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La clase política, a su bola

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Ayer se publicaba el barómetro mensual del CIS. Una de las cuestiones que se planteaban a los encuestados era qué modelo de organización del estado preferían. Se trata de una pregunta que se viene planteando de manera trimestral en los estudios del CIS desde hace décadas. Los resultados no pueden ser más ilustrativos:

- un 17,9 % de los españoles quiere un único estado central, sin autonomías

- un 9,2 % quiere autonomías con menos competencias que las actuales

- un 40,6 % quiere un modelo autonómico como el actual

- un 15,1 % quiere autonomías con más competencias que las actuales

- y un 9,9 % quiere que las autonomías tengan derecho de autodeterminación

Si suman Vds. los porcentajes, verán que casi un 68% de los españoles no quieren dar más competencias a las autonomías, sino en todo caso menos.

Y sin embargo, nuestra clase política no hace sino presionar, por todos los medios posibles, para que se lleve a cabo una reforma constitucional que otorgue a las autonomías aún más poder del que ya tienen. Es decir, justo lo contrario de lo que los españoles quieren.

No se trata de un fenómeno nuevo: desde que el CIS hace esta pregunta en sus barómetros, el número de españoles que pedía profundizar en el estado autonómico no ha llegado nunca a un tercio. A pesar de lo cual, nuestra clase política ha estado profundizando año tras año en la creación de un estado autonómico artificial, que consagra la desigualdad entre españoles, malgasta nuestros recursos y nos somete a una agotadora y continua tensión centrífuga.

El divorcio entre lo que los españoles quieren y lo que la clase política persigue no puede ser más patente que en este tema territorial. Mientras Podemos apoya referendos de autodeterminación, mientras el PSOE habla de plurinacionalidad, mientras Ciudadanos ofrece reformas constitucionales a los separatistas y mientras incluso el PP quiere otorgar el control del Senado a las comunidades autónomas, lo que los españoles demandan es que se dejen las cosas como están o, en todo caso, que se corrijan los excesos de este modelo autonómico tan imperfecto.

Si nos fijamos en lo que quieren los votantes de cada partido:

- solo un 16,8 % de los votantes de Unidos Podemos (es decir, uno de cada seis) son partidarios del derecho de autodeterminación de las comunidades autónomas. Y sin embargo, Pablo Iglesias defiende que puedan realizarse referendos de secesión, desoyendo al 80% de sus propios votantes.

- solo un 19,2% de los votantes del PSOE (uno de cada cinco) quiere que las comunidades autónomas tengan más competencias que ahora o gocen del derecho de autodeterminación. Y sin embargo, Pedro Sánchez se dedica a vendernos la burra de una plurinacionalidad con la que el 80% de sus votantes no está de acuerdo.

- solo un 8,1 % de los votantes de Ciudadanos (uno de cada doce) aboga por tener comunidades autónomas con más competencias que las actuales. Y sin embargo, a Albert Rivera no le importaba, hace no muchos meses, ofrecer a Puigdemont una reforma constitucional pactada, que un 90% de sus electores rechaza.

- igualmente, solo el 4,3% de los votantes del PP (uno de cada veinte) aboga por profundizar en el estado autonómico. Y sin embargo, eso no ha sido obstáculo para que ese partido ofrezca, en su programa electoral, que el Senado pase a estar controlado por las comunidades autónomas, en contra de los deseos del 95% de sus votantes.

¿Por qué la clase política nos quiere imponer reformas constitucionales que van en sentido contrario de lo que una abrumadora mayoría de electores quiere? ¿Por qué los cuatro partidos supuestamente nacionales desoyen la voz, no ya de los electores en general, sino de sus propios votantes?

A lo largo de los próximos meses, nuestra clase política volverá a darnos la matraca con el asunto de la reforma constitucional. Será el momento de hacerles ver que estamos hartos de sus problemas artificiales.

Y será el momento, sobre todo, de dejarles claro que no vamos a aceptar que reformen el modelo territorial sin someterlo a referéndum de todos los españoles. Porque está claro que, si se nos pregunta a los españoles, de ninguna manera vamos a autorizar que se sigan entregando parcelas de la soberanía nacional a separatistas que, de todos modos, jamás van a estar contentos.

 

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