Bienvenidos a la colonia

2 de Septiembre de 2009 - 14:17:51 - Luis del Pino

Pasan los días, y cada vez queda más claro de qué iba toda la película. Yo no sé si había alguien tan ingenuo como para pensar que la neutralización del PP o de los medios de comunicación críticos tenía por objetivo bajar el nivel de "crispación", para recomponer un cierto consenso constitucional - quizá auspiciado por la Casa Real - entre los dos partidos mayoritarios. Pero, si había alguien todavía aquejado de semejante ingenuidad, supongo que las últimas declaraciones de diversos ministros del Gobierno, presionando públicamente al Tribunal Constitucional para que convalide el Estatuto Catalán, le habrán hecho caerse del guindo.

Primero fue Caamaño, ministro de Justicia, el que salió en defensa de un Estatuto que dinamita la Constitución y violenta los derechos individuales, reclamando con todo desparpajo que el Tribunal Constitucional realice una relectura de nuestra norma suprema. O sea, que proceda a modificar la Constitución por la vía de los hechos consumados.

Hoy, es Rubalcaba el que ha venido a reclamar que el Constitucional apruebe ese Estatuto que deja a la casta política catalana manos libres para seguir detrayendo recursos del resto del Estado, para seguir utilizando la presión política con el fin de absorber empresas del resto del Estado y para seguir condicionando la vida política en el resto del Estado.

El ministro de Interior - el más valorado del gobierno Zapatero, según todas las encuestas - no ha dudado en declarar, para defender el ilegal estatuto, que España "no puede negar la decisión de un parlamento democrático" como el catalán.

Creo que ninguna frase ilustra mejor que ésta en qué posición queda España. Las decisiones del Parlamento catalán son, para el ministro Rubalcaba, intocables. Sin embargo, lo que sí son perfectamente prescindibles son las decisiones del parlamento español (que es quien redactó la actual Constitución) y, sobre todo, las decisiones del pueblo español (que es quien aprobó esa Constitución en referéndum). En otras palabras: que las decisiones del parlamento español y la voluntad del pueblo español quedan subordinadas a lo que la casta política catalana decida aprobar en su parlamento.

Es falso, por tanto, que el nuevo estatuto establezca entre Cataluña y España una relación de bilateralidad. ¡Ojalá fuera simplemente eso! Lo que establece ese Estatuto - con la entusiasta aquiescencia del gobierno de Zapatero y de la izquierda política en pleno, y con el reciente silencio del PP - es una sumisión de España a los intereses de esa casta política que ya ha conseguido consolidar en Cataluña un régimen etnicista, liberticida, cleptocrático y casposo.

Con esas declaraciones de dos de sus ministros, el gobierno de Zapatero se sitúa definitivamente al margen de la legalidad constitucional. Porque queda claro que ha decidido conscientemente ignorar la única fuente de legitimidad en un régimen democrático: la voluntad del pueblo español soberano, plasmada en la Constitución del 78.

Al igual que queda claro también, como decía al principio del artículo, a qué obedecían todos los movimientos de los que hemos sido testigos en los últimos meses. Movimientos que no estaban destinados a recomponer ningún consenso constitucional, sino a garantizar que nadie desde el PP, ni desde los medios de comunicación, pudiera constituir un obstáculo en un proceso - en una hoja de ruta - que ya se le ha complicado demasiado a sus diseñadores.