Editorial del programa Sin Complejos del sábado 23/6/2012:

Como ya saben Vds, el Tribunal Constitucional ha decidido esta semana legalizar Sortu, otra marca electoral más para el brazo político de ETA.

Permítanme, por ello, que haga un repaso de las peculiares andanzas del Tribunal Constitucional en estos últimos ocho años.

A principios de 2004, el Tribunal Constitucional estaba formado por 7 magistrados del sector conservador y 5 del sector progresista. Además, tocaba renovar 4 puestos - 2 ocupados por cada uno de los sectores - correspondiendo el nombramiento de 2 de los nuevos magistrados al gobierno popular de José María Aznar y los otros dos al Consejo General del Poder Judicial. Teniendo en cuenta que el CGPJ nombra siempre a un magistrado de cada sector y que el gobierno nombra a quien le da la gana, el efecto neto de aquella renovación habría sido sustituir a 2 conservadores y 2 progresistas por 1 progresista y 3 conservadores.

Si se hubiera hecho así, la primera legislatura de Zapatero se habría iniciado con un Tribunal Constitucional compuesto por 8 conservadores y 4 progresistas, mayoría suficiente para haber servido de contrapeso a un Partido Socialista completamente enloquecido.

Sin embargo, las cosas no sucedieron así, por una serie de curiosas, curiosísimas circunstancias.

Primer movimiento extraño

Sorprendentemente, el gobierno de Aznar, en lugar de proceder a la renovación del Tribunal Constitucional a principios de 2004, decidió aplazarla hasta después de las elecciones del 14 de marzo. El propio Aznar me confirmó en una ocasión que ese retraso se produjo por decisión del entonces ministro de Justicia, José María Michavila.

Como ya saben Vds, tres días antes de las elecciones se produjo el atentado del 11-M, con la posterior victoria del Partido Socialista en las urnas, encabezado por Zapatero.

El gobierno del PP podía, de todos modos, haber procedido a renovar el Tribunal Constitucional después de las elecciones, mientras estaba todavía en funciones, porque la Ley lo autoriza y porque ya existía el precedente de unos nombramientos similares efectuados por un gobierno de Felipe González en funciones. Sin embargo, sorprendentemente, tampoco lo hizo.

Con lo cual, una de las primeras medidas del nuevo gobierno de Zapatero fue proceder a efectuar esos nombramientos que el gobierno de Aznar no había realizado. Y el resultado fue que se sustituyó a 2 conservadores y 2 progresistas por 3 progresistas y un conservador.

De modo que, en lugar de iniciar la primera legislatura de Zapatero con una mayoría de 8 a 4 en favor de los conservadores, la legislatura se inició con un empate a 6 entre los dos sectores del Tribunal Constitucional.

Segundo movimiento extraño

A pesar de todo, aún existía la posibilidad de conformar una mayoría conservadora en el tribunal. Dado que había empate entre los dos sectores, era el voto de calidad del presidente del tribunal el que iba a dirimir todas las cuestiones peliagudas. Y para la presidencia optaban Vicente Conde por el sector conservador y María Emilia Casas por el progresista. Obviamente, el resultado de la elección sería un empate, dada la correlación de fuerzas, pero como Vicente Conde era de más edad, le hubiera correspondido a él la presidencia y, por tanto, el voto de calidad hubiera sido para el sector conservador en todas las votaciones futuras.

Sin embargo, y aquí viene lo sorprendente, dos de los magistrados del sector conservador (Jorge Rodríguez Zapata y Roberto García Calvo) rompieron la disciplina de voto, permitiendo que fuera elegida presidenta María Emilia Casas, la candidata de Zapatero.

Es decir, que lo que podía haber sido un tribunal con una cómoda mayoría conservadora, se entregó en bandeja, mediante una cascada de decisiones inexplicables, al Partido Socialista y a los nacionalistas.

Tercera decisión inexplicable

A partir de ahí, el denominado sector progresista tenía la mayoría asegurada. Sin embargo, era una mayoría precaria: bastaría con que cualquiera de sus seis miembros decidiera romper la disciplina de voto para que el sector progresista perdiera una votación.

Pero sorprendentemente, en los años siguientes, cada vez que el sector progresista se veía en un apuro, alguien del sector conservador volvía a salir en su auxilio.

Por ejemplo, en abril de 2008 el Tribunal Constitucional se vio obligado a decidir sobre la prórroga del mandato de María Emilia Casas, prórroga concedida por el PSOE y completamente inconstitucional. Como la propia María Emilia Casas no podía votar sobre un asunto que le afectaba a ella misma, los mismos dos magistrados conservadores que habían conseguido que fuera elegida presidenta hicieron una jugada para ser recusados, con lo que el mandato de María Emilia Casas se prorrogó.

Cuarta decisión inexplicable

En julio de 2010 volvía a producirse otra situación parecida. Roberto García Calvo, uno de los magistrados del Constitucional, había fallecido en mayo de 2008, con lo que la correlación de fuerzas había pasado a ser de 6 a 5 a favor del sector progresista.

Sin embargo, a la hora de aprobar el estatuto catalán, uno de los magistrados progresistas fue recusado, con lo que volvía a haber un empate entre los dos sectores. Para aprobar la infame sentencia redactada por Elisa Pérez Vera hubiera hecho falta que María Emilia Casas recurriera a su voto de calidad como presidenta, lo que hubiera dejado a la sentencia en mal lugar.

Pero hete aquí que otro de los magistrados del sector conservador, Guillermo Jiménez, votó a favor de la sentencia del estatuto catalán, que fue aprobado por el Tribunal Constitucional con aquel infumable apaño que ni siquiera eliminaba el término "nación" del preámbulo del estatuto.

Quinta decisión inexplicable

Ese mismo mes de julio de 2010 se producía en el Tribunal Constitucional otra votación de enorme importancia: la relativa a la suspensión cautelar de la Ley del Aborto.

En esa ocasión, un magistrado del sector progresista, Eugeni Gay, se había decantado por que se suspendiera la Ley del Aborto, lo que dejaba la correlación de fuerzas en 6 votos a favor de la suspensión y 5 en contra.

Pero de nuevo, sorprendentemente, otro magistrado del sector conservador - esta vez Vicente Conde - rompió también la disciplina de voto, se alineó con el sector progresista e impidió que la Ley del Aborto fuera suspendida.

Sexta decisión inexplicable

Y llegamos con eso al asunto de la legalización de Bildu y Sortu.

A finales de 2010, la correlación de fuerzas en el Tribunal Constitucional era, como decimos, de 6 a 5 a favor de los llamados progresistas.

Pero hete aquí que uno de los miembros de ese sector progresista, Manuel Aragón, no era partidario de legalizar Bildu, lo que invertía la relación de fuerzas en ese tema concreto. Con esa composición del tribunal, legalizar Bildu hubiera sido imposible.

¿Quién salió entonces en auxilio de los partidarios de legalizar Bildu? Pues nuestro querido Mariano Rajoy, que en octubre de 2010 decidió desbloquear de repente las negociaciones para la renovación de los cuatro puestos del Tribunal Constitucional que tenía que nombrar el Senado. Esa renovación llevaba paralizada años, pero repentinamente Rajoy acordó con Zapatero desbloquearla y, como resultado, se sustituyó a tres magistrados conservadores y uno progresista por dos progresistas y dos conservadores.

Gracias a ese regalo de Rajoy, el tribunal pasó a estar formado por 7 magistrados progresistas y 4 conservadores. Y, para el caso concreto de la legalización de Bildu, los partidarios de la legalización pasaron a ser 6, frente a 5 contrarios a la misma (los cuatro conservadores, más el magistrado progresista díscolo Manuel Aragón).

Y de ese modo, Bildu pudo ser legalizada seis meses después y presentarse a las elecciones municipales. Y ahora, esa misma mayoría ha legalizado Sortu, otra marca electoral del brazo político de los mismos asesinos de siempre.

Esta es la narración simple de los hechos. A partir de ahí, saquen Vds sus propias conclusiones. A mi solo se me ocurren dos posibilidades: o los dirigentes del PP y los magistrados del Constitucional nombrados por el PP están aquejados de una infinita estupidez, digna del libro Guiness de los récords, o aquí hay algunas personas, tanto en el PSOE como en el PP, que han hecho, y siguen haciendo, un enorme esfuerzo para que el Tribunal Constitucional pueda ir santificando, con sus pronunciamientos, el cambio de régimen que los españoles venimos sufriendo desde el atentado del 11 de marzo de 2004.