La estrategia del ruido

29 de Mayo de 2009 - 14:52:00 - Luis del Pino

Anteayer conocíamos que la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a los dos policías, Parrilla y Rivera, a los que se acusó en su día de revelación de secretos al periódico El Mundo.

El fallo de la Audiencia deja como un trapo al juez Del Olmo, a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía y al Ministerio de Interior. Señala que a Parrilla se le arrestó sin fundamento alguno, basándose en "presunciones" y "conjeturas"; señala que la Unidad de Asuntos Internos "silenció" y "omitió" datos para conseguir arrestar a Parrilla y Rivera y envió informes "que no respondían a la realidad"; señala que el juez Del Olmo impuso a esos dos policías fianzas "desproporcionadas" y los mantuvo 24 días en la cárcel por un delito que no sólo no era tal, sino que en caso de haberlo sido tan sólo llevaba aparejada una pena de multa...

Personalmente, me alegro de que se restituya el honor de esos dos policías, así como del periodista Fernando Lázaro, a quien se difamó de forma bochornosa desde ciertos medios. Pero hay cosas que no entiendo.

No entiendo, por ejemplo, que la Audiencia Nacional dicte una sentencia así y eso no lleve aparejado el apartamiento inmediato del señor Del Olmo de la carrera judicial. Un juez que dicta prisión provisional contra alguien por un presunto delito que no lleva aparejada pena de cárcel demuestra que está utilizando la amenaza de la cárcel, y sus facultades como juez, como medio de aplicación de un "castigo ejemplar" contra los policías, supongo que por osar hablar con periodistas. Alguien que abusa de ese modo de su poder como juez no puede estar en la carrera judicial ni un minuto más.

Como tampoco entiendo que no se deduzca inmediatamente testimonio contra los miembros de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que han sido capaces de "silenciar" y "omitir" datos de una investigación y de elaborar informes "que no respondían a la realidad", todo ello para detener a otros policías. Si hay funcionarios policiales capaces de falsificar datos en una investigación, ¿no deberían ser apartados de sus funciones de manera cautelar y luego ser procesados? ¿Falsificar datos en una investigación no es un delito? A lo mejor ya se ha deducido testimonio y lo que digo sobra, o a lo mejor algún sindicato policial ya está pensando en actuar en ese sentido, pero como ciudadano no me agrada pensar que haya funcionarios policiales que puedan recurrir a información falsa para encarcelar a alguien.

Como tampoco entiendo que algún medio de comunicación no haya emitido una nota de disculpa por las barbaridades (y mentiras) que escribió en su día. Merece la pena repasar, por ejemplo, lo que escribía El País (ese auténtico Pravda de la prensa occidental) en su editorial el día 7 de diciembre de 2006:

EDITORIAL
La estrategia del ruido
http://www.elpais.com/articulo/opinion/estrategia/ruido/elpepiopi/20061207elpepiopi_3/Tes

Nada hay en la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, de enviar a la cárcel a seis implicados (tres de ellos agentes de policía) en un intrincado montaje de tráfico de drogas y explosivos, que no se ajuste a las conclusiones que cabe obtener del auto, conocido el martes, y a los delitos que se imputan a los encarcelados.

En síntesis, la trama, montada inicialmente por el policía José Luis González Clares y el supuesto narcotraficante Manuel Romero, implicó en principio un delito de tráfico de drogas -para acusar falsamente a una ciudadana rusa y arrebatarle la custodia de sus dos hijos, en beneficio de un abogado, su suegro y otro de los detenidos- y después la falsificación de una confidencia de tráfico de explosivos a la policía con los que se pretendía influir para que el padre de Romero, encarcelado en Galicia, fuese trasladado a Madrid. Como remate de esta cadena de simulaciones, dos agentes, Celestino Rivera -que intentó suicidarse el martes- y Jesús Parrilla, según está acreditado en el sumario, colocaron la información sobre la investigación del tráfico de explosivos al diario El Mundo, que acabó vinculándola a la delirante conspiración que pretende conectar la masacre del 11-M con ETA.

La sarta de embustes y presuntos delitos cometidos por los policías y su confidente merecerían una atención limitada, la que corresponde a un desgraciado caso de corrupción policial, de no mediar la circunstancia de que los delincuentes intentaron disfrazar sus fechorías, y al mismo tiempo rentabilizarlas, recurriendo al fantasma de esa conspiración sobre la autoría del múltiple atentado del 11-M que viene defendiendo un sector del Partido Popular sobre la base de las exclusivas que administran El Mundo y sus alrededores. Aunque las conclusiones judiciales conocidas, adoptadas después de investigaciones amplias y contrastadas, rechazan cualquier conexión de ETA con la masacre, y aunque las supuestas investigaciones periodísticas han incurrido en ridículos tan estrepitosos como el de la mochila cambiada o atribuir un vehículo a ETA porque aparecía una cinta de la orquesta Mondragón, los partidarios de la fantasmal conspiración insisten en exigir que jueces y policías no cejen en la búsqueda de pruebas que confirmen sus disparatadas hipótesis.

Era de esperar que esa conducta tuviera consecuencias para la justicia. Una de ellas es que los delincuentes acudan ahora a protegerse en el burladero de la conspiración, en el que todo es posible, hasta lo más estrambótico, para borrar los rastros de sus desmanes. "La vamos a liar" y "mañana vamos a hacer mucho ruido" se jactaba el redactor del diario ante el complaciente policía que le había filtrado la noticia. Tanto lío y tanto ruido buscan sin embargo un siniestro e inadmisible objetivo: desprestigiar el sumario contra los autores probados de la masacre del 11-M.

"Tanto lío y tanto ruido buscan sin embargo un siniestro e inadmisible objetivo", escribía el editorialista de El País. Efectivamente: tanto lío y tanto ruido (el que crearon el juez Del Olmo y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía) tenían un objetivo siniestro e inadmisible, como la sentencia de la Audiencia Provincial ha demostrado. Pero ese objetivo siniestro no era el que el editorial de El País señalaba, sino justo el contrario: incriminar en falso a dos policías y a un periodista, para tratar con ello de desprestigiar las investigaciones que vienen demostrando, desde hace ya tanto tiempo, que el sumario del 11-M no es más que una inmensa estafa.
 
Una estafa, eso sí, que El País ha respaldado editorialmente con tesón. Como tantas otras estafas. Por ejemplo, la que la Audiencia Provincial acaba de poner de manifiesto con su sentencia.