Publica hoy La Vanguardia una encuesta que no me resisto a comentar.

1) Un tal Carles Castro nos cuenta que "un 81% de los catalanes defiende la inmersión". La elección del titular no es, por supuesto, inocente: en él va implícito el mensaje que se quiere transmitir: es una exigua minoría la que no defiende la inmersión.

En España, todos los partidos nacionalistas y regionalistas juntos no suman, no han sumado nunca, más del 15% del voto. Los abierta o encubiertamente separatistas no llegan, no han llegado nunca, al 10%. A pesar de lo cual, los españoles llevamos treinta años cediendo parcelas de soberanía y transigiendo con la pérdida de nuestros derechos en un intento de integrar, y satisfacer, a esa "exigua" minoría. Un 15% de la población española parece bastante para que los nacionalistas nos instalen a todos en un estado de perpetua reivindicación, de perpetuo victimismo. Pero para esos mismos nacionalistas, el que un 19% de los catalanes esté frontalmente en contra de la inmersión no justifica respetar el derecho básico de los padres a elegir la lengua de enseñanza de sus hijos.

2) Puestos a elegir titular, el firmante del artículo podía haberse fijado en otro dato de la encuesta, que da como de pasada, como si no tuviera importancia ninguna: "33% de los consultados considera que el sistema no se aplica de forma lo bastante flexible para evitar que haya alumnos que no puedan seguir con los estudios por falta de comprensión del catalán". Es decir, según la encuesta de La Vanguardia, uno de cada tres catalanes cree que el sistema afecta negativamente a la igualdad de oportunidades de los castellanohablantes. Es más, según la encuesta, uno de cada cuatro personas comprendidas entre los 18 y los 34 años de edad considera que "el sistema de inmersión margina al castellano".

Pero eso, para el articulista no son sino "reservas y matices". Yo creía que el sistema de enseñanza pública tenía como uno de sus objetivos principales, precisamente, promover la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos, independientemente de su extracción social, geográfica y económica. Pero debe de ser que para el articulista de La Vanguardia eso es solo un "matiz" y el verdadero objetivo de la educación pública es otro, quizá la construcción nacional, en el altar de la cual pueden sacrificarse los derechos de los individuos.

3) Aunque lo que más me llega al corazón es una frase en concreto del artículo: "[El proyecto de Wert] únicamente encuentra un apoyo relevante entre la minoría de personas con una escasa escolarización". Ni siquiera se molesta el articulista en cuantificar lo relevante que es ese apoyo, quizá porque piensa que el mensaje está suficientemente claro: eso de apoyar la enseñanza en castellano es de ignorantes y analfabetos. Por supuesto, el articulista no se da cuenta de que esa afirmación tiene una segunda lectura bastante curiosa: resulta que donde más relevante es el apoyo a la escolarización en castellano es, precisamente, entre las personas que más necesitarían dicha escolarización.

Independientemente de la fiabilidad de la encuesta (observarán Vds. que he optado por no entrar siquiera a cuestionar los datos), lo que de ella se desprende es que 1 de cada 3 catalanes cree que la inmersión es discriminatoria y 1 de cada 5 reclaman que el castellano sea lengua vehicular.

A pesar de lo cual, los nacionalistas seguirán con sus imposiciones lingüísticas, mostrando el mismo desprecio por la libertad y la igualdad de los catalanes que llevan 30 años practicando.