Guinea: Anatomía de un golpe de estado (I)

10 de Mayo de 2009 - 22:05:34 - Luis del Pino

El viaje a ninguna parte

7 de marzo de 2004. Aeropuerto de Harare, Zimbabue. Tres hombres esperan la llegada de un Boeing 727 que ha despegado del aeródromo de Wonderboom, cerca de Pretoria (Sudáfrica). El avión, que transporta 64 mercenarios, tiene previsto hacer una escala para repostar, antes de proseguir viaje hacia Guinea Ecuatorial, aunque en su hoja de ruta se afirma que su destino final es Burundi. En el aeropuerto de Harare esperan también cargar las armas que los tres hombres que aguardan a la aeronave han estado tratando de adquirir en Zimbabue a lo largo de los días anteriores.

Pero la operación está condenada al fracaso desde el principio. Los servicios secretos de Sudáfrica y Angola han avisado al gobierno de Zimbabue de la llegada del Boeing, con lo que la policía detiene tanto a los 64 pasajeros, como a los 3 hombres que esperaban la llegada del avión. Inicialmente, las autoridades del país afirman que los mercenarios se aprestaban a dar un golpe de estado en el propio Zimbabue, y culpan de ese intento de golpe a Estados Unidos e Inglaterra, aunque posteriormente, pasada la confusión de las primeras horas, pondrían el suceso en relación con un intento de golpe de estado en Guinea Ecuatorial.

7 de marzo de 2004. Malabo, capital de Guinea Ecuatorial. La policía del dictador Teodoro Obiang arresta a 15 mercenarios por su presunta implicación en un intento de golpe de estado y decreta el cierre parcial de las fronteras. Entre los detenidos, que al parecer llevaban en el país más de un mes preparando el terreno, hay varios kazajos, armenios, sudafricanos de origen angoleño y sudafricanos blancos, además de un alemán, Merchz Gerad Euyen. El mercenario alemán moriría once días después en circunstancias no aclaradas. Según las autoridades guineanas, murió por "un cuadro de paludismo cerebral"; según las organizaciones de derechos humanos, murió a causa de las torturas infligidas por la policía. En los domicilios de los mercenarios, la policía se incauta de varios planos de Malabo, aparatos de comunicaciones, teléfonos vía satélite, lanchas rápidas y otros tipos de material.

7 de marzo de 2004. Bamako, capital de Malí. Un nervioso Severo Moto, presidente del gobierno guineano en el exilio, acompañado de otros tres compatriotas, espera la llamada telefónica que le confirme que puede viajar a Guinea Ecuatorial. Acaba de llegar ese mismo día desde Canarias, en un King Air 200 de la empresa Triple A, pilotado por dos sudafricanos, que previamente había hecho viaje de Madrid a Canarias. Tras una hora de espera, Moto recibe la ansiada comunicación telefónica, pero las noticias no son buenas: la operación se ha ido al garete. El avión, que ha salido de Canarias ilegalmente, emprende el regreso hacia el aeropuerto de Gando.

Así caía el telón aquel 7 de marzo, en tres lugares de Africa diferentes, sobre lo que no es otra cosa que la crónica de un golpe anunciado. Una desastrosa operación de la que, en realidad, todo el mundo estaba al tanto casi desde que se pusiera en marcha.

Soldados de fortuna, millonarios, pozos petrolíferos, dictadores, servicios de inteligencia, golpes de estado... La historia de esa operación nacida para fracasar parece sacada de cualquier guión de Hollywood. Un guión en el que el mercado de los mercenarios, mucho más prosaico de lo que la gente se imagina, juega un destacado papel.

Mercenarios

El sector de los "servicios militares privados" constituye un mercado floreciente y rentable. Tan floreciente, que un soldado de fortuna puede llegar a embolsarse 30.000$ al mes por sus servicios, aunque las tarifas habituales suelen ser algo más bajas, en torno a los 10.000$ mensuales.

Muchas de las empresas que se mueven en ese sector son negocios perfectamente legales, que trabajan por encargo de gobiernos democráticos en tareas de seguridad u operaciones militares sometidas a escrutinio público. La más conocida de esas empresas en la actualidad es la famosa Blackwater, que ha estado operando en Iraq en los últimos años por cuenta del gobierno de Estados Unidos.

Pero, junto a esas empresas de las que no consta que hayan llegado a cruzar "la delgada línea roja", existe también un gran número de otras compañías que ofrecen servicios más "delicados" a todo aquél que los pueda pagar. Servicios  que pueden ir desde las operaciones encubiertas a la organización de golpes de estado a la carta.

En muchos casos, esas empresas de mercenarios tienen vínculos no demasiado indirectos con diversos servicios de inteligencia, puesto que sus plantillas se nutren, en buena medida, de personas que han trabajado anteriormente en lucha antiterrorista, en tareas de información o en cuerpos de operaciones especiales. Eso no quiere decir que actúen siempre al dictado de los servicios de información, aunque sí es cierto que existen canales de comunicación fluidos.

En muchos casos también, esos auténticos ejércitos privados tienen intereses directos en compañías de prospección minera o petrolífera, porque esas compañías se cuentan entre las pocas dispuestas a adelantar los recursos necesarios para organizar las operaciones; y también porque, en muchos casos, los beneficiarios locales de esas operaciones mercenarias (el gobierno que accede al poder, o que se mantiene en el mismo, como resultado de una operación) pagan los servicios de las empresas de mercenarios mediante concesiones de un tipo u otro.

Sudáfrica ha sido, tradicionalmente, uno de los países con un mercado de mercenarios más floreciente y existen buenas razones para ello. En 1989, con el régimen del apartheid en pleno proceso de descomposición, el gobierno de Sudáfrica aprobó una serie de recortes en la estructura militar, que llevaron a prescindir de los servicios de miles de miembros de las fuerzas especiales sudafricanas. Se trataba de soldados con una amplia experiencia militar en las guerras fronterizas que Sudáfrica había mantenido entre 1966 y 1989, en Angola y Namibia.

Como resultado de aquel desmantelamiento, se fundaron numerosas empresas de "servicios militares privados", alguna de las cuales, como Executive Outcomes, llegó a contar con 500 asesores militares y más de 3.000 soldados.

Al principio, aquellas empresas operaban sin ningún tipo de control, habiendo jugado un papel destacado en las sangrientas guerras de Angola y Sierra Leona. Pero en 1998, el gobierno sudafricano, una vez finalizado el régimen del apartheid, promulgó una ley prohibiendo las actividades mercenarias, con lo que algunas de esas empresas cerraron, otras se reciclaron para dedicarse a actividades más legales y otras continuaron con sus operaciones habituales, aunque de forma bastante menos ostentosa.

En el golpe de estado de Guinea participaron, como luego veremos, empleados de varias de esas compañías de "servicios militares privados", aunque hay dos personajes clave en la trama.

El primero de ellos es un mercenario llamado Simon Mann. Educado en la exclusiva escuela británica de Eton e hijo de un gran empresario del sector cervecero, Simon Mann fue miembro del cuerpo de operaciones especiales británico (SAS), antes de dedicarse primero a temas de seguridad informática y luego a actividades mercenarias.

Trabajó primero para la empresa Executive Outcomes, de la que ya hemos hablado, y posteriormente para Sandline International, otra compañía de "servicios militares privados" fundada a principios de la década de 1990 en el Reino Unido por, entre otros, Tony Buckingham, propietario de la empresa petrolífera canadiense Heritage Oil, que cotiza en la bolsa de Toronto, y por Tim Spicer, un antiguo teniente coronel del ejército británico. Sandline International estuvo en el pasado implicada en algunos sonoros fracasos, como una frustrada operación contra la guerrilla rebelde en Papua-Nueva Guinea (operación que no sólo fracasó, sino que le costó el puesto al gobierno que había contratado a los mercenarios) o un fallido intento de golpe de estado en Liberia en 2003 (financiado por un millonario de la India, que buscaba que un nuevo gobierno le otorgara concesiones para la explotación de minas de diamantes y otros minerales). Sandline International cesó en sus operaciones el 16 de abril de 2004, poco después del fiasco de Guinea Ecuatorial.

Fue Simon Mann, ex-empleado de Executive Outcomes y empleado de Sandline International, uno de los que se encargaría de organizar la logística del golpe de estado en Guinea, aunque parece ser que a través de otra compañía, perteneciente al propio Simon Mann: Logo Logistics, domiciliada en el paraíso fiscal de Guernsey. Nadie ha podido probar, al menos de momento, la implicación de Tony Buckingham y Tim Spicer en el golpe de estado de Guinea.

La segunda persona que juega un papel fundamental en la trama es Nick Du Toit, un ex oficial del ejército sudafricano que también contaba con su propia empresa de "servicios militares privados": Military Technical Services (MTS), fundada en 1989 por el general retirado Tai Minaar, que murió en extrañas circunstancias en septiembre de 2001, al parecer envenenado. Du Toit también había formado parte hacía años, como Mann, de la empresa Executive Outcomes.

Simon Mann y Nick Du Toit se encargaron, por tanto, de la mano de obra mercenaria y la logística del atentado. Pero, para dar un golpe de estado, lo fundamental no es la mano de obra, sino el dinero para financiar las operaciones. Así que comencemos por el principio.

Personas de dinero

El millonario de origen libanés Ely Calil conoció a Severo Moto, el jefe de la oposición guineana en el exilio, en 2001. Les presentó en Madrid, según publicó en su día el periódico El Mundo, un miembro de la familia Garrigues. Desde entonces, Calil había estado financiando las actividades opositoras del guineano, quizá por amistad, como Severo Moto afirma, o quizá con vistas a cobrarse en un futuro los réditos de su inversión.

Ely Calil es un personaje envuelto en el misterio. Sólo se conoce una fotografía suya, que se hizo hace más de treinta años, el día de la boda con su primera mujer, Frances Condron, modelo e hija de un millonario del tabaco de Tennessee. Nacido en Kano (Nigeria) en 1945, de padres libaneses, Ely Calil cuenta con la ciudadanía británica y senegalesa, y vive a caballo entre París y Londres.

Fue Calil quien puso en contacto a Severo Moto con el mercenario Simon Mann a principios de 2003, en el hotel Intercontinental de Madrid. Severo Moto, como él mismo confirmó a un medio inglés, contrató a Mann  para que le facilitara protección durante el regreso a su país, aunque insiste en que su intención era "luchar por un cambio democrático", no dar un golpe de estado. La misma versión sostiene Calil, que reconoce haber financiado a Moto y haber servido de introductor de embajadores entre Moto y Simon Mann, aunque afirma que la idea nunca fue quitar el poder violentamente al dictador guineano Obiang.

La versión de Simon Mann es radicalmente distinta: según él, el contrato firmado con Moto preveía que Mann se convirtiera en el jefe de la guardia presidencial de Severo Moto una vez expulsado Obiang del poder, mientras que la mano derecha de Moto sería Karim Fallaha, otro libanés socio de Calil, con éste controlándolo todo en la sombra. Detrás de Calil estaría, según Simon Mann, otro grupo de gente "muy rica y muy poderosa", aunque dice no conocer sus nombres.

Según lo declarado por James Kershaw, testigo de la fiscalía en uno de los juicios celebrados en Sudáfrica, Calil estaba a la cabeza de un grupo de inversores británicos y libaneses, a quienes se les prometieron beneficios cinco veces superiores al dinero invertido.
 
Según ese testimonio, además de Eli Calil, que habría aportado 750.000$ y de Simon Mann, que habría puesto 500.000$, otros cuatro hombres aportaron otros 500.000$ cada uno: Karim Fallaha, el libanés socio de Calil; Greg Wales, un hombre de negocios británico que actuaba, al parecer, como contable de Mann; Gary Hersham, un empresario inmobiliario de Londres; y David Treman, otro empresario británico afincado en Sudáfrica. Sin embargo, la implicación de estas personas no se ha podido probar y todas ellas niegan tener nada que ver con el golpe. Al igual que tampoco se ha podido probar la implicación del  escritor y ex-dirigente del Partido Conservador británico Jeffrey Archer, de quien se dijo que había transferido 134.000$ a una cuenta bancaria de Simon Mann.

De quien sí se consiguió probar la implicación en el golpe de estado de Guinea es de Mark Thatcher, el problemático hijo de la ex-primera ministra británica Margaret Thatcher.

Nacido el 15 de agosto de 1953, Mark Thatcher es, fundamentalmente, un bon vivant. Se casó en 1987 con Diane Burgdorf, la hija de un millonario de Texas dedicado a la distribución de automóviles, a quien conoció mientras trabajaba como representante de la marca de coches de lujo Lotus. Se mudó a Sudáfrica en 1994, huyendo de un escándalo financiero, y se afincó en un lujoso barrio de Ciudad del Cabo.

Cinco meses después del fallido intento de golpe en Guinea Ecuatorial, las autoridades sudafricanas lo pusieron bajo arresto domiciliario, cuando ya estaba a punto de huir hacia Estados Unidos. Mark Thatcher fue acusado de haber invertido unos 275.000$ en la operación, que habrían ido destinados, básicamente, a proporcionar los medios aéreos para el golpe.

Fue puesto en libertad tras reconocerse culpable, ante un tribunal sudafricano, de violación de las leyes contra los mercenarios. El tribunal le condenó a pagar una multa de 335.000 euros y a 4 años de prisión, aunque la condena fue suspendida.

Mark Thatcher y Eli Calil se conocían de tiempo atrás. Según Simon Man, los dos hombres de negocios y él mantuvieron en Londres varias reuniones preparatorias del golpe. Thatcher y Calil lo niegan.

Además del puesto de jefe de la Guardia Presidencial de Severo Moto, a Simon Mann se le prometió, al parecer, un pago de 1 millón de libras esterlinas en efectivo, más una serie de derechos de explotación petrolífera, por organizar la operación. Según datos sin confirmar difundidos por las autoridades guineanas, fue Calil el encargado de transferir ese millón de dólares a la cuenta de Simon Mann. En cuanto a los mercenarios que participarían en la operación, el pago inicial sería de 3.000$, según las declaraciones posteriores de algunos de los implicados, y, si el golpe tenía éxito, cada hombre recibiría 30.000$ más y pasaría a formar parte de la guardia presidencial del nuevo jefe de estado guineano.

Por lo que a Nick du Toit se refiere, parece que se le prometieron 5 millones de dólares por su participación en la operación.