El principio de aplicación de la norma más favorable para las personas tiene una larga tradición en derecho. Se aplica, por ejemplo, en el campo penal, a la hora de determinar el castigo de alguien: si una reforma legislativa reduce el castigo por un determinado delito, se aplica retroactivamente la reducción a todos los condenados.

Se aplica también el principio en el campo laboral, recogiéndose de forma expresa en el Estatuto de los Trabajadores: "Los conflictos entre... dos o más normas laborales, tanto estatales como pactadas, ... se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador". En caso de conflicto, por ejemplo, entre el convenio colectivo y el contrato particular suscrito por la empresa, el trabajador puede elegir lo que más le convenga.

Se aplica también en derecho medioambiental, como por ejemplo en el convenio franco-alemán de 1986, que dice que a las víctimas de accidentes medioambientales se les aplicará aquella de las dos legislaciones nacionales que le resulte más favorable.

Se aplica también en el derecho de familia: en caso de que los países de origen y/o de residencia de los dos padres no coincidan, muchos países imponen la aplicación de aquella legislación internacional que más proteja los intereses de los hijos.

También en el campo de los Derechos Humanos se ha propuesto por parte de diversos juristas, especialmente en Sudamérica, el concepto del "derecho al mejor derecho", que permitiría a los acusados acogerse a cualquier legislación de un país extranjero con el que se haya firmado un convenio, si esa legislación extranjera les garantiza una mejor protección de sus derechos humanos.

En España, la clase política ha ido construyendo en las últimas décadas un estado autonómico artificial e inútil, que no solo no acerca la administración al ciudadano, sino que fragmenta territorialmente la prestación de servicios esenciales como la sanidad y la educación, y ha terminado estableciendo inaceptables diferencias en derechos y obligaciones entre los españoles. La sanidad es distinta en cada autonomía. La educación también. Los impuestos que pagamos son diferentes. Los trámites burocráticos no coinciden.

Eso sí, a cambio, el estado autonómico ha multiplicado de forma astronómica el número de representantes electos, de funcionarios, de asesores, de organismos o de puestos de libre designación, razón por la cual la clase política intenta blindar el estado de las autonomías a toda costa.

Ya es hora de que acabemos con ese despropósito. Ya es hora de que exijamos que nuestros políticos apliquen el principio constitucional de igualdad de todos los españoles ante la ley.

Sin necesidad de reformar la Constitución, ya se sabe que existen al menos tres vías para garantizar la igualdad de los españoles en todas las autonomías: utilizar la Alta Inspección del Estado; aprobar leyes orgánicas de armonización (previstas en la Constitución) para unificar legislaciones autonómicas y usar el Artículo 155 para que el Estado asuma competencias autonómicas si una autonomía vulnera los derechos constitucionales de los españoles.

Pero a mí me gustaría proponer una cuarta manera de meter en cintura a las comunidades autónomas. Y confieso que lo hago con el expreso propósito de dinamitar desde dentro el sistema autonómico, que considero un cáncer en sí mismo.

Esa cuarta manera sería sencilla: introducir, mediante ley orgánica, el concepto de "derecho al mejor derecho" en toda materia donde exista conflicto entre legislaciones autonómicas y/o estatales, de manera que las personas y las empresas puedan acogerse a la legislación autonómica o estatal que más favorable les resulte en cada caso.

Habría dos maneras alternativas de implementar el concepto:

1) Dejar que existan 17 legislaciones autonómicas distintas sobre una misma materia, pero permitiendo a las personas elegir en cada caso la que más les interese, de entre las 17. Por ejemplo, si una autonomía obliga a realizar un cierto trámite para abrir un negocio, pero otra autonomía no, el autónomo podría (independientemente de dónde viva) invocar el principio del "derecho al mejor derecho" y ahorrarse el trámite.

2) Una segunda manera sería dictar normas estatales que actúen como supletorias de las autonómicas y permitir que las personas elijan en cada caso entre la norma estatal y la norma de la comunidad autónoma que les corresponda. Por ejemplo, si la norma estatal dice que tienes derecho a que la Seguridad Social te pague el dentista, pero la norma autonómica dice que no, podrías acogerte a la norma estatal.

La primera de las fórmulas obligaría a las CC.AA. a ponerse de acuerdo entre sí, con lo que se garantizaría plenamente la igualdad entre los españoles. Con la segunda de las fórmulas (que tiene mejor encaje constitucional), las comunidades autónomas seguirían teniendo capacidad legislativa plena, pero solo podrían usarla (en la práctica) para mejorar las condiciones que ofrecen al ciudadano, nunca para empeorarlas.

En cualquiera de los dos casos, introduciendo ese concepto del derecho al mejor derecho, nos habríamos cargado de un plumazo los aspectos negativos que el estado autonómico tiene.

Así que ahí les lanzo la propuesta: que las personas y las empresas tengamos derecho a elegir la norma más favorable en toda circunstancia. Si alguien con conocimiento jurídicos más profundos que los míos quiere recoger el guante y comentar la propuesta, agradeceré sus aportaciones.

Delenda sunt autonomías.