Permítanme que les lea una noticia de hace once años. Dice así:

La semana pasada saltó a la prensa australiana un escándalo que ha conmocionado al país, al descubrirse que las cuatro mayores compañías eléctricas tenían constituido un auténtico cártel para el control del mercado bursátil.

Las primeras investigaciones han permitido revelar que ese grupo de empresas se dedicaba a elaborar informes manipulados sobre las perspectivas de beneficio de los miembros del grupo, con el fin de inducir a los inversores a comprar sus acciones.

Asimismo, el cártel tenía a sueldo a analistas económicos supuestamente independientes, que avalaban esos informes manipulados, recomendaban sistemáticamente la inversión en las empresas del grupo y desaconsejaban comprar acciones de las empresas no pertenecientes al cártel.

El resultado no era otro que bloquear el acceso de las empresas eléctricas más pequeñas a la financiación de los mercados, imposibilitándoles el competir en igualdad de condiciones con los miembros del cártel, que así mantenían su posición de cuasi-monopolio dentro del mercado de la generación y distribución eléctricas.

Se trata, como pueden ver ustedes, de una conducta criminal de libro: manipular el precio de las acciones con informes falsos y con la compra de analistas financieros, es un delito penado en la legislación de casi todos los países avanzados. En España, por ejemplo, ese delito está contemplado en el Art. 284 del Codigo Penal.

Y la razón de que esa manipulación sea delictiva es que con ella se pervierten las normas del libre mercado, impidiendo a los inversores tener información cierta y fiable con la que manejar su dinero. Se trata, en definitiva, de una estafa, de un timo. Más sofisticado que el tocomocho, pero timo al fin y al cabo.

En realidad, déjenme que les confiese que no es verdad lo que les acabo de contar. No hubo en Australia hace once años ningún escándalo bursátil, ni las empresas eléctricas de aquel país se dedican a manipular los precios de las acciones. Pero he querido ponerles un ejemplo, para pedirles que hagamos un ejercicio. Vamos a sustituir "empresa" por "partido", "informes de beneficios" por "encuestas", "inversión" por "voto" y así sucesivamente. Y vamos después a leer de nuevo esa supuesta "noticia". Ahora diría así:

La semana pasada saltó a la prensa australiana un escándalo que ha conmocionado al país, al descubrirse que los cuatro mayores partidos políticos tenían constituido un auténtico cártel para el control del sistema político.

Las primeras investigaciones han permitido revelar que ese grupo de partidos se dedicaba a elaborar encuestas electorales manipuladas, con el fin de inducir a los votantes a optar por los partidos pertenecientes al cártel.

Asimismo, el cártel tenía a sueldo a analistas políticos supuestamente independientes, que avalaban esas encuestas manipuladas, recomendaban sistemáticamente votar a los partidos en cuestión y desaconsejaban votar a los partidos no pertenecientes al cártel.

El resultado no era otro que bloquear el acceso de los partidos más pequeños al parlamento, imposibilitándoles el competir en igualdad de condiciones con los miembros del cártel, que así mantenían su posición de cuasi-monopolio del poder.

Estos párrafos que acabo de leerles constituyen una conducta no menos criminal que el ejemplo hipotético anterior referido a la bolsa. Con una diferencia: esta otra conducta criminal, consistente en manipular de forma descarada el mercado político, no está penada por la ley.

Si yo falsifico un informe sobre las perspectivas de beneficio de las empresas, puedo ir la cárcel. Pero si manipulo una encuesta electoral, no. Si los directivos de cuatro empresas se compinchan para dificultar las actividades de sus competidores, pueden ir a la cárcel. Si cuatro dirigentes de partidos políticos hacen lo mismo, no. Si un consejero delegado compra a un analista bursátil para que induzca a error a los inversores, pueden ir a la cárcel el analista y el consejero. Si el líder de un partido compra a un periodista para que induzca a error a los votantes, no va a la cárcel ninguno de los dos. Si una serie de personas sin escrúpulos se juramentan para estafar a los inversores, van a la cárcel. Si se juramentan para estafar a los electores, no.

La diferencia es ciertamente llamativa. Y más si tenemos en cuenta que manipular el mercado electoral es infinitamente más grave que manipular el mercado bursátil. Una estafa electoral tiene consecuencias de alcance mucho mayor que una estafa bursátil.

Yo me pregunto, ¿por qué se castiga lo segundo y se tolera lo primero?

Para terminar el ejercicio, permítanme que les plantee una pregunta retórica: ¿creen ustedes que el mercado electoral español está manipulado?