Publicaba Gabriel Moris esta semana un nuevo artículo, con el título "Aritmética para una democracia", en el que llama la atención sobre cómo nuestros actuales lodos (de todo tipo) provienen de aquellos polvos del 11-M, atentado cuya investigación por parte de los poderes públicos se ha impedido a toda costa, en aras de un consenso que hace mucho que ha conseguido pervertir la propia esencia de la democracia.

Manifestaba también Gabriel su pesimismo en cuanto a las posibilidades de regeneración de un sistema que después de las elecciones del 20-N continuará contando con los mismos protagonistas de ese consenso que antes.

Determinados pactos que hemos conocido en los últimos días (como por ejemplo el que permitirá a los ex-ministros socialistas volver a la carrera judicial, con la anuencia del PP) apuntan, precisamente, en la dirección que Gabriel señala, así que creo que no le faltan razones para ese pesimismo.

Lo que sucede es que los cimientos en que ese consenso se asentaba se están disolviendo. Porque el sistema surgido de la Transición, con sus luces y sus sombras, se caracterizaba por necesitar dinero, cada vez más dinero, para continuar manteniéndose en pie.

El régimen del consenso (tal como se lo ha venido entendiendo en este país) es caro, porque se basa en la neutralización de cualquier posible discrepancia mediante la compra de voluntades. Los medios de comunicación son un claro exponente. Esa compra de voluntades se complementa con la utilización de representantes virtuales, que sirven para encauzar (y anular) cualquier tipo de demanda social. Es el caso, por ejemplo, de los sindicatos "mayoritarios", a quienes se asigna la tarea de actuar "como si" fueran la representación de los trabajadores, cuando su misión, en la práctica, es impedir que los trabajadores puedan llegar a representar ninguna amenaza.

Todo eso, como digo, cuesta mucho dinero. Las cifras de las subvenciones, ayudas y prebendas que van saltando - escándalo tras escándalo - a las portadas de los medios de comunicación, así lo atestiguan.

Y el problema es que ese dinero se ha acabado. Ya no existe posibilidad de seguir contentando voluntades compradas, ni de seguir engrasando la máquina chirriante de la corrupción, que como un cáncer ha ido creciendo y metastatizándose por todo el cuerpo social. Ya no hay pasta para pagar a tanto aspirante a cobrador.

Así que creo que tiene razón Gabriel al mostrarse pesimista en cuanto a la aritmética electoral o parlamentaria. Pero hay otra aritmética, la monetaria, que invita a una lectura mucho más esperanzadora.

Porque la falta de dinero va a obligar necesariamente, por un lado, a que quienes deciden sobre la estabilidad del país muevan ficha - y más pronto que tarde - para encontrar nuevas bases en las que cimentar un nuevo consenso.

Y, por otro lado, ya se está empezando a arrojar lastre por la borda (SGAE, liberados sindicales, empresas públicas), en un intento de evitar que el barco se vaya a pique. Y ese proceso no va a hacer sino acelerarse. Y quizá (sólo quizá) la pelea de buitres por los despojos tenga la virtud de desatar ciertas lenguas.

Como suele decirse, donde no hay harina, todo es mohína.