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Justicia Universal

5 de Mayo de 2009 - 11:28:45 - Luis del Pino

El concepto de Justicia Universal resulta bastante debatible, en el buen sentido de la palabra. Habría argumentos tanto a favor como en contra de que se pueda, desde el exterior de un país, juzgar delitos cometidos en el interior del mismo.

A favor de esa posibilidad jugarían argumentos como, por ejemplo, que las dictaduras no tienden precisamente a ser implacables con sus propios crímenes. ¿Qué esperanza de Justicia le queda a los ciudadanos sometidos a una dictadura sanguinaria, si no es que alguien desde fuera (es decir, alguien no sometido a la autoridad del dictador) pueda someter a juicio al responsable máximo de los crímenes?

A favor jugaría también el hecho de que existen circunstancias excepcionales que hacen que, llegado el caso, buena parte de la opinión pública de un país disculpe delitos que en cualquier circunstancia normal resultarían execrables a ojos de todo el mundo. Por ejemplo, las consecuencias del enfrentamiento étnico en la antigua Yugoslavia hubieran hecho imposible esperar que la Justicia del propio país castigara convenientemente a los genocidas, debido a la "comprensión" que esos genocidas encontraban en una parte de la propia ciudadanía, que veía en esos crímenes la respuesta "natural" a otros crímenes de similar naturaleza cometidos por el bando contrario.

A favor jugaría también el argumento de que determinadas prácticas inhumanas pueden estar aceptadas en una sociedad por tradición o por costumbre, por lo que no cabe que sea esa misma sociedad la que someta a juicio a los que las perpetran. ¿Cabe esperar, por ejemplo, que un tribunal en un país regido por el islamismo radical someta a juicio a quienes lapidan a una mujer adúltera?

Pero también hay argumentos en contra de ese concepto de Justicia Universal. Por ejemplo, el argumento abstracto de los propios derechos del ciudadano, tanto el derecho al juez natural como el derecho a que no se le apliquen leyes de modo arbitrario. En el momento en que sacamos a alguien de un país para enjuiciarle en otro, ¿no estamos, en cierto modo, fabricando un tribunal a medida? Asimismo, si una determinada práctica no es delito en un determinado país, ¿podemos someter a juicio a alguien aplicándole, después de cometido el "delito", una legislación que para él no regía?

Otro argumento en contra de esa Justicia Universal es que su propio concepto vulnera los derechos de soberanía democrática de los países, imponiendo a sus ciudadanos visiones sobre el Bien y el Mal que no tienen por qué corresponderse con lo que esos ciudadanos han elegido libremente. Es decir: estamos privando a los ciudadanos de un país del derecho a decidir qué es delito y qué no. Pongamos un ejemplo exagerado: ¿qué pensaríamos si un tribunal francés abriera un macroproceso contra los toreros españoles por torturas a los animales? ¿No pensaríamos que los franceses no son nadie para decidir por nosotros que la tauromaquia es un delito? O pongamos otro caso: ¿debería un país con una legislación fuertemente antiabortista someter a juicio, por genocidio, a los dueños de clínicas abortistas de otros países? ¿Qué es un delito y qué no lo es, a la hora de aplicar la Justicia Universal?

Si hubiera un mecanismo democrático que permitiera a los ciudadanos de todo el mundo consensuar una definición universal de los delitos, entonces esos argumentos en contra de la Justicia Universal desaparecerían. Pero no es el caso. Y mientras eso no suceda, me temo que no queda otra que juzgar individualmente la procedencia o improcedencia de aplicar ese concepto de Justicia Universal en cada caso concreto.

Por ejemplo, parece que existiera un cierto consenso en aplicar esa Justicia Universal, a través de tribunales penales internacionales, a determinados delitos especialmente repugnantes, como los de genocidio. Pero, sin embargo, lo que resulta bastante más dudoso es que los jueces Garzón o Andreu sean quiénes para investigar delitos que correspondería investigar a la Justicia de dos países democráticos como Israel o Estados Unidos. ¿Quiénes son esos dos jueces para inmiscuirse en el trabajo de sus colegas americanos o israelíes? ¿Están sugiriendo que la Justicia de esos países es manifiestamente injusta?

Pretender, como quiere hacer Andreu, investigar supuestos crímenes cometidos por los israelíes en Gaza es un insulto a un país plenamente democrático y que tiene una Justicia también plenamente democrática, que ya se encarga de velar porque todo el mundo, incluyendo el Ejército israelí, respete las leyes y los convenios internacionales. No es de extrañar, por tanto, que el Gobierno israelí haya reaccionado criticando con dureza la iniciativa.

De hecho, me parece que su respuesta es excesivamente tibia para la importancia del insulto. En lugar de presentar una carta de protesta al Gobierno español, que lo que hará es archivarla en la papelera, permítanme ustedes una sugerencia, señores del Gobierno israelí.

¿Qué tal si convencen ustedes a algún juez de Israel para que, aplicando ese mismo concepto de Justicia Universal, abra una investigación sobre el 11-M, en vista de la negativa del Gobierno y la Justicia española a investigar la masacre?

Si hicieran eso, verían ustedes cómo la investigación del juez Andreu duraba dos minutos abierta.

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