El 1 de octubre del año pasado, los separatistas lograron un gran éxito propagandístico al difundir por todo el mundo las imágenes de la policía nacional tratando de impedir a palos la votación en el referéndum ilegal convocado por Puigdemont.

En un estado de derecho, la fuerza es monopolio del estado. Y el estado no debe dudar en aplicarla cuando sea necesario, pero ese "cuando sea necesario" quiere decir que nunca debe aplicarse la fuerza a menos que sea estrictamente imprescindible. Dicho de otro modo: en un estado de derecho es inadmisible que el estado recurra a la fuerza si hay otras vías de solucionar el problema.

Llegados al 1 de octubre de 2017, probablemente en uso de la fuerza era inevitable, dada la determinación de los golpistas de desobedecer las órdenes judiciales. Pero es que no había ninguna necesidad de llegar a ese 1 de octubre.

El Estado podía, y debía, haber cortado mucho antes la deriva que condujo al 1 de octubre. El Estado podía, por ejemplo, haber aplicado el artículo 155 muchos meses antes, interviniendo la autonomía catalana. O podía haber detenido a Puigdemont y demás cabecillas del golpe semanas antes del 1 de octubre, por delito de sedición, en el mismo momento en que aprobaron leyes flagrantemente ilegales y convocaron ese referéndum.

Si hubo que recurrir a la fuerza el 1 de octubre es porque el gobierno de Rajoy no usó a tiempo las armas que el estado de derecho le proporcionaba para defender la legalidad constitucional. Lo cual significa que el gobierno de Rajoy recurrió a la fuerza de una manera inadmisible en un estado de derecho, porque había vías alternativas (y más eficaces) para evitar el delito y no se recurrió a ellas.

Y un año después asistimos al vergonzoso espectáculo de policías teniendo que sentarse en el banquillo de los acusados por cumplir con su cometido, que no era otro que obedecer las resoluciones judiciales que ordenaban impedir ese referéndum. Cuando los que se tendrían que sentar en el banquillo son esos políticos, empezando por Mariano Rajoy, que no cumplieron con su deber de impedir el delito y al final descargaron en la policía nacional toda su responsabilidad.

El próximo día 21 de diciembre, Pedro Sánchez amenaza con repetir la jugada de Rajoy, volviendo a recurrir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar en Barcelona la seguridad de la reunión del Consejo de Ministros.

Pedro Sánchez dispone, igual que disponía Rajoy, de los mecanismos legales suficientes para atajar la situación de abierta rebelión en que se encuentran, no Cataluña, sino las instituciones catalanas y los partidos que apoyan al gobierno catalán. Hace mucho que hubiera debido aplicar el artículo 155 para intervenir una Generalidad de Cataluña que sigue instalada en la desobediencia y en el golpe.

El propio hecho de que envíe policías y guardias civiles a Cataluña porque no se fía de los mozos de escuadra, indica que el gobierno español, cuando menos, tendría que haber tomado el control de una fuerza que tiene como cometido garantizar el orden público en Cataluña y que, a la vista está, no parece estar cumpliendo adecuadamente con ese cometido.

Enviando policías y guardias civiles a Cataluña, el gobierno de España constata que los mozos no están cumpliendo con su deber, pero no los interviene, con lo que quien está incumpliendo también con su deber es el propio gobierno de España.

Y de nuevo veremos a policías y guardias civiles teniendo que hacer el trabajo que no hacen unos mozos de escuadra que cobran más que ellos. Y de nuevo veremos a la policía nacional teniendo que protagonizar imágenes de represión, que los golpistas usarán, como siempre, para volver a desprestigiar a España en el terreno internacional. Y de nuevo se dará la imagen de que en España tenemos un insoluble conflicto territorial, cuando la realidad es que el supuesto conflicto es mantenido con respiración asistida por el propio gobierno español, que podría acabar con el teatro separatista con solo mover un dedo.

Pedro Sánchez, como Mariano Rajoy, tendría que sentarse en un banquillo por dejación de funciones. Porque un gobierno no solo es responsable de lo que hace, sino también de lo que deja de hacer. Y este gobierno, como el anterior, está renunciando a aplicar los muchos mecanismos de que dispone para atajar el problema antes de que sea necesario recurrir al uso de la fuerza.

No sé si Pedro Sánchez terminará respondiendo ante un juez por dejación de funciones. Debería hacerlo. En cualquier caso, donde ya ha empezado a responder es en las urnas. Y más que le haremos responder los ciudadanos por las innecesarias humillaciones a que nos somete.