El de la legitimidad es un concepto profundamente estudiado y profundamente debatido. Y que al final sólo puede definirse de manera tautológica, es decir, perogrullesca: legítimo es aquello que la gente percibe como legítimo.

Como todos los conceptos que resultan difíciles de definir, el de legitimidad se comprende mejor recurriendo a los ejemplos: Felipe II era un rey legítimo, porque nadie discutía su derecho a ceñirse la corona.

Obsérvese que la legitimidad no tiene nada que ver con el origen de ese "derecho a ejercer el poder". Mientras que un Felipe II obtenía su legitimidad por razones hereditarias, los actuales gobiernos democráticos son percibidos como legítimos porque la gente los elige mediante votaciones periódicas. En el primer caso, la gente consideraba natural e incuestionable que la corona fuera transferida de padre a hijo. En el segundo caso, la gente considera natural e incuestionable que debe gobernar quien la mayoría prefiera. Al final, eso es la legitimidad: lo que la gente considere "natural e incuestionable" en cada momento histórico.

El concepto de legitimidad no se aplica sólo a quienes tienen la responsabilidad suprema de gobierno, sino a todo el sistema de gobierno en su conjunto. Así, cuando se produce un movimiento de resistencia a una dictadura, porque se ha producido una quiebra de la legitimidad, esa quiebra no afecta únicamente al dictador, sino a todas aquellas instituciones en torno a las cuales se estructura el sistema y a través de las cuales ejerce su poder. Por ejemplo, la Justicia.

Cuando el común de la gente percibe como legítimo un sistema de gobierno, ejerce una autocensura que hace casi siempre innecesaria la labor de coerción. En esos casos, el papel de la Justicia se reduce a dotar de solemnidad a las cosas que todo el mundo percibe de antemano como justas. Pero cuando la legitimidad se pierde, cuando el gobernado empieza a cuestionar los fundamentos ideológicos en los que descansa el "derecho a ejercer el poder" y se enfrenta al gobernante, la Justicia, como parte del sistema de ejercicio del poder, no tiene otro remedio que ejercer una labor cada vez más coactiva.

Y así, lo que comienza como una simple aplicación de castigos ejemplares al discrepante ocasional, termina convirtiéndose en una espiral de acción-represión-reacción que termina dando al traste con el sistema en su conjunto. Porque esa labor de castigo cada vez más frecuente no hace sino minar poco a poco la percepción de legitimidad del sistema y acaba por convencer al gobernado de que la Justicia está al servicio del mantenimiento de un poder injusto. De que la Justicia no es sino un mero apéndice del poder, encargado de reprimir al discrepante. Y esa auto-deslegitimación de la Justicia es el mejor síntoma de que un ciclo llega a su fin.

Porque quien sabe que su poder está seguro no tiene necesidad de reprimir. Por el contrario, si un poder se tambalea, es imposible reprimir a todo un pueblo cuando éste se da cuenta de que quien ejerce el poder no tiene derecho a ejercerlo. Es decir, cuando el pueblo se da cuenta de que el actual estado de cosas no es ni natural, ni incuestionable, y de que el poder está siendo ejercido ilegítimamente.

Y eso es lo que le sucede a la casta política que gobierna España actualmente: que hace mucho tiempo que perdió su derecho al ejercicio del poder.