Recuerda la periodista portuguesa Helena Matos, en el periódico Público de nuestro país vecino, un episodio que yo personalmente tenía olvidado y que quizá contribuye a arrojar un poco de luz sobre el penúltimo escándalo judicial relativo a la lucha antiterrorista: la excarcelación de la etarra Elena Beloki para someterse a un tratamiento de fertilidad.

El episodio al que me refiero, y que Helena Matos recuerda, es la entrevista que Elena Beloki y Joseba Alvarez, como representantes de Batasuna, mantuvieron en 1999 con el ex-presidente portugués Mario Soares, como parte de los esfuerzos del aparato político etarra por internacionalizar "el conflicto" y buscar un mediador fuera de nuestras fronteras para un eventual proceso de paz.

En efecto, el perfil de Elena Beloki no es el de un miembro de los comandos operativos de ETA. A mediados de la década de 1980, Beloki huyó a Francia y se incorporó al aparato político de la banda, a las órdenes de Josu Ternera. Fue detenida en 1989 y condenada en Francia a 5 años de prisión, por pertenencia a la organización terrorista, quedando en libertad en septiembre de 1992.

En julio de 1993, el gobierno socialista de Felipe González solicitó a Francia la entrega de Beloki por el procedimiento de urgencia y la etarra fue expulsada a España, donde quedaría en libertad, pasando a ser nombrada responsable de Xaki, el aparato de Relaciones Internacionales del entramado Batasuna/ETA.

En 1999, Beloki se entrevistaba, como decíamos, con Mario Soares, entrevista que constituyó todo un éxito político para Batasuna, ya que significaba establecer un canal de interlocución nada menos que con un ex-presidente de un país de la Unión Europea. Suponer que Mario Soares, socialista, accedió a reunirse con ellos sin el consentimiento del Partido Socialista Obrero Español quizá fuera una muestra de ingenuidad.

En enero de 2000 se ordenó la detención de Beloki como parte de la operación contra el aparato de relaciones internacionales de ETA. Elena Beloki huyó para eludir la detención y llegó a dar una rueda de prensa en Bruselas en marzo de 2000, junto a Arnaldo Otegui y al europarlamentario Koldo Gorostiaga, pero se entregó voluntariamente al mes siguiente en la Audiencia Nacional, siendo encarcelada por Garzón. Posteriormente quedaría en libertad, a la espera de juicio.

Fue condenada a 13 años de prisión en noviembre de 2007, en el juicio contra ese aparato de relaciones internacionales de ETA. Y ahora, nueve meses después, es puesta en libertad con una excusa completamente inverosímil: someterse a un tratamiento de fertilidad.

No es el único de los integrantes del aparato político de ETA que ha sido puesto en la calle por la Audiencia Nacional alegando razones inadmisibles: como informaba La Razón el pasado 5 de agosto, otros cuatro de los condenados el pasado noviembre (Pablo Diéguez, Javier Salutregui Juan Mari Mendizábal y Olatz Altuna) han sido también recientemente excarcelados, alegando problemas de salud como apneas del sueño, contracturas, dolores lumbares o depresión, a pesar de haber sido condenados a penas de entre 9 y 13 años de cárcel.

Estamos, pues, asistiendo a una puesta en libertad de varias de las personas que han jugado un papel, directo o indirecto, en anteriores intentos de poner en marcha "procesos de paz" auspiciados desde instancias internacionales, empezando por la responsable de ese aparato de relaciones, Elena Beloki.

¿Me llamarán ustedes mal pensado si me pregunto en voz alta si la puesta en libertad de Beloki tiene que ver con un proceso de negociación en marcha? ¿Acaso tiene encargada alguna nueva "misión de interlocución"? ¿Se ha interrumpido alguna vez, en realidad, la negociación con ETA?

Analizando lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos meses, los indicios no pueden ser más desalentadores. Buena parte de la actividad política ha ido dirigida a neutralizar a aquéllos que más resistencia han presentado al proceso de negociación en la pasada legislatura. Así, por ejemplo, el descabezamiento del PP vasco, con la defenestración de María San Gil, no puede interpretarse sino como un intento de apartar de la vida pública a ese sector del PP que más problemas podría poner a una nueva oficialización de los contactos con ETA. Como tampoco cabe interpretar de otra manera el intento de neutralizar a todas las organizaciones cívicas, empezando por el Foro de Ermua, contra quien se ha lanzado una operación de toma de control (momentáneamente abortada) a la que no sería ajena la cúpula del PP vasco que ha sustituido a la que encabezaba María San Gil.

También cabe analizar a la luz de una eventual reanudación del "proceso de paz" otros acontecimientos que han tenido lugar en los últimos meses, como el intento de acallar a quienes desde la Cope han estado denunciando la negociación con ETA; como la negativa a retirar la resolución parlamentaria que autoriza esa negociación o como el paripé montado en torno a ANV, que continúa disfrutando de los presupuestos municipales de numerosos ayuntamientos.

Recién celebradas las últimas elecciones, Rubalcaba hizo unas declaraciones en las que no pudo evitar deslizar un horizonte temporal muy concreto. "Vamos", dijo el ministro, "a un período de tensión de 18 meses". Eso situaría la reanudación oficial de las negociaciones en el último trimestre de 2009.

¿Son esos dieciocho meses el tiempo necesario para dinamitar todas aquellas organizaciones y movimientos que han conseguido abortar el intento anterior de negociación? ¿Son esos dieciocho meses de aparente "lucha contra ETA" el tiempo necesario para aplastar la Rebelión Cívica iniciada en la pasada legislatura y para conseguir que el nuevo PP, nacionalistamente simpático, apoye la nueva intentona?

Si eso fuera así, a quien se va a someter a un tratamiento de fertilidad no es a la etarra Beloki, sino a la sociedad española. Pretenden que el año que viene, probablemente después del verano, esa sociedad acabe por dar a luz un monstruo: ese monstruo que no consiguió culminar su gestación en la legislatura anterior y que se denomina "proceso de paz".