Hace algunas semanas les decía que se me había caído un mito. Que viendo la histérica y violenta reacción de la progresía norteamericana a la elección de Donald Trump, mi opinión sobre el sistema político estadounidense había bajado varios enteros.

Y sin embargo, esta semana Estados Unidos nos ha vuelto a dar una lección de democracia. Nos ha vuelto a enseñar lo que significa la separación de poderes. Y los efectos benéficos de la misma.

Como ya saben ustedes, un juez federal del estado de Washington ha paralizado la orden presidencial sobre inmigración. El gobierno de Trump recurrió la paralización y la corte de apelaciones del Noveno Circuito, al que corresponde toda la Costa Oeste americana, ha rechazado el recurso, confirmando así la paralización temporal de la orden de Trump.

El juez no se ha pronunciado aún sobre si la medida de Trump es constitucional, inconstitucional o parcialmente constitucional. Pero por el momento, mientras decide sobre el fondo de la cuestión, la aplicación de la orden de inmigración de Trump se detiene.

¡No me digan que no es un bonito ejemplo de la separación de poderes en acción! Donald Trump puede ser en estos momentos el hombre más poderoso del mundo. Sin duda lo es. Pero el hombre más poderoso del mundo no tiene las manos libres para hacer lo que le venga en gana. Unos jueces federales pueden doblarle la mano y parar una iniciativa suya, si consideran que vulnera, o que puede vulnerar, derechos reconocidos en la Constitución. Porque la Constitución puede más que el propio presidente de los Estados Unidos.

Pero la limitación del poder ejecutivo no es la única ventaja de la separación de poderes. Esta semana nos ha dejado también un perfecto ejemplo de la influencia benéfica que la separación de poderes tiene para la propia estabilidad del sistema democrático. Me refiero al hecho de cómo se han serenado las aguas políticas en Estados Unidos casi como por ensalmo.

De repente, el nivel de crispación ha bajado de forma considerable, a raíz de la paralización impuesta por un juez federal. Veníamos de unas semanas en las que la progresía americana parecía haber enloquecido. Desde la elección de Trump, casi no ha habido un día en que los medios progres no sacaran alguna noticia falsa sobre Trump, o cuestionaran su legitimidad, o hicieran velados llamamientos a un golpe de estado. Y ha bastado con que los tribunales federales paralicen la orden de inmigración para que, de repente, todo el mundo parezca recuperar la cordura. Porque la paralización de la orden constituye una importante victoria parcial para los detractores de Trump, que con eso reciben el mensaje de que el sistema es lo suficientemente fuerte como para pararle los pies al nuevo presidente, sin necesidad de recurrir a procedimientos antidemocráticos. La izquierda americana se siente más segura y más fuerte. Y, por tanto, más serena.

Pero es que a Trump también le ha venido estupendamente la paralización de su orden de inmigración. Llevamos semanas viendo cómo algunos comparaban a Trump nada menos que con Hitler. Pero lejos de fusilar a los jueces que han paralizado su orden, o destituirlos, la reacción de Trump ha sido la única posible dentro de un sistema democrático como el americano: anunciar que planteará batalla judicial para que su orden de inmigración sea finalmente aprobada. Evidentemente, no puede haber mejor demostración de que Trump no es un Hitler, que ver cómo un puñado de jueces le enmiendan la plana.

¡Fíjense lo que da de sí una auténtica separación de poderes! Los perdedores de las elecciones saben que siguen pudiendo frenar al ganador a través de los tribunales, en caso de que se extralimite. Y el ganador sabe que esos frenos a su poder son la mejor garantía de sus propias credenciales democráticas, a ojos de los electores. Como consecuencia, la contienda política se serena y puede mantenerse dentro de los cauces de la racionalidad.

¿Y quiénes son esos jueces federales que tan importante papel van a jugar (van a seguir jugando) en los próximos años? Por resumir, hay tres escalones de tribunales federales: 94 tribunales de distrito que se agrupan en 11+1 circuitos federales de apelación; por encima de estos está el tercer y último escalón: el Tribunal Supremo. En total, son varios centenares de jueces federales que tienen como una de sus misiones controlar a los poderes ejecutivo y legislativo.

Tampoco se llamen ustedes a engaño: esos jueces federales no son profesionales del derecho puros y libres, sino personas con un perfil más bien político, que han ido siendo nombradas por los sucesivos presidentes americanos, con ratificación del Senado. De hecho, el propio Trump tiene que cubrir ahora más de 100 vacantes de juez federal. Por tanto, los partidos políticos americanos se reparten la Justicia federal un poco al modo de nuestros propios partidos, aquí en España. La diferencia (quizá no decisiva, pero sí importante) es que allí el puesto de juez federal es vitalicio: a un juez lo nombra el presidente americano, sí; pero una vez nombrado, sigue en su puesto hasta que se retira, se muere o lo ascienden, de modo que es mucho menos sensible a las presiones políticas coyunturales

Sea como sea, el caso es que esta semana hemos podido ver en acción uno de los principios fundamentales de la democracia: la separación de poderes que garantiza que ni siquiera el hombre más poderoso del mundo pueda extralimitarse en sus funciones.

La democracia, cuando la separación de poderes funciona, no siempre es garantía de tener un buen gobierno, pero al menos sí que limita enormemente los destrozos que cualquier gobernante pueda, voluntaria o involuntariamente, causar.