Ayer conocimos la noticia de que la Junta de Andalucía ha embargado la beca Erasmus de una estudiante canaria, por haber ido a Urgencias en un hospital de Granada sin su tarjeta sanitaria.

Este episodio se une a otro caso reciente, mucho más trágico: la muerte de una niña en Treviño después de que los servicios de emergencia de Vitoria se negaran a enviar un médico de urgencias por tratarse de otra autonomía. Y ya anteriormente hemos comentado en este programa otros casos esperpénticos de descoordinación sanitaria, como el enfermo que tuvo que esperar larguísimo tiempo en la frontera entre dos autonomías, porque los respectivos servicios no se ponían de acuerdo sobre quién debía enviar y costear la ambulancia para trasladarlo.

En el caso de la estudiante canaria, fíjense en las múltiples aberraciones que el suceso ilustra:

En primer lugar, si en lugar de una estudiante canaria se hubiera tratado de un inmigrante sin papeles, ¿cómo habría hecho la Junta de Andalucía para cobrar el coste de la consulta de urgencias? Obviamente, no habría podido hacerlo. Lo cual quiere decir que estar identificado ante las autoridades sanitarias autonómicas representa una desventaja, por cuanto te obliga a un papeleo que te ahorrarías si fueras un indocumentado.

En segundo lugar, si se hubiera tratado de una estudiante andaluza, tampoco se habría producido el episodio, puesto que la administración sanitaria autonómica se habría limitado a comprobar en sus bases de datos que esa estudiante tenía derecho a asistencia. Si el episodio se produjo es, única y exclusivamente, porque cada autonomía tiene su propia administración sanitaria, y porque esas administraciones sanitarias funcionan de manera independiente unas de otras.

En tercer lugar, fíjense en la mayor aberración de todas. Si la Junta de Andalucía consiguió embargar la beca a esa estudiante, quiere decir que disponía de sus datos de identidad. Por tanto, la administración sanitaria andaluza podía haber consultado simplemente a su homóloga de Canarias si esa persona tenía cobertura sanitaria, evitando así a la estudiante las molestias y el papeleo. Las administraciones disponían de los mecanismos para resolver entre ellas el problema. En lugar de eso, embargan a la estudiante y la obligan a tener que demostrar ella que tenía derecho a ser atendida. Es decir: la obligan a proporcionar a las administraciones datos que las administraciones ya tienen.

Como pueden ver ustedes, el troceado autonómico de los servicios sanitarios no solo no ha supuesto una mayor cercanía entre el ciudadano y la administración, sino que ha hecho que los españoles perdamos el derecho a la atención sanitaria en cuanto españoles: ya no tenemos derecho a que nos atiendan automáticamente en cualquier punto del país por ser españoles, sino que solo tenemos derecho a ser atendidos automáticamente dentro de nuestra comunidad autónoma y en cuanto habitantes de esa región. Cualquier atención fuera de tu comunidad autónoma pasa a ser un caso especial y puede obligarte, en el mejor de los casos, a papeleos innecesarios; en el caso peor puede llevarte a la muerte, porque las autoridades respectivas no se pongan de acuerdo sobre quién te manda una ambulancia o un médico de urgencias. Al final, se supedita la salud al quién factura a quién y quién se hace cargo del coste de un servicio.

El estado autonómico ha conseguido multiplicar por diecisiete las posibilidades de trinque y de colocación de amiguetes. Por eso lo defienden con tanto ardor PP y PSOE. Pero para los ciudadanos, no solo no representa ninguna ventaja, sino que nos obliga a pagar impuestos mucho más elevados a cambio de un servicio significativamente peor.

Ahora pregúntense ustedes: ¿y por qué tenemos que aguantar esto? Si lo piensan, no tenemos ni la más mínima obligación de tolerar que nos traten así. No somos siervos de ninguna administración, ni de ninguna clase política, sino que son los políticos y las administraciones los que tienen que estar a nuestro servicio.

Pero eso, queridos oyentes, no se va a conseguir a menos que haya una mayoría suficiente de españoles reclamando en alta voz la desaparición de este disparate autonómico que no solo nos arruina, sino que encima nos trata a la patada y nos niega nuestros más elementales derechos constitucionales.