Si Rajoy tuviera una lámpara maravillosa, le pediría que los separatistas fueran capaces de ponerse de acuerdo y de elegir un presidente de la Generalidad que alejara de él, del propio Rajoy, el cáliz de gobernar Cataluña. Tendría que ser un personaje no afectado por causas judiciales y dispuesto a seguir tensando la cuerda de la independencia poco a poco, en vez de romperla. Volveríamos así al juego de "haz lo que quieras en Cataluña, menos proclamar la república, y yo miro para otro lado y te sigo financiando". El mismo juego que han venido practicando desde hace 40 años. El problema es que esos tiempos pasados no volverán, porque han cambiado las reglas del juego.

Y la imposibilidad de volver al statu quo anterior al 1 de octubre no radica en los separatistas. Si por ellos fuera, firmaban mañana mismo el aplazamiento de la independencia por 5 o 10 años, a cambio de seguir gobernando Cataluña, de que el Estado siga permitiendo que la ley se incumpla y de la cancelación de los procesos judiciales contra los líderes separatistas, casos de corrupción incluidos.

No. La imposibilidad de volver al estado de cosas anterior a la ruptura radica en el propio pueblo español, que de repente ha despertado de su letargo y se ha dado cuenta de que la tensión separatista no es ninguna enfermedad crónica que tengamos que sobrellevar con resignación, sino una simple infección a la que nuestros políticos matasanos no han querido aplicar los antibióticos legales existentes.

De repente, los españoles en general, y los catalanes no separatistas en particular, han visto que somos muchos los indignados, que somos muchos los ofendidos, que somos muchos los que hemos visto cercenados nuestros derechos por una panda de mangantes que no tienen ni media bofetada y a los que el estado central consiente, alimenta y financia sin que exista ninguna razón lógica para ello.

Si fuera por nuestra clase política, el conflicto se acabaría mañana. El conflicto, que no el problema. Y el conflicto se acabaría por el procedimiento de volver a sacrificar a los catalanes no nacionalistas. Pero nuestra clase política ha perdido el control de la situación y no está en su mano garantizar al separatismo la vuelta al pasado, precisamente porque los españoles han dicho que ya basta.

Y ese hartazgo de los españoles se manifiesta de muchas maneras y está forzando a los partidos a comportarse de formas que hubieran sido inimaginables hace solo unos meses. Véase, por ejemplo, la propia aplicación del 155. Hace medio año, ni PP, ni Ciudadanos, ni PSOE contemplaban ni por asomo su aplicación. Y es verdad que, al final, arrastrados por la opinión pública, se han visto forzados a simular que lo aplicaban, solo para convocar elecciones inmediatamente. Pero se ha roto un tabú. Y se ha visto que no pasa nada por aplicar ese artículo.

O tomemos el asunto de la enseñanza en español. Ayer, tres barones territoriales del PSOE reclamaban en el Comité Federal que se proteja el castellano en Cataluña frente a los ataques del separatismo. Por primera vez, se ha visualizado división en el seno de un partido que nunca había cuestionado la inmersión en catalán. ¿Hacen eso por convencimiento? No. Simplemente indica cuál es el estado de ánimo entre los electores de sus respectivas autonomías.

¿Qué decir de Ciudadanos, que intenta adaptar sus mensajes a las demandas de una sociedad totalmente harta y que ya no se conforma con burdos señuelos como el del trilingüismo?

Vox empieza a aparecer en las encuestas, con uno o dos escaños por Madrid. En Baleares surge Actúa Baleares, un nuevo partido a la derecha del PP, centrado en la libertad lingüística. En la izquierda, movimientos y partidos como UPyD, Plataforma Ahora o DCide estudian la posibilidad de converger para crear una izquierda nacional… Las encuestas, mientras tanto, muestran una volatilidad en el voto que abre una ventana de oportunidad para nuevas formaciones en las próximas elecciones europeas.

Todo está cogido con pinzas. Y nuestra actual clase política se enfrenta a la tarea de cómo desmovilizar a los españoles para poder volver a pactar con el separatismo unos cuantos años de aparente tranquilidad. Pero el tiempo pasa y la sociedad española no da muestras de estar por la labor de desmovilizarse.

Las pretensiones originales – ofrecer a los separatistas una nueva Constitución de corte confederal – se han ido al garete. No porque los separatistas no fueran a aceptar la componenda, sino porque quien ya no la aceptaría es el pueblo español. Las reglas del juego han cambiado.

¿Qué va a hacer entonces nuestra clase política? No lo saben ni ellos mismos. Algunos, más lúcidos, confiesan en privado que el modelo de consenso vigente desde 1978 ha muerto, y que quizá sea hora de poner fin a la concepción de que el nacionalismo es inevitable, de que hay que convivir con él. La Corona, desde luego, parece ir por esa vía. Pero tengo serias dudas de que PP y PSOE sean capaces de deshacerse de los vicios adquiridos durante tantas décadas. Siguen tratando de encontrar la forma de quitar de los balcones las banderas españolas.

Ciudadanos está siendo el más ágil a la hora de responder a la corriente de opinión pública, pero también tengo mis dudas de que Albert Rivera tenga la valentía suficiente como para cruzar las líneas rojas que se le marcaron cuando se le permitió ingresar en el selecto club del consenso.

De modo que nos enfrentamos a una situación muy abierta, donde puede pasar de todo.

Solo una cosa es segura: o los actuales partidos reforma el sistema en el sentido que los españoles demandan, en el sentido de poner fin al nacionalismo y a sus abusos, o serán los españoles los que reformen el sistema de partidos a través de las urnas.