¿Quién es el que decide qué imágenes podemos ver los españoles y cuáles no? Hoy, diversos periódicos se descuelgan con la noticia, que supongo que habrá sido filtrada desde instancias oficiales, de que existe un vídeo de AENA donde puede verse la secuencia de despegue del avión siniestrado en Barajas y en el que se comprueba cómo el avión comienza a elevarse, pierde fuerza, se escora a la derecha y termina impactando contra el suelo e incendiándose. Según ese vídeo, no se aprecia ningún tipo de explosión ni llamarada en los motores mientras el avión está en el aire. Algunos medios de comunicación afirman que ese vídeo habría sido mostrado a Zapatero en una de las reuniones del gabinete de crisis creado para coordinar la respuesta a la tragedia.

Repito la pregunta inicial, con otra formulación: ¿por qué ese vídeo no se ha hecho público? ¿Por qué no se han mostrado a los españoles, inmediatamente después del accidente, las imágenes de AENA? ¿En virtud de qué principio puede el señor Zapatero ver en pase privado un vídeo del despegue que se le hurta a los propios familiares de las víctimas? ¿Quién es el que decide cuánto y cuándo podemos ver los españoles?

Si existe un vídeo oficial con las imágenes del despegue, ese vídeo hubiera debido ser distribuido a los medios de comunicación nacionales e internacionales con carácter inmediato, porque de esa manera sabríamos todos qué es exactamente lo que pasó y los medios de comunicación, los ciudadanos y en especial las familias de las víctimas se habrían ahorrado especulaciones que a nada conducen y que lo único que hacen es ensombrecer en un mar de ruido y confusión el análisis del accidente. Y sabiendo con precisión lo que pasó podríamos concentrarnos todos en tratar de averiguar por qué pasó.

Ese reflejo inicial de las instancias oficiales, consistente en ocultar de entrada la información, para luego ver si se proporciona o no se proporciona a los ciudadanos, es un síntoma de que algo no funciona en nuestra democracia. Porque la información es propiedad de los ciudadanos, no de los poderes públicos. Ninguna instancia oficial tiene derecho legal a hurtar a los ciudadanos información. Sólo en el caso de que un juez viera en peligro la investigación de un delito por difundirse una determinada información se podría ocultar a la opinión pública algún dato. Y ese no es el caso, evidentemente, en lo que a la secuencia de despegue del avión se refiere, cuya difusión en nada puede entorpecer las investigaciones que los jueces quieran realizar.

Admitir que se puedan secuestrar de entrada las imágenes de los momentos previos a una catástrofe, para luego dosificarlas o no cuando el Gobierno lo decida, equivale a dar por bueno que es el Gobierno el propietario de esa información y que a él le corresponde determinar si los españoles somos lo suficientemente adultos para conocer o no de algún tema. Y equivale también, como consecuencia, a admitir que en determinados casos podemos llegar a no conocer nunca determinadas informaciones vitales.

¿Nos dejarán alguna vez de tratar a los españoles como si fuéramos menores de edad? Tal vez cuando los medios de comunicación aprendan a no consentir que se les hurte información por parte de los poderes públicos sin ningún tipo de apoyatura legal. ¿Quién narices le ha autorizado a este Gobierno a clasificar la secuencia del despegue, aunque sólo sea durante unas horas, como "sólo para sus ojos"?