Ya les dije, cuando los separatistas hicieron el ridículo y perdieron sus elecciones plebiscitarias, que los partidos supuestamente nacionales saldrían al rescate del separatismo más antes de que después. Y así fue.

El próximo martes estamos de aniversario, el de la Constitución de 1978. Y en vez de aprovechar ese cumpleaños para reivindicar la vigencia de nuestra Carta Magna y exigir su cumplimiento, todos esos partidos que fingen ser nacionales (PP, PSOE, Ciudadanos) andan reclamado reformas constitucionales para solventar lo que ellos llaman, maliciosamente, 'el problema catalán'.

No existe ningún problema catalán. Lo que existe es un intento de la clase política 'de Madrid' por usar el separatismo catalán, igual que se ha usado el vasco, para apuntalar y blindar el estado autonómico. Cataluña es el pretexto para introducir una reforma constitucional que garantice que nadie pueda, por ejemplo, volver nunca a centralizar competencias como la Sanidad y la Educación.

Pero el problema no es solo la ruina que supone para los ciudadanos de a pie ese estado autonómico, ni tampoco lo hiriente de que los españoles no gocemos de los mismos derechos y deberes en todo el territorio nacional. El verdadero problema es que, además, se está jugando con fuego, porque aunque una parte del separatismo (la antigua CIU, para entendernos) no tiene problemas en participar en el enjuague, hay otra parte del separatismo que no se conforma con una independencia de facto, sino que la quiere de iure. Y la reforma constitucional con la que tan irresponsablemente juegan PP, Ciudadanos y el PSOE, le pone en bandeja a esa parte del separatismo la manera de conseguir su objetivo.

Pasemos por alto el hecho de que pedir reformas constitucionales cuando la Constitución actual no se cumple, no tiene ningún sentido. ¿Para qué queremos una Constitución nueva? ¿Para no cumplirla tampoco?

Pasemos también por alto el hecho de que plantear reformas constitucionales en este preciso momento es regalarle la victoria moral a quienes están ejecutando un golpe de estado a cámara lenta: en vez de exigir el cumplimiento de la ley, se ofrecen negociaciones al delincuente.

Pasemos por alto todas esas cosas y supongamos (aunque sea mentira) que es la buena intención lo que anima a los partidos supuestamente nacionales a ofrecer una reforma constitucional. Habría entonces dos maneras de llevarla a cabo.

Se podría aprobar la reforma del Título VIII de la Constitución por la puerta de atrás, en las Cortes, sin someterla a referéndum de los españoles (porque el Título VIII de la Constitución no exige, aunque tampoco excluye, el referéndum). En ese caso, se estaría reformando la estructura territorial sin contar con los españoles en general, ni con los catalanes en particular. Sería una reforma efectuada por la casta política, sin refrendo popular. A un partido como ERC le bastaría con votar no a esa reforma en el Congreso para poder decir "esta Constitución es una Constitución impuesta y no la aceptamos". Y el hecho es que tendrían razón. Ahora mismo, con la Constitución de 1978, resulta fácil callar las bocas a los separatistas sin más que recordar que nuestra Constitución fue aprobada por abrumadora mayoría de los españoles, y que en Cataluña la Carta Magna obtuvo un porcentaje de votos favorables superior al que obtuvo en Madrid. Con una reforma constitucional impuesta sin refrendo popular, nuestra ley de leyes perdería esa legitimidad, en el mismo grado en que se legitimarían las demandas separatistas. Es decir, con esta alternativa se estaría blindando el estado autonómico al gusto de la casta política, pero al precio de regalar al separatismo una legitimación de la que ahora carece.

La otra alternativa es someter a referéndum la reforma del modelo territorial que aprobaran las Cortes. Y entonces el separatismo contaría con otra manera distinta de deslegitimar la Constitución. En caso de celebrarse mañana un referéndum de independencia, habría catalanes que votarían a favor, catalanes que votarían en contra y catalanes a los que les gustaría votar a favor, pero votarían en contra por miedo a las consecuencias prácticas de esa independencia. Pero si lo que se sometiera a referéndum es una reforma constitucional en toda España, el votar negativamente en Cataluña no llevaría aparejada ninguna consecuencia desfavorable inmediata, con lo cual muchos catalanes podrían darse el gusto de votar no a la reforma constitucional sin temor ninguno, y se correría el riesgo, prácticamente cierto, de que la reforma constitucional se aprobara en el conjunto de España, pero se rechazara en Cataluña (y en el País Vasco, por cierto).

Con lo cual pasaríamos de tener una Constitución de 1978 legitimada en toda España, a tener una constitución que en Cataluña, País Vasco y quizá otros lugares quedaría deslegitimada, por haber obtenido más votos negativos que positivos. De nuevo, eso sería regalar al separatismo una legitimación de la que ahora carece.

Creo que está bastante claro por qué digo que se está jugando con fuego. A corto plazo, está claro que con la reforma constitucional la casta política conseguiría blindar el estado autonómico y sus 17 agencias de colocación de mamandurrieros, pero a largo plazo sería una bomba de relojería que agravaría, en vez de aliviar, el problema del separatismo.

La pregunta es, entonces, por qué partidos como PP, PSOE y Ciudadanos están dispuestos a abrir la caja de Pandora. Y lo verdaderamente terrible es que la única respuesta lógica a esa pregunta es…que España les importa, en realidad, un comino. Se conforman con mantener en pie el chiringuito unos pocos años más.