El gobierno de Pedro Sánchez continúa adelante con su plan para que los inmigrantes ilegales puedan acceder a la sanidad pública "en igualdad de condiciones con los españoles". El pasado martes, la ministra de sanidad, Carmen Montón, presentaba un borrador de real decreto en este sentido a las comunidades autónomas.

Recordarán Vds. que el gobierno de Rajoy procedió en 2012 a prohibir a las comunidades autónomas que expidieran tarjetas sanitarias a inmigrantes ilegales, restringiendo la atención sanitaria para ellos a los casos de urgencia y de enfermedades contagiosas. De aquella restricción quedaron exentos las mujeres embarazadas y los niños, que sí podían recibir atención completa. Esa restricción decretada por Rajoy fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que rechazó el recurso, dictaminando que el gobierno de la nación es perfectamente competente para determinar a qué extranjeros alcanza la sanidad universal.

De salir adelante el plan de Pedro Sánchez, aquellas restricciones quedarían sin efecto y las comunidades autónomas podrían volver a expedir de nuevo tarjeta sanitaria a los inmigrantes ilegales. De acuerdo con el borrador, bastaría estar empadronado durante tres meses en cualquier ayuntamiento o con acreditar un "estado de vulnerabilidad", para tener automáticamente derecho a prestaciones sanitarias completas.

Con lo cual iríamos a una situación en la que los inmigrantes legales y los españoles quedarían discriminados frente a los inmigrantes ilegales: mientras que los primeros pagan impuestos (es decir, tienen obligaciones), los segundos están imposibilitados de pagarlos, precisamente por estar en España en situación irregular. Con lo cual estarían recibiendo los mismos servicios sin tener las mismas obligaciones de contribuir al mantenimiento de esos servicios.

Además de la injusticia que supone para con quienes pagan impuestos por estar en España en situación legal, la medida que prepara Pedro Sánchez presenta tres problemas:

En primer lugar, elevará de forma directa el coste de la atención en al menos unos 500 millones de euros anuales, que es lo que costaba la atención sanitaria a inmigrantes ilegales en 2012, cuando se procedió a restringir el acceso.

En segundo lugar, el decreto de 2012 no solo trataba de limitar la atención a inmigrantes ilegales, sino también cortar el turismo sanitario procedente de otros países de la Unión Europea, que nos costaba unos 1.000 millones de euros al año, de los que solo se recuperaba un 40%. Al no poner restricciones a la atención sanitaria a inmigrantes ilegales, tampoco podremos ponerla a partir de ahora a los ciudadanos procedentes de otros países europeos. Así que nuestra factura sanitaria se elevará en otros 600 millones de euros más.

Es decir, la factura total de la medida superará los 1000 millones de euros anuales. Permítanme una comparación demagógica, ya que aquí todos juegan a la demagogia: con ese dinero, se podría cancelar la hipoteca de 10.000 familias.

Pero el más llamativo, para mi, de los problemas que tiene la medida es el tercero: el plan de Sánchez de que las comunidades autónomas puedan dar la tarjeta sanitaria a inmigrantes ilegales equivale a reconocer que el Estado conoce la situación de ilegalidad de los solicitantes y, en lugar de poner fin a esa ilegalidad, les proporciona documentos públicos para el acceso a servicios. Es decir, continúa consintiendo que cientos de miles de seres humanos permanezcan en un limbo jurídico, residiendo en España, pero sin tener derecho a ello. Y no puede invocar el Estado desconocimiento de su situación, puesto que está dando a esas personas una tarjeta sanitaria.

Permítanme decirles lo que opino del tema: ofrecer servicios sanitarios completos a los inmigrantes ilegales no tiene sentido…porque carece de sentido que existan inmigrantes ilegales. Si una persona está en España en situación irregular, tienes dos opciones: o la legalizas o la expulsas. Pero no tiene ningún sentido, y de hecho me parece inhumano, mantener a esa persona en una situación continua de ilegalidad.

El propio Sánchez acaba de acordar con Francia y Alemania la creación de campos de internamiento para los inmigrantes ilegales que lleguen a nuestras costas. En esos campos, se procederá a determinar quiénes merecen la condición de refugiado (con lo que quedan legalizados de modo inmediato) y quiénes solo son inmigrantes económicos, los cuales serán devueltos a sus países de origen.

Si el propio Sánchez aboga por devolver a sus países de origen a los inmigrantes económicos que lleguen a partir de ahora, ¿por qué a los que ya han llegado quiere mantenerlos en un limbo jurídico perpetuo, consintiendo que vivan en España en situación irregular? O los legaliza, con lo cual podrán contribuir con sus impuestos al sostenimiento de los servicios públicos, o los expulsa.

Pero otorgarles derechos sanitarios sin reclamarles, legalizándolos, que contribuyan al sostenimiento del sistema, constituye un cuádruple insulto: hacia los españoles; hacia los inmigrantes legales que sí pagan impuestos; hacia los inmigrantes ilegales que lleguen a partir de ahora, a los que no se consentirá que se queden en suelo europeo; y hacia los propios inmigrantes ilegales beneficiarios de la medida, a los que se dotará de tarjeta sanitaria, pero que seguirán siendo parias a efectos jurídicos con el consentimiento del Estado.