Editorial del programa Sin Complejos del sábado 30 de junio de 2012

El 18 de agosto de 1989, Mark MacPhail se encontraba trabajando como guardia de seguridad en un Burger King de Georgia, cuando vio cómo tres individuos estaban golpeando a un mendigo en el aparcamiento. Acudió allí para tratar de evitarlo, pero, al acercarse, uno de aquellos hombres sacó una pistola y le descerrajó dos tiros: uno en el corazón y otro en la cara. Murió en el acto. Tenía 27 años, estaba casado y era padre de dos hijos: una niña de 2 años y un niño de pocos meses.

La Policía detuvo al cabo de unos días al sospechoso que presuntamente había golpeado al mendigo y asesinado al vigilante: un negro de 21 años llamado Troy Davis. Dos años después de los hechos, fue sometido a juicio. Siete testigos distintos, incluyendo el mendigo golpeado, declararon que habían visto a Davis disparar al vigilante de seguridad, mientras que otros dos testificaron que Davis les había confesado que él era el asesino. El jurado, al retirarse a deliberar, tardó menos de dos horas en declarar culpable a Troy Davis, que fue condenado a muerte el 30 de agosto de 1991.

A lo largo de los 16 años siguientes, los abogados de Davis presentaron todas las apelaciones y mociones posibles en nombre de su defendido, que siempre proclamó su inocencia. El argumento fundamental consistía en que los testimonios incriminatorios contra Davis eran falsos y habían sido obtenidos por la Policía bajo coacción. Pero la condena a muerte fue finalmente confirmada después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazara una última petición de la defensa. La ejecución fue señalada para el 17 de julio de 2007.

Mientras tanto, el caso de Davis había conseguido una enorme notoriedad. El arzobispo y Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu, Amnistía Internacional y hasta el propio Papa Benedicto XVI intercedieron para que se concediera a Davis un nuevo juicio o, al menos, se le conmutara la pena de muerte. Cuando solo faltaban veinticuatro horas para la ejecución, las autoridades de Georgia concedieron un aplazamiento, con lo que los abogados de Davis lograron un poco más de tiempo para tratar de forzar la repetición del juicio. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Georgia rechazó al año siguiente todas las peticiones, fijándose por segunda vez una fecha de ejecución: el 23 de septiembre de 2008.

Al límite del plazo marcado, cuando solo quedaban dos horas para ejecutar a Davis, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos concedió un nuevo aplazamiento, para estudiar otra petición de la defensa. Troy Davis había vuelto a conseguir tiempo.

Sin embargo, tres semanas después, el Tribunal Supremo rechazaba también aquella petición y se fijaba por tercera vez la fecha de ejecución, esta vez para el 27 de octubre de 2008.

Pero de nuevo, una semana antes de la fecha prevista para la muerte de Troy Davis, un tribunal de apelación volvió a aplazar la ejecución, concediendo así al condenado un nuevo plazo.

Y por fin, en agosto de 2009, el Tribunal Supremo ordenó a un juez federal de Georgia que celebrara una vista para verificar si Troy Davis podría haber sido condenado mediante testimonios inválidos. ¡Los abogados de Davis habían por fin conseguido una oportunidad para que la condena de su cliente fuera revocada! La última oportunidad para Troy Davis.

Sin embargo, aquella última oportunidad, que lo representaba todo para Davis, se desperdició. Los abogados del condenado no consiguieron demostrar convincentemente que los testimonios contra Davis habían sido obtenidos de manera irregular, así que el juez federal rechazó la petición de anular la condena. Tras muchas otras apelaciones, la ejecución de Davis fue fijada por cuarta vez.

Y en aquella ocasión no hubo nada que consiguiera parar la maquinaria. Desperdiciado aquel último cartucho, Troy Davis fue ejecutado mediante una inyección letal el 21 de septiembre de 2011, veinte años después de aquel asesinato de un padre de familia por el que había sido condenado.

Este jueves se iniciaba en Bruselas una reunión crucial de la zona euro, en la que debían adoptarse acuerdos en relación con el urgente rescate de la banca española. Y la reunión se ha saldado con un relativo, aunque meritorio, éxito de Rajoy.

No es que nuestra situación económica haya cambiado: seguimos igual de mal que estábamos hace tres días, con una economía en la que los gastos del estado superan con creces a los ingresos. Tampoco los acuerdos alcanzados en Bruselas van a tener una plasmación inmediata, porque se trata de un protocolo de buenas intenciones que ahora habrá que concretar en acuerdos detallados y que en ningún caso podrá entrar en vigor antes de un año. Y es verdad también que habrá que esperar a ver qué condiciones nos ponen, porque Merkel ya ha avisado de que "no hay prestación sin contraprestación".

Pero al menos se ha arrancado de Bruselas el compromiso de que dentro de un tiempo la deuda provocada por el agujero bancario dejará de ser computada como deuda del estado, lo que permitirá mejorar nuestras posibilidades de que el estado se financie en los mercados de deuda.

Que el acuerdo de Bruselas no es la panacea lo demuestra el hecho de que nuestra deuda, aunque ha bajado de forma significativa, sigue en niveles altísimos: ayer, el bono español a 10 años cerraba en el 6,3%, muy por encima de los niveles con los que Rajoy inició su mandato. Lo cual quiere decir que el respiro que nos ha concedido este acuerdo va a durar muy poco.

Básicamente, lo que Rajoy ha ganado es un poco más de tiempo. Pero el hecho de que nos concedan más tiempo no quiere decir que los problemas estén arreglados: simplemente significa que nos dan una última oportunidad.

Como los abogados de Troy Davis, que por fin lograron que un juez federal escuchara sus argumentos para la repetición del juicio, Rajoy tiene la oportunidad de demostrar que España no merece ser ejecutada por los mercados de deuda. Pero, para demostrarlo, tendrá que convencer a esos mercados de que está dispuesto a reformar el estado hasta donde haga falta. Y el tiempo que tiene para demostrarlo no es mucho. Siendo optimistas, quizá podamos dilatar el veredicto hasta septiembre, pero en el peor de los casos puede que Rajoy no cuente, para montar su defensa, más que con dos o tres semanas.

Los mercados de deuda ya han aplazado la ejecución de la economía española unas cuantas veces, desde aquel mayo de 2010 en que Zapatero se viera obligado a bajar la cerviz y comenzar con una serie de tímidas reformas. Rajoy tiene ahora la posibilidad de que nuestra condena sea definitivamente revocada.

Si la aprovecha, España puede salir del corredor de la muerte de la deuda. Pero si vuelve a desaprovechar la oportunidad que se le brinda, nadie nos va a librar de que se fije una nueva fecha para la ejecución.

Y es más que probable que la próxima vez, nadie sea capaz de parar la maquinaria.