28 de Julio de 2010 - 21:49:58 - Luis del Pino - 87 comentarios
Cuando un periodista le preguntó a El Espartero, un torero particularmente temerario, que si merecía la pena arriesgar de esa manera, su respuesta fue: "Más cornás da el hambre". Y de una corná moriría, no mucho tiempo después, en la plaza de Madrid.
No he podido evitar acordarme de aquella anécdota al conocer, hoy, la decisión del Parlamento catalán de prohibir las corridas de toros y ver las indignadas reacciones que dicha decisión ha suscitado.
Me van a permitir ustedes que me desmarque del fervorín general de indignación. Cierto es que dicha decisión del Parlamento es una cacicada más, propia de quien está convencido de que el poder sólo puede demostrarse prohibiendo. Cierto también que las razones que han impulsado dicha prohibición no tienen nada que ver con la defensa de los animales, sino con el deseo de eliminar cualquier vínculo simbólico con España.
Pero la prohibición de las corridas de toros tiene, más allá de las intenciones de quienes han adoptado esa decisión, una importancia a mi juicio menor.
No estamos hablando de una negación de derechos fundamentales. Me causa bastante estupor - ¡qué quieren que les diga! - ver la indignación de ciertas personas que, sin embargo, no han levantado su voz en ningún momento para denunciar lo que sí son atropellos de derechos fundamentales en Cataluña, como por ejemplo el derecho de los padres a educar a sus hijos en castellano. Comparado con eso, la prohibición de los toros en el territorio catalán es una simple anécdota.
La prohibición de celebrar corridas de toros no es sino una restricción más al libre mercado, impuesta desde los poderes públicos. Grave y rechazable, pero no más grave y rechazable, por ejemplo, que las restricciones al consumo de tabaco en los restaurantes (¿quién es el Estado para decirle a un restaurador lo que debe hacer en su propiedad?), que las limitaciones a los horarios comerciales (¿por qué el Estado puede dictaminar cuándo compramos o vendemos?) o que la afiliación obligatoria a las cámaras de comercio (¿a santo de qué se mantienen esas antiguallas?).
Puestos a criticar lo que hoy ha hecho el Parlamento de Cataluña, hay algo que me parece mucho más preocupante que el afán prohibicionista, que los deseos de abofetear simbólicamente a España en cada ocasión que se presenta o que las restricciones a la libre iniciativa privada. Lo que verdaderamente es para echarse a temblar es que Cataluña es una comunidad con más de 600.000 parados (uno de cada seis catalanes en disposición de trabajar), de los cuales una quinta parte (más de 100.000) no cuenta ya con ningún tipo de cobertura social. Sólo en el último año, se han perdido en Cataluña 300.000 puestos de trabajo.
A pesar de lo cual, el Parlamento catalán se dedica a perder el tiempo, haciéndose pajas mentales a cuenta de las corridas de toros. Y a los problemas reales de los ciudadanos, de aquéllos que si que saben lo que es el hambre y lo que son las cornás, pues que les vayan dando.
Hace falta ser cornúpeta, verdaderamente.
27 de Julio de 2010 - 13:47:40 - Luis del Pino - 49 comentarios
Pues no me podía yo imaginar, cuando escribí el anterior artículo del blog, que todo el mundo se empeñara en darme la razón con tanta rapidez.
Publicaba anteayer Felipe González un artículo al alimón con Carmen Chacón hablando de Cataluña como "nación sin estado" y afirmando que la inmersión lingüística "cohesiona a Cataluña" (¿la inmersión lingüística en español cohesionaría por tanto a España?), lo que viene a confirmar que el proyecto de confederalización de Zapatero es cualquier cosa menos de Zapatero: se trata de un proyecto compartido por todo aquél que en el PSOE tiene la posibilidad de fijar el rumbo del partido. No existe en el partido gobernante ningún sector que no esté comprometido con el proyecto de desbordamiento de la Constitución.
Pero es que, en el otro extremo del espectro político, Rajoy se descolgaba este domingo en ABC defendiendo los pactos con los nacionalistas, mientras que uno de los institutos dependientes de la Consejería de Cultura de la Junta de Galicia abogaba, en un manifiesto publicado el mismo domingo, por "la necesidad de poner al día nuestro autogobierno, a la par del resto de Nacionalidades Históricas. De abordar, por fin, la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía". Todo apunta a que veremos, por tanto, a corto plazo, como decía en el artículo anterior, una nueva arremetida contra la Constitución, esta vez desde Galicia, como forma de abrir paso al nuevo estatuto vasco con el que habrá de culminarse el proceso.
Y, por si fuera poco, ya ETA anda anunciando que el País Vasco "está a las puertas de vivir un período de cambio, para poder recuperar su propia voz". Así lo hacían tres encapuchados en su nombre, en un homenaje a un etarra, celebrado el pasado sábado en Francia.
Al menos, a los etarras cabe agradecerles que sus análisis son coherentes. El comunicado de la banda se felicitaba de lo bien que les han salido las cosas: "Sabemos lo que ha costado llegar hasta aquí, pero ahí está el resultado fructífero de la lucha llevada a cabo hasta ahora". Vamos, que no puedo estar más de acuerdo con ese análisis: asesinar a casi mil españoles les ha salido rentabilísimo.
De la coherencia de nuestra clase política no cabe decir lo mismo, por la sencilla razón de que sus acciones y sus palabras no pueden cuadrar nunca: nuestra clase política depende, para subsistir, de los votos de esos mismos ciudadanos contra cuyos intereses actúa de manera sistemática. Lo cual obliga a nuestros dirigentes, de todos los partidos, a disfrazar sus acciones de manera vendible: así, por ejemplo, a "trabajar de forma activa para destruir la Constitución" se le llama "lograr el encaje de las distintas autonomías en el marco de una España plural".
Marketing, se llama eso. Y lo malo es que una buena parte del electorado les compra la mercancía.
Lo cual es la razón, por supuesto, de que ETA vaya a ganar la partida: entre una clase política dispuesta a engañar a los ciudadanos y actuar contra sus intereses, y una ciudadanía dispuesta a dejarse engañar y robar la cartera, España en su conjunto no tiene ni media bofetada.
España está bizcochable, como diría ese otro gran impostor llamado Alfonso Guerra.
22 de Julio de 2010 - 14:53:20 - Luis del Pino - 147 comentarios
Si se parte de la premisa de que el PSOE está empeñado en una batalla por confederalizar España y el PP se encuentra en la trinchera contraria, tratando de poner coto a los desmanes nacionalistas, entonces todos los análisis fracasarán sin remedio al confrontarlos con la realidad.
Si se quiere entender lo que está pasando con este régimen colapsado, es preciso reconocer que tanto PSOE como PP comparten unos objetivos comunes desde después de las últimas elecciones generales, tras el famoso periplo mexicano de Rajoy.
Aunque existan reductos en el PP (en la la Comunidad de Madrid, por ejemplo) que aún avalan públicamente los principios que el partido defendió en las dos legislaturas anteriores y con los que concurrió a las elecciones de 2004 y 2008, y aunque la inmensa mayoría de los cuadros medios y militantes sigue compartiendo esos principios, la dirección actual del PP no es en absoluto ajena a la operación de derribo controlado de la Constitución.
Ese derribo no se trata de un empeño personal de Zapatero, ni tampoco de un plan exclusivo del PSOE, sino de una hoja de ruta pactada por los dos partidos mayoritarios con los dos principales partidos nacionalistas, con dos ejes fundamentales: la superación de facto de la Constitución, gracias a la brecha abierta por el Estatuto de Cataluña, y el fin negociado de ETA. Se trata de un paquete, que se entregará completo o no se entregará.
Si alguien tiene dudas sobre la naturaleza pactada de ese entierro constitucional, no tiene más que ver la actitud del PP gallego o del PP valenciano en el tema de la lengua - que no tiene mucho que envidiar a las imposiciones nacionalistas - o las declaraciones de González Pons avalando la política de gestos penitenciarios de Rubalcaba.
O basta también con hacerse un par de preguntas malintencionadas. En el caso de la negociación con ETA, por ejemplo, la presencia de mediadores internacionales en el "proceso de paz" es un hecho, sin que el PP haya alzado hasta el momento la voz para denunciar algo tan simple como que esos mediadores no estarían interviniendo a menos que existiera un aval del Gobierno a las negociaciones.
Y la razón de que el PP no haya alzado hasta el momento la voz es, precisamente, que esa presencia de mediadores internacionales tampoco se explica a menos que el PP haya autorizado su presencia: ¿participaría un mediador internacional en ese proceso si los acuerdos alcanzados corrieran el riesgo de ser incumplidos tras una eventual llegada de Mariano Rajoy al poder? Es evidente que no: los acuerdos necesitan estar blindados y cuentan, por tanto, con el aval del PP. De ahí las respuestas de Rubalcaba, afirmando que el PP está perfectamente informado de las cosas, cada vez que alguien le echa en cara la existencia de negociaciones sumergidas. De ahí, también, la reciente intervención de González Pons en defensa de Rubalcaba.
En el caso de los acercamientos a los nacionalistas, piénsese en cuál es el sentido de la reciente reunión de Urkullu con Rajoy, de la que el lider del PP salió diciendo lo fácil que le resultaba hablar con el dirigente nacionalista. Observe el lector que Rajoy y Urkullu pueden reunirse cuantas veces quieran, y negociar lo que les venga en gana, sin que los simples mortales nos enteremos. En otras palabras: para hablar, negociar o pactar, Rajoy y Urkullu no necesitaban dar tres cuartos al pregonero. Lo cual indica, por supuesto, que se trata de una escenificación buscada: lo que se pretendía no era hablar o pactar, sino transmitir a la opinión pública el mensaje de que PP y PNV hablan y pactan. Y el único sentido que tiene el querer transmitir ahora a la opinión pública ese mensaje es como preparación para la materialización de futuros pactos.
Una vez que se ha comprendido que los objetivos están fijados, y que esos objetivos son compartidos por la dirección de los dos partidos mayoritarios, resulta sencillo entender que el único problema que le queda por solventar a nuestra clase política es cómo vender esa hoja de ruta a la opinión pública. De lo que se trata no es de decidir si la Constitución se destruye o no, porque la Constitución ya está destruida, por lo menos sobre el papel. De lo que se trata es de hacer que la opinión pública acepte esa destrucción.
A partir de ahí, analizar cada gesto, cada declaración o cada actitud resulta sencillo. Basta con peguntarse a qué segmento de la ciudadanía va dirigido cada mensaje y ver qué es lo que se quiere vender con él.
En el caso del Estatuto de Cataluña, por ejemplo, se nos ha impuesto a todos los españoles, con la connivencia de los dos partidos "nacionales", una sentencia que destruye las últimas garantías de los derechos ciudadanos en Cataluña. Pero, al mismo tiempo, y con todo desparpajo, se le hace llegar al electorado de CIU un mensaje victimista (¡nos han tocado el Estatut!) y al electorado del PSC se le manda un mensaje posibilista, en forma de eventuales acuerdos PSC-PSOE para pisotear la Constitución allí donde el Tribunal Constitucional no la ha pisoteado.
La existencia de mensajes contradictorios refleja únicamente que nuestra clase política es perfectamente consciente de que, a la hora de seguir impulsando la hoja de ruta, cada segmento de electores necesita un tratamiento diferenciado.
Partiendo de estas bases de análisis, permítanme que les haga unas cuantas predicciones:
1) la consolidación de la ruptura constitucional requiere que el próximo gobierno central sea de coalición entre PP y PNV y que CIU entre en el próximo gobierno catalán. Así que ya se encargará Rajoy, con o sin la ayuda de nuevas Gürteles, de no ganar por mayoría absoluta.
2) la independencia de facto (peor aún, la condición de metrópoli) que la sentencia del Estatuto otorga a Cataluña) deberá extenderse también al País Vasco, para lo cual resulta altamente conveniente que sea Núñez Feijóo quien abra el fuego, planteando un nuevo estatuto en Galicia.
3) habrá pronto un nuevo comunicado de ETA, con nuevos "gestos". Si todavía existiera resistencia al derribo constitucional, cabría la posibilidad de que se optara por mantener un poco más la presión social del terror. Pero, una vez que el PP se ha incorporado al acuerdo, nada se opone a la implementación de la hoja de ruta original: abandono de las armas a cambio de confederalización.
En resumen: los mil muertos a manos de ETA, al hoyo; y los vivos, al bollo.
18 de Julio de 2010 - 15:58:08 - Luis del Pino - 84 comentarios
Editorial del programa Sin Complejos del sábado 17 de julio de 2010
El kabuki es una peculiar forma de teatro japonés, muy estilizado y dramatizado, que posee una enorme fuerza expresiva. Originalmente, el kabuki lo realizaban mujeres, que se encargaban de interpretar los papeles tanto masculinos como femeninos, pero en 1629 el imperio japonés prohibió las compañías femeninas de kabuki porque atentaban contra la moral y ese tipo de obra de teatro pasó a ser realizado por hombres.
Para los japoneses, el kabuki - que puede tener temática heroica, doméstica o de danza - está lleno de sentido, de connotaciones y de referencias de todo tipo. Cada gesto y cada entonación de los actores tiene su porqué. Pero para nosotros, para los occidentales que nos asomamos por vez primera a una de estas obras de teatro, el conjunto resulta incomprensible. Ni el lenguaje, ni los gestos, ni las poses, ni la escenografía nos dicen nada de nada.
Esta semana, se ha celebrado en nuestro país el debate sobre el estado de la Nación. Y todavía ha habido medios, bien es verdad que con un entusiasmo perfectamente descriptible, que se preguntan quién lo ha ganado, si Zapatero o Rajoy. Como si, a estas alturas, a alguien le importara un bledo quién haya ganado o dejado de ganar ese debate sin sentido.
El debate sobre el estado de la Nación se ha convertido en una liturgia que a nadie interesa y que todo el mundo, incluidos sus protagonistas, sabe que no sirve para nada. Ni en él se discute realmente sobre los problemas de los ciudadanos o de la Nación, ni de él sale ningún tipo de iniciativa que redunde en ningún cambio para la Nación o para los ciudadanos.
Es el mismo tipo de liturgia gastada y aburrida que el debate de presupuestos, en el que se discute también sobre conceptos huecos, se adoptan posturas previamente decididas y se aprueban unas cuentas que todo el mundo sabe que no se van a cumplir.
Cuando Zapatero accedió al poder - ¿lo recuerdan? - se le llenaba la boca diciendo esa memez de que iba a construir una "democracia deliberativa", una democracia en la que el Parlamento fuera el centro del debate político. En lugar de ello, por supuesto, lo que ha hecho - con el inestimable concurso del resto de las fuerzas políticas - es terminar de matar al Parlamento, terminar de convertirlo en una institución hueca y sin sentido. El Parlamento está muerto en España, como lo están otras instituciones. La única institución todavía viva que existe en nuestro país es el Boletín Oficial del Estado.
Para comprobar que el Parlamento está muerto, basta con hacerse una pregunta: si enviáramos a sus señorías a su casa y los jefes de los distintos grupos parlamentarios se limitaran a reunirse en un despacho para discutir a puerta cerrada y tomar decisiones utilizando un mecanismo de voto ponderado, ¿cambiaría algo? ¿Verdad que no?
Si jubiláramos a los diputados y dejáramos sólo a los dirigentes de cada grupo parlamentario, la utilidad del Parlamento no sufriría merma ninguna, por la sencilla razón de que, en la práctica, así es como se funciona ahora: las posturas de los parlamentarios están previamente acordadas y nada de lo que se dice o se deja de decir en el Congreso sirve para variar los equilibrios de votos. Cada parlamentario vota lo que su jefe de filas ha decidido de manera previa a los debates. Todas las decisiones, todas las negociaciones, todo el juego de alianzas, se decide en los despachos, antes de que los parlamentarios ocupen sus escaños.
Lo cual indica, por supuesto, que la labor de los parlamentarios - y, por tanto, del propio Parlamento - es perfectamente prescindible.
En esas circunstancias, el debate sobre el estado de la Nación se ha convertido en un auténtico kabuki político, que podrá ser muy importante para sus protagonistas y para esos espectadores iniciados que forman la casta política, pero que para nosotros, los ciudadanos, no tiene sentido ninguno. Ni los políticos hablan en un lenguaje que la gente de la calle pueda comprender, ni los gestos, las poses o la escenografía nos dicen ya nada a quienes no vivimos de la política.
A diferencia de lo que sucede en las obras de teatro occidentales, en las que los cambios de escenario entre un acto y otro se suelen realizar con el telón bajado, en el kabuki muchos de los cambios de escenario se realizan a la vista de todo el público, mientras los actores continúan interpretando.
Los encargados de llevar a cabo esos cambios de escenario son conocidos con el nombre de kuroko y tanto los actores como el público los consideran invisibles. Aunque un kuroko se encuentre en mitad del escenario, trabajando, todo el mundo se comporta como si allí no hubiera nadie.
También ese peculiar kabuki político nuestro - el Parlamento - tiene su kuroko. Sobrevolando el debate; presente siempre, a pesar de los pesares, detrás de la contienda política, el sufrido pueblo español continúa trabajando para que los actores del teatro puedan seguir con la función. Nadie le dedicará nunca un aplauso, que estará reservado a quienes viven de la interpretación, a quienes han hecho del teatro su medio de vida. Nadie le prestará nunca atención, porque todos han adoptado el convenio de considerarlo invisible.
Pero el kuroko - el pueblo español - está ahí, aunque todos quieran hacer como que no lo ven. Y sin él, sin su trabajo y su esfuerzo, el kabuki político no podría funcionar.
Antes o después, llegará el momento en que el kuroko se rebele contra ese ninguneo sistemático a que la clase política lo somete. Antes o después, el kuroko se plantará en mitad del escenario y le preguntará al público a bocajarro si no va siendo ya hora de que en la obra se hable, también, de sus problemas.
Porque hasta el kuroko más paciente termina, supongo yo, hartándose de que todo el mundo lo trate como si fuera invisible.
15 de Julio de 2010 - 12:24:48 - Luis del Pino - 101 comentarios
Ayer, el Tribunal Constitucional ha rechazado suspender cautelarmente la aplicación de la Ley del Aborto en tanto dicta sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Partido Popular.
Dado que el Constitucional ha dejado, en la práctica, de existir como órgano de control de la constitucionalidad de las leyes; dado que el Constitucional hace mucho que se ha convertido en un simple órgano de justificación formal de cada nuevo atropello del poder político, resulta casi ocioso comentar sus pronunciamientos, porque de nada sirve seguir constatando lo obvio. Pero supongo que, al menos, debemos intentar dejar constancia del lento proceso de destrucción del estado de derecho en España, plasmado en los sucesivos desatinos del Tribunal.
Dos son los aspectos que merece la pena resaltar en este caso. En primer lugar, la correlación de fuerzas: la decisión de no suspender cautelarmente la Ley del Aborto se ha tomado por seis votos contra cinco, lo cual se corresponde, aparentemente, con la correlación de fuerzas existente entre el sector "progresista" y el sector "conservador" del Tribunal.
Sin embargo, esa correspondencia es sólo aparente, porque ha habido un magistrado del sector "progresista", Eugeni Gay, que ha votado a favor de la suspensión cautelar, lo que hubiera bastado para suspender la ley si todos los magistrados del sector "conservador" hubieran votado de la forma prevista. Sin embargo, uno de los magistrados del sector "conservador", Vicente Conde, ha votado en contra de la suspensión cautelar, lo que ha permitido compensar la "fuga" de Eugeni Gay.
No es la primera vez que se producen fugas en el sector "conservador". Recordemos que en la sentencia sobre el Estatuto catalán, el conservador Guillermo Jiménez votó a favor del texto presentado por María Emilia Casas, lo que permitió aprobar la sentencia sin que Casas recurriera a su voto de calidad (en el caso del Estatuto catalán, uno de los magistrados del sector "progresista" estaba recusado, por lo que las fuerzas estaban divididas, cinco contra cinco).
Recordemos también (véase el artículo "Errores en cadena") que otros dos magistrados del sector "conservador", Jorge Rodríguez Zapata y el fallecido Roberto García Calvo, rompieron también en su día la disciplina de voto del sector "conservador" a la hora de elegir presidente y que fue eso lo que permitió que accediera a la presidencia del Tribunal María Emilia Casas, en lugar del "conservador" Vicente Conde, por lo que el voto de calidad quedó asignado al sector "progresista".
La pregunta es obligada: ¿por qué, siempre que existe la posibilidad numérica de evitar un nuevo atropello, alguno de los miembros del sector "conservador" sale en ayuda del sector "progresista"? ¿Tal vez porque, en realidad, esa división entre sectores no es sino una parte más de la perpetua escenificación en que se ha convertido la actuación del Tribunal Constitucional?
El segundo aspecto reseñable del reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional es el argumentario utilizado. El Tribunal rechaza suspender cautelarmente la Ley del Aborto aduciendo que el Constitucional no puede paralizar la aplicación de una norma estatal. En otras palabras, se recurre a un argumento formal (falaz, para más inri) con el fin de rechazar la solicitud de suspensión, evitando así entrar en el fondo de la cuestión planteada, que no es otro que la conculcación irreversible de un derecho fundamental constitucionalmente garantizado: el derecho a la vida.
Como digo, ese argumento formal es falaz, por cuanto históricamente se ha suspendido cautelarmente la aplicación de numerosas normas estatales. Por ejemplo, entre 1979 y 1985 (hasta que se lo cargó el gobierno de Felipe González) existía el recurso previo de inconstitucionalidad, que permitía suspender automáticamente la aplicación de leyes orgánicas y estatutos de autonomía. Por tanto, claro que se puede constitucionalmente suspender la aplicación de leyes estatales.
Pero, además, no es sólo que se pueda, sino que el más simple sentido común dice que el Tribunal Constitucional debe suspender cautelarmente la aplicación de determinadas leyes. Para verlo, basta con poner un par de ejemplos de reducción al absurdo. Si una ley estatal aprobada por las cortes autorizara a apalear a los negros, ¿qué defensa le quedaría a éstos si el Tribunal Constitucional no suspendiera la aplicación de esa ley? ¿Defenderse a tiros?
¿O qué pasaría si el Gobierno aprobara una ley estatal disolviendo el Tribunal Constitucional? Según la doctrina ayer aplicada, al Constitucional no le quedaría otra salida que aceptar disciplinadamente su propia disolución.
En el caso que nos ocupa, el Tribunal está dando por buena la eliminación sistemática de seres humanos, amparada por la Ley del Aborto de Zapatero. Si en el futuro el Tribunal fallara (como tendría que hacer, de acuerdo con su doctrina previa) que el aborto libre no es constitucional, ¿cómo se devolvería la vida a los niños eliminados al amparo de esa Ley inconstitucional?
Pero, como decía al principio, no merece mucho la pena, desde el punto de vista práctico, perder el tiempo comentando las resoluciones de un Tribunal Constitucional ya ficticio. Los argumentos importan bien poco cuando el objetivo del Constitucional es, simplemente, vestir de legalidad las resoluciones manifiestamente ilegales de un gobierno.
Se argumente lo que se argumente, las decisiones están tomadas.
12 de Julio de 2010 - 13:24:00 - Luis del Pino - 92 comentarios
Escribe hoy el subdirector de Público, Manuel Rico, al hilo de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña y de las celebraciones por la victoria de la selección española, que la lección que habría que extraer es que "una España plural es posible siempre que el nacionalismo de botijo, el nacionalismo español, deje de agredir a quienes hablan o sienten de forma diferente".
Como pobre, me siento en la obligación de esbozar una disculpa ante el señor Rico. Antes que nada, permítame que le aclare, estimado señor, que entiendo perfectamente su enfado por la victoria de la selección española y por nuestras pueblerinas demostraciones de alegría. Pero déjeme decirle que no todo es culpa nuestra.
Nada nos gustaría más, aquí en la estepa castellana, que dejar de usar taparrabos y boina y de beber en botijo. Siempre que miramos a Barcelona, sentimos una sana envidia al ver a los catalanes - o a los que, como usted, trabajan para ellos - beber en vaso y utilizar cubiertos en la mesa. Pero nuestro atraso es tan centenario, son tantos los siglos de analfabetismo que tenemos a nuestras espaldas, que comprenderá que nos resulta muy dura esa tarea de emulación. Eso por no entrar en consideraciones genéticas, porque a lo mejor resulta que los castellanos tenemos alguna tara que nos impide alcanzar los niveles de refinamiento que ustedes demuestran.
¡Ya nos gustaría a nosotros dejar de utilizar alpargatas y podernos comprar unos zapatos como los que usted lleva! ¡O beber cava catalán en lugar de desayunar carajillos y apagar la sed del mediodía con la calentorra agua del botijo! Pero es tanta nuestra miseria intelectual y material, que pocas posibilidades veo, a corto plazo, de que la situación se remedie. Por eso le digo siempre a mi hijo que a ver si puede colocarse como jornalero en alguna empresa catalana, como la suya, para que sus hijos, y los hijos de sus hijos, tengan las oportunidades que yo a él no he podido darle. Si trabajas duro y eres fiel al amo, le digo siempre, podrás ahorrar algunos durillos y llevar a tus niños a la escuela de artes y oficios, para que sean hombres de provecho y aprendan alguna profesión, como la de mayordomo o barrendero.
No crea que me quejo. No me interprete mal. Yo no soy como esos desagradecidos que, sin darse cuenta de que todavía hay clases, les echan a los catalanes en cara que tiren al mar el agua del Ebro, en lugar de permitirnos regar con una parte de ella el infecto secarral en que vivimos. Ni tampoco estoy de acuerdo con esos rencorosos que se dedican a afear la costumbre de utilizar la presión política para llevarse las sedes de grandes empresas a Barcelona, en lugar de dejarlas en estas tierras atrasadas y rurales de la meseta castellana.
No, no. Yo no soy así. Yo sé perfectamente que si los señores hacen eso, sus razones tendrán, razones que no tienen que molestarse en explicar a un pueblerino como yo, porque sé que escaparían a mi pobre comprensión. Bastante han hecho ya dejando que nuestro voto, desinformado y manipulable, valga tanto como el suyo, razonable y meditado.
Pero el hecho de que carezcamos de recursos económicos, el hecho de que nuestros chavales se paseen semidesnudos y con la cara cubierta de mocos por las calles de Madrid, no quiere decir que carezcamos de sentimientos. Y esta vida de miseria nuestra nos cansa y a veces nos aflige. Y en ocasiones, cuando miro a mi mujer, llevando su único vestido de lana negra en julio como en diciembre, me gustaría poder comprarla algo para que fuera más elegante, como las criadas de Barcelona. Y entonces me siento triste de no poder regalarle ni una miserable falda.
Así que comprenda usted, estimado señor Rico, que nos aferremos con tanta pasión a las pequeñas alegrías que de vez en cuando nos da la vida y que celebremos con tanto júbilo la victoria de la selección. Lamento que le resulten a usted tan molestas esas celebraciones, pero es que tampoco sabemos celebrar las cosas de otra manera. Nuestras expansiones son como somos nosotros: ruidosas, primarias y nada sofisticadas.
De cualquier manera, no se apure, que enseguida se nos acabará el cuento y tendremos que volver a tirar del arado de sol a sol, que es casi lo único que se puede hacer por aquí para ganar unas perras con las que llevar a casa una poca de harina de almortas y unas lonjas de tocino. Y ya sabe usted que poco ruido hace quien trabaja a destajo. Así que no le importunaremos mucho más con nuestras rudas demostraciones de alegría.
En fin, espero que mi carta no le haya molestado. Nada lamentaría más que haber incomodado a alguien como usted, que tendrá otras ocupaciones mucho más importantes que leer una carta de un pobre paleto como yo.
P.D.: Le envío un botijo de cerámica que ha fabricado mi primo Anselmo en sus ratos libres. Ya sé que ustedes, la gente bien, no beben en botijo, pero a lo mejor le resulta útil para decorar la habitación de la servidumbre.
4 de Julio de 2010 - 18:17:05 - Luis del Pino - 198 comentarios
Editorial del programa Sin Complejos del domingo 4 de julio de 2010
Les voy a pedir que hagan un ejercicio de memoria histórica. En el artículo anterior comentaba cómo la sentencia del Estatuto catalán ha venido a dar la puntilla definitiva a la Constitución del 78, enmendándola por la vía de los hechos consumados. En éste, me gustaría invitarles a que retrocedan ustedes seis años en el tiempo y se pregunten cómo hemos podido llegar a esta situación.
Volvamos atrás, a la mañana del 11 de marzo de 2004, cuando tuvo lugar ese atentado terrorista que tan incómodo parece resultarle a nuestra clase política, si tenemos en cuenta que en el reciente homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso no hubo ni siquiera una mínima mención al que continúa siendo el mayor atentado de nuestra Historia.
¿Quién organizó el 11-M? Si yo les preguntara a ustedes, uno por uno, quién creen que fue el autor intelectual de aquella masacre, probablemente me encontraría con muchas respuestas distintas, tantas como hipótesis se han ido planteando. Me encontraría aún con gente que me diría que fue Al Qaida, en venganza por nuestra participación en la Guerra de Irak. Me encontraría con personas que dirían que fue ETA, la misma banda terrorista que lleva décadas atentando en nuestro país. Me encontraría con quienes señalarían a Marruecos o a Francia, deseosas de neutralizar la pujanza española. Me encontraría con quienes piensan que fue algún servicio de inteligencia nacional o extranjero el que movió los hilos de la operación... Las distintas hipótesis que se han planteado, y que rondan por la mente de muchos españoles, son muchísimas y de lo más variado. Tantas son esas hipótesis, que más que orientarnos, lo único que hacen es confundirnos.
Para intentar arrojar algo de luz sobre el asunto, conviene por tanto que variemos el enfoque. En lugar de preguntarnos directamente quién organizó el 11-M, vamos a tratar de aplicar esa vieja máxima que dice que, para resolver un crimen, lo mejor es buscar a aquél que se ha beneficiado con el mismo. Así que déjenme que les pregunte de nuevo: ¿qué consecuencias tuvo el 11-M?
Si nos fijamos en la escena internacional, lo primero que observamos es que el 11-M no ha tenido la más mínima consecuencia. Es verdad que, de resultas de aquel atentado, nuestras tropas terminaron retirándose de Irak, dejando en ridículo a España y a los españoles. Pero la retirada de nuestras tropas no tuvo, por su parte, ninguna consecuencia significativa en la situación iraquí, ni en el equilibrio de poder en la zona.
También es verdad que, con la llega de Zapatero al poder, España efectuó un giro pro-marroquí en su política exterior. Pero ese giro que tan bien ha protagonizado el ministro Moratinos no ha tenido, en el terreno práctico, ninguna consecuencia de importancia para Marruecos, ningún beneficio concreto medianamente significativo.
Es cierto, por último, que España ha pasado a no tener el más mínimo peso, ni dentro ni fuera de la Unión Europea. Pero eso no ha alterado de manera significativa ningún equilibrio internacional de fuerzas, ni entre nuestros socios europeos, ni en ninguna otra parte.
En el terreno de la geopolítica, el 11-M podría perfectamente no haber existido, y el mundo no sería por ello distinto.
Desde el punto de vista internacional, por tanto, es verdad que España ha perdido enormemente desde el 11-M. Pero nadie se ha beneficiado de forma especialmente significativa de esa pérdida. No existe, en el terreno internacional, nadie que podamos decir que ha obtenido claros réditos del crimen, porque el 11-M no provocó, desde el punto de vista de los equilibrios internacionales de fuerzas, ningún cambio dramático.
Los únicos cambios dramáticos que el 11-M ha producido han tenido lugar en el interior de nuestro país, donde aquel atentado, y su posterior manipulación, pusieron en marcha una dinámica suicida de voladura controlada de la Constitución.
Si quieren, se lo planteo de otro modo. Háganse la siguiente pregunta: ¿hubiera sido posible llevar a la práctica este autogolpe con el que el Tribunal Constitucional acaba de liquidar la Constitución de 1978, de no haber mediado el 11-M? Si no hubiera habido 11-M, ¿habría podido ponerse en marcha la estrategia de cordón sanitario contra el PP, y de negociación con ETA y de reforma de la Constitución por la vía del Estatuto catalán?
La respuesta es que no. Sin el 11-M, sin la conmoción social que el 11-M provocó, sin el estado de shock que el 11-M indujo en la opinión pública, hubiera sido absolutamente imposible que llegáramos al punto al que hemos llegado. El 11-M era condición sine qua non para todo lo que nos ha pasado después.
Atendiendo, por tanto, a las consecuencias del atentado, no cabe otro remedio que concluir que el 11-M se llevó a cabo precisamente para poner en marcha esa dinámica de liquidación del régimen constitucional nacido de la Transición.
Evidentemente, mientras no tengamos pruebas fehacientes, habrá que admitir cualquier hipótesis sobre el 11-M que quiera plantearse. Pero lo que la lógica nos dice es que la masacre del 11-M fue una operación cien por cien nacional y con unos objetivos exclusivamente nacionales.
El 11-M buscaba provocar en España un cambio de régimen, superando la Constitución del 78 por la vía de los hechos consumados.
Y vaya si lo ha conseguido.
3 de Julio de 2010 - 18:34:29 - Luis del Pino - 24 comentarios
Editorial del programa Sin Complejos del sábado 3 de julio de 2010
En una escena de "A través del espejo", la continuación de "Alicia en el País de las Maravillas", Humpty Dumpty, uno de los personajes, le dice a la protagonista:
- Cuando yo uso una palabra, ésta significa lo que a mí me dé la gana..., ni más ni menos.
- La cuestión - le respondió Alicia-- es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.
- No, no - replicó Humpty Dumpty -. Lo importante es saber quién manda.
Esta semana, el Tribunal Constitucional ha terminado por parir, después de cuatro años de gestación, la esperada sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Y el resultado ha satisfecho las previsiones más pesimistas: la Constitución del 78 ha dejado de existir, gracias a una sentencia aberrante que deja prácticamente intacta la letra del Estatuto, aunque, eso sí, pretende salvar la cara diciéndonos que ciertos preceptos deben interpretarse de forma completamente opuesta a su redacción literal.
Después de la sentencia del Constitucional, en el Preámbulo del Estatuto seguirá figurando, por ejemplo, que Cataluña es una Nación, pero el Alto Tribunal sentencia que donde dice Nación no debemos entender Nación, sino nacionalidad. O sea que, a partir de ahora, los españoles no sólo tenemos la obligación de conocer las leyes, para poder cumplirlas, sino que además vamos a tener que estudiarnos las notas terminológicas a pie de página, para poder saber cuál es el significado real de cada término de uso común.
Si donde dice Nación no debería decir Nación, lo lógico hubiera sido anular o enmendar el Preámbulo del Estatuto. Pero en lugar de ello, se nos dice que las palabras significan otra cosa.
Es decir, que María Emilia Casas, la presidenta del Tribunal, ha entendido perfectamente la filosofía de Humpty Dumpty: lo importante no es lo que signifiquen las palabras, sino saber quién es el que manda. Y quien manda aquí, claro está, son los nacionalistas. El Preámbulo del Estatuto no podía tocarse, y por supuesto no se ha tocado.
Lo más gracioso es observar las respuestas de los distintos partidos políticos, que están escenificando al alimón un teatrillo que pretende convencernos de que esa sentencia constituye una derrota del nacionalismo, cuando representa justo lo contrario. El Partido Socialista nos dice que la sentencia demuestra la constitucionalidad del Estatuto; el Partido Popular nos cuenta que esa sentencia aberrante es una victoria y los partidos nacionalistas hacen como que están muy enfadados y amenazan con todo tipo de presiones.
Pero lo cierto es que, a partir de ahora, los nacionalistas catalanes podrán esgrimir el texto del Estatuto en cualquier foro internacional, para reclamar trato de Nación en el ámbito que sea. Y vaya usted a explicar en ese foro internacional que, en realidad, donde dice Nación hay que interpretar otra cosa. Las carcajadas pueden ser monumentales.
No sólo han herido de muerte a la Constitución y han dejado vacía de contenido a la Nación española. Es que encima nos toman por lelos y pretenden convencernos de que han hecho lo contrario.
La ventaja que tienen las palabras de doble uso es que el que manda decide en cada momento cuál de los significados le interesa. Los nacionalistas podrán, por ejemplo, invocar el carácter nacional de Cataluña a la hora de intentar conseguir selecciones deportivas propias. Pero para continuar robándonos a los españoles, no tendrán reparo en seguir aparentando que son una mera nacionalidad o una simple comunidad autónoma.
Y así, pasito a pasito, el nacionalismo catalán seguirá ocupando espacios simbólicos y expulsando al Estado central de Cataluña, mientras usa la presión política para seguir reclamando inversiones, para seguir trasladando sedes de empresas u organismos a Barcelona y para continuar alimentando su régimen cleptocrático con el dinero robado al resto de España.
Y todo ello mientras se siguen conculcando los derechos individuales de los muchos catalanes que no comulgan con las ideas nacionalistas.
Pero la culpa no la tienen, como ya de dicho en muchas ocasiones, los nacionalistas catalanes. La culpa la tienen quienes desde Madrid, desde los partidos nacionales, han permitido y alentado ese proceso.
La culpa la tienen ese Partido Socialista y ese Partido Popular que, gozando de la representación del 90% de los españoles, han secuestrado la voluntad de sus electores y han gobernado de forma sistemática para el otro 10%, ese 10% para el que no existe la Nación española.
A mi, lo que me pide el cuerpo, después de la sentencia del Estatuto, es instar a toda nuestra clase política a que se vaya directamente al guano, qué quieren que les diga.
Aunque me parece que mi petición no iba a servir de nada. Porque la palabra guano significa, por supuesto, lo que ellos quieran que signifique.
Porque para algo son ellos los que mandan.
1 de Julio de 2010 - 12:57:18 - Luis del Pino - 65 comentarios
Si algo bueno tienen los nacionalistas es que se les entiende todo. De Pujol o de Maragall se podrá decir cualquier cosa, menos que no hayan sido claros en sus manifestaciones acerca de las intenciones reales de los nacionalistas y la prevista evolución del "problema territorial" español. Recientemente, Pujol recordaba una obviedad, que él aplica, por supuesto, a Cataluña: "Un gobierno debe tener proyecto de país y, si no lo tiene, es un mal gobierno". Esa actitud impregna, desde la Transición, la política de los sucesivos gobiernos catalanes, independientemente del partido al que pertenezcan. Impregna, de hecho, las actuaciones de todos y cada uno de los miembros de esa oligarquía política, mediática, financiera y empresarial que detenta el poder en Cataluña.
Pasqual Maragall, debido a sus circunstancias, ha sido quizá el más verborreico, dejándonos perlas como la de que el nuevo Estatuto catalán resolvía el problema territorial para otros veinticinco años (pero no más, por supuesto) o como aquello de que las selecciones deportivas "del resto de España" deberían buscarse un nombre nuevo. Pasqual Maragall, por cierto, ya nos vaticinó cuál sería la resolución de Tribunal Constitucional en su carta de despedida, publicada en La Vanguardia el 30 de mayo de 2007: "El Estatut lo tocarán, pero poco". Clarividente pronóstico, aunque en realidad no resulta extraño: el final del proceso estaba previsto desde que se puso en marcha.
Pero las declaraciones que me interesa comentar son otras. Esta semana hemos tenido otro ejemplo de meridiana claridad nacionalista, con las palabras del republicano Ernest Benach, presidente del Parlamento de Cataluña. Después de conocida la sentencia del Estatuto, ha descrito el problema de fondo de una forma, a mi juicio, imposible de mejorar.
El Estatuto, ha declarado Benach, "era un pacto entre los representantes del pueblo de Cataluña en el Parlament y los de los pueblos de España a través las Cortes", un pacto que había sido "refrendado por los ciudadanos".
No se puede expresar mejor la esencia del problema. Efectivamente, el Estatuto es un pacto alcanzado por la clase política catalana y la clase política española. Con una importante asimetría: el resultado de ese pacto fue sometido a ratificación por parte "de los ciudadanos"... de Cataluña. Pero nadie ha consultado en ningún momento a los ciudadanos españoles, para conocer su opinión al respecto. Hay pueblos de primera, a los que se consulta o cuyo refrendo se busca, y pueblos de segunda, cuya opinión es irrelevante o incluso indeseada.
El resultado ha sido, por supuesto, la puesta en marcha de un auténtico "proceso constituyente " de la Nación catalana, sometido a consulta popular, al mismo tiempo que se "deconstruía" esa otra Nación llamada España, sin que la clase política española se haya dignado a preguntarnos a los españoles si estábamos de acuerdo o no con esa deconstrucción. Una secesión encubierta, decidida y autorizada por nuestros representantes políticos al margen de los procedimientos legales y de espaldas a esos ciudadanos a los que se supone que representan.
Poco importa si la participación de los catalanes en ese "proceso constituyente" fue mínima (sólo 1 de cada 3 electores censados dieron su aprobación al nuevo Estatuto), como también importa poco que el Partido Popular recogiera en su día 5 millones de firmas en contra del nuevo Estatuto, una muestra de rechazo difícilmente superable y que apunta a que jamás se habría autorizado esa reforma constitucional encubierta si se la hubiera sometido a referéndum en toda España.
Lo importante, al final, es que el marco legal resultante de la culminación de ese proceso de reforma estatutaria acaba con la Constitución del 78 por acuerdo interno de la clase política, sin que se hayan respetado los procedimientos de reforma marcados en la propia Constitución. La clase política española ha usurpado así, de forma directa, esa soberanía nacional que, según el artículo 2 de nuestra Carta Magna, "reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado."
El proceso que ha terminado desembocando en el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional representa así, se mire como se mire, un auténtico autogolpe de estado, destinado a preservar los delicados equilibrios de poder en que se asienta la política española desde hace 30 años. Un golpe de estado palaciego, ejecutado desde el poder, pero golpe de estado a la postre. Porque no se puede definir de otra manera una serie de actuaciones tendentes a subvertir la legalidad constitucional mediante el recurso a la política de los hechos consumados.
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