales confirmaron que los terroristas habían planeado cuidadosamente el atentado.

Pese a que el minibús militar variaba frecuentemente su recorrido, la esquina donde se colocó la bomba era el único punto por donde pasaba obligatoriamente, además de ser un cuello de botella en su itinerario. Un pequeño retraso del autobús hizo que el objetivo se encontrase a unos treinta metros del artefacto en el momento en que explotó. ETA, además, había preparado otros dos coches bomba que no estallaron cuando los terroristas habían previsto y que fueron desactivados por la Policía horas después.

La banda asesina había querido provocar una masacre utilizando una cantidad de explosivos similar a la que en mayo de 1991 destruyó el cuartel de la Guardia Civil de Vic matando a diez personas. Según declaraciones del recién nombrado ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, "parece que los dos coches que fueron desactivados eran el auténtico núcleo del atentado, y no la carga que se encontraba en un contenedor de basura".

Además de matar a Miguel Ángel, la explosión hirió a otras cuatro personas: el matrimonio formado por Manuel Espino Madueño, de 53 años, que resultó con lesiones graves, y Antonia Lara Andreu, de 52, que circulaba en un vehículo por el lugar de los hechos; y otros dos militares: el capitán Antonio Duque Lozano y el alférez Antonio Granados Bermejo.

Los autores del atentado fueron miembros del grupo Andalucía de ETA, formado por Mikel Azurmendi, Maite Pedrosa, Asier Ormazábal Lizeaga y Francisco Javier Gallaga Ruiz, todos ellos condenados a elevadas penas de prisión en diferentes juicios.

En 1999 se condenó a Mikel Azurmendi y Maite Pedrosa a sendas penas de 27 años de reclusión mayor por el asesinato del sargento, y a veinticuatro penas de 13 años de reclusión menor por cada uno de los delitos de asesinato frustrado.

En septiembre de 2004 la Audiencia Nacional condenó al etarra Asier Ormazábal a 351 años de prisión como autor del atentado. Según el relato de hechos probados de la sentencia, con anterioridad al 20 de mayo los etarras, miembros del grupo Andalucía de ETA, recibieron indicaciones del dirigente etarra José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri, para que comprobaran el itinerario y horarios de un autobús militar que viajaba desde Córdoba hasta la base militar de Cerro Murriano. El 17 de mayo Pedrosa, Azurmendi y Ormazábal confeccionaron tres artefactos explosivos de unos 200 kilos de amosal que colocaron en dos ollas metálicas, y otro aparte de 6 kilos de amosal. Las dos ollas las colocaron en dos coches, que previamente robaron y que aparcaron a la altura del número 11 de la avenida Carlos III de Córdoba, por donde pasaba el autocar para terminar de recoger a los pasajeros en su ruta diaria. El tercer artefacto fue colocado en un contenedor de basura en la misma avenida. Ormazábal fue el encargado de accionar el mando a distancia en el momento en el que el autobús pasaba por delante de los dos vehículos estacionados. Sin embargo, sólo hizo explosión la bomba del contenedor. En el juicio, el etarra Ormazábal se negó a contestar a las preguntas del fiscal y las acusaciones y fue expulsado de la sala después de dar dos manotazos al cristal de la cámara blindada desde la que seguía la vista.

Finalmente, en 2006 fue condenado el etarra Francisco Javier Gallaga Ruiz a 342 años de cárcel. La Audiencia Nacional consideró probada su integración en el grupo Andalucía de ETA y su participación directa en el atentado, al ser la persona que facilitó el material utilizado en la comisión del mismo, transportándolo desde Madrid a Córdoba.

Miguel Ángel Ayllón Díaz-González, sargento de ingenieros del Ejército de Tierra de 27 años, era natural de Granada y estaba soltero, aunque tenía novia, Silvia Oliva, con la que había comprado un piso. Ingresó voluntario en el Ejército con dieciséis años. Destinado en la Brigada de Infantería Mecanizada número X, adscrita al Euroejército, durante algún tiempo había prestado sus servicios en Bosnia dentro de las misiones humanitarias que realizó el Ejército español en la ex Yugoslavia.

ETA asesina en San Sebastián al agente de Policía Manuel Orcera de la Cruz

18 de Mayo de 2011 - 09:10:02 - M.J. Grech

A las siete menos veinte de la tarde del 18 de mayo de 1977, dos miembros de ETA asesinaban a tiros en la estación de Amara de San Sebastián al agente de Policía Armada MANUEL ORCERA DE LA CRUZ, al que dispararon cinco tiros.

Manuel se encontraba de servicio en el interior de la estación. Dos individuos se apearon de un vehículo y, tras penetrar en el interior del recinto ferroviario, tirotearon al agente. Uno de los disparos le alcanzó el corazón, lo que le produjo la muerte prácticamente en el acto. Su compañero en el servicio de vigilancia, que se encontraba en el andén, pudo repeler la agresión haciendo tres disparos contra los agresores, pero no consiguió alcanzarles. A continuación avisó al servicio policial 091. Manuel fue trasladado a la Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu, donde ingresó cadáver.

Los etarras se dieron a la fuga en un coche Simca 1200 con matrícula de Barcelona, que había sido robado sobre las 16:30 horas a punta de pistola en el barrio donostiarra de Gros. Su propietario permaneció secuestrado en la falda del monte Ulía hasta momentos antes de cometerse el atentado, y posteriormente lo dejaron ahí abandonado. El coche fue localizado hacia las 19:15 horas por funcionarios de la comisaría de Policía del barrio de Loyola. En el lugar de los hechos se encontraron tres casquillos, con la inscripción FN, calibre 9 milímetros parabellum, munición usada habitualmente en sus acciones por los grupos especiales de la organización ETA-V asamblea, rama político-militar.

El jefe superior de Policía de Bilbao declaró tras el atentado que ETA no conseguiría encrespar a las fuerzas del orden y que la actuación de las mismas se ajustaría siempre a la ley.

Al día siguiente se produjo un atentado similar contra agentes de la Policía Armada de servicio en la estación de Renfe de Pamplona, aunque no hubo que lamentar víctimas mortales.

Manuel Orcera de la Cruz era natural de Úbeda (Jaén), donde había nacido el 27 de mayo de 1953, por lo que tenía 24 años cuando fue asesinado. Ahí se celebró su funeral, que congregó a cerca de quince mil personas. Una calle de su localidad natal lleva su nombre. Manuel estaba casado y tenía una hija de corta edad. Su mujer estaba embarazada del segundo hijo. Estudió en la Academia de Policía de Badajoz y llevaba destinado en San Sebastián desde abril de 1976.

ETA asesina a un vigilante de seguridad y al primo del obispo Uriarte

17 de Mayo de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El 17 de mayo 1979 es asesinado por ETA en Lemona (Vizcaya) ANTONIO PÉREZ GARCÍA, tiroteado por dos terroristas encapuchados mientras procedía a aparcar su coche. En el lugar del suceso se encontraron nueve casquillos de bala 9 milímetros parabellum.

Antonio Pérez trabajaba como vigilante en la empresa Cementos Portland de Lemona, al tiempo que gestionaba el Bar La Herradura en esa localidad vizcaína. El 17 de mayo por la noche Antonio salió de su trabajo en la cementera y se dirigió con un compañero al bar de su propiedad. Dejó a su acompañante en la puerta del local y se dirigió a un aparcamiento cercano. Cuando se disponía a entrar en el mismo, dos etarras encapuchados le salieron al paso. Uno de ellos disparó una ráfaga con un subfusil a través de la ventanilla del conductor. Antonio fue alcanzado mortalmente en el tórax por tres balas y falleció en el acto.

El asesinato de Antonio fue cometido por miembros del grupo Kioto de ETA. En 1979 fue condenado el primero de los integrantes del grupo, Juan José Larrinaga Echevarría. En 1987 fueron condenados el resto de etarras integrantes del grupo Kioto: Juan José Legorburu Guerediaga, Ernesto María Alberdi Olano, Juan Antonio Urrutia Aurteneche y Fernando Iraculis Albizu.

El caso de Urrutia Aurteneche es uno más de los casos escandalosos en relación a los asesinos de la banda terrorista. Se acogió a medidas de reinserción y se ahorró 18 años de cárcel, saliendo de prisión en 1992. Hace vida absolutamente normal en Amorebieta, y montó en el año 2000 una empresa inmobiliaria con su compañera sentimental y su hija. Como ha ocurrido otras veces, ninguna de las participaciones de la empresa está a su nombre, para así no tener que responder a las indemnizaciones que las sentencias condenatorias de la Audiencia Nacional le han impuesto por los asesinatos cometidos. Entre otras, 48.000 euros que debería satisfacer a los herederos de Antonio Pérez.

Antonio Pérez García tenía 48 años. Era natural de Cortes de la Frontera (Málaga) aunque llevaba treinta años residiendo en el País Vasco: veinte en Lemona y otros diez en distintas localidades de Vizcaya. Estaba casado y tenía tres hijas. Se había ausentado temporalmente de Lemona tras recibir amenazas de la banda terrorista, pero había regresado recientemente a la localidad donde vivía y trabajaba.

Un día después del asesinato en Basauri del policía nacional Luis Navarro Izquierdo, el 17 de mayo de 1985 la banda terrorista acababa con la vida del taxista JUAN JOSÉ URIARTE ORÚE en Bermeo (Vizcaya). Juan José era primo carnal del por entonces obispo auxiliar de Bilbao, Juan María Uriarte.

Su asesinato fue anunciado por un comunicante anónimo que dijo pertenecer a ETA y que llamó dos veces a la Asociación de Ayuda en Carretera (DYA) en Bilbao para señalar el lugar donde se encontraba el cuerpo sin vida del taxista. La veracidad del aviso se comprobó la madrugada del sábado, cuando agentes de la Guardia Civil, tras adoptar las precauciones necesarias para evitar una posible trampa de la banda, encontraron el cuerpo sin vida de Juan José en el lugar indicado por el comunicante anónimo. El cadáver apareció en un camino vecinal próximo a la ermita de San Juan de Gaztelugache y presentaba cuatro impactos de bala, uno de ellos en la cabeza. En la misma llamada la banda terrorista acusó a la víctima de ser "confidente de la Policía", diciendo textualmente: "hemos dejado tieso a un chivato".

Un compañero de la víctima dijo que sobre las ocho de la tarde estaba sentado con Uriarte en el vehículo de éste cuando cuatro personas, tres hombres y una mujer, requirieron sus servicios. La hija mayor del asesinado se encontró con su padre sobre esa misma hora, cuando circulaba por Bermeo con el taxi ocupado por un número de personas que no pudo precisar. La banda terrorista utilizó con Juan José el mismo modus operandi que ya había utilizado en anteriores atentados contra taxistas: solicitar sus servicios y obligarle posteriormente a desviarse hacia algún lugar recóndito para asesinarle.

El secretario general de los socialistas vizcaínos, Ricardo García Damborenea, afirmó que "alguien ha tenido que haber visto algo, y si no se decide a denunciarlo, su actitud será, en primer lugar, insensata, porque la próxima víctima puede ser él mismo. A Juan José Uriarte le ha asesinado ETA porque sí, porque no les gustaba, como en tantas otras ocasiones".

Poco después de conocerse la noticia, un grupo de familiares y vecinos de Juan José hizo pública, a través de una emisora local de radio, una declaración en la que negaban cualquier actividad del taxista ajena a su profesión y desmentían rotundamente que fuese un chivato: "Ni ha sido nunca chivato, ni ha traficado con drogas, ni ha tenido jamás nada que ocultar. Esto es un asesinato total. Quienes le han matado se han equivocado, pero ahora ¿quién repone el error, quién le devolverá la vida?".

El funeral fue oficiado por Juan María Uriarte y otros doce sacerdotes en la Iglesia de San Salvador de Frúniz. El propio Uriarte consideró "un error" haber acusado a su primo de confidente policial y afirmó: "No es lícito a nadie erigirse en juez, y menos en vengador".

Florencio Domínguez narró en Dentro de ETA. La vida diaria de los terroristas (Aguilar, 2002), y recogió en Vidas rotas (Espasa, 2010), que los miembros del grupo Orbaiceta de ETA, autores del asesinato de Juan José Uriarte, no se dieron cuenta de que habían asesinado a un primo del obispo auxiliar de Bilbao hasta después de cometer el atentado. Entonces "se encontraron con una patata caliente entre las manos", porque "aquel atentado rozaba a la Iglesia, la única institución que ha permanecido a salvo de las acciones de ETA a lo largo del tiempo". Por este motivo la dirección de ETA no sólo negó la autoría, sino que retiró las armas con las que había sido cometido para que no pudiera probarse la autoría.

Pero no les valió de nada. En 1988 fueron condenados por el asesinato de Uriarte los etarras Elías Fernández Castañares, Josefa Koldobika Artola Ibarreche y Francisco Javier Echevarría González a penas, cada uno de ellos, de 29 años de prisión. En 1992 fue condenado a la misma pena un cuarto terrorista, Fernando Vicente Luis Astarloa, tras haber sido extraditado desde Francia. Según quedó determinado en la investigación del atentado, los etarras llevaron al taxista hasta un camino vecinal y allí le obligaron a ponerse de rodillas. Esperaron a que llegara Fernando Vicente Luis Astarloa, quien se encargó de cerciorarse de que la víctima era el presunto confidente policial al que buscaban asesinar. Fue el propio Astarloa el que le pegó el primer tiro en la nuca y, cuando su cuerpo cayó al suelo, lo remataron con otros tres disparos.

Juan José Uriarte Orúe, de 39 años de edad, estaba casado con María del Carmen Álvarez y era padre de cuatro hijos con edades comprendidas entre los 7 y los 14 años. Había nacido en la localidad vizcaína de Gamiz-Fica. Antes de dedicarse al negocio del taxi, actividad que ejercía desde dos años antes de ser asesinado, regentó un pequeño bar.

ETA asesina a dos guardias civiles, un empresario, un policía y una mujer

16 de Mayo de 2011 - 09:10:12 - M.J. Grech

El 16 de mayo 1980, un día después de haber acribillado a balazos a tres agentes de la Policía Nacional en un bar de San Sebastián, ETA comete dos atentados con una diferencia de poco más de una hora y que suman tres víctimas mortales más al historial de la banda asesina. En torno a las 20:30 horas asesinaba en Arrona (Guipúzcoa) a CEFERINO PEÑA ZUBÍA, propietario de un taller. Poco después, hacia las 21:45 horas, miembros de la banda asesina acribillaban a balazos a los guardias civiles FRANCISCO PUIG MESTRE y FRANCISCO RAMÓN RUIZ FERNÁNDEZ en Goizueta (Navarra).

En torno a las ocho y media de la tarde Ceferino Peña Zubía, propietario de un taller de carrocería, conversaba con un cliente al que atendía en la puerta del establecimiento. Tres individuos encapuchados, tras decirle al cliente que se apartase, le dispararon a bocajarro. Ceferino fue alcanzado por tres impactos de bala en la boca, el pecho y el vientre. La víctima cayó al suelo herido de muerte. Trasladado en un coche hasta el puesto de la Cruz Roja de Zumaya, sólo pudieron certificar su muerte. Los etarras huyeron en un Seat 1430 coupé, que había sido previamente robado en Zaráuz a punta de pistola.

Ceferino Peña fue asesinado por error, error que fue reconocido por ETA en un comunicado. La dirección de la banda terrorista había ordenado el asesinato de otro industrial de Arrona, pero los cinco etarras del grupo Andutz se equivocaron de objetivo y asesinaron a Ceferino. Previamente habían hecho un seguimiento de las costumbres y rutinas de la víctima.

En 1982 fueron condenados cuatro de los cinco integrantes del grupo que atentó contra Ceferino Peña. Como autor material fue condenado a 27 años de reclusión mayor Teodoro Izaguirre Iglesias; como autor por cooperación necesaria, fue condenado a 20 años Luis María Careaga Urquizo; en calidad de cómplice fue condenado a 12 años José Ramón Irusta Urain, y Juan Lucha García a 6 años como conspirador. Veinte años después, en octubre de 2000, fue condenado como autor material el etarra José Antonio Galarraga Arrona a 27 años de reclusión mayor.

Ceferino Peña Zubía, de 30 años, estaba casado y tenía una hija de tres años. Vecinos de Arrona comentaron que Ceferino Peña había residido toda su vida en Arrona y que, tanto él como su familia, eran muy queridos en el pueblo. No se le conocían ideas políticas definidas y no estaba afiliado a ninguna organización.

 

Apenas una hora después, cuatro etarras ametrallaron a los guardias civiles Francisco Puig Mestre y Francisco Ramón Ruiz Fernández en el Bar Huici de la localidad navarra de Goizueta. Los etarras entraron primero en el Bar Zabaleta y, al comprobar que los agentes no estaban ahí, entraron en el Huici.

Los guardias civiles de la casa cuartel de la localidad cenaban habitualmente en dicho bar y un vecino de Goizueta pasó la información a miembros del grupo Adarra de ETA, formado por vecinos de la localidad de Hernani (Guipúzcoa). Ese día, el informador de ETA comprobó previamente la posición exacta de los dos guardias civiles en el comedor. A continuación, dos etarras encapuchados entraron armados con pistolas y metralletas desde la cocina y les tirotearon a corta distancia. Otros dos terroristas se quedaron fuera vigilando. Segundos después los asesinos huyeron en una furgoneta DKW, tras amenazar de muerte a un vecino que trató de avisar de lo ocurrido en el cuartel de la Guardia Civil. En el lugar del atentado se recogieron numerosos casquillos de bala 9 milímetros parabellum.

Sobre las once de la noche el juez ordenó el levantamiento de los cadáveres que fueron trasladados a Pamplona, donde se instaló la capilla ardiente. Al día siguiente, 17 de mayo, se celebraron los funerales. Posteriormente, los restos mortales de los dos guardias civiles se trasladaron a sus localidades de origen.

El presidente del Parlamento Foral de Navarra, Víctor Manuel Arbeloa, hizo pública una nota en la que afirmaba que "no sólo condena el vil asesinato de dos guardias civiles en Goizueta sino que hace un llamamiento al pueblo de Navarra a oponerse por todos los medios democráticamente eficaces a la violencia armada que, en estos momentos delicadísimos de la institucionalización democrática y foral de navarra, es el mayor enemigo de nuestro pueblo".

En 1981 la Audiencia Nacional condenó a José María Aramburu Lete y Juan Miguel Apecechea Arocena a sendas penas de 25 años de reclusión mayor en concepto de cooperación para la realización del atentado. Posteriormente, en 1985, fue condenado como autor material Francisco Javier Lujambio Galdeano a dos penas de 27 años de reclusión mayor.

Francisco Puig Mestre era natural de Mas de la Mariana, en el término de Ares del Maestre (Castellón). Tenía 31 años y estaba soltero. Llevaba más de un año destinado en Goizueta, pero pensaba regresar a su ciudad natal en el mes de junio. Su asesinato lo impidió.

 

 

Francisco Ramón Ruiz Fernández, de 26 años, era de Arjona (Jaén). Estaba casado y tenía dos hijos, una niña pequeña y un niño que acababa de nacer. Su mujer, Rosario Escalante, se había desplazado a Málaga poco antes del atentado para dar a luz. El bebé nació quince días antes del asesinato. Francisco era el comandante del puesto de la Guardia Civil de la localidad de Goizueta, y había estado destinado en Valencia antes de ascender.

 

En torno a las 14:30 horas del 16 de mayo de 1985, el cabo primero de la Policía Nacional LUIS NAVARRO IZQUIERDO resultó muerto y otros diez agentes heridos, al hacer explosión un coche bomba que ETA había estacionado en una calle de la localidad vizcaína de Basauri.

La explosión, provocada por control remoto al paso de las dos furgonetas de la Policía Nacional, pudo haber causado una matanza, ya que en las inmediaciones del lugar está ubicado un instituto de enseñanza.

El atentado se produjo cuando dos furgonetas de la Compañía de Reserva de Valladolid circulaban por la carretera nacional Bilbao-San Sebastián con destino al acuartelamiento de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Basauri, donde iban a relevar a sus compañeros. Cuando el convoy se detuvo en el semáforo de la calle Urbi, junto a la gasolinera Camarero, la banda terrorista hizo explotar el coche-bomba, un Renault 9 de color gris metalizado cargado con 20 kilos de Goma 2 y 10 más de tornillería gruesa. Los terroristas habían rellenado la bomba con tuercas y balas del calibre 9 milimetros para que actuasen como metralla y aumentase su poder letal. Una de las dos dotaciones resultó alcanzada de lleno, mientras que la otra sufrió los impactos de la explosión en su lado derecho.

Como consecuencia de la fuerte explosión, diez policías nacionales resultaron heridos de gravedad y fueron trasladados en ambulancias de la Cruz Roja y la Asociación de Ayuda en Carretera al Hospital Civil de Basurto, a la Clínica Virgen Blanca y al Hospital de Galdácano. Además de los policías nacionales, otras tres personas sufrieron lesiones leves por la onda expansiva y fueron atendidas por los servicios de la Cruz Roja en el lugar de los hechos. Ocho de los policías heridos fueron ingresados en el Hospital Civil de Basurto. El cabo primero Luis Navarro Izquierdo, trasladado al mismo hospital, falleció cuando iba a ser intervenido poco después de ingresar.

En el mismo centro fueron asistidos Agustín Sánchez Hernández, que presentaba graves lesiones en un ojo; José Pérez Pacheco, que sufría pérdida de masa encefálica; el sargento Bernabé Andrés González, con conmoción cerebral; y Gaspar García, cuyo pronóstico era grave. El policía Santiago Fernández Ramos, así como Orestes Gómez Frutos y Balbino Fernández Iglesias, fueron dados de alta al cabo de unas horas. Otros dos policías, el cabo primero Antonio Pascual y José Antonio Hernández fueron atendidos en la Clínica Virgen Blanca de Bilbao, en donde se les diagnosticó heridas de carácter reservado.

El funeral por el cabo primero Luis Navarro Izquierdo tuvo lugar al día siguiente a la una de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de las Nieves, de Basauri. Al mismo asistieron los responsables de Interior del Gobierno central, José Barrionuevo, y autonómico, Luis María Retolaza. Esa misma tarde fue trasladado a Ampudia, donde residía su familia.

En 1994 la Audiencia nacional condenó al etarra José Félix Zabarte Jainaga a un total de 298 años de prisión por este atentado. En la misma sentencia se recogía que Zabarte Jainaga iba acompañado por Carmen Guisasola Solozábal y un tercer etarra sin identificar. Guisasola no pudo ser juzgada en esos momentos al negar Francia la extradición. Finalmente fue extraditada y juzgada en 2001 por atentados cometidos entre 1982 y 1989.

Luis Navarro Izquierdo, de 26 años, era natural de Ampudia (Palencia). Estudió la carrera de profesor de Educación General Básica en la Escuela de Magisterio de Palencia. Muy aficionado al atletismo, llegó a ser subcampeón de España en los cuatrocientos metros lisos el año que ganó Colomán Trabado. Estaba casado con María Luisa Marcos, embarazada de un mes. Luis pertenecía a la Segunda Compañía de la Reserva General que había llegado al País Vasco días antes del atentado para reforzar a la plantilla policial de Vizcaya.

En torno a las 5:30 horas del 16 de mayo de 1987, CARMEN PASCUAL CARRILLO, ama de casa de 79 años de edad, fallecía a causa de la explosión de un coche-bomba situado en las inmediaciones de la sede de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid.

El vehículo utilizado como coche bomba fue aparcado en la calle del General Ibáñez de Ibero, a unos diez metros de la Dirección General de la Guardia Civil. Las ventanas del edificio se vieron seriamente afectadas, fundamentalmente las de los dormitorios de los guardias jóvenes. La onda expansiva del coche-bomba afectó además a otros cinco vehículos, así como a gran cantidad de cristaleras y ventanales de los edificios próximos. El coche estaba cargado con 15 kilos de amonal y 2 kilos de Goma 2, instalados en el maletero en dos ollas a presión.

Carmen Pascual volvía con varios familiares de celebrar las bodas de plata de un sobrino. Viajaba en el asiento delantero derecho del automóvil y falleció prácticamente en el acto a causa de la onda expansiva y de los cristales rotos del propio vehículo. Los otros tres ocupantes del vehículo también resultaron gravemente heridos: Luis María Villarroso Bassadone, sobrino de Carmen, que era el conductor del vehículo; su esposa, María del Carmen Fernández Fernández; y María de los Ángeles Ibáñez Pascual, hija de Carmen, que necesitó 137 días de asistencia sanitaria y perdió la visión total de un ojo. Además, resultaron heridos dos transeúntes: Florencio Arce Pardo y Carlos Marcos Sáez.

Ese mismo día, y en muy breve espacio de tiempo, el grupo Argala de ETA, liderado por Henri Parot, atentó también contra el Cuartel General del Aire, en la plaza de la Moncloa, y contra el Cuartel General de la Armada, en la plaza de Cibeles. En estos dos atentados no hubo que lamentar víctimas mortales, pero sí resultaron heridas siete personas.

En 1994 la Audiencia Nacional condenó al etarra francés Henri Parot a una pena total de 121 años de cárcel por este atentado. En 2000, tras ser extraditado por Francia, fue condenado Francisco Múgica Garmendia a 27 años por el asesinato de Carmen. A la misma condena fue sentenciado en 2002 Santiago Arrospide Sarasola, alias Santi Potros, que fue quien planificó el atentado.

Carmen Pascual Carrillo tenía 79 años y estaba viuda. Vivía con su hija María de los Ángeles, herida grave en el mismo atentado, en un piso en Madrid, muy cerca de donde fue asesinada.

Fallece un guardia civil y ETA asesina a tres policías en un bar

15 de Mayo de 2011 - 09:10:02 - M.J. Grech

El 15 de mayo de 1978 fallece el guardia civil MIGUEL ÁNGEL ÍÑIGO BLANCO, a consecuencia de las heridas sufridas en el atentado que la banda terrorista perpetró el 9 de mayo contra un Land Rover de la Guardia Civil que patrullaba el acuartelamiento de Intxaurrondo. En el atentado falleció casi en el acto su compañero y conductor del vehículo, Juan Marcos González.

Miguel Ángel Íñigo Blanco era natural de Holguera (Cáceres). Tenía 24 años y estaba soltero. En el atentado recibió dos impactos de bala en el cráneo. Trasladado a la residencia sanitaria de la Seguridad Social Nuestra Señora de Aránzazu, se mantuvo entre la vida y la muerte seis días hasta que, finalmente, se produjo su fallecimiento. Treinta años después, en 2008, su localidad natal rindió un homenaje al joven guardia civil. En la cruz de la Plaza de la Cruz de la localidad cacereña, cerca de donde vivió Miguel Ángel con sus doce hermanos, se descubrió una placa en memoria del agente asesinado. Su hermano, Francisco Íñigo Blanco, recordó cómo su madre murió de pena poco después, al no lograr superar el asesinato del hijo.

Unos minutos antes de las nueve y media de la mañana del 15 de mayo de 1980 la banda asesina ETA acribillaba a balazos en San Sebastián a tres policías nacionales cuando tomaban café en un bar de la ciudad. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ FONTANA, natural de Almería, perdió la vida en el acto; DIONISIO VILLADANGOS CALVO, de León, fallecía a los pocos minutos de ingresar en un centro sanitario; y JESÚS HOLGADO SABIO, de Málaga, murió desangrado a las seis de la tarde, después de ser sometido a una intervención quirúrgica en la residencia Nuestra Señora de Aránzazu.

El atentado se produjo cuando los tres policías, que prestaban servicio en las oficinas de expedición del carné de identidad, bajaron a tomar café al Bar Majusi en el barrio donostiarra de Amara, a unos treinta metros de las oficinas del DNI. Las víctimas, que vestían de uniforme, estaban apoyadas en la barra del establecimiento y fueron sorprendidas por la espalda por dos terroristas que, a cara descubierta, abrieron fuego de pistola contra los agentes. José Manuel Rodríguez Fontana, que había conseguido desenfundar su pistola parapetado detrás de una caja de botellas, fue el primero en caer herido de muerte. A sus dos compañeros no les dio tiempo ni de hacer el amago de sacar sus armas reglamentarias. Un tercer terrorista esperaba al volante de un automóvil, en el que segundos después los asesinos emprendieron la huida.

Los tres agentes iban de uniforme ya que acababan de terminar el servicio, tras haber pasado toda la noche de vigilancia en el interior de las dependencias policiales del Documento Nacional de Identidad.

En el establecimiento se encontraba también un inspector de Policía de paisano que iba desarmado, por lo que sólo pudo dar aviso de lo ocurrido a la comisaría de San Sebastián. En el interior del bar se recogieron posteriormente cinco casquillos de bala calibre 9 milímetros parabellum. El mismo día del atentado, la banda terrorista ETA se hizo responsable del asesinato de los tres agentes. A día de hoy, cuando han pasado 31 años del atentado, sigue sin saberse absolutamente nada sobre los autores materiales del mismo.

Al día siguiente, 16 de mayo, se celebraron los funerales en el Hospital Militar de San Sebastián, presididos por el delegado especial del Gobierno en el País Vasco, el general Sáenz de Santamaría. Hubo momentos de tensión, acentuados por las muestras de dolor de la madre de uno de los policías muertos, que repetía en voz alta el nombre de su hijo. Posteriormente, los féretros con los cadáveres de los agentes fueron trasladados a sus localidades de origen.

Jesús Holgado Sabio, natural de Carratraca (Málaga), tenía 27 años y estaba soltero. Sus restos mortales fueron enterrados en el pueblo malagueño de Jimera de Líbar, con la asistencia de prácticamente todos los vecinos de su localidad natal, donde cerraron todos los establecimientos en señal de duelo y protesta por el asesinato.

 

José Manuel Rodríguez Fontana era de Almería. Tenía 24 años y estaba soltero, aunque tenía previsto casarse en agosto. Había ingresado en la Policía en septiembre de 1979 y llevaba apenas mes y medio en San Sebastián. Segundo de nueve hermanos, hijo de una familia modesta, ayudaba económicamente a sus padres con su sueldo de policía nacional. La preparación de su ingreso en el Cuerpo la realizó en la Academia de la Policía existente entonces en Badajoz. Una vez terminada su formación pidió destino voluntario a San Sebastián.

Dionisio Villadangos Calvo, era natural de Villazala (León). Tenía 24 años y estaba soltero. Había ingresado en la Policía Nacional ocho meses antes de ser acribillado a balazos en San Sebastián.

 

ETA asesina a cuatro guardias civiles, a un soldado y a un taxista

14 de Mayo de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

En la madrugada del 14 de mayo de 1975, durante el registro de un piso franco de la banda terrorista ETA en Guernica, resultó muerto el teniente de la Guardia Civil DOMINGO SÁNCHEZ MUÑOZ. Entre las cuatro y las cinco de la madrugada, efectivos de la Guardia Civil comenzaron a tomar posiciones en la carretera de acceso a Guernica desde Bilbao, así como en el interior de una zona verde bordeada por los bloques de las denominadas Casas del Estado -unas edificaciones situadas a la derecha de la calzada en dirección a Guernica- muy próximas al antiguo cuartel de la Guardia Civil.

La Guardia Civil trataba de localizar a miembros de la banda terrorista en un piso franco de ETA situado en el número 47 de la calle Señorío de Vizcaya. Los etarras buscados eran, presuntamente, los autores del asesinato del agente Andrés Segovia Peralta, ocurrido ocho días antes.

Hacia las seis de la mañana, cuando la manzana de casas había sido rodeada por los guardias civiles, varios agentes penetraron en el portal número 47 para proceder a un registro. Ascendieron primero al piso superior y, posteriormente, se dirigieron a la planta baja. Los agentes llamaron a la puerta: "Guardia Civil, ¡abran!". En el umbral de la puerta apareció el matrimonio formado por Ignacio Garay Lejarreta, de 53 años, y su esposa Blanca Saralegui Allende, de 42. Los miembros de la Guardia Civil preguntaron si había alguna persona más en el piso y respondieron que "dos chicos". En ese momento, los guardias civiles, que se encontraban frente al matrimonio, oyeron varias detonaciones que procedían de una de las ventanas del piso por la que trataban de huir los dos etarras.

Frente a esa ventana se encontraba el teniente de la Guardia Civil Domingo Sánchez Muñoz, que dio el alto a los dos etarras. Uno de ellos abrió fuego contra él ocasionándole dos heridas mortales en la cabeza y en el pecho. Fue trasladado al Hospital Civil de Bilbao, donde no se pudo hacer nada por su vida.

A continuación se inició un tiroteo que, según testigos presenciales, duró hasta pasadas las seis y media de la mañana, y en el que ambos terroristas resultaron heridos y el matrimonio Garay muerto. Los dos etarras, pese a estar heridos, consiguieron huir. Uno de ellos fue localizado dos horas más tarde en el monte de Ajangiz. Se produjo un nuevo tiroteo, que terminó con la vida del etarra. Su nombre era Jesús María Marquiegui Ayastui, alias Motriko. El segundo etarra también tuvo otro enfrentamiento a tiros con la Guardia Civil, pero logró escapar de los perseguidores y ocultarse en Guernica.

En el interior del piso franco se halló abundante documentación sobre los movimientos de la Guardia Civil en la zona y diversas armas. Entre ellos los movimientos del agente Andrés Segovia.

Domingo Sánchez Muñoz, de 48 años, era natural de Sobradillo (Salamanca). Estaba casado con Raquel Salicio y tenía cuatro hijos de 21, 18, 17 y 16 años. Su primer destino en la Guardia Civil fue en Barcelona (1946) donde conoció a su esposa, y donde fue enterrado, pues ahí tenía el domicilio familiar. Fue ascendido en 1974 a oficial y destinado a Bilbao. Desde siete meses antes de su asesinato estaba adscrito al Servicio de Información de la Comandancia de Vizcaya.

A las diez de la mañana del jueves 14 de mayo de 1981, dos guardias civiles resultaron muertos y un tercero herido en Lemona al ser alcanzado de lleno el vehículo en el que viajaban por la explosión de un potente artefacto, compuesto por diez kilos de Goma 2 y abundante metralla, que había sido colocado a un lado de la carretera por la que circulaban. La explosión provocó la muerte en el acto de JOSÉ OLAYA DE LA FLOR, conductor del vehículo. Pocos minutos después fallecía MANUEL SÁNCHEZ BARALLO, que ocupaba el otro asiento delantero. Anselmo Jiménez Allen, que iba sentado detrás, quedó atrapado entre los restos del vehículo, siendo necesario el uso de soplete para rescatarle. Fue trasladado gravemente herido al Hospital de Cruces de Bilbao

El atentado se produjo casi al pie de las instalaciones de la cantera Pekomi, en Lemona, situadas en el barrio de San Ignaro, a un kilómetro aproximadamente de la carretera nacional que une Bilbao con Vitoria. El convoy estaba formado por tres Land Rover, con una dotación de tres guardias civiles cada uno, situados al inicio de la caravana, en el centro y al final. En medio circulaban los dos vehículos protegidos. Tenían que hacer parte de la descarga en la cantera Pekomi y, después, dirigirse a otra para descargar el resto de la mercancía.

Dos de ellos habían acompañado a una camioneta que transportaba detonadores y a una furgoneta cargada con 450 kilos de Goma 2 hasta la entrada de la cantera, donde se descargaron cuatrocientos kilos. El tercer vehículo de la Guardia Civil permanecía a la espera, a unos trescientos metros de distancia, en el cruce de la carretera que conduce a la cantera. Cuando el convoy iniciaba el viaje hacia la segunda cantera, y tras recorrer escasamente cien metros, se produjo la explosión. El explosivo estaba colocado en un talud a la izquierda de la carretera oculto con piedras.

La explosión fue de tal magnitud que reventó prácticamente el vehículo y lo lanzó varios metros por los aires. La metralla había perforado el Land Rover dejándolo como si de un colador se tratara. El ruido provocado por la explosión se escuchó en un radio de diez kilómetros, en tanto que la metralla y piedras del montículo donde se enterró el artefacto fueron lanzadas a casi un millar de metros del lugar del atentado. La onda expansiva destrozó cristales de casas situadas a medio kilómetro.

La obligación de la Guardia Civil de escoltar los transportes de explosivos y de armamento para evitar, entre otras cosas, que ese material cayese en manos de la banda terrorista, fue aprovechada en numerosas ocasiones por ETA para cometer atentados debido a que ese tipo de desplazamientos obligaban a repetir itinerarios y rutinas. Es el caso del atentado de Ispáster, en el que intervinieron entre ocho y once etarras y que provocó la muerte a seis guardias civiles el 1 de febrero de 1980.

La capilla ardiente de los dos guardias civiles se instaló por la tarde en la Comandancia de la Guardia Civil de Bilbao y el funeral se celebró a las diez de la mañana del día siguiente, viernes 15 de mayo, en el Gobierno Civil de Vizcaya.

Según el auto de procesamiento dictado por la Audiencia Nacional en noviembre de 1988, "Borde Gaztelumendi, junto a Enrique Letona, José Luis Barrena y Juan María Otegui, integrados en ETA, decidieron atentar contra la Guardia Civil. Tras recabar información sobre los movimientos de un convoy de la Guardia Civil en una cantera de Lemona (Vizcaya), confeccionaron un artefacto explosivo, que ocultaron entre las piedras de la cantera".

En 1990 fue juzgado y condenado por este atentado el etarra Enrique Letona Viteri a dos penas de 29 años por el asesinato de José y Manuel, y a 19 más por el asesinato frustrado de Anselmo Jiménez Allen. Anselmo ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones y, a día de hoy, sufre alteraciones psíquicas como consecuencia del atentado.

José Luis Barrena Pagay, alias Txistu, detenido en 1983, utilizaba una carpintería como tapadera para esconder a etarras y las armas y explosivos para cometer atentados en dos zulos dentro de la misma. Además, proporcionó vehículos e información para cometer diversos atentados, entre ellos el asesinato de José y Manuel. Fue juzgado en 1990 junto a Letona Viteri.

Juan María Otegui Elicegui, alias Txato, murió víctima de un atentado de los GAL en agosto de 1985 en el País Vasco francés, por lo que no pudo ser juzgado. Tras el asesinato, la corporación municipal de Itsasondo (Guipúzcoa), localidad natal del etarra, compuesta por representantes de Herri Batasuna, Partido Nacionalista Vasco y Euskadiko Ezkerra, declaró a Juan María Otegui "hijo predilecto de la villa". Posteriormente, en febrero de 1986, resultaron heridas en el ametrallamiento del Bar Batzoki de Bayona, atentado también cometido por el GAL, la viuda, Karmele Martínez, y la hija del etarra, Nagore.

Veinticuatro años después, en diciembre de 2005, fue condenado a 75 años de cárcel por su participación en el atentado contra el convoy de la Guardia Civil el etarra José Antonio Borde Gaztelumendi. Según recoge la sentencia, Borde Gaztelumendi y Letona Viteri, introdujeron el explosivo en un Ford Fiesta que habían alquilado y al que habían cambiado las placas de matrícula. En la madrugada del 13 de mayo se dirigieron en dicho coche al lugar elegido, colocaron las ollas y los tubos explosivos bajo un montón de grava situado en las proximidades y vigilaron la llegada del convoy que, según las informaciones que habían recibido, pasaba por allí cada 15 días. Como ese día no apareció, decidieron regresar al día siguiente. Según los magistrados, fue Letona quien accionó el explosivo al paso de la caravana. Borde Gaztelumendi fue extraditado por México en noviembre de 2002. Según el Ministerio del Interior, Borde Gaztelumendi se integró en el grupo UPO de ETA en 1978, grupo que actuaba en Vizcaya. Un año después huyó a Francia, aunque en 1981 regresó a España como integrante del grupo Vizcaya, y siguió cometiendo atentados hasta 1983. Posteriormente, huyó de nuevo a Francia donde vivió en la clandestinidad apoyando las actividades de las estructuras directivas de la banda terrorista en territorio francés.

José Olaya de la Flor era de Madrigal de la Vera (Cáceres). Tenía 28 años, estaba casado y tenía una hija.

 

 

 

Manuel Sánchez Barallo, de Calanas (Huelva), tenía 26. Estaba casado, sin hijos

 

 

 

Un año después del asesinato de los dos guardias civiles en Lemona, el 14 de mayo de 1982 la banda terrorista ETA asesinaba en Éibar (Guipúzcoa) al taxista ANTONIO HUEGUN AGUIRRE, vecino de Lasarte. Fue encontrado muerto a las ocho y cinco de la mañana en un pequeño camino contiguo a la autopista Bilbao-Behobia a la altura del kilómetro 62, en las inmediaciones de Éibar. Fue descubierto por dos vecinos de un caserío que, en un primer momento, pensaron que la víctima estaba durmiendo. Se dirigieron a él en términos jocosos, pero al acercarse comprobaron que estaba muerto, por lo que dieron aviso inmediatamente a la Policía Municipal de Éibar. La víctima no llevaba documentación alguna, pero sí cinco mil pesetas, probablemente el producto de su jornada de trabajo.

El cadáver, cubierto con un papel de grandes dimensiones, estaba boca abajo entre unos matorrales y presentaba cinco impactos de bala, cuatro de ellos en el hemitórax derecho y otro en el antebrazo del mismo lado. Fuentes policiales confirmaron que Antonio fue asesinado por la espalda en el mismo lugar en que fue localizado su cuerpo. Además de los orificios producidos por las balas, presentaba una hendidura en la cabeza y en la frente que podría haberse producido al chocar la cabeza contra el suelo, una vez recibidos los impactos. En el lugar de los hechos fueron encontrados tres casquillos marca Geco y uno FN 9 milímetros parabellum. El taxi de Antonio, un Seat blanco 124, fue localizado mal aparcado, a última hora de la mañana del 14 de mayo, en la calle Carmen a la entrada de Éibar.

María Concepción Huegun, hija mayor de Antonio, habló por última vez con su padre la noche anterior a su fallecimiento, en la parada de taxi. Poco después, el taxista telefoneó a su familia para decirles que se iba a Éibar donde debía realizar un servicio del que, probablemente, no regresaría hasta pasadas las 3:30 horas de la madrugada. A la viuda no le extrañó que no regresase a casa, pues no tenía horarios fijos y era normal que realizase continuos viajes por motivos laborales.

Sobre las 12:00 horas del mismo día 14 de mayo, los taxistas guipuzcoanos acordaron en asamblea celebrada en Anoeta (San Sebastián) iniciar una huelga en protesta por el asesinato de su compañero hasta el 16 de mayo a las siete de la mañana. La noticia de su muerte causó extrañeza entre sus compañeros y sus vecinos de Lasarte, que no le atribuían ninguna ideología definida, no pertenecía a ningún partido político ni había recibido amenazas de muerte.

El funeral por Antonio se celebró al día siguiente, 15 de mayo, en la iglesia de Nuestra Señora de Aránzazu de Lasarte.

Antonio Huegun Aguirre era natural de un caserío del municipio rural de Aya (Guipúzcoa), aunque vivía en Lasarte desde dieciocho años antes de su asesinato. Tenía 43 años, estaba casado y tenía dos hijos: una chica de 22 años, empleada en una farmacia de Lasarte, y un chico de 16.

Durante la madrugada del día 14 de mayo de 1984 ETA atentaba en Fuenterrabía (Guipúzcoa) contra una lancha de vigilancia portuaria de la Armada Española, mediante la colocación de una bomba que provocó su hundimiento y la muerte del cabo JUAN FLORES VILLAR. La embarcación se hallaba anclada a unos treinta metros de la orilla, en la desembocadura del río Bidasoa, no muy lejos de la Comandancia Naval.

El cabo Flores murió ahogado en el interior de la embarcación atrapado en su camarote, y no por el efecto de la onda expansiva. Así lo confirmaron los buzos de la comandancia de Marina que lo rescataron: "No tenía señales de haber sido alcanzado por la onda expansiva; el chaval, pobrecito, murió ahogado, agarrado a una colchoneta", indicó uno de los submarinistas que intervino en la operación de rescate del cuerpo del joven.

Su compañero, Antonio Martínez Abella, consiguió salvarse. Logró alcanzar la cubierta y salvó su vida arrojándose al agua en el momento en que la lancha se hundía arrastrada de popa. La explosión sorprendió descansando en sus camarotes a los dos marineros que estaban encargados de la custodia del barco que hacía labores de vigilancia de la dársena y de la ría del Bidasoa.

La potente bomba, colocada por submarinistas de ETA en uno de los ejes de la hélice, seccionó la popa del barco y catapultó trozos de la cubierta a centenares de metros de distancia. La lancha, una embarcación de fibra de vidrio de seis metros de eslora y poco calado, se rompió en dos "como si fuera de papel", y se hundió casi inmediatamente, dejando asomado el vértice de proa.

La lancha hundida formaba parte de una flota de 20 unidades destinadas al servicio de vigilancia de la ría, y su dotación estaba compuesta por un suboficial, un contramaestre, un maquinista y un timonel. A principios de los años ochenta se construyeron en unos astilleros de Vigo treinta unidades de este tipo, dedicadas en su totalidad a las patrullas de vigilancia interior de puertos, a las órdenes de los comandantes de Marina.

Los terroristas que programaron y colocaron el artefacto pudieron llegar hasta la lancha buceando desde la orilla francesa o desde la costa de Fuenterrabía. "Un nadador aficionado que utilice aletas tarda menos de cinco minutos en llegar hasta aquí desde el lado francés", comentó un oficial de la Marina.

En señal de duelo por el atentado, los pescadores de Fuenterrabía decidieron no salir a faenar hasta finalizado el funeral, celebrado en la Iglesia de la Cofradía de Pescadores, a las cuatro de la tarde, con la presencia del ministro de Defensa, Narcís Serra, del jefe del Estado Mayor de la Armada, del capitán general de la Región Marítima del Cantábrico, almirante Joaquín Contreras, y del consejero de Interior del Gobierno vasco, Jesús María Retolaza.

El sacerdote de Fuenterrabía que ofició el funeral hizo en su homilía una durísima condena a las organizaciones terroristas. "Con este nuevo asesinato se escribe una de las páginas más negras y desgraciadas de nuestro pueblo". Y añadió, tras calificar a los terroristas de "verdaderos y auténticos caínes del pueblo": "Os hablo a vosotros, asesinos, a los que os otorgáis el título de salvadores del pueblo euskaldun: basta ya de matar".

Tras la ceremonia religiosa, el ministro de Defensa condecoró a Juan Flores con la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco. Narcís Serra manifestó que, como ministro, ratificaba las palabras del sacerdote, y dijo que el teniente general Guillermo Quintana Lacaci, el comandante de Bermeo Martín Barrios y Juan Flores suponen para él los nombres de un compromiso: "Creo que debemos acabar de una vez por todas, y serenamente, con la violencia en nuestra querida España".

Trasladado a hombros de sus compañeros de la Comandancia, después de haber recibido los honores militares, el cuerpo de Juan Flores fue introducido en el furgón que lo trasladó al aeropuerto de Fuenterrabía, con destino a Barcelona.

El féretro con los restos de Juan Flores llegó a Barcelona a las 19:45 horas del 14 de mayo y la capilla ardiente se instaló en la comandancia de Marina. Momentos después se iniciaron unos actos de honor militar, dedicados a la víctima, a los que asistieron exclusivamente autoridades y familiares del fallecido. Fuera del edificio se encontraban unas doscientas personas, en su mayor parte amigos de la familia y vecinos de la Zona Franca de Barcelona donde residía Juan Flores. Al día siguiente por la mañana se celebró una misa por el alma de Juan Flores Villar en Montjuic a la que asistieron casi un centenar de personas, y que fue presidida por la cúpula militar de Cataluña, altos mandos policiales y las primeras representaciones de los organismos políticos. Entre el público que se había congregado frente al edificio del Sector Naval estaban los amigos de Juan Flores. Todos recordaban su temor por no saber qué hacer cuando terminase la mili" y sus continuos montajes "para poder tomarse un permiso y venir a Barcelona". Dos amigos recordaron que Juan tenía un presentimiento que no cesaba de repetir en sus permisos: "Tengo miedo de que me pase algo, estoy intranquilo".

El mismo día del atentado, el grupo Gatazka (Lucha) reivindicaba el hundimiento de la lancha a través de una llamada a Radio Popular de San Sebastián. El comunicante indicó que el artefacto había sido colocado colgando de la hélice, tal y como han ratificado expertos en explosivos que analizaron los restos del barco. Según oficiales de la marina, la bomba fue colocada, en cualquier caso, por expertos, y su carga explosiva era mucho más potente que la Goma 2. El portavoz de Gatazka, facción de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, indicó que este grupo se opone al servicio militar y señaló que el atentado es la respuesta al cerco policial que ejercen tanto España como Francia. Gatazka fue el título de una publicación teórica de contenido marxista-libertario creada en Bélgica por proetarras a raíz del proceso de Burgos. La actividad de este grupo se limitó a lo puramente teórico, si bien posteriormente todos los elementos que colaboraban en la revista ingresaron en ETA en la década de los setenta.

Juan Flores Villar tenía 20 años. Era cabo mecánico y natural de Barcelona. Trabajaba en la hostelería, aunque por las noches estudiaba banca. Llevaba cumplido la mitad del servicio militar. Hizo la instrucción en Cartagena; posteriormente se le destinó a El Ferrol y, de ahí, a Fuenterrabía. Era el mayor de los hermanos de una familia formada por un matrimonio natural de Córdoba y seis hijos. Sus padres residían en Barcelona. A las siete de la mañana del lunes el timbre sobresaltó a la madre de la víctima, Carmen Villar Pavón. Presintió que algo le había pasado a su hijo en cuanto vio a los dos marineros que estaban en la puerta para comunicarle que su hijo Juan "había tenido un accidente en Fuenterrabía y estaba grave". Uno de sus cinco hijos acompañó a los dos enviados del Sector Naval a la Seat, donde trabaja Francisco Flores López, el padre del fallecido. Francisco Flores, un cordobés de Aguilar de la Frontera que había emigrado a Cataluña hacía 22 años, temió lo peor, como su mujer, en cuanto vio los uniformes, iguales que los que llevaba su hijo. "¿Le han matado?", les preguntó a los marineros cuando ya, a bordo de un Land Rover, le acompañaban al edificio de la Comandancia de Marina. Allí se lo dijeron.

La segunda víctima mortal del año 2008, tras el asesinato el 7 de marzo del exconcejal socialista Isaías Carrasco Miguel, fue el guardia civil JUAN MANUEL PIÑUEL VILLALÓN, asesinado por ETA en Villarreal de Álava (Legutiano) el 14 de mayo de 2008. Juan Manuel ocupaba el puesto de vigilancia de la casa cuartel de la Guardia Civil en la localidad alavesa. En torno a las tres de la madrugada vio cómo unos individuos abandonaban una furgoneta a unos diez metros del cuartel, pegada al perímetro de seguridad. No le dio tiempo a nada, porque los terroristas habían programado la bomba para que estallase casi inmediatamente y sin dar tiempo a desalojar. Mientras avisaba, la furgoneta, cargada con cien kilos de explosivo, saltó por los aires. ETA buscaba una matanza, como otras cometidas anteriormente contra casas cuarteles. El terrorista que aparcó la furgoneta, que cubría su rostro con un pasamontañas, activó el temporizador y salió corriendo hacia otro coche en el que emprendió la huida.

En su huida, los etarras llegaron hasta el Alto de Urkiola en un turismo que abandonaron y que contenía una bomba que tendría que haber explotado a las seis de la mañana. La explosión no llegó a producirse, pues el vehículo fue encontrado antes por las fuerzas de seguridad. Este coche fue de gran ayuda en la investigación posterior del atentado.

Juan Manuel murió en el acto y otras 27 personas resultaron heridas. Al cabo de varias horas de trabajo, se pudo rescatar con vida al último de ellos, José Javier Cabrizo, enterrado bajo una montaña de escombros. En la casa cuartel dormían en ese momento unas treinta personas, entre ellas cinco niños. La potente explosión destrozó una de las plantas del edificio y causó daños considerables a las casas colindantes.

El 28 de diciembre de 2010 la Audiencia Nacional condenó a sendas penas de 515 años a los etarras Aitor Cotano y Arkaitz Goikoetxea por preparar y ejecutar el atentado contra la casa cuartel de Legutiano. En la sentencia también se condena a Íñigo Gutiérrez Carrillo a ocho años de prisión por un delito de colaboración con organización terrorista.

Juan Manuel Piñuel Villalón era natural de Melilla, aunque vivía en Málaga. Tenía 41 años y llevaba destinado en el País Vasco poco más de un mes. Casado con María Victoria Campos y con un hijo de seis años, quería acumular en Álava el tiempo necesario, unos tres años, para poder ser trasladado con carácter preferente a la Comandancia de Málaga y poder reunirse con su familia. Juan Manuel ingresó en la Guardia Civil en 1997, con 29 años, tras lograr la quinta mejor puntuación entre un millar de candidatos. Al día siguiente de su asesinato, María Victoria hizo una declaración ante los medios de comunicación en un hotel de Málaga. Tras agradecer el apoyo recibido por autoridades, Guardia Civil, compañeros de su marido, víctimas de ETA y pueblo vasco, señaló que repudiaba desde lo más hondo de su corazón

a esos cobardes miserables que no tienen dignidad ni principios, que destruyen sin escrúpulos la vida y las ilusiones de las personas, que no saben respetar un estado de derecho, que quieren acabar con la democracia y ensucian con sus viles actos la dignidad de su pueblo.

Y añadió:

Pero que sepan que no quedará así, que luchamos y lucharemos por que esta lacra de asesinos y miserables acabe y que con la ayuda de todos lo vamos a conseguir. No sois nadie. Sólo basura. Un punto negro en la limpieza de un gran país. Y quiero decir que esta medalla que ya no puede llevarla mi marido la llevo yo en su nombre con todo mi orgullo. Viva España y viva la Guardia Civil

ETA asesina a Ramón Baglietto y al policía nacional Máximo García Kleiner

12 de Mayo de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

Pasadas las nueve de la noche del 12 de mayo de 1980 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en el Alto de Azcárate a RAMÓN BAGLIETTO MARTÍNEZ, simpatizante de UCD y exconcejal de Azcoitia.

Ramón Baglietto fue asesinado cuando regresaba a su domicilio desde el establecimiento de muebles que regentaba en Elgóibar. Su automóvil, un Seat 124, fue ametrallado cuando circulaba por la carretera, a unos tres kilómetros de Elgóibar. A consecuencia de los disparos, Baglietto perdió el control del vehículo, que se estrelló contra un árbol. Según parece, los autores del atentado se acercaron al automóvil y, al comprobar que su propietario seguía con vida, lo remataron disparándole a bocajarro.

Un automovilista que pasó poco después dio aviso a la Policía Municipal de Elgóibar, creyendo que se trataba de un accidente. La Guardia Civil de Tráfico inició los trámites del atestado con la misma idea, hasta que se percataron de los orificios de bala en el cadáver, uno de ellos en un ojo. El cuerpo fue identificado poco después por un religioso, familiar de la víctima, que transitaba casualmente por el lugar y se acercó a interesarse por lo sucedido. La Policía recogió varios casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca SK.

Ramón Baglietto era simpatizante de UCD, íntimo amigo de José Txiki Larrañaga Arenas, exalcalde de Azcoitia, que hacía unos dos meses había sido herido gravemente en un atentado en esa localidad. Larrañaga sería asesinado cuatro años más tarde, el 31 de diciembre de 1984, en otro atentado terrorista. Tras el asesinato de Ramón, Jaime Mayor Oreja, secretario general de UCD en Guipúzcoa, manifestó sentir impotencia "ante la sensación de que nos están cazando como a conejos".

Uno de los terroristas que asesinó a Ramón era Cándido Aspiazu. Lo trágico de esta historia es que a ese terrorista, cuando era un niño, lo salvó Baglietto de ser aplastado por un camión que se llevó por delante a su madre, María Nieves -la mujer del carpintero de Azcoitia-, y a su hermano, José Manuel, de 2 años.

Así lo contó en 2005 Pedro María Baglietto, hermano de Ramón, en la película Trece entre mil de Iñaki Arteta: "En el año 1962, mi hermano estaba precisamente aquí, en la puerta de la tienda que tenía, cuando se dio cuenta de que venía una señora con un niño en brazos y otro agarrado de la mano. Éste llevaba una pelota y, en un momento dado, se le escurrió de la mano, por lo que el niño salió corriendo. En ese momento venía un camión pesado y la madre, instintivamente, fue a proteger al chaval. Mi hermano, perplejo, no tuvo tiempo nada más que de quitarle el niño que llevaba en brazos y de observar con horror cómo la madre y el niño morían aplastados por el camión". Ese niño a quien Ramón salvó la vida fue el que, dieciocho años después, lo remató con un tiro en la sien. Como contó Pedro María, su hermano tenía la impresión de que le seguían desde hacía varios días e, incluso, le contó a su mujer, Pilar Elías, que sabía quién le estaba siguiendo.

El día del atentado "cuando se dio cuenta de que Cándido [Aspiazu] venía detrás, en el coche, aceleró y le sacó una gran ventaja". Pero en la siguiente curva de la carretera, otros dos terroristas ametrallaron el coche, alcanzándole en el pecho y provocando que el coche chocara contra un árbol. "Entonces Cándido aparcó tranquilamente, empuñó una pistola (...) apuntó fríamente a la sien de mi hermano y disparó. Era el 12 de mayo de 1980. Eran las nueve de la noche. Llovía torrencialmente".

Cinco días después, el 17 de mayo, detenían a Cándido Aspiazu Beristain y a su amigo Juan Ignacio Zuazolazigorraga Larrañaga. En 1981 la Audiencia Nacional les condenó a sendas penas de 49 años de prisión mayor, de las que sólo cumplieron 12. Salieron de prisión en 1995 al serles aplicadas las redenciones de condena previstas en el Código Penal de 1973. Además, se tuvo en cuenta que, supuestamente, se habían desvinculado de la banda terrorista, cosa que posteriormente se demostró que no era verdad. 

En 2004, Cándido Aspiazu abrió un negocio de cristalería junto a la casa de la viuda de Baglietto, Pilar Elías, lo que le obligaba a cruzarse con el asesino de su marido a diario, cada vez que entraba o salía de su domicilio. No era una casualidad. Así lo piensa Pilar: "Yo nunca lo he visto como casualidad. Es una forma de incordiarme. De acobardarme. Él era carpintero, como su padre, y trabajaba en una tienda de decoración de Azpeitia. Y de la noche a la mañana se convierte en cristalero".

El escándalo que suscitó esta situación hizo que la Audiencia Nacional ordenase la subasta del negocio del asesino para hacer frente a las indemnizaciones que la sentencia de 1981 le había impuesto (10 millones de pesetas más los intereses desde 1981). En 2008 se procedió a la subasta, quedándose la mujer de Aspiazu con el negocio y abonando al Estado una cantidad que no cubría el total de esa indemnización. Por otra parte, en 2006 Tele5 realizó un reportaje con cámara oculta que demostró que los dos asesinos de Ramón seguían apoyando al entorno proetarra.

Ramón Baglietto Martínez tenía 42 años y había nacido en Bilbao, aunque su familia se instaló en Éibar poco después. Propietario de un establecimiento de muebles en Elgóibar, residía con su mujer, Pilar Elías, y sus dos hijos, de 13 y 9 años, en Azcoitia. En el momento del atentado colaboraba con UCD, partido en el que militaban dos de sus hermanas. Ramón Baglietto era íntimo amigo del ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja. Su viuda, Pilar, recuerda a Ramón como un hombre "bromista, juerguista también. Maravilloso en todos los sentidos. Jamás, jamás, yo creo que no encontraré a otro como él. Él tenía 42 años y yo tenía 37. En lo mejor, en lo mejor, en lo mejor, me lo quitaron... Menos mal que me quedaron dos hijos maravillosos". Pilar, siguiendo el compromiso político de su marido, fue elegida concejal por el Partido Popular años después. Mujer valiente, se ha convertido en un símbolo de la resistencia al terror. En 2001 encontró un paquete sospechoso en el buzón de su casa; era un libro bomba. Sus hijos le pidieron que lo dejara todo y se marchara de allí, pero ella decidió quedarse. También lo contó en el documental Trece entre mil: "Yo no me marcho de aquí... Por José, por Ramón y por muchos compañeros que se han ido, por todos ellos vamos a luchar".

Poco antes de la medianoche del 12 de mayo 1985 es asesinado en San Sebastián el policía nacional MÁXIMO ANTONIO GARCÍA KLEINER. El agente salía a esa hora vestido de paisano de un bar próximo a su domicilio en el paseo Larracho de la capital donostiarra. Cuando se encontraba a pocos metros del portal de su casa, fue abordado por tres etarras. Uno de ellos se acercó a la víctima por la espalda y le disparó en la nuca. Cuando el cuerpo de Máximo cayó al suelo, el etarra le disparó otros dos tiros en la cabeza. A continuación, los tres se dirigieron a un turismo ocupado por un cuarto terrorista y se dieron a la fuga.

Nada más conocerse el atentado, se personó en el lugar el gobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga. En la zona del atentado y en las carreteras próximas a la capital donostiarra se establecieron fuertes controles policiales para intentar localizar a los autores del asesinato.

El funeral por Máximo García se celebró al día siguiente en San Sebastián. Al mismo asistió el ministro del Interior, José Barrionuevo. Al terminar, tuvo que salir corriendo a Mondragón, donde esa misma tarde un convoy de la Guardia Civil sufrió otro atentado, en el que resultó herido gravemente el agente Francisco Arias Cuadrado.

En 1987 fueron condenados a sendas penas de 29 años Ramón Zapirain Tellechea y José Ángel Aguirre Aguirre. Fue Zapirain Tellechea el que tiroteó al policía nacional. Ambos formaban parte del grupo Oker de ETA, junto a Idoia López Riaño y Arturo Cubillas Fontán. López y Cubillas fueron los encargados de cubrir a Zapirain mientras asesinaba al policía. Aguirre les esperaba en el vehículo en el que, tras cometer el atentado, huyeron del lugar de los hechos. López Riaño fue condenada en 2002 por los mismos hechos y a las mismas penas, tras ser extraditada desde Francia. Por su parte, Cubillas Fontán no ha sido juzgado. Fue uno de los once etarras que en mayo de 1989 se trasladó de Argel a Venezuela. En ese país residía cuando se dictó sentencia por el asesinato de García Kleiner. Diferentes gobiernos han solicitado, sin éxito, su extradición a España.

Máximo Antonio García Kleiner era natural de la localidad de Cortes (Navarra). Tenía 29 años y estaba soltero. Tras el funeral, su cuerpo fue trasladado en avión desde Fuenterrabía hasta Sevilla. Ahí esperaban el cadáver de su hijo los padres de Máximo, residentes en el pueblo de Los Rosales.  

ETA asesina a cuatro guardias civiles y a un policía nacional

9 de Mayo de 2011 - 09:10:13 - M.J. Grech

A las seis de la mañana del 9 de mayo de 1978 el guardia civil MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ, acompañado de otros tres compañeros, entre ellos su hermano Francisco, resultó herido de gravedad en un atentado perpetrado por miembros de la banda terrorista ETA en Pamplona. Regresaban de realizar un servicio en la estación de Renfe en la capital navarra y se dirigían en un vehículo oficial hacia la Comandancia del Instituto Armado.

Cuando se encontraban cerca de los Jardines de la Taconera explotó una bomba depositada junto a una farola que fue activada a distancia. La explosión arrancó de cuajo la farola y levantó varios metros de bordillo de la acera. La carga -unos cinco kilos de Goma 2- destrozó materialmente el Land Rover de la Guardia Civil, afectando principalmente la parte delantera y lateral.

Resultaron heridos, además de Manuel, el cabo 1º de la Guardia Civil Juan Díez Resano, de 29 años, natural de Carcastillo (Navarra) y casado; Agustín Hernández Martín, de 31 años y natural de Villasbuenas (Salamanca); y el hermano de Manuel, Francisco López González, cacereño de 27 años, casado y con un hijo. Fueron atendidos por otros cinco guardias civiles fuera de servicio que, en el momento del atentado, se encontraban por la zona en otro automóvil. Ellos mismos trasladaron a Manuel al Hospital Provincial. La metralla le había alcanzado la artería aorta y se encontraba en estado muy grave. A pesar de los esfuerzos de los médicos, falleció pocas horas después.

Su capilla ardiente se instaló en el cuartel de la Guardia Civil de Pamplona. ETA reivindicó el atentado manifestando "su firme decisión de poner todos los medios militares a su alcance, para evitar que el pueblo trabajador vasco se vea imposibilitado a acceder a la verdadera democracia política". A día de hoy no se sabe quién asesinó a Manuel.

El 10 de mayo se ofició un funeral en la Iglesia de los Paules de Pamplona, al que asistieron el subdirector general de la Guardia Civil, el capitán general, gobernadores civil y militar y otras autoridades. Al finalizar, unas mil personas se manifestaron bajo la pancarta "No más muertos de ETA". Los manifestantes portaban banderas españolas y corearon gritos de "Unidad nacional" y "ETA cobarde". En la plaza del Castillo apedrearon la sede del PNV y en el Ayuntamiento exigieron que la bandera se pusiera a media asta.

Posteriormente hubo incidentes gravísimos en el Casco Viejo protagonizados por grupos de la izquierda radical que posteriormente darían lugar al nacimiento del grupo terrorista Iraultza (Revolución). Este grupo terrorista acercaría posturas políticas con ETA y Herri Batasuna en los ochenta. Los radicales se agruparon en el barrio de La Chantrea, donde cruzaron coches y autobuses y apedrearon a la Policía. Otro grupo de personas, esta vez de extrema derecha, con las caras cubiertas y porras, se enfrentaron a los anteriores. En total se produjeron unas cincuenta detenciones. Durante los enfrentamientos fue reconocido por radicales de izquierda Juan Eseverri Chavarri, subteniente de la Guardia Civil, que iba de paisano. Fue literalmente cosido a puñaladas y pateado en la calle Chapitela. Recibió más de diez puñaladas en tórax, cuello y mano y falleció el 17 de mayo. También resultó herido en los incidentes el agente de policía José Martín, que fue atacado por un grupo provisto de barras y objetos contundentes con los que le produjeron diversas heridas y la fractura de una pierna.

Manuel López González tenía 23 años y era natural de Cáceres. Llevaba sólo un año en la Guardia Civil y se iba a casar el mes siguiente con su novia, natural de Pamplona.

La noche de ese mismo 9 de mayo de 1978 la banda terrorista ETA ametralló un Land Rover de la Guardia Civil que prestaba servicio de protección al acuartelamiento de Intxaurrondo en San Sebastián. El vehículo, con cuatro agentes en su interior, realizaba una patrulla por los alrededores de las dependencias de la Guardia Civil. Al pasar por las cercanías del cementerio de Polloe, el Land Rover fue ametrallado por dos terroristas que dispararon desde una tapia de unos tres metros de altura que se encuentra junto a la carretera. Como consecuencia del tiroteo resultaron gravemente heridos el conductor del vehículo, JUAN MARCOS GONZÁLEZ, que fallecería poco después de ingresar en un centro sanitario, y Miguel Ángel Íñigo Blanco, que lo haría seis días después, el 15 de mayo.

En el lugar del atentado se encontró gran cantidad de casquillos de bala tipo parabellum. Los etarras huyeron a través del cementerio hacia la parte trasera, de fácil acceso a la autopista, desde donde emprendieron la huida en un vehículo que les esperaba.

Los otros dos agentes también resultaron heridos. Juan Jiménez Bermúdez, de Corite (Sevilla), tenía 23 años; y José Amado Juan, natural de Huelva, tenía 22 años. A pesar de las heridas, consiguieron saltar del vehículo y repeler la agresión.

En 1982 fueron condenados por este atentado los miembros del grupo Xenki de ETA Antonio García del Molino e Ignacio Apilañez Olalde a 50 años de cárcel cada uno. En la sentencia se establece que ambos estuvieron vigilando durante veinte días el recorrido de un Land Rover de la Guardia Civil. El 9 de mayo se ocultaron junto a la tapia del cementerio de Polloe en torno a las 23:00 horas de la noche. Cuando vieron que pasaba el vehículo con los cuatro agentes, los etarras abrieron fuego disparando varias ráfagas.

Juan Marcos González era de Llanes (Asturias). Tenía 20 años y estaba soltero. Su padre también fue miembro de la Guardia Civil, igual que uno de sus hermanos. Llevaba un año destinado en San Sebastián y estaba a la espera de conseguir el traslado a Galicia. La madre de Juan, María González Rodríguez, se enteró del asesinato de su hijo en su casa de Sarriá (Lugo). En febrero de 2007 recordaba en declaraciones a El Correo que hizo el viaje a San Sebastián por su cuenta "en un taxi que nadie me pagó. Nadie nos arropó, cuando llegamos nos encontramos la caja, nada más". Tiempo después falleció el hermano de Juan, "seguramente a consecuencia de aquello, porque siempre lo tuvo presente en la cabeza", señaló la madre.

A las nueve de la noche del 9 de mayo de 1980 ETA asesinaba en Santurce (Vizcaya) al policía nacional ANTONIO MORENO NÚÑEZ. Antonio se dirigía a su domicilio en Bilbao tras terminar su jornada laborar en la comisaría de Santurce. Circulaba por la calle Cervantes y, al llegar a la altura de la plaza de Vázquez de Mella y detener el vehículo, tres encapuchados que viajaban en otro coche lo acribillaron a balazos.

Antonio fue alcanzado por cinco impactos, uno de ellos en la cabeza. Su coche presentaba varios impactos de bala. Los disparos fueron escuchados por los miembros de una patrulla policial que se encontraba cerca. Cuando llegaron, no pudieron hacer nada por su vida. Los tres terroristas se dieron a la fuga en un vehículo que había sido sustraído a punta de pistola en el barrio de Repelega de la localidad vizcaína de Portugalete.

El cadáver del policía nacional fue trasladado al depósito del Hospital Civil de Bilbao, y la capilla ardiente se instaló en el cuartel de la Policía Nacional de Basauri. El funeral se celebró al día siguiente con la presencia del delegado especial del Gobierno en el País vasco, general Sáenz de Santamaría, y los gobernadores civil y militar de Vizcaya.

Concluido el acto religioso, el féretro fue llevado a hombros por varios compañeros de la víctima hasta el furgón fúnebre, que partió con destino al aeropuerto de Sondica para su posterior traslado, por vía aérea, hasta Málaga. De ahí, fue conducido por carretera a Gaucín, donde recibió sepultura.

ETA reivindicó la autoría a través de una llamada telefónica al diario Egin.

Antonio Moreno Núñez tenía 24 años. Estaba soltero y era natural de Cortes de la Frontera (Málaga). Estaba destinado en Bilbao, donde vivía con su madre, desde dos años antes de su asesinato. Prestaba servicio en la comisaría de Santurce.

El 9 de mayo de 1991, nueve horas antes de que diera comienzo la campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales del 27 de mayo, ETA asesinaba en Ortuella (Vizcaya) al guardia civil FRANCISCO ÁLVAREZ GÓMEZ mediante la colocación de una bomba-lapa en los bajos de su vehículo.

Solía ir con su cuadrilla de amigos a un bar próximo a la estación de Renfe. Aquel jueves, al salir del bar y subirse a su coche, se activó el mecanismo de la bomba lapa. Eran las 15:00 horas. La violenta explosión arrancó de cuajo el techo del vehículo y lanzó el cuerpo del agente hacia las vías del ferrocarril, a varios metros de distancia de su coche. Vecinos del pueblo y un concejal socialista se enfrentaron a voluntarios de la Cruz Roja ante su negativa inicial a mover al herido, alegando que necesitaban el dictamen de un médico. Francisco fue conducido en una ambulancia al Hospital de Cruces, en Baracaldo, donde ingresó cadáver a las 15:20 horas, según informó una portavoz del centro médico.

La junta de portavoces del Ayuntamiento acordó retrasar 24 horas el comienzo la campaña electoral, prevista para las 12 de la noche de ese día. Los representantes municipales, en ausencia del portavoz de Herri Batasuna, decidieron también suspender durante el fin de semana las fiestas patronales. La ejecutiva de Vizcaya del PNV señaló que ETA había comenzado su campaña electoral "de la única forma que acostumbra, sembrando el dolor y la sangre".

En 1994 la Audiencia Nacional absolvió por falta de pruebas al miembro de la banda terrorista ETA Jesús María Mendinueta Flores. El etarra reconoció ser miembro del grupo Vizcaya de ETA, pero negó su participación en el asesinato del agente Álvarez Gómez. En las fichas policiales de las Fuerzas de Seguridad del Estado figura que el etarra que presuntamente colocó la bomba-lapa fue Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi. Para ello contó con la información aportada por el etarra Juan María San Pedro Blanco, alias Jon,  detenido el 6 de junio de 1991 cuando se disponía a colocar otra bomba lapa en el vehículo de un policía. Cuatro años después, vencido el período máximo de prisión provisional, fue puesto en libertad y se dio inmediatamente a la fuga. Fue detenido de nuevo, esta vez en Francia, en marzo de 1999. En 2004 fue extraditado a España.

Francisco Álvarez Gómez tenía 38 años. Era de La Albuera (Badajoz), donde una calle lleva su nombre. Vivía en el País Vasco desde veinte años antes de ser asesinado. Estaba casado con una vecina de Ortuella, localidad de tradición minera, y allí nacieron sus dos hijos, de 9 y 15 años cuando mataron a su padre. Estaba adscrito al Servicio de Vigilancia Fiscal de la Guardia Civil y prestaba servicio en el Puerto de Bilbao. Su padre también había sido agente de la Benemérita.

Dos días después del asesinato en Pamplona del concejal de UPN Tomás Caballero, el 8 de mayo de 1998, un etarra disparaba en la cabeza al subteniente retirado de la guardia civil, ALFONSO PARADA ULLOA. Trasladado por una UVI móvil al Hospital Txagorritxu murió la madrugada del día siguiente, 9 de mayo. El disparo entró por su sien izquierda y salió por la derecha y, aunque en un primer momento los equipos de urgencias del hospital vitoriano barajaron la posibilidad de una intervención quirúrgica, finalmente la descartaron dada la gravedad de la herida.

Alfonso Parada fue tiroteado a escasos metros de su domicilio por un individuo joven que le disparó a la cabeza a corta distancia. Eran aproximadamente las dos de la tarde. El atentado se produjo en la calle de las Juntas Generales, donde vivía la familia Parada Ulloa, y a menos de cien metros de la comisaría de la Ertzaintza.

El dueño de una tienda situada a escasos metros del lugar del atentado avisó por el portero automático a la familia del herido. Su hijo bajó de inmediato y se mantuvo agachado junto al cuerpo de su padre hasta la llegada de la UVI móvil que le trasladó al hospital. El nieto de la víctima, que se encontraba jugando cerca del lugar del atentado, también presenció la imagen de su abuelo herido y tirado en la calle. El niño iba a hacer la primera comunión el fin de semana siguiente.

La capilla ardiente por el subteniente asesinado se instaló al mediodía del 9 de mayo en la Subdelegación del Gobierno. En ella permaneció unos minutos el presidente del Gobierno, José María Aznar, que había acudido a Vitoria para arropar a Carlos Iturgaiz en su presentación como candidato del PP a lehendakari. Acompañaban a Aznar los ministros de Trabajo, Javier Arenas; Interior, Jaime Mayor, y Agricultura, Loyola de Palacio, además de varios altos cargos.

El pleno que celebró el Ayuntamiento de Vitoria por la mañana para convocar la manifestación y decretar el duelo oficial tuvo momentos tensos. El portavoz del PP, Alfredo Marco Tabar, amigo íntimo de la víctima, fue el más duro con los ediles de HB. "Mientras no oiga de vuestros labios una expresión no ya de condena, pero al menos de lamento, no oirás de los míos otras que el desprecio y no volveré a escuchar las tuyas", le espetó al edil de Batasuna José Enrique Bert. Cuando el portavoz radical fue a intervenir, los populares y los del PSE y UA se volvieron de espaldas. Todos los grupos mostraron su indignación e insistieron, sin resultado, en que HB pronunciase una condena. Cuando el alcalde, José Ángel Cuerda (PNV), ordenó traducir al castellano las palabras en euskera de Enrique Bert, los populares dejaron la sala.

Ese mismo 9 de mayo centenares de ciudadanos de toda España salieron una vez más a la calle para mostrar su repudio y su condena por los últimos atentados de ETA. Unas 35.000 personas, según fuentes de la Policía Municipal, recorrieron el centro de Vitoria tras celebrarse el funeral por el alma de Alfonso Parada. El llamamiento efectuado por la mañana por el Ayuntamiento de la ciudad encontró la respuesta masiva de los ciudadanos. El lehendakari, José Antonio Ardanza, recibió críticas por no participar ni en la manifestación ni en el funeral, alegando que tenía que estar presente en la marcha contra el trabajo infantil, que ese mismo día llegaba a Vitoria. No obstante en representación del Gobierno vasco acudió el vicelehendakari, Juan José Ibarretxe, quien estuvo acompañado por varios ministros, entre ellos el de Interior, Jaime Mayor Oreja. Una pancarta con la leyenda en euskera y castellano "Nahikoa da. Bakea nahi dugu" (Basta ya. Queremos la paz) encabezaba la manifestación. En varias fases, los ciudadanos rompieron el silencio para gritar "ETA mata y el diálogo remata" y "No son vascos, son asesinos". En Madrid, Sevilla, Zaragoza, Gijón, Valencia, Burgos y otras ciudades se celebraron concentraciones silenciosas encabezadas por presidentes autonómicos, alcaldes y dirigentes de todos los partidos políticos democráticos.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) criticó ese mismo día al presidente del Gobierno, José María Aznar, por "lanzar ofertas de generosidad a los terroristas". Luis Delgado, secretario general de la asociación, criticó además al PNV por mantener contactos con Herri Batasuna y denunció que, a juicio de la AVT, hay "víctimas de primera y de segunda. Para unas la clase política sale, se manifiesta y arropa a la familia o a la víctima, y en otros casos apenas reciben el apoyo obligatorio por parte de los dirigentes de este país", afirmó.

En 2002 la Audiencia Nacional condenó a José María Novoa, Igor Martínez de Osaba Arregui y Alicia Sáez de la Cuesta a 29 años de prisión como autores materiales del asesinato de Alfonso Parada. El autor del disparo mortal fue Igor Martínez de Osaba, mientras Alicia Sáez de la Cuesta le cubrió en la acción. José María Novoa les esperaba en un coche para emprender la huida.

Alicia Sáez de la Cuesta fue también condenada por el intento de asesinato del entonces presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga Iribarne. Ella y la etarra Nerea Garaizar San Martín tenían previsto realizar el atentado mediante la utilización de un coche-bomba. Su detención a finales de marzo de 2001 impidió que el mismo se llevase a cabo.

Alfonso Parada Ulloa de 62 años, era subteniente en la reserva de la Guardia Civil y amigo del portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Vitoria, Alfredo Marco Tabar. Su nombre había aparecido en varias listas intervenidas a grupos etarras desarticulados, circunstancia de la que Alfonso estaba informado. Sus vecinos desconocían si adoptaba alguna medida de autoprotección, aunque sí señalaron que mantenía "costumbres muy fijas", entre ellas la de salir a primera hora de la tarde y desplazarse hasta una localidad en las afueras de Vitoria para dedicarse a su afición: el cuidado de los pájaros. Era natural de La Melide (La Coruña) aunque vivía en Vitoria desde 1976. Estuvo destinado como comandante del puesto del Abetxuco, y desde 1986, en el cuartel de Sansomendi, en la Unidad de Intervención de Armas y Explosivos. Tres años antes de ser asesinado había pasado a la reserva. Estaba casado y tenía un único hijo, Nacho, de 32 años, que trabajaba como vigilante jurado, y un nieto de corta edad.

ETA asesina a un militar en Pasajes y a dos policías en Alcalá de Henares

8 de Mayo de 2011 - 09:10:13 - M.J. Grech

El 8 de mayo de 1980 ETA asesina en Pasajes de San Juan a JOSÉ ESPINOSA VISCARRET, excomandante de artillería y secretario de la Delegación Provincial de Deportes de Guipúzcoa. Los autores del atentado, cuatro etarras que iban en un taxi robado, interceptaron el automóvil en el que viajaba José Espinosa cuando salía de su trabajo como jefe de compras en Astilleros Luzuriaga, en Pasajes de San Juan. Eran aproximadamente las 14:30 horas.

Espinosa iba con otro amigo, en el coche de este último, y regresaban a San Sebastián. Al llegar a una bifurcación, el vehículo se detuvo para incorporarse a la carretera de Rentería. En ese momento un taxi se cruzó delante del mismo, obligándoles a detenerse. Inmediatamente, tres etarras descendieron del mismo y, tras obligar al amigo a que se apease, ametrallaron a José María, que ocupaba el asiento del pasajero. El parabrisas del automóvil quedó destrozado y José Espinosa recibió numerosos impactos de bala que afectaron órganos vitales, provocándole la muerte instantánea.

En el lugar de los hechos la Policía recogió numerosos casquillos de bala, del calibre 9 milímetros parabellum, marcas FN y Geco. El cadáver del excomandante permaneció en el automóvil de su amigo, desangrado, hasta que el juez ordenó su levantamiento sobre las cuatro de la tarde.

Los miembros del comando se dieron a la fuga en el taxi en dirección a Rentería. El vehículo fue localizado por la Policía en la calle Izquieta de esta localidad guipuzcoana, dos horas después del atentado. El taxi había sido robado a su propietario a punta de pistola una hora antes, y el taxista fue abandonado, atado y amordazado, en el monte Jaizquibel.

José Espinosa Viscarret tenía 59 años. Fue comandante de artillería hasta que, a finales de 1979, y coincidiendo con su ascenso, se jubiló. Aficionado al hockey, deporte que practicó durante muchos años, presidió la Federación Guipuzcoana durante casi quince años. En el momento de su asesinato, tres de sus hijos formaban parte de la plantilla del Atlético de San Sebastián, que militaba en la División de Honor. Era de Pamplona, estaba casado y tenía cinco hijos.

El 8 de mayo 1989 la banda terrorista ETA asesinó en Alcalá de Henares (Madrid) a los policías nacionales JOSÉ ANTONIO MONTES GILA y JUAN ANTONIO GARCÍA ANDRÉS, e hirió a otros dos en un atentado en dos fases. Previamente habían ametrallado al funcionario de prisiones José Luis López Montenegro

En torno a las 22:10 horas tres etarras se apostaron en la carretera comarcal que lleva a la prisión de Alcalá-Meco con el objetivo de asesinar a un funcionario de prisiones. Cuando vieron que se aproximaba el vehículo conducido por José Luis López Montenegro, los etarras abrieron fuego contra él. Alcanzado en la espalda por dos proyectiles, José Luis pudo apearse del coche y huir a pie campo a través para salvar la vida. A continuación, los etarras colocaron una carga explosiva en el vehículo del funcionario de prisiones, compuesta por quince kilos de amonal.

Unos minutos más tarde, un microbús con una docena de agentes y dos vehículos particulares, ocupados también por policías nacionales de paisano, pasaron por la carretera donde estaba el coche de López Montenegro, con las luces encendidas y una puerta abierta. Uno de los vehículos policiales trasladó al herido y el otro se acercó a inspeccionar el interior del coche del funcionario. Cuando los policías se acercaban al mismo, la carga explotó y ocasionó la muerte en el acto de José Antonio Montes y Juan Antonio García.

Además, resultaron heridos Pedro Fuentes Fuentes, de carácter leve, y Gabriel Sánchez Rico, de gravedad. Ambos, tras la primera inspección ocular, se dirigieron a su propio coche para informar de los hechos y eso les salvó la vida, porque en ese momento el automóvil explotó.

Al parecer, los terroristas no tenían definida a qué víctima querian asesinar. Tan sólo pretendían que fuera un funcionario de prisiones y que viajara solo. El único dato con el que contaban los etarras era la hora de cambio de turno entre los funcionarios, una información que incluso podía haber sido dada por uno de los presos etarras de Alcalá Meco. Además, el funcionario de prisiones contra el que se atentó, José Luis López Montenegro, no estaba adscrito a la cárcel de Alcalá-Meco propiamente dicha, sino al recinto de jóvenes donde no hay ningún preso etarra.

La ficha de salida del trabajo de López Montenegro marcaba las 22:09 horas. Dos minutos antes, otro funcionario de la cárcel fichaba también su salida. Se dirigió al cruce de la carretera y reconoció por el retrovisor a López Montenegro. Observó también a la derecha del cruce de la carretera de Alcalá de Henares un coche al que no prestó atención y siguió su camino a casa. Este funcionario se libró porque José Luis iba demasiado cerca de él.

Al día siguiente se instaló la capilla ardiente por los dos policías asesinados en la sede de la Policía en Canillas. Al funeral asistieron el ministro de Interior, José Luis Corcuera, y el de Justicia, Enrique Múgica.

Distintas fuentes sindicales confirmaron que los presos etarras en Alcalá-Meco celebraron por todo lo alto el asesinato de José Antonio y Juan Antonio. Fue un auténtico escándalo. Los etarras coreaban, insultaban y amenazaban a los demás funcionarios con frases como "Ya quedáis menos. Van a acabar con vosotros. Dos menos. La próxima te toca a ti". Ante ello, el alcalde de Alcalá de Henares, el socialista Florencio Campos, declaró tras el atentado que "la actitud respetuosa de los alcalaínos hacia los visitantes y familiares de los presos etarras podía cambiar en el futuro".

En 1992 la Audiencia Nacional condenó a Henri Parot a 105 años de prisión por el atentado que costó la vida a los dos agentes de policía

José Antonio Montes Gila, era natural de Pegalajar (Jaén) y tenía 36 años. Ingresó en la Policía en 1976 y cuando fue asesinado prestaba servicio en la Sexta Unidad de Radiopatrullas de la comisaría madrileña de Chamartín. Estaba casado y tenía una hija. Fue enterrado en el cementerio del pueblo de Barajas en Madrid.

 

Juan Antonio García Andrés, tenía 33 años y estaba casado. Ingresó en la Policía en 1979 y prestaba servicio en la comisaría de Buenavista en Madrid. Natural de Navarredonda (Madrid) fue enterrado en el madrileño cementerio de La Almudena.

 

ETA asesina a un policía, tres militares y al periodista López de Lacalle

7 de Mayo de 2011 - 09:10:12 - M.J. Grech

En torno a las once de la noche del miércoles 7 de mayo de 1975 ETA asesinaba a tiros en Bilbao al inspector de policía FERNANDO LLORENTE ROIZ cuando iba a entrar en su domicilio de la calle Calixto Díez.

Fernando regresaba a su casa, tras terminar su jornada laboral. Antes de subir a su domicilio, había entrado en el Bar Garrote que estaba lleno de público que contemplaba un combate de boxeo televisado. Allí se encontró con unos amigos, con los que bebió dos chiquitos. Después recogió una bota de vino que había dejado en el bar para que la arreglasen y salió en dirección a su casa. Acababa de terminar el décimo asalto del combate.

Para entonces su esposa, María Icíar Ortueta Ozamiz, había recibido una llamada telefónica de un desconocido preguntándole si había regresado su esposo, a lo que respondió negativamente.

Los clientes del bar escucharon los disparos en el momento en que Fernando abandonaba el establecimiento. Un testigo presencial relató que todos se tiraron al suelo y que los disparos fueron aislados, de pistola, y no en ráfaga. Cuando salieron, el inspector ya estaba sobre la acera, en la puerta de su domicilio. Un vecino que se encontraba asomado a la ventana afirmó que vio correr a toda velocidad a dos individuos en dirección a la calle General Salazar.

Fernando Llorente fue auxiliado por sus vecinos y amigos. Inmediatamente le trasladaron en un taxi al Hospital Civil de Basurto, donde falleció minutos después en la unidad de reanimación del centro hospitalario.

Al día siguiente los restos mortales de Fernando se trasladaron a la Jefatura Superior de Policía de Bilbao. Unas doscientas personas aguardaban la llegada del cadáver en un ambiente de gran tensión. El funeral se celebró a las 12:30 horas en la propia Jefatura. Su viuda dio muestras de gran entereza, y antes de iniciarse el funeral dijo que perdonaba "de todo corazón a quienes han asesinado a mi marido". El director general de Seguridad, Francisco Dueñas, le impuso a título póstumo la Medalla de Oro al Mérito Policial con distintivo rojo, máximo galardón que prendió en la bandera española que cubría el féretro.

Fernando Llorente Roiz, de 51 años, era natural del pueblo santanderino de Villanueva de Villaescusa. Había ingresado en el Cuerpo General de Policía veintisiete años antes. Estuvo destinado un año en Valladolid, regresando después a Bilbao, donde permaneció en distintas secciones de la Jefatura Superior. Primero en la llamada Brigada de Orden Público 091, donde llegó a ocupar el puesto de jefe de sala de la misma Brigada. Desde nueve años antes de su asesinato había pasado a la sección del Documento Nacional de Identidad, a petición propia y debido a problemas de salud ya que tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica de vesícula. Estaba casado con Icíar Ortueta Ozamiz, hija de un afamado corredor de motos de los años 40, Javier Ortueta, y tenía tres hijas de 20, 17 y 3 años en el momento en que su padre fue asesinado.

A las diez y media de la mañana del 7 de mayo de 1981, ETA asesinaba en el centro de Madrid a tres militares del servicio directo del Rey, en un atentado que iba dirigido contra el jefe del Cuarto Militar de la Casa Real, el teniente general Joaquín Valenzuela Alcívar-Jáuregui, que resultó herido de gravedad. El atentado lo ordenó el dirigente de la banda terrorista Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, alias Txikierdi y lo ejecutaron Henri Parot y otros miembros del grupo Argala de ETA.

El atentado se produjo a las 10:30 horas en pleno centro de Madrid, al hacer explosión un artefacto que dos terroristas montados en una motocicleta depositaron instantes antes en el techo del vehículo en el que circulaban los militares. Los dos terroristas siguieron al Dodge oficial y, cuando se encontraba en la calle Conde Peñalver, se pusieron a su altura. Parot, que iba de copiloto, depositó el artefacto explosivo colocado dentro de una bolsa de un supermercado con unos imanes para que se adhiriera al techo. Estaba fabricado como una carga hueca para dirigir la onda expansiva hacia el interior del coche y multiplicar sus efectos. Tras la operación, los terroristas huyeron en dirección al Retiro. Apenas unos instantes después, y sin que el coche de escolta pudiera reaccionar, la bomba hizo explosión. Los militares fallecidos fueron el teniente coronel GUILLERMO TEVAR SECO -ayudante del teniente general Valenzuela-, el suboficial de escolta ANTONIO NOGUERA GARCÍA, y el soldado conductor MANUEL RODRÍGUEZ TABOADA.

Además del teniente general Valenzuela, hubo otros veinte heridos que se encontraban en las inmediaciones: Basilio Vega Vallejo, Pilar Pastoriza Orozco, Víctor Fernández Ortiz, Paula Corchado Denche, Manuel Matey Bande, María Melitona García García, Ángel Vizcaíno Alba, Celia Arselina del Son Sánchez, Antonio Núñez Gómez, María Teresa del Pozo Pérez, María de los Reyes Esteban Ortiz, María Pilar Garrido Egaña, Luis Hinojosa Fernández, María Pilar Sanz Veguillas, María Montserrat Malo Arrondo, Julio Jorge Apestique Infiesta, María Dolores Infiesta Díaz, Juan Sánchez Martín, Constantino Fernández Espinosa y María Molinero Martín. A medianoche, el estado del teniente general Valenzuela era relativamente satisfactorio. De acuerdo con el parte médico emitido, había "cierto grado de optimismo, aunque el pronóstico sigue siendo de gravedad". Todos los heridos fueron recuperándose de las heridas sufridas.

La capilla ardiente de las víctimas se instaló en el Regimiento de la Guardia Real, en El Pardo, y fue visitada esa misma noche por los Reyes de España. El triple asesinato provocó una respuesta ciudadana sin precedentes hasta entonces. Millones de españoles, siguiendo el llamamiento de partidos y sindicatos, paralizaron su actividad durante unos minutos al día siguiente para expresar su rechazo.

En medios militares se temía desde hacía tiempo una acción espectacular de ETA en Madrid, y esa era probablemente la razón de que durante el fin de semana anterior al atentado se adoptaran medidas especiales de vigilancia en la I Región Militar. La guarnición de Madrid estuvo acuartelada tras el atentado durante tres horas. Por la tarde surgió el rumor de la dimisión del ministro del Interior, Juan José Rosón, extremo que fue rápidamente desmentido por fuentes oficiales.

Este atentado de ETA suponía un paso más en la estrategia de la tensión que había iniciado otro grupo terrorista, los GRAPO, con el asesinato del general González de Suso. Tras el atentado, grupos de extrema derecha se manifestaron frente al Cuartel General del Ejército, injuriaron al Rey y pidieron la interrupción del proceso democrático. La preocupación existente tras el atentado quedó reflejada en las declaraciones hechas esa misma noche por el presidente del Gobierno vasco, Carlos Garaikoetxea, quien afirmó que ETA, los GRAPO y otros grupos terroristas buscan objetivamente idénticos resultados: "Provocar el hundimiento del proceso democrático". En el mismo sentido se expresó el secretario general del PSOE, Felipe González, en una conferencia de Prensa celebrada en Madrid.

ETA reivindicó el atentado el 7 de mayo mediante llamadas telefónicas a diversos medios informativos de Bilbao. En 1992 fue condenado por este atentado Henri Parot a penas de 30 años por cada uno de los tres asesinatos y a otros 26 por el asesinato frustrado del teniente general Valenzuela. En 1993 fueron condenados a las mismas penas Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Txikierdi, como inductor y cooperador necesario, e Isidro Garalde Bedialauneta, como cooperador necesario.

Antonio Noguera García, cabo de la Guardia Real, casado y con tres hijos, tenía 39 años. Era natural de Frigiliana (Málaga). Su vida laboral la inició en un comercio de calzado, y de allí paso a la escolta de Franco. Cuando fue asesinado pertenecía a la Guardia Real.




Manuel Rodríguez Taboada, soldado de la Guardia Real, tenía 36 años. Natural de Orense, con 23 años se trasladó a Madrid para ingresar en la guardia motorizada de Franco. De aquí pasaría al servicio de la Casa Real. Estaba casado y tenía tres hijos.




Guillermo Tevar Seco, teniente coronel de Infantería, tenía 56 años. De origen aragonés, estaba casado y era padre de tres hijos. Era diplomado en carros de combate y en automóviles.





El domingo 7 de mayo de 2000, la banda terrorista ETA asesinaba al periodista y columnista de El Mundo JOSÉ LUIS LÓPEZ DE LACALLE. Eran aproximadamente las 9:45 horas. La víctima, de 62 años de edad, regresaba a su domicilio en la calle Ondarreta de Andoain. Cuando se disponía a abrir el portal, un terrorista le disparó a quemarropa. López de Lacalle recibió inicialmente dos disparos en el tórax y, posteriormente, fue rematado en el suelo con otros dos tiros en la sien y en la nuca. Los autores del atentado huyeron en un vehículo por una de las salidas de Andoain a la carretera N-1, en dirección a San Sebastián, situada a poco más de trescientos metros del escenario del crimen.

José Luis había abandonado su vivienda poco antes de las nueve de la mañana. Se dirigió a la librería Stop, donde compró ocho periódicos diferentes. Desde ahí se fue caminando hasta el Bar Elizondo. Poco después, tomó el camino de regreso hacia su casa, donde le esperaban dos terroristas.

Junto al cuerpo de José Luis López de Lacalle había dos bolsas con los diferentes periódicos que había comprado, desde Abc hasta Gara, y un paraguas granate. El cadáver permaneció tapado con una sábana durante aproximadamente tres horas, y su levantamiento se produjo en torno a las 12:30 horas por orden del juez de guardia, que dispuso su traslado al Instituto Anatómico Forense de Polloe, en San Sebastián, para practicarle la autopsia.

En el momento del atentado, en el domicilio de José Luis López de Lacalle se encontraba sólo su hijo Alain, de 21 años y estudiante de Derecho. Su otra hija, Aitziber, médico de 28 años, estaba en Ginebra. La esposa, María Paz, estaba en el momento de los hechos en el domicilio de sus padres. María Paz era profesora jubilada de una ikastola.

En el lugar del crimen se personaron de inmediato un hermano del fallecido y su esposa, así como una cuñada que venía de pasear por el monte y que, al ver el cadáver de su familiar, comenzó a gritar "¡asesinos, asesinos!".

Poco después de que la Ertzaintza acordonara la zona y se hiciera cargo de la investigación, fueron llegando distintas personalidades, como el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, que se desplazó desde Madrid; el portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz; el subdelegado del Gobierno en Guipúzcoa, Eduardo Ameijide; Joseba Egibar, portavoz del PNV y natural de Andoain; Ramón Jáuregui, dirigente del PSOE; Manuel Montero, rector de la Universidad del País Vasco; el escritor Raúl Guerra Garrido; Consuelo Ordóñez, hermana del concejal donostiarra del PP Gregorio Ordóñez, y Antxon Karrera, dirigente de EB-IU, entre otros. También acudieron el vicepresidente del Gobierno español, Mariano Rajoy y el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja.

Años antes de ser asesinado, había recibido amenazas de muerte, mediante pintadas cerca de su domicilio o a través de carta. El 27 de febrero de 2000 un grupo de desconocidos lanzó varios cócteles molotov contra su casa, que impactaron en un balcón. El consejero de Interior, Javier Balza, explicó que se puso en contacto con López de Lacalle a raíz del ataque a su vivienda en febrero. Aseguró que en este caso, como en el de todas las personas amenazadas, se establecieron medidas especiales de precaución por parte de las patrullas de cada municipio, que vigilan con especial intensidad los domicilios y los destinos de estas personas.

Joseba Pagazaurtundúa, también asesinado por ETA tres años después, denunció la relación que pudo haber entre el asesinato de López de Lacalle y la construcción de la autovía de Leizarán. El periodista escribió decenas de artículos denunciando que la modificación del trazado de la autovía, tras un pacto entre PNV y PSE después de una campaña de atentados de la banda asesina, era una clara concesión a ETA. Según cuenta Pagaza en su vídeo denuncia, un alto dirigente del PNV le dijo a José Luis en Zaráuz: "te vamos a tapar la boca", algo que se materializó con la no publicación en El Diario Vasco de un artículo del periodista denunciando las concesiones a ETA en este asunto. "José Luis López de Lacalle no volvió a escribir más para El Diario Vasco, a pesar de que le dijeron que escribiera sobre lo que él quisiera, menos sobre la autovía de Leizarán", denuncia Pagaza, y añade que le confesó que un alto cargo del PSE tuvo que ver con la decisión del periódico de no publicarle su último artículo.

A pesar de las amenazas y los ataques, se negó a abandonar Andoain. "Los franquistas me encarcelaron cinco años, pero jamás se atrevieron a agredir a mi familia", dijo en una entrevista en El Diario Vasco el día que atacaron su domicilio con cócteles molotov.

El funeral por José Luis López de Lacalle se celebró al día siguiente 8 de mayo, a las siete de la tarde, en la Iglesia de San Martín de Andoain. A primera hora de la mañana, el cuerpo fue trasladado al cementerio de Andoain, en donde por deseo de la familia hubo un entierro en la intimidad.

En 2001 fue detenido por la Ertzaintza el etarra José Ignacio Guridi Lasa con el revólver con el que asesinó a De Lacalle. Fue condenado a 30 años en 2002. En enero de 2009 fue condenado el exjefe de ETA Javier García Gaztelu, alias Txapote, a otros 30 años por ordenar el asesinato del periodista. En noviembre de 2009 fue extraditado por Francia el etarra Asier Arzalluz Goñi, alias Santi, Epeta y Sendoa, presunto coautor de los asesinatos de José Luis López de Lacalle y de los guardias civiles Irene Fernández Perea y de su compañero de patrulla, José Ángel de Jesús Encinas en Sallent de Gallego (Huesca) en agosto de 2000. Anteriormente ya había sido extraditado temporalmente para ser juzgado en España por otros atentados.

José Luis López de Lacalle tenía 62 años y era de Tolosa (Guipúzcoa). Estaba casado con María Paz Artolazábal y tenía dos hijos: Aitziber, de 28 años, y Alain, de 21. Pasó por la cárcel durante el franquismo por su significación como militante del Partido Comunista. Fue uno de los fundadores de Izquierda Unida en el País Vasco, aunque pronto se desligó de la coalición, a la que criticó con dureza por su presencia en el Pacto de Estella.

Trabajó como gerente de una empresa y en una cooperativa y en el momento de su asesinato era colaborador del periódico El Mundo, en cuyas páginas analizaba semanalmente la actualidad política desde 1997. También pertenecía al consejo editorial del periódico. Su último artículo, "El cambio necesario", se publicó el 2 de mayo, cinco días antes de ser asesinado. José Luis reclamaba elecciones anticipadas después de que ETA y el PNV hubiesen pactado romper con las "fuerzas españolistas".

Después del asesinato de Miguel Ángel Blanco participó en la constitución del Foro de Ermua, del que era miembro destacado. "Nunca he soportado que la vida ajena se utilice como instrumento de presión política", escribió José Luis en su columna de El Mundo "La niebla y el trasluz" el 25 de julio de 1998.

Se autodefinía como vasco no nacionalista: "Me duele la Euskadi negra. Me gustaría una Euskadi armónica e integrada en el autogobierno. Me siento más vasco fuera del país (...). Me identifico en iguales términos con una España reconciliada, democrática, civilizada, plural, habitable, abierta a la modernidad y al mundo. No me preocupa lo más mínimo que su integración en la UE signifique una pérdida de soberanía a chorros (...). Por las mismas razones que no soy nacionalista vasco, no soy nacionalista español".

En la página donde se presenta la Fundación José Luis López de Lacalle puede leerse: "José Luis fue un luchador por la libertad, y también uno de sus más convencidos usuarios. Su espontaneidad, su ausencia de complejos, su optimismo y su sonrisa permanente trazaban un perfil incompatible con la sociedad atemorizada que nos quieren imponer. José Luis fue una persona irrepetible y con él mataron también una parte de nuestros mejores sueños".

Como dijo su viuda, las únicas armas que utilizó en su vida fueron "una máquina de escribir y un bolígrafo". Con ellos denunció las injusticias de la dictadura franquista, del nacionalismo vasco excluyente y el terrorismo de ETA. Después de asesinarle, el entorno proetarra siguió atacando la memoria del periodista, con pintadas en su localidad donde podía leerse: "De Lacalle jódete asesino".

ETA asesina a dos guardias civiles y a dos políticos, uno de UPN y otro del PP

6 de Mayo de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A las 22:25 horas del martes 6 de mayo de 1975, miembros de ETA ametrallaban en Guernica (Vizcaya) al guardia civil ANDRÉS SEGOVIA PERALTA cuando se dirigía al cuartel de la Guardia Civil de la localidad. Volvía de prestar servicio de vigilancia en la fábrica de armas Astra-Unceta, poco después de las diez de la noche.

Andrés regresaba a pie al acuartelamiento de Guernica por la vía férrea Bilbao-Bermeo que pasa por la puerta de la citada fábrica. Cuando llevaba recorridos unos cien metros, varios etarras que estaban apostados detrás de un almacén le dispararon por la espalda con una metralleta. Al escuchar los disparos, el jefe de estación de Guernica, que se encontraba a unos diez metros de donde Andrés cayó herido, fue a avisar a los clientes de un bar próximo. Todos juntos caminaron al lugar donde yacía herido el guardia civil. Al reconocer al jefe de estación exclamó entre lamentos: "ya ves lo que me han hecho, me han matado, me han matado". Junto al almacén se encontraron entre 30 y 40 casquillos de bala. El agente recibió más de 20 impactos de bala y falleció media hora después, cuando era trasladado en un taxi al Hospital Civil de Bilbao.

Al día siguiente, miércoles 7 de mayo, a primera hora de la tarde, se instaló la capilla ardiente en la biblioteca del cuartel de la Guardia Civil de La Salve en Bilbao. Dos días después, el 9 de mayo, se celebró el funeral en este cuartel. El Ayuntamiento de Bilbao expresó su más enérgica repulsa por el atentado.

En octubre de 1975 se produjo una gran operación de la Guardia Civil en Vizcaya. Entre los detenidos estaba María Aránzazu Sagrado Aguirre, vecina de Guernica y novia del huido Pedro Antonio Alonso Herrero, miembro del mismo grupo etarra que Jesús María Marquiegui Ayastui, alias Marqui, y José María Zapirain Maya, autores del asesinato de Andrés Segovia.

María Aránzasu Sagrado Aguirre había estado vigilando los movimientos de los guardias civiles en la fábrica de armas Astra, información que pasaba a Alonso Herrero y este a Marquiegui. Este último murió en un enfrentamiento con la Guardia Civil el 14 de mayo de 1975, nueve días después del asesinato de Andrés Segovia. En el enfrentamiento también murió la pareja que tenía escondido a Marquiegui, Ignacio Garay Legarreta y Blanca Zaralegui Allende, y el teniente de la Guardia Civil Domingo Sánchez Muñoz.

En cuanto a José María Zapirain Maya, fue detenido en Francia en enero de 1979, pero no fue juzgado en España. Posteriormente, cuando en 1989 Venezuela empezó a acoger etarras deportados desde Argelia, se instaló en ese país. Hoy día es un próspero empresario y se considera que es uno de los etarras que mayor fortuna ha hecho en la Venezuela de Hugo Chávez, donde es propietario de empresas de procesamiento de pescado, de terrenos y de cuentas corrientes muy saneadas.

Andrés Segovia Peralta era de Moral de Calatrava (Ciudad Real). Tenía 40 años, estaba casado y tenía dos hijos: un niño de 9 años y una niña de 5. Desde que salió de la Academia de la Guardia Civil en junio de 1969 estaba destinado en Guernica. El Ayuntamiento de Moral de Calatrava puso su nombre en una calle y le concedió, a título póstumo, la medalla de oro de la localidad.

Minutos antes de las siete de la mañana del 6 de mayo de 1991, el guardia civil FRANCISCO ROBLES FUENTES era asesinado en el puerto de Pasajes y varios compañeros suyos resultaron heridos de diversa consideración, alcanzados por la onda expansiva de una bomba que los terroristas del grupo Donosti de ETA accionaron cuando vieron acercarse a sus víctimas. El artefacto explosivo, activado a distancia, estaba adosado a una garita situada junto a uno de los muelles del almacén número 1 del depósito franco del puerto de Pasajes. Estaba compuesto por 10 kilos de amonal.

Los guardias civiles estaban destinados en el Servicio Fiscal de Control de Mercancías del puerto. Además de la muerte en el acto de Francisco, resultaron heridos sus compañeros José Moreno Piñero, Miguel Ángel Álvarez Escanciano y David Náñez Minguela, el más grave. Fue trasladado al Hospital de Nuestra Señora de Aránzazu donde le amputaron parcialmente la pierna derecha. David era natural de Olmedo (Valladolid) y tenía 23 años.

La explosión desplazó los cuerpos de Francisco Robles y David Náñez más de quince metros del lugar en el que se hallaban, y la garita, de 1,5 toneladas de peso y con cristales blindados, salió también despedida varios metros por la onda expansiva.

El funeral por Francisco Robles se celebró al día siguiente, 7 de mayo, en la Iglesia de la Sagrada Familia de San Sebastián, presidido por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, y el delegado del Gobierno en el País Vasco, José Antonio Aguirirano.

En 1994 fueron condenados a 55 años de prisión por un delito de atentado con el resultado de muerte, y tres delitos de asesinato frustrado, los etarras Sergio García Razquín, José Ignacio Echevarría Pascual, Alfonso Castro Sarriegui, José Arizmendi Oyarzábal, Miren Maitane Sagastume Arrieta y Javier Aramburu Muguruza. Todos ellos eran miembros del grupo Ipar-Haizea de ETA. En 1996 fue condenado a la misma pena que sus compañeros el etarra Ignacio Cañas Cartón, que fue quien fabricó el artefacto explosivo en su casa.

Francisco Robles Fuentes, hijo de guardia civil, era natural de Segura de la Sierra (Jaén) y tenía 21 años. Llevaba seis meses destinado en Guipúzcoa. Tenía previsto viajar el mismo día del atentado a Valencia para asistir a la primera comunión de una prima. Sus padres residían en Campanar (Valencia) y ahí recibieron sepultura los restos mortales de Francisco.

El año 1998 lo inició ETA asesinando al concejal del PP en Zaráuz José Ignacio Iruretagoyena. Tres semanas después fue asesinado el también concejal del PP Alberto Jiménez Becerril y su mujer Ascensión. Cuatro meses después, el miércoles 6 de mayo de 1998, la banda terrorista volvía a asesinar a un político, TOMÁS CABALLERO PASTOR, portavoz de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Ayuntamiento de Pamplona. Dos etarras le dispararon dos tiros a través de la ventanilla del conductor de su vehículo, estacionado en las inmediaciones de su vivienda en la capital Navarra, cuando acababa de ponerlo en marcha. Los proyectiles impactaron en la cabeza y en la cara del edil. Eran aproximadamente las nueve y cuarto de la mañana.

Como todos los días laborables desde que en julio de 1995 tomó posesión de su cargo en el Consistorio pamplonés, Tomás se dirigía al Ayuntamiento para realizar su labor como portavoz de su grupo municipal. Poco antes, como era su costumbre, había comprado el periódico. Tomás iba acompañado por una vecina a la que regularmente llevaba hasta su trabajo, en el centro de Pamplona.

Un testigo precisó que la víctima miró los bajos de su automóvil antes de subir al mismo. El coche estaba equipado con un sistema de alarma para prevenir que fuera abierto por extraños. Este dispositivo fue instalado en el vehículo después de que ETA iniciase su campaña de atentados contra ediles del PP. Además, el fallecido había participado recientemente en un curso de autoprotección, impartido por miembros de las FSE para cargos públicos ante el temor a sufrir un atentado. Apenas se puso en marcha el coche, dos individuos se acercaron al mismo y uno de ellos disparó dos tiros contra el concejal. El automóvil del edil continuó la marcha hasta chocar con otro vehículo estacionado muy cerca. Tras efectuar los disparos, los dos terroristas huyeron a pie en direcciones opuestas.

Su hijo José Carlos oyó los disparos desde su casa, avisó a la policía municipal y bajó corriendo a la calle. Cuando llegó al coche, un repartidor mañanero de propaganda había entrado en el vehículo de Tomás e intentaba taponar el orificio abierto por la bala en el cuello de la víctima. José Carlos entró por la otra puerta y le cogió la mano, y no dejaba de hablarle mientras le tomaba el pulso. Estuvieron con él hasta que llegó la ambulancia.

El concejal, gravemente herido, fue trasladado al Hospital de Navarra donde falleció una hora después, en torno a las 10:45 horas. Según el parte médico facilitado por el centro, Tomás ingresó en el servicio de Urgencias con parada cardiorrespiratoria y heridas por arma de fuego. Una de ellas, con orificio de entrada en la parte izquierda de la mandíbula y salida por la cara derecha del cuello. La otra bala quedó alojada en la barbilla.

El día que ETA asesinó a José Ignacio Iruretagoyena, el 9 de enero de ese mismo año, Tomás Caballero tomó la palabra en el salón de plenos del Ayuntamiento, donde se debatía una moción de condena por el asesinato, y se dirigió a los tres representantes de Herri Batasuna que anunciaron su abstención en la votación:

Debemos plantar cara no sólo a los asesinos, sino también a quienes les jalean, les apoyan y nunca les condenan. Me estoy refiriendo a los miembros de HB.

Y agregó en tono emocionado:

Gritarán mucho en la calle, porque es fácil (...). Ustedes, por eso, lo que quieren es matar y seguir matando para que de esa forma nos aterroricemos. Quieren que nos aterroricemos y que nos vayamos. Pero no nos hemos de ir, porque tenemos una obligación para con nosotros, para el pueblo que nos ha elegido y para las futuras generaciones a las que tenemos que conseguir dejar en paz y libertad. A los que tenemos una determinada edad, como la que tengo yo, nos tocó luchar contra una dictadura y luchamos, y salimos adelante. No nos van a amedrentar en este momento con otra dictadura.

Herri Batasuna intentó entonces que Caballero rectificara y se querelló contra él por injurias y calumnias, pidiéndole 90 millones de indemnización. El juez de Instrucción número 3 de Pamplona archivó la querella en abril de ese mismo año, un mes antes de su asesinato, al estimar que esas manifestaciones se enmarcaban en el principio de la libertad de expresión. El diario Egin publicó su fotografía junto a un titular que decía: "El archivo de la querella a Caballero legaliza la calumnia a HB". Sus familiares y amigos vieron en esa querella una especie de señalamiento que precedió a su asesinato días después.

Caballero era consciente del riesgo que corría, y lo fue hasta el último día. Hacía unos días que había hablado con un amigo sobre los últimos atentados a concejales del PP. Él le había dicho: "Hay que ser fiel a lo que uno sea, y yo soy así. Que hagan lo que quieran".

Comisiones Obreras de Navarra, tras condenar el asesinato de Tomás, exigió al grupo municipal de HB, "que recientemente llevó a Caballero a los tribunales, porque éste les acusó de complicidad con el terrorismo, que demuestren que éste se equivocaba". Por su parte, el concejal de IU en el Ayuntamiento de Pamplona, José Javier Echevarría, relató que cuando HB puso la querella le preguntó a un concejal de la coalición radical si "asumirían este hecho si, desgraciadamente, lo que yo no quería creer y hoy ha ocurrido, ocurría. La respuesta fue fría, me dijo que si ocurría sería ‘un efecto del conflicto’".

El día del pleno de condena del asesinato del concejal Caballero, ya sin cámaras, el concejal de Herri Batasuna Koldo Lakasta se acercó a José Javier Echeverría, portavoz de IU, y le susurró: "Ya le avisamos cuatro veces para que rectificara".

En 2003 la Audiencia Nacional condenó a 30 años de prisión mayor por el asesinato de Tomás Caballero a los etarras Francisco Javier Ruiz Romero, Mikel Javier Ayensa Laborda y Alberto Viedma Morillas.

Tomás Caballero Pastor tenía 63 años y era natural de Alfaro (La Rioja), aunque residió en Navarra prácticamente toda su vida. Estaba casado con Pilar Martínez. Era padre de cinco hijos y abuelo de ocho nietos. Presidió en los años 60 y 70 el Consejo de Trabajadores de Navarra contra el sindicato vertical. Fue concejal y alcalde en los años 70, por lo que se llamaba entonces tercio sindical. Volvió al sindicalismo independiente durante unos años y, desde 1995, fue concejal en Pamplona por UPN hasta que lo mataron. Era el sexto concejal asesinado por ETA desde 1995, y el primero de UPN, formación que a partir de las elecciones de 1991 estaba coaligada con el Partido Popular. El último político municipal asesinado en Navarra había sido el alcalde de Etxarri-Aranatz, Jesús Ulayar, en enero de 1979.

En 2007, con motivo del noveno aniversario de la muerte de su padre, María Caballero dijo que su familia "seguirá reivindicando memoria, dignidad y justicia" para todas las víctimas del terrorismo. La Fundación Tomás Caballero que nació "para mantener su memoria, como una parte de la memoria colectiva, con el reconocimiento de la persona, su pensamiento y su acción social", tiene como objetivo rendir "homenaje de gratitud a todas las víctimas de ETA. Porque más allá de los cargos representativos, los uniformes o la profesión de las víctimas, los terroristas asesinan a una persona con su familia, sus ilusiones, su futuro, su dignidad". En la lápida donde descansan los restos de Tomás en el cementerio de Pamplona pude leerse la siguiente inscripción: "Murió por lo que había vivido: la libertad, la justicia y la paz. Sigues vivo entre nosotros. D.E.P.".

El domingo 6 de mayo de 2001 ETA asesinaba en Zaragoza de tres disparos en la cabeza y el abdomen al presidente del Partido Popular de Aragón, y senador por esa comunidad autónoma, MANUEL GIMÉNEZ ABAD, mientras caminaba por una céntrica calle en compañía de su hijo menor, Borja, de 17 años. Ambos se dirigían, sobre las 18:30 horas, al estadio de La Romareda a presenciar el partido de fútbol entre el Zaragoza y el Numancia, que comenzaba media hora después.

El político fue atendido, inicialmente, por un equipo médico en el lugar del atentado, y el cadáver fue trasladado posteriormente al Instituto Anatómico Forense para practicarle la autopsia. La policía encontró en el lugar de los hechos tres casquillos de bala de 9 milímetros parabellum. Un testigo relató a El Mundo la desolación de Borja ante el cadáver de su padre: "Era espantoso, tenía las manos en la cabeza y gritaba dando vueltas alrededor del cuerpo de su padre, sin saber qué hacer ni dónde ponerse".

El presidente de los populares aragoneses tenía por costumbre ir a Jaca, su ciudad natal, los fines de semana. Como contó su viuda, ese fin de semana su hijo Borja había aprobado COU e iba a celebrarlo con sus amigos. Por ello fue Manuel el que bajó a Zaragoza, y no al revés.

Manuel Giménez Abad no llevaba escolta, aunque estaba metido en los turnos de contravigilancia que realizaba la Policía Nacional, según informó la Delegación del Gobierno. Hacía unos días que el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, se había encontrado con Manuel Giménez y se extrañó de que fuera sin guardaespaldas. Le preguntó por qué, y su homólogo aragonés le respondió: "¿Escoltas yo? Bastante tengo con el Plan Hidrológico Nacional", en referencia al conflicto surgido en aquella comunidad autónoma a raíz de la aprobación en el Congreso del plan. Manuel prescindió de la escolta porque entendía que era gravoso para la Administración.

La muerte de Manuel Giménez causó gran consternación en Aragón y de modo especial entre la clase política, ya que era una persona muy apreciada dado su talante conciliador. La capilla ardiente quedó instalada en la sede de las Cortes de Aragón, en el Palacio de la Aljafería. El ministro del Interior, Mariano Rajoy, llegó a primera hora de la noche a Zaragoza y acudió al domicilio de Manuel para visitar a la viuda del dirigente asesinado.

Tanto al lugar del atentado, como al Instituto Anatómico Forense y a la sede del Partido Popular se acercaron representantes de las instituciones aragonesas. El Gobierno autónomo en pleno, con el presidente Marcelino Iglesias a la cabeza, se acercó a dar el pésame a la Ejecutiva regional del PP, que se reunió en la sede del partido. El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, declaró: "Esto es la lógica de la locura; no hay palabras para explicarlo". También hizo acto de presencia la presidenta del Congreso de los Diputados y ex alcaldesa de Zaragoza, Luisa Fernanda Rudi, que ese fin de semana de mayo estaba en Zaragoza. Entre las muchas reacciones destacan las de Santiago Lanzuela, a quien Manuel Giménez Abad sustituyó en el cargo de presidente del PP aragonés. "Era muy bueno como persona, un gran conocedor de la Administración del Estado y de la comunidad autónoma, y le estoy muy agradecido por los cuatro años que compartí con él en el Gobierno de Aragón".

El asesinato de Manuel se produjo en fechas muy próximas a las elecciones en el País Vasco que el PP y el PSOE estuvieron a punto de ganar. Todos los partidos -salvo Euskal Herritarrok- suspendieron por un día los actos de campaña en señal de duelo.

Manuel fue la primera persona a la que ETA asesinaba de un tiro en la nuca en Aragón, aunque la banda asesina ya había dejado su huella en varios atentados con el método del coche bomba en esta comunidad, siendo el más grave de todos el cometido contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, en el que hubo 11 muertos, cinco de ellos niños.

A día de hoy no se sabe quién asesinó a Manuel Giménez. Según algunos testigos, el autor fue un joven de unos 25 años, de 1,70 metros de estatura, con pelo largo y vestido con un chándal. El asesino, al que cubría una etarra, salió corriendo del lugar y en su huida encañonó a dos jóvenes, a los que obligó a entrar en un videoclub. Luego, ambos continuaron la huida a bordo del automóvil que conducía la terrorista. La policía cree que eran miembros de un grupo itinerante de ETA. La banda asesina reivindicó el atentado en un comunicado del que se hacía eco el diario Gara el 26 de julio de 2001.

Manuel Giménez Abad, de 52 años, había nacido en Pamplona, aunque su infancia y adolescencia transcurrieron en Jaca. Estaba casado con Ana Larraz, y tenía dos hijos: Borja, que acababa de terminar COU, y Manuel, que estaba en Francia terminando el último curso de Derecho cuando recibió la noticia del asesinato de su padre. En una entrevista en El Periódico de Aragón (29/04/2007) explicó el cambio que supuso en su vida:

Te empiezas a plantear cosas que antes ni siquiera te parabas a pensar: qué iba a hacer con mi vida, si iba a poder ir a estudiar a Bruselas (...) Es una responsabilidad muy grande que, de repente, te cae encima; y eso que la que realmente se hizo dueña de la situación fue mi madre (...). Muchas de las cosas a las que yo pensaba renunciar, no tuve que hacerlo porque mi madre no lo permitió.

Giménez Abad estudió Derecho en Navarra e ingresó en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Ocupó varios cargos en la Administración y ejerció la docencia en el Instituto Aragonés de Administración Pública y en las universidades de Navarra y Granada. En la Diputación General de Aragón desempeñó diversos puestos hasta que, en septiembre de 1986, fue nombrado Letrado Mayor de las Cortes de Aragón. Elegido diputado a las Cortes de Aragón por el PP en las elecciones autonómicas de junio de 1999 y, posteriormente, senador en representación de dicha comunidad, fue el tercer senador asesinado por la banda terrorista ETA, junto a Enrique Casas y Manuel Broseta. En febrero de 2001 lo nombraron presidente del PP en Aragón, cargo en el que estuvo apenas dos meses. Javier Arenas pidió perdón a la viuda por haberle convencido para que fuese presidente del PP, a lo que ella contestó "si él no hubiera querido, no habría aceptado".

Giménez Abad era un hombre querido y respetado por todos los compañeros de todas las formaciones políticas. Pocos meses después de su asesinato se creó la Fundación Manuel Giménez Abad para Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico que tiene entre sus fines "contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del Parlamento y del modelo de distribución territorial del poder que representa el Estado autonómico", los dos campos a los que Manuel Giménez Abad dedicó su vida profesional y política.

Asesinato del ingeniero que sucedió a Ryan en Lemóniz y fallecimiento de Félix Peña

5 de Mayo de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A las ocho de la mañana del 5 de mayo de 1982, ETA asesinaba en el barrio bilbaíno de Begoña al ingeniero ÁNGEL PASCUAL MÚGICA, director de proyectos de la central nuclear de Lemóniz. Había sucedido en el puesto a José María Ryan, secuestrado y asesinado por ETA quince meses antes. Después de los diferentes atentados contra la central, la empresa había reforzado la protección, pero eso no impidió que los terroristas, situados estratégicamente, consiguiesen su objetivo.

El 5 de mayo salió conduciendo su propio vehículo para dirigirse a las oficinas centrales de Iberduero. En el asiento del copiloto iba su hijo Íñigo, de dieciocho años, al que llevaba a la parada del autobús escolar. Detrás del coche del ingeniero iban dos vehículos con dos escoltas cada uno.

La densidad del tráfico hizo que Ángel circulase muy despacio. Al llegar a la altura del número 5 de la calle Virgen de Begoña, dos terroristas se situaron en el lateral del coche, por el lado del conductor, y abrieron fuego contra él. Los escoltas, pertenecientes a una empresa privada contratada por Iberduero, repelieron la agresión disparando contra los etarras, pero éstos consiguieron huir en un automóvil que les esperaba con un tercer terrorista en su interior. Ángel recibió varios disparos mortales, mientras su hijo Íñigo sufrió heridas leves en una mano. El coche, alcanzado en la parte trasera y costado izquierdo, y con las ventanillas destrozadas, chocó contra una tapia. En el lugar de los hechos se encontraron 35 casquillos de bala 9 milímetros parabellum, de las marcas Geco y SF.

El vehículo utilizado por los terroristas fue localizado poco después por la Policía en el barrio bilbaíno de La Cruz. Había sido robado media hora antes de cometer el atentado, en torno a las 7:30 horas. Tanto en el coche usado por los etarras como en la calle por la que iniciaron la huida, la Policía encontró restos de sangre, lo que significa que alguno de los terroristas fue alcanzado por los disparos de los escoltas.

Pocos días antes se había acordado la creación del Ente Vasco de Energía, organismo del que iba a depender la central de Lemóniz, y el mismo día del asesinato de Ángel se constituía en Vitoria la Sociedad de Gestión de la Central Nuclear de Lemóniz, Sociedad del Gas de Euskadi y Ente Vasco de Energía. El lehendakari Garaikoetxea manifestó que "el Gobierno vasco recogía el guante del desafío lanzado por ETA" y que "seguirían llevando a cabo los proyectos políticos y energéticos previstos".

Los trabajadores de la central de Lemóniz suspendieron su trabajo nada más tener noticia del atentado, al igual que los empleados de las oficinas centrales de Iberduero en Bilbao, donde tenía su despacho Ángel Pascual, y se manifestaron por el centro de la ciudad a media mañana. Además, los técnicos se negaron a volver a sus puestos de trabajo mientras continuase esa insoportable situación. El 13 de mayo la empresa rescindió los contratos de ejecución de obras, suministros y servicios con sus contratas en la central y sólo mantuvieron unos mínimos por seguridad y mantenimiento.

Ángel fue la quinta víctima mortal que provocó la banda terrorista por la central de Lemóniz. En marzo de 1978 la banda asesinó a dos obreros, Andrés Guerra Pereda y Alberto Negro Viguera, y uno más en junio de 1979, Ángel Baños Espada. En febrero de 1982 secuestró y asesinó al ingeniero Ryan. La movilización popular que produjo este asesinato no sirvió para que ETA abandonase la causa.

El asesinato de Ángel Pascual tuvo como consecuencia que en septiembre el Gobierno central asumiese la intervención de la central para la continuación y la realización de las obras por parte del Estado. Sin embargo, un mes más tarde el PSOE ganó las elecciones generales y no se reanudaron las obras, que fueron paralizadas definitivamente por el Ejecutivo de Felipe González. La moratoria nuclear decretada en 1984 paralizó no sólo las obras de Lemóniz I y Lemóniz II, sino también la de otras tres centrales nucleares que se estaban construyendo en España: Valdecaballeros I y II y Trillo I.

Lemóniz quedó convertida en una especie de fantasmagórico monumento funerario que sirve sólo de recuerdo a las víctimas que ETA se cobró, y especialmente para las familias de los asesinados, sus cinco viudas y los 17 huérfanos: tres de Alberto Negro, cinco de Ángel Baños, cinco de José María Ryan y cuatro de Ángel Pascual.

La última víctima de Lemóniz se produjo poco después del asesinato de Ángel. Fue el niño de 10 años Alberto Muñagorri, herido gravemente el 26 de junio de 1982 en Rentería al dar una patada a una bolsa-bomba colocada por la banda en la puerta de un almacén de Iberduero, propietaria de la central. Alberto estuvo muchas semanas debatiéndose entre la vida y la muerte, perdió el pie izquierdo y quedó ciego de un ojo.

Además del desastre económico y de las víctimas que ETA provocó por la central, Lemóniz ha quedado también como un monumento que recuerda la claudicación de un Estado ante ETA, una cesión vergonzosa ante una banda asesina que había fagocitado la causa antinuclear de aquellos que se paseaban por el País Vasco con los carteles de "ETA, mátalos". Y lo que es peor aún: alentada por esta victoria a base de asesinatos, la banda terrorista utilizó su falsa sensibilidad ecologista para oponerse, también violentamente, a la autovía de Leizarán, entre Pamplona y San Sebastián, consiguiendo con complicidades nacionalistas que se variase su trazado. Previamente, la banda se había cobrado la vida de cuatro personas (dos empresarios y dos policías nacionales) y había realizado más de 200 atentados y actos de sabotaje. En este caso, los terroristas unieron a la causa ecologista un argumento delirante: la autopista tenía fines bélicos, es decir, servía para que los tanques españoles llegaran antes al País Vasco en caso de un hipotético golpe de Estado. Su última "causa" ha sido su frontal oposición a la construcción del Tren de Alta Velocidad.

Ángel Pascual Múgica tenía 45 años. Había nacido en la localidad francesa de Mecon. Estaba casado y tenía cuatro hijos: el mayor, de 18, víctima con él del atentado, y tres chicas. Dos de ellas estudiaban en un colegio de San Juan de Luz, en el País Vasco-Francés, y la menor, en el Colegio Francés de Bilbao. El ingeniero de Iberduero había entrado a trabajar en la empresa como delineante, veinticinco años antes de su asesinato. Era jefe del proyecto de Lemóniz y uno de los más firmes candidatos del Gobierno vasco para dirigir la central de Lemóniz. Anteriormente había sido jefe de mantenimiento en la estación eléctrica de Larrasquitu, próxima a Bilbao. Ángel había recibido amenazas por escrito, algunas de las cuales llegaron a su domicilio acompañadas por una fotografía del ingeniero Ryan muerto.

Su hijo Íñigo Pascual Ramos sería años más tarde concejal de Sartaguda por el partido Unión del Pueblo Navarro. Entre 2003 y 2007 fue alcalde de la localidad. Cuando en diciembre de 2008 ETA asesinó a Ignacio Uría Mendizábal, empresario que trabajaba en la construcción del Tren de Alta Velocidad vasco, declaró en El Correo que "cada vez que estos sinvergüenzas cometen un asesinato, te vuelven a abrir la herida. Entonces empiezas a pensar en la mujer y los hijos de ese señor y en lo que tú viviste en ese momento".

A las tres de la tarde del 5 de mayo de 1987 moría FÉLIX PEÑA MAZAGATOS, miembro de la Unión General de Trabajadores (UGT) y uno de los heridos en el atentado cometido el 25 de abril de 1987 contra la Casa del Pueblo de Portugalete, que fue atacada con cócteles molotov. La noche del atentado se encontraba tomando un vino con un amigo en la Casa del Pueblo de Portugalete. Uno de los cócteles molotov lanzados al interior de la sede socialista le explotó junto a los pies, prendiéndole fuego en la ropa.

Igual que Maite Torrano Francia, que falleció tres días después, Félix sufrió gravísimas quemaduras en el 50% de su cuerpo. Además, tenía quemaduras internas como consecuencia de la inhalación del humo provocado por el incendio.

Se mantuvo durante varios días en estado muy grave en el Hospital de Cruces de Baracaldo. Tras experimentar una ligera mejoría en su gravísimo estado, los médicos se animaron a intervenirle para efectuarle injertos en el 14% de su superficie corporal el mismo día 5 de mayo. Al final de la operación sus constantes eran estables, pero falleció a las 14:45 horas.

La capilla ardiente con los restos mortales de Félix Peña quedó instalada al día siguiente, 6 de mayo, en la sede socialista de Portugalete.

El ataque a la Casa del Pueblo de Portugalete fue cometido por un grupo de terroristas callejeros, autodenominado Mendeku, considerado en medios de la Seguridad del Estado como una organización que hace "los trabajos sucios a Herri Batasuna". Cinco de los integrantes del Colectivo Mendeku fueron condenados en 1991 a 20 años de reclusión menor. Fueron José Antonio Basterra Urrutia, Carlos Ciriaco Lázaro, Miguel Ángel Guerra Falcón, José Andrés Uribarrena Ochoa y José Manuel Vázquez Centeno. Jesús López Santa Coloma, que entonces tenía 17 años, fue condenado a 12 años de prisión menor. Un séptimo participante, Aitor Calvo Barreras, fue puesto a disposición del Tribunal Tutelar de Menores y absuelto posteriormente.

En 2003 el Ayuntamiento de Portugalete rindió homenaje a las víctimas de este atentado terrorista con motivo del aniversario de la muerte de María Teresa y Félix. Asistieron los hijos de Maite, Saoia e Iván, y una hermana de Félix, que depositaron dos ramos de flores a los pies del camelio del parque Ellacuría de la localidad vizcaína.

Félix Peña Mazagatos tenía 55 años y era natural de Portugalete (Vizcaya). Estaba soltero y afiliado a UGT. Trabajaba en la Factoría La Naval, de Astilleros Españoles, en Sestao. Tras su muerte, la UGT emitió un comunicado público en el que volvía a calificar el atentado como "salvaje". Los familiares de Félix Peña se mostraron de acuerdo con el secretario general de los socialistas vizcaínos, Ricardo García Damborenea, en que "los jueces no castigan a los culpables como es debido".

ETA asesina a dos policías y a la mujer de uno de ellos, embarazada de siete meses

4 de Mayo de 2011 - 09:10:02 - M.J. Grech

El 4 de mayo de 1983 la banda terrorista ETA intentó secuestrar al teniente de la Policía Nacional JULIO SEGARRA BLANCO con el objetivo de canjearlo por presos de la banda. Para ello robaron un coche a punta de pistola y se introdujeron en el interior de un garaje situado en la plaza del Carmelo del barrio de Santuchu en Bilbao. Ahí sorprendieron los terroristas al policía, que bajó en torno a las 8:00 horas a recoger su automóvil para trasladarse al cuartel de Basauri. Lo ataron de pies y manos con alambres y lo amordazaron con esparadrapo.

Cuando estaban a punto de meterlo en el maletero de un vehículo, entraron en el garaje PEDRO BARQUERO GONZÁLEZ, cabo de la Policía Nacional, y su mujer, MARÍA DOLORES LEDO GARCÍA, embarazada de casi siete meses. Pedro sacó su arma, pero los terroristas se adelantaron y dispararon contra el policía y su mujer. A continuación, hicieron lo mismo con Julio, que estaba atado y amordazado. El triple asesinato se produjo cuatro días antes de las elecciones municipales.

Julio y Pedro, destinados en el acuartelamiento de Basauri, solían ir juntos a trabajar en el coche del primero. Aquel día Pedro libraba y tenía previsto acompañar a su mujer, en avanzado estado de gestación, al ginecólogo.

Dentro del garaje la escena era terrorífica. Julio Segarra muerto, amordazado y atado de pies y manos, y a unos cinco metros, en medio de sendos charcos de sangre, los cuerpos sin vida de Pedro Barquero y María Dolores Ledo. El cabo sostenía en la mano derecha su pistola reglamentaria, mientras ella yacía a su lado con un brazo recogido hacia el regazo y el otro extendido. En el lugar de los hechos se encontraron cinco casquillos 9 milímetros parabellum SF y cuatro de la marca Santa Bárbara.

La madre de María Dolores fue el primer familiar en llegar al lugar. Vivía con su marido, obrero de la empresa siderúrgica Echevarría, en el barrio de Arabella.

El triple asesinato provocó una fuerte conmoción en la sociedad vasca y en toda la clase política, que lo condenó unánimemente, con la excepción de Herri Batasuna. Felipe González, que se encontraba en la República Federal de Alemania, declaró que el atentado suponía "un incremento de la crueldad y la propia degeneración humana". Varios partidos suspendieron sus mítines de campaña en señal de duelo, y pararon muchos colegios públicos de EGB de Bilbao. El lehendakari, Carlos Garaikoetxea, señaló que el asesinato supone el contrapunto dramático de los momentos alegres que vive el pueblo vasco tras el triunfo del Athletic. "Esperemos que esto termine algún día. No se dan cuenta del espanto que significa para unas familias, esposas e hijos lo que está sucediendo". El delegado del Gobierno, Ramón Jáuregui, afirmó que los autores del atentado están llevando al País Vasco a la ruina e hizo un llamamiento al pueblo vasco para que condenasen los hechos y colaborasen con las Fuerzas de Seguridad del Estado en la detención de los terroristas. El PSOE señaló en un comunicado que se trata de una obra "inhumana y bestial del fanatismo e irracionalidad de los asesinos", mientras que Alianza Popular solicitó al Gobierno que "tomase las medidas necesarias para cortar esta plaga criminal y para cegar las fuentes que la nutren". Un portavoz de Euskadiko Ezkerra señaló que "mientras la mayoría nos empeñamos en construir Euskadi ladrillo a ladrillo, algunos se han empeñado en destruirlo a ladrillazos".

Por este atentado fueron condenados en 1995 Enrique Letona Viteri, alias Masillas, y José Félix Zabarte Jainaga, alias Juan Luis, a sendas penas de 29 años como autores de un delito de atentado con resultado de muerte, a 29 años por un delito de asesinato, en concurso ideal con uno de aborto, y a 17 años por un delito de homicidio.

El 8 de abril de 2011 se celebró un nuevo juicio por este atentado. En el banquillo se sentaron Juan Manuel Inciarte Gallardo, alias Jeremías, y Félix Ignacio Esparza Luri, alias Iñaki. 

Inciarte Gallardo negó su participación en los hechos, alegando encontrarse en esos momentos trabajando en un mercado de Managua (Nicaragua) de donde sólo regresó a mediados de los 80 cuando su madre enfermó. Esparza Luri aseguró ante el juez que podía  acreditar documentalmente dónde estaba, porque registró en esas fechas la petición de "asilo político" en el País Vasco francés por "la fuerte represión policial y las torturas cometidas" en España.

En la vista declararon dos policías que han contado cómo el ya condenado Letona Viteri se enfrentó al "dilema moral" de haber asesinado a una mujer a punto de dar a luz. Los testigos relataron que, según contó Letona en el interrogatorio, tras los crímenes se desató "una fuerte discusión" entre él y Esparza Luri. Letona se había mostrado dispuesto a "cumplir, y pegar un tiro en la nuca al teniente", pero "no encontraba ningún sentido a matar a una mujer en muy avanzado estado de gestación, que además no suponía ningún peligro" para Esparza Luri. Después de la "ejecución" de Maria Dolores Ledo, que el etarra calificó de "salvajada", Letona admitió que había abandonado las filas terroristas. El representante del Ministerio Público pidió a la Sala que valorase este testimonio que da cuenta de cómo Esparza Luri "remata de forma absolutamente innecesaria y gratuita" a la mujer embarazada. En su declaración el 8 de abril, sin embargo, Letona Viteri negó la participación de Inciarte Gallardo y Esparza Luri en el atentado.

En la vista también declaró un testigo de los hechos. Según explicó al tribunal, aquel día entró en el garaje de la plaza del Carmelo de Bilbao donde aparcaba su coche. El testigo protegido notó "una cierta oscuridad que no era la de todos los días" y escuchó lo que le pareció "un sollozo, un lamento". Al girarse, pudo ver al cabo de la Policía Nacional Pedro Barquero González y a su esposa, María Dolores Ledo García. Ya en el coche, dio marcha atrás y enseguida reconoció los "destellos" de varios tiros. Pudo observar por el espejo retrovisor a uno de los pistoleros empuñando un arma y disparando a "una distancia corta" a los cuerpos del cabo y de su mujer. Según explicó, uno de los asesinos estaba agachado y "estaba rematando" a las víctimas. "Me puse a cien, salí temblando de allí", indicó el testigo, que añadió que cuando salió del turismo uno de los terroristas le enseñó una placa de Policía.

El 4 de mayo de 2011, el mismo día que se produjo el asesinato de Julio, Pedro y María Dolores, pero veintiocho años después, la Audiencia Nacional condenó a 85 años de prisión a Esparza Luri por el triple asesinato. Juan Manuel Inciarte Gallardo fue absuelto del asesinato de uno de los agentes y del de María Dolores, por lo que sólo ha sido condenado a 39 años de prisión.

Julio Segarra Blanco era de Cabanillas del Campo (Guadalajara) y tenía 50 años. Estaba casado con la bilbaína María Nieves Echevarría y tenía tres hijos: los dos mayores de 14 y 13 años, y el pequeño que había nacido una semana antes. Llevaba en Bilbao desde 1966. En el momento de su asesinato estaba destinado en la Segunda Compañía Móvil del acuartelamiento de Basauri.

 

Pedro Barquero González tenía 30 años. Era de Alcalá del Valle (Cádiz). Se había casado hacía siete meses con María Dolores Ledo García, de 25 años y natural de Baracaldo, que impartía clases a alumnos de tercero de EGB en el colegio Zumalacárregui del barrio de Arabella.

María Dolores Ledo era la cuarta mujer asesinada por el hecho de encontrarse en compañía de policías y guardias civiles, o personas confundidas con policías por la banda terrorista. El 6 de enero de 1979, Hortensia González Ruiz, de 20 años, era asesinada en Beasain cuando viajaba en un automóvil en compañía de su novio, el guardia civil Antonio Ramírez Gallardo, que también resultó muerto. El 22 de marzo de 1982, la banda terrorista ametrallaba brutalmente a un grupo de policías en el Rancho Chileno de Sestao. Con ellos estaba Cristina Mónica Illarmendi Ricci, que también resultó muerta. El 12 de febrero de 1983, Patricia Llanillo Borbolla, esposa del detective privado José Luis Alonso Álvarez, era asesinada en Tolosa cuando hacía compañía a su marido dentro de un coche. Patricia, igual que María Dolores, estaba embarazada.

ETA asesina a dos guardias civiles y a un mecánico por 'colaborar' con los GAL

3 de Mayo de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

A las nueve y media de la mañana del lunes 3 de mayo de 1976 el cabo primero de la Guardia Civil ANTONIO DE FRUTOS SUALDEA fallecía en Legazpia (Guipúzcoa) como consecuencia de las heridas provocadas por la explosión de un artefacto que alcanzó de lleno al vehículo en el que viajaba.

La ejecución del atentado incluyó la utilización, por parte de la banda terrorista, de una ikurriña como cebo. A primera hora de la mañana de ese día, un sargento y tres números de la Benemérita se dirigieron en un Seat de color azul hacia el embalse de Urtatxa, situado a unos dos kilómetros de Legazpia, en cuyo muro de contención, hacia la mitad del mismo, habían colocado una ikurriña. La bandera, de un metro ochenta centímetros, se encontraba atada a un mástil, y junto a ella había un paquete que se pensó que podría tratarse de un artefacto explosivo.

Una vez realizado el reconocimiento oportuno, cuatro miembros de la Guardia Civil se dirigieron en el coche hasta el cuartel de Legazpia donde informaron del hecho a sus superiores. En el mismo vehículo volvieron al embalse el cabo primero de la Guardia Civil Antonio de Frutos y otros dos guardias civiles. Mientras estaban en el embalse, informaron a Antonio de que sobre las cinco de la madrugada un artefacto había destruido el coche de Antonio Triguero, gerente de un establecimiento hotelero.

Antonio ordenó a los dos guardias que permanecieran junto a la ikurriña para evitar que se acercara alguna persona a la misma y resultara herida por la bomba que estaba adosada a la misma, mientras él iba al cuartel para informar de la otra explosión. Llevaba apenas recorridos unos doscientos metros desde el lugar donde estaba situada la bandera, cuando su coche fue alcanzado de lleno por otro artefacto explosivo. El vehículo quedó completamente destrozado y Antonio falleció en el acto. Su cuerpo fue catapultado a más de diez metros del lugar de la explosión. "No me dejaron ver el cadáver. Me dijeron que estaba destrozado", contó su viuda a El País.

El lugar donde ocurrió la explosión era un camino en pendiente, que estaba sin asfaltar, por donde sólo podía pasar un vehículo. La bomba, compuesta por Goma-2, estaba colocada en un lateral del camino, a un metro de altura, y fue accionada desde un lugar próximo.

En la investigación posterior se halló un cable que llegaba hasta las proximidades de un caserío abandonado, situado a unos cien metros del lugar de la explosión, donde, muy posiblemente, fue conectado el artefacto por medio de un detonador de pilas. El paquete que se encontraba junto a la bandera fue explosionado poco después de forma controlada por la propia Guardia Civil.

Nada más producirse el atentado terrorista comenzó un gran despliegue de fuerzas por el monte para intentar detener a los autores, búsqueda que se reforzó con un helicóptero y con fuertes controles de carretera.

El 4 de mayo se instaló la capilla ardiente en el cuartel de la Guardia Civil de Legazpia y a las once de la mañana del miércoles 5 de mayo se celebró un funeral en Nuestra Señora de la Asunción de Legazpia, donde al final de la misma le fueron impuestas a Antonio las medallas del mérito policial y militar. Posteriormente su féretro fue trasladado a su localidad natal.

Antonio de Frutos Sualdea tenía 44 años. Era de Valtiendas (Segovia), estaba casado con María Martín Peña, y tenía tres hijas: María Jesús, Teresa y Antonia (Toñi), de doce, diez y siete años de edad respectivamente. Había ingresado en la Guardia Civil en 1963. Tras pasar por diversos destinos, en 1971 fue ascendido a cabo primero y destinado a Legazpia.

Su mujer y sus hijas se fueron a vivir a Madrid ocho días después del asesinato. Era algo que el matrimonio ya tenía pensado, pues Antonio había empezado a tener pánico desde que, en diciembre de 1975, los etarras pusieron una bomba en la garita del puesto del cuartel de Legazpia, bomba que pudo ser desactivada.

Con motivo del 25 aniversario del asesinato de Antonio, María declaraba a El País: "Nuestro mundo se desmoronaba. En horas, unos asesinos mandaban a mi marido bajo tierra, a mí me condenaban a la soledad, y a mis tres hijas, a un colegio de huérfanos. Ni siquiera me quedaba una pensión digna para tenerlas conmigo. Lo único que le pido a Dios es que toda esa gentuza de ETA esté en la cárcel hasta que se pudra. Porque a nosotras nos han destrozado la vida".

La vida para María y sus tres niñas fue muy dura. Durante los primeros tiempos la hija pequeña dormía abrazada a su madre: "no pegaba ojo, y cuando intentaba darme la vuelta, ella me agarraba más fuerte. Yo pensaba: ésta, pobre... qué angustia tendrá. Pensará: si se han llevado a mi padre, a mi madre no me la quitan".

La miserable pensión que le quedó a la viuda le obligó a ingresar a las niñas en el Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil de Valdemoro, dirigido por religiosas, donde estuvieron hasta finalizar los estudios, bien entrados los ochenta. "No me quedó más remedio. Fue la decisión más dolorosa de mi vida", dice la madre. A pesar de esa decisión tan dura para ella y sus hijas, las tres definen a María como una "Madre Coraje". Se sacó el carné de conducir con 40 años y empezó a hacer jerséis para sacar algún dinero extra. Los fines de semana, sacaba a las niñas del colegio de huérfanos e intentaban hacer vida normal.

La familia nunca ha sabido quién mató a Antonio. "Ni les odio ni les perdono, porque nunca me han pedido perdón. Sólo quiero que vayan de la cárcel a la tumba".

El 3 de mayo de 1984 ETA asesinaba en Oyarzun al mecánico ÁNGEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ. Su cadáver fue localizado, minutos después de las cuatro de la tarde, con dos tiros en la cabeza en una pista cercana a la carretera que conduce a la localidad.

Una persona había telefoneado hacia las 10:30 horas a Ángel requiriendo los servicios de la grúa. Se identificó como viajante de comercio e indicó que requería una reparación urgente para continuar su viaje. Ángel se dirigió hacia Ventas de Irún donde supuestamente se encontraba el vehículo que tenía que remolcar y reparar. Ahí le esperaban dos terroristas que, tras encañonarle, le obligaron a desplazarse a una zona menos transitada.

La mujer de Ángel, alarmada porque su marido no llegaba a comer, alertó a la Policía Municipal a las 15:30 horas. Media hora después, una patrulla de ese cuerpo localizó el cadáver de su marido dentro de su Land Rover. Presentaba dos orificios de bala: uno en la sien izquierda, con salida por la sien derecha, y otro a la altura del cuello con la bala alojada en su interior. En el lugar se encontraron dos casquillos marca Geco. Ángel no fue asesinado sobre la marcha, sino que fue secuestrado durante unas horas y sometido a un "interrogatorio" por parte de los terroristas.

En 1986 fueron condenados por el asesinato de Ángel dos miembros del grupo Otxobi de ETA: Francisco Barrenechea Varela e Ignacio Mendiburu Iturain. Las condenas fueron a 27 años de reclusión mayor como autores materiales. Barrenechea Varela, que llegó a acumular penas por 45 años de cárcel, sólo cumplió efectivamente ocho años, pues el 9 de abril de 1992 le fue concedido el tercer grado penitenciario. Mendiburu Iturain, por su parte, fue clasificado en tercer grado el 24 de enero de 1997 por enfermedad grave, cuando sólo había cumplido trece años de prisión.

Ángel Rodríguez Sánchez, de 42 años de edad, era natural de Villafranca de Barros (Badajoz), aunque residía en Irún desde 13 años antes de ser asesinado. Propietario de un taller mecánico y de una grúa, estaba casado con Rosa y tenía tres hijos de 15, 13 y 8 años. Tras el atentado, su esposa afirmó desconocer si Ángel Rodríguez había sido amenazado por la banda terrorista. Tres días después, el 6 de mayo, ETA reivindicó el asesinato y acusaba a Ángel de estar relacionado con los GAL, a los que, según la banda terrorista, proporcionó escondite de vehículos y armas.

A las 21:40 horas del sábado 3 de mayo de 1997 un terrorista entró a cara descubierta en la Marisquería El Puerto, en Ciérvana (Vizcaya), a 20 kilómetros de Bilbao. Tras gritar "¡Al suelo!" disparó un tiro en la nuca del guardia civil JOSÉ MANUEL GARCÍA FERNÁNDEZ, que en ese momento tomaba unas tapas en compañía de su esposa en la barra del restaurante. El terrorista huyó en un coche que le esperaba fuera con el motor en marcha y conducido por otro etarra. En cuestión de segundos, ambos desaparecieron del lugar en dirección a Santurce.

En el pequeño embarcadero la noticia se fue extendiendo poco a poco entre los restaurantes cercanos al del atentado, abarrotados de gente cenando tanto en su interior como en las terrazas, lo habitual en el Puerto de Ciérvana todos los sábados por la noche. Miembros de la Guardia Civil y la Ertzaintza acordonaron la zona y establecieron controles de identificación de decenas de coches particulares que, poco a poco, fueron abandonando el lugar. 

Al día siguiente se le realizó la autopsia a José Manuel en el Instituto Anatómico Forense del Hospital de Basurto y, a media mañana, se instaló la capilla ardiente en la sede del Gobierno Civil.

Tres días después, la banda etarra estuvo a punto de provocar una masacre en la base militar de Araca, en Vitoria. Varios terroristas secuestraron al que abastecía de pan al acuartelamiento y, utilizando su vehículo, accedieron al recinto con carnés de identidad falsos. Colocaron dos bombas y una de ellas llegó a estallar. No causó víctimas mortales a pesar de que en el lugar había decenas de personas, entre ellas niños de corta edad. El aviso de colocación no llegó con la suficiente antelación como para poder evacuar correctamente el recinto.

En 2001 la Audiencia Nacional condenó a Asier Uribarri Benito y a Lander Maruri Basagoiti a 16 años de prisión como cómplices del asesinato de José Manuel García. Asier Uribarri Benito, natural de Portugalete, tenía residencia en Calanda (Teruel) y trabajaba en la central térmica de Endesa en Andorra cuando fue detenido en enero de 1998. La información que recabaron se la dieron a miembros del grupo Donosti, autores materiales del asesinato. Dos de ellos, Salvador Gaztelumendi Gil, alias Andoni, y José Miguel Bustinza Yurrebaso, alias Iván, resultaron muertos en un enfrentamiento con la Guardia Civil el 23 de septiembre de 1997. El tercer etarra que participó en el atentado estaba fugado en el momento de la celebración del juicio en 2001.

José Manuel García Fernández llevaba quince años destinado en acuartelamientos del País Vasco. En el momento de su asesinato estaba destinado en el cuartel de Sanfuentes, en Gallarta, muy cerca de Ciérvana. El cuartel albergaba a once familias de guardias civiles que estaban muy integradas en el pueblo. Un agente comentó que él mismo llevaba a su hija "a la escuela, y sus compañeros saben que soy guardia civil. Aquí no tenemos problemas. Estamos consternados". Era de San Esteban de Cuani (Asturias). Tenía 43 años y estaba casado.

ETA asesina a tres guardias civiles y a un jubilado afiliado al Partido Comunista

2 de Mayo de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El miércoles 2 de mayo de 1979 ETA asesinaba en Villafranca de Ordicia (Guipúzcoa) a los guardias civiles ANTONIO PEÑA SOLÍS y JOSÉ MIGUEL MAESTRE RODRÍGUEZ.

A las once y media de la mañana, como hacían diariamente, Antonio y José Miguel se dirigieron a la estafeta de Correos para recoger la correspondencia del cuartel. Iban vestidos de paisano en un coche particular. Era miércoles, día de mercado en la localidad, lo que obligaba a los coches a circular muy despacio. Cuando el vehículo se encontraba en la calle Mayor, dos etarras le salieron al paso. Uno de ellos, con una metralleta, se colocó delante del turismo y disparó una primera ráfaga. Después disparó una segunda ráfaga desde el costado derecho. A continuación se montaron en un vehículo donde les esperaba un tercer terrorista y huyeron del lugar.

El coche utilizado por los etarras había sido robado a punta de pistola en Beasain a las ocho de la mañana. Al propietario lo dejaron maniatado con una cadena en el cementerio de la localidad. Un vecino oyó sus gritos pidiendo socorro y avisó a la Guardia Civil, que procedió a liberarle.

Antonio y José Miguel fueron trasladados a la Clínica de San Miguel en Beasain, donde ingresaron cadáveres. Tenían más de una docena de impactos de bala en el cuerpo.

Al día siguiente, jueves 3 de mayo, se celebró en el Hospital Militar de San Sebastián el funeral  por sus almas. A la ceremonia religiosa, que fue oficiada por el capellán castrense, asistieron los padres de ambos guardias civiles, así como el gobernador civil de Guipúzcoa, Antonio Oyarzabal, el presidente de la Diputación, Javier Cinzarna, y autoridades civiles y militares.

El mismo día el Ayuntamiento de Ordicia acordó expresar su profundo sentimiento de condena por el atentado perpetrado contra los guardias civiles. En la votación se abstuvieron los concejales de Euskadiko Ezkerra, mientras que los cuatro de Herri Batasuna abandonaron la sala.

Tras el funeral, compañeros de las víctimas llevaron a hombros los féretros, cubiertos por una bandera nacional, hasta el patio del hospital, donde se encontraban los furgones para trasladarlos hasta sus localidades natales.

Antonio Peña Solís era de Valor (Granada). Tenía 26 años y estaba soltero.






José Miguel Maestre Rodríguez tenía 27 años. Era de Arroche (Huelva) y estaba casado sin hijos.

 

 

 

A las diez menos cuarto de la mañana del domingo 2 de mayo de 1982 la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad vizcaína de Ondárroa al guardia civil PABLO FERNÁNDEZ RICO cuando custodiaba la casa cuartel de esa localidad vizcaína. Un terrorista se aproximó caminando y, cuando estuvo suficientemente cerca del guardia civil, le disparó tres tiros que le alcanzaron en el hombro, el brazo derecho y la región abdominal. En las inmediaciones del lugar del atentado la Guardia Civil encontró tres casquillos 9 milímetros parabellum marca FN Geco.

Pablo quedó recostado en el suelo, junto a un árbol, mortalmente herido. Trasladado en una ambulancia del cuerpo a la ciudad sanitaria de Cruces en Baracaldo, falleció cuando los médicos se preparaban para intervenirle quirúrgicamente.

Un comunicado de ETA militar había declarado "blancos privilegiados" los cuarteles, comisarías y casas cuartel. Los exteriores de esos edificios reforzaron su vigilancia en previsión de que se produjeran ataques con lanzagranadas. El guardia civil asesinado ejercía precisamente estas funciones de vigilancia cuando fue sorprendido y asesinado por la banda terrorista ETA.

El director de la Guardia Civil, teniente general Aramburu Topete, y el general jefe de la V Zona, el general Cereceda, se trasladaron por la tarde de ese mismo domingo 2 de mayo a Bilbao para asistir al funeral que se celebró al día siguiente en el Gobierno Civil de Vizcaya. Al funeral presidido por el ministro del Interior, Juan José Rosón, asistió su viuda, María Ángeles Carretero, que estaba embarazada de su tercer hijo. Posteriormente, el cadáver de Pablo fue trasladado a Badajoz por vía aérea, y de ahí fue llevado por carretera a Santa Marta de los Barros, localidad natal de su viuda donde fue enterrado.

Por este asesinato sólo fue condenado en 1984 José Ramón Larrinaga Celaya, alias Cristo, como encubridor de los autores materiales del asesinato, a 12 años de prisión mayor. De aquellos se sabe que pertenecían al grupo Gorrochategui de ETA, que en esa época lo formaban Larrinaga, Carmen Guisasola Solozábal, alias Lourdes, y José Francisco Rementería Barruetabeña, alias Patxi Rementería. El Gorrochategui actuó en las comarcas del Duranguesado y Guernica con ataques constantes a la Guardia Civil, hasta su desarticulación en 1983 con la detención de Larrinaga. Rementería fue uno de los deportados por Francia a Cabo Verde en 1989, tras el fracaso de las conversaciones de Argel y al no ser solicitada su extradición a España. Tras siete años en la isla, huyó a Cuba en enero de 1996 y de ahí se reintegró en la banda terrorista. En 1997, dentro del grupo Donosti, fue responsable de varios asesinatos, como el de los concejales del PP José Luis Caso y Miguel Ángel Blanco. Rementería falleció el 7 de agosto de 2000 al explotar el artefacto explosivo que transportaba en un coche con el que iban a cometer un atentado. Consecuencia de la explosión también murieron los etarras Ekain Ruiz Ibarguren, Zigor Aranbarri Garamendi y Urko Gerrikagoitia.

La viuda y la hermana de Pablo, Rosario, hicieron declaraciones al diario Hoy.es en abril de 2006. Reconocían que la situación de las víctimas había mejorado en los últimos años, pues ahora existía más apoyo y más reconocimiento social. "Antes morían como bichitos, y los enterraban sin ningún honor" expresaba gráficamente Rosario. María Ángeles declaró que ni perdonaba ni olvidaba: "No he educado a mis hijos en el rencor, pero no puedo perdonar", señalaba, al tiempo que mostraba su estupor porque las madres de los presos etarras se quejasen de que no podían ver a sus hijos más que una vez al mes y no se diesen cuenta de que los familiares de las víctimas de ETA ya no los van a ver nunca más. "Mis hijos ni siquiera han conocido a su padre".

Pablo Fernández Rico tenía 29 años y estaba casado con María Ángeles Carretero. Natural de Villar del Rey (Badajoz) tenía dos hijos, Pablo y José Ángel, de tres y un año. Su mujer estaba embarazada del tercero. Pertenecía a la 222 Comandancia de la Guardia Civil con sede en Badajoz. Era el séptimo hijo de una familia con ocho hermanos, cuyo padre también era guardia civil. Hacía ya algún tiempo había sido destinado, con carácter temporal, al cuartel de Ondárroa, perteneciente a la Comandancia de Vizcaya, para reforzar su vigilancia. Su hijo Pablo también se hizo guardia civil. Ingresó en el Instituto Armado y se casó en 2006 vistiendo el uniforme y el tricornio de gala de su padre. Tanto en Villar del Rey como en Santa Marta de los Barros hay sendas calles con el nombre del guardia civil asesinado. Su viuda tardó diecinueve años en recibir la indemnización como víctima del terrorismo.

En torno a las 16:00 horas de la tarde del 2 de mayo de 1986, dos miembros de ETA asesinaban en la calle Moraza de San Sebastián a ENRIQUE MORENO ARGUILEA. Se acababa de bajar del autobús en el barrio donostiarra de Amara y le dispararon un tiro en la nuca cuando se dirigía al Bar Esnaola a jugar una partida de cartas con varios amigos. A continuación, los terroristas huyeron a pie.

El cuerpo de Enrique quedó tendido en el paso de cebra en medio de un gran charco de sangre. Pasadas las 15:30 horas, el juez ordenó el levantamiento del cadáver. Una brigada de bomberos de San Sebastián limpió con una manguera los restos de sangre que habían quedado en el asfalto. En el lugar de los hechos, la Policía recogió dos casquillos de bala del calibre 9 milímetros SS parabellum.

María Moreno Arguilea, hermana de Enrique que residía en la misma calle donde se produjo el atentado, había pasado cinco minutos antes por el lugar de los hechos y vio a dos jóvenes que, según sus palabras, le dieron "mala espina". "Uno de ellos era bajito, y el otro, más alto y con gafas oscuras. Estaban apostados en la tienda de bisutería". María Moreno Arguilea se encontraba ya en su casa cuando una vecina le dio la noticia del atentado. "Sin saber quién era, bajé a la calle y estuve mirando. Como la calle estaba acordonada, pregunté a un policía si sabía el nombre de la persona que estaba tendida en el suelo. Cuando me dijo que se apellidaba Moreno, pensé que era uno de mis hermanos. Salté el cordón y le vi allí, en un gran charco de sangre".

Personas que conocían al fallecido coincidieron en señalar que no se sabía que tuviera vinculación política alguna en la actualidad. Su hermana María indicó que su muerte se ha debido a un error: "Ahora dirán que se han equivocado, después de que le han matado". Su hermano Joaquín, de 67 años de edad coincidió en que era una equivocación.

Efectivamente, unos días después ETA emitía un comunicado en el que admitía que se había equivocado de objetivo. En un comunicado dictado cinco días después a la redacción del diario Egin la banda asesina reconocía "su dramático error". ETA había confundido a un jubilado con un policía. Hasta en cuatro ocasiones habían intentado asesinarle, pero siempre falló algo.

El funeral por Enrique Moreno se celebró al día siguiente, 3 de mayo, por la mañana. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) condenó "con toda energía" el asesinato y, en el correspondiente comunicado, señaló que "este nuevo hecho de sangre viene a crispar aún más la situación social y política de Euskadi". El PNV añadió que "la vía de la negociación y del diálogo se debe consolidar para terminar con la violencia". Todos los partidos políticos vascos, excepto Herri Batasuna, condenaron el asesinato.

Por el atentado contra Enrique Moreno fueron condenados en 1987 Francisco Javier Sagarzazu Mendibe y Juan Andrés Urquizu Ormazábal a sendas penas de 29 años de reclusión mayor como autores materiales de un asesinato con premeditación y alevosía. Por la misma sentencia, fue condenado a 6 años de prisión mayor, por complicidad en el asesinato, Juan Francisco Franco Argibay.

Enrique Moreno Arguilea tenía 71 años y estaba jubilado. Enrique fue condenado a muerte por Franco por haber querido pasar en dos ocasiones durante la guerra civil del bando nacional al republicano. La pena fue conmutada gracias a la intervención de las monjas de las Escuelas de San José. Estaba afiliado al Partido Comunista de los Pueblos de España y era vocal de la Asociación de Jubilados de Amara. Había trabajado como dependiente de una tienda de zapatos, de cobrador de autobuses en la Compañía del Tranvía de San Sebastián y, antes de jubilarse, había sido viajante de comercio. Era natural de Pamplona, aunque residía en el barrio de Intxaurrondo de San Sebastián. Casado con Carmen Ortúzar, tenía tres hijos.

La campaña etarra contra el supuesto narcotráfico deja dos muertos más

1 de Mayo de 2011 - 09:10:01 - M.J. Grech

El 1 de mayo de 1980 JOSÉ OYAGA MARAÑÓN y JESÚS VIDAURRE OLLETA estuvieron tomando copas en el casco viejo de Pamplona. En torno a las tres de la madrugada charlaban en la plaza de San Francisco cuando se les acercaron tres desconocidos. Dos de ellos sacaron sus pistolas y les dispararon a quemarropa.

Los dos amigos quedaron tendidos en el suelo cerca de una hora, hasta que el juez ordenó el levantamiento de los cadáveres. Los forenses determinaron que habían fallecido a consecuencia de sendos tiros en la nuca.

El asesinato de José y Jesús hay que encuadrarlo en la campaña de ETA y Herri Batasuna contra el narcotráfico. La Mesa Nacional de HB había realizado una declaración pública quince días antes denunciando el tráfico de heroína en el País Vasco y pocos días después ETA había colocado una bomba en un pub de San Sebastián, al parecer por este motivo.

Dos días después de asesinar a José y Jesús, la banda terrorista difundió un comunicado en el que aseguraban que "nuestros esfuerzos se dirigirán a realizar ataques de advertencia sobre establecimientos de distribución y consumo de tales productos, así como a realizar ataques de eliminación física sobre miembros significados de este alienante y corrompido mundillo de la droga". Y a modo de justificación de porqué la banda tomaba la bandera de la lucha contra el mundo de la droga, en el mismo comunicado ETA definía estas sustancias como "un instrumento eficaz que sirve de arma complementaria a los diferentes aparatos de represión ideológica, política y económica, utilizados habitualmente por las clases dominantes contra los trabajadores vascos".

En esta "campaña" la banda terrorista se arrogaba, además, el derecho a acusar, juzgar y sentenciar. La misma táctica siniestra que utiliza contra los, según ellos, "enemigos del pueblo vasco", los confidentes o cualquier otro colectivo que, por el motivo que sea, molestan en el plan que tienen trazado para el País Vasco desde su nacimiento como banda asesina.

José Oyaga Marañón, de 49 años, era de la localidad navarra de Estella. Estaba casado y tenía tres hijos.






Jesús Vidaurre Olleta tenía 34 años. Estaba viudo y era padre de cuatro hijos.

 

 

 

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