Educación para la ciudadanía

7 de Noviembre de 2009 - 16:05:36 - Luis del Pino

El 30 de marzo de 2005, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobaba el anteproyecto de una nueva ley de educación en la que se incluía una asignatura de formación en valores laicos, denominada Educación para la Ciudadanía. El concepto y el contenido de dicha asignatura se habían desarrollado siguiendo las líneas marcadas por la Fundación CIVES y por el grupo de impulsores de la laicidad articulado en torno a la figura de Gregorio Peces Barba, en la Universidad Carlos III .

Esa ley venía a acabar con el derecho que la Constitución otorga a los padres para elegir la educación moral de sus hijos, por lo que diversas organizaciones sociales convocaron una manifestación en Madrid el 12 de noviembre de 2005 por la libertad educativa. La asistencia a la manifestación fue multitudinaria, pero José Luis Rodríguez Zapatero hizo oídos sordos a las demandas de los padres y el Congreso aprobó la nueva Ley el 6 de abril de 2006 .

A lo largo de los meses siguientes, los padres fueron conociendo, alarmados, los contenidos de la nueva asignatura, en los que, con más o menos furor, según las editoriales, se ridiculizaba la familia tradicional; se vertían todo tipo de juicios negativos sobre el cristianismo, sobre las democracias occidentales, sobre el liberalismo y sobre el sistema capitalista; se defendía a regímenes y figuras históricas caracterizados por la falta de respeto a los derechos humanos y a los valores democráticos y se animaba a los niños a iniciarse en todo tipo de prácticas sexuales desde temprana edad. Como seguramente recordarán los oyentes, entre los materiales del Ministerio de Educación para la impartición de la asignatura figuraban cosas tan instructivas como un cómic titulado "Ali Baba y los 40 maricones".

Las organizaciones sociales y las asociaciones de padres dejaron oír sus protestas, pero el Gobierno, de nuevo, volvió a hacer oídos sordos a la demanda social y en diciembre de 2006 publicó los reales decretos que desarrollaban el contenido de la asignatura, ignorando todas las solicitudes presentadas por las asociaciones contrarias a la impartición de la asignatura.

Ante esa situación, la familia Campoy presentó, en marzo de 2007, la primera objeción de conciencia en un colegio de Toledo y un mes después se produjo la primera objeción masiva de 200 padres en un colegio de Madrid. Comenzaba la batalla de la objeción de conciencia a la nueva asignatura.

Para desactivar el naciente movimiento de protesta, el Gobierno comenzó a presionar a los padres, amenazando con que los alumnos que objetaran no podrían pasar de curso, pero esas amenazas no surtieron ningún efecto. Cuatro meses después de iniciada la campaña, las objeciones de conciencia sumaban ya 10.000 en toda España. Además, en agosto de 2007, la lucha contra la asignatura se extendió a un nuevo frente, con la presentación en Andalucía de los primeros recursos judiciales contra la asignatura. El 4 de marzo de 2008, el TSJ de Andalucía emitía la primera sentencia favorable a la objeción de conciencia.

El número de alumnos objetores  no paraba de crecer: 15.000 en septiembre de 2007, 21.000 en noviembre, 28.000 en abril de 2008, 30.000 en mayo, 41.000 en junio y 50.000 en noviembre. Al igual que también crecía el número de recursos judiciales, que alcanzaba los 500 en septiembre de 2008 y dos meses después se había triplicado.

Se trataba de una auténtica revuelta social. Visto lo cual, nuestra clase política intentó desactivar el movimiento, consiguiendo que el Tribunal Supremo rechazara el derecho a la objeción de conciencia, en una sentencia que afectaba a cuatro de las miles de familias que habían recurrido. Esa sentencia del Tribunal Supremo es uno de los episodios más vergonzosos de nuestra ya de por sí vergonzosa historia judicial reciente. Porque se trataba de una sentencia pastelera, en la que aparentemente se daba la razón a los padres en cuanto a que los contenidos de la asignatura no podían contravenir su derecho constitucional a fijar la educación moral de los hijos, pero al mismo tiempo se afirmaba que no existía derecho a la objeción.

Aquella sentencia del Supremo fue utilizada por el PP para desmarcarse de un asunto que le resultaba incómodo, dejando a los padres objetores privados de cualquier apoyo político. Pero tampoco eso logró desactivar la resistencia de los objetores, que no aceptaron el nuevo trágala que los poderes públicos querían imponerles. Porque la sentencia del Supremo era una sentencia manifiestamente injusta, que no sólo negaba un derecho reconocido en la Constitución, sino que también contravenía la doctrina del propio Tribunal Constitucional con respecto a la objeción de conciencia.

En consecuencia, muchas familias se negaron directamente a acatar la sentencia del Supremo y mantuvieron su negativa a que sus hijos entraran en las aulas. Y la batalla judicial, lejos de amainar, se recrudeció.

A fecha de hoy, más de 2.000 alumnos no han asistido a las clases de Educación para la Ciudadanía a lo largo del curso 2008-2009, a pesar de las presiones del Gobierno socialista, de las comunidades autónomas (incluyendo las del Partido Popular) y de los propios centros. Y, por supuesto, el Gobierno no ha podido hacer nada para evitar esa revuelta. Porque el Gobierno carece de fuerza legal para hacer repetir curso a unos alumnos que pueden perfectamente pasar de un curso a otro, y de un ciclo a otro, cuando las que les quedan suspensas son otras asignaturas. Los padres objetores han demostrado así que todas las amenazas del Gobierno no eran sino palabrería hueca.

Y en el terreno judicial, ha continuado la catarata de resoluciones de distintos tribunales, dando la razón a los objetores incluso en contra de la sentencia del Supremo. Por la sencilla razón de que el Supremo no es quien para negar a ningún español un derecho constitucional, como es el de la objeción de conciencia por razones morales. Para negar un derecho constitucional hace falta una reforma constitucional, no una sentencia del Supremo.

La revuelta contra Educación para la Ciudadanía está logrando, por tanto, doblar la mano al Gobierno, como ya se hiciera en la pasada legislatura en el asunto de la negociación con ETA. El movimiento objetor es hoy una demostración viva de que ningún Gobierno puede nada contra la sociedad civil, siempre y cuando los ciudadanos estén dispuestos a articularse y a pelear por sus derechos.

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